La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CECSNSP) de Puebla no acreditaron la compra de equipo y cursos para policías en los que supuestamente gastaron 96 millones 428 mil 100 pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) calificó el hecho como posible daño patrimonial en su tercera entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2019, publicada el sábado.

El órgano emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue las irregularidades y las sancione.

Las anomalías en la SSP y el CECSNSP corresponden al gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido y a los primeros cuatro meses del gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

Cursos fantasma por 58.3 mdp

Del monto total, la ASF exhibió que 58 millones 313 mil 853 pesos se gastaron en supuestos cursos para capacitar a policías, pero no se comprobó la contratación.

El dinero se tomó del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), pero se adjudicó al gobierno del estado, no a la SSP ni al consejo, lo cual constituyó otra irregularidad.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 58,313,853.32 pesos (cincuenta y ocho millones trescientos trece mil ochocientos cincuenta y tres pesos 32/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación por destinar recursos del FASP 2019 para la impartición de cursos para personal policial, sin presentar evidencia de la formalización de un contrato o convenio de prestación de servicios, además que el gasto erogado se establece a nombre del Gobierno del Estado de Puebla, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, artículos 102, 103, 104 y 107”, ventila el informe de la ASF.

Compras irregulares por 38.1 mdp

Otro gasto que tampoco se comprobó fue por 38 millones 114 mil 300 pesos, para la compra de equipo médico y de laboratorio, material eléctrico, mobiliario y equipo de administración, cursos de capacitación, así como la aplicación de evaluaciones de confianza a policías.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 38,114,300.56 pesos (treinta y ocho millones ciento catorce mil trescientos pesos 56/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por no presentar la documentación justificativa del gasto para la adquisición de equipo médico y de laboratorio, material eléctrico, mobiliario y equipo de administración, cursos de capacitación, aplicación de las evaluaciones de confianza, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracciones I y II”, advierte el informe.

Perdonaron penas por 757 mp

Por otro lado, la ASF advirtió un daño patrimonial de 757 mil 793 pesos cometido por la Secretaría de Infraestructura de Puebla, por no aplicar penas a varias empresas constructoras de 19 obras en diversos municipios.

Las obras se ejecutaron con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y se concluyeron fuera del tiempo pactado, así que las empresas debían ser sancionadas, pero no fue así.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 757,793.14 pesos (setecientos cincuenta y siete mil setecientos noventa y tres pesos 14/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por no aplicar las penas convencionales de los contratos números OP/ADE/SIMT-20190004, OP/LPN001/SIMT20190005 y OP/ADE/SIMT-20190476, debido a que no se terminaron las obras en el tiempo y forma de acuerdo a lo contratado”, exhibió la ASF.

Estas irregularidades se suman a los pagos de “aviadores” y personas difuntas que la Auditoría federal detectó en la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla.

e-consulta
Héctor Llorame
Ciudad de Puebla
Domingo 21 de febrero 2021.


El secretario de Seguridad de Puebla aseguró que el grupo de Tecamachalco no se trata de "autodefensa" alguna, sino que es un grupo de delincuentes operado por "El Toñín", líder de huachicoleros


Durante su comparecencia ante diputados locales, el secretario de Seguridad del estado, Raciel López Salazar, habló del grupo de autodefensas que surgió en el municipio de Tecamachalco y aseguró realmente se trata de delincuentes vinculados con el huachicol.

Al referirse al grupo armado que se presentó a principios de enero en la zona del “Triángulo Rojo”, supuestamente creado por ciudadanos para defenderse de la inseguridad, López Salazar sostuvo que no se trata de “autodefensa” alguna, sino que es un grupo de delincuentes operado por “El Toñín”, líder de huachicoleros.

Como parte de la glosa del informe del gobernador Miguel Barbosa Huerta, el funcionario estatal incluso mencionó que en días recientes fueron detenidos dos presuntos operadores identificados como Faustino N., “El Cabezón”, y Gabino, “El Chucky”, relacionados con ese grupo armado, además de que forman parte de la banda de “El Toñín”.

Estos grupos –abundó-- están vinculados con personajes de la política en la región, por lo que en el fondo podrían tener intereses políticos para incidir en los comicios locales de junio próximo, cuando se elegirá a alcaldes y a diputados locales.

Desde diciembre pasado, un personaje de la región identificado como “El Toñín”, quien asegura ser agricultor, ha movilizado decenas de camiones con verdura para regalarla en zonas marginadas de Puebla capital y en distintos municipios de la entidad y de Oaxaca.

“El Toñín” es hermano del alcalde de Quecholac, José Alejandro Martínez Fuentes, y aunque asegura ser “sólo un agricultor” a quien le gusta practicar el altruismo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha asegurado que tiene un interés político con miras a los comicios de este año.

“El Toñín” ha sido señalado desde 2017 como uno de los líderes de las bandas delincuenciales que operan en el “Triángulo Rojo”, dedicadas al robo de combustibles y al asalto de transporte de carga, aunque un equipo de abogados sostiene que no existen órdenes de aprehensión en su contra y más bien lo confunden con otra persona.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 27 de enero de 2021.


En la penitenciaria de la ciudad de Puebla fueron localizados y asegurados dinero en efectivo, seis envoltorios con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como crista


En dos operativos en penales de Puebla fueron aseguradas bocinas, radios, celulares, cargadores, droga y dinero en efectivo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevaron a cabo una revisión sorpresa en los penales de Puebla y San Pedro Cholula.

En la penitenciaria de la ciudad de Puebla fueron localizados y asegurados dinero en efectivo, seis envoltorios con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal.

Así como cinco paquetes pequeños con hierba verde seca con las características de la marihuana, un paquete de papel arroz para tabaco y tres pipas hechizas.

Además de una jeringa, un control para videojuego, un chip para teléfono celular y una tarjeta SD, así como cinco teléfonos celulares, nueve cargadores, 10 audífonos, ocho cables USB, dos charrascas y un cúter.

Mientras que en el penal de San Pedro Cholula fueron localizados y asegurados una memoria USB, una bocina, un radio estéreo, un cargador de celular, un chip para teléfono celular y un tubo de pegamento PVC.

Asimismo, la SSP llevó a cabo el traslado de internos provenientes de los penales de Tepexi y Ciudad Serdán al Centro de Reinserción Social de Puebla.

El Universal
Édgar Ávila/Corresponsal
Ciudad de Puebla, México
Domingo 20 de septiembre 2020.

Desde droga hasta celulares en dos penales de Puebla. Foto Especial.


Elementos de la Policía Estatal regresaron a laborar este viernes, luego de que anoche llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que ofreció un aumento de 20% en la compensación, mejoras en el seguro de vida y la promesa de que se revisará la actuación de mandos chiapanecos.

Después de tres días de paro, Ardelio Vargas Fosado, asesor del gobernador Miguel Barbosa, a quien se señala como el real encargado de la SSP en la entidad, encabezó ayer las negociaciones con los uniformados inconformes.

En el acuerdo que puso fin al conflicto se incluye la separación temporal de mandos medios que llegaron de Chiapas tras el nombramiento de Raciel López Salazar como titular de la SSP. Según los policías poblanos, la designación de aquellos carece de sustento, pues en la entidad hay elementos que tienen capacidad y experiencia, mientras que los mandos foráneos ni siquiera conocen el territorio.

Aunque no es una decisión definitiva, Vargas Fosado se comprometió ante los policías paristas a revisar el desempeño laboral de dichos mandos.

Los uniformados que participaron en las negociaciones indicaron que uno de los puntos acordados fue que no habrá represalias legales o administrativas contra quienes formaron parte del movimiento. Y se incluyó la reinstalación de policías municipales de San Andrés Cholula que fueron dados de baja por manifestar su apoyo a la protesta estatal.

Aunque la tarde de ayer los policías mantuvieron la demanda de que el 20% ofrecido fuera directo al salario, por la noche decidieron aceptar la oferta de que se aplicara al rubro IJ, una compensación que aumentará de 3 mil 371 a 4 mil 806 pesos mensuales.

Esto se sumará a los 7 mil 178 pesos mensuales que los uniformados poblanos perciben como sueldo, lo que da un total de 11 mil 582 pesos, cantidad que se reflejará a partir del 30 de junio, pero será retroactivo al primero de este mes.

Los uniformados también obtuvieron una mejora en el seguro de vida para el personal operativo, que era de 120 mil pesos y se incrementó a 497 mil pesos para decesos en el cumplimiento del deber, y 242 mil por muerte natural, además de un apoyo para las familias por 50 mil pesos cuando los policías mueran en su labor, y de 20 mil por muerte natural.

Otro de los acuerdos fue que se estudiará la factibilidad de establecer el horario de 24 horas de trabajo por 48 de descanso para los policías que actualmente trabajan 24 por 24, a fin de reducir los accidentes que se han registrado por cansancio.

Según los policías, las mesas de negociación se mantendrán permanentes a partir de esta fecha.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 5 de junio 2020.


•    Los policías demandan mejores sueldos y seguros de vida.

•    Policías estatales en distintas bases de operaciones en los municipios de Esperanza, Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio, Acatzingo, entre otros, mostraron su apoyo y se sumaron al paro.

•    Los oficiales mostraron su descontento de que el titular de la SSP sea Raciel López Salazar, quien es originario de Chiapas y desconoce la actividad en la entidad poblana


Tras casi 12 horas de paro laboral, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal, salieron de la Dirección de la Policía Estatal y marcharon sobre el bulevar 5 de Mayo.

Los policías fueron a manifestarse a las instalaciones de la Policía Turística y luego a Casa Aguayo, para posteriormente volver a la Dirección de la Policía Estatal.

Minutos antes de las 18:00 horas los policías tomaron la decisión de manifestarse, aparentemente se dirigen a Casa Aguayo.

Alrededor de las siete de la mañana de este martes 2 de junio se dio el paro en la Dirección de la Policía Estatal, en la colonia Azcarate

Durante la protesta los policías exigieron aumento de salario, mejora del seguro de vida para que contemple el COVID-19, la homologación y también cambio de los mandos chiapanecos.

Los oficiales mostraron su descontento de que el titular de la SSP sea Raciel López Salazar, quien es originario de Chiapas y desconoce la actividad en la entidad poblana y pidieron que sea removido junto con los mandos que llegaron con él.

Incluso los agentes ingresaron a la oficina del coordinador de despliegue territorial, Jorge Alberto Paniagua y lo obligaron a salir de las instalaciones.

Respecto al tema salarial acusaron que desde hace una década no han recibido ningún aumento de salario.

Horas después elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla llegaron a las instalaciones para mostrar su apoyo a los efectivos estatales.

Por la tarde policías municipales regresaron para entregar alimentos a los uniformados que se mantenían en paro.

Policías estatales en distintas bases de operaciones en los municipios de Esperanza, Izúcar de Matamoros. Acatlán de Osorio, Coatzingo, entre otros, mostraron su apoyo y se sumaron al paro.

El Popular
Jesús Lima
Puebla, México
Martes 2 de junio de 2020.


El gobierno estatal confirmó que nueve reos del penal de Huejotzingo resultaron positivos a la prueba de covid-19, por lo que serán trasladados al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA), que operará como “reclusorio Covid”.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta precisó que después de que un recluso fue internado en el hospital de San Andrés Cholula, por presentar síntomas de coronavirus, se realizó la prueba a sus compañeros de celda. Hasta ahora se han confirmado ocho positivos y están en proceso otras 16 pruebas de posibles internos contagiados.

Esta es una situación “complicada” porque las instalaciones de ese reclusorio ubicado en Huejotzingo no cumple con especificaciones para operar, por lo que se instrumentará un operativo que se hará en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General del estado y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para trasladar a los enfermos, apuntó.

Barbosa indicó que los reos positivos a covid-19 serán enviados al CIEPA, mientras que los 13 adolescentes que se encuentran en ese lugar serán trasladados a un área del penal de San Miguel, en esta ciudad.

El mandatario rechazó que esos contagios derivaran de un descuido de la administración estatal, y aseguró que más bien forman parte de la cresta que registra la pandemia en la entidad.

El CIEPA, agregó, tendrá capacidad para recibir a un total de 150 reclusos que puedan haber contraído la enfermedad, y si se supera esa capacidad se tienen contemplados otros 50 espacios en el penal de Tecali de Herrera.

Regreso Gradual

Además, dijo, se estableció que si algún reo requiere hospitalización será enviado al nosocomio de Huejotzingo para establecer medidas de seguridad y a la vez dar la atención médica que requieran los internos.

Al ser cuestionado sobre el anuncio de familiares del reo contagiado por coronavirus, en el sentido de que exigirán una reparación del daño, el mandatario respondió:

“No hay reparaciones del daño ¿Quién es el responsable? ¡Los chinos! ¿Qué te parece si demandamos a los chinos para que nos reparen el daño en el mundo?”.

En un video divulgado en redes sociales, presos de Huejotzingo aseguraron que el supuesto interno contagiado fue trasladado al hospital porque se le aplicó un medicamento que le provocó intoxicación, pero no porque tuviera síntomas de covid-19.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 25 de mayo de 2020.


Caen presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en balacera en Lomas de Angelópolis

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que, tras una balacera y persecución registrada esta tarde en el complejo residencial Lomas de Angelópolis, en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, fueron detenidos dos supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa.

La SSP emitió un comunicado en el que aseguró que la violenta persecución derivó de “labores de inteligencia, investigación y reacción” que permitieron detectar a los supuestos delincuentes identificados como Alejandro F. y Gerardo Z., supuestamente encargados de la venta de droga en la zona de antros y bares de Puebla y San Andrés Cholula.

En esa versión, agentes de la Policía Estatal se dispusieron a detener a los supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa cuando viajaban en un auto Mercedes Benz B200 con matrícula del estado de Quintana Roo.

“En ese momento, los ahora detenidos dispararon en repetidas ocasiones contra los policías estatales, quienes repelieron la agresión y lograron el aseguramiento”, indica la dependencia.

Los testimonios señalan que la camioneta gris en la que viajaban los policías trató de interceptar al vehículo Mercedes blanco en el que viajaban los supuestos delincuentes y que, para evitar que se fugaran, los chocaron y proyectaron contra un árbol que se ubica sobre el Boulevard Las Cascadas, frente al Clúster Lima del fraccionamiento Angelópolis.

Según la SSP, las “investigaciones y labores de inteligencia” señalan que Alejandro F. es líder de una célula criminal del Cártel de Sinaloa. Ambos detenidos resultaron heridos durante la balacera, pero la autoridad asegura que fueron hospitalizados y se reportan estables.

Al interior del vehículo en el que viajaban los ahora detenidos, se encontró un fusil tipo AK-47, un revolver 38 Smith & Wesson y una pistola tipo escuadra calibre .9 milímetros, así como una bolsa con droga, aparentemente cristal.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 15 de mayo de 2020.


Detenido en Texas y llevado a Nueva York para someterlo a juicio, Genaro García Luna, quien fue el encargado de la seguridad pública en el gobierno de Felipe Calderón, jugaba un doble juego: daba la cara como el superpolicía antinarco pero al mismo tiempo trataba con los cárteles de la droga, especialmente con el de Sinaloa. Sus andanzas eran bien conocidas por las autoridades mexicanas… y también por Washington.


Washington.- El gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico cuando éste fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), revela la exembajadora estadunidense Roberta Jacobson.

Sin empacho, Jacobson dice en entrevista con Proceso que el gobierno de Estados Unidos recopiló rumores e información de la relación de García Luna con el Cártel de Sinaloa.

Tras aceptar que su gobierno sabía de las andanzas de García Luna con narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Jacobson niega ninguna omisión por parte de Estados Unidos para actuar contra el asesor, amigo, confidente y miembro del gabinete de Calderón.

 “Culpar a Estados Unidos por datos que poseía y sugerir que el gobierno de México no tenía la misma información sobre la corrupción o problemas de un funcionario, probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una duplicidad”, subraya la exembajadora.

Y para no dejar duda de la duplicidad (o doble cara) que la atañe al gobierno de Calderón subraya: “La información que obteníamos –en el Departamento de Estado– era por conducto de funcionarios estadunidenses, pero venía de parte de mexicanos, ellos eran los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de García Luna”.

En la minuciosa entrevista con Proceso, Jacobson desahoga aspectos de lo que supo sobre García Luna, incluso desde el sexenio de Vicente Fox, tomando en cuenta que de diciembre de 2002 a junio de 2007 ella fue titular del llamado “Mexican Desk” en el Departamento de Estado.

No obstante, las revelaciones de Jacobson se enfocan en los seis años de García Luna en la SSP. A partir de julio de 2007 ella se hizo cargo de la Iniciativa Mérida y de otros temas de la relación con México y Canadá.

“El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, y nunca tomó acciones en su momento y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a Estados Unidos por no tomar medidas”, arremete.

Pocos funcionarios o exfuncionarios del Departamento de Estado conocen al detalle, como Jacobson, la relación con México, en especial la que hubo con Calderón, lo que le da autoridad a su voz.

De diciembre de 2010 a julio de 2011 Jacobson fue la número dos en la Subsecretaría de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental (concentrada en la aplicación de la Iniciativa Mérida), y el 30 de julio de 2012 fue nombrada subsecretaria de Estado adjunta.

Juicio en EU

Acusado de narcotráfico, entre otros delitos, García Luna fue detenido el pasado 9 de diciembre por las autoridades estadunidenses en Texas e inmediatamente trasladado a Nueva York para ser procesado y enjuiciado ante la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn.

La causa judicial 1:19-cr-00576-BMC, a cargo del juez Brian Cogan, establece que el Departamento de Justicia recopilaba información sobre las actividades de García Luna desde que éste fungía como funcionario federal.

El compendio de información y evidencias que posee el Departamento de Justicia sobre García Luna incluye testimonios de narcotraficantes como Jesús “El Rey” Zambada García, y de Jesús Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hermano e hijo, respectivamente, de Ismael “El Mayo” Zambada, actual cabecilla del Cártel de Sinaloa.

Documentos y grabaciones de conversaciones telefónicas son otros elementos en poder del gobierno de Estados Unidos para acusar a García Luna de narcotráfico y nexos con el Cártel de Sinaloa.

Retirada de la diplomacia, Jacobson habla con franqueza de García Luna, primer exintegrante de un gabinete presidencial mexicano acusado, detenido y bajo proceso judicial en Estados Unidos por narcotráfico.

Hablando en pasado, Jacobson establece que cuando ella estaba en el Departamento de Estado a cargo de la Iniciativa Mérida, en la dependencia oyeron rumores y recolectaron información sobre corrupción de “casi cada alto funcionario” del gobierno de Calderón.

“Teníamos información y escuchamos rumores que en su mayoría no fueron confirmados, pero que provenían de fuentes de las que esperabas oposición al secretario de Seguridad Pública”, explica la exembajadora.

–¿De quienes, por ejemplo? –se le cuestiona.

–Regularmente rumores e información de una agencia sobre otra agencia, podíamos obtener información que provenía de la Policía Federal sobre oficiales del Ejército y viceversa, nunca información que fuera confirmada por una fuente imparcial; que no fuera tendenciosa.

Las menciones de la conexión entre García Luna y el Cártel de Sinaloa que obvió Calderón, dificultaban la labor de funcionarios del Departamento de Estado para, como en el caso de Jacobson, sortear los asuntos en los que se podía avanzar en el combate al crimen organizado.

La exfuncionaria resalta que cuando se trabaja en un ambiente de corrupción como el que privaba en el sexenio de Calderón, en Washington tomaban medidas para separar la información falsa de la verdadera.

“Pero tampoco tienes alternativa más que trabajar con los funcionarios del gobierno e integrantes del gabinete presidencial; tratas de trabajar con cuidado y de alcanzar tus objetivos, algo que pudimos lograr en algunas ocasiones con García Luna”, admite la exembajadora.

Añade: “Hubo muchos asuntos en los que trabajamos con él, siempre con cuidado, pero teníamos que apoyarnos en él; era el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón”.

Iniciativa Mérida, en riesgo

La información que recogían en México agencias de Estados Unidos como la CIA, el FBI, la DEA, el Pentágono, el Departamento de Seguridad Interior y otras, engrosan el expediente criminal de García Luna.

Esa información y rumores que de fuentes mexicanas recibieron los agentes estadunidenses se reportaron primero a la embajada de Estados Unidos en México, y de ahí salieron informes clasificados y confidenciales a varias dependencias federales en Washington.

Lo que se decía de García Luna, aunque no se corroboró en el momento por ser miembro del gabinete de Calderón, Jacobson acepta que dificultó en cierto sentido la aplicación de la Iniciativa Mérida; la herramienta bilateral de combate al narcotráfico y crimen organizado.

“Siempre tienes cuidado con un país donde persiste la corrupción, porque les entregas grandes cantidades de recursos y debes garantizar que esto se utilice para los objetivos diseñados en la Iniciativa Mérida”, comenta la exencargada del Mexican Desk.

Con García Luna al frente de la SSP, el Departamento de Estado estaba obligado a cerciorarse de que el equipo militar que le entregó a Calderón para combatir a los narcotraficantes no fuera utilizado para favorecer y facilitar el trasiego de drogas del Cártel de Sinaloa.

“Nunca dimos dinero en efectivo; entregamos equipo, dimos entrenamiento y monitoreamos los cursos que se impartían y a dónde iba a parar el equipo militar; se hacían anualmente una especie de auditorías al respecto”, expone la exfuncionaria del Departamento de Estado.

Respecto a la elaboración del encausamiento de García Luna que expone a la DEA siguiéndole los pasos por sus nexos con El Chapo Guzmán, Jacobson dice no saber nada.

“No tenía forma de saber qué era lo que hacía el Departamento de Justicia; en la mayoría de los casos te enteras de una investigación hasta que se da a conocer el encausamiento. No es particularmente sorpresivo que por razones de separación de actividades judiciales en la mayoría de los casos los funcionarios del Departamento de Estado no necesariamente sean informados sobre las primeras etapas de una investigación”, sostiene.

El encausamiento contra García Luna fue dado a conocer el 10 de diciembre de 2019, horas después de su arresto; es decir siete años y nueve días después de haber concluido el sexenio de Calderón.

“Puede ser que siendo funcionario haya estado bajo investigación, pero eran las primeras etapas de la pesquisa y no necesariamente teníamos que haber sido notificados. Todos en el gobierno de Estados Unidos estábamos preocupados por la corrupción en México, incluyendo los rumores sobre García Luna; pero como he dicho, se toman pasos para verificar que esto no afecte lo que haces en materia de cooperación”, machaca la ahora diplomática jubilada.

–¿La información y rumores que obtuvieron sobre García Luna fueron compartidos o discutidos en su momento con el gobierno mexicano?

–De eso puedo hablar en términos generales, no en específico, pero con certeza puedo decir que en conversaciones sobre estrategias de combate a los narcóticos, esfuerzos bilaterales de seguridad y conversaciones sobre la Iniciativa Mérida, sí hablamos de la corrupción. Por mi parte, con miembros del gobierno de México, porque él era secretario del gabinete presidencial, pero no puedo decir a quién ni exactamente lo que se dijo.

Gutiérrez Rebollo

Jacobson no es la primera exintegrante o integrante del gobierno de Estados Unidos que relata a Proceso que no era opcional trabajar con García Luna cuando era secretario de Seguridad Pública, pero sí la única en denunciar la negligencia de Calderón.

–¿Tardó Estados Unidos en actuar contra García Luna?

Jacobson ríe un poco antes de contestar: “Eventualmente, pero es el caso con muchos encausamientos que se dan a conocer tiempo después de cuando ocurren los eventos”.

García Luna no es singularidad en la regla de la “duplicidad” que denuncia Jacobson en cuanto exfuncionarios mexicanos ligados al narcotráfico con quienes, antes de ser descubiertos, han tenido que colaborar diferentes departamentos del gobierno estadunidense.

Uno de los casos más connotados antes del arresto de García Luna fue el del general Jesús Gutiérrez Rebollo, a quien en diciembre de 1996 el entonces presidente Ernesto Zedillo nombró cabeza de la lucha contra el narcotráfico.

Días después de haber participado en reuniones de alto nivel en la Casa Blanca y de que el entonces zar antidrogas de Estados Unidos, el también general Barry McCaffrey, aplaudiera la designación de Gutiérrez Rebollo, el militar mexicano cayó en desgracia.

El 18 de febrero de 1997 la Secretaría de la Defensa anunció el arresto de Gutiérrez Rebollo, acusado de brindar protección al Cártel de Juárez a cambio de sobornos millonarios.

–¿Se puede comparar el caso de Gutiérrez Rebollo con el de García Luna o señalar cuál fue peor de los dos? –se le pregunta a Jacobson.

–¡Uff!, es difícil compararlos; ambos son decepciones pero realmente no los puedo comparar. García Luna estaba profundamente involucrado en las actividades del día a día y eso es muy preocupante.

–¿Qué dependencias del gobierno de Estados Unidos estaban más inquietas por lo que sabían de García Luna cuando era secretario de Seguridad Pública?

–Las agencias de la aplicación de la ley más que las que están en la primera línea de batalla contra el narcotráfico y por lógica, las que estuvieran más preocupadas que otras dependencias que no recolectan tanta información.

En el expediente criminal el gobierno de Estados Unidos acusa a García Luna de haber recibido millones de dólares por dar información y protección al Cártel de Sinaloa, cuando era la mano derecha de Calderón en el combate al narcotráfico.

Otro de los delitos que le imputa el Departamento de Justicia es el de haber mentido bajo juramento a un agente federal, al ocultar su relación con el narcotráfico, cuando solicitó la ciudadanía estadunidense por naturalización siendo residente permanente y legal en Estados Unidos.

Durante el juicio contra El Chapo Guzmán en la Corte de Brooklyn –que se inició en noviembre de 2018 y concluyó con la sentencia del capo en julio de 2019– varios narcotraficantes mexicanos testificaron ante Cogan que García Luna también recibió dinero de otros cárteles.

En ese juicio se mencionó que el cártel de los Beltrán Leyva pagó también millones de dólares a García Luna a cambio de información sobre el accionar del Cártel de Sinaloa y por protección para sus operaciones.

“En el juicio (del Chapo), Rey Zambada testificó que por lo menos en dos ocasiones él personalmente se reunió con el acusado (García Luna) en un restaurante y le entregó portafolios que contenían entre 3 y 5 millones de dólares a cambio de sus garantías de que asistiría al Cártel de Sinaloa”, se desprende de uno de los párrafos del encausamiento judicial.

García Luna, como fue notificado ante Cogan por los fiscales a cargo del caso, negocia con el Departamento de Justicia poder convertirse en testigo cooperante para evitar el juicio y recibir una sentencia benévola, como compensación a su cooperación para incriminar a otros.

De no llegar a un arreglo con los fiscales del Departamento de Justicia y si opta por el juicio y es declarado culpable, García Luna podría ser condenado a cadena perpetua –castigo máximo– o a 10 años en prisión.

De convertirse en testigo cooperante, García Luna se pone al servicio del Departamento de Justicia para proporcionar información sobre lo que sabe de las operaciones del narcotráfico en México y para incriminar a otros criminales testificando en sus juicios en Estados Unidos.

Concluida su labor como soplón, cumpliría una sentencia de menos de 10 años.

Al término de su sentencia como testigo cooperante, García Luna estaría sujeto a su deportación, aunque el Departamento de Justicia debe entregárselo al gobierno mexicano que solicita su extradición por acusaciones de trasiego de drogas y lavado de dinero.

El 20 de junio de 2016 Jacobson presentó al entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto sus credenciales como embajadora. El 1 de marzo de 2018 renunció al puesto –renuncia que se hizo efectiva el siguiente 5 de mayo– por su inconformidad con las políticas que instrumentó Donald Trump para México.

Proceso
Notimex
J. Jesús Esquivel
Washington, Estados Unidos
Domingo 3 de mayo de 2020.


Acusa Barbosa ligas de policía de Rivera con el crimen organizado


El gobernador Miguel Barbosa Huerta hizo un llamado a la alcaldesa de esta capital, Claudia Rivera Vivanco, para que de “forma voluntaria” acate su determinación de cambiar a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En rueda de prensa, el mandatario sostuvo que podría recurrir a procedimientos constitucionales para tomar el control de la seguridad del municipio de Puebla, luego de que Rivera Vivanco rechazó ayer el cambio que Barbosa dio por hecho desde la semana pasada.

 “La llamo a que voluntariamente acate. Hoy está en falta a la Constitución del Estado de Puebla y a leyes. Vamos a presentar una denuncia de todo esto que estoy diciendo y la vamos a integrar porque estoy obligado a devolver la tranquilidad a Puebla”, advirtió el gobernador, luego de acusar que la policía municipal está vinculada con la delincuencia.

Desde la semana pasada Barbosa designó a Carla Morales Aguilar como delegada de Seguridad en Puebla capital para sustituir a la actual encargada, Lourdes Rosales Martínez.

Morales Aguilar forma parte del grupo operativo de Ardelio Vargas Fosado, quien fue titular del Instituto Nacional Migración (INM) en el sexenio de Enrique Peña Nieto y secretario de Seguridad del estado en los primeros años del gobierno de Rafael Moreno Valle; además, se le considera cercano a Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos, acusado de proteger al narcotráfico.

Según Barbosa Huerta, la policía municipal de Puebla está penetrada por la delincuencia e incluso protege al grupo delincuencial que lideraba “El Gordo”, detenido la semana pasada.

“Sus mandos tienen vinculación con la delincuencia, de ese tema he hablado con la presidenta municipal, hay muchas evidencias de ello. Tenemos muchas carpetas de investigación sobre ello. La policía municipal hace tiempo que no realiza ningún operativo en contra de los delincuentes porque está vinculada y sabemos quiénes son los mandos que están vinculados”, aseguró.

En un comunicado, el Centro Coordinador Empresarial (CCE) consideró que no es momento para cambios de titular de SPP.

“La situación por la que atravesamos en seguridad pública, aunada a la económica y de salud, requiere de trabajo coordinado y continuo, por lo que un enroque como éste al interior de la dependencia puede repercutir en la operación de dicha secretaría, provocando un retroceso en los pocos avances obtenidos hasta ahora”, apuntó.

Anunció que presentará una denuncia penal en contra de sus mandos

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta acusó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla de tener nexos con la delincuencia organizada, por lo que presentará una denuncia penal en contra de sus mandos y emplazó a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco a acatar la designación de la delegada que él eligió.

El mandatario señaló que la dependencia -que hasta este jueves aún dirige Lourdes Rosales Martínez- protege a la banda encabezada por Marco Antonio N., alias El Negro o El Bombón, quien fue detenido a principios de marzo.

Barbosa Huerta rechazó que la designación de una delegada para asumir el control de la seguridad en la capital sea una imposición suya, pues señaló que la Constitución le otorga esa facultad.

Hay que recordar que durante la sesión extraordinaria de Cabildo este miércoles, la presidenta municipal rechazó el nombramiento y dio a conocer que solicitó la intervención del gobierno federal para revisar este tema.

En conferencia de prensa, el gobernador aseguró que la designación de Carla Morales Aguilar como delegada de seguridad pública fue de común acuerdo con Rivera Vivanco, pues le hizo entrega de un documento en su oficina, en Casa Aguayo, en donde le informaba del nombramiento.

“… es un tema que habíamos hablado, no crean que es un asunto que estaba ella en desacuerdo, lo habíamos hablando, solamente que hay gente así”, expuso.

La afirmación del mandatario contradice lo señalado el miércoles por la alcaldesa, pues al informar al Cabildo de la situación, señaló que recibió un oficio del gobernador en el que le informó su decisión y que fue emplazada a relevar a Lourdes Rosales por Carla Morales.

En ese sentido, insistió en que no se trata de una imposición de su gobierno en el municipio, sino del uso de una facultad que le otorga la fracción séptima del artículo 115 de la Constitución Política del país, en el que se indica que la administración estatal puede asumir el mando de la seguridad en la capital si existe una causa de fuerza mayor.

Acusa nexos con la delincuencia

Acompañado del secretario de Seguridad Pública en el estado, Raciel López Salazar, Barbosa expuso que su gobierno comprobó que “mandos” de la dependencia municipal tienen nexos con el crimen organizado.

Incluso refirió que estos protegen a la banda que lidera Marco Antonio N., alias El Negro o El Bombón, quien fue detenido a principios de este mes.

Detalló que cuando la administración estatal ha intentado hacer operativos en el municipio, los mandos de la secretaría municipal han avisado a los delincuentes para que estén alertas, situación que ya notificó a Rivera Vivanco.

“La policía municipal de Puebla está penetrada por la delincuencia, sus mandos tienen vinculación con la delincuencia. De ese tema he hablado con la presidenta municipal, hay muchas evidencias de ello, tenemos muchas carpetas de investigación sobre ello”, declaró.

En ese sentido, anunció que se presentarán denuncias penales, las cuales aclaró que no son en contra de la presidenta municipal, sino de quienes están a cargo de la Secretaría de Seguridad, aunque no señaló el nombre de Lourdes Rosales.

No obstante, refirió que la alcaldesa puede caer en omisión, al no aceptar la designación de un delegado.

En ese sentido, el gobernador emplazó a la alcaldesa a aceptar “voluntariamente” la designación de Morales Aguilar, pues él no desistirá de su decisión y si esta no es aceptada, entonces procederá en los términos que marque la Constitución.

“Yo solamente le hago el llamado –a la alcaldesa– para que de forma voluntaria acate el comunicado que yo le hice, que me firmó de recibido, porque no voy a apartarme de esa ruta y voy a ir con los procedimientos constitucionales para lograrlo, no es imposición como dice un periódico que todos los días me critica, estamos designando porque es una atribución…”, puntualizó.

Respecto a la intervención del secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo Montaño, que Claudia Rivera anunció para solucionar el conflicto, el gobernador dijo que ello no lo “impresiona”.

“A mí nadie me impresiona, eh, de que ya me dijeron que viene una recomendación del cielo, por favor, ya estoy muy corridito en esto”, comentó.

Barbosa comentó que si hay disminución en la incidencia delictiva de la capital, como lo señaló la alcaldesa, se debe a una intervención del gobierno del estado y no al desempeño de la dependencia municipal.

Proceso
e-consulta
Patricia Méndez
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 19 de marzo de 2020.


Preocupa a empresarios relevo exprés en Seguridad Pública

Le recuerdan acusaciones de enriquecimiento ilícito, vínculos con el crimen organizado y persecución contra opositores


Morenistas, panistas y ONGs condenaron la designación de Raciel López Salazar como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla por sus antecedentes de persecución política y represión social, por lo que demandaron al gobernador Miguel Barbosa Huerta revertirla.

A su vez, diputados lo citaron a comparecer en el Congreso de Puebla para que presente su plan de trabajo y explique la ola de inseguridad en la entidad.

El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo (de Morena) reprobó este lunes el nombramiento al señalar que el nuevo funcionario arrastra un cúmulo de acusaciones por su gestión como procurador y fiscal de Chiapas.

Enriquecimiento ilícito, vínculos con el Cártel de Sinaloa, licitaciones con anomalías, represión de la protesta social y persecución contra críticos del gobierno —dijo en rueda de prensa— son algunos de los señalamientos que pesan sobre el secretario.

Al calificar estas prácticas como “dignas” del morenovallismo, denunció que la crisis de inseguridad y violencia que vive el estado requieren que la SSP haga cumplir la ley, más no ejercerla con “el garrote”.

Luis Norberto Vázquez, titular de la Secretaría de Jóvenes de Morena, señaló que los morenistas padecieron en carne propia la represión del exgobernador Rafael Moreno Valle en los movimientos “Yo soy 132” y por los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por ello alertó que la llegada de López Salazar es la premonición de que continuará la persecución de activistas, en medio de las protestas estudiantiles para exigir seguridad.

Congreso lo cita a comparecer

Por su parte, la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local citó a comparecer a López Salazar para que presente su plan de trabajo y explique la situación de inseguridad en la entidad.
El presidente de la comisión, Carlos Morales Álvarez, reconoció en entrevista que el funcionario no ha respondido a la invitación, por lo tanto, no está confirmada su asistencia.

La reunión está programada para la mañana del martes, pero el diputado de Movimiento Ciudadano (MC) anunció que se buscará que a partir de ahora los encuentros sean mensuales para que los legisladores conozcan lo que se está haciendo para frenar la delincuencia.

ASA dice que en Chiapas espiaba a opositores

Sobre el arribo de López Salazar a la SSP, la Asamblea Social del Agua (ASA) advirtió que como procurador de Chiapas ejerció espionaje contra activistas, así que lo mismo podría realizar en Puebla.
En rueda de prensa, Omar Jiménez Castro, dirigente de la agrupación, denunció que el “pasado oscuro” del nuevo miembro del gabinete de Barbosa Huerta es una pésima señal para la lucha social, por lo que urgió a revertir la designación.

No se puede esperar nada: PAN

La dirigencia del PAN a su vez señaló que “no se puede esperar nada” del nuevo encargado de la seguridad pública precisamente por su cuestionable pasado, sin embargo, le dio “su voto de confianza”.

En rueda de prensa por separado, la dirigente Genoveva Huerta Villegas defendió que los panistas son “respetuosos” de las instituciones, así que evaluarán al secretario posteriormente con base en sus resultados.

No inspira confianza a la IP

Integrantes de la iniciativa privada en Puebla señalaron que el perfil del nuevo funcionario no inspira confianza debido a que los estados en donde ha trabajado no destacan por tener bajos índices de criminalidad y además porque habrían preferido que siguiera un miembro de la Secretaría de Marina al frente de la dependencia.

Así lo manifestaron durante su participación en la Mesa Empresarial con Vicky Fuentes, los empresarios Rafael Herrera Vélez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), y Horacio Peredo Elguero, vicepresidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

"Para nosotros sí fue algo abrupto (...) habíamos visto excelente trabajo por parte de los marinos, que eran los que habían llegado a instalarse frente a todo lo que era la Policía Estatal, y veíamos un trabajo sistemático, muy ordenado desde las bases, yo creo que es algo fundamental", dijo Peredo Elguero.

Agregó que con la llegada del vicealmirante Ildefonso Amézaga Ramírez a la dependencia, se solicitó la adquisición de 9 toneladas de armamento para renovar el parque de la Policía Estatal, e influyó en la necesidad de tener una mejor infraestructura con la adquisición de nuevas patrullas.

"La llegada de las mil patrullas fue a solicitud de los marinos, que detectaron que había muy escasa infraestructura para hacer frente a la delincuencia. Otra condición es el armamento y decían -a modo de broma-, vamos a jubilar revólveres y escopetas porque es imposible combatir a la delincuencia con este tipo de armas", detalló.

Otro aspecto negativo sobre el nombramiento de Raciel López Salazar fue que no hubo un anuncio previo de su llegada, pues la semana pasada todavía habían tenido reuniones con Ildefonso Amézaga.

Ante este panorama los empresarios destacaron la necesidad de que haya una reunión con López Salazar a fin de conocer su esquema de trabajo, pues Chiapas y Estado de México no destacan por ser estados con niveles bajos de criminalidad y es necesario conocer su modo de trabajo.

"Deseamos una reunión en breve con el nuevo titular a fin de ver cuáles son sus planes de trabajo, cuáles son sus perspectivas y la proyección que desea tener para abatir estos índices. Los marinos dejaron muy cimentada ya la estructura de la corporación, esperemos que se siga avanzando así y sabíamos de alguna manera que los resultados no iban a ser inmediatos", expusieron.

Rafael Herrera Vélez destacó que de ningún modo se puede entregar un "cheque en blanco" de confianza, además de que consideró que lo ideal habría sido traer a un secretario de seguridad que tuviera experiencia en ciudades o estados con logros importantes en combate al crimen.

A Higuera lo respaldan los resultados

Por otra parte, Herrera Vélez indicó que el nombramiento de Gilberto Higuera Bernal como fiscal General del Estado para los próximos siete años se puede considerar que no es sorpresiva y ha logrado que sea respaldado por su trabajo en el último año como encargado de despacho.

"Hay una instancia a nivel nacional que verifica qué tan efectivas son cada una de las Fiscalías y la de Puebla ha ido mejorando, entonces es bueno eso y además el fiscal es una persona abierta que te atiende, hemos tenido casos particulares de socios", consideró.

Del mismo modo subrayaron que ha habido acciones contundentes como el regreso de los agentes del Ministerio Público a las diferentes localidades y municipios al interior del estado, además como la reducción de carpetas de investigación que se encontraban archivadas desde el anterior sistema penal.

Preocupa a empresarios relevo exprés en la SSP

Señalan que el área necesita continuidad

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Centro Empresarial Puebla (CEP- Coparmex) se dijeron sorprendidos y preocupados por el repentino relevo del secretario de Seguridad Pública estatal, luego de que este viernes fuera nombrado Raciel López Salazar como nuevo titular del área en lugar de Ildefonso Amézaga Ramírez.

A través de su cuenta de Twitter, el CCE expresó su postura respecto al nuevo enroque en el gabinete de Miguel Barbosa Huerta, pues Amézaga Ramírez tampoco dejará las filas del gobierno al ser nombrado director de la Policía Auxiliar, en sustitución de Francisco Vela García.

"Como CCE Puebla expresamos nuestra preocupación ante una designación repentina del nuevo titular de la SSP por parte del Gobierno de Puebla. Por el bien del estado y la seguridad de los poblanos, esperamos que esta decisión realmente abone a la estrategia de seguridad".

CCE Puebla

Como #CCEPuebla expresamos nuestra preocupación ante una designación repentina del nuevo titular de la @SSPGobPue por parte del @Gob_Puebla.

Por el bien del estado y la seguridad de los poblanos, esperamos que esta decisión realmente abone a la estrategia de seguridad

El CCE, a través de su presidente Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, no había criticado la estrategia de seguridad en el estado e incluso en múltiples entrevistas aseguró que era necesario dar tiempo a su titular Amézaga Ramírez.

Del mismo modo el CEP-Coparmex externó a través de su cuenta de Twitter su desaprobación por el relevo argumentando que dicha área de gobierno necesita continuidad y constancia para dar resultados, además se mostró a favor de un perfil ligado a la Marina, como era Amézaga Ramírez.

"¿Ahora cambio en la SSP? Puebla necesita constancia y compromiso en quien dirija esta cartera, si la marina ha demostrado capacidad de realizar estrategias en pro de la seguridad en #México ¿Por qué el cambio del vicealmirante? #PorUnaPueblaSegura".

Coparmex Puebla

¿Ahora cambio en la @SSPGobPue? #Puebla necesita constancia y compromiso en quien dirija esta cartera, si la marina ha demostrado capacidad de realizar estrategias en pro de la seguridad en #México ¿Por qué el cambio del vicealmirante? @fernandotrevino #PorUnaPueblaSegura

El nuevo secretario de Seguridad Pública en Puebla está ligado al PRI y tiene experiencia como titular de la entonces Procuraduría General de Justicia de Chiapas, y más recientemente como delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México.

e-consulta
Héctor Llorame
Maribel Morillón
Ciudad de Puebla
Lunes 2 de marzo de 2020.

Página 1 de 2

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Ventana al mundo

Síguenos en Twitter