El General Salvador Cienfuegos arribó a México a las 18:40 horas en una aeronave del Gobierno de los Estados Unidos, procedente del Aeropuerto de Nueva Jersey


La Fiscalía General de la República (FGR) notificó al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda que inició una investigación en su contra derivada de las pesquisas que realizaba el gobierno de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

La decisión de investigarlo le fue notificada a su arribo a territorio nacional por el hangar de la FGR del aeropuerto de Toluca, Estado de México, a donde llegó a las 18:40 horas en la aeronave Gulfstream 4, matrícula N40VC, del Gobierno de los Estados Unidos, procedente del Aeropuerto de Nueva Jersey.

“Se le acompañó hacia una sala privada en las oficinas del citado hangar de la FGR, donde se le practicó, con su anuencia, un dictamen pericial médico, para la constancia de su estado de salud al arribo a este país, el cual resultó favorable”, indicó la Fiscalía mediante un comunicado.  

“El Agente del Ministerio Público de la Federación le notificó formalmente al General Cienfuegos de la existencia de una investigación en la que él se encuentra involucrado; carpeta que fue iniciada por la FGR, con la información que se recibió del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, y en lo sucesivo la investigación estará a cargo de las autoridades mexicanas, a través de la FGR”.

El general proporcionó sus datos personales y de contacto a la FGR y manifestó estar en total disposición para atender los requerimientos propios de la investigación.

A las 19:12 horas se retiró del hangar de la FGR para acudir a su domicilio.

El Universal
Diana Lastiri
Ciudad de México
Jueves 19 de noviembre 2020.


La Justicia estadounidense retira los cargos contra el veterano militar por su presunta vinculación con el narcotráfico y accede a repatriarlo tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía mexicana


El general Salvador Cienfuegos, detenido en EEUU por su presunta vinculación con el narcotráfico, volverá a México como un ciudadano libre merced al acuerdo alcanzado entre las administraciones de ambos países. La jueza federal Carol Amon ha aceptado desestimar los cargos penales que pesaban contra el ex secretario de Defensa durante la etapa de Enrique Peña Nieto "para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas", según se desprende del comunicado. El general ha sido entregado la madrugada del miércoles al jueves (hora española) al país mexicano. El gobierno de López Obrador ha celebrado la noticia y ha aclarado que, aunque Cienfuegos llegará a México sin cargos en su contra, no renunciará a investigarlo.

El general de 72 años fue detenido el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, cuando llegaba para disfrutar de unas vacaciones familiares. En un intento por evitar filtraciones que pusieran sobre aviso a Cienfuegos, EEUU decidió no informar a las autoridades mexicanas, lo que generó un gran malestar en el seno del Gobierno, "hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país", expresó entonces el canciller de Exteriores, Marcelo Ebrard.

A lo largo de las últimas semanas, la Fiscalía mexicana ha ido recibiendo por valija diplomática todas las pruebas recabadas por la Justicia estadounidense y ha abierto una investigación formal en contra de Cienfuegos, aunque aún no ha formalizado todavía una orden de detención. Según explicó el canciller Ebrard: "se tiene que hacer una investigación y un proceso completo, la ley mexicana es más garantista que la de Estados Unidos".

Durante la audiencia celebrada hoy en Nueva York, Cienfuegos accedió a ser devuelto a su país y dejar atrás los cargos que pesaban en su contra en EEUU. Aún no ha trascendido la fecha en la que el general retirado será entregado a México por los U.S. Marshals, pero todo apunta a que será en los próximos días. A pesar de que vaya a recuperar su plena libertad, López Obrador ha matizado que esto "no implica impunidad".

El Mundo
Pablo Sánchez Olmos
Ciudad de México
Miércoles 18 noviembre 2020.


•    El departamento de Justicia estadounidense anuncia que compartirá toda la evidencia que ha encontrado en el caso del secretario de Defensa en el Gobierno de Enrique Peña Nieto

•    El canciller Ebrard asegura que Estados Unidos ya envió las pruebas contra el militar, acusado de narcotráfico. La fiscalía estadounidense justifica su decisión en “razones de política exterior”

•    EE UU retira los cargos al exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos para que sea juzgado en México


Estados Unidos no juzgará al general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa de Enrique Peña Nieto. La fiscalía de aquel país acusa a Cienfuegos de tres cargos de narcotráfico y uno de lavado de dinero. El militar vive preso en Estados Unidos desde mediados de octubre. El Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República, FGR, han informado en un comunicado conjunto divulgado este martes de que Washington pedirá a la jueza “que se desestimen los cargos penales contra Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas”. El texto afirma que EE UU ya ha proporcionado a las autoridades mexicanas las pruebas que han reunido en el caso y se compromete a cooperar en las pesquisas locales.

Jefe del Ejército mexicano durante la Administración del PRI (2012-2018), Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles. La oficina de la Fiscalía en el distrito este de Nueva York lo acusó de conspirar para traficar heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas al norte del río Bravo, además de lavar el dinero derivado de estas operaciones ilícitas. El general se había declarado inocente hace unos días y aguardaba la siguiente audiencia, fijada para este miércoles a las 10 de la mañana, hora de Nueva York. Se espera que esta audiencia sirva ahora para que Estados Unidos retire los cargos contra él.

En el comunicado divulgado la tarde del martes se explica que el Departamento de Justicia “ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar las investigaciones que realicen autoridades mexicanas”. De acuerdo a la justicia estadounidense, parte de las pruebas son miles de mensajes de Blackberry, intercambiados entre Cienfuegos e integrantes de la red de traficantes de droga del H-2, que operaba en la costa norte del Pacífico en México. Según la acusación, Cienfuegos apoyó al cartel del H-2 al menos entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.

El canciller, Marcelo Ebrard, ha comparecido ante la prensa este mismo martes, para ampliar la información y valorar la noticia. “Esto significa que Cienfuegos seguirá su proceso en México, que serán aplicadas las leyes mexicanas, porque los hechos de los que se le acusa EE UU se cometieron presumiblemente en México. Significa que las acusaciones deberán sustanciarse y probarse. Es una decisión que vemos con simpatía y que pensamos que es positiva. No la vemos como camino a la impunidad sino como un acto de respeto a México”.

La decisión ha sorprendido a ambos lados de la frontera, sobre todo por el sigilo con que las autoridades estadounidenses habían conducido la investigación contra el general. Las autoridades mexicanas se sorprendieron por la detención de Cienfuegos. Incluso el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que pediría información al Gobierno del país vecino: “Vamos a ver qué es lo que hay sobre esto, y sí vamos a solicitar a Estados Unidos que nos permitan conocer sobre estas operaciones de complicidad en el caso de que se tengan las pruebas”. El mismo Ebrard ha explicado que habló con el fiscal general de EE UU, William Barr, para expresarle su “descontento” por cómo la justicia estadounidense había llevado el caso.

En el comunicado, las partes señalan que la FGR abrió “su propia investigación una vez que se tuvo noticia sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general”. En México no se sabe de momento qué alcance han tenido las investigaciones contra Cienfuegos. Ebrard ha dicho que Estados Unidos mandó la evidencia de que dispone y que la FGR la recibió el 11 de noviembre.

“Una de nuestras máximas prioridades tiene que ser destruir los cárteles mexicanos” decía el pasado abril en la Casa Blanca el fiscal William Barr. “Su actividad es en buena medida responsable de la muerte de 70.000 norteamericanos al año, como todos sabemos. Y este coste no incluye las familias y las vidas destruidas, el gasto para nuestra riqueza nacional por el peso aplastante que el narcotráfico supone para los presupuestos estatales”.

El propio Departamento de Justicia había dicho en un escrito al juez que Cienfuegos no podía ser ni siquiera puesto en libertad condicional por el altísimo riesgo de fuga que representa. El juez de Los Ángeles se convenció de estos argumentos cuando lo mantuvo en prisión incondicional. Según la fiscalía, sus extensos contactos con el crimen organizado en México hacían casi seguro que eludiría la justicia. Ahora será enviado a México por decisión de ese mismo Departamento de Justicia.

En un escrito enviado a la juez encargada del proceso contra Cienfuegos, Carol B. Annon, la fiscalía estadounidense ha justificado su petición. “El Gobierno solicita a la Corte que desestime los cargos porque hay sensibles e importantes consideraciones de política exterior que pesan más que el interés del Gobierno en perseguir el juicio contra el acusado. El Gobierno ha hablado con los abogados del acusado, que confirmaron que el acusado aprueba la moción”, lee el texto.

La fiscalía ha insistido en la fortaleza de la investigación. “Como el Gobierno ha explicado previamente a la Corte, las pruebas en este caso son sólidas y el acusado fue investigado, acusado y ha sido procesado de acuerdo a los principios de procesamiento federal”, continúa el texto. “Sin embargo, al tratarse de un asunto de política exterior y en reconocimiento a la firme sociedad a la hora de hacer cumplir la ley entre México y Estados Unidos, y con la intención de demostrar nuestra firmeza contra toda forma de criminalidad, incluyendo el tráfico de drogas llevado a cabo por los cárteles mexicanos, el Gobierno solicita que se desestimen los cargos pendientes contra el acusado sin perjuicio, con el objetivo de permitir que México lo investigue y pueda procesarlo”.

El País
Pablo Ferri
Pablo Ximénez de Sandoval
Ciudad de México / Los Ángeles
Mates 17 de noviembre de 2020.



Alcalde de Cholula acusa a Sedena de represalias por controversia contra Ley de Seguridad Interior


 El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, denunció que a partir de que este ayuntamiento tramitó una controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les ha cancelado tres actos, lo que consideró una represalia contra su administración.

También dijo que, en una semana, la Sedena canceló la firma de un convenio de seguridad con el ayuntamiento, un concierto de la Sinfónica de la Zona Militar y la entrega de mil cartillas del Servicio Militar a jóvenes que radican en Cholula.

“Estas cancelaciones nos preocupan y demuestran la falta de sensibilidad y conocimiento de la obligación que tenemos los tres órdenes de gobierno para coordinarnos en materia de seguridad pública y del servicio que otorgamos a la población”, expresó el edil.

A principios de este mes, el ayuntamiento de San Pedro Cholula se convirtió en la primera autoridad municipal en presentar una controversia constitucional contra la LSI con el argumento de que es violatoria al artículo 115 constitucional.

Espinosa Torres anunció que luego de estas tres cancelaciones consecutivas buscará al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para ponerlo al tanto de estos hechos y explicarle los argumentos jurídicos que sustentan la demanda que presentó su administración ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El edil calificó como “lamentable” la reacción de la autoridad militar por considerar que principalmente afecta a los habitantes de Cholula. Incluso, mencionó que, en el caso de la cancelación del convenio de colaboración, la Sedena devolvió dos camionetas que fueron entregadas por el municipio para los patrullajes de elementos de la Zona Militar.

También reveló que este domingo 21 la Sinfónica de la 25 Zona Militar se presentaría en Cholula como parte de un programa de actividades culturales, sin embargo, el concierto fue cancelado sin que se diera mayor información al respecto.

“Y cuando el secretario del ayuntamiento acudió a recibir las cartillas, pues el Servicio Militar Nacional se da a través de los gobiernos municipales que participamos en la convocatoria, resulta que no nos la entregan más de mil piezas y tampoco nos dan explicación”, contó.

Espinosa dijo que espera que otras autoridades, como el gobierno del estado y la Auditoría Superior del Estado (ASE), no incurran también en represalias contra su administración por la iniciativa que tomó de impugnar la LSI.

Igual señaló que el ayuntamiento tiene la personalidad jurídica para interponer este tipo de recursos, tanto que fue admitido por la SCJN, y no debe ser tomado como un asunto político o un ataque personal.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 19 enero 2018.


Vivanco insistió en que los soldados no deben realizar labores de policías, ya que tienen una lógica diferente sobre el uso de la fuerza letal

Para demostrar que la palabra del Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, no es vacía, se debe investigar al más alto responsable de las acciones militares en Puebla, incluso si es un General, consideró José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Entrevistado luego que se difundiera un video en el que se observa a un militar rematar de un tiro en la cabeza a una persona sometida boca abajo en Palmarito, Puebla, Vivanco aludió a la cadena de mando.

"Los que tengan responsabilidades de supervisión de estos hechos, de la actividad de estos soldados en esa zona del País, en Puebla, que usualmente llegan a los grados de comandantes, coroneles o generales, son esos los que también deben que ser objeto de investigaciones", señaló.

"Hay normas básicas (de actuación) y todas ellas se violan en este video, que ojalá sirva para investigar estos hechos (...) y mostrar a todo el mundo que los discursos del Secretario de la Defensa no son promesas vacías, sino que hay un compromiso serio por cambiar radicalmente la conducta de los militares que participan en tareas propias de policía contra el crimen organizado en México".

Sin embargo, reconoció que en el País los altos mandos se las arreglan para "olímpicamente evadir sus responsabilidades" y que, por lo general, se sanciona a militares de bajo rango.

Por ello, insistió en que los soldados no deben realizar labores de policías, ya que tienen una lógica diferente sobre el uso de la fuerza letal.

Al respecto de las imágenes difundidas, observó que los elementos castrenses actuaron con gran naturalidad, como si ejecutar a alguien en el suelo fuera una práctica legal y normal, lo cual calificó de aterrador.

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), advirtió que incluso en contextos de guerra los militares no tienen autorización para matar a una persona indefensa, aún cuando haya sido combatiente.

Por esto, dijo que espera que el Gobierno federal mande un mensaje del más alto nivel de que no se tolerarán actos como ese.

"De lo contrario, esto confirma lo que hemos venido diciendo de tiempo atrás: que el ejecutar civiles forma parte de una política del Estado", advirtió.

Reforma
César Martínez
Ciudad de México
Jueves 11 de mayo de 2017.

Es una "faramalla”, un "teatro mal hecho” la secuencia reciente de la declaración del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos; la reacción del presidente Enrique Peña Nieto; la del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la iniciativa urgente del Congreso para apresurar la Ley de Seguridad Interior, porque "mandan al Ejército a presionar a la opinión pública” y para "continuar con la militarización que forma parte de un proyecto de integración con el Pentágono”, advierte el senador de oposición Manuel Bartlett.

"Tiene dos lecturas este absurdo apoyo de Peña Nieto al general Cienfuegos: por un lado, la debilidad del propio presidente frente a un desafío del secretario de la Defensa y, por otro, la entrega del Estado mexicano al Ejército. Es la militarización de facto que ahora quieren regularizar”, resume en entrevista con Proceso el coordinador de la bancada del PT en el Senado.

Subraya que esta militarización no es un proyecto de los generales mexicanos o del presidente de la República, sino que responde a los intereses geopolíticos de Washington: "Forma parte de la lógica de la ‘integración’ de México a la seguridad interior de Estados Unidos.”

"La militarización no es un cuartelazo al viejo estilo. Es una entrega paulatina de nuestra soberanía”, indica.

"Una vez que se aprobó en México la reforma energética de Peña Nieto comenzó a haber voces oficiales de Estados Unidos reclamando seguridad: Si no hay seguridad, nadie va a invertir. Y la seguridad es el Ejército en las calles.”

"¿Por qué olvidan los analistas algo esencial? Felipe Calderón tomó la decisión de meter al Ejército en la guerra contra el narcotráfico por mandato norteamericano. Ahí está la Iniciativa Mérida. Que no se nos olvide este punto, porque entonces no entendemos qué están haciendo los soldados en las calles”, abunda uno de los críticos más constantes de la reforma energética y de la aprobación de enmiendas para ajustar la Constitución y las leyes reglamentarias a las necesidades de los militares.

ÉL NO ES EL JEFE

Entre esas leyes que este año se aprobaron bajo presión de las secretarías de Defensa y de Marina están el Código de Justicia Militar, la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional y la reciente militarización de los puertos mexicanos.

Secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, Bartlett, habla de lo que significan las palabras del general Cienfuegos:

"Si yo hubiera sido secretario de Gobernación y el secretario de la Defensa hace estas declaraciones, yo le pido al presidente de la República que lo quite. Cienfuegos no puede hablar a nombre del Ejército porque él no es el jefe del Ejército. El comandante supremo es el presidente de la República. Y cuando el presidente avala esto, diciendo que lo van a apoyar y que fueron ‘descontextualizadas’ sus palabras, está avalando la destrucción de todo el mando civil.”

—¿Entonces es una simulación?

—Es una faramalla mal hecha, como todo lo que hacen. Peña Nieto manda al general para presionar a la opinión pública. Como lo mandó antes a Televisa, cuando dijo Cienfuegos que él no tenía por qué permitir al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que interrogara a los soldados, como si él fuera el presidente de la República.

Bartlett se refiere así a la entrevista que Cienfuegos dio el pasado octubre a Santos Mondragón, de Televisa, para afirmar que "el convenio que hace el gobierno de la República con la Comisión Interamericana y con el Grupo de Expertos es que vienen a complementar las investigaciones de nuestras autoridades. En ningún momento dice que pueden interrogar, no es posible, las leyes no lo permiten.”

PROTAGONISMO

Ante esas declaraciones, el 5 de octubre de este año Bartlett propuso un punto de acuerdo en el Senado para condenar las declaraciones del secretario de la Defensa, porque "se situó fuera de la Constitución, del gobierno y del Estado mexicano.” "Las Fuerzas Armadas son parte del Estado mexicano y, por tanto, están obligadas, como parte de él, a atender y cumplir el acuerdo suscrito entre el Estado mexicano y la CIDH”, argumentó esa vez.

Ese es uno de los antecedentes del protagonismo declarativo del secretario de la Defensa, rememora Bartlett.

"Hacen sus teatros tan mal que el general queda pésimamente mal parado, los tres Poderes de la Unión quedan mal y hasta la iniciativa privada queda mal, porque de inmediato salen a decir que tiene razón Cienfuegos.

"Ahora, esta semana, se movió el Congreso. Ahora resulta que el jefe del Senado es el general Cienfuegos, que él dice cuándo se deben dictaminar las leyes. Se los dije en la Junta de Coordinación Política. Esa es la militarización... Y el líder de los diputados priistas (César Camacho) apurándose a decir que ya terminaron la Ley de Seguridad Interior, que van a trabajar hasta en Navidad.”

—¿Entonces no hay mucha lógica en esta faramalla, porque las declaraciones del general debieron generar una reacción muy dura en el gobierno?

—No, nada. Es una rebelión que va más allá de lo militar. Cienfuegos acaba con todos: Con el Poder Judicial, con Osorio Chong, con los gobernadores, con el Senado. Si se toman en serio sus palabras, este señor debería ser destituido y mandado a retiro porque habló y criticó a su jefe supremo, el presidente de la República.

"Y ahora, Peña Nieto dice que el general tiene razón y que los medios ‘descontextualizaron’ sus palabras. Peña Nieto le está entregando el Estado al Ejército mexicano. Ya está ahora militarizado. Los jefes de las zonas militares hacen lo que quieren con los gobernadores.”

EL PAPEL DE OSORIO

—Siguiendo esa lógica, ¿estas declaraciones de Cienfuegos son un desafío o a qué responden?

—Si las tomas literalmente, es una insurrección militar. Es un putsch. ¿Qué ameritaría? El señor general debería estar ya en el retiro y su Estado Mayor también. Es inaceptable lo que dijo.

—¿Es función de un secretario de Gobernación decirle al presidente que frene al secretario de la Defensa?

—Yo fui secretario de Gobernación seis años y conozco el país y la Constitución y las reglas. Ahora no existe un secretario de Gobernación. Lo redujeron al papel de primer policía del país. Osorio Chong fue absolutamente zarandeado por Cienfuegos y ahora lo anda justificando.

"Descontextualizadas o no, las declaraciones de Cienfuegos constituyen una crítica al Estado mexicano y al jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República.

"El asunto es peor, porque esto es un mandato de Estados Unidos para que el Ejército esté a cargo de la seguridad interior de México.”

Proceso
Genaro Villamil
Ciudad de México
Domingo 18 de diciembre de 2016.

Raymundo Riva Palacio            

Desde hace varias semanas el presidente Enrique Peña Nieto perdió dirección. Iguala le rompió su mapa de navegación y, en las condiciones actuales de ilegitimidad que enfrenta a nivel nacional e internacional, incluso hasta en riesgo pone el proyecto de Nación que construyó con los partidos políticos dentro del Pacto por México. Desde que regresó de su viaje por Asia hace 10 días, cambió el tono del discurso y no ha dejado de verse enojado. Nada es más peligroso para él, para su gobierno y para el país, que la molestia lo empape porque no pueda restaurar el orden, la seguridad y la estabilidad. Pero tomar decisiones con el ánimo incendiado es lo peor que puede sucederle a él, y abre el camino para que la crisis se profundice y arrastre a todos.

El viernes pasado hubo una demostración a puertas cerradas de que el Presidente ya no está viendo quién la hizo sino quién se la paga. En una de las muy raras ocasiones que ha convocado al gabinete en pleno, reunió al mediodía en Los Pinos a todas las secretarias y secretarios de Estado para hacerles una reprimenda que en sus términos y especificaciones, nadie en su equipo lo recuerda. Pero tan notorio como el espíritu beligerante y fulminante de su actitud, fue que dijera quiénes de todos los ahí presentes, no eran responsables de lo que está pasando.

Peña Nieto dijo al gabinete que lo que sucedía en el país no era responsabilidad, menos culpa aún, del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. En una frase, los descartó del sonoro regaño que estaba haciendo. Es decir, dejó ver claramente su postura y creencia, que lo que sucedía no era resultado de ingobernabilidad o de que las cosas en materia de gobernación, seguridad y desaceleración económica fueran factores de inquietud y molestia nacional, sino de la falta de apoyo por parte del resto del gabinete que lo ha dejado solo.

El Presidente se quejó de que ninguno de los presentes, salvo casos específicos, salieran a dar la cara por él. Por ejemplo, en el momento de mayor intensidad, de acuerdo con una versión de la reunión, dijo que durante las marchas de protesta del 20 de noviembre, vio desfilar contingentes del sector campesino. Sin mencionar su nombre directamente, cuestionó al secretario de Agricultura, Enrique Martínez, por no haber operado políticamente para desactivarlos. Para qué necesitaba un responsable de agricultura, sugirió, si él tenía que hacer su trabajo.

Peña Nieto olvidó en el enojo que los sectores campesinos no responden homogéneamente al gobierno o al PRI, sino que hay numerosas organizaciones cuyos intereses y lealtades están en la oposición o, en el contexto actual del conflicto iniciado en Guerrero, están vinculadas a la guerrilla. No sabe, porque seguramente no se lo han dicho, de la inconformidad en el gabinete que podría contribuir con experiencias y operación, porque han sido totalmente marginados y aislados de todo tipo de acción por la Oficina de la Presidencia, que encabeza Aurelio Nuño.

La furia del Presidente no tiene sentido porque el deterioro acelerado de las condiciones de gobernabilidad en el país y el creciente clima de inestabilidad en varias regiones, están directamente vinculadas al proceso de toma de decisiones que él escogió y aprobó, que lo tiene encapsulado por un pequeño grupo de colaboradores en los que confía ciegamente—son quienes deslindó de responsabilidades. Peña Nieto vive una endogamia presidencial donde, por lo que planteó al gabinete, no se ha dado cuenta que no se ha dado cuenta. Ni siquiera, por lo que deja traslucir con sus actitudes, ha escuchado lo que han estado declarando sus propios secretarios de Estado.

¿Por qué el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, hizo público que la decisión de cancelar el desfile del 20 de noviembre no había sido suya? ¿Por qué responsabilizó implícitamente a los políticos de ello, y deslindó a los militares? ¿No acaso el general Cienfuegos le estaba diciendo algo importante al Presidente? O cuando el secretario Videgaray declaró en Washington que los sucesos en Guerrero ponían en riesgo las inversiones, ¿de qué pensaría el Presidente estaba hablando si no de ingobernabilidad?

No quiere ver el Presidente que el diseño de toma de decisiones en Los Pinos, no una persona en particular, es responsable directo -y por ende culpable- de que las cosas no le estén saliendo. O quizás no pueda ver lo que pasa en el entorno porque la cápsula en la que ha estado hace dos años lo ha hecho ver una realidad mexicana que es falsa.

Si se enoja por frustración, por impotencia, o porque siente que las cosas no salen porque su gabinete es el que le está fallando y no el diseño para la toma de decisiones, el terreno en el que se está metiendo es el de la paranoia, donde entre más se encierre más yerros va a cometer. Si esto continúa como hasta ahora, la furia contra el gabinete contaminará su estado de ánimo general y todas las acciones para restaurar la paz nacional. Pero esto será imposible si no enfría la cabeza, se serena, y acepta que puede haber gente capaz de ayudarle afuera de la Presidencia tripartita en la que tanto confía.

Eje Central
Puebl@Media
Raymundo Riva Palacio
Estrictamente personal
@rivapa
Miércoles 26 de noviembre de 2014.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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