El INAI ordena a Hacienda dar nombre de empresas fantasma vinculadas con robo de combustible


La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá buscar y dar a conocer el nombre y giro de 70 mil empresas fachada o “fantasma” que emiten facturas falsas para la compra y venta de gasolina robada, así como las cantidades facturadas, según instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos indicó que “de enero a junio del presente año, se han reportado en todo el país un total de 5 mil 75 tomas clandestinas, de las cuales 991 están en el estado de Guanajuato, entidad federativa que reporta el mayor número de las mismas. Pero el robo de hidrocarburos no es exclusivo de Guanajuato, y el ilícito se ha reportado o se ha evidenciado en otros lugares, entre ellos Puebla, en el llamado triángulo rojo, en Tamaulipas, Veracruz, Estado de México e Hidalgo, según datos que Pemex mismo reporta”.

Kurczyn Villalobos señaló que, según datos de la Consultora BMI Research, el robo de combustibles en la red de ductos de Pemex, ha generado pérdidas por 7 mil 800 millones de dólares, en los últimos 10 años.

En respuesta al particular que solicitó esa información, el sujeto obligado se declaró incompetente, sugiriéndole presentar su petición ante la Unidad de Transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Inconforme con la incompetencia declarada, el particular presentó recurso de revisión ante el INAI.

En alegatos, la SHCP precisó que turnó el requerimiento a la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual, reiteró la incompetencia, toda vez que carece de facultades de investigación de ilícitos; de igual forma, indicó que entregó la solicitud a la Dirección General de Delitos Fiscales, misma que dijo no contar con la información, ya que no está a cargo de la investigación de interés del particular.

En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada Kurczyn Villalobos, en principio, determinó que la SHCP sí es competente para conocer de la información, ya que, través de su Dirección General de Delitos Fiscales, su Unidad de Inteligencia Financiera y su Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, conoce de la materia de la solicitud.

Se expuso que si bien, la solicitud se turnó a la Dirección General de Delitos Fiscales, ésta señaló que no se encuentra a cargo de la investigación de interés del particular.

Sin embargo, se advirtió que el particular no requirió un reporte de la investigación o la investigación en general, y sólo quiere conocer el nombre y giro de las empresas “fantasma”, así como las cantidades facturadas.

En ese sentido, se consideró que la Dirección General de Delitos Fiscales realizó la búsqueda de la información bajo un criterio restrictivo, ya que ciñó la misma a la investigación de manera general.

Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera únicamente precisó que no cuenta con facultades para la investigación de delitos, omitiendo realizar la búsqueda.

Al respecto, la ponencia localizó el Reglamento Interior del SAT, mismo que, establece que cuenta con la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, la cual se encarga de manera específica, de llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos en el Código Fiscal de la Federación, relacionados con la emisión de comprobantes que amparen operaciones inexistentes.

Además, dicha Administración General adscrita al SAT, se encarga de informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, respecto de los asuntos que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y supervisión, que estén o pudieran estar relacionados con los delitos referidos en el Código Penal Federal, lo que genera su competencia para conocer de lo requerido.

Por otra parte, en el portal electrónico del sujeto obligado, se localizó un comunicado de prensa, en el cual se establece que la Unidad de Inteligencia Financiera participó en un operativo conjunto con distintas dependencias, para llevar a cabo la suspensión de actividades de siete gasolineras que se presume presentaron irregularidades e inconsistencias fiscales; asimismo, se encontró que el objetivo de la estrategia fue combatir el mercado ilícito de gasolina y la evasión fiscal, entre otros.

De igual forma, la secretaría cuenta con la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, encargada de investigar los hechos relacionados con la probable comisión de delitos fiscales y defraudación fiscal y equiparables; además, recaba y analiza las constancias, documentos, informes, declaraciones y cualquier otra prueba, relacionada con esos ilícitos. Sin embargo, a pesar de su competencia, la dependencia omitió realizar la búsqueda en sus archivos.

En ese contexto, aun cuando existe competencia concurrente por parte de la SHCP y el SAT, para conocer de lo solicitado, esto no exime a la dependencia de realizar una búsqueda exhaustiva de la información, ya que cuenta con unidades administrativas que pueden conocer de la misma.

En suma, se consideró fundado el agravio del particular, toda vez que la SHCP es competente para conocer de lo requerido; asimismo, se determinó que no cumplió con el procedimiento de búsqueda, previsto en la Ley Federal de Transparencia.

Por lo anterior, a propuesta de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la SHCP y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información en su Dirección General de Delitos Fiscales, su Unidad de Inteligencia Financiera y su Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, y entregarla al particular, en los términos referidos.

Proceso
Ciudad de México
Lunes 28 de agosto de 2017.


El promedio per cápita a 2016 es el más alto de la historia; en menos de 15 años, el monto casi llegó a duplicarse.
    
El nivel de la deuda pública concierne a la población mexicana en vista de que es pagada con sus contribuciones por multas, impuestos, explotación y venta de recursos naturales.

Si en este momento se tuviera que liquidar la deuda pública federal y de los estados, cada mexicano tendría que pagar 87,586 pesos en promedio, estima la organización México Evalúa con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esa cantidad es la más alta de los últimos 16 años, considerando la evolución del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, que representa el total de la deuda, al cierre de 2016, según información del micrositio La Caja Negra de dicha organización.

De 2012, año en que inició la actual administración federal, al cierre del año pasado, el monto de la deuda total per cápita, incrementó 39%. En ese año el monto de la deuda por persona era de 63,000 pesos. En el 2000 fue de 44,360 pesos.

“La emisión de una mayor deuda no se ha traducido en inversión para impulsar el crecimiento económico, incluso se dio en un contexto de bajo crecimiento”, comentó Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa.

Los datos también son un reflejo del deterioro en la calidad del gasto y la poca transparencia en su ejercicio.

La inversión física cayó 15% --23,000 mdp-- en términos reales en mayo de 2017 con respecto a mayo de 2016. Sin embargo, en el mismo periodo el gasto de operación del gobierno solamente se redujo 4 %, señaló la experta.

Solo en 2016, el presupuesto ejercido superó en más de 500,000 millones de pesos el aprobado por el Congreso.

El tema genera controversia pues el gasto público es producto del pago de impuestos de la población, junto con la renta petrolera.

 “Los impuestos no se justifican, dentro de una economía si no sé su fin. El artículo 73, fracción octava de la Constitución, establece que la deuda pública debe utilizarse para constituir activos, como obra pública, generar más ingresos públicos y así mantener finanzas públicas equilibradas”, comentó Jorge Alejandro Chávez Presa, especialista en finanzas públicas.

Campos reconoció que la situación de las finanzas públicas del gobierno federal mejoró en los primeros cinco meses del año pues el balance total mostró un superávit de 331,000 mdp, en buena parte por los remanentes que recibió de Banco de México por 321,000 mdp.

Expansión
Dainzú Patiño
Ciudad de México
Sábado 15 de julio de 2017.


 Número de subcontratados en industria cae 16% se complica operación de empresas


En medio de un contexto de incompetencia generado por la fiscalización antilavado de las empresas de “outsourcing” y los procesos burocráticos que enfrentan las maquilas que utilizan los servicios, la cantidad de empleados subcontratados por la industria registró una caída del 16 por ciento en la tasa anual a marzo.

El último reporte del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) mostró un decrecimiento sostenido en la subcontratación durante los primeros tres meses del 2017, una reducción que dejó en 10.3 por ciento la proporción de trabajadores subcontratados ocupados en la industria local.

Los datos anualizados al mes de marzo registraron una caída del 16 por ciento luego de pasar de un total de 33 mil 250 a 28 mil 035 trabajadores en 12 meses.

La agudización en el decrecimiento inició en noviembre, con una caída del 12 por ciento y alcanzó su punto máximo en enero de este año, con un 17 por ciento, un nivel de caídas que no se había visto desde el 2014.

Asimismo, la proporción de trabajadores subcontratados ocupados en la industria local cayó hasta el 10.3 por ciento del total de 272 mil 221 empleados, un porcentaje igual de bajo que el registrado durante el mes de febrero del 2010.

El economista y director de Sólo Negocios, Alejandro Sandoval Murillo, señaló que la vigilancia antilavado hacia las empresas de outsourcing –dispuesta en octubre del 2016– ha desincentivado la utilización del servicio, debido a que aumenta las obligaciones de quienes emplean mano de obra indirecta.

El 21 octubre de 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la subcontratación se convirtió en una Actividad Vulnerable, por lo cual la maquiladoras ahora tiene que sujetarse a normas antilavado establecidas en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Sandoval Murillo señaló que gracias a esto, ahora las firmas manufactureras tienen que contratar especialistas para hacer un reporte de la empresa que les ofrece el servicio y entregárselo a la UIF.

“Esa actitud de comprobación de documentos llega a un punto en el que la actividad termina siendo más cara de lo que realmente debía ser y por lo tanto ya no se da la viabilidad del outsourcing”, comentó.

La semana pasada empresas especializadas en dicho servicio se reunieron para pugnar por la reducción en la carga regulatoria existente, sin embargo, hasta el momento ninguna de las empresas ha declarado nada al respecto de su petición a las autoridades federales.

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El Diario
Abraham Rubio
Ciudad de México
Lunes 05 de junio de 2017.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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