Advierten que Hacienda es juez y parte en el otorgamiento de fondos que sirven con fines políticos

Ciudad de México.- El ramo 23 es una "caja negra" de gasto no vigilado que opera como una herramienta de "control político" para "premiar" o "castigar" a gobiernos estatales, según el partido del que provienen y más si se trata de un año preelectoral.

El estudio "Arquitectura del Ramo 23", presentado por la organización civil México Evalúa, demuestra el uso discrecional de los recursos presupuestales que la Secretaría de Hacienda transfiere a los estados a través de tres de los programas que integran el Ramo 23. Estos son: Contingencias Económicas, Programas Regionales y Fortalecimiento Financiero (Fortafin), que no tienen reglas de operación.

Para estos programas el Congreso de la Unión aprobó 22,000 millones de pesos (mdp) entre 2013 y 2017. Pero al cierre de 2017, el monto de las transferencias ya se había disparado a 318,000 mdp, es decir, 296,000 mdp más que lo aprobado por los legisladores.

En comparación, de 2007 a 2011 el gobierno de Felipe Calderón transfirió 56,922 mdp a estados y municipios a través de esos tres programas. Esto representa un monto seis veces menor que el ejercido por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Además de este aumento, el estudio evidencia la discreción de criterios para distribuir el dinero de manera desigual entre los estados, según el partido político al que pertenece el gobierno local y si se trata de un año preelectoral.

Hacienda es "juez y parte" en el otorgamiento de estos fondos millonarios que sirven "con fines políticos", dijo Edna Jaime, directora general de México Evalúa.

El año pasado, por ejemplo, el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, destinó 36,300 mdp a los gobernadores del PRI, y 11,738 millones de pesos a los del PAN en los tres programas.

En 2011, año previo a las elecciones presidenciales, Ernesto Cordero, entonces titular de Hacienda con Calderón, entregó 8,080 mdp a los gobiernos estatales del PAN y 3,849 mdp a los del PRI.

Son ejemplos los casos del Estado de México y Chihuahua. Entre 2009 y 2012, el gobierno del Edomex que entonces encabezaba Peña Nieto recibió en promedio 1,584 mdp cada año de los tres programas del Ramo 23. A partir de su arribo a la Presidencia, la cifra creció 6 veces y se disparó a 8,327 mdp cada año para su entidad.

Las cuentas son distintas en Chihuahua. El exgobernador prófugo César Duarte recibió en promedio 874 mdp cada año. El monto aumentó a 1,573 mdp en 2016, año electoral en la entidad, y bajó a 70 mdp en 2017, luego de que el PRI perdió la elección y la gubernatura pasó al panista Javier Corral.

El Siglo de Torreón
Torreón, Coahuila, Mx.
Miércoles 28 de febrero de 2018.


La Sedesol entregó a tres universidades casi 540 millones de pesos en convenios que luego negó o en cuyo cumplimiento se desentendió. Casi la mitad del dinero de plano desapareció, según la ASF.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) tres nuevas denuncias penales por malos manejos de casi 540 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó mediante convenios a tres universidades en 2015, año en que esa dependencia estuvo encabezada por Rosario Robles y el hoy precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade.

Sedesol y La Estafa Maestra

Los presuntos desvíos se cometieron con el mismo esquema revelado por Animal Político en la investigación periodística “La Estafa Maestra”, es decir, a través de convenios que dependencias del gobierno federal firmaron con universidades por servicios que, a su vez, estas terminan subcontratando con otras empresas para eludir los controles de licitación y transparencia. Los bienes y servicios que se contrataron terminaron siendo de dudosa calidad o inexistentes.
Los nuevos casos denunciados por la ASF ante la PGR contemplan convenios de Sedesol firmados en 2015 con la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas y la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, quienes recibieron en conjunto casi 540 millones de pesos que estaban destinados, entre otras cosas, a identificar a personas en condiciones de pobreza extrema alimentaria.

Lo que los auditores descubrieron es, entre otras cosas, que buena parte del dinero simplemente desapareció, que la existencia de algunos convenios fueron negados por la propia SEDESOL, pese a que los firmó y hay copias de los mismos. Además, la comprobación de los servicios realizados es, en el mejor de los casos, sospechosa.

Con estas tres nuevas carpetas de investigación abiertas por PGR en diciembre pasado, ya suman 19 las averiguaciones que la Procuraduría tiene en curso por fraudes y desvíos con el esquema de la “Estafa Maestra”, sin que al momento alguna haya sido resuelta.

Cabe recordar que Rosario Robles fue la secretaria de Desarrollo Social, desde diciembre de 2012 hasta el 28 de agosto de 2015, llegando en su relevo José Antonio Meade, que se mantuvo en el cargo hasta el 6 de septiembre de 2016.

A continuación, se mencionan las conclusiones a las que llegaron los auditores al verificar los convenios mencionados y que dieron pie a las denuncias interpuestas. Todo ello forma parte del informe de resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 277-DS.

Sedesol: ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres?

Universidad Intercultural del Estado de México

La Secretaría de Desarrollo Social adjudicó, de forma directa, un monto de 124 millones de pesos a la Universidad Intercultural del estado de México para la aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas, con el objetivo de localizar e identificar a personas que pudieran estar en condiciones de pobreza extrema alimentaria en los 32 estados del país.

La adjudicación se dio mediante la firma del convenio UCD/33901/010/2015 cuya vigencia fue del 5 de marzo de 2015 al 31 de julio de 2015. En este caso el periodo corresponde únicamente a la gestión de Rosario Robles al frente.

Lo que la Auditoría encontró al revisar este convenio fue que Sedesol no proporcionó prueba de las supuestas cotizaciones que hizo con distintas universidades para aplicar los cuestionarios, y elegir a la Universidad Intercultural del Estado de México por ser la mejor opción.

Luego, cuando se solicitó la información, se descubrió que la referida universidad subcontrató la totalidad de los servicios por los que recibió el dinero con dos empresas externas incumpliendo con lo pactado en el convenio: que la Universidad pudiera realizar a los servicios.

La institución pagó a las dos empresas subcontratadas 61.2 millones de pesos para la aplicación de los cuestionarios, sin que exista prueba alguna de donde quedaron los otros 62.8 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social le entregó a la Universidad a través del convenio firmado. El dinero simplemente desapareció por lo que los auditores presumen que se cometió un fraude a la Hacienda Pública.

Cuando los auditores solicitaron la comprobación de los servicios pactados, tanto las empresas contratadas como la Universidad entregaron exactamente los mismos documentos, incluso con los logotipos de la Universidad y la Sedesol, lo que permite presumir que se trataba solo de copias para solventar el trámite.

La ASF cuestionó a la Secretaría de Desarrollo Social sobre este cúmulo de irregularidades, pero la dependencia literalmente respondió que no era de su incumbencia.

“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que no es posible pronunciarse respecto de la subcontratación realizada por la UIEM, debido a que corresponde a hechos ajenos a su control.

Universidad Politécnica de Chiapas

En este caso la Secretaría de Desarrollo Social entregó a la Universidad Politécnica de Chiapas 400 millones de pesos para llevar a cabo la supervisión, control, mejora y monitoreo de los comedores comunitarios en el Estado de México.

Para ello, la dependencia federal firmó dos convenios con la universidad, cada uno por 200 millones de pesos. El primer convenio, número 710.33901.13/2015 tuvo una vigencia del 14 de abril al 31 de diciembre de 2015, mientras que el segundo, 710.33901.14/2015, fue con una vigencia del 6 de mayo al 31 de diciembre de 2015.

La vigencia en ambos contratos abarcó tanto el periodo de Rosario Robles como el de José Antonio Meade en la Sedesol.

El informe de la Auditoría destaca que, como es el modus operandi en esto casos, la dependencia se excusó de haber entregado el dinero sin ningún tipo de competencia con el argumento de que la Universidad es una institución pública y solo se necesitaba acreditar que tuviera la capacidad técnica de realizar el servicio. ¿Cómo se acredita esa capacidad técnica? Con una promesa escrita sin que se realice ninguna verificación al respecto.

Lo grave es que cuando se pidió a la dependencia los comprobantes del servicio por el cual se pagaron los 400 millones, la SEDESOL de plano no proporcionó evidencia alguna que acreditara que recibió en tiempo y forma los servicios de la Universidad. Posteriormente desconoció por completo haber firmado los referidos convenios.

“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que la Dirección General de Desarrollo Comunitario desconoce la existencia del Primer Convenio Específico número 710.33901.13/2015, y Segundo Convenio Específico número 710.33901.14/2015 formalizados con la Universidad Politécnica de Chiapas debido a que no fueron incluidos en el acta de entrega – recepción del titular de esa dirección”, señala el informe de los auditores.

Esta negativa es incongruente con la realidad, agregan los auditores, ya que la documentación de dichos convenios fue entregada a la Auditoría Superior de la Federación en la visita domiciliaria que se efectuó a la Universidad Politécnica de Chiapas.

“La respuesta de la SEDESOL respecto del desconocimiento de las operaciones con la UPCH, no es congruente con la evidencia documental existente en sus archivos como son los convenios formalizados con la UPCH y el pago de 400,000.0 miles de pesos que se realizó a dicha universidad”, detalla el reporte que dio pie a la denuncia contra Sedesol.

Y como es costumbre en estos casos, la Universidad no realizó el servicio, sino que para ello subcontrató a un tercero sin ningún tipo de licitación o competencia. Además, pagó por el servicio 278.4 millones de pesos sin que exista justificación sobre dónde quedó el resto de dinero transferido por la dependencia. Los auditores presumen un fraude al erario de, por lo menos, 121.6 millones de pesos.

Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl del Estado de México

Esta universidad logró que la Sedesol le transfiriera directamente poco más de 15 millones de pesos, con el objetivo de operar la coordinación de diversos proyectos vinculados con la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa con el cual se busca abatir la pobreza alimentaria.

El convenio firmado (que no tiene número) tuvo una vigencia del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2015. Abarcó tanto la gestión de Robles como de Meade en Desarrollo Social.

Lo que los auditores encontraron en este caso fue que la Sedesol no tenía documento alguno que acreditara que se cumplió con el objetivo del contrato.

Sobre el cumplimiento de dicho convenio, la SEDESOL informó: “En cuanto a la acreditación en tiempo y forma de los entregables derivados de dichos convenios no existe un documento como tal; sin embargo, eso queda plasmado en el Acta de cierre de la Comisión Técnica…” indica el reporte de los auditores. El problema es que no se proporcionó tampoco ninguna evidencia documental de que lo anterior fuera cierto.

Cabe señalar que algunos de los conceptos que tendrían que haberse cubierto por parte de la universidad era realizar trabajos como la conformación y consolidación de comités comunitarios, autodiagnósticos comunitarios, planes de desarrollo comunitario, la gestión e implementación de acciones y proyectos específicos y asambleas implementadas para el fomento al desarrollo comunitario.

Pero cuando se pidió a la universidad la comprobación, lo único que entregó fueron documentos donde se asegura que se realizaron 5,001 asambleas de seguimiento. Los auditores revisaron la documentación y encontraron múltiples incongruencias como fechas de 2014 o promotores que no tenían el perfil para serlo. En resumen, ninguna evidencia concreta que acreditara que esas asambleas ocurrieron.

Por ello la Auditoria concluyó que existe un quebranto a erario público que asciende a los 15 millones 658 mil pesos. La denuncia penal se interpuso en contra de los funcionarios de la Sedesol que resulten probables responsables.

Animal Político
Arturo Angel
@arturoangel20
Ciudad de México
Jueves 11 de enero de 2018.

Ciudad de México. - El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, aclaró que el estado de Chihuahua recibió recursos extraordinarios adicionales a los presupuestados durante todo el año anterior.

En entrevista televisiva con Carlos Loret de Mola, el responsable de las finanzas públicas del país explicó que fueron mil millones de pesos más en participaciones y casi mil millones de pesos más en aportaciones.

“Hay una comisión de funcionarios fiscales, es decir, todos los secretarios de finanzas de todos los estados, que monitorean que esto ocurra, por lo que tuvo dos mil millones de pesos más durante todo el año por arriba de su presupuesto, y tres mil millones más comparado con 2016”.

Destacó que el gobernador de dicha entidad, Javier Corral, mencionó varios convenios que no se pagaron, pero uno se realizó el 29 de diciembre y para otro se les dio una cuenta de banco equivocada, por lo que no pudieron depositar el monto.

“Nos dieron apenas el número de cuenta ayer”, aclaró, pero los recursos ya no se depositarán porque son del año fiscal pasado.

Sobre el convenio de fortalecimiento financiero, por 700 millones de pesos, explicó que el gobierno de Chihuahua tiene por concepto de transferencias federales 42 mil millones de pesos, por lo que dicha suma representa solamente 1.5 por ciento.

Asimismo, explicó que la cláusula 2 del convenio dice que estos recursos están sujetos a suficiencia presupuestal: “los otros recursos que pudimos pagar los pagamos, éste no, hubo otros estados en los que tampoco se pagaron”.

Asimismo, González Anaya comentó que en una reunión el 4 de enero de este año recibieron al gobernador, al subsecretario de ingresos y al procurador fiscal, y platicaron sobre el tema, “le dije que hubo un problema de insuficiencia presupuestal para el año pasado”.

Por lo cual para este 2018 se tiene que renovar el convenio, porque es otro año fiscal, ellos presentarán una controversia, “pero no tiene otro trasfondo que esto, yo insisto en que todos los recursos por ley se les han transferido”.

“Ayer sacamos un comunicado con unidad, sobrio y técnico, con las razones por las cuales no se pudo hacer. Son recursos adicionales y la razón por la que no hubo suficiencia presupuestal es porque nuestro mandato en Hacienda es mantener la estabilidad macroeconómica”.

En cuanto a los indicadores macroeconómicos, dijo que el tipo de cambio arrancó bien el año.

El final de año es complicado porque las semanas de Navidad y Año Nuevo es un periodo "en el que el mercado es muy delgado, en donde hay muy pocas transacciones, pero este año el tipo de cambio se movió a 19.20 pesos, y esperamos que se estabilice".

Añadió que las tres preocupaciones siguen siendo las mismas: la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), en donde se ve que hay progreso, así como la incertidumbre alrededor del tema electoral.

La tercera es la reforma fiscal de Estados Unidos, que ya se materializó y con la cual se trabaja con el sector privado; donde una gran parte se va contra el deterioro de las finanzas públicas de ese país, porque tienen la moneda reserva del mundo.

Y en segundo lugar porque es una reforma regresiva donde los beneficios, cerca del 40 por ciento, los concentra 1.0 por ciento de la población más rica.

"Es algo que estamos estudiando y viendo qué podemos hacer para mantener la competitividad, en coordinación incluso con otros países".

Notimex
Ciudad de México
Martes 9 de enero de 2018.


•    "Los bancos son los que están en mayor riesgo, pero otros sectores son vulnerables a las actividades de lavado de activos", explicó el capítulo latinoamericano del GAFI

•    El GAFI consideró que el lavado de dinero "no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva".

•    El volumen de información que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)-(SHCP) reporta a la fiscalía es limitado en cantidad, lo que deriva en un número bajo de investigaciones financieras.


MEXICO, 3 ene (Xinhua) -- El Grupo de Acción Financiera (GAFI), que sugiere estándares de protección para el sistema financiero global, recomendó hoy miércoles a México fortalecer diversos frentes en el combate al lavado de dinero, debido a los riesgos que enfrenta en la materia.

     En el Informe de Evaluación Mutua "Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo", el GAFI señaló que México debe priorizar las investigaciones en lavado de dinero, decomiso de bienes ilícitos, supervisión de actividades vulnerables no financieras e identificación de beneficiarios finales de activos y empresas.

     "Los bancos son los que están en mayor riesgo, pero otros sectores son vulnerables a las actividades de lavado de activos", explicó el capítulo latinoamericano del GAFI, que agrupa a 17 países de la región.

     "Los bancos dominan el sector financiero, manejan un gran volumen de operaciones y están bien interconectados con el sistema financiero internacional", agregó.

     En lo que respecta a las posibilidades de financiamiento al terrorismo, el organismo señaló que el riesgo en México es bajo, aunque se han detectado algunos casos.

     Agregó que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) de México no consideraba hasta hace poco la identificación e investigación del lavado de activos como una de sus prioridades.

     El GAFI consideró que el lavado de dinero "no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva".

     En opinión del organismo intergubernamental, el volumen de información que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reporta a la fiscalía es limitado en cantidad, lo que deriva en un número bajo de investigaciones financieras.

     La UIF depende de la gubernamental Secretaría (ministerio) de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

     "El nivel de corrupción que afecta a las cuatro autoridades de orden público, en particular en el ámbito de los estados, socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves", indicó el GAFI en su reporte, resultado de una visita de expertos a México del 28 de febrero al 16 de marzo de 2017.

     Añadió que en México no se decomisa en forma adecuada el efectivo sospechoso y falsamente declarado.

     "Una preocupación grave a lo largo de todos los sectores es que se identifica al beneficiario final solamente en forma limitada", precisó.

     Las instituciones financieras intentan identificar a los beneficiarios finales sólo en circunstancias limitadas, en gran medida por las debilidades del marco jurídico.

     Pese a los retos que todavía enfrenta México, el GAFI consideró que hay mejoras "significativas" en contraste con 2008, cuando se llevó a cabo la última evaluación del país por el organismo intergubernamental, en el que también participa el Fondo Monetario Internacional.

     "Se tiene un régimen de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo maduro, con un correspondiente marco legal institucional bien desarrollado", concluyó.

     El GAFI desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

     Las recomendaciones del organismo son reconocidas como el estándar global.

Xinhua
Ciudad de México
Miércoles 3 enero 2018.


     MEXICO, 26 dic (Xinhua) -- Las autoridades económicas de México consideraron hoy martes que la volatilidad en el mercado cambiario local ha propiciado un deterioro de las operaciones, por lo que anunciaron que inyectarán más recursos para fomentar su corrección.

     "Durante los últimos días el mercado cambiario en nuestro país ha registrado episodios de alta volatilidad acompañados de un deterioro de las condiciones de operación en dicho mercado", señaló un comunicado difundido por la Comisión de Cambios, integrada por el central Banco de México y la Secretaría (ministerio) de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

     La comisión venderá a partir de este martes coberturas cambiables en el mercado por 500 millones de dólares, como parte del mecanismo establecido desde el 21 de febrero pasado por un total de 20.000 millones de dólares.

     "El Banco de México renovará la totalidad de los vencimientos de estas operaciones hasta que la Comisión de Cambios lo considere pertinente", agregó la entidad.

     La medida busca propiciar mejores condiciones de liquidez, un mejor descubrimiento de precios y un funcionamiento ordenado del mercado de cambios, agregó.

     Indicó que desde que comenzó el programa en febrero, se han realizado subastas por un monto de 5.000 millones de dólares en el mercado de cambios y los vencimientos que hasta el momento se han presentado han sido renovados en su totalidad.

     El 25 de octubre pasado, las autoridades financieras anunciaron también medidas de apoyo a la moneda mexicana, que atraviesa por un periodo de depreciación por la incertidumbre en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

     Otros factores de inestabilidad cambiaria se atribuyen a la recién promulgada reforma fiscal en EEUU y a las próximas elecciones presidenciales que tendrá México en julio de 2018.

     El peso mexicano cerró la semana pasada con una depreciación del 3,27 por ciento, la mayor caída semanal desde el periodo comparable del 11 de noviembre de 2016, tras conocerse la victoria electoral del actual presidente estadounidense, Donald Trump.

     La moneda mexicana cotizaba este martes en alrededor de 19,57 pesos por dólar, con una apreciación de 0,9 por ciento o 17,8 centavos con respecto al cierre del lunes, de acuerdo con el banco de inversión Base.

     La moneda alcanzó el lunes un máximo de 19,8 pesos por dólar en un contexto de poca liquidez, ya que la mayoría de los mercados financieros permanecieron cerrados por el feriado de Navidad, explicó Base.

Xinhua
Ciudad de México
Martes 26 diciembre 2017.


El INAI ordena a Hacienda dar nombre de empresas fantasma vinculadas con robo de combustible


La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá buscar y dar a conocer el nombre y giro de 70 mil empresas fachada o “fantasma” que emiten facturas falsas para la compra y venta de gasolina robada, así como las cantidades facturadas, según instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos indicó que “de enero a junio del presente año, se han reportado en todo el país un total de 5 mil 75 tomas clandestinas, de las cuales 991 están en el estado de Guanajuato, entidad federativa que reporta el mayor número de las mismas. Pero el robo de hidrocarburos no es exclusivo de Guanajuato, y el ilícito se ha reportado o se ha evidenciado en otros lugares, entre ellos Puebla, en el llamado triángulo rojo, en Tamaulipas, Veracruz, Estado de México e Hidalgo, según datos que Pemex mismo reporta”.

Kurczyn Villalobos señaló que, según datos de la Consultora BMI Research, el robo de combustibles en la red de ductos de Pemex, ha generado pérdidas por 7 mil 800 millones de dólares, en los últimos 10 años.

En respuesta al particular que solicitó esa información, el sujeto obligado se declaró incompetente, sugiriéndole presentar su petición ante la Unidad de Transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Inconforme con la incompetencia declarada, el particular presentó recurso de revisión ante el INAI.

En alegatos, la SHCP precisó que turnó el requerimiento a la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual, reiteró la incompetencia, toda vez que carece de facultades de investigación de ilícitos; de igual forma, indicó que entregó la solicitud a la Dirección General de Delitos Fiscales, misma que dijo no contar con la información, ya que no está a cargo de la investigación de interés del particular.

En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada Kurczyn Villalobos, en principio, determinó que la SHCP sí es competente para conocer de la información, ya que, través de su Dirección General de Delitos Fiscales, su Unidad de Inteligencia Financiera y su Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, conoce de la materia de la solicitud.

Se expuso que si bien, la solicitud se turnó a la Dirección General de Delitos Fiscales, ésta señaló que no se encuentra a cargo de la investigación de interés del particular.

Sin embargo, se advirtió que el particular no requirió un reporte de la investigación o la investigación en general, y sólo quiere conocer el nombre y giro de las empresas “fantasma”, así como las cantidades facturadas.

En ese sentido, se consideró que la Dirección General de Delitos Fiscales realizó la búsqueda de la información bajo un criterio restrictivo, ya que ciñó la misma a la investigación de manera general.

Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera únicamente precisó que no cuenta con facultades para la investigación de delitos, omitiendo realizar la búsqueda.

Al respecto, la ponencia localizó el Reglamento Interior del SAT, mismo que, establece que cuenta con la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, la cual se encarga de manera específica, de llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos en el Código Fiscal de la Federación, relacionados con la emisión de comprobantes que amparen operaciones inexistentes.

Además, dicha Administración General adscrita al SAT, se encarga de informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, respecto de los asuntos que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y supervisión, que estén o pudieran estar relacionados con los delitos referidos en el Código Penal Federal, lo que genera su competencia para conocer de lo requerido.

Por otra parte, en el portal electrónico del sujeto obligado, se localizó un comunicado de prensa, en el cual se establece que la Unidad de Inteligencia Financiera participó en un operativo conjunto con distintas dependencias, para llevar a cabo la suspensión de actividades de siete gasolineras que se presume presentaron irregularidades e inconsistencias fiscales; asimismo, se encontró que el objetivo de la estrategia fue combatir el mercado ilícito de gasolina y la evasión fiscal, entre otros.

De igual forma, la secretaría cuenta con la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, encargada de investigar los hechos relacionados con la probable comisión de delitos fiscales y defraudación fiscal y equiparables; además, recaba y analiza las constancias, documentos, informes, declaraciones y cualquier otra prueba, relacionada con esos ilícitos. Sin embargo, a pesar de su competencia, la dependencia omitió realizar la búsqueda en sus archivos.

En ese contexto, aun cuando existe competencia concurrente por parte de la SHCP y el SAT, para conocer de lo solicitado, esto no exime a la dependencia de realizar una búsqueda exhaustiva de la información, ya que cuenta con unidades administrativas que pueden conocer de la misma.

En suma, se consideró fundado el agravio del particular, toda vez que la SHCP es competente para conocer de lo requerido; asimismo, se determinó que no cumplió con el procedimiento de búsqueda, previsto en la Ley Federal de Transparencia.

Por lo anterior, a propuesta de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la SHCP y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información en su Dirección General de Delitos Fiscales, su Unidad de Inteligencia Financiera y su Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, y entregarla al particular, en los términos referidos.

Proceso
Ciudad de México
Lunes 28 de agosto de 2017.


El promedio per cápita a 2016 es el más alto de la historia; en menos de 15 años, el monto casi llegó a duplicarse.
    
El nivel de la deuda pública concierne a la población mexicana en vista de que es pagada con sus contribuciones por multas, impuestos, explotación y venta de recursos naturales.

Si en este momento se tuviera que liquidar la deuda pública federal y de los estados, cada mexicano tendría que pagar 87,586 pesos en promedio, estima la organización México Evalúa con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esa cantidad es la más alta de los últimos 16 años, considerando la evolución del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, que representa el total de la deuda, al cierre de 2016, según información del micrositio La Caja Negra de dicha organización.

De 2012, año en que inició la actual administración federal, al cierre del año pasado, el monto de la deuda total per cápita, incrementó 39%. En ese año el monto de la deuda por persona era de 63,000 pesos. En el 2000 fue de 44,360 pesos.

“La emisión de una mayor deuda no se ha traducido en inversión para impulsar el crecimiento económico, incluso se dio en un contexto de bajo crecimiento”, comentó Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa.

Los datos también son un reflejo del deterioro en la calidad del gasto y la poca transparencia en su ejercicio.

La inversión física cayó 15% --23,000 mdp-- en términos reales en mayo de 2017 con respecto a mayo de 2016. Sin embargo, en el mismo periodo el gasto de operación del gobierno solamente se redujo 4 %, señaló la experta.

Solo en 2016, el presupuesto ejercido superó en más de 500,000 millones de pesos el aprobado por el Congreso.

El tema genera controversia pues el gasto público es producto del pago de impuestos de la población, junto con la renta petrolera.

 “Los impuestos no se justifican, dentro de una economía si no sé su fin. El artículo 73, fracción octava de la Constitución, establece que la deuda pública debe utilizarse para constituir activos, como obra pública, generar más ingresos públicos y así mantener finanzas públicas equilibradas”, comentó Jorge Alejandro Chávez Presa, especialista en finanzas públicas.

Campos reconoció que la situación de las finanzas públicas del gobierno federal mejoró en los primeros cinco meses del año pues el balance total mostró un superávit de 331,000 mdp, en buena parte por los remanentes que recibió de Banco de México por 321,000 mdp.

Expansión
Dainzú Patiño
Ciudad de México
Sábado 15 de julio de 2017.


 Número de subcontratados en industria cae 16% se complica operación de empresas


En medio de un contexto de incompetencia generado por la fiscalización antilavado de las empresas de “outsourcing” y los procesos burocráticos que enfrentan las maquilas que utilizan los servicios, la cantidad de empleados subcontratados por la industria registró una caída del 16 por ciento en la tasa anual a marzo.

El último reporte del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) mostró un decrecimiento sostenido en la subcontratación durante los primeros tres meses del 2017, una reducción que dejó en 10.3 por ciento la proporción de trabajadores subcontratados ocupados en la industria local.

Los datos anualizados al mes de marzo registraron una caída del 16 por ciento luego de pasar de un total de 33 mil 250 a 28 mil 035 trabajadores en 12 meses.

La agudización en el decrecimiento inició en noviembre, con una caída del 12 por ciento y alcanzó su punto máximo en enero de este año, con un 17 por ciento, un nivel de caídas que no se había visto desde el 2014.

Asimismo, la proporción de trabajadores subcontratados ocupados en la industria local cayó hasta el 10.3 por ciento del total de 272 mil 221 empleados, un porcentaje igual de bajo que el registrado durante el mes de febrero del 2010.

El economista y director de Sólo Negocios, Alejandro Sandoval Murillo, señaló que la vigilancia antilavado hacia las empresas de outsourcing –dispuesta en octubre del 2016– ha desincentivado la utilización del servicio, debido a que aumenta las obligaciones de quienes emplean mano de obra indirecta.

El 21 octubre de 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la subcontratación se convirtió en una Actividad Vulnerable, por lo cual la maquiladoras ahora tiene que sujetarse a normas antilavado establecidas en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Sandoval Murillo señaló que gracias a esto, ahora las firmas manufactureras tienen que contratar especialistas para hacer un reporte de la empresa que les ofrece el servicio y entregárselo a la UIF.

“Esa actitud de comprobación de documentos llega a un punto en el que la actividad termina siendo más cara de lo que realmente debía ser y por lo tanto ya no se da la viabilidad del outsourcing”, comentó.

La semana pasada empresas especializadas en dicho servicio se reunieron para pugnar por la reducción en la carga regulatoria existente, sin embargo, hasta el momento ninguna de las empresas ha declarado nada al respecto de su petición a las autoridades federales.

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El Diario
Abraham Rubio
Ciudad de México
Lunes 05 de junio de 2017.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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