Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tehuatlie, denunció que fue presionada por el gobierno de Rafael Moreno Valle para que aceptara un cheque de indemnización por la muerte de su hijo, ocurrida hace dos años y medio durante un operativo policiaco contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.

“Fue así como que me pusieron entre la espada y la pared”, aclaró Elia en rueda de prensa, “si no firmaba, Javier (Montes Bautista, exedil auxiliar de Chalchihuapan) se iba a quedar en la cárcel y, si yo no recibía eso, el MP iba a apelar, iban a iniciar una nueva averiguación contra él”.

Al ser cuestionada si las presiones en su contra provinieron de Diódoro Carrasco, secretario general de Gobierno, la mujer de origen indígena asintió y puntualizó que lo hizo a través de los abogados.

En la víspera, Carrasco aseguró que la recomendación 2VG/2014 que emitió la CNDH por el caso Chalchihuapan quedaba cumplida totalmente con la entrega que se hizo de un pago de un millón 700 mil pesos a Tamayo.

Sin embargo, la mujer dijo que hasta ahora no ha hecho uso del dinero, que fue obligada a aceptar por medio de presiones, pues considera que el gobierno de Puebla aún no hace justicia por la muerte de su hijo.

“Como siempre les he dicho, el dinero no repara el daño”, declaró, “yo siempre les dije, primero es la justicia, pero ellos no, no hay justicia porque no han encarcelado al que fue mero responsable”, acusó.

En la misma rueda de prensa el Centro de Difusión y Defensa de los Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo advirtió que si la CNDH da por cumplida la recomendación que emitió contra el gobierno de Moreno Valle, recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervenga en el caso.

“Si este organismo público autónomo (la CNDH) se presta a esta pantomima, quedará vista como institución cómplice, sumisa y doblegada al gobierno estatal, y no como un organismo honorable que defiende y salvaguarda los derechos humanos”, asentó la organización.

El vocero de la agrupación, Hilario Gallegos, dijo que la recomendación no puede darse por cumplida porque sólo se sancionó a servidores públicos de menor nivel y no a los autores intelectuales de la represión del 9 de julio de 2014.

“Falta fincar responsabilidad a Facundo Rosas (entonces secretario de Seguridad Pública), quien ejecutó la orden del operativo en el que resultó muerto el niño José Luis Tehuatlie Tamayo y quedaron lesionados varios habitantes de San Bernardino Chalchihuapan”, indicó.

Respecto del cobro de la indemnización, reiteró que ésta se aceptó “bajo presiones y chantajes” de la Secretaría General de Gobierno que encabeza Diódoro Carrasco Altamirano.

“El titular de la Secretaría General de Gobierno no puede decir que el gobierno se apega a la ley cuando un funcionario de primer nivel como Facundo Rosas no se encuentra aún sujeto a proceso, y que el cobro de la indemnización fue a cambio de la libertad de Jairo Javier Montes Bautista”, agregó.

Además, mencionó que la entrega del cheque a Tamayo no justifica el cumplimiento de la recomendación, luego de que la reparación del daño no fue integral ni para ella ni para las demás víctimas.

“El cumplimiento de la recomendación emitida por la CNDH es con total dolo, con el afán de dar apariencia de que ésta fue acatada en buenos términos”, recalcó Gallegos.

Por último, expuso que si el ombudsman nacional da por cumplida la recomendación, el organismo pedirá la intervención de la CIDH a fin de que este máximo organismo regional analice con imparcialidad todos y cada uno de los puntos, y determine si hubo cumplimiento por parte del gobierno de Puebla.

En su intervención Aracely Bautista, madre del exedil, denunció que para mantener la presión sobre el pueblo de Chalchihuapan el gobierno les ha advertido que siguen vigentes tres órdenes de aprehensión, así como que continúa abierta la averiguación contra Javier Montes Bautista.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 30 de noviembre de 2016.

El ex diputado del PT señaló que acciones como la aprobación de la Ley Bala y el despido masivo de los burócratas han desprestigiado el gobierno del estado.

El ex diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña aseguró que el gobierno de Rafael Moreno Valle ya está en declive debido a acciones como el despido masivo de burócratas y la aprobación de la "Ley Bala".

En rueda de prensa en un restaurante del zócalo de la ciudad de Puebla, el también activista refirió que el mandato del Ejecutivo estatal se ha desprestigiado, pues está enfocado solamente en ejercer el poder y no en trabajar por el bien de los poblanos.

Yo creo que Moreno Valle no está haciendo una medición de lo que está sucediendo. Moreno Valle trae un desprestigio enorme. Es uno de los gobernadores con más desprestigio, más cuestionamiento, con más irritación abajo”, dijo.

Noroña Fernández sostuvo que Moreno Valle está realizando acciones bárbaras en el estado debido a que no ha respetado los derechos de los burócratas despedidos. Además, tacho de “bruto” al mandatario estatal, pues dijo que a ningún otro gobernante se le hubiera ocurrido despedir al personal en época electorera.

Moreno Valle es tan bruto que está despidiendo trabajadores del gobierno del estado de manera arbitraria. A nadie en su santo juicio se le ocurriría despedir personal en época electoral. Está tan fuera de la realidad que está acometiendo torpezas bárbaras”, argumentó.

Con respecto a que la mañana de este martes, el Congreso del estado solicitó la opinión de los legisladores federales para reforzar la Ley Bala; Fernández Noroña comentó que el Congreso de la Unión debe de retirar esta ley debido a que fue inconstitucional su aprobación.

Añadió que la Ley Bala es inaceptable debido a que va en contra de los ciudadanos y deja resultados negativos como el caso del niño José Luis Tehuatle Tamayo, quien murió en el desalojo violento por parte de Policías estatales contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan el pasado 9 de julio de 2014.

El Congreso del estado  debe de reconocer que cometió una aberración al aprobar la Ley. Por tal razón hay dos caminos: que el Congreso local rectifique y retire esa ley o que la Cámara de Diputados obligue al gobierno del estado a retirar esa ley”, puntualizó.

Periódico Centrtal
Jesús Viñas
Ciudad de Puebla
Martes 28 de abril de 2015.

Detienen al alcalde auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan; represalias, venganza, prepotencia, autoritarismo, denuncian familiares del edil

Puebla.- Aproximadamente a las 3:45 de la madrugada fue detenido Javier Montes Bautista, alcalde auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, quien es acusado de participar en el enfrentamiento ocurrido el 9 de julio, cuando el niño de su comunidad, José Luis Tehuatlie Tamayo, fue asesinado por policías estatales.

Familiares del edil dieron a los medios de comunicación la alerta de esta detención, porque temen por la integridad de Montes Bautista, quien en distintas ocasiones se ha confrontado con el gobierno de Rafael Moreno Valle, por respaldar a los habitantes de su comunidad.

Desde el 18 de octubre, el edil auxiliar se encontraba oculto porque ya se sabía que la Procuraduría de Justicia de Puebla había emitido una orden de aprehensión en su contra, según el gobierno estatal para “cumplir” con la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno al caso de Chalchihuapan.

Aunque ha sido omiso en casi la totalidad de las recomendaciones, como proceder contra los funcionarios que estuvieron al frente del violento operativo del 9 de julio y reparar el daño a las víctimas, el gobierno de Moreno Valle se ha fundamentado en el resolutivo de la CNDH para detener a habitantes de Chalchihuapan.

Aracely Bautista, madre del alcalde auxiliar ahora detenido, ha denunciado en distintos foros la persecución y venganza que el gobierno de Moreno Valle ha desatado en contra de Chalchihuapan por el hecho de que se han mantenido firmes en reclamar justicia en torno al asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

De hecho, Javier Montes fue orador en distintos foros en los que narró los hechos del 9 de julio, cuando asegura que los pobladores de esa localidad sólo reaccionaron ante la agresión y por el enojo que les provocó enterarse, en ese momento, que los uniformados habían causado la muerte de un niño.

Además, el edil forma parte de la directiva de la Coordinadora Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP) que reclama el derecho histórico de sus comunidades, la mayoría indígenas, de contar con oficinas de Registro Civil, Jueces de Paz, policías y ministerio público, que les fue retirado por modificaciones legislativas que impulsó el gobierno de Moreno Valle.

Pero una de las principales afrentas que, a los ojos del mandatario poblano, pudo haber hecho Montes Bautista es que, con el apoyo de su comunidad, colocó una placa a las afueras de las oficinas de la junta auxiliar de Chalchihuapan que decía: “En memoria de nuestro niño héroe José Luis Tehuatlie Tamayo asesinado por el represor Rafael Moreno Valle”.

Aparte, la expulsión la semana pasada de Elia Tamayo, madre del niño asesinado, y de Aracely Bautista, madre del edil, de las instalaciones donde se llevaba a cabo el Congreso Mundial por la Infancia y la Adolescencia, generó una serie de pronunciamientos de organizaciones internacionales en contra del gobierno de Moreno Valle.

Las agrupaciones y los activistas de distintos países no sólo se han solidarizado con la lucha que encabeza Tamayo, sino que han anunciado que llevarán el caso ante instancias internacionales como Amnistía Internacional.

El operativo policíaco que ingresó la madrugada del 18 de octubre a Chalchihuapan, ubicada en el municipio de Ocoyucan, tenía entre sus objetivos detener a Montes Bautista, pero el edil no se encontraba en su casa.

Igual, los ministeriales allanaron al menos seis casas de esa comunidad, al romper puertas y ventanas, amenazar a familias y golpear a mujeres, niños y ancianos, para llevarse detenidos a cinco pobladores que los responsabilizan por lo ocurrido durante el operativo de desalojo que derivó en la muerte del niño.

Esto a pesar de que los peritos de la CNDH dejaron en claro en su dictamen que la represión policíaca fue planeada, que los uniformados dispararon primero y a quemarropa contra los pobladores, que los persiguieron hasta las calles del pueblo, que los civiles heridos no recibieron ayuda médica y que detuvieron sin fundamento a cuatro pobladores y los acusaron del crimen.

Además, de que la tesis que defendió el gobierno de Puebla, de que el niño murió a causa de la onda expansiva que generó un cohetón que lanzaron los vecinos de Chalchihuapan, no tenían ningún sustento.

Remueven a maestra de música por protestar en acto de Moreno Valle

La Secretaría de Educación de la entidad cambió de adscripción a la maestra Silvia Jiménez González por haberse manifestado en un acto del gobernador Rafael Moreno Valle.

La también regidora del municipio de Coyotepec e integrante de la Coordinadora Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP) denunció que el aparato estatal se le “vino encima” cuando se atrevió a protestar durante un evento en el que Moreno Valle inauguró la ampliación de un hospital en su municipio.

“Registro Civil en los Pueblos. Presos políticos libertad”, escribió de manera improvisada en una hoja y luego se subió a una silla para que el mandatario poblano leyera su mensaje de protesta.

Jiménez González relató que inmediatamente después personal de seguridad de Moreno Valle intentó quitarle el papel y hacerla bajar de la silla, pero ella alegó que sólo hacía uso de su derecho constitucional a manifestarse.

Minutos después se le acercaron el delegado de la Secretaría de Gobernación de la zona y el propio presidente municipal de Coyotepec, Alfredo Ocaña Rodríguez, quienes le pidieron que desistiera de su protesta “porque molestaba al gobernador” y se metería en problemas.

Finalmente guardó su cartel y salió del acto escoltada por personal de gobierno. Al día siguiente recibió un citatorio para que acudiera a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación, donde le comunicaron que sería removida de su plaza como maestra de música en Coyotepec, donde ha trabajado los últimos 17 años, y enviada a un poblado del municipio de Xicotepec de Juárez.

Jiménez González denunció que fue retenida en las oficinas de la dependencia por varias horas para obligarla a firmar su cambio.

En un principio, dijo, recibió el respaldo del sindicato magisterial, pero al día siguiente le dijeron que no podían ayudarla.

Y señaló que su hermano, también maestro, recibió una notificación de que sería removido de su adscripción en Tepeaca para ser enviado al municipio de Pantepec, en el extremo norte de Puebla.

La maestra (viuda y con un hijo de seis años de edad) alegó que su único delito fue manifestarse, y ahora la quieren obligar a trabajar en una comunidad apartada.

Esta misma semana, activistas de Alemania, Venezuela y Bolivia denunciaron que el gobierno de Moreno Valle los intimidó y obligó a abandonar Puebla antes de que concluyera el Congreso Mundial por la Infancia y la Adolescencia, sólo porque respaldaron a Elia Tamayo, la madre del niño José Luis Tehuatlie, asesinado durante un operativo policiaco en julio pasado.

Proceso
Ciudad de Puebla
Gabriela Hernández
Viernes 21 de noviembre de 2014.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Ventana al mundo

Información reciente

Síguenos en Twitter