Crea Congreso comisión para caso Puebla

Carlos Morán Moguel, subsecretario de Transportes informó los primeros avances en la investigación del accidente aéreo donde murió la gobernadora de Puebla, su esposo y senador, y tres personas más.

De acuerdo al portal: lopezdoriga.com, la Dirección de Aeronáutica Civil participó desde el primer momento en la investigación técnica que atrajo la ayuda de peritos de Canadá, técnicos de Italia e investigadores de Estados Unidos y uno de la Agencia Europea de Aviación, y contactando a las empresas fabricantes del helicóptero y sus motores.

Morán Moguel detalló que la mayoría de los componentes de la aeronave resultaron altamente dañados por la explosión registrada tras el desplome, sin embargo, los expertos creen que pueden obtener de ellas información digital importante.

En este sentido, los componentes más relevantes son la Data Collection Unit y la Data Acquisition Unit, mismas que registran parámetros de arranque, revoluciones y del vuelo de los motores. Asimismo, la que controla y regula algunas funciones de la aeronave como el combustible.

Toda la información recopilada será subida a internet para que las delegaciones de cada país la puedan consultar, detalló el subsecretario. “Vamos a llegar a la verdad y no se va a ocultar absolutamente nada, el compromiso es ese, hablar siempre con la verdad“, concluyó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

Crea Congreso comisión para caso Puebla

La Comisión Permanente del Congreso aprobó la creación de una Comisión Especial, la cual estará integrada por diputados y senadores, que tendrá como objetivo conocer y dar seguimiento a las investigaciones del accidente aéreo donde perdieron la vida la Gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle.

Luego que se dedicara un minuto de silencio a ambos panistas, el senador priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó hoy un punto de acuerdo, el cual recibió el respaldo de las bancadas de todos los partidos, con la finalidad de que el Congreso acompañe las indagatorias en torno al siniestro ocurrido el pasado 24 de diciembre.

Ramírez Marín aseguró que es urgente que se esclarezca el caso, ya que el País merece saber la verdad.

"Es urgente que todo lo que haya alrededor de su trágico accidente llegue a verdades inobjetables", mencionó.

El priista indicó que la Comisión Especial deberá tener la capacidad de solicitar a las autoridades competentes toda la información que considere necesaria, además de que, cuando lo estime conveniente, podrá llamar a reunión a autoridades federales, estatales y municipales.

La Comisión, asimismo, rendirá informes a las Juntas de Coordinación Política de ambas cámaras del Congreso.

La senadora poblana Nadia Navarro, tras dedicar unas palabras en memoria de su compañero de partido, señaló que las investigaciones sobre el caso deben llegar hasta las últimas consecuencias.

Cruz Pérez Cuéllar, senador de extracción morenista, indicó que, lejos de temas electorales, la Comisión tendrá la misión de dar seguimiento al tema y ayudar a que se esclarezca el accidente aéreo.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 3 de enero 2019.


•    La SCT aprobó construir el segundo piso de Puebla, aunque era la opción más cara y sin planeación    

•    Aunque había tres opciones que serían más baratas, tanto en construcción como en el peaje que pagarían los usuarios, el gobierno de Moreno Valle eligió la opción más cara y la que fue una promesa de campaña de Enrique Peña Nieto.


Puebla.- En 2014 el gobierno federal dio luz verde a construir un Viaducto Elevado en Puebla aun cuando era el proyecto más caro de tres posibles opciones: un libramiento, que seis años antes se había presupuestado en mil 933 millones de pesos; ampliar la autopista a diez carriles en su cruce por la ciudad poblana, valuado en 4 mil 400 millones, o construir un paso elevado por 10 mil millones.

Se optó por el más caro, pero además sin que hubiera planeación previa: se adjudicó una obra de 13.3 kilómetros y 18 metros de ancho, pero se construyó un segundo piso de 15.3 kilómetros y 21 metros de ancho.

La obra resultó cara no sólo para las finanzas públicas —el gobierno federal pagó 4 mil 500 millones—, también para los usuarios. Recorrer la carretera México-Puebla cuesta 1.40 pesos por kilómetro, con dos casetas incluidas. El peaje del Segundo Piso cuesta 3.59 pesos el kilómetro, 2.5 veces más que toda la autopista.

Documentos oficiales consultados por Animal Político indican que el peaje del Segundo Piso también es más alto del que se hubiera pagado con el libramiento: 1.20 pesos por kilómetro.

Sin estudios previos

La Cámara de Diputados aprobó en diciembre de 2012 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del siguiente año con una partida de 43 millones de pesos para un estudio de preinversión para el Viaducto Elevado de Puebla, pero el estudio jamás se realizó.

El 17 de mayo de 2013, el titular de la dirección general de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Óscar Callejo Silva, pidió la cancelación del estudio a pesar de que la documentación era necesaria “para la correcta proyección” de la obra, pues incluía un estudio de demanda, el anteproyecto ejecutivo y el estudio de impacto ambiental, entre otros documentos, según se lee en los documentos oficiales que consultó Animal Político.

Pero la falta de estudios no impidió que en 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aprobara la entrega de 5 mil millones de pesos para subsidiar el Viaducto Elevado, una de las 266 promesas de campaña que Enrique Peña firmó ante notario público como candidato a la Presidencia de la República.

La entrega de los recursos públicos se hizo sin contar con la aprobación de la Cámara de Diputados. Lo que se hizo fue una “modificación presupuestal” para inyectar recursos al “Programa de Apoyo para Infraestructura Carretera U002”, un programa que en el PEF aprobado por los legisladores en 2014 estaba en ceros, sin recursos asignados.

De ese programa salieron 2 mil 500 millones de pesos para el arranque de la obra en 2014, y se repitió el esquema en 2015 y 2016 para asignar un subsidio de mil millones anuales, hasta que finalmente, en agosto de 2016 se inauguró el viaducto elevado.

La falta de documentación y estudios que justificaran la obra fue la constante en el desarrollo del proyecto.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó, entre otras irregularidades, que la obra se inició sin un proyecto ejecutivo autorizado, sin el estudio costo-beneficio y sin la Manifestación de Impacto Ambiental.

¿Fue mejor opción técnica? ¿la menos onerosa?

La promesa de campaña de Peña Nieto se rubricó con el folio CG-040 y se incluyó en el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transportes y Comunicación 2013-2018, acompañado por la leyenda: “o la opción que técnicamente mejor resulte”.

La SCT consideró dos posibles opciones, según documentación que la dependencia entregó a Animal Político, aunque al final se optó por la más cara.

La primera alternativa: modernización y ampliación a diez carriles del paso de la vialidad en su cruce por la ciudad, con carriles para laterales para el tránsito local, una solución que tendría “vida útil de 30 años con el mantenimiento adecuado” y costo estimado de 4 mil 400 millones de pesos.  

La segunda el viaducto elevado, una solución que —igual que la primera opción—, tendría “vida útil de 30 años con el mantenimiento adecuado”, pero con la desventaja de que “el uso de esta infraestructura sería en hora de máxima de demanda, con lo que podría existir una sobreoferta de la misma”. El costo estimado de esa obra fue de 10 mil 500 millones de pesos, más IVA, y consideraba un tramo de 16.6 kilómetros de largo.

En el mismo documento oficial hay contradicciones sobre la valoración de las dos opciones. Primero se dice que “de manera objetiva y cuantitativa se consideró al Costo Anual Equivalente (CAE) como el mejor indicador”, lo que significaba que ampliar la carretera era la mejor opción. “La alternativa 2 es la que requiere de una inversión mayor a lo largo de la vida útil del proyecto”. Pero en otro párrafo se menciona que la alternativa 2 “representa el menor CAE por lo tanto resulta ser la más adecuada”.

Alternativa    Costo de inversión    Conservación rutinaria    Riego de sello    Carpeta    Reconstrucción    CAE
1    4,400,000,000    2,669    12,900    71,171    195,721    539.6
2    10,500,000,000    5,641    27,265    150,422    413,682    1,285.3

Más allá de lo contradictorio de las afirmaciones en el estudio, los datos del CAE y los costos totales de las obras muestran que el viaducto elevado era 2.3 veces más caro que la ampliación, pero el gobierno optó por esa alternativa.

Pero además de la económica, entre los proyectos hay otra diferencia: la segunda opción es la que prometió Enrique Peña Nieto durante la campaña presidencial y la que buscaba el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle, quien buscó sin conseguirla la candidatura del PAN para los comicios de este 2018.

El estudio de la SCT consideró además que la obra podría generar una ganancia del 17.6% anual (la Tasa Interna de Retorno), aunque en el contrato de concesión que el gobierno de Puebla con OHL-Pinfra se estableció que la ganancia sería del 10% anual real, más la recuperación de la inversión inicial.

También señaló que la obra se pagaría a partes iguales por el gobierno y empresas del sector privado, con un proceso de licitación que se realizará en junio de 2015 para que la obra estuviera en operación en enero de 2018.

Pero el proceso planteado en los documentos de la SCT no se siguió, la obra se adjudicó a mediados de 2014 sin licitación de por medio y se puso en operación en octubre de 2016, justo al cierre del sexenio de Moreno Valle.

Una obra ‘exprés’

El 19 de junio de 2014, la SCT entregó al gobierno de Puebla el permiso de derecho de vía para construir el viaducto elevado sobre la autopista federal. Ese mismo día la dependencia emitió los lineamientos del programa U002 “Programa para Infraestructura Carretera” para entregar el subsidio de 5 mil millones de pesos y financiar la mitad de la obra.

De acuerdo con esos lineamientos, de los que Animal Político tiene copia, para recibir el subsidio el gobierno de Puebla debía demostrar, entre otras cosas, que tenía “proyectos ejecutivos, evaluaciones financieras y técnicas que aseguren la factibilidad” de la obra.

Pero la obra se inició sin tener ni estudio de costo beneficio ni proyectos ejecutivos.

Al analizar la cuenta pública 2014, la Auditoria Superior de la Federación dijo: “En la revisión del título de concesión, se observó que la SCT otorgó el subsidio en materia de infraestructura carretera al gobierno de Puebla, para el proyecto del viaducto elevado, aun cuando no se contaba con el estudio costo-beneficio ni con el proyecto ejecutivo”.

En respuesta a la auditoria, la SCT presentó en octubre de 2015, un año después de iniciada la obra, un estudio de costo-beneficio. Animal Político tuvo acceso al estudio, vía una solicitud de información que atendió la ASF. El documento no tiene la fecha en que fue realizado, no incluye firma, sello, ni tiene referencia alguna a los autores o responsables del estudio.

Además, dice la ASF, “no se tiene evidencia de que se contara con el estudio previo al otorgamiento del subsidio”.

Ni siquiera se tuvo el cuidado de tener un título de concesión que tuviera los datos correctos: la SCT se refiere a una autopista de 16.6 kilómetros de longitud y 21 metros de ancho, mientras que el título de concesión hace referencia a una obra de 13.3 kilómetros de largo y 18 metros de ancho, y la obra que se construyó fue de 15.3 kilómetros de largo y 21 metros de ancho.

Otras irregularidades

Pero no fueron las únicas irregularidades. La ASF revisó el desarrollo de la obra entre 2014 y 2016 y detectó costos inflados: “algunos de los precios son elevados respecto a los precios de mercado y a los propuestos en otros proyectos similares realizados por la misma empresa” por más de mil 173 millones de pesos.

También se detectaron pagos por obras y servicios no recibidos por más de 180 millones de pesos, y un pago de 2.7 millones de pesos por un anticipo no justificado.

A ello se sumaron “trabajos de mala calidad al interior de las trabes prefabricadas; cabezales, trabes, losas y prelosas; ramales de tuberías de PVC, de marcos y registros”.

Dice uno de los informes de la ASF que “no obstante que la obra ya se había concluido y se encontraba en operación, no se tenía autorizado en su totalidad el proyecto ejecutivo ni se contaba con la documentación que acreditara las modificaciones efectuadas”.

El gobierno de Puebla incluso intentó que vehículos pesados o de carga tuvieran la obligación de transitar por el viaducto elevado —y pagar la cuota por hacerlo—, restringiendo su circulación por la parte baja de la autopista México-Puebla. La acción fue señalada por la ASF, quién pidió el inicio de un procedimiento administrativo contra los funcionarios responsables, sin que hasta la fecha se haya sancionado a nadie.

El viaducto elevado, un logro en infraestructura según la administración federal de Enrique Peña Nieto y de Rafael Moreno Valle en Puebla, sí desahoga el tráfico en la zona y disminuye los tiempos de traslado.

Sin embargo, su construcción fue más para el lucimiento de los funcionarios involucrados y a un costo de 4 mil 500 millones de pesos, además de una concesión que no le retribuye ni un peso a las arcas públicas.

Animal Político
Ernesto Aroche
Ciudad de Puebla
(Jueves mayo 24 2018)
Jueves 19 julio de 2018.


El gobierno de Puebla desconoció a las empresas Constructpue de México y Administradora de Capitales de México (ACM), que fueron señaladas de ganar con fraude contratos de obra pública federal, aunque colaborará en investigarlas.

El Secretario de Infraestructura y Transportes (SIT) de Puebla, Diego Corona, deslindó a la Administración de Rafael Moreno Valle de cualquier responsabilidad al advertir que los proyectos que obtuvieron esos consorcios son de competencia federal.

Sostuvo que los contratos, valuados en mil 122 millones de pesos, que lograron esas compañías por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no corresponden al Estado.

"Las obras que se están realizando, a las cuales hace alusión (el señalamiento), son obras federales, son contratos que se hacen por medio de la federación, el Estado no tiene conocimiento de cuáles son las características de estos contratos ni conocemos a las empresas que ahí se involucran.

"Hay bases de datos donde se ve qué obras hace qué empresa y si la SCT o la dependencia que hizo la contratación de estas empresas nos solicitaran, oficialmente, cuál es nuestra opinión en relación con estos contratos, con gusto lo haremos", aseguró Corona.

REFORMA publicó que ambas constructoras obtuvieron en 2014, en un periodo de 8 meses, al menos 11 contratos con la dependencia federal tras falsificar convenios previos a fin de acreditar su experiencia en licitaciones convocadas por los Centros SCT en 10 estados.

Dos años después, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició procedimientos para sancionar a las compañías, pero no las localizó en los domicilios que registraron para recibir notificaciones, por lo que en agosto publicó edictos en el Diario Oficial de la Federación.

A pregunta expresa, el Secretario Corona manifestó que las autoridades locales sí indagarán porque mantienen una relación de coordinación con la SCT para coadyuvar en el caso.

No obstante, el funcionario poblano evitó un pronunciamiento más a fondo sobre si recibieron o no alguna notificación de esa dependencia federal o de la SFP o de la Auditoría Superior de la Federación.

Se buscó la postura del Gobernador Rafael Moreno Valle al término de su participación en un acto oficial, pero evitó emitir pronunciamientos.

Reforma
Francisco Rivas
Puebla, México
Martes 06  de septiembre de 2016.


El empresario restaurantero, Víctor Hugo Caram González, y el abogado Carlos Federico Vega Cajica, son las cabezas principales de las empresas poblanas Constructpue de México y Administradora de Capital de México, a quién la Secretaría de la Función Pública (SFA) inició procedimientos sancionatorios por haber falsificado documentos para obtener contratos de obra pública de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La noticia sobre la investigación que pesa sobre las dos empresas fue dada a conocer este domingo 4 de septiembre por el diario Reforma, y en donde se señala que durante el 2014 las dos compañías fueron beneficiadas con 11 contratos para la construcción de obra en 10 estados del país, valuados en mil 122 millones de pesos.

Y podrían no ser las únicas, en 2014 la revista Newsweek publicó un reportaje en donde señala a “dos altos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.

“Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura de la SCT, y José Antonio Rodarte Leal, coordinador general de Centros SCT, se han encargado de beneficiar a un grupo predilecto de constructoras, que aparecen repetidas en los estados de México, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Yucatán, Estado de México, Veracruz, Distrito Federal, Jalisco, Sinaloa, Coahuila y Durango a las que les otorgan el grueso de obra pública e incluso en fechas similares, al grado que hay empresas que pareciera que ejecutan obra al mismo tiempo en distintos lugares”.

Aunque la investigación que lleva a cabo la SFA no señala aún a funcionarios que pudieran estar coludidos con las empresas ya señaladas, de momento, y de acuerdo con los edictos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las dos empresas poblanas deben comparecer en un plazo no mayor a 15 días ante la autoridad federal a fin de aclarar el presunto fraude que se les achaca.

En la lista de empresas que de acuerdo con el semanario Newsweek también fueron favorecidas por los funcionarios federales se encuentra Alfa Proveedores y Contratistas, una de las empresas responsables de algunas de las obras insignia del gobierno de Rafael Moreno Valle, como el Centro Integral de Servicios (CIS).

De taquero a constructor

A finales del siglo pasado, a junio de 1999 para ser más exactos, Víctor Hugo Caram González inició el proceso para registrar como marca un restaurante que ya venía funcionando ubicado en la esquina de la 29 sur y la avenida Juárez: “La Feria del Taco”.


Ocho años después extendió sus negocios con “El Hostal de las Brasas”, ubicado a un costado de la esquina de la 19 sur, en la que comenzó a labrar su prosperidad. Después vendría “Boca del Río”, un restaurante especializado en mariscos, ubicado también en la zona.

Pero antes de extenderse a la comida del mar, Caram González, o más bien su esposa y su hija, María Jacqueline Hernández Ramírez y Karime Hennet Caram Hernández registraron la empresa Constructpue de México SA de CV. La fecha 16 de julio de 2009.

El nombre de Víctor Hugo Caram apareció unos meses después, en enero de 2010 cuando se le nombró representante legal de la empresa. La misma que cuatro años después, según documentó el diario Reforma, “ganó contratos de los Centros SCT de Veracruz, Colima, Yucatán, Nuevo León, San Luis Potosí y Nayarit para modernizaciones y ampliaciones carreteras por un monto total de 694 millones de pesos, todos entre febrero y junio de 2014”.

“Según el procedimiento de la SFP contra Constructpue, el contrato más jugoso, por 184 millones de pesos para ampliar la carretera federal 180 en el tramo Cosoleacaque-Jalticpan, fue obtenido tras presentar al Centro SCT-Veracruz copias de ocho contratos con el Gobierno de Puebla que en realidad no existían”.

“La Auditoría Superior de la Federación informó en la Cuenta Pública de 2014 que Constructpue incumplió las obras, por lo que la SCT rescindió el contrato y exigió reembolsar 33.4 millones de pesos.

“En Colima, Constructpue ganó un contrato de 139 millones de pesos en una licitación en la que no asistió a ninguna junta de aclaraciones, mientras que en Nuevo León derrotó a grandes constructoras, como GIA+A, ICA y Mota Engil”.

De acuerdo con documentos notariales en posesión de esta casa editorial, la familia Caram Hernández, salió de la sociedad a finales de 2014, cuando ya se habían concretado la firma de los contratos millonarios con la SCT.

En noviembre de ese año la familia vendió sus acciones a Pascual Arellano Ortiz (el 51 por ciento de las acciones) e Hilda Adriana Cerón Gómez (49 por ciento restante). Y la representación legal de la empresa quedó en manos de Arellano Ortiz.

Una acción digamos sorpresiva pues Arellano Ortiz presentó documentos ante el titular de la notaria número 38, Jaime Juárez Hernández, que ubican su domicilio en la colonia Lomas Flor del Bosque, una colonia bastante popular.

El paso de Hilda Adriana Cerón Gómez en la sociedad fue muy corto, pues en julio de 2015 vendió sus acciones a un nuevo socio llamado Rogelio Castillo Cortés.

Abogado y constructor

Constructpue y Administradora de Capitales de México (ACM) tienen una cosa en común, además de los varios contratos que se les otorgaron desde la SCT durante el 2014. Las dos empresas fueron constituidas en 2009. La primera ya se señaló fue en julio de 2009, la segundo un tres meses antes, en mayo de 2009.

ACM fue conformada con 50 mil pesos de capital por el abogado Carlos Federico Vega Cajica y Patricia Cabrera Flores, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa.

Cinco años después de su constitución la empresa sumó en unos meses contratos por 428 millones de pesos en Puebla, Jalisco, Oaxaca y Guerrero, cortesía de la SCT. Entre ellos el contrato para la modernización del periférico ecológico valuado en 271.6 millones de pesos.

E igual que Constructpue, presentó “documentación presuntamente falsa” para obtener los contratos, como se lee en la notificación de inicio de procedimiento que emitió el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que se publicó en el DOF el 1 de junio pasado.

De hecho, desde febrero de 2015, Jorge Trujillo Abarca, titular del Órgano Interno de Control de la SCT giró una circular dirigida a “las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos en la materia de obra pública, con la empresa Administradora de Capitales de México S de RL”.
 
Además, se le impuso una multa por 367 mil pesos, y un plazo de inhabilitación por seis meses por haber “proporcionado información falsa en su propuesta técnica”.

Lado B
e-consulta
Ernesto Aroche
Ciudad de Puebla
Lunes 5 de septiembre de 2016.


•    Ampliación y modernización de la autopista México Puebla, parte del plan integral de conectividad para NAICM

•    Se trata de una inversión federal superior a los dos mil 300 millones de pesos, informó el secretario de Comunicaciones y Transportes

Con una inversión federal superior a los dos mil 300 millones de pesos, se lleva a cabo la modernización y ampliación de seis a 12 carriles de la Autopista México-Puebla, que forma parte del plan integral de conectividad de altas especificaciones, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Informó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al supervisar los avances de esta obra en el oriente del Estado de México, la cual tendrá un tránsito diario estimado de casi 160 mil vehículos y de la que es concesionario CAPUFE-FONADIN.

Señaló que se trata de una obra de 14.2 kilómetros que cuenta ya con un avance de 98% por ciento, por lo que se espera que sea inaugurada en semanas próximas.

Esta vialidad dispone de cuatro carriles por sentido para el tránsito de largo itinerario y dos para tránsito local, con lo que se obtiene una reducción de tiempo de recorrido de 70%, al pasar de una hora con 15 minutos a tan solo 25 minutos, destacó.

Indicó que en la modernización de este tramo carretero se construyó el Distribuidor Vial Eje 6 que operará como una conexión entre la Autopista y la vía libre, así como la ampliación de seis estructuras de cruces hidráulicos vehicular y de ferrocarril, además de contemplar el espacio para alojar un sistema de transporte suburbano.

Afectaciones por lluvias

En torno a los deslaves registrados en la Autopista México-Tuxpan, señaló que se registraron diez, tres de ellos graves, los cuales tras una jornada de diez horas de trabajo fueron atendidos y se restableció la circulación con absoluta normalidad.

“La SCT es solidaria y está atenta para atender las afectaciones derivadas de los fenómenos meteorológicos en las carreteras y autopistas del territorio nacional, ya que, con trabajo y tiempo, pueden recuperarse al 100 por ciento”, subrayó.

Dobles remolques

Respecto al uso de dobles semirremolques en el transporte de carga, señaló que la SCT se ciñe única y exclusivamente al reglamento en vigor y que en caso de que hubiera un cambio en éste la SCT estaría dispuesta a ceñirse a lo que disponga la nueva norma, insistió.

Asimismo, hizo un llamado a propietarios y choferes de este tipo de remolques a que respeten los señalamientos viales y las disposiciones en materia de tránsito, ya que dijo, “un 70 por ciento de los accidentes se generan por exceso de velocidad o infringir la reglamentación en vigor”.

Beneficios

En su intervención el director general de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Benito Neme Sastré, aseguró que la obra beneficia a más de dos millones de habitantes y elimina cuellos de botella en una de las zonas limítrofes más conflictivas de tránsito vehicular entre la Ciudad de México y el Estado de México.

Asimismo, con esta obra se evita la circulación del tránsito de largo itinerario por las zonas urbanas en la CDMX; así como, los municipios de Los Reyes La Paz, Valle de Chalco e Ixtapaluca.

Por su parte, el secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de México, Erasto Martínez Rojas, agradeció el apoyo permanente del gobierno federal, a través de la SCT con inversiones que derivan en beneficios directos para los mexiquenses

Finalmente, Gerardo Ruiz Esparza reiteró que todas las obras que se realizan eventualmente causan molestias, pero que son temporales, pero sin duda los beneficios que se obtienen de ellas serán permanentes.

Acompañaron al titular de la SCT, el secretario de Infraestructura del Estado de México, Erasto Martínez Rojas; el subsecretario Raúl Murrieta Cummings, y el director general de Desarrollo Carretero, Carlos Bussey Sarmiento.

Puebl@Media
Puebla, México
Miércoles 10 de agosto de 2016.


Ciudad de México.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que debido al periodo vacacional se implementarán descuentos en las tarifas de autobuses, de 50 por ciento para estudiantes y de 25 por ciento para maestros, del martes 22 de marzo al lunes 4 de abril.

Dichas disminuciones en tarifas deberán estar disponibles por parte de los prestadores de servicios ferroviarios de pasajeros, en su modalidad de regular interurbano y los permisionarios del servicio de autotransporte federal de pasajeros en sus servicios de primera y económico durante el lapso del 22 de marzo al cuatro de abril del presente año”, informó la dependencia a través de un comunicado.

Para hacer válido el descuento, los alumnos y profesores deben contar con credencial vigente de la institución educativa o constancia oficial expedida por la escuela a la que pertenezcan.

Este documento debe contener nombre y sellos de la escuela; nombre y fotografía del titular y, en su caso, número de cuenta o matrícula.

¿Quiénes tienen acceso a este beneficio?

Instituciones educativas integradas a los sistemas de educación de la Secretaría de Educación Pública, direcciones y departamentos de educación en las entidades federativas
La Universidad Nacional Autónoma de México
El Instituto Politécnico Nacional
Universidades de toda la República, institutos, escuelas libres de derecho, comercio, homeopatía, Colegios de Bachilleres, y centros de educación incorporados a las mismas.

Excélsior
Ciudad de México
Lunes 21 de marzo de 2016.

La grabación exhibe que la empresa presuntamente pagaría las vacaciones de Gerardo Ruiz Esparza; el funcionario negó que la compañía haya hecho algún pago en su favor

OHL México presuntamente acordó pagar vacaciones al secretario de Comunicaciones y Transportes federal, Gerardo Ruiz Esparza, y supuestamente obtuvo información privilegiada de licitaciones, de acuerdo con nuevas grabaciones de conversaciones entre directivos de la empresa difundida en YouTube.

En uno de los audios se escucha al exdirector de Relaciones Institucionales de OHL México, Pablo Wallentin, reclamar a una secretaria de la empresa que Ruiz Esparza haya tenido que pagar una estancia vacacional.

En la grabación no se detalla de qué estancia vacacional se trata y Wallentin reclama que no le hayan hecho el cargo a su propia tarjeta.

- Oiga la voy a agarrar a patadas. ¿Qué pasó con lo de Edna? A Ruiz Esparza le cobraron [...] sus estancias.

- A mí me dijeron que todo estaba bien, que todo estaba cobrado en su tarjeta.

En la conversación, supuestamente realizada el 9 de marzo de 2015, el ex directivo pide a la persona comunicarse para verificar si pagó algo Ruiz Esparza y de ser así reembolsarlo de inmediato.

“Cuánto fue y quién lo pago, si lo pagaron ellos reembolsárselos de inmediato”, enfatizó Wallentin.

Tras darse a conocer estas conversaciones, el titular de la SCT negó cualquier irregularidad.

"Rechazo categóricamente que la empresa OHL me haya pagado algún gasto de vacación o de cualquier otro tipo”, escribió este miércoles el funcionario en su cuenta de Twitter.

En otra de las conversaciones, Wallentin supuestamente habla con el presidente de la empresa, José Andrés de Oteyza, sobre la reunión que tuvo con uno de los funcionarios de la SCT, quien presuntamente le entregó un disco con información de dos proyectos que saldrían a licitación.

“Me dio un disco del proyecto de Ciudad del Carmen y me dio el proyecto que tienen de Indios Verdes, me lo dio en disco con toda la información, y cómo va a salir y cómo se va a licitar”, dijo el ex directivo.

En estas conversaciones también se discuten sobrecostos en una obra de Atizapán-Atlacomulco y un supuesto acuerdo con funcionarios para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no realice visitas de inspección.

La empresa ha estado en el ojo del huracán desde principios de mayo, tras la difusión de grabaciones de llamadas telefónicas en las que presuntamente ejecutivos de alto nivel discuten sobrecostos, pago de vacaciones a funcionarios, supuestos sobornos a jueces y tráfico de influencias con servidores públicos del Estado de México.

OHL dijo este miércoles en un comunicado que las grabaciones son ilegales y manipuladas, y que buscan confundir a los participantes del mercado, autoridades y público en general.

"OHL México reitera que continúan las investigaciones necesarias para confirmar quién está detrás de la campaña de desprestigio y ratifica que hará uso de todos los recursos legales a su alcance para hacer valer sus derechos. Asimismo, la Compañía informa que se presentarán nuevas denuncias sobre el caso a las autoridades respectivas", dijo.

La empresa agregó que continúan las auditorías solicitadas a KPMG Cárdenas Dosal, S.C., Jones Day México y FTI Consulting para el esclarecimiento de los hechos.

Las acciones de OHL México bajaban 1.76%, a 20.05 pesos por papel en operaciones intradía.

CNN Expansión
Ciudad de México
Miércoles, 08 de julio de 2015.

La generosidad del gobierno de Rafael Moreno Valle con la empresa española fue mayor que la de Peña Nieto en el Estado de México durante su gestión.

El pasado lunes 18, en una reunión privada con los integrantes de su gabinete, Enrique Peña Nieto convocó a sus principales colaboradores a cerrar filas y a respaldar a su secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, el mismo funcionario que durante su administración en el Estado de México fue el principal responsable de las grandes obras licitadas a favor de la empresa española OHL (Obrascón Huarte Lain), eje de un escándalo de sobornos y sobreprecios en la obra del Viaducto Bicentenario

Antes del espaldarazo presidencial, Ruiz Esparza giró instrucciones para “contener el caso”, ya que él en lo particular puede salir afectado en la auditoría ordenada por el gobernador mexiquense Eruviel Ávila y en las investigaciones que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contra la trasnacional de la construcción más favorecida por Enrique Peña Nieto desde que era gobernador en el Estado de México.

La preocupación del equipo peñanietista en torno al escándalo de OHL no es un asunto menor. Tan sólo en el primer año y medio de Peña Nieto en Los Pinos, la SCT entregó siete contratos a OHL por poco más de 41 mil 500 millones de pesos, mientras que sus principales constructoras rivales –ICA, Tradeco y Carso– sólo obtuvieron contratos por 9 mil 412 millones.

Los reportes de la SCT indican que en las grandes obras entregadas por el gobierno federal a OHL existen también sobreprecios del orden de 610 millones de pesos, en comparación con las ofertas entregadas por Tradeco o ICA en obras como el Viaducto Interurbano México-Toluca, la autopista Atizapán-Atlacomulco, el Tren Ligero de Guadalajara y la autopista México-Puebla. Además, OHL pretende participar entre las empresas constructoras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Bajo su responsabilidad como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de México durante la administración peñanietista, Ruiz Esparza también le otorgó a OHL las dos concesiones más importantes que están ahora en la mira: el Circuito Exterior Mexiquense, una obra de 110 kilómetros que le genera la mitad de sus ingresos en el país, y el Viaducto Bicentenario, de 22 kilómetros de carretera entre el Toreo de Cuatro Caminos y Tepalcapa, en Cuautitlán Izcalli.

Viejo militante del PRI y colaborador en las administraciones mexiquenses de Alfredo del Mazo González y Enrique Peña Nieto, Ruiz Esparza mandó a revisar y restringir la información relacionada con los contratos que OHL ha tenido con la administración federal desde 2012, según reportes internos de la SCT.

Los contratos más importantes son la construcción del primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca por un monto de 10 mil 148 millones de pesos, entregado a OHL a través de su filial Constructora de Proyectos Viales de México, y a La Peninsular, de Grupo Hermes (Carlos Hank Rhon); la licitación para la autopista Atizapán-Atlacomulco, por 6 mil 946 millones de pesos, y la licitación de la Línea 3 del metro Guadalajara, de 21.5 kilómetros, por 3 mil 500 millones de dólares.

Esta última obra se la adjudicaron OHL y Alstom, una compañía francesa que ha estado involucrada también en investigaciones por fraudes en Connecticut, Estados Unidos, así como en la construcción de la Línea 12 del Metro del Distrito Federal, junto con ICA, Grupo Carso y Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF).

Además de los contratos por más de 40 mil millones de pesos que le ha entregado la SCT, OHL está interesada en participar como una de las principales empresas en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), junto con otras compañías que presentaron sus propuestas para la terminal de carga: Ineco, Cal y Mayor, Lufthansa Consulting, Inecomex y Supering.

OHL participa también en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIMAT) desde que Peña Nieto era el gobernador en el Estado de México y está interesada en el proceso de edificación de la terminal de carga y la segunda pista, licitación que también dependerá de la SCT.

Los senadores Alejandro Encinas, excandidato a gobernador del PRD en el Estado de México, y Laura Rojas, legisladora del PAN, propusieron el miércoles 20 crear una comisión especial para investigar en el Congreso de la Unión el caso OHL. “La empresa consentida de Peña Nieto”, la calificó Encinas.

La generosidad de Moreno Valle

OHL construye el segundo piso de la autopista México-Puebla con un costo de 6 mil 500 millones de pesos por 13.5 kilómetros. La generosidad del gobierno de Rafael Moreno Valle con la empresa española fue mayor que la de Peña Nieto en el Estado de México durante su gestión.

Cada kilómetro de la autopista México-Puebla costará 740.7 millones de pesos, mayor que los 233.3 millones de pesos que se invirtieron en los 15 kilómetros de la autopista México-Toluca, construida también por OHL. El diseño, construcción, extensión, operación y respaldo gubernamental en cada autopista son exactamente los mismos.

En el caso de Puebla, OHL comparte el negocio con otros grupos constructores afines al peñanietismo desde el Estado de México: Proyectos Viales de México, filial de La Peninsular, de la familia Hank Rhon, y Pinfra, de David Peñaloza, el mismo empresario del consorcio industrial Tribasa que dejó una deuda fiscal por cuatro mil millones de pesos en el gobierno de Carlos Salinas.

Dato importante: el mismo personaje que fungió como intermediario en el caso Tribasa durante el salinismo, José Andrés de Oteyza –secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el sexenio de José López Portillo–, es el actual presidente de OHL en México.

De Oteyza formó parte de aquel grupo de políticos hijos de padres españoles conocidos como Los Churumbeles, quienes no pudieron aspirar a la candidatura presidencial por el candado que existía en el artículo 82 constitucional.

Los “regalos” de Eruviel a OHL

El asesor jurídico de Infrabaer, Paulo Díez, ha argumentado en inserciones pagadas y en el sitio de internet FinAlAbuso.Net que OHL y el gobierno del Estado de México están coludidos en los abusos cometidos en el Circuito Exterior Mexiquense.

Infrabaer denunció que gracias a la quinta modificación del contrato con OHL, de diciembre de 2012, el gobierno del Estado de México le extendió el plazo de la concesión hasta 2051 (cuando originalmente era hasta 2030) y le permitió a la firma extranjera cobrar incrementos adicionales a las tarifas de peaje entre 2013-2021 de manera irregular.

Tan sólo en 2014, OHL se embolsó por cuotas de peaje 2 mil 360 millones de pesos y, a pesar de eso, “la supuesta inversión de OHL en el proyecto no sólo no disminuyó, sino que se incrementó en más de 6 mil millones de pesos”.

Uno de los cobros irregulares fueron los 50 centavos adicionales que cada usuario pagó por el supuesto Sistema Independiente de Verificación de Aforo (SIVA), que nunca operó porque OHL no le permitió a Infrabaer instalar el equipo.

Si sumamos 50 centavos adicionales a la cuota de cada uno de los 272 mil 19 automóviles diarios que circulan por el Circuito Exterior Mexiquense, da un total de 120 millones de pesos extras desde enero de 2013, tan sólo por ese concepto.

La sexta modificación al título de concesión de OHL, aprobada por el gobierno de Eruviel Ávila la semana pasada, en medio del escándalo de las grabaciones en las cuales se ventilaron los actos de corrupción de la firma española, eliminó el cobro por SIVA, pero exoneró al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal, Apolinar Medina, quien autorizó este incremento de la tarifa y apareció en las llamadas telefónicas.

En su documentación sobre las irregularidades del Circuito Exterior Mexiquense, Infrabaer argumenta que la quinta modificación al título de concesión no era necesaria porque OHL ya había recuperado la inversión total de 18 mil 628 millones de pesos que notificó el 31 de diciembre de 2011 en documentos validados por los auditores de Deloitte.

A pesar de eso, el gobierno de Eruviel Ávila le amplió el plazo de título de concesión hasta el 31 de diciembre de 2051 y le autorizó incrementos adicionales a la tarifa o cuota de peaje de 50% real, es decir, adicional a la inflación, entre 2013 y 2021.

No sólo eso. El 4 de febrero pasado, Eruviel Ávila envió al Congreso estatal una iniciativa para reformar el Código Administrativo y permitir que OHL pudiera seguir explotando la concesión, independientemente de que ya hubiera recuperado su inversión más el rendimiento correspondiente (como ocurre hoy en el caso del Circuito Exterior Mexiquense).

Infrabaer calcula que de 2013 a 2051 OHL se podrá embolsar tan sólo por cuotas de peaje en el Circuito Exterior Mexiquense 294 mil millones de pesos. Si se considera una inflación anual de 4% constante durante este periodo, la firma española se embolsará 775 mil millones de pesos; es decir, “140 veces más el monto de la inversión original del proyecto y casi 20 veces la deuda total del Estado de México. Ni más ni menos”.

El Mañana
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Miércoles 27 de mayo de 2015.

El gobierno federal distribuirá mil equipos en promedio por día en la capital durante los siguientes 12 días

En los próximos 12 días previos a las elecciones del siete de junio, el gobierno federal entregará en la ciudad de Puebla 120 mil televisores digitales, es decir, mil aparatos por cada día.

Desde marzo y hasta este 19 de mayo, la federación distribuyó 108 mil pantallas en 28 municipios de la entidad, es decir, mil 800 dispositivos electrónicos diariamente.

Este miércoles estuvo en Puebla Javier Valdez Moreno, subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para encabezar la distribución de los televisores, hecho que provocó la visita en ese acto de representantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza (PANAL), quienes anunciaron que denunciarán la entrega masiva de esos apoyos.

Desde 2014, la administración federal reparte televisores digitales, como parte de la transición de la televisión análoga a la digital, denominada como “apagón analógico”, proceso que debe concluir el 31 de diciembre de 2015 y que evitará que los antiguos aparatos sintonicen canales digitales.

En suma, la SCT programó la entrega en todo el país de 13.8 millones dispositivos, aún durante el periodo de campañas.

Van pantallas para la capital

De acuerdo con Valdez Moreno, en la capital poblana se distribuirán 120 mil pantallas en los próximos 12 días, a través de programas de beneficiarios del gobierno federal, tales como Prospera.

La entrega se realiza de manera personal a los beneficiarios, a través de las delegaciones de la SCT o bien de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Este miércoles se entregaron 10 mil 139 televisores en las oficinas de la delegación de la SCT, ubicadas en la carretera federal Puebla-Santa Ana Chautempan 11403, en la colonia San José El Conde del municipio capitalino.

Entre marzo pasado y lo que va de mayo, se han regalado 108 mil pantallas en 28 municipios poblanos.

Entre los municipios beneficiados se encuentran: Tecamachalco, Ciudad Serdán, Tlachichuca, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Xochitlán de todos Santos, Guadalupe Victoria, Juan N. Méndez, Nicolás Bravo, Tepango de López, Petlalcingo, Lafragua, San Nicolás Buenos Aires, Yehualtepec, San Salvador El Seco, Palmar del Bravo, Tlacotepec de Benito Juárez, Tehuacán y Quecholac, entre otras.

La entrega de televisores es ajena al proceso electoral

El funcionario federal sostuvo que la entrega de televisores es ajena al proceso electoral actual, pues refirió que se trata de un programa institucional para apoyar la transición de la televisión análoga a la digital.

Sin embargo, para la repartición de los aparatos este miércoles, los beneficiarios fueron trasladados en camiones rentados y algunos de ellos tuvieron que dejar copias de sus credenciales de elector.

Al respecto, el subsecretario de la SCT indicó que la copia de esa identificación es un requisito para que los beneficiarios acrediten su identidad, sin embargo aseguró que no están obligados a presentar este documento, pues pueden pedir su dispositivo electrónico con cualquier otra credencial.

El programa se suspenderá del primero al siete de junio, dijo, pues las restricciones de proceso electoral federal, en el que en Puebla se renovarán 16 diputaciones federales, prohíben realizar cualquier tipo de entrega de apoyos gubernamentales.

No obstante, el nueve de junio el esquema se reanudará para entregar seis mil pantallas en el municipio de Huejotzingo y nueve mil en San Pedro Cholula.

Entrega de dispositivos es promoción del voto: PAN

A través de un comunicado enviado posteriormente a su visita a las instalaciones de Centro SCT en Puebla, el PAN refirió que la entrega de los televisores es una estrategia de promoción al voto por parte del gobierno federal, de extracción priísta.

El partido añadió que existen denuncias ciudadanas acerca de que quienes entregan los aparatos son operadores electorales del PRI, además de que los beneficiarios deben dejar copias de sus credenciales de elector.

e-consulta
Patricia Méndez
Ciudad de Puebla
Jueves 21 de mayo de 2015.

En comparecencia con diputados, el titular de la dependencia dijo que ve difícil que la oferta china pueda encontrar rival en el nuevo concurso.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que las constructoras mexicanas Teya, GIA y Prodemex no volverán a participar en la nueva licitación para desarrollar el Tren de Alta Velocidad (TAV) México-Querétaro, que se publicará en los primeros días de enero, al no haber impugnaciones por los afectados por la cancelación del fallo previo.

Más que por una cuestión legal, dijo, su salida se debe al debate y cuestionamiento público generado en las últimas semanas, el cual motivó la revocación del fallo asignado el mes pasado al consorcio chino-mexicano, liderado por China Railway Construction Corporation (CRCC). Teya pertenece a Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, y fue señalada días después de la anulación del fallo por la venta de una lujosa propiedad a Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que fue objeto de críticas por el supuesto conflicto de intereses de la operación.

En reunión de trabajo con diputados de la comisión especial que revisa el proceso, Ruiz Esparza reiteró el interés del gobierno de China porque su paraestatal esté presente en el proceso, aunque deberá hacerlo con nuevos socios para dar cumplimiento al tema de contenido nacional que fijará el concurso.

“Esperamos que haya más ofertas de empresas. Creo que la propuesta del gobierno chino a través de su empresa más importante de infraestructura tiene características muy favorables para ser calificada como muy ventajosa y va a ser muy difícil, por los costos de mercado que tenemos, que haya otras que puedan tener un costo mejor”, comentó el funcionario.

En la reunión, que duró más de tres horas, el funcionario argumentó la legalidad del proceso anterior, aunque aceptó que en su encuentro del mes pasado en el Senado, horas antes de anunciar la cancelación, hubo “suspicacias por los nombres de los dueños de las empresas ganadoras que forman parte del consorcio y se insinuó que hubieran contado con información privilegiada (...) y se hizo mención de la vinculación de una de las empresas con un ex presidente de México”.

Luego de informar a las empresas afectadas sobre la situación, al interior de la dependencia se acordó apelar a los artículos 40 y 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que permite cancelar un proceso de licitación para proteger interés del patrimonio del Estado.

El Economista
Alejandro de La Rosa
Ciudad de México
Martes 23 de diciembre de 2014.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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