Los primeros sitios de captación corresponden a los consorcios españoles Grupo Aldesa


Ciudad de México. - De un total de 188 empresas constructoras que han accedido a contratos para obras de infraestructura carretera con valor de 100 millones de pesos (mdp) en adelante, otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entre diciembre de 2012 y diciembre de 2017, sólo 20.74% ha participado en proyectos por 500 millones o una cantidad superior.

Este segmento está integrado por 39 consorcios -con relaciones políticas en altas esferas del poder o de origen foráneo- que han conseguido la rebanada más grande de los contratos públicos para obras de alto impacto en carreteras mexicanas, pues cada firma accedió a paquetes presupuestales de entre 500 y 4 mil 124 millones de pesos.

Los primeros sitios de captación -considerando tanto las asignaciones individuales como el tamaño presupuestal de las contrataciones conjuntas en las que participó cada firma- corresponden a los consorcios españoles Grupo Aldesa, que accedió a un paquete presupuestal de 4 mil 124.53 mdp, y Grupo Entrecanales, que participó en contratos con valor de 3 mil 666.93 mdp.

Les siguen el grupo portugués Mota-Engil, con 3 mil 404.08 mdp; las mexicanas Epccor, con 2 mil 415 mdp; Coconal, con 2 mil 331.85 mdp; Constructora y Edificadora GIA+A, con 2 mil 226.82 mdp; Operadora Cicsa, con mil 913.34 mdp; el español Grupo Azvi, con mil 797.96 mdp; Desarrollo Integral Diccsa, con mil 173.96 mdp; Constructora Makro, con mil 76.14 mdp; Grupo Constructor Zea, con mil 50.71 mdp; Grupo Idinsa, con mil 3.89 mdp; Gasamaru, con 980.103 mdp; Desarrolladora de Infraestructuras Hispano-Mexicanas, con 952.516 mdp; Grupo Indi, con 952.516 mdp, la francesa Freyssinet, con 935.39 mdp, y Propiedades Inmobiliarias de México, con 933.65 millones de pesos.

De acuerdo con un cotejo efectuado a partir de consultas en los índices de Compranet, del Portal de Obligaciones de Transparencia y de solicitudes de información pública, 236 contratos asignados por la SCT se ubicaron en el rango de los 100 mdp en adelante e implicaron una erogación pública de 55 mil 202.37 mdp.

La mayoría de las firmas mencionadas han obtenido otras contrataciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero por montos inferiores al rango señalado. Grupo Aldesa construyó, en sociedad con Epccor, el Paso Exprés de Cuernavaca, donde se abrió un socavón que costó la vida a dos personas. Lo encabeza Alejandro Fernández Ruiz, quien en 2013 compareció ante la Audiencia Nacional española acusado de financiar ilegalmente a líderes del Partido Popular (PP). Las firmas del grupo que han participado en obras en México son Construcciones Aldesem, Operadora de Autopistas Aldesem, Proacon e Ingeniería y Servicios ADM.

 VIADUCTOS DE CONEXIÓN

Otros casos relevantes han sido la construcción de los túneles gemelos en los viaductos de conexión Interlomas de la autopista Naucalpan-Toluca, así como otros en Nayarit, Tabasco, Yucatán, Baja California Sur y Guanajuato. Tiene también la concesión, por 30 años, del tramo Jantetelco-El Higuerón, en Morelos. El valor de los contratos en los que ha participado junto a otras empresas es de 3 mil 17.44 mdp, pero también ha obtenido contratos individuales -sólo para empresas del grupo- por mil 107.08 mdp.
El Grupo Entrecanales, por su parte, es propiedad de la familia Entrecanales Domecq. Tiene inversiones en construcción, telefonía, energía, así como servicios navieros, aeroportuarios y ferroviarios.

Su participación en obras carreteras ha sido a través de Acciona Infraestructuras y Acciona Infraestructuras México. Entre ellas, destaca la modernización del tramo Ciudad Obregón-Guaymas de la carretera Estación Don-Nogales, en Sonora; la carretera, el entronque y el túnel de la carretera ramal a Compostela, en Nayarit, y otras en esa entidad, el Estado de México, Veracruz y Guerrero.

Los contratos grupales en los que participó tuvieron un valor de mil 155.22 mdp, mientras que su facturación en contratos sólo para empresas del grupo fue de 2 mil 511 mdp. El Grupo Mota-Engil, a su vez, comenzó actividades en la antigua colonia portuguesa de Angola. Ha trabajado en África y Sudamérica desde mediados del siglo XIX. En 2007 inició operaciones en México, al conseguir la concesión de la autopista Perote-Xalapa.

Bajo la actual administración federal destacan sus contratos para la construcción de la carretera Ciudad Valles-Tampico; su participación en el libramiento de Acapulco, y en otras obras en Nayarit, Tabasco, San Luis Potosí y Colima. Obtuvo contratos carreteros de manera individual o sólo para empresas del consorcio por 2 mil 829.36 mdp, y agrupado con empresas externas consiguió una contratación de 574.71 mdp.

En tanto, Epccor pertenece a los hijos de Juan Diego Gutiérrez Cortina, fundador de Gutsa Infraestructura, involucrada en escándalos por su participación en la Autopista del Sol, la biblioteca José Vasconcelos y la Estela de Luz. Uno de sus accionistas fue Jaime del Conde Ugarte, exdiputado federal panista y expresidente de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos.

El apoderado de Epccor es Juan Diego Gutiérrez Sainz. Entre sus contratos carreteros más importantes en este sexenio está la reconstrucción de diversos puentes en Guerrero y otros en la carretera Chicomuselo-La Concordia, Chiapas. El valor de los contratos grupales a los que accedió, del tipo aquí abordado, fue de 2 mil 218.59 mdp, mientras que su facturación individual llegó a 196.39 mdp.

El Grupo Coconal, por su parte, está formado por la Compañía Contratista Nacional, Coconal S.A.P.I., así como por las concesionarias de autopistas Acsa, Coinsain y Acomex. Esta última firma es la administradora del Circuito Exterior Mexiquense, la conservadora de caminos Opasa, y la transportista de maquinaria Tranmaco.

Sus accionistas son (escritura 5337, Notaría 221, CDMX) Mina Francisco, Enrique Carlos y Francisco Luna Márquez; Manuel Ignacio Pacheco Hinojosa, Albano Baruch Andón Nochebuena, Héctor Saúl Ovalle Mendívil y Héctor Ovalle Favela, quien dirige la compañía desde 1998. Ernesto Costemalle Botello -exdirector de la Conasupo durante el gobierno de Miguel de la Madrid- fue comisario del consejo de administración de Coconal.

Entre sus contratos carreteros más relevantes están el libramiento de Villahermosa, Tabasco; la reconstrucción del Puente Miguel Alemán, en la carretera Ciudad Altamirano-Zihuatanejo, y su participación en la modernización del tramo Ciudad Obregón-Guaymas, en la carretera federal número 15. Toda su facturación fue individual y sumó 2 mil 331.85 mdp.

La Constructora y Edificadora GIA+A pertenece al Grupo Ingeniería, Arquitectura y Asociados. Según datos notariales (acta 45700, Notaría 196, Ciudad de México), ambas firmas son presididas por Hipólito Gerard Rivero, excuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Son accionistas también Hipólito Pablo Gerard Butler, exsocio del banquero Carlos Abedrop; el ingeniero Pablo Justel Cuevas y Pablo Suinaga.

Su apoderado legal es Alejandro Francisco de la Concha Estrada, abogado de la subgerencia de Servicios Jurídicos de la Región Sur-Sureste de Pemex Exploración y Producción hasta 2013. Entre las principales obras en las que ha participado está la construcción de tramos de la carretera Jala-Compostela, el libramiento de Campeche y la modernización de la carretera Ixtlahuaca-Metepec, en el Estado de México. Todas sus contrataciones fueron bajo asociación -la mayoría con Grupo Azvi y una con el también ibérico Grupo Rubau-, que alcanzaron 2 mil 226.82 mdp.

Operadora Cicsa es parte del Grupo Carso, del empresario Carlos Slim. Construyó el viaducto elevado en el tramo inicial de la autopista México-Cuernavaca, hasta cruzar la caseta de cobro, en la intersección que converge con el Monumento al Caminero. Su facturación es individual, por mil 913.34 mdp.

A su vez, el Grupo Azvi es presidido por Manuel Contreras Caro, quien también compareció en 2013 ante la Audiencia Nacional española tras ser implicado en el financiamiento al PP. Está formado por Cointer, Traccion Rail, Azvi Inmobiliaria, Azvi y Construcciones Urales. Éstas últimas son las firmas del grupo que han participado en México, en asociación con GIA+A. El valor contractual de las obras en que participó alcanza mil 797.96 mdp.

 PASO VEHICULAR

Desarrollo Integral Industrial y Comercial (DIICSA), del mexiquense Víctor Manuel Salgado Álvarez, opera desde 2002 y la mayoría de sus contrataciones ha sido grupal, con Acciona, Grupo Dinsa, Erlival, Icapsa e Infraestructuras Hispano-Mexicanas. Su proyecto más importante fue la construcción del paso vehicular en la autopista Querétaro-Irapuato. Su facturación grupal es de 692.36 mdp, y la individual de 383.77 mdp.
La Constructora Makro y Magnamaq integran un grupo en el que también se encuentra Anemo Energy, del tijuanense Marco Antonio Santacruz Cuevas. Participaron en dos tramos de la ampliación de la carretera Estación Don-Nogales. Toda su facturación es del mismo grupo, por mil 76.14 mdp.

Freyssinet, por su parte, integra el consorcio galo de construcción, operación tecnológica, manufactura y energía nuclear Soletanch Bachy. Tiene presencia en más de 80 países y se estableció en México en 1976. Es conducida en el país por Luis Rojas Nieto. Todas sus asignaciones carreteras fueron individuales y por adjudicación directa, por 935 mdp.

El Grupo Constructor Zea ha sido conducido por Jaime (+), Federico y Moisés Zecua Muñoz. Lo forman las divisiones Jaguar Maquinaria, Jaguar Asfaltos, Jaguar Concreto Hidráulico, Triturados Antara y Jaguar Ingenieros Constructores. Cuenta con amplios antecedentes de contrataciones en la Junta de Caminos del Estado de México, y a nivel federal obtuvo los contratos para construir subtramos de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa; ejes del distribuidor vial Alfredo del Mazo y otras obras en Guanajuato y Chihuahua.

El Siglo de Torreón
Ciudad de México
Lunes 7 de mayo de 2018.


     MEXICO, 18 ene (Xinhua) -- Una comisión indagará las causas del descarrilamiento de un vagón de ferrocarril que causó la muerte de cinco personas este jueves en un área urbana del central estado de México, informó el gobierno mexicano.

     La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que, a la par de las pesquisas, su personal estará vigilante de que se brinde la indemnización que corresponda a las personas afectadas.

     El último furgón del convoy, que estaba cargado con granos, se descarriló y volcó al filo de las 6:00 hora local en un barrio de la municipalidad de Ecatepec, la cual forma parte de la zona metropolitana del Valle de México.

     Durante el percance, el carro chocó contra una pequeña vivienda a orillas de la vía del ferrocarril, provocando la muerte de dos adultos y tres menores de edad, además de heridas a otro niño de 12 años.

     El ministerio federal detalló que se trata de la línea ferroviaria "S" que está concesionada a la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México, mientras que el vagón accidentado es de la compañía Kansas City Southern de México.

     La comisión investigadora que determinará las causas estará a cargo de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, abundó en un comunicado.

     Expuso que sus funcionarios y representantes de la concesionaria colaboraban ya con los cuerpos de emergencia en el sitio del percance, donde también buscaban prestar asistencia a familiares de las víctimas.

     El tren cubría un viaje del estado de Veracruz hacia la zona industrial de Ecatepec, localidad ubicada en el noreste de la metrópoli que conforman la capital del país y municipalidades del estado de México.

Xinhua
Ciudad de México
Jueves 18 de enero de 2018.


La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) firmó el contrato base para la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca sin contar con un proyecto ejecutivo, lo que incrementó su costo en 714.6 millones de pesos, sin considerar el IVA.

Este incremento, de acuerdo con la auditoría practicada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), está referido al contrato principal, que es la ejecución de la obra y que fue asignado al consorcio Aldesem y Eppcor por un monto de mil 45.8 millones de pesos, con IVA incluido.

El Paso Exprés es una obra que inició en 2014 y fue inaugurada en abril pasado. En su diseño, construcción y supervisión, la SCT celebró 13 contratos con distintas empresas y prestadores de servicios.

La SFP llevó a cabo una auditoría a cuatro de esos contratos, entre ellos el de la ejecución de la obra, que es el que tiene el monto más elevado y del que detectó el sobrecosto por la mala planeación.

"Se concluye que se llevó a cabo el procedimiento de licitación sin contar con el proyecto ejecutivo autorizado, con el que se generó un catálogo de conceptos E-7, presentado por la Dirección General de Carreteras", señala el documento.

"Dicho proyecto resultó deficiente, al existir variaciones que derivaron en la elaboración de convenios modificatorios y la contratación de servicios para el seguimiento y adecuación del proyecto".

En toda obra de construcción, lo usual es que primero se tiene el proyecto ejecutivo y después se contrata a quien lo va a ejecutar, pues éste es el que contiene los planos y las especificaciones técnicas y es el que sirve como base para calcular los costos.

La auditoría refiere que la SCT emitió la convocatoria de la licitación pública para la construcción de la vía el 16 de octubre de 2014 y el 24 de noviembre de ese mismo año asignó el contrato.

Sin embargo, fue hasta enero de 2015 que Banobras firmó con la empresa Orva Ingeniería SA de CV el contrato del proyecto ejecutivo, es decir, posteriormente a la firma de la construcción de la vía.

El 12 de julio pasado, en el kilómetro 93+857 se abrió un socavón de casi cinco metros de profundidad en el que cayeron y murieron dos personas.

La oquedad se formó debido a que el tubo de la barranca que cruza por debajo de la vía se fracturó y formó una represa de agua que removió la tierra.

Eso ocurrió pese a la advertencia de los vecinos, quienes pidieron sustituir el tubo y ampliar su capacidad de desfogue, solicitud que no fue atendida.

Piden renuncia y castigo a Ruiz Esparza

Senadores del PAN, PRD, Morena e independientes exigieron este miércoles la renuncia del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

Los legisladores pidieron que el funcionario deje el cargo, luego que la Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló anomalías por más de mil millones de pesos en la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca.

El panista Raúl Gracia condenó que el Presidente Enrique Peña Nieto mantenga a Ruiz Esparza en el Gabinete sólo por la cercanía personal, sin importar las fallas cometidas por la Secretaría.

"La gran falla de este sexenio es que cada vez que los colaboradores del Presidente incurren en una falla o en un acto de corrupción, él prefiere la amistad antes que dar resultados a los ciudadanos. Prefiere mantener al amigo que actuar conforme a derecho", criticó.

"Obviamente Ruiz Esparza debe dejar el cargo, es una acción que costó vidas, que se pudo prever, nunca debió haber sucedido y en cualquier país democrático del mundo esto ya hubiera generado la salida del titular de la dependencia".

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Sánchez, coincidió en que el Secretario debe dejar el cargo y responder ante la justicia sobre las omisiones que derivaron en la apertura de un socavón a pesar de que se trató de una obra millonaria.

El legislador exigió que se castigue a los verdaderos responsables de los hechos y no a funcionarios menores.

"Sí hay una responsabilidad directa del Secretario. Es parte de toda la corrupción que existe en esta Secretaría, aunque no pasa nada, porque sabemos que el Secretario es protegido del Presidente de la República, hay un contubernio desde lo más alto de la esfera de poder del País", expresó.

"Hay una alta responsabilidad y no puede ser que sea de funcionarios menores, de ninguna manera".

El senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Fidel Demédicis, pidió que se finquen responsabilidades administrativas y penales en contra de Ruiz Esparza.

Demédicis confió en que la auditoría de la SFP pueda derivar en la renuncia del funcionario.

"Están buscando cómo lavarse las manos y en un momento complicado para Peña Nieto y Ruiz Esparza puede ser el que van a sacrificar. Se puede dar algo parecido a lo que ocurrió con el 'Quinazo'", afirmó.

"Solicitamos su renuncia, pero ahora no sólo debe salir, se le deben fincar responsabilidades de tipo administrativo y penal".

La senadora independiente Dolores Padierna denunció que Ruiz Esparza está protegido por el Presidente y es la única explicación para que siga en el cargo.

"Del socavón del 12 de julio, hay otro auténtico socavón: el financiero que es el de un mil millones de pesos que halló la SFP y es la mitad del costo de toda la obra, sin que ello merezca alguna mención sobre fincamiento de responsabilidades", acusó.

Padierna consideró extraño que la SFP no haya determinado ninguna sanción o responsabilidad administrativa a los funcionarios de la SCT que autorizaron, permitieron y avalaron la actuación ilegal de las empresas, el sobreprecio y el incumplimiento de los contratos.

"No se puede sancionar solo a las empresas y de nueva cuenta volver a cubrir con la impunidad a los funcionarios públicos que permitieron esos actos ilegales", sostuvo.

"Sin una sanción política y administrativa contra la SCT estas auditorías solo quedarán en 'llamarada de petate'".

Reforma
Claudia Guerrero
Rolando Herrera
Ciudad de México
Miércoles 13 septiembre 2017.

Interpondrá denuncias por homicidio culposo, daño moral y material en contra de la empresa Aldesa, Capufe y la SCT

La familia de Juan Mena López y Juan Mena Romero, padre e hijo víctimas del socavón en el Paso Exprés, rechazó el apoyo económico que ofreció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como indemnización por el doble fallecimiento, ocurrido el miércoles pasado en el hundimiento que se registró a la altura del kilómetro 93.8, informó el abogado defensor Darío Oscos Coria.

Oscos afirmó que los deudos merecen una indemnización justa por los daños causados por la muerte de los pilares de la familia Mena y por eso, informó, en próximos días interpondrán denuncias por homicidio culposo, daño moral y material en contra de la empresa Aldesa, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En rueda de prensa, realizada en el municipio de Emiliano Zapata donde residían las víctimas, el defensor legal indicó que las autoridades deben de encargarse de establecer las sanciones que correspondan a los responsables, sean particulares o miembros de estado, porque dijo el caso en sí mismo es catastrófico, no hubo protección, ni señalamientos, pero sí hubo accidentes, por lo que se deberá de actuar con decisión y con la Ley en la mano.

"Confiamos en las autoridades Jurisdiccionales, en los Tribunales y las autoridades de procuración de justicia. Hay peritajes que se solicitaron por distintos agentes respecto de qué sucedió, qué fueron las causas del socavón, qué fue lo que arrojó y debilitó la base de la carretera, por qué no se cambió el ducto de aguas pluviales", detalló Oscos Coria.

Precisó que la familia instruyó a los abogados a la conciliación y pláticas para que se pueda lograr una solución pacífica con los responsables, no obstante, dijo que buscarán que no se quede únicamente en la realización del pago, sino que se logre la debida aplicación del estado de derecho.

"La Ley establece que las personas que han sufrido afectación en su integridad física y psicológica tienen derecho a una indemnización moral, independiente de la indemnización por daño material, esta se cuantifica por los daños sufridos por el hecho de omisiones ilícitas", precisó Oscos Coria.

El representante legal agregó que en próximas semanas tendrán mayores avances respecto de la investigación, así como el monto de indemnización para la familia, que podría ser en millones de pesos, pero esta deberá ser evaluada en su oportunidad y se sabrá por parte de la familia y responsables.

Oscos Coria señaló que el monto de la sanción económica debe ser lo suficientemente importante y categórico para inhibir que el infractor reincida en conductas ilícitos y los responsables sean sancionados por la Ley.

"La satisfacción del daño moral de la familia sea resuelto conforme a la ley, de acuerdo a un reporte preliminar será por homicidio culposo, daño material y moral, así como diversos tipos de responsabilidades en que están incurriendo personas morales, físicas y estales. La responsabilidad penal, civil, laboral y administrativa por el proceso de construcción de la obra, eficiencia y garantía de la misma, el tiempo que tuvieron en agonía cuando cayeron al socavón", indicó el abogado defensor legal.

Darío Oscos señaló que hasta el momento, la familia Mena no ha aceptado ningún recurso ofrecido por parte de la empresa o las instituciones gubernamentales, aunque hubo un ofrecimiento de un apoyo económico, se declinó en consideración a procurar una defensa adecuada de los derechos de las familias, además se les exhortó a tener una solución completa e integral, lo que se desea es que en apego de la ley se respeten los derechos de la familia mena a una justa y debida indemnización, expuso el abogado.

El Universal
Justino Miranda / Corresponsal
Emiliano Zapata, Morelos, México
Martes 18 de julio de 2017.


No anticiparé juicios por Paso Exprés: EPN  
    
Ciudad de México.-Tras el accidente en el paso exprés, la asociación civil Somos Más protestó afuera de la torre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para demandar la renuncia de su titular, Gerardo Ruiz Esparza.

"Con qué seguridad nosotros, ustedes, ellos, podemos circular en las recientemente inauguradas carreteras sin temor a que nosotros o nuestras familias sean tragadas por otro socavón", dijo uno de los manifestantes.

"Es urgente la renuncia de Ruiz Esparza y en ese sentido no daremos ni un paso atrás".

Las personas portaron cartulinas con las leyendas: "Ya basta. No tienes vergüenza" y "Si tienes dignidad, renuncia".

El presidente de la organización, César Augusto Morales, denunció que durante la construcción de la obra hubo más de 80 accidentes, en los que murieron 21 personas.

"Ahora se quiere lavar la cara (Ruiz Esparza) pidieron una investigación interna, no lo aceptamos, que renuncie", expresó.

También demandó un proceso judicial contra el funcionario federal.

En la protesta, Morales exhibió a la empresa constructora encargada del paso exprés.

"Aldesa es una de las empresas favoritas de Enrique Peña. Durante el periodo de 2012 a la fecha, Aldesa ha obtenido más de 80 contratos", señaló.

"Estamos seguros que todos estos contratos son producto del contubernio y la corrupción".

No anticiparé juicios por Paso Exprés: EPN  

El Presidente, Enrique Peña Nieto, informó que serán separados, momentáneamente, de su cargo los supervisores o funcionarios implicados o con responsabilidad directa en el mantenimiento y supervisión del Paso Exprés.

Sin embargo, el Primer Mandatario no quiso responder si el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, también debe hacerlo.

Al cuestionarle si hubo negligencia por parte de las autoridades, pues los vecinos habían denunciado irregularidades, Peña Nieto aseguró que no podía hacer juicios.

"No quiero hacer juicios anticipados, he conocido estos señalamientos y de que ya había habido participación de parte de la propia delegación para atender las peticiones, no estoy en condiciones de hacer juicios anticipados", señaló.

"Creo que es importante que se realice la debida investigación y que sea hasta entonces cuando se puedan deslindar de responsabilidades a funcionarios, sea la empresa, o cualquiera que sea la causa".

En entrevista, tras su participación en el 89 aniversario de la Policía Federal, el mexiquense afirmó que es necesario realizar una investigación sobre los hechos así como una auditoría, antes de emitir algún juicio.

"He dado instrucciones al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que quienes sean supervisores o funcionarios implicados o con responsabilidad directa en la supervisión y mantenimiento de esta obra sean de momento retirados de sus tareas para las investigaciones".

"Y sea hasta entonces, una vez que se tengan los peritajes y la investigación realizada lo que permita deslindar las responsabilidades", señaló.

El Mandatario aseguró que también instruyó a la Secretaría de la Función Pública para que realice una auditoría sobre la obra y, finalmente, ofreció sus condolencias a la familia de las dos personas que murieron al caer al socavón.
Indaga CNDH a autoridades

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indaga las responsabilidades en que funcionarios federales y estatales pudieron incurrir por el socavón que se abrió ayer y que causó la muerte de dos personas en el Paso Exprés.

Mediante un comunicado, el organismo externó sus condolencias e informó que envió a visitadores a la zona del socavón.

"Este organismo nacional inició una queja de oficio sobre estos hechos con el propósito de determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos en que podrían haber incurrido autoridades, tanto federales como estatales, en su posible prevención, así como en la respuesta y atención que brindaron a las víctimas una vez que ocurrieron los mismos", señaló.

Además de los visitadores enviados a Cuernavaca, indicó que solicitó información a las autoridades de diferentes niveles de Gobierno,

"La CNDH demanda a las autoridades correspondientes el pronto esclarecimiento del caso y el que se realice una investigación pronta, objetiva e integral, que permita deslindar las responsabilidades", añadió.

Demandó también restablecer la circulación de vehículos por el Paso Exprés, garantizando la seguridad e integridad de los usuarios y los habitantes de la zona en que ocurrieron los hechos.

Reforma
Érika Hernández y
Antonio Baranda
Ciudad de México
Jueves 13 de julio de 2017.


Alrededor de 50 sujetos armados con machetes y palos asaltaron esta madrugada las casetas de San Martín Texmelucan y Amozoc, en las autopista México-Veracruz y Arco Norte.

Esta es la tercera ocasión en el último mes que se reporta la presencia de asaltantes en las autopistas de la entidad. Los días 16 y 22 de junio pasado, usuarios de esas rutas denunciaron que sujetos encapuchados agredieron a automovilistas y cobraron por su cuenta una cuota de 50 pesos por permitir el paso.

De acuerdo con el reporte de la Policía Federal, la madrugada de este jueves los asaltantes llegaron a bordo de dos autobuses -de la línea AU y de la empresa Cuenca- y, armados con palos y machetes, bajaron en tumulto para amenazar a los empleados de las casetas y obligarlos a entregar el dinero.

Los sujetos repitieron la operación en las casetas de San Martín Texmelucan, tanto en la autopista Puebla-México como en la de Arco Norte, así como en Amozoc, en el tramo que comunica a Puebla con Córdoba y Orizaba, Veracruz. Según los testimonios, minutos después huyeron rumbo a Veracruz.

Según un reporte preliminar, de cada caseta se llevaron alrededor de 44 mil y 45 mil pesos, aunque las autoridades no han dado a conocer el monto total de lo robado.

El pasado 22 de junio, otro grupo de encapuchados arribó a la caseta de Amozoc y tomó el control del paso de vehículos, a los que exigió 50 pesos por dejarlos continuar su camino.

Antes, el 16 del mismo mes, en las redes sociales se divulgaron imágenes de sujetos con el rostro cubierto que amedrentaban a los automovilistas que hacían filas para pasar por la caseta de San Martín Texmelucan, y los obligaban a entregarles dinero.

Los desconocidos golpearon a conductores y patearon vehículos de quienes se negaron a cumplir con la exigencia.

Otros usuarios de esas autopistas también han denunciado que a la altura de San Martín Texmelucan hay un grupo delincuencial que lanza piedras desde un puente para romper los vidrios a los vehículos para obligarlos a que se detengan y luego los asaltan.

La madrugada del pasado 2 de mayo, una familia de apellido Vásquez fue interceptada por una banda de delincuentes a unos metros de llegar a la caseta de Texmelucan, donde asesinaron al hijo menor y violaron a la madre y a su hija de 14 años.

Incapacidad del gobierno

En punto de acuerdo, senadores y diputados federales denunciaron la incapacidad del gobierno poblano para hacer frente a la inseguridad.

“La indolencia e ineficacia gubernamental es también una forma de autoritarismo, eso es lo que está padeciendo el estado de Puebla en varios rubros, el de inseguridad entre ellos”, denunció el senador Luis Miguel Barbosa.

Afirmó que las ejecuciones, robos con violencia, secuestros y extorsiones se han vuelto cotidianos en la mayoría de los municipios de la entidad, y en especial en la zona metropolitana de Puebla –dijo– se vive una crisis de inseguridad, sin que las autoridades tomen medidas efectivas.

Integrantes del Frente Amplio Puebla Nos Une acudieron a las oficinas de la Secretaría General de Gobierno para pedir audiencia, donde abordarán “el problema de la galopante inseguridad que hoy sufrimos”.

Al señalar que la autoridad hace poco y a veces nada por atender “la explosiva ola de violencia” que aqueja a la ciudadanía, los integrantes del colectivo –formado por integrantes de distintos partidos y organizaciones sociales– pidieron ser escuchados para plantear propuestas que coadyuven a atacar la problemática.

La semana pasada el secretario de Seguridad Pública estatal, Manuel Alonso García, reconoció que en lo que va del año se han registrado 62 asaltos violentos al transporte público, sólo en esta capital.

Como resultado de esos hechos violentos, cinco personas fueron asesinadas. El caso más reciente es el de un policía municipal que la semana pasada trató de impedir un asalto a los pasajeros de un camión urbano en la colonia Belisario Domínguez.

Y, así, múltiples casos se presentan a diario, como el que ocurrió la mañana del martes 4 en una tienda de la cadena Oxxo, donde los asaltantes sometieron a empleados y a clientes, y huyeron en el automóvil de una mujer que en ese momento se encontraba en el establecimiento.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 6 de julio de 2017.


El empresario restaurantero, Víctor Hugo Caram González, y el abogado Carlos Federico Vega Cajica, son las cabezas principales de las empresas poblanas Constructpue de México y Administradora de Capital de México, a quién la Secretaría de la Función Pública (SFA) inició procedimientos sancionatorios por haber falsificado documentos para obtener contratos de obra pública de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La noticia sobre la investigación que pesa sobre las dos empresas fue dada a conocer este domingo 4 de septiembre por el diario Reforma, y en donde se señala que durante el 2014 las dos compañías fueron beneficiadas con 11 contratos para la construcción de obra en 10 estados del país, valuados en mil 122 millones de pesos.

Y podrían no ser las únicas, en 2014 la revista Newsweek publicó un reportaje en donde señala a “dos altos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.

“Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura de la SCT, y José Antonio Rodarte Leal, coordinador general de Centros SCT, se han encargado de beneficiar a un grupo predilecto de constructoras, que aparecen repetidas en los estados de México, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Yucatán, Estado de México, Veracruz, Distrito Federal, Jalisco, Sinaloa, Coahuila y Durango a las que les otorgan el grueso de obra pública e incluso en fechas similares, al grado que hay empresas que pareciera que ejecutan obra al mismo tiempo en distintos lugares”.

Aunque la investigación que lleva a cabo la SFA no señala aún a funcionarios que pudieran estar coludidos con las empresas ya señaladas, de momento, y de acuerdo con los edictos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las dos empresas poblanas deben comparecer en un plazo no mayor a 15 días ante la autoridad federal a fin de aclarar el presunto fraude que se les achaca.

En la lista de empresas que de acuerdo con el semanario Newsweek también fueron favorecidas por los funcionarios federales se encuentra Alfa Proveedores y Contratistas, una de las empresas responsables de algunas de las obras insignia del gobierno de Rafael Moreno Valle, como el Centro Integral de Servicios (CIS).

De taquero a constructor

A finales del siglo pasado, a junio de 1999 para ser más exactos, Víctor Hugo Caram González inició el proceso para registrar como marca un restaurante que ya venía funcionando ubicado en la esquina de la 29 sur y la avenida Juárez: “La Feria del Taco”.


Ocho años después extendió sus negocios con “El Hostal de las Brasas”, ubicado a un costado de la esquina de la 19 sur, en la que comenzó a labrar su prosperidad. Después vendría “Boca del Río”, un restaurante especializado en mariscos, ubicado también en la zona.

Pero antes de extenderse a la comida del mar, Caram González, o más bien su esposa y su hija, María Jacqueline Hernández Ramírez y Karime Hennet Caram Hernández registraron la empresa Constructpue de México SA de CV. La fecha 16 de julio de 2009.

El nombre de Víctor Hugo Caram apareció unos meses después, en enero de 2010 cuando se le nombró representante legal de la empresa. La misma que cuatro años después, según documentó el diario Reforma, “ganó contratos de los Centros SCT de Veracruz, Colima, Yucatán, Nuevo León, San Luis Potosí y Nayarit para modernizaciones y ampliaciones carreteras por un monto total de 694 millones de pesos, todos entre febrero y junio de 2014”.

“Según el procedimiento de la SFP contra Constructpue, el contrato más jugoso, por 184 millones de pesos para ampliar la carretera federal 180 en el tramo Cosoleacaque-Jalticpan, fue obtenido tras presentar al Centro SCT-Veracruz copias de ocho contratos con el Gobierno de Puebla que en realidad no existían”.

“La Auditoría Superior de la Federación informó en la Cuenta Pública de 2014 que Constructpue incumplió las obras, por lo que la SCT rescindió el contrato y exigió reembolsar 33.4 millones de pesos.

“En Colima, Constructpue ganó un contrato de 139 millones de pesos en una licitación en la que no asistió a ninguna junta de aclaraciones, mientras que en Nuevo León derrotó a grandes constructoras, como GIA+A, ICA y Mota Engil”.

De acuerdo con documentos notariales en posesión de esta casa editorial, la familia Caram Hernández, salió de la sociedad a finales de 2014, cuando ya se habían concretado la firma de los contratos millonarios con la SCT.

En noviembre de ese año la familia vendió sus acciones a Pascual Arellano Ortiz (el 51 por ciento de las acciones) e Hilda Adriana Cerón Gómez (49 por ciento restante). Y la representación legal de la empresa quedó en manos de Arellano Ortiz.

Una acción digamos sorpresiva pues Arellano Ortiz presentó documentos ante el titular de la notaria número 38, Jaime Juárez Hernández, que ubican su domicilio en la colonia Lomas Flor del Bosque, una colonia bastante popular.

El paso de Hilda Adriana Cerón Gómez en la sociedad fue muy corto, pues en julio de 2015 vendió sus acciones a un nuevo socio llamado Rogelio Castillo Cortés.

Abogado y constructor

Constructpue y Administradora de Capitales de México (ACM) tienen una cosa en común, además de los varios contratos que se les otorgaron desde la SCT durante el 2014. Las dos empresas fueron constituidas en 2009. La primera ya se señaló fue en julio de 2009, la segundo un tres meses antes, en mayo de 2009.

ACM fue conformada con 50 mil pesos de capital por el abogado Carlos Federico Vega Cajica y Patricia Cabrera Flores, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa.

Cinco años después de su constitución la empresa sumó en unos meses contratos por 428 millones de pesos en Puebla, Jalisco, Oaxaca y Guerrero, cortesía de la SCT. Entre ellos el contrato para la modernización del periférico ecológico valuado en 271.6 millones de pesos.

E igual que Constructpue, presentó “documentación presuntamente falsa” para obtener los contratos, como se lee en la notificación de inicio de procedimiento que emitió el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que se publicó en el DOF el 1 de junio pasado.

De hecho, desde febrero de 2015, Jorge Trujillo Abarca, titular del Órgano Interno de Control de la SCT giró una circular dirigida a “las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos en la materia de obra pública, con la empresa Administradora de Capitales de México S de RL”.
 
Además, se le impuso una multa por 367 mil pesos, y un plazo de inhabilitación por seis meses por haber “proporcionado información falsa en su propuesta técnica”.

Lado B
e-consulta
Ernesto Aroche
Ciudad de Puebla
Lunes 5 de septiembre de 2016.

Nuevos audios involucran a al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza

Ciudad de México.- La Procuraduría Fiscal de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, la unidad administrativa dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, ha iniciado una investigación exhaustiva sobre las denuncias presentadas por Infraiber relativas a la presunta manipulación contable que OHL y su auditora Deloitte han practicado desde hace años en relación con los ingresos, beneficios y el valor de su inversión en el Circuito Exterior Mexiquense, principal autopista de peaje del grupo español en el país.

Economía Hoy informa esta tarde que Infraiber firmó un convenio marco con Manuel Ortiz García (funcionario del Estado de México cesado por sospechosas adjudicaciones) para contabilizar y cobrar por el flujo vehicular de las autopistas del Estado de México. Por otro lado, cada concesionaria debía de firmar otro acuerdo con Infraiber para fraguar el contrato, cosa que nunca sucedió con OHL. Ahora la empresa de tecnología reclama a la constructora española por un contrato de 2 mil 100 millones de pesos, además de asegurar que la concesión suma ya una deuda de 52 mil millones.

La disputa entre Obrascón Huarte Lain (OHL) y la empresa Tecnología Aplicada Infraiber subió de tono con nuevos audios que evidenciaron favoritismo de las autoridades mexicanas en los contratos para contabilizar el aforo en las autopistas del Estado de México.

Nuevos audios filtrados muestran al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, conversando con Pablo Wallentin, ex director de Relaciones Institucionales de OHL México afinando la estrategia que la empresa de capital español debe seguir en su pleito con la compañía mexicana.

En entrevista radiofónica con Radio Fórmula, Ruiz Esparza negó estar involucrado en un acto ilegal. “Que quede claro que no hay nada indebido en la llamada. Simplemente aclaraciones de temas que se tienen que aclarar”, afirmó.

Más tarde, en un comunicado, la SCT emitió una aclaración de parte de Ruiz Esparza en la que dijo que las grabaciones son ilegales, editadas y manipuladas con el fin de desorientar a la opinión pública.

Además acusa que tras el conflicto suscitado entre Infraiber y OHL, ”se intensificaron ataques y audios ilegales, editados y manipulados en contra de diversas instancias, así como exigencias para restaurar la validez del convenio declarado nulo, ya que por la vía legal no les fue posible (a Infraiber) “.

Y dijo que “muchas partes del audio no se entienden debido a las manipulaciones y ediciones a su contenido. Asimismo, se hacen referencias engañosas a nombres, reuniones y adjetivos calificativos que se desconocen”.

Infraiber, consorcio especializado en el desarrollo e integración de sistema de tecnología de punta para el control de tráfico y condiciones de operaciones de autopistas, ha denunciado diversas irregularidades en los contratos que OHL tiene con el Estado de México, en especial en el que atañe al Circuito Exterior Mexiquense.

Las denuncias de Infraiber contra OHL estuvieron a cargo del abogado Paulo Díez Gargari, quien el lunes 7 de septiembre fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) para declarar en el caso de la intervención de comunicaciones privadas en agravio de la empresa española.

De acuerdo con publicaciones del hermano del litigante, Rodrigo Díez, en su cuenta de Twitter la detención se dio “después de revelar irregularidades de OHL”. Hasta el momento está en calidad de testigo, y aunque se desconoció su paradero por unas horas, su hermano tuiteó a las 13:51 horas que ya sabían “dónde está”. Detalló que aún no lo ven, pero van en camino. “Muchas gracias a todos por difundir esto”.

PROMO-AUDIOS-GRE

Ayer por la tarde, Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL en España, reiteró que todas las acusaciones que la empresa Infraiber ha dicho contra su filial en México se han “demostrado al 100 por cien falsedades y calumnias” para desprestigiar al Gobierno del Estado de México y a OHL.

Villar Mir reiteró que OHL México ha actuado correctamente en la contabilización de los ingresos de sus concesiones en el país, en contra de las denuncias de Infraiber, una empresa “con la que no hemos tenido ni tendremos relación”.

Para el empresario, las cotizaciones tanto de OHL como de su filial mexicana se han visto afectadas por la filtración de los audios que involucran a altos directos de la firma con autoridades mexicanas.

En conferencia de prensa, el directivo de OHL afirmó que la compañía está en “proceso” para llevar a cabo las “exigencias civiles y penales” que correspondan a los dueños de la compañía mexicana.

Infraiber, por su parte, dijo que “no ha sido notificada de juicio alguno en su contra promovido por OHL”.

“Por supuesto que OHL puede evaluar la conveniencia de demandar a Infraiber si considera que le asisten el derecho y la razón, lo que tendrá que acreditar ante los tribunales competentes”, agregó.

Al respecto, la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la SHCP, inició una averiguación sobre las denuncias presentadas por Infraiber relativas a la presunta manipulación contable que OHL y su auditora Deloitte han practicado en relación con los ingresos, beneficios y el valor de su inversión en la principal autopista de peaje del grupo español.

En un escrito de fecha 4 de septiembre, la dirección general de Delitos Financieros detalla que el objetivo de la investigación iniciada es “poder determinar si de los hechos planteados se actualiza alguna conducta de naturaleza delictiva”.

PROMO-OHL-RUIZ-ESPARZA

Asimismo, publicó El Diario.es, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) tiene en curso un proceso de auditoría de OHL México, filial del grupo constructor español, como consecuencia también de las múltiples denuncias de manipulación y falsedad contable interpuestas por la empresa de ingeniería y medición de tráfico.

Infraiber denunció que OHL “ha obstaculizado sistemáticamente” su labor en las autopistas del grupo español en ese país, así como una serie de abusos, ilegalidades e irregularidades cometidas supuestamente en la gestión de las concesiones de autopistas de OHL en México.

Según Infraiber, OHL ya ha recuperado su inversión en el Circuito Exterior Mexiquense, por lo que la autopista debe revertir en favor del Estado de México sin coste alguno.

ESPARZA DICE QUE HAY ENREDO DE CONCEPTOS

En el nuevo audio revelado, Ruiz Esparza explica que “Infraiber no tiene cómo defenderse porque no tiene ni acción contra el gobierno del Estado [de México], porque no hay nada que le haya dado un derecho a Infraiber, porque no se firmó con OHL ni se ha firmado, entiendo, con ningún otro concesionario”.

De acuerdo con la información que acompaña a los audios, la conversación entre Ruiz Esparza y el representante de OHL en México ocurrió un día después de que Juan Miguel Villar Mir, presidente de la firma, se reuniera en la Residencia Oficial de Los Pinos con el Presidente Enrique Peña Nieto. También habrían estado presentes Ruiz Esparza y José Andrés de Oteyza, presidente del Consejo de Administración de OHL México.

Sin embargo, el funcionario federal expuso que “hay un enredo de conceptos de una grabación ilegal, editada, manipulada (ríe) que la verdad, para tener claridad, yo no quisiera hacer mucha referencia porque yo creo que sería caer en conclusiones indebidas de algo indebido”.

Durante las conversaciones se mencionan a otros Gerardos. En el audio dos, Pablo Wallentin menciona a un Gerardo Fernández, sin embargo, el director general de OHL México José Oteyza, en el mismo diálogo, afirma “este Gerardo se defiende delante del Presidente [Enrique Peña Nieto] que… ¡yo no le puedo decir dos veces a un Secretario, delante del Presidente de la República, que está equivocado!”.

“Refieren a Gerardos que son abogados de la empresa y lo quieren hacer ver como que soy yo. Hacen referencia a otras reuniones que la verdad no tengo la menor idea a qué se refieren”, declaró Ruiz Esparza en entrevista radiofónica.

Libera PGR a abogado de Infraiber

La Procuraduría General de la República liberó esta tarde a Paulo Díez Gargari, abogado de Infraiber, luego de mantenerlo retenido por más de 48 horas por una investigación abierta por el espionaje telefónico a directivos de OHL México y por presuntamente portar un arma de fuego.

Jesús Moreno de Leija, defensor de Díez, confirmó que a las 18:15 horas de este miércoles su cliente quedó en libertad luego de garantizar una caución ante el Ministerio Público federal por 64 mil pesos.

Díez fue detenido el pasado lunes alrededor de las 14:00 horas al salir de sus despacho en la Ciudad de México con base en una orden de presentación de la Coordinación General de Investigación (CGI) de la Procuraduría.

Reforma
Abel Barajas

Sin Embargo
Ciudad de México
Miércoles 8 de septiembre de 2015.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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