La Fiscalía determina que el exsecretario de Defensa no tuvo encuentros con integrantes de grupos delictivos


La Fiscalía General de la República (FGR) anunció a través de redes sociales su decisión de no ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos", detalló la FGR en un comunicado.  

Asimismo, el organismo aseguró que no se encontraron pruebas de que Cienfuegos usó algún medio electrónico o equipo para favorecer a grupos criminales.

Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre de 2020 en Los Ángeles, California, acusado de tener nexos con el crimen organizado; sin embargo, el 18 de noviembre Estados Unidos decidió retirar los cargos y extraditar al general.

El Informador
Ciudad de México
Jueves 14 de enero de 2021.


Pese a la promesa de transparencia del Gobierno, los militares esquivan los intentos de profundizar en las pesquisas del ataque contra los estudiantes, según fuentes consultadas por EL PAÍS


A dos años del cambio de Gobierno en México, las pesquisas por el caso Ayotzinapa tropiezan con viejos obstáculos, generando atascos que ponen en peligro el proceso. Después del éxito del hallazgo este año del hueso de uno de los estudiantes normalistas desaparecidos en 2014, el primer identificado en seis años, la Fiscalía apunta ahora a uno de los grandes tabúes de la investigación: el papel de los militares. En noviembre, las autoridades detuvieron a un capitán vinculado al caso. La pregunta ahora es si la fiscalía podrá llegar al fondo del asunto.

Pese a las promesas de transparencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, los investigadores enfrentan dificultades para entender el papel que jugó el Ejército durante el ataque contra los estudiantes normalistas. Fuentes cercanas a la investigación, consultadas por EL PAÍS, señalan que las peticiones de información que ha hecho la Fiscalía a la Secretaría de la Defensa en los últimos meses han recibido indistintamente el silencio por respuesta. Sobre todo, “peticiones de acceso a documentos que ayudaría a acceder a la cadena de mando”, explican estas fuentes.

En la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, policías de Iguala, Cocula y otros municipios de esa región del Estado de Guerrero atacaron a un grupo de normalistas en varios puntos de Iguala. Los estudiantes habían viajado al municipio para tomar autobuses de la terminal local y trasladarse luego a una marcha en Ciudad de México. Los policías actuaron coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos. El motivo sigue sin estar claro. Hasta ahora se tenía la idea de que los militares habían intervenido marginalmente. Mal, porque no habían auxiliado a los muchachos, pero sin una responsabilidad concreta en el ataque. Ahora, la fiscalía duda sobre el alcance de su actuación. Los investigadores tienen en el punto de mira “a unos 30 militares entre los que estuvieron en Iguala y la cadena de mando”, según las fuentes previamente citadas. Entre los 30 están los generales José Rodríguez, responsable del batallón de Iguala en 2014, y Alejandro Saavedra, encargado de la zona militar del Estado de Guerrero.

Ya en 2015, el grupo de expertos que la Organización de Estados Americanos (OEA) mandó a México a investigar el caso insistió en indagar al Ejército. Los expertos señalaron tres puntos. Primero, el recorrido y las motivaciones de los militares que actuaron sobre el terreno en las horas clave. Segundo, las comunicaciones de la tropa y los oficiales con los mandos, y el nivel de conocimiento que estos últimos tuvieron del ataque. Y tercero, los posibles vínculos de militares del batallón de Iguala con Guerreros Unidos.

El militar detenido en noviembre, el capitán José Martínez Crespo, de 49 años, es uno de los elementos que patrullaron por Iguala aquella noche. Crespo comandaba a un grupo de soldados que estuvo en dos puntos clave, el cruce de la calle Juan N. Álvarez, el anillo Periférico y la comandancia de Barandilla de la policía de Iguala. En el primero, agentes de Iguala protagonizaron el primer ataque, dejando estudiantes muertos y desaparecidos. Los soldados llegaron después a ese escenario, según sus propias declaraciones. El segundo es parte de uno de los episodios más controvertidos del caso.

La comisaría de Barandilla es un pequeño centro de detención de la policía local. A lo largo de los años, varios testigos, entre policías, presuntos integrantes de Guerreros Unidos, estudiantes y vecinos de Iguala, han señalado que una parte de los 43 estudiantes desaparecidos fueron llevados allí después del ataque en Juan N. Álvarez y Periférico. El grupo sería mayor a 10 muchachos, incluso hasta de 16, según los testimonios. Pese a no decirlo en sus primeras dos declaraciones, Crespo acabó reconociendo que pasó por allí.

La duda por aclarar es si los estudiantes ya estaban en Barandilla cuando él y los otros militares llegaron. En su tercera declaración, rendida en septiembre de 2015, Crespo dijo que pasó por el centro de detención a las 00.55 del 27 de septiembre. Que llegó y preguntó por una moto requisada a un compañero, un soldado que esa noche había estado ocupado en tareas de vigilancia en Iguala. Crespo dijo que el encargado de la comisaría, el juez de Barandilla, Ulises Bernabé, señaló que la moto no estaba allí. Los militares se fueron enseguida, sin revisar nada. Tardaron cinco minutos.

La versión de Bernabé es muy distinta. En su declaración como testigo ante los investigadores en 2014 señaló que Crespo llegó en realidad a las 23.30 y registró las instalaciones, siempre con la excusa de la moto, durante unos 15 minutos. Bernabé nunca dijo que policías le hubieran llevado a estudiantes allí, pero varias fuentes cercanas al caso, del lado de las familias de los 43 y de la comisión presidencial que supervisa las investigaciones, señalan que Bernabé debería volver a declarar. “Su testimonio es clave para entender si los militares habrían incurrido en un delito de desaparición forzada”, dijo una de las fuentes consultadas. Bernabé huyó a Estados Unidos hace años, donde pidió y consiguió asilo político.

Dos testigos señalan a Crespo

La detención de Crespo ilustra por un lado los intentos de la fiscalía en profundizar en el papel del Ejército en el caso y, por otro, las dificultades que ello implica. No hay ningún testigo que sitúe al militar y los estudiantes, al mismo tiempo, en Barandilla. Por eso, la Fiscalía no puede acusarle de desaparición forzada. Su reclusión obedece a una acusación por un delito de delincuencia organizada. Dos testigos lo acusan de ser parte de la red de Guerreros Unidos.

Hasta ahora se conocía el testimonio de un testigo protegido al que la Fiscalía ha llamado Juan, un viejo conocido de las redes criminales de la región. Con el cambio de guardia en el Gobierno y la fiscalía, Juan se acercó a los investigadores y declaró que Crespo y su jefe, el coronel José Rodríguez, comandante del batallón de Iguala, trabajaban con la red criminal. Su testimonio fue clave para conseguir la detención del capitán. En el caso del coronel Rodríguez, que ya ascendió a general, la única acusación es la de Juan, de ahí que no se haya concretado su detención.

En el caso de Crespo hay más pruebas. Primero, los testimonios de los estudiantes que interactuaron con él en la noche de los hechos. Normalistas sobrevivientes denunciaron que Crespo les amedrentó en un hospital cerca del escenario de Juan N. Álvarez. Además, hay un segundo testimonio que lo incrimina directamente con Guerreros Unidos. Se trata de un presunto integrante de la red criminal, detenido en Querétaro en 2017. Esta persona declaró que “un militar de apellido Crespo” estuvo en varios ocasiones en casa de Marco Antonio Vega, uno de los fundadores del grupo. Crespo habría recibido dinero de Vega. Este testigo señala además que Crespo y otro militar usaban vehículos oficiales para trasladar armas de Guerreros Unidos.

Las mantas y los abogados

En octubre de 2014 apareció una manta en Iguala con un mensaje firmado por El Gil. Señalado como responsable operativo de Guerreros Unidos en la noche del ataque contra los estudiantes, Gildardo López, El Gil, fue detenido en 2015 y luego liberado en 2019 por falta de pruebas. Nunca se supo si El Gil estaba detrás del mensaje, pero la cantidad de información hizo que los fiscales incorporasen su contenido a la investigación.

El mensaje señalaba a los jefes de policía de Taxco, Huitzuco, Tepecoacuilco y otros municipios de la región de ser parte de la red de Guerreros Unidos. También a sus alcaldes. Da la casualidad de que varios de los jefes de policía de los pueblos de la región habían sido anteriormente militares. Entre ellos, el jefe de policía de Tepecoacuilco, José Guadalupe Salas; el de Iguala, Felipe Flores; el de Cocula, César Nava, y también los de Apaxtla y Taxco. Además de los policías, el texto del mensaje mencionaba a funcionarios federales en la región y a dos militares, un capitán y un teniente, de nombres Crespo y Barbosa.

Pese a la antigüedad de los señalamientos contra Crespo, solo ahora se ha procedido contra él. También en su caso, la Secretaría de la Defensa ha tratado de esquivar a la justicia. La fiscalía le acusa de un delito grave: delincuencia organizada. Pero el Ejército ha puesto a disposición del capitán a un pelotón de abogados, entre ellos Jorge Alfredo Rico, que hace años asistió a los militares involucrados en la matanza de Tlatlaya, en el Estado de México.

Son en total cinco abogados de la defensoría pública militar los que integran el equipo que asiste a Crespo. En el entorno de la defensa de las familias de los 43 estudiantes ha resultado extraño este comportamiento, ya que no es habitual que abogados de la defensoría militar participen en procesos judiciales contra compañeros acusados de delitos así. Los abogados entran en casos de delitos previstos en el código de justicia militar, pero no en cuestiones del ámbito civil. La Fiscalía planea impugnar el nombramiento de estos abogados.

Sin ser del todo grave, la defensa de Crespo simboliza la actitud del Ejército en el caso Ayotzinapa. A seis años del ataque y la desaparición forzada de los 43 estudiantes, el procesamiento de Crespo y el resto de militares señalados de lazos con Guerreros Unidos podría resultar clave para entender el tamaño y las dinámicas de la red criminal. También, la obtención de documentos de la Secretaría de la Defensa que dibujen la actuación de los mandos durante la noche del ataque. El tiempo corre en contra de los investigadores.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Jueves 17 de diciembre de 2020.


Un perro entrenado para detectar narcóticos detectó el fentanilo durante un recorrido de vigilancia en la Central de Autobuses de Puebla


La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Municipio de Puebla informaron que aseguraron 42 kilogramos de fentanilo en la Central de Autobuses de Puebla (Capu), que en el mercado negro tendrían un valor superior a los 352 millones de pesos.

En un comunicado, la SSC indica que en un recorrido de vigilancia por los pasillos de la central camionera realizado el 15 de diciembre, un ejemplar canino de la raza Pastor Belga Malinois especializado en la detección de narcóticos, modificó su comportamiento al pasar frente a una caja de cartón.

Cuando abrieron la caja encontraron 130 frascos que contenían la sustancia llamada fentanilo, que es un opioide sintético entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, y que se comercializa en alrededor de 8 millones 394 mil pesos el kilogramo.  

La SSC precisa que este paquete provenía de Guadalajara, Jalisco, y tenía como destino final la ciudad de Puebla, aunque no se precisa a quién iba dirigido.  

“El paquete ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes”, informa la dependencia.  

En el comunicado se informa que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos reportaron que en 2019 se registraron 36 mil fallecimientos derivados de sobredosis por el consumo de opioides o drogas sintéticas como el fentanilo.

Proceso
Gabriela Hernández
Miércoles 16 de diciembre de 2020.


Del 2013 al último año de su gestión (2018) las tomas clandestinas pasaron de 211 a 2 mil 72


El robo de combustible creció 981 por ciento en el estado de Puebla durante el tiempo en el que el general Salvador Cienfuegos, arrestado en Estados de Unidos por narcotráfico, estuvo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya que de 2013 al último año de su gestión (2018) las tomas clandestinas pasaron de 211 a 2 mil 72, en toda la entidad el cual llegó a posicionarse en el primer y segundo lugar en todo el país entre 2016 y 2017.

La intervención del Ejército Mexicano en territorio poblano con el plan de combatir el robo de combustible llegó a finales de 2016, entre otros motivos, a petición del ahora fallecido Rafael Moreno Valle, quien gobernó la entidad de 2011 a 2017.

A pesar de las facilidades que hubo para la Sedena en el estado para el combate al “huachicol”, tras el enfrentamiento que el 3 de mayo de 2017 militares sostuvieron con un grupo de civiles, derivando en la ejecución de un presunto delincuente, el 27 de mayo de ese mismo año, Salvador Cienfuegos, aseguró que el florecimiento del robo de combustible se debía a omisiones de algunas autoridades y dijo que no era un problema del Ejército ni de las Fuerzas Armadas.

Rechazan omisiones

El 7 de junio de 2017, Diódoro Carrasco Altamirano, quien para entonces fungía como secretario de gobernación durante el mandato del también panista Antonio Gali Fayad, en rueda de prensa destacó que el hoy fallecido Moreno Valle, realizó las gestiones para que 500 elementos de la Sedena llegaran desde finales de 2016 a territorio poblano

Aquella ocasión el funcionario rechazó que existieran actos de omisión o falta de acciones para detener a bandas delictivas, incluso, resaltó que desde la administración de Rafael Moreno Valle se plantearon las acciones para recabar información sobre el delito, mantener vigilancia en la zona de conflicto, combatir la apertura de ductos, generar operativos y solicitar auditorías en las gasolineras.

El delito en la entidad durante todo el sexenio morenovallista no presentó descenso alguno, al contrario, creció, ya que de 2012 a 2016 la cifra de tomas clandestinas pasó de 120 a mil 533 perforaciones a los ductos de Petróleos Mexicanos.

La llegada del Ejército encabezado por Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico y presuntamente "apadrinar" al cartel de Los Beltrán Leyva, tampoco representó algo positivo para el combate al "huachicol" en Puebla, que incluso a nacional se ubicó en el nivel primer y segundo lugar en entre 2016 y 2017.

Tan solo el 21 de enero de 2019, durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, informó que Puebla y los estados de Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Estado de México y Tamaulipas, concentraron el 80 por ciento de las tomas clandestinas registradas desde 2016 hasta enero de 2019.

En el desglose de datos enviado por Romero Oropeza se ejecutar que en 2016 en territorio poblano hubo mil 533 tomas clandestinas, por encima de Guanajuato y Tamaulipas que registraron mil 309 y 942 perforaciones a los ductos de la paraestatal, respectivamente.

Para 2017 el estado de Puebla figuró con mil 433 tomas clandestinas, es decir que tuvo una disminución de solo 5.8 por ciento, lo cual representa 90 tomas menos que el año pasado. Este año, Guanajuato pasó a ocupar el primer lugar con mil 852 perforaciones.

Robo de combustible migra a Texmelucan

Aunque el robo de combustible se concentraba en los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco, que juntos integran el denominado “Triángulo Rojo”, con el cierre de las válvulas a los ductos de Pemex y la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en junio de 2017 el robo de combustible migró a la región de San Martín Texmelucan, donde comenzó a sonar nombres de quienes encabezaban dicha actividad ilícita.

Fue así como los nombres de Ángel N, alias "El Pelón Villegas" y Óscar N, mejor conocido como "El Loco Téllez", figuraron entre los principales enemigos y objetivos de las autoridades locales y federales.

El primero, Ángel, fue ejecutado y su cuerpo posteriormente abandonado a principios de marzo de 2019 en la colonia Francisco Javier Clavijero en la ciudad de Puebla, mientras que el segundo, Óscar, fue ubicado y detenido el 28 de junio de 2020 en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, donde autoridades de aquella entidad y poblanas montaron un operativo que causó expectación entre los pobladores.

La persecución del presunto líder de una peligrosa banda dedicada al robo de combustible, asalto en carreteras, secuestros y homicidios en la región de Puebla, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo, incluso llegó a las azoteas de diferentes domicilios. Hoy “El Loco Téllez” se mantiene preso en el penal de Tepexi de Rodríguez, ya que es investigado por varios homicidios.

Días después, se revelan que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) descubrieron en San Martín Texmelucan, Puebla, un “huachitúnel” de 180 metros de longitud, consideradas como el primero en todo el con la infraestructura para la sustracción ilegal de Gas LP, y el cual era operado por Óscar N.

El Sol de Puebla
Paulina Gómez
Ciudad de Puebla, México
Lunes 19 de octubre 2020.


Ciudad de México.- Estados Unidos acusó a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio pasado, de haber trabajado para el Cártel H-2, un grupo criminal violento con base en Nayarit, a cambio de sobornos.

La Fiscalía Federal para el Este de Brooklyn pidió ayer a la jueza Carol Bagley Ammon que, una vez que sea enviado de Los Ángeles a Nueva York, el General Cienfuegos quede bajo arresto permanente, en una carta donde detalló sus presuntas actividades criminales y el riesgo de fuga si se le deja libre bajo fianza.

“Evidencia que incluye miles de mensajes interceptados de Blackberry, revela que, cuando era Secretario de la Defensa, el acusado, a cambio de sobornos, asistió al Cartel H-2 de numerosas maneras, entre ellas, asegurarse que no hubiera operaciones militares en su contra; iniciando operaciones militares contra sus rivales; consiguiendo transporte marítimo para cargamentos de drogas; actuando para expandir el territorio controlado por H-2 a Mazatlán y el resto de Sinaloa”, afirmó ayer la Fiscalía para el Distrito Este de Nueva York.

Cienfuegos también presentó a líderes del cártel con otros funcionarios mexicanos corruptos, y alertó sobre la investigación de la DEA, lo que llevó al asesinato de un integrante del cártel que, en realidad, no estaba colaborando con la agencia estadounidense.

“Entre las muchas comunicaciones capturadas durante la investigación, hay numerosos mensajes entre el acusado y un líder principal del Cartel H-2, en los que el acusado discutió la asistencia que históricamente había provisto a otra organización de narcotráfico, así como comunicaciones en las que el acusado es identificado por nombre, título y fotografía, como el funcionario mexicano que apoya al Cartel H-2”, dice la carta.

Agrega que esta colaboración permitió al cártel, encabezado por Juan Francisco Patrón Sánchez el “H-2”, exportar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana a Estados Unidos, sin interferencia del Ejército mexicano.

Patrón Sánchez murió en febrero de 2017 en un enfrentamiento con elementos de la Marina en Tepic.

En la época de los hechos, de 2015 a 2017, Nayarit era gobernado por el priista Roberto Sandoval, que ha sido señalado por Estados Unidos de colaborar con el narcotráfico, pero no ha sido acusado penalmente, en contraste con Édgar Veytia, quien era el Fiscal General del Estado.

Veytia fue condenado por la Corte de Brooklyn a 20 años de cárcel en 2019, luego de declararse culpable de cargos de narcotráfico, idénticos a los presentados contra Cienfuegos.

Riesgo de fuga

La Fiscalía pidió detener a Cienfuegos sin derecho a fianza, ya que enfrentaría cadena perpetua si es declarado culpable de los cargos en su contra, y de regresar a México, tendría colaboración de narcotraficantes o funcionarios corruptos para no ser arrestado.

Se trata del mismo argumento con el que, en la misma Corte, se negó la fianza al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos desde diciembre de 2019.

“Como la conducta criminal del acusado evidencia, no tiene respeto por la autoridad o la ley, y previamente ha puesto en peligro la seguridad de agentes estadounidenses y sus testigos, al revelar el estatus de investigaciones contra el Cartel H-2 a sus dirigentes, por lo que no hay razón para creer que respetará las condiciones de libertad que le imponga la Corte”, afirmó el Fiscal Seth DuCharme.

Reforma
Víctor Fuentes
Ciudad de México
Sábado 17 octubre 2020.


Ciudad de México.— La mano del general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa en el Gobierno de Enrique Peña y detenido en Los Ángeles bajo cargos criminales de narcotráfico, sigue presente en la actual Administración federal.

Ex cuadros operativos (generales de Brigada y Brigadieres) que operaron de manera cercana a Cienfuegos están en cargos claves de la seguridad nacional.

El actual titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, fue primero subjefe operativo en la Secretaría, después fue transferido a la Cuarta Región militar en Nuevo León, en la gestión de Cienfuegos; Sandoval no era de su equipo cercano.

De los considerados como cercanos a Cienfuegos estarían el general André Foullon, actual subsecretario de la Defensa Nacional, quien comandó la Tercera Región militar, con sede en Sinaloa, estratégica en las operaciones castrenses y sede del cártel más importante y que, según las indagaciones estadounidenses, era protegido por Cienfuegos.

Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Sedena, general ascendido a Divisionario, fue con Cienfuegos comandante de la Décima Zona Militar en Durango.

Gabriel García Rincón fue en el sexenio pasado comandante de la Segunda Región Militar en Baja California. Ahora es el Inspector y Contralor de la Sedena.

El oficial Mayor de la Sedena -por quien pasan los gastos y decisiones administrativas centrales- es Agustín Radilla. Con Cienfuegos fue comandante de la Séptima Zona Militar en Nuevo León.

El general Alejandro Saavedra, que dirigía la 35 Zona Militar en Chilpancingo cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa, ahora es el encargado de los beneficios sociales de la tropa desde el ISSFAM.

El excomandante de la 22 Zona Militar en el Edomex, José Luis Sánchez León, hoy es Director de la Industria Militar. Cuando las ejecuciones de civiles en Tlatlaya, uno de los casos más graves de violación a derechos humanos en la gestión de Cienfuegos, Sánchez León era el responsable en la zona.

Otros Generales de Brigada y de Brigadieres que estuvieron a las órdenes de Cienfuegos fueron ascendidos y actualmente fungen como mandos en Regiones y Zonas Militares como el General Pedro Felipe Gurrola Ramírez, quien pasó de ser Inspector y Contralor con Cienfuegos, a comandante de la Quinta Región Militar en Jalisco, en el actual Gobierno.

Las conexiones de Cienfuegos parecieran vigentes; al menos así lo consideró la misma Fiscalía Federal para el Este de Brooklyn, donde radica su caso, al considerar que tiene cómplices para huir.

Al pedir su detención sin derecho a fianza, la Fiscalía indica que, de regresar a México, tendría colaboración de narcos o funcionarios corruptos para no ser arrestado.

"Como la conducta criminal del acusado evidencia, no tiene respeto por la autoridad o la ley, y previamente ha puesto en peligro la seguridad de agentes estadounidenses y sus testigos, al revelar el estatus de investigaciones contra el Cártel H-2 a sus dirigentes, por lo que no hay razón para creer que respetará las condiciones de libertad que le imponga la Corte", afirmó el fiscal Seth DuCharme.

Ayer, el presidente López Obrador advirtió que quienes resulten involucrados en el caso Cienfuegos, que estén en el actual Gobierno o en la Sedena, "van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes".

'El Padrino' mexicano

Para el Departamento de Justicia de EU, el ex Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, era "El Padrino".

Según la acusación estadounidense, entre 2015 y 2017, a cambio de sobornos, protegió a cárteles y ayudó al tráfico marítimo y terrestre de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana.

La prueba más sólida es la tutela del Cártel H-2, grupo criminal de Nayarit.

La acusación contra Cienfuegos data de agosto de 2019 y sólo esperaban el momento que pisara Estados Unidos para capturarlo.

Los cargos imputados son conspiración internacional para manufacturar, importar y distribuir narcóticos, así como por un cargo de lavado de dinero.

La acusación contra Cienfuegos, a quien se identifica como "El Padrino" o "Zepeda", fue presentada desde el 14 de agosto de 2019 ante la Corte para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, que ayer autorizó su publicación La acusación señala que las actividades criminales de Cienfuegos ocurrieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.

En carta paralela a la Corte, la Fiscalía Federal para el Este de Brooklyn lo acusó de proteger al cártel.

"A cambio de sobornos, asistió al Cártel H-2 de numerosas maneras, entre ellas, asegurarse que no hubiera operaciones militares en su contra; iniciando operaciones militares contra sus rivales; consiguiendo transporte marítimo para cargamentos de drogas; actuando para expandir el territorio controlado por H-2 a Mazatlán y el resto de Sinaloa", afirmó la Fiscalía.

Ayer, Cienfuegos escuchó los cargos en el centro de detención de Los Ángeles. El juez Alexander MacKinnon ordenó que permanezca detenido sin derecho a fianza hasta otra audiencia el martes próximo.

Reforma
Benito Jiménez
Víctor Fuentes
Ciudad de México
Sábado 17 octubre 2020.


Si no se habla de un narco estado, sí se podría hablar de un narco gobierno y, sin duda, de un gobierno mafioso, dijo


Que el general Salvador Cienfuegos Zepeda haya sido detenido con acusaciones de vínculos con el narcotráfico, es “un hecho muy lamentable”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que es una muestra de “descomposición del régimen” y la degradación de la función pública.

Aunque el mandatario llamó a no hacer juicios sumarios y no adelantar vísperas, a esperar las pruebas y lo que ocurra en los procesos legales en Estados Unidos.

López Obrador indicó que no existe ninguna investigación abierta sobre Salvador Cienfuegos en México y confirmó que la acusación está relacionada con el caso de Genaro García Luna, y que de origen tuvo que ver con el caso de Joaquín Guzmán Loera, derivadas de los procesos que se siguen en un juzgado de Nueva York.

 “En el caso de México, nosotros no teníamos conocimiento de investigación en el país, de ninguna institución, en contra del general Cienfuegos”, afirmó.

Ayer, el general Cienfuegos Zepeda, quien fue secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el sexenio pasado, fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles y más tarde se dio a conocer que fue por delitos asociados al narco y será esta tarde, cuando se informe de manera precisa, el sentido de las acusaciones.

El presidente López Obrador, al abordar el caso en su conferencia de prensa matutina, destacó que sean dos altos funcionarios acusados de delitos relacionados con el narco:

 “Independientemente del resultado de la indagatoria de que concluya el proceso, es lamentable que esto suceda, estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma acusación del que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, y ahora detienen al secretario de Defensa durante el gobierno de Peña Nieto”.

Las expresiones del mandatario en su primera reacción al caso, son similares a las que ha empleado al referirse al caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad aludido.

Militares ligados a Cienfuegos serán cesados

Además, anunció el despido de quienes fueron colaboradores del general, en el sexenio pasado:

“Todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en este gobierno en la Sedena, van a ser suspendidos, retirados y si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes”.

En otro momento de su conferencia de prensa López Obrador, reiteró una consideración expresada en torno al caso García Luna hace unos meses:

“Si no se habla de un narco estado, sí se podría hablar de un narco gobierno y, sin duda, de un gobierno mafioso. Entonces estamos limpiando, limpiando, limpiando y purificando la vida pública, pero estaba muy avanzada la enfermedad, el cáncer, aunque es curable, pero estaba muy avanzada”, dijo.

Esta última expresión se dio durante una respuesta sobre la corrupción en diferentes áreas del gobierno, para luego añadir:

“Cosas como la del general Cienfuegos nos dan la razón. Duele que nos den la razón”.

El mandatario expuso:

“Imagínense la vergüenza de que detiene al jefe de la policía con Calderón, y ahora, al que fue secretario de la Defensa con Peña Nieto. Imagínense el mensaje que se manda al extranjero… pero eso no somos los mexicanos”

No obstante, el mandatario defendió a las Fuerzas Armadas, en los siguientes términos:

“La Sedena y la Secretaría de Marina, son fundamentales para el desarrollo de nuestro país, son pilares del Estado Mexicano, son tan fuertes que ni estos asuntos tan lamentables como es el involucramiento de un secretario de la Defensa en casos de narcotráfico, las debilitan”, dijo.

Proceso
Ciudad de México
Arturo Rodríguez García
Viernes 16 de octubre de 2020.

Detienen en Los Ángeles al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos

El general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido por autoridades federales de Estados Unidos a su arribo al aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California, como resultado de una investigación de corrupción por narcotráfico que desde hace unos años venía llevando a cabo el Departamento de Justicia.

Bajo el título “Operación Padrino”, la investigación del gobierno estadunidense data de por lo menos hace diez años, antes de que Cienfuegos asumiera como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con fuentes fidedignas del Departamento de Justicia que habían narrado la pesquisa a Proceso.

De acuerdo con la narración que los fiscales generales hicieron a Proceso hace meses y a un periódico de circulación nacional de Estados Unidos, la DEA investigaba al general en retiro por supuestos nexos con la agrupación delictiva de los hermanos Beltrán Leyva, que controlaban el tráfico de estupefacientes en el estado de Guerrero y Morelos.

En esa época, el general Cienfuegos era el comandante de la IX Región Militar, con sede en Acapulco.

El expediente judicial del caso del general Cienfuegos está bajo la jurisdicción de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, entidad en la que también se procesa por narcotráfico al que fuera secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusado de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer la captura del general en Los Ángeles luego de que fuera notificado por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.

El canciller Marcelo Ebrard da a conocer la noticia a través de redes sociales

Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el periodo de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, fue notificado por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, sobre la captura del ex mando del Ejército Mexicano; sin embargo, no confirmó las razones por las que se encuentra bajo resguardo.

El canciller mexicano detalló que “la cónsul en Los Ángeles le estará informando próximas horas de los cargos” y que la dependencia a su cargo ofrecerá “la asistencia consular a la que (Cienfuegos) tiene derecho”.

En diciembre pasado, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el periodo de Felipe Calderón (2006-2012), Genaro García Luna, fue arrestado en Dallas, Texas, y señalado por conspiración para tráfico de drogas y por realizar declaraciones falsas.

Meses después, en septiembre, un juez federal libró una orden de captura en contra de Luis Cárdenas Palomino, ex titular de Seguridad Regional de la Policía Federal, por el señalamiento de tortura. Su caso obra en un expediente en el que hay 13 elementos y mandos más de la misma corporación, acusados de golpear y torturar a cuatro personas en abril de 2012.

El general Salvador Cienfuegos, extitular de la Sedena, es arrestado en EU

El extitular de la Secretaría de la Defensa (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido este jueves en Los Ángeles, California, Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó la detención a través de un mensaje en Twitter.

Salvador Cienfuegos fue secretario de la Defensa durante los seis años del mandato del priista Enrique Peña Nieto. © Cuartoscuro.com Salvador Cienfuegos fue secretario de la Defensa durante los seis años del mandato del priista Enrique Peña Nieto.

“He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California”, escribió el canciller. Ebrard agregó que el Consulado en Los Ángeles informará en próximas horas de los cargos. 'Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho', expuso el funcionario en la misma red social. La periodista del medio ProPublica, Ginger Thompson, detalló que el militar fue detenido por la tarde cuando pisaba territorio estadounidense por un viaje con su familia. El militar se une ahora a la lista de exfuncionarios detenidos en Estados Unidos en los últimos meses que incluye a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, y a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.

¿Quién es Salvador Cienfuegos Zepeda?

Cienfuegos Zepeda, de 72 años, se desempeñó como titular de la Sedena a lo largo de todo el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012 a 2018). Fue militar en activo desde 1964 hasta el año 2018; entre sus encargos destacados dentro de las Fuerzas Armadas se destaca que fue director del Heroico Colegio Militar, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea.

A lo largo de su carrera, el general de división también se desempeñó como comandante de regiones militares en Chiapas, Ciudad de México y Jalisco. En lo académico su trayectoria incluye: director del Heroico Colegio Militar, director del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar y jefe de la Sección Pedagógica en el Heroico Colegio Militar.

Proceso
El Informador
Expansión Política
J. Jesús Esquivel
Washington / Cd. de México
Jueves 15 de octubre de 2020.


Ninguno de los altos mandos de la Sedena que autorizaron las compras ha sido sancionados por las operaciones en las que se emplearon 250 compañías


La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es una de las dependencias que ha recurrido a las llamadas “factureras”, las empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias y contra las que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una persecución legal. Entre 2013 y 2019, diversas instancias del Ejército mexicano pagaron 2.371 millones de pesos (unos 156 millones de dólares) a 250 compañías que posteriormente fueron declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma. A pesar del grave daño al erario que esto ocasionó, ningún titular de las direcciones que autorizaron las compras que ampararon las facturas falsas ha sido sancionado, de acuerdo a la información proporcionada por la Sedena para esta investigación.

Los recursos fueron desviados a través de 11.175 comprobantes digitales, según la información contenida en una base de datos proporcionada a EL PAÍS por la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT tras diversas solicitudes de información. Las facturas amparan los bienes y servicios contratados por la Defensa Nacional en decenas de instalaciones castrenses como campos, cuarteles y guarniciones en diversas zonas del país, el Heroico Colegio Militar, el Museo Nacional de la Cartografía, un parque eólico ubicado en el Istmo de Tehuantepec, el cine del Centro de Atención Social para Militares Retirados, el Campo Militar 37-D en Santa Lucía (Estado de México), la Escuela Militar de Sargentos, la Dirección General de Administración y el cancelado aeropuerto de Texcoco.

La Sedena también usó empresas fantasma en trabajos de mejoras en carreteras o caminos rurales que conectan a sus cuarteles y en obras de mantenimiento o adecuación de sus bases aéreas, prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, cafeterías, centros deportivos, estacionamientos, gimnasios, museos, centros de desarrollo infantil y en 15 hospitales militares. Los recursos desviados en estos centros médicos como el Hospital Militar de Zona en Ixtepec (Oaxaca), el Militar Regional de Puebla (Puebla), el Hospital de Zona del Campo Militar 1 en Naucalpan (Estado de México), el Regional de Especialidades en Mérida (Yucatán) y la Unidad Médica de Consulta Externa del Colegio Militar ascienden a 115 millones de pesos (unos siete millones de dólares al tipo de cambio de entonces). Los pagos fueron por diversos insumos y servicios clínicos que supuestamente prestaron una treintena de empresas fantasma entre 2013 y 2018.

En otras facturas hubo pagos por 50 millones de pesos para supuestos servicios de obra civil, instalación de invernaderos y viajes para acarrear grava en los viveros forestales de Perote (Veracruz), Ameca (Jalisco), Pueblo Viejo (Veracruz), El Sauz (Sinaloa), Sarabia (Guanajuato) y Zimapán (Hidalgo). Una de las áreas de la Sedena que también destinó 51,5 millones de pesos a empresas de papel fue la Dirección General de Comunicación Social. En 2014 y 2015 contrató a las compañías Advertising and Digital Effects y Producciones Siehj para que le brindaran servicios de masaje e hidratación, suministraran playeras y medallas y organizaran eventos deportivos. En el registro de gastos hay cuatro facturas que fueron para contratar los servicios de producción de una carrera de la Fuerza Aérea Mexicana como parte de una campaña conmemorativa. También hay otros dos comprobantes para la producción de otra carrera titulada “La gran fuerza de México”. Para este reportaje se buscó a la Sedena a fin de saber si se han iniciado investigaciones por el uso de empresas fantasma, pero no hubo respuesta.

Los conceptos descritos en las miles de facturas van desde la adquisición de materiales de construcción como grava, arena y concreto hasta artículos de papelería y limpieza. También aparecen en los comprobantes las supuestas compras de uniformes, botas, chalinas, cortinas, chalecos de seguridad, sábanas, llantas, luminarias y losetas. Entre los servicios asignados está la supuesta renta de andamios, viajes de agua en pipa, acarreo de escombro, arrendamiento de equipo de cómputo e impresión, instalación de ventanas y servicios de lavandería, así como mantenimiento a plantas eléctricas y de aguas residuales. El año en que la dependencia registró la mayor cantidad de recursos desviados a compañías fantasma fue 2013 con 619,4 millones de pesos (unos 48,5 millones de dólares al promedio de tipo de cambio de ese año).

La empresa que facturó el monto más alto a la Sedena fue Construglobal de Chiapas, que en 2013 y 2014 recibió 312,7 millones de pesos (24,5 millones de dólares) por la renta de diversa maquinaria de construcción supuestamente utilizada en obras dentro de la unidad habitacional militar de Cintalapa, Chiapas. Tras el cambio de Gobierno y las reformas legales emprendidas para combatir la facturación falsa que representa un severo problema de defraudación fiscal disminuyó considerablemente el uso de estas empresas. Desde que inició la Administración de López Obrador solo hay constancia de dos facturas de abril de 2019 por 1,1 millones de pesos cada una y emitidas por la Constructora Mendoza López. Los pagos hechos por la dependencia a esta firma los realizó cinco meses antes de que fuera exhibida por el SAT como empresa fantasma.

La constructora, que fue constituida en abril de 2002 en Tabasco, prestó el servicio de “suministro y colocación de material pétreo” en la construcción de la calle principal que conecta a una unidad habitacional militar con el vivero forestal ubicado en el campo número 30-E, en Cárdenas, Tabasco, uno de los viveros que forman parte del programa sembrando vida. Uno de los socios fundadores de la firma es José Gabriel Mendoza Murillo, un empresario de Cárdenas, Tabasco, que se dice amigo del gobernador de esa entidad, Adán Augusto López, y que ha salido en algunas publicaciones en diarios locales con el político de Morena. En marzo del año pasado, por ejemplo, el mandatario fue captado en el festejo de cumpleaños de Mendoza Murillo. Aunque se llamó a los números telefónicos que la constructora registró en Compranet, el sistema que concentra los contratos públicos, en estos no hubo respuesta. Tampoco contestaron los correos electrónicos enviados.

Dos de las áreas más importantes donde se usaron facturas falsas por 260,5 millones de pesos es la Dirección General de Materiales de Guerra e Industria Militar. El desvío de recursos en la supuesta compra de insumos para la fabricación de armamento lo dio a conocer EL PAÍS en julio pasado. En el reportaje se reveló que DRM Aceros Internacional actuaba en confabulación con otras compañías para encarecer los bienes que ofertaba a la Sedena. El caso fue alertado por la Auditoría Superior de la Federación y la empresa fue sancionada por la Función Pública el año pasado. Sin embargo, los generales que fungieron como directores de Industria Militar en esos años no recibieron sanción.

Los órganos internos de la Sedena —en respuesta a una solicitud de información—señalaron que entre 2013 y 2019, la fecha en que se utilizaron estas 250 empresas fantasma, los únicos sancionados han sido cuatro de sus integrantes: el jefe de la fábrica de cartuchos, un jefe del grupo de ingeniería de la fábrica de cartuchos, el jefe de la sección de planeación de la jefatura de adquisiciones y un integrante de la sección de contratos. Todos ellos, de quienes la Sedena omitió sus nombres por seguridad nacional, estuvieron involucrados con uno de los procedimientos de adquisición de acero a DRM y en septiembre del año pasado recibieron una suspensión de seis meses, que ya culminó. La Secretaría de la Función Pública —en respuesta a otra petición vía transparencia— informó de que, según sus registros, 21 miembros de la Sedena han sido amonestados, tres suspendidos por un mes y uno inhabilitado por tres meses, pero se negó a brindar los nombres y los cargos completos de los sancionados.

Los procedimientos sancionatorios dentro de la Sedena son complejos porque la Sedena se vuelve juez y parte en los casos que involucran responsabilidades de sus integrantes, explica Irene Tello, directora de la organización Impunidad Cero. “Dentro de las fuerzas armadas tienen un órgano interno de control que es la autoridad encargada de determinar si se cometió una falta administrativa por parte del servidor que trabaja en esa institución. Lo que sé es que el titular del órgano también es un militar, lo que lleva a cuestionar qué tan efectivos son estos controles”, explica. Además, amparados por la ley que establece que los tribunales castrenses son los únicos competentes para investigar los delitos que atenten contra la disciplina militar, los procedimientos se vuelven muy opacos. “Ellos pueden argumentar que cualquier asunto que pase por Sedena es un asunto de disciplina militar que ellos van a determinar, y ahí creo que se produce el incentivo perverso de que son ellos los que determinan qué es corrupción y qué no y cómo sancionarlo”.

Obras por administración directa

Con la llegada de López Obrador a la presidencia, la Sedena ha adquirido un papel preponderante en la Administración pública ante las diversas tareas que le han encomendado. La dependencia está a cargo de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y participará en la edificación de dos tramos del Tren Maya, dos de las obras más emblemáticas de este Gobierno. Sin embargo, sus antecedentes como constructora no son los mejores. En las Administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto participó en decenas de obras de infraestructura que le fueron encargados por otras dependencias o por Gobiernos de los Estados y que se caracterizaron por la opacidad. Los trabajos fueron ejecutados por administración directa, un modelo de contratación previsto en la Ley de Obras que evade la licitación pública y con nula transparencia. Aunque la Defensa nacional firmó un convenio con las dependencias donde se estipulaba que se haría cargo de las obras, esta terminó subcontratando a otras compañías.

Una de las obras realizadas por Administración directa en el sexenio anterior fue el cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM). En la base de datos revisada se encontraron 168 facturas falsas que amparan diversos servicios subcontratados por la Sedena durante la construcción de la barda, camino perimetral y pista seis del NAIM. Las tres firmas de papel detectadas recibieron pagos por 184,1 millones de pesos para suministrar materiales como tuberías, varillas, cables de cobre, artículos de limpieza y placas de acero. También se erogó por servicios de soldadura, supervisión en la colocación de tuberías y renta de oficinas móviles. Comercializadora en General Hercalop fue una de las contratadas en enero y febrero de 2018, pese a que había sido exhibida en calidad de presunta empresa fantasma desde agosto de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, es decir, antes de ser contratada por la Sedena. A los meses fue declarada de forma definitiva como simuladora de operaciones.

Otra obra por administración directa donde se localizaron empresas fantasma fue en la construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El 20 de mayo de 2013 se firmó el primer contrato de colaboración entre la Sedena y la oficialía mayor del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para la primera etapa de la obra por 284,9 millones de pesos, según el documento entregado por el CJF vía transparencia. Posteriormente el PJF transfirió los recursos a la Sedena y ésta se encargó de subemplear a una serie de proveedores para realizar los trabajos. Entre las compañías contratadas hay tres que ya fueron declaradas como fantasma por el SAT y que recibieron un millón de pesos por la supuesta renta de maquinara.

Los rubros que justifican las compras tanto para los proyectos realizados en instalaciones militares como en los proyectos encargados a la Sedena por otras dependencias y gobiernos son tan diversos que hay desde asesorías en materia de seguros hasta informes de impacto ambiental y planes de restauración de suelos. Ahora que tras el cambio de Administración el Ejército sigue a cargo de importantes obras de infraestructura por decisión presidencial, la autoridad debe garantizar al menos la publicidad de las contrataciones, dice Tello, de Impunidad Cero. “Es muy preocupante porque cada vez se les da más obras y todo bajo el argumento de que son incorruptibles y tienen una disciplina intachable”, reitera. Estos proyectos, donde se manejan millonarios presupuestos, deben manejarse con transparencia. “Es dinero público y ellos (militares) tienen que dar cuentas de qué hacen con ese dinero”, manifiesta.

El País
Zorayda Gallegos
Ciudad de México
Lunes 24 de agosto de 2020.


Informa la Fiscalía de Puebla que la banda operaba en Morelos, Edomex y Ciudad de México. Enfrentarán cargos por el secuestro del general brigadier y de un migrante
    

Siete personas fueron detenidas por su presunta participación en el secuestro de un General Brigadier de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), registrado en junio pasado en Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla, dio a conocer que la banda desarticulada, cuyos integrantes enfrentarán cargos por el secuestro del general y de un migrante, operaba en Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Fue el pasado 15 de agosto, cuando un ciudadano proveniente de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, fue privado de la libertad en el trayecto de la Ciudad de México al municipio de Izúcar de Matamoros del estado de Puebla.

Los presuntos responsables comenzaron a realizar llamadas de exigencia económica a familiares por un millón de pesos para su liberación.

En un operativo conjunto, dos días después el elementos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de Puebla, así como efectivos del Ejército Mexicano y de la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión de Morelos, lograron rescatar a la víctima.

En la casa de seguridad de la localidad de Texcala, perteneciente al estado de Morelos, durante la intervención fueron detenidas siete personas originarias de Morelos.

Como parte de las investigaciones, se descubrió que la misma banda había plagiado a un General Brigadier en junio pasado en esa misma zona y liberado en el Estado de México.

Entre los indicios asegurados destacan: un Nissan Sentra con placas del estado de México, un Nissan Tsuru con placas de Guerrero, una motocicleta Italika sin placas, un arma de fuego tipo escopeta con tres cartuchos útiles y seis teléfonos celulares, tres de ellos relacionados con el secuestro del general y otros más con diferentes ilícitos.

El Universal
Puebla, México
Lunes 17 de agosto de 2020.

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