Al frente de la Dirección General de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn sacó a la luz los esquemas de desvío de recursos públicos conocidos como “la Estafa Maestra”, a través de los cuales dependencias federales desaparecieron más de siete mil 700 millones de pesos a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto.

A pesar de que exhibió uno de los casos más sonados de corrupción del sexenio, el pasado 23 de mayo, Buchahin Abulhosn fue notificada de su despido en condiciones “tan sorpresivas como improcedentes”: la única explicación fue que la orden vino de David Rogelio Colmenares Páramo, el recién nombrado titular de la ASF, señalado por sus vínculos con el PRI.

En una carta dirigida al mismo Colmenares, la doctora, quien lleva 13 años en la ASF, pidió su derecho a “saber con precisión sus razones para separarme del cargo” y señaló que ella queda ahora en estado de vulnerabilidad, pues encabezó “investigaciones que afectan intereses que podrían poner en riesgo mi integridad”.

Fechada el 30 de mayo, en la misiva que dio a conocer hoy el portal Aristegui Noticias, Buchahin Abulhosn informó que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF se negó a autorizar auditorías con base en denuncias “documentadas” que advierten de nuevos desvíos por 275.2 millones de pesos, operados por el equipo de Rosario Robles Berlanga.

Esta aparente maniobra para frenar las investigaciones, que salpican a prácticamente todo el gabinete de Peña Nieto, parece confirmar los temores expresados por organizaciones de la sociedad civil, según los cuales la ASF fue “capturada” por el gobierno federal.

Dichas agrupaciones denunciaron la cercanía de Colmenares -nombrado al frente de la ASF en diciembre pasado- con José Antonio Meade Kuribreña: ambos coincidieron en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, fue asesor de Peña Nieto y del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Las auditorías forenses que encabezó Buchahin Abulhosn a los convenios celebrados por las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante los mandatos de Rosario Robles Berlanga determinaron que cinco mil 251 millones de pesos fueron desviados entre 2013 y 2015, mediante esquemas de “simulación de servicios” que involucraron universidades públicas y empresas fantasmas.

La ASF empezó a documentar los desvíos en la Sedesol en febrero de 2015. Desde entonces, señaló que la dependencia había desviado 845 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. José Antonio Meade Kuribreña tomó el control de la Sedesol ocho meses después y durante su gestión, de poco menos de un año al frente de la dependencia, nunca se pronunció sobre el fraude.

Robles Berlanga no fue la única integrante del primer círculo del gabinete de Peña Nieto señalada en prácticas de desvío: también lo fueron Gerardo Ruiz Esparza, Emilio Lozoya Austin –vinculado con el escándalo de sobornos de Odebrecht–, Alfredo Del Mazo Maza –ahora gobernador del Estado de México– y Enrique Martínez y Martínez.

En su carta la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn le recordó a Colmenares Páramo, titular de la ASF, que él mismo le había expresado su reconocimiento por su conducta e insistió en que sus investigaciones fueron “premiadas incluso a nivel internacional”.

Luego, añadió: “Por ello me extraña que, en los hechos, mi labor no sea reconocida y valorada en su dimensión y sea tratada de manera poco digna por esta institución que, desde su creación, se ha caracterizado por un trato respetuoso a su estructura”.

Y advirtió: “Las consecuencias de este tipo de actuaciones deberían ser motivo de preocupación y foco de atención prioritaria para la ASF al ir en contra de las mejores prácticas internacionales y los principios de legalidad y transparencia que la institución representa, afectando de esta manera su credibilidad”.

Proceso
Mathieu Tourliere
Ciudad de México
Viernes 1 de junio de 2018.


‘La estafa maestra’, ganadora del Ortega y Gasset, documenta una maquinaria de corrupción que mueve cientos de millones de dólares y por la que nadie ha pisado la cárcel

La aritmética de La estafa maestra es sorprendente. 517 de solicitudes de información, más de 100 entrevistas y largas jornadas de reporterismo en zonas marginales y entornos hostiles. El resultado es el descubrimiento de un fraude de más de 7.760 millones de pesos (unos 420 millones de dólares) en el que están involucrados 11 dependencias del Gobierno mexicano, ocho universidades públicas y más de 50 funcionarios.

Pero quizás el dato más impresionante que ha arrojado este trabajo periodístico es una cifra que enciende las alarmas en México: cero responsables. Ninguno de los implicados ha pisado la cárcel, nadie ha pagado ni dado la cara por los desvíos masivos de recursos públicos. Los premios Ortega y Gasset de este año han premiado una investigación que debió sacudir un país, pero no lo hizo. Seis meses después de su publicación, el galardón ha vuelto a colocar en la agenda los reclamos ciudadanos de transparencia y justicia cuando parecía que ya habían sido olvidados.

La estafa maestra desentrama una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, muchas bajo la tutela del círculo cercano del presidente Enrique Peña Nieto, delegaron programas y políticas públicas a universidades. Las casas de estudio cobraron una comisión millonaria y subcontrataron a empresas fantasma que no tenían la capacidad de cumplir con esas tareas y que llevaron el dinero a otras compañías opacas. “No se trata de una manzana podrida, se trata de un sistema perfectamente engranado por la corrupción”, señala Nayeli Roldán, coautora de la investigación. “La guinda del pastel es la impunidad”, agrega Manu Ureste, su colega en el portal Animal Político.

Roldán, Ureste y Miriam Castillo de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dan cuenta de que gran parte del fraude se realizó a partir de dos de las apuestas más ambiciosas del Gobierno de Peña Nieto. Una es la reforma energética, que borró el monopolio de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y quitó los candados para la participación de inversores extranjeros. Los contratos analizados por La estafa maestra se firmaron entre 2013 y 2014 durante la administración de Emilio Lozoya, el principal señalado por la trama de corrupción de Odebrecht en México. Lozoya dejó Pemex a principios de 2016 y ha negado cualquier responsabilidad.


La segunda es la Cruzada contra el Hambre y toca fibras más sensibles: el desvío se perpetró a costa de la población más vulnerable de México. Las dudas sobre el destino final del dinero que debía destinar la Secretaría de Desarrollo Social a los más pobres se materializan en más de 2.220 millones de pesos (más de 100 millones de dólares), según la investigación. “Hubo una doble utilización de los más pobres, se les quitaron recursos y se les usó como testaferros para formar las empresas fantasma”, apunta Roldán.

El reparto de responsabilidades entre los titulares de las dependencias involucradas es complejo porque su firma no aparece en ninguno de los contratos. Todos están rubricados por mandos medios. Los autores, que pidieron una explicación a los funcionarios al frente de esas carteras, argumentan que existe al menos una responsabilidad “por omisión” en la cadena de mando y por no cuidar los recursos ni desempeñar de forma correcta sus tareas. “Nuestras fuentes nos dicen que los mecanismos de fiscalización en el Gobierno son muy exigentes y que si esto ocurre es porque alguien lo está permitiendo”, asegura Roldán.

Los periodistas agregan que desenmascarar un sistema y no un caso de corrupción incide directamente en las consecuencias de la investigación y entraña una dificultad adicional: no hay un chivo expiatorio a quien culpar, sino que los dedos de ambas manos no alcanzan para señalar a los culpables.

El trabajo tomó casi un año y fueron cuatro meses dedicados solo a llenar bases de datos con miles y miles de celdas. “¿Cuál es la nota?”, preguntaba una y otra vez Daniel Moreno, director de Animal Político, recuerdan los autores entre risas. Había vértigo por la magnitud del trabajo, por descifrar el titular, por varias hipótesis que se desvanecieron en el terreno, por obtener datos irrefutables. “Fue extenuante y una lección de disciplina trabajar todos los días como hormiguitas sin saber si esa jornada trabajo iba a llegar a buen puerto”, confiesa Roldán.

A diferencia de otros países latinoamericanos que han castigado los escándalos recientes de corrupción, en México no hay un caso similar a los de Lula en Brasil, Ollanta Humala en Perú y Otto Pérez en Guatemala en gran parte porque no hay fiscalías independientes. La Procuraduría General de la República y la Secretaria de la Función Pública dependen del Ejecutivo y la Auditoría Superior de la Federación, del Congreso. “Los amigos no se investigan entre sí”, dice Roldán. “No queremos que rueden cabezas, solo exigimos que haya una investigación real”, agrega Ureste.

¿Tiene valor el periodismo de investigación, aunque no provoque la defenestración de un Gobierno? La pregunta ronda por las redacciones del mundo desde los escándalos de Watergate, al menos. Ureste y Roldán no tienen dudas. “Nuestro principal propósito está cumplido, la gente se enteró de este megadesvío”, dice Ureste y complementa Roldán: “A lo mejor ya hay una semilla de indignación en los lectores (…) lo que ocurra después ya no está en nuestras manos”.

El segundo aire de La estafa maestra ha llegado a poco menos de tres meses que se celebren las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio y con la publicación de un libro que pinta “el cuadro completo” de la trama. “La gente no es la misma que en 2006 o en 2012 y eso se debe en gran parte por el periodismo que se hizo durante este sexenio”, afirma Roldán. El Ortega y Gasset ha supuesto un espaldarazo y ha dado un impulso al tema más allá de México, comentan y ponen la mirada en el próximo trabajo. “La creatividad de los corruptos es el gran reto de los periodistas de investigación”, sentencia Ureste.

El País
Elías Camhaji
Ciudad de México
Miércoles 25 de abril de 2018.


Ciudad de México.- A través de tres auditorías forenses, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desvío de recursos por mil 311 millones 867 mil 200 pesos, en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cometidos entre marzo de 2014 y octubre de 2015.

El organismo fiscalizador detectó la simulación de contratos o servicios no recibidos, pese a que se pagaron, a través de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), por 955 millones 310 mil 800 pesos; y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), por 356 millones 556 mil 200 millones de pesos.

Las auditorias forenses D17002, D17012 y D17011, dan cuenta de la contratación de la subcontratación de empresas para la realización de los servicios solicitados, las que no existen en los domicilios fiscales proporcionados o su giro en otro al contratado.

En los dos primeros expedientes se detalla que la administración de Robles, al frente de la Sedesol, pagó en un primer contrato 601 millones 658 mil 600 pesos, y en un segundo la cantidad de 353 millones 652 mil 200 pesos.

En un primer caso, entre el 17 de marzo y el 11 de septiembre de 2014, la dependencia federal firmo con RTH los convenios para la producción de materiales en audio y video, cápsulas informativas, así como materiales para redes sociales y páginas de internet, relacionados con la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Los días 20 de enero y 27 de enero de 2015 de firmaron los convenios para el desarrollo de la estrategia, creatividad, producción y planteamiento conceptual para su aplicación en los mecanismos de capacitación para promover el desarrollo social comunitario.

El 3 de febrero del mismo año se firmó un tercer convenio para la transmisión de 8 mil 607 anuncios de televisión de la campaña “Cruzada Nacional contra el Hambre”, versión “Dos años cumpliendo”.

Excélsior
Ciudad de México
Domingo 18 marzo 2018.


Juan Armando Hinojosa Cantú ha recibido contratos de obra pública con el gobierno federal y es el dueño de Grupo Higa, un consorcio que incluye a la empresa que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, según reveló la investigación periodística La Casa Blanca en 2014.


Innovación Integrada S. A. de C. V., propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, fue una de las compañías subcontratadas por la Universidad Politécnica de Chiapas para prestar servicios a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2016.

Esta forma de contratación es parte del esquema de desvío de recursos públicos documentado en la investigación La Estafa Maestra, en la que dependencias del gobierno federal contratan a universidades para hacer supuestos servicios y éstas a su vez subcontratan a empresas ilegales, que no cumplen con los servicios o los realizan con sobrecostos, según han planteado diversas auditorías.

Juan Armando Hinojosa Cantú ha recibido contratos de obra pública del gobierno federal y es el dueño de Grupo Higa, un consorcio que incluye a la empresa que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, según reveló la investigación periodística La Casa Blanca en 2014.

Pese a los señalamientos y críticas por un presunto conflicto de interés entre Hinojosa y el mandatario, la empresa Innovación Integrada recibió casi 10 millones de pesos entre 2015 y 2017 a través de cuatro contratos por adjudicación directa —es decir, no fue elegida en un concurso público en el que haya resultado como mejor opción— del ISSSTE, Sedatu y Exportadora de Sal S. A. de C. V., empresa dependiente de la Secretaría de Economía.

Contratos bajo el esquema de La Estafa Maestra

La triangulación de recursos fue el esquema que se aplicó entre la Sedatu y la empresa de Hinojosa.

La Sedatu contrató a la Universidad Politécnica de Chiapas para realizar una aplicación móvil que diera “una solución tecnológica basada en web, que asistiera en la automatización de los procesos de consulta dentro del Sistema Nacional de Inclusión Sedatu”, según documentó la Auditoría Superior de la Federación(ASF) en la auditoría 195-DS realizada a la institución como parte del informe de Cuenta Pública 2016.

La Universidad a su vez subcontrató a la empresa Innovación Integrada para realizar el trabajo a través de un contrato por 5 millones 568 mil pesos provenientes de la Sedatu.

La contratación fue por asignación directa apelando a la excepción prevista en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones que permite contratar sin hacer licitaciones cuando solo existe en el mercado un proveedor capaz de dar el servicio; que el servicio sea con fines militares o atiendan casos de fuerza mayor como un desastre natural, entre otros.

En este caso no se cumplen los criterios para que la Universidad haya optado por la asignación directa a la empresa, y solo “evadió la licitación”, según la Auditoría. Por ello, al contratar a Innovación Integral “no se acreditaron los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez” y, por tanto, “no se obtuvieron las mejores condiciones disponibles en cuanto precio, calidad financiamiento y oportunidad”.

Al revisar el cumplimiento del servicio, la empresa proporcionó evidencia de los trabajos y la Auditoría comprobó que la aplicación móvil estaba en funcionamiento, pero la compañía “no acreditó los insumos tanto humanos como materiales que presumiblemente utilizó, ni presentó evidencia de la integración de los costos para ejecutarlos”.

La Universidad tampoco pudo comprobar que hubiese hecho algún cálculo e integración de costo sobre los servicios, lo que evidencia que la institución cobró “de forma discrecional sin una base de costos”.

Incluso en el convenio SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-07/2016 realizado entre la Universidad y la dependencia el 1 de marzo de 2016 (un mes después del contrato con la empresa) para “servicios profesionales y técnicos del Servicio Tecnológico para el sistema para el control de la Estrategia de Inclusión Nacional de la Sedatu”, por 18 millones 860 mil pesos, la institución sólo pudo comprobar el pago de 5 millones 658 mil pesos a Innovación Integrada, según el contrato mostrado a la Auditoría.

El resto del dinero se considera como un sobrecosto “en beneficio de la universidad y lo utilizó para fines distintos a los servicios convenidos con la Sedatu”, dice la Auditoría.

Animal Político acudió a la sede de Innovación Integrada, en Santa Fe, Ciudad de México, un lujoso complejo de oficinas, pero no se permitió la entrada y la mujer que atendió por teléfono informó que la empresa no daría información adicional a la que entregó a la Auditoría en 2017, ni nada respecto a Juan Armando Hinojosa Cantú.

 Más contratos

Innovación Integrada S. A. de C. V. recibió cuatro contratos más mediante asignación directa, es decir, sin competir con otras empresas, según información publicada en la plataforma Compranet, donde la administración pública federal está obligada subir los contratos con empresas.

El contrato con el ISSSTE es por el mismo objeto que el convenio de Sedatu: hacer un “sistema de control de la estrategia de inclusión nacional”, por el que la empresa cobró 5 millones 200 mil pesos en un contrato con vigencia de julio a diciembre de 2016.

El funcionario encargado de la contratación fue Raúl Marmolejo Pacheco del Departamento de control de servicios operativos, según la información de Compranet. Sin embargo, el ISSSTE no publicó las razones por la que el contrato fue otorgado por asignación directa. Tampoco se encuentra el contrato completo sino un documento con “datos relevantes del contrato”, que sólo incluyen datos del funcionario público y el monto pagado, pero ningún desglose del servicio ni más datos de la empresa que el nombre.  

Animal Político preguntó al ISSSTE por qué benefició con una adjudicación directa de más de 5 millones a la compañía fundada por Juan Armando Hinojosa, y la respuesta fue que la empresa fue beneficiada sin pasar por una licitación porque “acreditó los criterios de economía, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”, y porque era la mejor opción económica para el Estado, ya que según una “investigación de mercado” esta sociedad daba los servicios entre un 13 y 23% más barato “que las empresas competidoras”.

No obstante, el ISSSTE no precisó en su escrito cuáles son las empresas que supuestamente compitieron por el contrato, ni entregó el “estudio de factibilidad” a partir del cual se le otorgaron recursos públicos a Innovación Integrada.

Además, los argumentos esgrimidos por el ISSSTE en su escrito tampoco coinciden con la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones; el cual, como ya se expuso líneas arriba, permite las adjudicaciones directas solo cuando hay un único proveedor capaz de dar un servicio; que el servicio sea con fines militares; o que se ponga en riesgo la seguridad nacional si la contratación del proveedor se realiza mediante licitación pública, entre otros.

Cursos millonarios… de una semana

Innovación integrada recibió 4 millones 777 mil pesos de tres contratos directos por parte de Exportadora de Sal, S. A. de C. V., una compañía dependiente de la Secretaría de Economía, productora y proveedora de sal para la industria del cloro-álcali en la cuenca del pacífico.

Por un “estudio de evaluación y diagnóstico” cuyo contrato tuvo vigencia de una semana (del 15 al 22 de diciembre de 2015) la empresa cobró 2 millones 874 mil pesos y el contrato también fue otorgado por adjudicación directa.

En 2016, Innovación Integrada ganó 1 millón 300 mil pesos por un “programa de capacitación en SAP” del 2 al 9 de mayo; al siguiente año cobró 602 mil pesos por el servicio de “capacitación a usuarios”, del 12 al 31 de octubre de 2017. Las tres contrataciones fueron realizadas por la funcionaria Victoria Vergara Flores, de la Gerencia de adquisiciones y almacenes de Exportadora de Sal.

Animal Político buscó a Exportadora de Sal, pero no hubo respuesta.

Una empresa de familia

Innovación Integrada SA de CV es una de las múltiples compañías del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú y sus familiares más cercanos.

De acuerdo con su acta constitutiva, cuya copia guarda Animal Político, esta sociedad fue creada el 4 de enero de 2013 en Toluca, Estado de México, y se dedica a múltiples giros relacionados con proveer servicios de “telecomunicaciones” y “tecnologías de la información”.

Los fundadores de Innovación Integrada SA de CV son el propio Juan Armando Hinojosa Cantú y su socio Alberto del Moral González, quien tal y como consta en su perfil de Facebook y en múltiples notas de revistas de sociedad, es pareja sentimental de María Teresa Hinojosa García; una de las dos hijas de Juan Armando Hinojosa.

Un mes después de la fundación Innovación Integrada SA de CV, el 15 de febrero de 2013, tanto Hinojosa Cantú como Alberto del Moral cedieron sus acciones a otras dos personas. Pero no formalizaron este cambio ante el Registro Público de Comercio hasta más de cuatro años después, el dos de junio de 2017.

A pesar de la venta de acciones de Juan Armando Hinojosa, su familia mantuvo la presencia en la compañía a través de María Teresa Hinojosa García, quien ocupa el cargo de comisaria en la misma. ‘Maritere’ Hinojosa es la encargada de vigilar el correcto funcionamiento financiero de esta sociedad.

Animal Político
Nayeli Roldán
(@nayaroldan)
y Manu Ureste
(@ManuVPC)
Ciudad de México
Viernes 9 marzo 2018.


Ciudad de México.- José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, aseguró que no le toca deslindar responsabilidades ante los hallazgos de presuntos desvíos realizados en Sedesol, durante la gestión de su antecesora Rosario Robles.

Entrevistado al salir del Club de Industriales, en Polanco, el ex Secretario de Hacienda advirtió que será la Procuraduría General de la República (PGR) la que determinará responsabilidades.

"¿Se deslinda de Rosario Robles?", se le preguntó.

"La que tiene que deslindar la responsabilidad es la Auditoría Superior y la PGR, a mí no me toca hacer un deslinde", aseguró.

Luego de reunirse en privado con integrantes de la American Chamber México, Meade recordó que cuando tomó las riendas de Sedesol sí encontró irregularidades, pero en el programa de adultos mayores.

El ex funcionario relató que él mismo hizo las denuncias para que se sancionara a 460 funcionarios involucrados en el caso.

"A mí me tocó, cuando estuve en Sedesol, hacer una investigación que se tradujo en que se suspendieron servidores públicos", manifestó.

"Ese es el deslinde de responsabilidades que a mí me toca, el resto del deslinde le toca a la autoridad competente y hay que ser respetuosos de ella".

Anoche, la vocería de la campaña de Meade aseguró que, durante su gestión, el candidato no firmó ninguno de los contratos que son investigados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esta semana, REFORMA público que el órgano fiscalizador detectó un desvío de más de 2 mil millones de pesos en la Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando fueron encabezadas por Robles.

Las revisiones de la Cuenta Pública de 2016 refieren la existencia de empresas fantasmas y operaciones para dispersar los recursos en monedas extranjeras y en varias instituciones bancarias.

Reforma
Claudia Guerrero
Ciudad de México
Domingo 25 febrero 2018.

   
Ciudad de México— Senadores del Frente PAN-PRD y de Morena solicitaron que la PGR investigue ya el desvío de más de 2 mil millones de pesos de la Sedesol y la Sedatu durante las administraciones de Rosario Robles, a quien además le pidieron comparecer en el Senado para que explique las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación y hasta que renuncie.

En distintos puntos de acuerdo inscritos en la Gaceta Oficial, las bancadas coinciden en la urgencia de que las autoridades tomen cartas en el asunto y en que la ASF informe de las acciones emprendidas en contra de los responsables.

Los senadores del PAN propusieron un exhorto a la PGR para que inicie las investigaciones por el presunto desvío de recursos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y en la Secretaría de Desarrollo Social entre 2014 y 2016, así como a Secretaría de la Función Pública para que informe las acciones emprendidas y que Robles acuda a una reunión de trabajo en el Senado para que aclare el caso.

El coordinador de los senadores del PRD, Luis Sánchez, incluso propuso que Robles deje el cargo en tanto las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes sobre el desvío de recursos públicos.

Por parte de la bancada del PT-Morena, el senador Enrique Lucía Espejo inscribió en la Gaceta un punto de acuerdo para que Robles, actual titular de la Sedatu, comparezca.

"A fin de que explique el desvío de recursos públicos ejercidos en los años 2014 y 2015 a través de pagos realizados a empresas fantasmas que detectó la ASF durante su encargo como titular de la Sedatu y la Sedesol", según el documento.

En conferencia de prensa, el vicecoordinador de la bancada del PT, Zoé Robledo, exigió que también comparecieran los titulares de esas dependencias que recientemente han dejado el cargo, como el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, quien sucedió a Robles en la Sedesol, en 2015.

Además, la bancada completa solicitó un informe al encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para que les informe del estatus que guardan las 912 denuncias penales presentadas por la ASF hasta el 31 de enero de 2018.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 22 febrero 2018.


La titular de la Sedatu, desvía más de 1,700 millones de pesos solo en 2016; triángulo recursos dando contratos a otras dependencias públicas y éstas a su vez a empresas fantasma.


Ciudad de México. - Los resultados de la revisión del gasto de 2016 revelan que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano triángulo recursos dando contratos a otras dependencias públicas y éstas a su vez a empresas que solo existen en el papel.


En 2016, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano –que encabeza Rosario Robles- desvió 1,747 millones de recursos públicos, de acuerdo al informe de la Auditoría Superior de la Federación entregado este 20 de febrero. Y lo hizo usando universidades públicas y televisoras públicas.

El mecanismo empleado para consumar este desvío –conocido como La Estafa Maestra – no había sido utilizado antes por esta dependencia, pero sí por la Secretaría de Desarrollo Social, precisamente cuando la misma Rosario Robles estuvo al frente, entre 2013 y 2015.

Esta forma de desviar recursos consiste en entregarle contratos millonarios a dependencias públicas aprovechando una excepción a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector establecida en el artículo 1, las cuales a su vez les dan el dinero a empresas privadas, seleccionadas sin licitación. Entre las empresas incluso hay algunas fantasma, ya denunciadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por no tener oficina ni empleados.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2016 que presentó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a través de ese esquema se han desviado 6,879 millones de pesos entre 2012 y 2016. De los cuales 2,130 millones se hicieron en el último año.

De ese total, 1747 millones corresponden a los recursos que Sedatu entregó a universidades públicas y televisoras estales en 2016.

El esquema de “desvío” fue documentado en la investigación La Estafa Maestra, donde 11 dependencias “contrataron” a ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios que no se cumplieron. Las instituciones, a su vez, contrataron a 186 empresas, de las cuales 128 eran ilegales y aun así recibieron 3 mil 433 millones de recursos públicos.

En 2014 y 2015 también se emplearon sistemas de medios públicos. El diario Reforma reveló este 20 de febrero que, entre 2014 y 2015, los sistemas de medios públicos de Hidalgo –Radio y Televisión de Hidalgo—y Quintana Roo –Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCM)— se usaron para desviar 1,031 millones de pesos.

En estos casos se utilizaron a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ambas durante la gestión de Rosario Robles.

En 2016 el desvío continuó: en el informe de la Cuenta Pública 2016 que la ASF entregó este martes a la Cámara de Diputados se investigaron a cinco universidades públicas de Estado de México, Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo y Campeche; y dos medios públicos de los estados de Sonora y Quintana Roo.


En todos los casos fue la Sedatu la que entregó por adjudicación directa los recursos a las entidades públicas y estas contrataron a empresas y personas físicas para hacer los servicios, las cuales –a su vez- entregaban los recursos a otras empresas.

La ASF detectó la triangulación de pagos usando empresas fantasmas ya detectadas por el SAT, con domicilio fiscal simulado o inexistente, o que se dedican a actividades que nada tienen que ver con el objeto del contrato.

Los medios públicos: 600 millones

En 2015 se utilizó el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), un año después, la triangulación de recursos usó nuevamente a esa dependencia. La televisora estatal firmó “un convenio general de colaboración y dos convenios específicos” con la Sedatu, lo que le permitió recibir 450 millones de pesos que serían destinados a temas de promoción, publicidad y producción de “piezas de comunicación”.

Pero el SQCS no tenía la capacidad humana y técnica para prestar los servicios, por lo que “subcontrató a 25 proveedores para la ejecución de los servicios convenidos con la secretaría, integrados por 23 personas morales y dos personas físicas”, a los que entregó 420 millones.

Esa primera triangulación le dejó a la televisora quintanarroense un remanente de casi 30 millones de pesos.

Al momento de realizar la auditoria la ASF se encontró que la SQCS no tenía la documentación que comprobara que los servicios subcontratados se realizaron, pues los convenios se firmaron con el equipo que operó en la administración de Roberto Borge y con el cambio de gobierno la documentación fue sustraída por el “exdirector jurídico del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, quien, al momento de serle solicitada por la Directora General, entregó únicamente los contratos”.

La auditoría también muestra que la presunta responsable del seguimiento de los convenios y el cumplimiento de los mismos por parte de la Sedatu fue la Directora General de Comunicación Social, Luz María Orozco Quiroz.

Pero la ASF aclara que “no existe certeza de que los trabajos pagados por la Sedatu hayan sido realizados por el SQCS o alguno de los proveedores que contrató; no obstante, se vieron beneficiados con recursos públicos federales”.

Además, se constató que las empresas contratadas tanto por el SQCS como por la televisora pública sonorense Televisora de Hermosillo (Telemax) subcontrataron a empresas como Publicidad Natnit, S.A. de C.V. que no fueron localizadas en los domicilios fiscales y que en 2016 presentó una declaración de impuestos sobre la renta en ceros, como si no hubiera tenido ingreso alguno a pesar de que las dos televisoras le entregaron más de 260 millones de pesos.

Por si fuera poco, las dos televisoras recibieron en conjunto 318 millones por entregables “que entregaron dos y hasta cuatro veces”.

Además, según el informe la dependencia pagó a estos dos entes públicos, 370 millones por campañas publicitarias de Política Nacional de Vivienda y Derecho a la Vivienda que fueron canceladas desde diciembre de 2015.

Las universidades mil 88 millones

Cinco universidades auditadas este año repitieron el esquema de “desvío” de recursos públicos documentado en La Estafa Maestra y en todos los casos se trata de contrataciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2016, durante la gestión de Rosario Robles, reveló la Auditoría Superior de la Federación.

Las instituciones revisadas en las auditorías forense que participaron en este esquema son Universidad Tecnológica de Campeche, la Mexiquense del Bicentenario y las Politécnicas de Quintana Roo, Francisco I. Madero y Chiapas, que en total recibieron mil 88 millones de pesos en convenios con la Sedatu.


En todos los casos no podían cumplir con los servicios y subcontrataron a empresas que, a su vez, transfirieron los recursos a otras compañías. Los servicios no se cumplieron, pero el dinero sí salía de las arcas públicas, según encontró la Auditoría al revisar los documentos que comprobaran el cumplimiento de las asesorías o sistemas informáticos contratados y las transferencias bancarias realizadas por la dependencia.

Entre los servicios solicitados está la “asesoría, diseño e implementación de un modelo operativo, que permita la modernización administrativa de las Delegaciones Estatales de la Sedatu”, solicitado a la Universidad Mexiquense del Bicentenario o “la colaboración en difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.
Empresa existe… pero solo en el papel

Por ejemplo, en el caso de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, la Sedatu le entregó 185 millones de pesos en 2016 para que ésta le realizara una serie de servicios relacionados con la difusión de “conocimientos científicos” en materia de ordenamiento territorial.

Pero la universidad no tenía la capacidad para dar estos servicios, por lo que violó la ley federal de adquisiciones y entregó el 98% de esos 185 millones a dos empresas sin pasar por ningún proceso de licitación pública, repitiendo así el esquema de desvío documentado en La Estafa Maestra.

La empresa Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V. recibió 42 millones 841 mil pesos de la Sedatu. La ASF constató mediante visita domiciliaria que en el domicilio fiscal de esta compañía “desconocen su existencia”.

“Se presume que (la empresa) únicamente existe en papel, sin estructura ni personal”, apuntó la ASF en su informe forense la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.
 

*Reportera de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad


Animal Político
Ernesto Aroche, Nayeli Roldan
Manu Ureste, Miriam Castillo*
Puebla, Pue. / Ciudad de México
Miércoles 21 de febrero de 2018.


José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, aseguró que todos los involucrados en los desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen que rendir cuentas y asumir las consecuencias de sus actos.

Entrevistado luego de reunirse con agentes aduanales, el ex Secretario de Hacienda se pronunció por dar seguimiento al proceso de aclaraciones que se registra tras la presentación de los informes del órgano fiscalizador.

"En todos los casos y en el 100 por ciento de los casos que se rindan cuentas y que se asuman consecuencias", respondió.

"La Auditoría todos los años presenta informes, todos los años se abre un espacio de diálogo para que se vayan aclarando, una vez aclarados se presentan en su caso denuncia ante la Secretaría de la Función Pública o la PGR".

Cuestionado directamente sobre su responsabilidad y de la Secretaría de Hacienda en estos desvíos, Meade sostuvo que la dependencia ha participado de manera activa en la presentación de denuncias ante la detección de lavado de dinero o evasión fiscal.

"En todo este proceso en estos últimos años no habido un solo proceso de deslinde de responsabilidades del que Hacienda esté ausente", expresó.

"Siempre que media una querella en materia de evasión fiscal o de lavado de dinero la Secretaría de Hacienda se presenta como denunciante en el caso de evasión fiscal y como opinión de delito en todos los casos".

El ex funcionario aseguró que la Secretaría de Hacienda trabaja con cinco años de rezago, por lo que fue necesario implementar un proceso de modernización para avanzar.

"En su interacción con todas las entidades lo que hace es revisar a cinco años pasados cuál es esta consistencia entre las declaraciones fiscales y la realidad", afirmó.

Meade detalló que, durante su gestión, la Secretaría aprovechó la digitalización para realizar auditorías en tiempo real.

"Esta posibilidad de auditoría en tiempo real es la que permite que Hacienda juegue un papel mucho más importante en materia de combate a la corrupción, en materia de generar mejores condiciones de seguridad", sostuvo.

Al preguntarle si no le parecían preocupantes los montos de observaciones detectados por la ASF, Meade se limitó a responder que gracias a las reformas constitucionales el órgano fiscalizador puede hacer mejor su trabajo.

"Cambiamos la Constitución para que la Auditoría pueda revisar lo que quiera, cuando quiera, en el tiempo que quiera, no hay principio de anualidad, no hay objeción para que se pueda revisar en tiempo real", mencionó.

"Esto abre un proceso de deslinde, hay que dejar que termine este proceso de deslinde y una vez terminado hay que asegurar que se deslinden el 100 por ciento de las responsabilidades".

Reforma
Claudia Guerrero
Ciudad de México
Miércoles 21 febrero 2018.


La Auditoría Superior de la Federación (ASF) aumentó el monto de los recursos desviados desde la Sedesol y la Sedatu durante la administración de Rosario Robles.

Al dar a conocer ayer tres auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2016, en la que, desde la Sedatu se firmaron convenios con Televisora de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo, el órgano fiscalizador indicó que el presunto quebranto se incrementó a 2 mil 130.9 millones de pesos.

REFORMA publicó que de acuerdo con tres auditorías forenses practicados a recursos ejercidos en 2014 y 2015, la ASF había detectado un presunto desvío de mil 311 millones de pesos.

El desvió, de acuerdo con la ASF, se hizo a través de convenios suscritos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), entidades que a su vez subcontrataron empresas, algunas de ellas fantasmas, y éstas a su vez transfirieron recursos a otras firmas y cuentas bancarias domiciliadas en el extranjero.

Ayer, al entregar el tercer y último paquete de auditorías de la Cuenta Pública 2016, la ASF dio conocer que también en ese año, desde la Sedatu se realizó el mismo esquema de simulación, sólo que esta vez se utilizó, además del SQCS, a Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., y a la Universidad Politécnica de Quintana Roo.

A través de un flujograma contenido en el reporte de la Auditoría, la ASF explica que desde Sedesol se desviaron presuntamente 955 millones 311 mil pesos en 2014 y 2015.

En tanto que desde la Sedatu, el presunto desvío asciende a mil 175 millones 675.6 miles de pesos, esto durante los años 2015 y 2016.

En la Sedesol, Robles estuvo al frente de la dependencia de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015, y en Sedatu a partir del 27 de agosto de 2015 a la fecha.

El esquema de simulación, conforme a lo detectado por la ASF, consistió que las dependencias firmaron convenios con las diferentes entidades públicas para obtener servicios relacionados con el diseño, producción y difusión de mensajes institucionales.

Sin embargo, los servicios solicitados no se presentaron y, pese a ello, la Sedesol y la Sedatu, pagaron a los entes públicos y estos a su vez dispersaron los recursos, a diferentes empresas, la mayoría de las cuales tienen relación entre sí, ya sea porque tienen el mismo apoderado legal o declararon tener el mismo domicilio fiscal.

"Del total pagado a los proveedores, 35 de ellos recibieron un total de mil 901 millones 927.6 mil pesos, que representó el 94.6 por ciento del total pagado, que a su vez 23 de éstas destinaron recursos a 43 empresas, por la cantidad de mil 501 millones 74 mil pesos, sin la justificación que acredite los pagos realizados", reportó la ASF.

Reforma
Rolando Herrera
Ciudad de México
Miércoles 21 febrero 2018).

Tres diferentes programas destinaron recursos para 17 mil 674 personas muertas; hallan recursos no ejercidos en infraestructura educativa; recuperarán 782 mdp

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que en 2016 la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) realizó el pago a 17 mil 674 personas fallecidas en tres diferentes programas de la dependencia federal, lo que implicó un daño al erario por 65 millones 891 mil pesos.

La dependencia federal realizó “pagos injustificados” a 16 mil 997 beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores (PPAM), lo que representó un gasto de 64 millones 152 mil pesos que se entregaron a adultos con “estatus de fallecidos”.

La auditoría también informó que se detectó que 284 personas dentro de esa misma categoría se encontraron en el Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI) y recibieron 520 mil pesos; mientras que 393 beneficiarios que estaban inscritos en el Programa de Empleo Temporal (PET) se les entregó un millón 218 mil pesos y tenían la misma condición de muerte.

El organismo fiscalizador encontró estos daños al erario público debido a que se solicitó al Registro Nacional de Población (Renapo) corroborar la localización de beneficiarios y el estado de defunción de los tres programas, donde identificó inconsistencias con respecto a la información contenida en la base de datos proporcionada por la Sedesol.

En la base de datos de la secretaría se encontraron carencias en su base de información, donde en algunos casos los beneficiarios carecían de Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o no había datos básicos como edad o sexo.

Por otra parte, en la revisión de la cuenta pública se identificó que, porque no se han terminado de reconstruir y rehabilitar 629 escuelas, afectadas por lluvias severas, inundaciones, sismos ocurridos en 2013 y 2014, o fenómenos como Ingrid y Manuel, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa tendrá que regresar 782 millones 552 mil 700 pesos.

De acuerdo con la tercera etapa en la revisión de la cuenta pública de 2016, el Inifed no cumplió con el objetivo del Fideicomiso 2003 Fonden, puesto que no comprobó la realización y conclusión de los trabajos para rehabilitar 629 escuelas afectadas, ni con la instalación y mantenimiento a 8 mil bebederos en escuelas del sistema educativo nacional, programados para el ciclo escolar 2016-2017.

El Fonden autorizó recursos por 2 mil 639 millones 678 mil 100 pesos para rehabilitar, reconstruir y equipar 666 escuelas afectadas por seis fenómenos naturales ocurridos en 2013 y 2014 en el estado de Guerrero, de los cuales, a la fecha del cierre de la auditoría en octubre de 2017, se ejercieron  mil 600 millones 179 mil pesos (60.6% de los recursos) para rehabilitar 425 escuelas, de las cuales 37 están concluidas y 388 se encuentran en proceso; los restantes mil 39 499 100 (39.4%) son para concluir estás últimas escuelas y para iniciar la rehabilitación de otras 241.

“Al 31 de diciembre de 2016, se tenían registrados 267 contratos, por 933 millones 735 mil 800 pesos, de los que se pagaron 708 millones 664 mil 400 pesos, sin proporcionar documentación comprobatoria de la realización de los trabajos para la rehabilitación de las escuelas afectadas, aun cuando estaban vencidos los plazos de ejecución pactados en los contratos. El Inifed celebró 390 contratos, por mil 500 millones 711 mil 700 pesos, por medio del procedimiento de adjudicación directa, los cuales rebasaron los montos máximos autorizados por el Comité de Obras Públicas del Inifed, sin justificar su excepción a la licitación pública ni informar al Comité de Obras Públicas, como lo establece la normativa”.

El Universal
Ciudad de México
Pedro Villa y Caña y Teresa Moreno
Miércoles 21 de febrero de 2018.

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