Señala Cienfuegos omisiones de autoridades en robo de combustibles

El general secretario dijo que la sustracción de gasolinas es un problema añejo que se está atendiendo; reconoce que sí hubo omisiones de algunas autoridades para que este problema creciera

En el robo de combustible “sí hubo omisiones de algunas autoridades”, por lo que hoy se tiene ese problema en el país, afirmó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, quien aseguró que esa dependencia respetará las conclusiones de las investigaciones sobre el enfrentamiento del pasado 3 de mayo en Palmarito, Puebla.

Salvador Cienfuegos, titular de la SEDENA reconoció que hubo omisión por parte de autoridades para que el robo de combustible creciera en el país.

Hubo omisiones de autoridades en robo de combustible, dice Cienfuegos

En entrevista durante una visita que realizó a la ciudad de Tijuana, Baja California, el funcionario destacó que la sustracción de gasolina a través de tomas clandestinas, “es un problema añejo que hoy está floreciendo, que está encontrando la dimensión que tiene este problema en el país y que se está atendiendo”.

Se le preguntó si esta situación la han dejado crecer los gobiernos estatales a lo que subrayó que “yo creo que si hubo ahí omisiones de algunas autoridades y hoy estamos con este problema”.

Respecto a los hechos del 3 de mayo donde en un video se observa una ejecución de un presunto delincuente, destacó que el caso lo “están investigando autoridades que están dedicadas a esto y lo que ahí investiguen y finalmente concluyan lo respetaremos”.

Al insistirle sobre la presencia del Ejército en las calles resaltó que “esa podría ser una opción, pero depende de lo que digan los legisladores, que están estudiando una ley, un marco jurídico de las fuerzas armadas para ver cómo podemos apoyar, dentro de un marco jurídico a los gobiernos locales.

¿Qué lectura le da a que los legisladores no aprueben esa ley de seguridad interior?, se le preguntó. “Tenemos tres sexenios diciéndolo”, reiteró.

El Universal
Ciudad de México
Viernes 12 de mayo de 2017.

   
Ciudad de México— En la historia de la guerra moderna es mucho más probable que un combatiente hiera a un enemigo, en vez de matarlo.

Pero en México es al revés.

Según las cifras del Gobierno, las Fuerzas Armadas Mexicanas matan con una eficiencia abrumadora, apilan cuerpos a gran velocidad.

Las autoridades mexicanas dicen que sus soldados están mejor entrenados que los miembros de los cárteles con los que se enfrentan. Pero los expertos que estudian el tema dicen que la tasa de muertos de las Fuerzas Armadas Mexicanas no tiene comparación y que revela algo mucho más oscuro.

Paul Chevigny, profesor jubilado de la Universidad de Nueva York y pionero del estudio de la letalidad en diferentes fuerzas armadas, dijo que “hay ejecuciones sumarias”.

Un estudio sobre las guerras desde finales de los años setenta del Comité Internacional de la Cruz Roja encontró que en la mayoría de los escenarios de combate entre grupos armados por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos. A veces, incluso más.

En México la cuenta es a la inversa: el Ejército Mexicano mata a ocho enemigos por cada uno que hiere.

Para su fuerza de élite, la Marina, la discrepancia es aún más pronunciada: según sus propios datos, mata a 30 combatientes por cada uno que hiere.

Las cifras se desprenden del documento ‘Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad’ publicado en junio de 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM). El trabajo tiene como fundamento una serie de estadísticas oficiales obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información pública.

Las estadísticas, que el Gobierno dejó de publicar en 2014, ofrecen una imagen única sobre el papel que han asumido las Fuerzas Armadas Mexicanas en la guerra contra el crimen organizado. Durante la última década, a medida que los marinos y soldados mexicanos han sido enviados a la línea de combate, las violaciones a los derechos humanos se han disparado.

Aun así, las fuerzas armadas continúan siendo intocables, protegidas por un Gobierno reacio a imponerse sobre la única institución a la que puede enviar al combate. Se han tomado muy pocos pasos para investigar los miles de acusaciones de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que se han registrado desde que el entonces presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra las drogas hace una década.

De las 4 mil denuncias por tortura revisadas por la Procuraduría General de la República (PGR) desde 2006, sólo 15 han terminado con una condena.

Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura de Naciones Unidas, dijo que “la tortura no sólo es generalizada, sino que está rodeada por la impunidad. Si el Gobierno sabe que es frecuente y no se presentan cargos o aquellos que llegan a juicio no van a ningún sitio, la culpa es del Estado”.

Las Fuerzas Armadas Mexicanas no respondieron a las solicitudes de entrevista. El general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa, ha exculpado a la institución al decir que es la única que se enfrenta al crimen organizado y que, además, está ganando la batalla.

“Estamos en las calles porque la sociedad nos los pide”, dijo Cienfuegos al diario Milenio este mes.

El Ejército ha matado a alrededor de 3 mil personas entre 2007 y 2012. En ese período han muerto 158 soldados. Hay quienes creen que esa cifra de muertos es puro pragmatismo. En México, donde menos del dos por ciento de los homicidios terminan en condena, las Fuerzas Armadas matan a sus enemigos porque no se puede confiar en el sistema judicial.

El Gobierno ha recibido oleadas de presión por este tema. En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el comportamiento de México en materia de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales; la CIDH se sumó así al informe previo de Naciones Unidas que decía que la tortura se practica de manera generalizada.

Hace varias semanas, se hizo pública una grabación, que se volvió viral, en la que un soldado golpea a una mujer mientras un agente de la policía le pone una bolsa en la cabeza para asfixiarla. Hubo una petición de disculpas públicas por parte de las Fuerzas Armadas, algo nunca antes visto.

Incluso en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, el papel del Ejército y la protección con la que cuenta ha sido objeto de controversia y polarización. Según el informe de la comisión de expertos extranjeros que investigó el caso, la noche de la desaparición hubo soldados presentes. Sin embargo, el Ejército no aceptó entrevistarse con los expertos y el gobierno no se lo exigió.

El Gobierno dice que se toma en serio los derechos humanos y aprueba leyes para contrarrestar los abusos, proteger a las víctimas y permitir que se juzgue a los soldados en tribunales civiles. Afirma que hay una política de derechos humanos nueva en el Ejército y señala que, durante la administración del presidente actual, las quejas contra el Ejército han disminuido de manera importante.

“Cada informe sobre violaciones de los derechos humanos es inquietante”, dijo el Gobierno. “Pero esos casos aislados no reflejan el estado general de los derechos humanos en el país”.

Aunque las denuncias por tortura contra las Fuerzas Armadas han caído desde 2011, fecha en la que se redujo de manera importante el despliegue de tropas en el país, la letalidad de los encuentros no ha disminuido según los datos hechos públicos a principios de 2014.

La relación singular entre el Ejército y el Gobierno se remonta a más de 70 años, cuando el país salió de una guerra civil. Para mantener la estabilidad, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó a un acuerdo con las Fuerzas Armadas: a cambio de una autonomía casi total, el Ejército no intervendría en política.

A diferencia de la mayoría de países de América Latina, en México nunca ha habido un golpe de Estado. Y aunque el Gobierno a menudo no ha sido generoso con el presupuesto dedicado a la defensa, siempre ha protegido al Ejército del escrutinio externo.

Y esa protección se ha mostrado de vital importancia desde 2006, cuando el Ejército salió a las calles para combatir a los carteles y como consecuencia aumentó la violencia. A medida que las denuncias alcanzaban cifras récord, el Gobierno optó por no hacer nada por limitar al Ejército en su competencia.

Y desde hace dos años, las Fuerzas Armadas dejaron de publicar las cifras de muertos. Sin esos datos, según los expertos, es muy difícil saber el nivel de violencia real que ha alcanzado la guerra contra el crimen organizado.

Algunos episodios llegan a los tribunales, como un enfrentamiento en Tlatlaya, cerca de Ciudad de México, donde el Ejército mató a 22 personas en junio de 2014. El Ejército hizo alarde de que durante el combate sólo resultó herido un soldado.

El caso se convirtió en un escándalo de inmediato. La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que por lo menos 15 de las víctimas fueron ejecutadas y que los soldados habían alterado la escena para que pareciera que hubo un combate.

Incluso así, los tres soldados a los que se acusó por su responsabilidad en los hechos fueron absueltos por la justicia la semana pasada. El único soldado condenado, por desobediencia, ya cumplió su sentencia.

La impunidad existe pese al incremento de los vínculos con el Ejército de Estados Unidos a través de ejercicios, entrenamiento y ventas de material que tienen como objetivo incrementar la profesionalidad y, por extensión, el respeto de las Fuerzas Armadas Mexicanas a los derechos humanos.

Hace dos años, Estados Unidos aceptó vender helicópteros black hawk a México en un acuerdo que podría valorarse en más de mil millones a lo largo de 25 años, que también acercará al Ejército Mexicano a los estándares de Estados Unidos.

“No sólo les vendimos los helicópteros”, dijo Todd M. Rosenblum, quien fuera un alto funcionario en políticas sobre México para el Pentágono. “Les vendimos 15 años de colaboración estrecha que no hubiéramos podido tener de otra manera”.

La cercanía ha hecho poco para suavizar las críticas en el Congreso estadounidense.

“Ni todo el entrenamiento del mundo funcionará si no hay personas al mando que crean en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo el senador demócrata de Vermont, Patrick J. Leahy.

Para mayor preocupación del Gobierno de México, algunos casos de abuso han logrado llegar a las instituciones internacionales.

El 29 de diciembre de 2009, tres personas desaparecieron en el estado de Chihuahua y nunca se volvió a saber de ellas. Tras buscar un recurso legal a nivel estatal, federal y militar, los familiares llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011.

Cinco años después, la comisión entregó su reporte confidencial, según dos personas que conocen el caso. Si la comisión halla responsable al Ejército de las desapariciones, como se espera, la resolución podría ser vinculante.

También existe otro caso ante la Corte Penal Internacional: un grupo sin fines de lucro en Baja California recolectó más de 90 ejemplos de lo que considera tortura realizada por el Ejército Mexicano desde 2006 a 2013. La Corte aún no ha respondido a la solicitud.

El expediente incluye el caso de Ramiro López, quien fue arrestado con otras tres personas y torturado por el Ejército en junio de 2009. Los hombres casi fueron asfixiados con bolsas de plástico y recibieron toques eléctricos en los genitales antes de ser presentados como secuestradores y de que fueran sentenciados por ello.

Pero en 2015, tras una investigación poco común de Naciones Unidas, se resolvió que los hombres no eran culpables. El Gobierno los absolvió, pero no buscó a los responsables de dicha confesión forzada.

“Ellos no deberían intentar justificar su trabajo con confesiones obtenidas bajo tortura”, dijo Mayra, hermana de Ramiro López. “Pero tampoco parece que esto vaya a cambiar pronto”.

The New York Times
Ciudad de México
Jueves 26 de mayo de 2016.

Raymundo Riva Palacio          

El secretario de la Defensa sigue muy enojado. Por tercera vez en las últimas semanas, el general Salvador Cienfuegos aireó la molestia del alto mando y la tropa, y recurrió a los medios para defender al Ejército contra las acusaciones de que son violadores de los derechos humanos. En una larga entrevista que concedió a Televisa, el general Cienfuegos defendió a los elementos del Batallón 27 de Infantería, con sede en Iguala, donde la noche del 26 de septiembre del año pasado desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, capturados por la Policía Municipal y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Su verdad, sin embargo, es a medias.

El general alegó que los soldados ni siquiera estaban en Iguala hasta después, dijo, que habían pasado los hechos violentos. El general estableció que los soldados regresaron a su cuartel cerca de las 10 y media de la noche y no realizaron acciones de seguridad pública. Personal del Batallón 27 de Infantería tenía presencia en la sala de control del C-4, el sistema de televisión de circuito cerrado que utiliza la policía. Asimismo, sabían lo que pasaba y una célula de inteligencia militar había seguido a los normalistas desde su salida de la normal en Tixtla. Por tanto, conocían que los hechos se prolongaron mucho más allá de lo que admitió el secretario.

En Iguala, dijo, no actuaron contra los estudiantes, aunque puede argumentarse que el haber impedido que uno de ellos fuera atendido en una clínica privada por heridas de bala, fue una intervención directa. De la misma forma es discutible su inacción, como cuando el comandante del Batallón rechazó el pedido del ex fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, para llevar a sus instalaciones a los policías municipales para desarmarlos y tomarles sus primeras declaraciones. La justificación jurídica del secretario de la Defensa es que sin haber una solicitud expresa de la autoridad civil, los militares no pueden participar en acciones de seguridad pública. Ahí lo pidieron y se las negaron.

Sin embargo, la vulnerabilidad del argumento no está en sus responsabilidades de esa noche, sino en los antecedentes. Iguala, según información de la Fiscalía de Guerrero de cuando menos cinco meses antes, estaba controlada por Guerreros Unidos, aliado con el entonces alcalde, José Luis Abarca. El jefe del Batallón 27, el coronel José Rodríguez, mantenía una relación con Abarca y con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, a cuyo informe de labores al frente del DIF, acompañó horas antes que empezaran los sucesos. El Batallón, que nació en los 70 para enfrentar a la guerrilla rural, cuenta con una oficina de inteligencia, que estaba a cargo del mayor Luis Alberto Rodríguez. Entonces, se puede plantear, ¿no sabían los militares de la injerencia criminal en las instituciones en Iguala?

El papel que jugaban los militares en Iguala mucho tiempo antes del crimen, es un misterio. El secretario Cienfuegos relevó al coronel Rodríguez diez meses después del crimen, y no se sabe qué ha sido de él. Se desconoce también la suerte del mayor Rodríguez y del mayor de Infantería, Raymundo Barrera, que era jefe de personal en el cuartel. Dos de sus subalternos habían sido denunciados públicamente de tener vínculos con criminales, y no se sabe si el Ejército los investigó para determinar si sus oficiales y soldados estaban o no involucrados con ellos. La defensa del general Cienfuegos no ha tenido matices, lo que ante la sociedad política y los organismos internacionales que defienden los derechos humanos, lo colocan en una situación vulnerable.

El secretario de la Defensa está hablando, pero no parece decir todo lo que le molesta. Si un observador analiza lo que hizo el Batallón esa noche, salir a la calle, recoger información, reportar lo que veía y establecer un perímetro de seguridad alrededor de Iguala, como ha sido narrado en testimonios desde el sábado 27 de septiembre, no deja de sorprender la analogía con el modus operandi en Michoacán, cuando los grupos de autodefensa civil –donde había sicarios renegados– iban a aniquilar a sus enemigos, Los Caballeros Templarios. En Michoacán, donde el gobierno organizó y armó a los grupos de autodefensa civil, la instrucción al Ejército era que sellaran las comunidades mientras había una depuración de los cárteles. Después de los enfrentamientos, actuaban.

En Michoacán, esa estrategia la diseñó el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo, Alfredo Castillo, nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto, y recibió el aval y respaldo de la Secretaría de Gobernación. El secretario de la Defensa se oponía al modelo y se enfrentó con Castillo. El diferendo fue resuelto en la oficina del exjefe de Oficina, Aurelio Nuño: Castillo dejó de lastimar al Ejército y el Ejército aceptó el modus operandi. Si Iguala fue una réplica de la arquitectura construida en Michoacán, ¿quién tiene la primera responsabilidad del costo que hoy pagan los militares?

La respuesta es simple: el gobierno. Los mismos que les causaron la herida de Tlatelolco, volvieron a infligirles un nuevo daño. El secretario de la Defensa grita todo el tiempo por la injusticia con la que tratan al Ejército, pero es parte del andamiaje institucional que, como en 1968, es la parte más delgada del hilo cuando se rompe. Pero también hay que decirlo, hubo cosas que tuvo que hacer el secretario con el Batallón 27, que no hizo. Esta responsabilidad, sí es del general.

Eje Central
Puebl@Media
Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
Ciudad de México
Sábado 10 de octubre de 2015.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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