El promedio per cápita a 2016 es el más alto de la historia; en menos de 15 años, el monto casi llegó a duplicarse.
    
El nivel de la deuda pública concierne a la población mexicana en vista de que es pagada con sus contribuciones por multas, impuestos, explotación y venta de recursos naturales.

Si en este momento se tuviera que liquidar la deuda pública federal y de los estados, cada mexicano tendría que pagar 87,586 pesos en promedio, estima la organización México Evalúa con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esa cantidad es la más alta de los últimos 16 años, considerando la evolución del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, que representa el total de la deuda, al cierre de 2016, según información del micrositio La Caja Negra de dicha organización.

De 2012, año en que inició la actual administración federal, al cierre del año pasado, el monto de la deuda total per cápita, incrementó 39%. En ese año el monto de la deuda por persona era de 63,000 pesos. En el 2000 fue de 44,360 pesos.

“La emisión de una mayor deuda no se ha traducido en inversión para impulsar el crecimiento económico, incluso se dio en un contexto de bajo crecimiento”, comentó Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa.

Los datos también son un reflejo del deterioro en la calidad del gasto y la poca transparencia en su ejercicio.

La inversión física cayó 15% --23,000 mdp-- en términos reales en mayo de 2017 con respecto a mayo de 2016. Sin embargo, en el mismo periodo el gasto de operación del gobierno solamente se redujo 4 %, señaló la experta.

Solo en 2016, el presupuesto ejercido superó en más de 500,000 millones de pesos el aprobado por el Congreso.

El tema genera controversia pues el gasto público es producto del pago de impuestos de la población, junto con la renta petrolera.

 “Los impuestos no se justifican, dentro de una economía si no sé su fin. El artículo 73, fracción octava de la Constitución, establece que la deuda pública debe utilizarse para constituir activos, como obra pública, generar más ingresos públicos y así mantener finanzas públicas equilibradas”, comentó Jorge Alejandro Chávez Presa, especialista en finanzas públicas.

Campos reconoció que la situación de las finanzas públicas del gobierno federal mejoró en los primeros cinco meses del año pues el balance total mostró un superávit de 331,000 mdp, en buena parte por los remanentes que recibió de Banco de México por 321,000 mdp.

Expansión
Dainzú Patiño
Ciudad de México
Sábado 15 de julio de 2017.


 Número de subcontratados en industria cae 16% se complica operación de empresas


En medio de un contexto de incompetencia generado por la fiscalización antilavado de las empresas de “outsourcing” y los procesos burocráticos que enfrentan las maquilas que utilizan los servicios, la cantidad de empleados subcontratados por la industria registró una caída del 16 por ciento en la tasa anual a marzo.

El último reporte del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) mostró un decrecimiento sostenido en la subcontratación durante los primeros tres meses del 2017, una reducción que dejó en 10.3 por ciento la proporción de trabajadores subcontratados ocupados en la industria local.

Los datos anualizados al mes de marzo registraron una caída del 16 por ciento luego de pasar de un total de 33 mil 250 a 28 mil 035 trabajadores en 12 meses.

La agudización en el decrecimiento inició en noviembre, con una caída del 12 por ciento y alcanzó su punto máximo en enero de este año, con un 17 por ciento, un nivel de caídas que no se había visto desde el 2014.

Asimismo, la proporción de trabajadores subcontratados ocupados en la industria local cayó hasta el 10.3 por ciento del total de 272 mil 221 empleados, un porcentaje igual de bajo que el registrado durante el mes de febrero del 2010.

El economista y director de Sólo Negocios, Alejandro Sandoval Murillo, señaló que la vigilancia antilavado hacia las empresas de outsourcing –dispuesta en octubre del 2016– ha desincentivado la utilización del servicio, debido a que aumenta las obligaciones de quienes emplean mano de obra indirecta.

El 21 octubre de 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la subcontratación se convirtió en una Actividad Vulnerable, por lo cual la maquiladoras ahora tiene que sujetarse a normas antilavado establecidas en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Sandoval Murillo señaló que gracias a esto, ahora las firmas manufactureras tienen que contratar especialistas para hacer un reporte de la empresa que les ofrece el servicio y entregárselo a la UIF.

“Esa actitud de comprobación de documentos llega a un punto en el que la actividad termina siendo más cara de lo que realmente debía ser y por lo tanto ya no se da la viabilidad del outsourcing”, comentó.

La semana pasada empresas especializadas en dicho servicio se reunieron para pugnar por la reducción en la carga regulatoria existente, sin embargo, hasta el momento ninguna de las empresas ha declarado nada al respecto de su petición a las autoridades federales.

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El Diario
Abraham Rubio
Ciudad de México
Lunes 05 de junio de 2017.

 

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