La Sedesol entregó a tres universidades casi 540 millones de pesos en convenios que luego negó o en cuyo cumplimiento se desentendió. Casi la mitad del dinero de plano desapareció, según la ASF.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) tres nuevas denuncias penales por malos manejos de casi 540 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó mediante convenios a tres universidades en 2015, año en que esa dependencia estuvo encabezada por Rosario Robles y el hoy precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade.

Sedesol y La Estafa Maestra

Los presuntos desvíos se cometieron con el mismo esquema revelado por Animal Político en la investigación periodística “La Estafa Maestra”, es decir, a través de convenios que dependencias del gobierno federal firmaron con universidades por servicios que, a su vez, estas terminan subcontratando con otras empresas para eludir los controles de licitación y transparencia. Los bienes y servicios que se contrataron terminaron siendo de dudosa calidad o inexistentes.
Los nuevos casos denunciados por la ASF ante la PGR contemplan convenios de Sedesol firmados en 2015 con la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas y la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, quienes recibieron en conjunto casi 540 millones de pesos que estaban destinados, entre otras cosas, a identificar a personas en condiciones de pobreza extrema alimentaria.

Lo que los auditores descubrieron es, entre otras cosas, que buena parte del dinero simplemente desapareció, que la existencia de algunos convenios fueron negados por la propia SEDESOL, pese a que los firmó y hay copias de los mismos. Además, la comprobación de los servicios realizados es, en el mejor de los casos, sospechosa.

Con estas tres nuevas carpetas de investigación abiertas por PGR en diciembre pasado, ya suman 19 las averiguaciones que la Procuraduría tiene en curso por fraudes y desvíos con el esquema de la “Estafa Maestra”, sin que al momento alguna haya sido resuelta.

Cabe recordar que Rosario Robles fue la secretaria de Desarrollo Social, desde diciembre de 2012 hasta el 28 de agosto de 2015, llegando en su relevo José Antonio Meade, que se mantuvo en el cargo hasta el 6 de septiembre de 2016.

A continuación, se mencionan las conclusiones a las que llegaron los auditores al verificar los convenios mencionados y que dieron pie a las denuncias interpuestas. Todo ello forma parte del informe de resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 277-DS.

Sedesol: ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres?

Universidad Intercultural del Estado de México

La Secretaría de Desarrollo Social adjudicó, de forma directa, un monto de 124 millones de pesos a la Universidad Intercultural del estado de México para la aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas, con el objetivo de localizar e identificar a personas que pudieran estar en condiciones de pobreza extrema alimentaria en los 32 estados del país.

La adjudicación se dio mediante la firma del convenio UCD/33901/010/2015 cuya vigencia fue del 5 de marzo de 2015 al 31 de julio de 2015. En este caso el periodo corresponde únicamente a la gestión de Rosario Robles al frente.

Lo que la Auditoría encontró al revisar este convenio fue que Sedesol no proporcionó prueba de las supuestas cotizaciones que hizo con distintas universidades para aplicar los cuestionarios, y elegir a la Universidad Intercultural del Estado de México por ser la mejor opción.

Luego, cuando se solicitó la información, se descubrió que la referida universidad subcontrató la totalidad de los servicios por los que recibió el dinero con dos empresas externas incumpliendo con lo pactado en el convenio: que la Universidad pudiera realizar a los servicios.

La institución pagó a las dos empresas subcontratadas 61.2 millones de pesos para la aplicación de los cuestionarios, sin que exista prueba alguna de donde quedaron los otros 62.8 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social le entregó a la Universidad a través del convenio firmado. El dinero simplemente desapareció por lo que los auditores presumen que se cometió un fraude a la Hacienda Pública.

Cuando los auditores solicitaron la comprobación de los servicios pactados, tanto las empresas contratadas como la Universidad entregaron exactamente los mismos documentos, incluso con los logotipos de la Universidad y la Sedesol, lo que permite presumir que se trataba solo de copias para solventar el trámite.

La ASF cuestionó a la Secretaría de Desarrollo Social sobre este cúmulo de irregularidades, pero la dependencia literalmente respondió que no era de su incumbencia.

“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que no es posible pronunciarse respecto de la subcontratación realizada por la UIEM, debido a que corresponde a hechos ajenos a su control.

Universidad Politécnica de Chiapas

En este caso la Secretaría de Desarrollo Social entregó a la Universidad Politécnica de Chiapas 400 millones de pesos para llevar a cabo la supervisión, control, mejora y monitoreo de los comedores comunitarios en el Estado de México.

Para ello, la dependencia federal firmó dos convenios con la universidad, cada uno por 200 millones de pesos. El primer convenio, número 710.33901.13/2015 tuvo una vigencia del 14 de abril al 31 de diciembre de 2015, mientras que el segundo, 710.33901.14/2015, fue con una vigencia del 6 de mayo al 31 de diciembre de 2015.

La vigencia en ambos contratos abarcó tanto el periodo de Rosario Robles como el de José Antonio Meade en la Sedesol.

El informe de la Auditoría destaca que, como es el modus operandi en esto casos, la dependencia se excusó de haber entregado el dinero sin ningún tipo de competencia con el argumento de que la Universidad es una institución pública y solo se necesitaba acreditar que tuviera la capacidad técnica de realizar el servicio. ¿Cómo se acredita esa capacidad técnica? Con una promesa escrita sin que se realice ninguna verificación al respecto.

Lo grave es que cuando se pidió a la dependencia los comprobantes del servicio por el cual se pagaron los 400 millones, la SEDESOL de plano no proporcionó evidencia alguna que acreditara que recibió en tiempo y forma los servicios de la Universidad. Posteriormente desconoció por completo haber firmado los referidos convenios.

“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que la Dirección General de Desarrollo Comunitario desconoce la existencia del Primer Convenio Específico número 710.33901.13/2015, y Segundo Convenio Específico número 710.33901.14/2015 formalizados con la Universidad Politécnica de Chiapas debido a que no fueron incluidos en el acta de entrega – recepción del titular de esa dirección”, señala el informe de los auditores.

Esta negativa es incongruente con la realidad, agregan los auditores, ya que la documentación de dichos convenios fue entregada a la Auditoría Superior de la Federación en la visita domiciliaria que se efectuó a la Universidad Politécnica de Chiapas.

“La respuesta de la SEDESOL respecto del desconocimiento de las operaciones con la UPCH, no es congruente con la evidencia documental existente en sus archivos como son los convenios formalizados con la UPCH y el pago de 400,000.0 miles de pesos que se realizó a dicha universidad”, detalla el reporte que dio pie a la denuncia contra Sedesol.

Y como es costumbre en estos casos, la Universidad no realizó el servicio, sino que para ello subcontrató a un tercero sin ningún tipo de licitación o competencia. Además, pagó por el servicio 278.4 millones de pesos sin que exista justificación sobre dónde quedó el resto de dinero transferido por la dependencia. Los auditores presumen un fraude al erario de, por lo menos, 121.6 millones de pesos.

Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl del Estado de México

Esta universidad logró que la Sedesol le transfiriera directamente poco más de 15 millones de pesos, con el objetivo de operar la coordinación de diversos proyectos vinculados con la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa con el cual se busca abatir la pobreza alimentaria.

El convenio firmado (que no tiene número) tuvo una vigencia del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2015. Abarcó tanto la gestión de Robles como de Meade en Desarrollo Social.

Lo que los auditores encontraron en este caso fue que la Sedesol no tenía documento alguno que acreditara que se cumplió con el objetivo del contrato.

Sobre el cumplimiento de dicho convenio, la SEDESOL informó: “En cuanto a la acreditación en tiempo y forma de los entregables derivados de dichos convenios no existe un documento como tal; sin embargo, eso queda plasmado en el Acta de cierre de la Comisión Técnica…” indica el reporte de los auditores. El problema es que no se proporcionó tampoco ninguna evidencia documental de que lo anterior fuera cierto.

Cabe señalar que algunos de los conceptos que tendrían que haberse cubierto por parte de la universidad era realizar trabajos como la conformación y consolidación de comités comunitarios, autodiagnósticos comunitarios, planes de desarrollo comunitario, la gestión e implementación de acciones y proyectos específicos y asambleas implementadas para el fomento al desarrollo comunitario.

Pero cuando se pidió a la universidad la comprobación, lo único que entregó fueron documentos donde se asegura que se realizaron 5,001 asambleas de seguimiento. Los auditores revisaron la documentación y encontraron múltiples incongruencias como fechas de 2014 o promotores que no tenían el perfil para serlo. En resumen, ninguna evidencia concreta que acreditara que esas asambleas ocurrieron.

Por ello la Auditoria concluyó que existe un quebranto a erario público que asciende a los 15 millones 658 mil pesos. La denuncia penal se interpuso en contra de los funcionarios de la Sedesol que resulten probables responsables.

Animal Político
Arturo Angel
@arturoangel20
Ciudad de México
Jueves 11 de enero de 2018.


En materia de pobreza extrema, el país registró 32 municipios en los que 70% o más de sus habitantes sobreviven bajo dichas carencias.

En México, 1,840 municipios, de los 2,447 existentes, registran porcentajes de pobreza entre 50 y 99% del total de la población, es decir, 75% de las alcaldías del país registran niveles de pobreza, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su medición de la pobreza a nivel municipal 2015.

Los datos divulgados este jueves por el órgano de evaluación de la pobreza en el país precisan que 190 municipios del país registraron pobreza en más de 95% de sus habitantes hasta el 2015.

Asimismo, comunicó el Coneval, la pobreza se redujo durante el quinquenio comprendido entre el 2010 y el 2015, en 5 puntos porcentuales o más, en 699 municipios, en tanto que en 422 se registró un aumento en la misma proporción.

En este tenor, las 15 alcaldías con el mayor porcentaje de pobreza en su población se ubicaron en el sur-sureste, es decir, entre Guerrero, Chiapas y Oaxaca. En este último estado, el municipio de Santos Reyes Yucaná se colocó como la alcaldía más pobre del país con 99.9% de su población en dicha condición.

En materia de pobreza extrema, el país registró 32 municipios en los que 70% o más de sus habitantes sobreviven bajo dichas carencias.

Por número total de personas en pobreza extrema, Acapulco de Juárez, en Guerrero ocupó el primer lugar con 93,513 personas, mientras que nuevamente Santos Reyes Yucaná, en Oaxaca, se colocó como la alcaldía con mayor porcentaje de su población en esta condición con 97.4 por ciento.

Reforma
Héctor Molina
Ciudad de México
Viernes 8 diciembre 2017.

  • Sedesol: ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres?
  • Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre la secretaría y universidades autónomas

Ciudad de México. - La Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia recién creada por el gobierno para combatir la pobreza extrema.

Los apoyos debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que, desde abril de 2013, se unirían a la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que solo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado. Tampoco hay constancia de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres.

Únicamente hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios.

Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.

En la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron diez convenios con esas dos universidades por un monto de 2 mil 224 millones, que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza.

Las universidades, que no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación, "solo" se quedaron con una comisión de 215 millones 446 mil pesos.

Pero el resto del dinero, poco más de dos mil millones de pesos, se lo entregaron a 20 empresas, 19 de ellas con un ramillete de irregularidades por las que deberían estar inhabilitadas para recibir contratos públicos, según lo que marca la ley.

Durante varios meses, Animal Político y MCCI se dieron a la tarea de visitar las oficinas de esas empresas en seis estados, buscaron a los socios en las direcciones registradas y recabaron información oficial del SAT y la Secretaría de Economía.

La investigación arrojó que los recursos se entregaron a tres empresas fantasma, catalogadas así por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2015; a otras tres que están bajo investigación del mismo SAT por presuntas operaciones irregulares; a seis que no cumplen con un requisito indispensable para operar -el registro ante la Secretaría de Economía-; a una cuya oficina fue desmantelada apenas se recibió el dinero; a otra que no fue localizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -que reportó como domicilio para sus operaciones uno que no corresponde a su sede-; a una que tiene una oficina virtual de la que no existe registro de que pueda realizar servicios; a otra que es un despacho contable sin personal o infraestructura, y a tres más que tienen un objeto social que es completamente distinto al servicio que debían dar.

Solo una es legal.

La Sedesol, sin embargo, se declaró "satisfecha" con los servicios recibidos a cambio de 2 mil 224 millones de pesos y no consideró irregular el sobreprecio que implicó el cobro de más de 220 millones por parte de las universidades a cambio de nada.

ESGER: EL SOSPECHOSO MAYOR

Si bien en este proceso participaron 20 empresas, hay una que destaca: ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., que solo cuenta con un pequeño despacho contable ubicado en la Ciudad de México, y que recibió los recursos destinados a combatir el hambre sin firmar un solo contrato o realizar algún servicio.

ESGER fue creada en 2011 para ofrecer servicios de construcción, según el acta constitutiva con folio 438926-1. Sus oficinas están en un edificio oscuro de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, cuya entrada es fácil de franquear, porque no hay recepcionista ni señal de que sea la sede de una empresa con contratos millonarios.

Los accionistas son Esteban Cervantes, que tenía 25 años cuando fundó la empresa, y el contador público Gerardo Casas. Ninguno fue localizado en las tres visitas realizadas a la empresa. Tampoco atendieron las llamadas telefónicas que se hicieron a lo largo de dos semanas.

También se les buscó en sus domicilios particulares. Esteban Cervantes registró como su casa el domicilio de una empresa llamada RAGER, en la colonia Navidad, en la que en realidad fue empleado en 2013. Ahí declararon que no han vuelto a saber de él desde entonces. Gerardo Casas asentó como domicilio un edificio en Cuajimalpa, donde los vecinos dijeron que no lo conocían.

De acuerdo con la declaración de impuestos que la empresa realizó ante el SAT en 2013, de la que Animal Político y MCCI tienen copia, ESGER solo declaró ese año ingresos por 408 millones de pesos y reportó gastos por 407 millones de pesos. Pero "olvidó" declarar el dinero que recibió de la Sedesol: 698 millones.

El mecanismo que involucra a ESGER es enredado: el primer paso fue la firma de tres convenios entre Sedesol y las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México por mil 385 millones de pesos, en 2013. El objetivo de estos convenios era "sensibilizar" a las comunidades sobre la alimentación sana, instalar ventanillas de atención para jornaleros, distribuir material en zonas marginadas y "eficientar la operación a través de la automatización de procesos".

Las universidades se quedaron con 102 millones 745 mil pesos de comisión y se desentendieron de los convenios. Subcontrataron a 11 empresas para supuestamente dar los servicios.

Las empresas contratadas fueron Servicios Administrativos Zulma, Inteligencia y Tecnología Informática, Symmetrix Architecture, Grupo Comercializador Cónclave, Advanced Computer Knowledge, Prodasa, Dumago Systems, Meve Soluciones, Evyena Servicios, S&C Constructores de Sistemas y Asesorías Nacionales Expanders.

Las 11 empresas están entre las que tienen irregularidades: tres fueron catalogadas como fantasma por el SAT en 2015, seis no tienen antecedentes ante la Secretaría de Economía y dos más ya fueron desmanteladas.

No todo el dinero se quedó en estas empresas. Cinco se quedaron con una comisión y, a su vez, "contrataron" a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que esta última empresa no dio ningún servicio y solo se quedó con el dinero.

En otro caso, una empresa más, llamada Evyena, también le dio el dinero a ESGER, pero antes se lo envió a otra empresa intermediaria, que también se quedó con una comisión: Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos, que a su vez se lo entregó a ESGER.

Es decir, el dinero dio tres y cuatro vueltas hasta que quedó en manos de ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V.

Al ser consultada por estas irregularidades ocurridas entre 2013 y 2014, la Secretaría de Desarrollo Social se deslindó de las contrataciones e informó el pasado 30 de agosto que, al firmar convenios con las Universidades, éstas declararon que contaban "con la capacidad para colaborar en los tres proyectos en los términos y porcentajes señalados en cada uno de los anexos técnicos recibidos".

La Sedesol añadió que "los actos celebrados con la administración pública se presumen de buena fe, sin que puedan exigirse mayores requisitos de los que marque la ley".

Es decir, según la dependencia, la carta del rector de la universidad afirmando por escrito que la institución educativa contaba con la capacidad para cumplir con los contratos es suficiente para deslindarse de las irregularidades que derivaron de los convenios firmados: la violación a la Ley de Adquisiciones con la subcontratación de empresas que realizaron el 92% de los servicios, el hecho de que no hayan dado los servicios para las que fueron contratadas y que, además, resultaran fantasma e ilegales.

Una investigación del Órgano Interno de Control, que depende de la Secretaría de la Función Pública federal, dio por concluidas las averiguaciones sobre los contratos de la dependencia con la Universidad del Estado de México, pese a que no existen pruebas de que se hayan dado los servicios y de que la ASF continúa con la investigación porque el convenio derivó en presuntas irregularidades.

En ningún caso las firmas de los convenios involucran a funcionarios de primer nivel. La "contratación" de las universidades se la dejan a cargo de mandos medios. Por ejemplo, los convenios de Sedesol para servicios al programa de Adultos mayores, fueron firmados por el director general de Atención a grupos prioritarios. En 2013 el puesto era ocupado por Ramiro E. Ornelas Hall y en 2014 por Héctor Eduardo Zelonka Valdés.

Pero en palabras del auditor superior, Juan Manuel Portal, los titulares de las dependencias son los responsables. En ese periodo, la secretaria de Desarrollo Social era Rosario Robles y el Oficial Mayor, Emilio Zedabúa.

UN CONCIERTO DE 75 MILLONES

Otro ejemplo: en abril de 2013, Sedesol firmó con la Universidad Autónoma del Estado de México un primer convenio de 159 millones de pesos con tres objetivos: organizar un concierto, entregar despensas y realizar una feria con organizaciones de la sociedad civil.

La institución educativa contrató a S&C Constructores de Sistemas por 75 millones de pesos. Esa empresa organizó en abril de 2013, en la Ciudad de México, el concierto "Compartamos música, erradiquemos el hambre" de la Cruzada contra el Hambre.

S&C Constructores de Sistemas se quedó con 61 millones y le entregó 14 millones a ESGER, aunque la Auditoría Superior de la Federación determinó que no existe evidencia de que ésta última haya participado en la organización del evento.

Un caso similar ocurrió con las empresas Advanced Computer Knowledge y Dumago Systems Solutions, que fueron contratadas por las universidades para un servicio de "redes nutricionales", es decir, reparto de despensas.

Estas dos firmas comparten oficina en un edificio con número 162 de la calle de Liverpool, localizado entre un restaurante coreano y una tienda de helados en la Zona Rosa.

Entre las dos, en un año firmaron contratos por 101 millones de pesos.

De esos contratos transfirieron 52 millones de pesos a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., aunque no existe constancia documental de los servicios que esta empresa prestó ni la razón de la transferencia.

Cuando se solicitó a la Sedesol constancias de que se dieron los servicios contratados, solo entregó las facturas pagadas a las empresas Advanced Computer y Dumago como "prueba".

En la dirección de estas dos empresas, Advanced Computer Knowledge y Dumago Systems Solutions, es imposible hablar con una persona. Las actas constitutivas de éstas firmas no existen en la Secretaría de Economía.

 HASTA NUEVO LEÓN

Más casos: cuatro empresas regiomontanas -Evyena, Comercializadora Integral de Servicios Villaregia, Femexport y Grupo Industrial y Servicios Yafed- participaron en licitaciones o efectuaron trabajos con la Universidad Autónoma de Morelos por un total de 276 millones de pesos.

Una quinta empresa regiomontana, Icalma Servicios y Consultoría, recibió pagos de la Universidad Autónoma del Estado de México por realizar trabajos para Fovissste.

La sede de estas cinco firmas es el mismo despacho en la colonia Palo Alto en San Pedro Garza, Nuevo León, en el número 305.

En una visita de campo, un joven de unos 30 años que se presenta como el encargado de la oficina confirmó que todas las empresas se encuentran en esa dirección. Aseguró que no hay más empleados y los dueños únicamente se comunican por teléfono.

 SIN REGISTROS Y SIN INVESTIGACIÓN

Todos los convenios que firmó Sedesol con las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México derivaron en distintas operaciones para desviar los recursos.

Para un servicio de evaluación de actividades, la Autónoma de Morelos lanzó en 2014 una licitación para contratar proveedor. Solo concursaron dos empresas: Grupo Industrial Yafed y Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos (Consersa). La primera es una empresa fantasma y la segunda, que resultó ganadora, es investigada desde octubre pasado por el SAT por hacer operaciones ilegales.

El 9 de octubre de 2014, la misma universidad entregó 158 millones de pesos a Consolidación de Servicios. Así como lo hizo Sedesol, en la estafa con universidades públicas también participó Pemex: 3 mil 576 millones de pesos.

Sedesol: ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres?

Animal Político
Ciudad de México
Miércoles 6 de septiembre de 2017.


La Secretaría de Desarrollo Social ofrece programas y apoyos a sectores vulnerables, pero por corruptelas n o siempre llegan a sus destinatarios.


Ciudad de México. - Al menos 923 millones de pesos destinados a programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fueron desviados en 2015 a un grupo de empresas presuntamente coludidas con funcionarios de la dependencia.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que en las licitaciones de Sedesol para los programas Baños Ecológicos y Recolección de Agua Pluvial, así como los convenios con tres universidades del Estado de México para financiar proyectos con recursos federales, hubo irregularidades.

En la compra de baños y sistemas de recolección, la dependencia hizo pagos en exceso por 332 millones de pesos al consorcio ganador de ambos contratos, integrado por BPG Ingeniería, Grupo Daxme y Muebles y Mudanzas, que a su vez diseminó esos fondos en favor de otras firmas aparentemente fantasma.

BPG, por ejemplo, desvió 206.5 millones de pesos a 21 empresas y siete personas físicas que no tenían relación con el contrato de baños ecológicos, entre ellas Matchser, Factores y Servicios Humanos y Srevint, que a su vez enviaron fondos a World Heritage Group y Unificación de Recursos Administrativos.

La Sedesol pagó 237 millones de pesos de más para la compra de 15 mil sistemas de baños ecológicos, pues BPG Ingeniería, que no pagó un peso de impuestos en 2015, sólo destinó 342 millones a cumplir el contrato, mientras que el resto fue desviado.

En cuanto a los sistemas de recolección de agua, la fabricante Rotoplas había cotizado 484.2 millones de pesos, pero la Sedesol optó por contratar a un intermediario, Grupo Daxme, que cobró 580 millones de pesos, un diferencial de 95.8 millones.

Daxme subcontrató a cuatro empresas fantasma para “supervisar” la instalación de los sistemas y les pagó más de 25 millones de pesos, cuando en realidad, Rotoplas fue quien hizo todo, afirmó la ASF.

Las mismas empresas recibieron 397 millones de pesos desviados por los proveedores que obtuvieron contratos de universidades del Edomex, “por lo que se presume un vínculo entre estas empresas y la Sedesol”, de acuerdo con el informe de la Auditoría.

En total, 591 millones de pesos de proyectos contratados por las universidades Tecnológica de Netzahualcóyotl, Politécnica de Texcoco y Tecnológica del Sur del Estado de México, que dependen del Gobierno del Estado de México, fueron abiertamente desviados a 6 personas físicas y 12 empresas, sin justificación alguna para las transferencias.

Proveedores contratados por las universidades desviaron a su vez 591 millones de pesos, entre ellos 74 millones de pesos en favor de Matchser, 96 millones para Factores y Servicios Humanos, 168 millones para Srevint, y 62 millones para World Heritage Group, mismas entidades involucradas en los desvíos de los programas de baños.

Grupo Corporativo Vazme, Integrasoft y Elevait SAPI son algunos de los proveedores que desviaron fondos.

Reforma
Víctor Fuentes
Ciudad de México
Domingo 19 de febrero de 2017.


Trabajadores de Milenio señalan que la censura de Carlos Marín es cotidiana y ahora se esmera más en cuidar la imagen del gobierno federal

Ciudad de México. - Los efectos de la censura en Milenio Diario operada por Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y consentida por el director de ese periódico, Carlos Marín, continuaron sin freno.

Ahora renunció el subdirector editorial de ese medio y conductor de la emisión informativa de Milenio TV, Néstor Ojeda, en protesta por la censura contra la reportera Karen Cota, autora de un reportaje crítico contra la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En otro mensaje de su cuenta en redes sociales se leyó: “Gracias, seguimos convencidos de que hacer buen periodismo es posible, lo demás son anécdotas”.

Las primeras versiones que circularon sobre el hecho hablaron de “despido”, pero luego el propio Ojeda sostuvo que presentó su renuncia en apoyo al trabajo de la reportera Karen Cota.

En su testimonio escrito y circulado en los medios digitales, Cota relató que el lunes 7 de marzo Milenio DataLab publicó una investigación sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre, con autorización del propio director Carlos Marín.

Tras una visita que realizó a la redacción la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, en compañía de funcionarios de la actual Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que ella encabeza, Marín decidió recular y publicar un “desmentido” al propio reportaje de Karen Cota, en lugar de una réplica de la propia funcionaria federal.

No sólo eso. Marín ordenó a otra reportera escribir un documento que atribuyeron a la Sedesol, “pero que argumentó la Sedatu y que involucra una encuesta de Inegi. En primera plana le atribuyeron al instituto (Inegi) que ‘La Cruzada sí funciona’, como si el órgano autónomo tuviera dentro de sus mandatos legales evaluar la política pública. Hasta ahora el Inegi no se ha pronunciado al respecto, ni ha desmentido la ‘réplica’”.

El jueves 10 Cota decidió renunciar al periódico. En su mensaje comentó:

“Renuncié al trabajo que amé y en donde decidí dar toda mi alma para contribuir a mejorar la manera de hacer periodismo. Siempre creí que había que ir a los medios y hacer tu mejor esfuerzo, pero hoy firmé la renuncia formal”.

Una semana después Néstor Ojeda, subdirector editorial, renunció también en protesta por el caso de su esposa Karen Cota, quien fuera directora de Milenio DataLab.

Cota describió en una carta pública que el martes 8 Rosario Robles visitó a Carlos Marín junto con funcionarios de la Sedatu. El director de Milenio ordenó a la periodista sentarse frente a los funcionarios y “off the récord” la confrontó con ellos y su equipo.

“Consciente de que teníamos argumentos sólidos, un compañero del equipo y yo defendimos punto por punto la investigación, lo que provocó molestia, enojo y varios manotazos en la mesa por parte de los funcionarios de Sedatu”, narra Cota.

A esa reunión asistieron el subsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio; la directora de Difusión, Rocío Bolaños, y un asistente que no se identificó.

Después de la reunión –cita la versión de Cota– Marín le anunció que publicaría un desmentido en primera plana que decidió llamar “réplica”. El director del diario ordenó a una reportera escribir un documento que le fue atribuido a la Sedesol que dirigiera Robles y responsable del programa gubernamental.

Milenio tituló el texto en primera plana “La Cruzada sí funciona”. Posteriormente, Marín dio la orden de desaparecer el material periodístico que dio origen a la controversia, titulado “El (falso) éxito de la Cruzada contra el Hambre” y publicado el lunes 7 de marzo.

Sin embargo, algunos directivos persuadieron al responsable editorial del periódico de publicar nuevamente la información, pero fue difundida con un nuevo título que contravenía el sentido de la investigación encabezada por Karen Cota: “El éxito de la Cruzada contra el Hambre”.

“El jueves siguiente renuncié a un trabajo que amé y en donde decidí dar toda mi alma para contribuir a mejorar la manera de hacer periodismo. Siempre creí que había que ir a los medios y hacer tu mejor esfuerzo, pero hoy firmé la renuncia formal.

“Milenio DataLab se terminó porque quien debió defender nuestro trabajo, no lo hizo. Esperó que aceptáramos trabajar bajo condiciones de censura y nula libertad de expresión. Fue Carlos Marín, quien prefirió creerle a Robles Berlanga que a los reporteros que le estaban dando una revelación periodística importante y necesaria para la reconstrucción de los que ahí trabajan, incluida la suya”, finaliza la denuncia.

Esta no es la primera vez que un trabajador o colaborador de Mileno acusa a Carlos Marín de censura. En enero del año pasado el perredista Pablo Gómez denunció que el director editorial del diario censuró un artículo suyo:

“El día de hoy como todas las semanas desde el primer ejemplar del periódico Milenio debió salir publicado mi artículo. Sin embargo, contrario a lo establecido en el convenio verbal original, el director Carlos Marín decidió censurarlo. El artículo se intitula ¡Intocable! y se refiere a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral en el caso López Dóriga vs PRD. Es lamentable que al tratar de abordar un acto judicial de censura se produzca otra censura periodística”.

Un caso similar fue el del productor Epigmenio Ibarra, quien también colaboraba como columnista en Milenio y abandonó al periódico por las mismas razones. Su último artículo fue titulado “Ya con esta me despido: más bien me despiden”. En él se lee:

“Es cierto, como dice Carlos Marín en la carta en la que me anuncia su decisión de ya no publicar mis artículos, que existe, de mi parte, ‘falta de compromiso con Milenio’, y es que, desde mi punto de vista, hace mucho que este diario tiene un compromiso con el régimen que no puedo ni debo compartir”.

En 2014 la reportera Yuli García dejó de aparecer en la pantalla de Milenio Televisión. Versiones periodísticas señalaron que también fue despedida por Carlos Marín por las mismas razones que en los casos anteriores. Trabajadores del diario señalan que la censura de Marín es cotidiana y ahora se esmera más en cuidar que el periódico proteja la imagen del gobierno federal.

Proceso
Juan Pablo Proal
y Jenaro Villamil
Ciudad de México
Jueves 17 de marzo de 2016.

Acción Nacional denunció el “descarado desvío de recursos públicos con fines electorales en Tamaulipas”.

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, acompañado por más de una docena de legisladores del blanquiazul exigió que se investigue a la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, “por el descarado desvío de recursos públicos con fines electorales en Tamaulipas”.

Herrera subrayó: “todos recordamos cuando el presidente Enrique Peña Nieto le dijo: no te preocupes, Rosario, cuando fue denunciada por otro acto de tipo electoral. Sabemos que tiene el respaldo del presidente”.

El panista manifestó que los blanquiazules, en su reunión de esta mañana, hicieron un análisis del comportamiento del gobierno federal y su compromiso de respetar el proceso electoral; sin embargo, el PAN ha advertido que el PRI y el gobierno “ejercen recursos de manera indebida en todo el país, en Yucatán y el estado de México ya se han presentado denuncias por ese descarado desvío de recursos públicos con fines electorales.

En la conferencia de prensa el panista Franciso García Cabeza de Vaca presentó varios videos que, dijo, han sido exhibidos ya en la prensa local de Tamaulipas. Refirió que en la grabación el gobierno federal desvía recursos de programas Sin hambre, también en se aprecian imágenes “de que se entregan apoyos económicos a quienes no los necesitan”.

Precisó que el ex delegado de Sedesol en Reynosa, Tamaulipas, “es ahorita candidato a diputado federal por el tercer distrito electoral en Reynosa y esa delegación está acéfala y cuentan con todo el apoyo a la operación a favor del PRI y sus candidatos”, dijo que la denuncia de estos actos ya se presentó en la PGR.

“En los videos queda claro y evidente que el programa Sin hambre está siendo mal utilizado y parte de esos artículos son vendidos para las campañas del PRI”, esta situación, sostuvieron, es recurrente en muchas partes del país.

Asimismo, la senadora Rosa Adriana Días Lizama también denunció que el PRI ha desplegado sus operativos por Sedesol en Yucatán. “La semana pasada presentamos ante la Auditoría Superior de la Federación denuncias por desvío de más de 65 millones de pesos del ramo 20 que no han sido distribuidos en zonas prioritarias de marginación y pobreza, sino en la zonas de prioridad para el PRI, específicamente en Mérida”.

Sostuvo que los panistas no se han quedado en la denuncia pública, han hecho la denuncia penal.

El coordinador Herrera destacó: “nos ha quedado claro que este chango vejo no aprende maroma nueva, los priístas han estado dando muestra de que aunque hemos cambiado la ley electoral, los viejos métodos se siguen presentado”.

Por último, exigió al gobierno federal abstenerse de violar la ley electoral.

La Jornada
Ciudad de México
Jueves 16 de abril de 2015.

 

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