Diputados del PAN presentarán en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exigir al Gobierno federal que impida la fuga de Humberto Moreira y se realicen las gestiones necesarias para decomisar cuentas bancarias, tras revelarse que su esposa y demás familiares tienen en bancos de Mónaco e Islas Caimán depósitos por 62.1 millones de dólares.

Para los legisladores de Acción Nacional, Moreira ya no podría ser candidato a diputado local por el Partido Joven ante la evidencia de operaciones de lavado de dinero, de acuerdo con las investigaciones que se realizan en Estados Unidos.

En la propuesta se señala la publicación de ayer de REFORMA sobre la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra de Humberto Moreira y su hermano Rubén, actual Gobernador de Coahuila.

De esta investigación se detectaron movimientos financieros sospechosos por parte de Vanessa Guerrero Martínez y Cecilia Aguilar Morales, esposas de Humberto e Iván Moreira Valdés, quienes manejaron recursos hasta por 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, entre 2013 y 2016.

En la propuesta, se pide directamente a Enrique Peña Nieto que, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Nacional de Migración (INM) impida la salida del territorio Nacional de Humberto Moreira Valdés.

"Como medida cautelar y a fin de evitar su probable fuga, ante el descubrimiento de evidencias incriminatorias en el uso de prestanombres para canalizar recursos de procedencia presuntamente ilícita", se lee.

También se solicita que las autoridades ministeriales realicen una solicitud internacional de asistencia jurídica y se proceda a asegurar las cuentas bancarias propiedad de Humberto Moreira Valdés, Vanesa Guerrero Martínez y Ricardo Mendoza Reyes, esposa y cuñado del primero, por haberse utilizado para realizar operaciones con recursos de procedencia presuntamente ilícita.

Los panistas piden al Presidente que en la PGR se nombre un fiscal especial autónomo que investigue el desfalco financiero al Estado de Coahuila por parte de la familia Moreira, e integre las carpetas de investigación correspondientes para que se proceda penalmente, realice todas las acciones de recuperación de activos, decomisos y extinción de dominio, tanto en territorio nacional como en el extranjero, y resarza el daño al patrimonio de los coahuilenses.

En este contexto, la bancada panista propone pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ejerza, en su caso, la acción de extinción de dominio, a efecto de retener y salvaguardar dichos recursos ante la probabilidad de que los mismos sean procedentes de actividades ilícitas.

Además, solicita a la PGR que requiera información a la Fiscalía en Estados Unidos y la Interpol, a fin de detectar y procesar al resto de los posibles involucrados y probables responsables de la triangulación de los recursos.

Finalmente, los diputados del PAN proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral para que a través del OPLE-Coahuila cancele la candidatura a diputado local plurinominal de Humberto Moreira Valdés, por el Partido Joven de Coahuila, por encontrarse en el supuesto de haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de prestanombres.

"El PAN insiste en que la justicia mexicana debe investigar delitos y solicitar asistencia jurídica internacional, incluso para desplegar acciones de recuperación de activos y resarcir mínimamente al erario de Coahuila.

"Ante dicho contexto y el riesgo de que los señalados personajes se den a la fuga, tal como ocurrió con Javier Duarte en Veracruz o Tomás Yarrington en Tamaulipas, ambos emanados del Revolucionario Institucional, es necesario que se tomen las medidas cautelares para inhibir dicho riesgo de evasión", se advierte.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 17 de mayo de 2017.


Puebla.- Grupos de jóvenes saquearon esta tarde las tiendas de autoservicio Bodega Aurrerá Mayorazgo y Soriana Torrecillas, de esta ciudad.

Los supuestos manifestantes, que no externaron ningún reclamo contra el llamado gasolinazo, llegaron en grupo a la tienda Aurrerá, ubicada en las calles 11 Sur y Boulevard Las Torres, destruyeron una de las puertas de vidrio para luego ingresar, causar destrozos y llevarse diversos objetos, entre ellos pantallas, juguetes y electrodomésticos.

Una ex reportera de e-Consulta, Erika Mejía, quien atestiguó los hechos, reportó desde su cuenta de Facebook que los supuestos saqueadores llegaron de forma “sumamente organizada” hasta el centro comercial, y que incluso se llevaron electrodomésticos en un carro, cuando ya el lugar estaba rodeado de policías.

“Eran las tres y media de la tarde cuando empezaron a llegar varios chavos de entre 14 y 18 años de edad, se apostaron a las afueras de la tienda, de la bodega Aurrerá de Mayorazgo, eran entre 50 y 100 personas, ellos sólo esperaban una indicación, no sé cuál fue la clave, pero cerca de las cuatro de la tarde sacaron de entre sus ropas palos, machetes y tubos, y con eso hicieron una especie de avalancha humana e ingresaron a la tienda”, relató.

Narró que los muchachos tiraron todo lo que estaba a su paso, con lo que generaron pánico entre las personas que se encontraban en ese momento al interior de la tienda, ya que creyeron que se trataba de disparos.

Mejía expuso en un video, que difundió a través de su cuenta de Facebook, cómo las personas cargan un microondas en un vehículo Spark sin placas de circulación, cuya cajuela ya llevaban atiborrada de otros artículos.

En el video se puede observar cuando el vehículo de los presuntos saqueadores parte del estacionamiento de la tienda, aunque a uno y otro lado de ahí están patrullas de la policía.

El reportero Eduardo Sánchez Montero, del periódico Central, también estuvo presente durante el saqueo que supuestamente fue anunciado en las redes sociales.

En un video, que difundió en su cuenta de Facebook, se puede ver a jóvenes y señoras que salen de la tienda cargando algunas cajas de juguetes y aparatos electrónicos durante varios minutos, mientras que la alarma de la tienda se mantiene encendida y los empleados y otros ciudadanos sólo observan el paso de los saqueadores.

Es hasta que llega una patrulla municipal al estacionamiento, cuando ya todos los jóvenes han salido de la tienda con objetos en mano, que los empleados cierran la cortina del comercio.

En la grabación el reportero narra que los policías logran detener a un joven, aunque algunos testigos aseguran que no formaba parte de los saqueadores.

Posterior a este hecho, diversas patrullas montaron un operativo en los alrededores para revisar los vehículos que pasaban por las calles aledañas.

Minutos después, otras personas se agruparon en los centros comerciales Periplaza y Centro Sur, donde rompieron el aparador de una tienda Autozone y, ante la presencia de policías, empezaron a lanzar piedras.

Igual se reporta que este tipo de grupos de personas, sin gritar consigna alguna, llegaron a la tienda Soriana ubicada en Torrecillas, también al sur de Puebla, para sacar principalmente juguetes.

Los comercios cercanos a esa zona empezaron a cerrar sus tiendas, mientras que otros establecimientos de la ciudad, como Walmart, Chedraui, Sam’s y Comercial Mexicana, cerraron o restringieron sus entradas.

En las entradas fueron colocadas una especie de barricadas que formaron con tarimas de madera, además de que entre cuatro y cinco elementos de la policía reforzaron la vigilancia, aparte de la presencia de ministeriales que portaban armas largas.

En algunos negocios, como Bodegas Aurrerá de Agua Santa, se reportó la presencia de más de 200 “vándalos” que obligaron a cerrar las puertas del comercio.

La mayoría de los negocios del sur de la ciudad empezaron a cerrar sus puertas a partir de las cinco de la tarde, y las unidades de transporte dejaron de prestar servicio cuando cientos de personas se encontraban en esos lugares haciendo compras de última hora del Día de Reyes.

A partir de esto, en las redes sociales surgieron versiones de supuestos saqueos en otras partes de la ciudad, incluido el centro histórico, pero no fueron confirmados. Sólo se reportó que un grupo como de 20 jóvenes recorrían las calles y azuzaban a los comerciantes y transeúntes.

Tonatiu Sarabia, vocero de la organización de vendedores y ambulantes 28 de Octubre, dijo que desde la mañana de este jueves recibieron informes de que había gente reclutando a pandilleros para que fueran a saquear el mercado Hidalgo, principal bastión de esa agrupación.

“…les estuvieron ofreciendo de 800 a mil pesos para saquear. Además lo que se llevaran sería un extra, dándoles de tolerancia de 15 a 20 minutos, antes de enviar a la policía, para que pudieran escapar”, explicó.

También advirtió que ante esa situación los locatarios del mercado se han organizado, para repeler cualquier ataque y garantizar la seguridad de los clientes, a fin de que pudieran realizar sus compras en el Día de Reyes Magos.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 5 de enero de 2017.


Legisladores del PAN y del PRD acusaron que el gasto de 4 millones de pesos diarios en publicidad que ejerció Javier Duarte durante su Gobierno es una burla para los veracruzanos y una manera de desviar recursos, por lo que urge que se castigue al ex Gobernador y a sus cómplices.

"Es un insulto más para los veracruzanos. Todos sabemos que fue una manera de desviar recursos para su bolsa a través de medios de comunicación fantasma que eran de los mismos funcionarios. Entre ellos Gina Domínguez y Alberto Silva (actual diputado del PRI) y quienes fueron coordinadores de comunicación social del Gobierno de Duarte", dijo el senador veracruzano del PAN, Fernando Yunes.

El senador apuntó al ex secretario de finanzas de Duarte Édgar Spinoso y al ex Tesorero Tarek Abdala, quienes actualmente son diputados federales.

Yunes acusó que el PRI sigue protegiendo a los cómplices de Duarte, a quien la PGR no ha podido localizar.

REFORMA publicó hoy que el ex Gobernador veracruzano Javier Duarte gastó 8 mil 727 millones de pesos, más de 4 millones diarios, en pagos a medios de comunicación durante su gestión para promover su imagen y promocionar las acciones de su Administración, un monto del que, al menos, 514.9 millones fue para empresas fantasma.

"La PGR tiene que hacer su trabajo en esta investigación y confiscar todo lo que pueda y aplicarle el peso de la ley, pero no sólo a Duarte, porque él no se llevó solo todo ese dinero, desde luego que hay decenas de cómplices, posiblemente cientos de cómplices que también tienen que ser investigados", afirmó el diputado del PRD Leonardo Amador.

El perredista consideró que gastos como 4 millones de pesos diarios para publicidad están relacionados con el "estado de emergencia social" en Veracruz donde no hay ni para medicinas en los hospitales.

Puso como ejemplo el impuesto del 2 por ciento a la nómina que el entonces Gobernador priista impuso.

"Se recaudaban aproximadamente 2 mil pesos anuales y jamás se vio que lo invirtieron. Siempre lo mandaron a un túnel supuestamente de Coatzacoalcos, una obra que no está acabada y que no se le debió de haber invertido ni la tercera parte de lo que se le mandó", acusó.

El vocero de los diputado del PAN, Jorge López Martín, resumió el gasto millonario de Duarte en imagen así: "Representan el disfraz que se pagaba Duarte todos los días para tratar de hacerse ver como quien en realidad no era. El bandido de Javier Duarte no solo le ha robado los impuestos a los veracruzanos sino también las oportunidades que deberían de tener en el futuro".

El legislador urgió medidas de fiscalización a los estados para controlar los gastos en materia de comunicación social y evitar los dispendios que los gobernadores priistas como Javier Duarte, dijo, realizan ya como una costumbre de este partido político.
Reforma
Jorge Ricardo
Cd. de México
Sábado 3 diciembre 2016.

Puebla es la entidad en México que lidera en deuda oculta y eso Moreno Valle no lo puede contradecir, dice el investigador Eudoxio Morales en entrevista con SinEmbargo. “Toda deuda, sea contingente, sea Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) o sea Asociación Público Privada (APP), al final de cuentas es deuda, aunque le haya cambiado ese artículo Sexto a la Ley de Deuda Pública y le haya puesto otros apellidos”, agrega.

La cantidad de recursos públicos futuros comprometidos “de manera oculta” por la administración del Gobernador panista Rafael Moreno Valle no tiene precedentes, dice el investigador de la Benemérita Universidad Nacional Autónoma de Puebla (BUAP), Eudoxio Morales Flores.

Gracias al entramado legal generado por la Casa de Bolsa Evercore, sostiene el académico, Moreno Valle entregó a la firma privada la administración de cientos de miles de millones de pesos de impuestos estatales –unos 550 mil millones hasta 2062, estima– que, en lugar de llegar a la Hacienda del estado, llegarán al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/0144, que garantiza de manera indefinida el pago de cuanta deuda contraiga el mandatario, como las obras públicas de gran escala que ahora inaugura.

“Puebla lidera en deuda oculta. Eso Moreno Valle no lo puede contradecir”, dice Morales en entrevista. “Toda deuda, sea contingente, sea Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) o sea Asociación Público Privada (APP), al final de cuentas es deuda, aunque le haya cambiado ese artículo Sexto a la Ley de Deuda Pública y le haya puesto otros apellidos”, agrega.

Doctor en Finanzas Públicas e investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la BUAP, Morales Flores investiga el tema de la deuda pública de Puebla, dice, desde el inicio del presente sexenio estatal, a partir de que escuchó al mandatario asegurar que la construcción de diversas obras –el Museo Barroco, la Plataforma Audi, un Segundo Piso, entre otras– no aumentarían los compromisos financieros del estado.

En ese contexto, en septiembre de 2012, Moreno Valle introdujo una modificación al Artículo Sexto de la Ley Estatal de Deuda Pública para establecer que “no constituyen deuda pública los proyectos de inversión para la prestación de servicios de largo plazo o los proyectos o contratos relacionados con obra pública o bienes”.

Luego, en noviembre de ese mismo año, la Secretaría de Finanzas del Estado firmó el Fideicomiso 144, al que llegan los recursos públicos destinados a pagar “todo tipo de obligaciones que contraiga el estado”.

La fuente de pago: el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP), o Impuesto sobre Nómina. La vigencia: “la duración necesaria para el cumplimiento de sus fines” (o hasta 50 años, de acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito).

“Es su intención celebrar el presente contrato para (i) afectar de forma irrevocable los ingresos presentes y futuros derivados de la recaudación del ISERTP, con el propósito de establecer un mecanismo de administración y fuente de pago de todo tipo de obligaciones que contraiga el estado, de manera directa o alterna, al amparo de Proyectos que contrata o celebre, para que el fiduciario (Evercore) realice por su cuenta y orden, el pago puntual y oportuno de dichas obligaciones”, declara el Gobierno del Estado de Puebla en el texto del Fideicomiso.
De acuerdo con Morales, el compromiso permite entonces a Evercore administrar hasta 550 mil millones de pesos que, ha calculado, generará el ISERTP en el periodo de vigencia del fondo.

La Misteriosa Deuda Pública

Morales fue entrevistado en esta capital horas antes de acudir a la Cámara de Diputados, donde, a invitación de legisladores federal de oposición en Puebla, presentará los resultados de su seguimiento al endeudamiento “oculto” de Moreno Valle, también autodenominado precandidato panista a la Presidencia de la República.

Ahí, informa, explicará también que, además de la deuda pública “oculta” acumulada –y que estima en 76 mil millones–, la administración estatal registra un “sobre-ejercicio” de otros 71 mil 341 millones de pesos, que toca al Gobierno, dice, explicar cómo se están pagando.

“Yo comenté que si el Gobernador o el Secretario de Finanzas dudaban de mis cifras, yo los citaba este martes que tenemos la conferencia en el Congreso de la Unión, para que desmintieran o para que me contradijeran, para ver quién tiene la razón”, dice.
Desde la semana pasada, el Gobierno de Moreno Valle ha declinado responder a este medio una solicitud de información sobre los cálculos de Morales Flores.

Hace meses, el investigador sostiene que los costos de diversas obras serán superiores a los anunciados de manera oficial debido a los intereses, pactados a tasas anuales de entre 9.5 y 13.5 por ciento.

Así, establece en la documentación que prevé presentar hoy, el Museo Barroco construido bajo el esquema de PPS y valuado en diciembre de 2015 en siete mil 280 millones de pesos, se pagará en 23 años a una tasa anual de 9.63 por ciento, por lo que, después de la “corrida financiera”, el costo será en 18 mil 337 millones de pesos. Otros ejemplos son la planta de la firma automotriz Audi o el Segundo Piso de la autopista a la Ciudad de México.

Otro dato que mencionará, informa, es que, entre lo que ha gastado y lo que ha dejado comprometido, Moreno Valle ha ejercido casi un billón de pesos. “Eso nunca se había visto en la historia de un Gobernador en México”, dice. “Lo logró cambiando las leyes, fundamentalmente, junto con la empresa Casa de Bolsa Evercore, que incluso eran juez y parte, porque trabajaban además en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y era difícil así detectar una deuda oculta”, asegura.

Investigar a Moreno Valle no ha sido fácil, dice también el académico en la entrevista, y narra que 2015 recibió el último mensaje telefónico anónimo que le sugería “bajarle” a su documentación sobre los compromisos financieros del estado.

La difusión de los datos en el Congreso, agrega, será entonces utilizada como “blindaje” contra eventuales represalias. “Moreno Valle es un autócrata”, asegura.

SinEmbargo
Sandra Rodríguez Nieto
Ciudad de México / Puebla
Lunes 28 de noviembre de 2016.


•    Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira

•    El Gobierno de México volcó a su embajada en España en apoyo del expresidente del PRI

•    La Procuradora General se interesó por el caso ante su homóloga española

Humberto Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) detenido en Madrid por los presuntos delitos de blanqueo de capitales e integración en la banda criminal de los Zetas, no ha estado solo durante los ocho días que permaneció en la prisión de Soto del Real, a 40 kilómetros de la capital española. El Gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel, según una investigación de EL PAÍS.

La gestión de mayor nivel se llevó a cabo el pasado 21 de enero, un día antes de que se celebrara la vista en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó la puesta en libertad del ex gobernador de Coahuila. Arely Gómez González, Procuradora General de la República y ex senadora del PRI, telefoneó a su homóloga Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado para interesarse por el caso y conocer la posición de los fiscales españoles. “Le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”, responde un portavoz de la Fiscalía General del Estado. La acusación contra Moreira—sobreseída provisionalmente días después por el juez Pedraz— la piden en España los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa.

La Fiscalía española declinó facilitar información a Arely Gómez

Moreira fue detenido el pasado 15 de enero en el aeropuerto de Adolfo Suárez (Madrid) cuando viajaba en compañía de su mujer y dos hijas a Barcelona, la ciudad en la que se estableció a principios de 2013, después de su defenestración política y de las acusaciones de un gigantesco desfalco de fondos públicos. Se había matriculado en un máster en la Universidad Autónoma y residía en un chalet de lujo por el que pagaba 3.000 euros al mes.

El mismo día de su detención los funcionarios de la embajada de México en Madrid recibieron órdenes de que se volcaran con el caso: unos en la búsqueda de prestigiosos abogados españoles que se hicieran cargo de su defensa, otros en la atención a Vanessa Guerrero, la esposa de Moreira, y de sus hijas, que durante varios días se alojaron en el hotel Vincci Soho, en la calle del Prado, a escasos 100 metros de la legación diplomática en pleno corazón de Madrid. Se da la circunstancia de que este hotel mantiene un convenio con la embajada y allí alojan a las autoridades mexicanas que visitan el país; en su parking aparcan los coches de la embajada.

La misma tarde y noche de la detención, cuando Moreira fue conducido ante Enrique de la Mata, el juez de guardia de la Audiencia Nacional— el organismo que investiga los casos de terrorismo y crimen organizado— para comunicarle su ingreso en prisión, los teléfonos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional comenzaron a sonar. Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la embajada les preguntaban por qué se había detenido a Moreira y que indicios o cargos había contra el ex presidente del PRI. El mutismo de los agentes españoles fue total, según aseguran fuentes policiales. “Estaban muy interesados, pero no se les dijo ni pío”, afirma una fuente española.

Funcionarios de la embajada recogieron en el aeropuerto a los abogados de Moreira

La relación entre la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República— que en México representa a la Fiscalía— es muy estrecha. México fue un antiguo santuario de etarras y colabora estrechamente en la lucha contra la banda armada. En la embajada creyeron que los agentes españoles les revelarían por qué había caído Moreira, pero no lograron su objetivo. Su silencio causó malestar en la legación diplomática ya que, además, en esta ocasión las autoridades españolas no les habían avisado de la detención como hacen habitualmente, según aseguran fuentes cercanas a la embajada. Se enteraron por la prensa digital española.

El interés de la embajada por la situación del populista político mexicano no terminó ahí. El lunes 18, dos días y medio después de la detención, el cónsul de México en Madrid se trasladó hasta la prisión de Soto del Real para visitar al reo. El cónsul visita con frecuencia a presos nacionales, pero fuentes penitenciarias aseguran que sus visitas no se producen “con tanta celeridad”. Al mismo tiempo, un funcionario del consulado llamado Víctor telefoneó en varias ocasiones al despacho del abogado Manuel Ollé, el letrado español que asistió a Moreira, para interesarse por el caso y conocer aspectos de la instrucción. “Les dijimos que se dirigieran al juzgado”, responde el abogado.

La implicación de la embajada continuó. Un chófer a los mandos de la Vannette Mercedes plateada de la embajada, con matrícula diplomática CD 52003, se trasladó al aeropuerto madrileño para recoger a Ulricht Richter, el abogado mexicano de Moreira. El letrado no ha respondido a reiteradas llamadas de este periódico. “Toda la embajada estuvo volcada en Moreira como nunca había ocurrido con otros detenidos”, afirma una fuente cercana al caso.

Miembros de la PGR llamaron a la Policía española reclamando información sobre el caso. El silencio fue la respuesta

El Gobierno de Peña Nieto quería saber qué indicios criminales había contra su antiguo colaborador y presunto financiador de su campaña electoral. En la embajada, en el número 46 de la carrera de San Jerónimo, a tiro de piedra del Congreso de los Diputados, funcionarios de la Sección Consular redactaron un escrito dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores en el que amparándose en el artículo 36 de la Convención de Viena preguntaron al juez Pedraz, instructor del caso, aspectos relevantes de la investigación.

El documento demandó información oficial sobre los delitos por los cuales se investigaba a Moreira; el tiempo que duraría el secreto de sumario; el resultado de la audiencia celebrada el día 22; si fue decretada la prisión preventiva o la libertad bajo fianza; y el tiempo que puede durar la instrucción del caso. La respuesta que dio Pedraz fue estrictamente protocolaria y en la misma no se facilitó ningún dato de la causa declarada secreta, según fuentes judiciales.

El 22 de enero el juez Pedraz dejó en libertad provisional a Moreira; el 3 de febrero el ex presidente del PRI abandonó España con su esposa y regresó a México donde proclamó su inocencia. “Se ha marchado sin su teléfono y su Ipad que todavía estaban en poder de la Policía. Parece que tenía mucha prisa”, afirmó una fuente de la fiscalía.

El pasado día 9, Pedraz dictó un auto por el que acordaba el archivo provisional de la causa contra Moreira. El fin de semana anterior el magistrado había escuchado en su casa la cinta de tres horas de duración que grabó en San Antonio (Texas) a un testigo protegido y concluyó que las acusaciones que este vertía contra el ex gobernador sobre su supuesta relación con la banda de los Zetas no eran suficientemente concretas.

Los fiscales Grinda y Rosa que viajaron también a EE UU invitados por un fiscal norteamericano no piensan lo mismo y han recurrido el archivo del caso. La investigación sigue secreta y abierta en España respecto a otras personas involucradas, algunas mexicanas.

La embajada asegura que quiso proteger su atención consular: J.M.I.

La embajada de México en Madrid no ha respondido a ninguna de las preguntas que le ha remitido EL PAÍS sobre las gestiones llevadas a cabo por sus funcionarios tras la detención de Humberto Moreira y se ha limitado a remitir un comunicado de prensa que hizo público después de su detención.

En la nota del pasado 16 de enero se destaca que “la representación mexicana en España velará porque el caso del señor Moreira Valdés se apegue al debido proceso y con respeto a los derechos humanos, al tiempo le brindará asistencia consular en caso de que le sea solicitada, como ocurre en el caso de cualquier ciudadano mexicano sujeto a requerimientos judiciales en el exterior”.

La legación diplomática añade que la Sección Consular de la Embajada actúa con apego a lo que establece la Convención de Viena sobre relaciones consulares, en su artículo 36, párrafo C que indica que “los funcionarios consulares tienen el derecho de asistir y visitar a sus connacionales que se hallen arrestados o en prisión preventiva, a conversar con ellos e incluso a coadyuvar en su defensa ante los tribunales a fin de garantizar el debido proceso”.

El País
José María Irujo
Madrid, España
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Lunes 22 de febrero de 2016.

Artículo 19 y Fundar destacan en ese gasto la promoción de la figura de RMV

El gobierno de Puebla gastó en publicidad oficial 627.4 millones de pesos, durante los años 2010, 2011 y 2013 (no hay datos del 2012), de acuerdo con el informe “Libertad de expresión en venta", elaborado por las organizaciones Artículo 19 y Fundar.

Los 627.4 millones de pesos (aún sin datos de 2012), colocan a la entidad en el lugar número 12 a nivel nacional con más inversión en publicidad oficial.

En el informe, que se presenta este miércoles, también se indica que buena parte del presupuesto de publicidad oficial se empleó para promocionar los informes de labores de Rafael Moreno Valle Rosas, pero no sólo en Puebla sino en otros 25 estados de la República violando el artículo 134 Constitucional.

Puebla informa poco

Año con año las organizaciones Artículo 19 y Fundar dan a conocer el Índice de acceso al gasto en las entidades federativas, donde se analizan la publicidad oficial en los estados.

Para cada índice se toman en cuenta los datos del año fiscal anterior, es decir, que el informe 2014 hace referencia a los gastos de 2013.

La información que se pidió a las entidades vía transparencia fue: documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de publicidad oficial del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

También documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de medios (radio, televisión, internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales, nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el período del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

Esta evaluación toma en cuenta cinco puntos: presupuesto aprobado, presupuesto ejercido, montos por tipo de medio de comunicación, montos por proveedor y montos por campaña pagada.

Puebla resultó con tres puntos de cinco, ya que no dio a conocer los montos por tipo de medio y los montos por campaña.

A diferencia de los índices 2011, 2012 y 2013 en los cuales no se proporcionó información, para 2014 Puebla dio información suficiente sobre el período fiscal anterior

Gasto millonario en publicidad

Los resultados del índice revelan que el gasto en publicidad oficial decreció, puesto que en 2010 fue de 288.9 millones de pesos, en 2011 de 202.8 millones y en 2013 de 134.7 millones, lo cual representa una baja de 53.3 por ciento en 2013 respecto a 2010.

En total suman 627.4 millones de pesos (aunque no se tiene en dato de 2012), lo cual coloca a la entidad en el lugar número 12 a nivel nacional con más inversión en publicidad oficial.

En Puebla gran parte del presupuesto en publicidad oficial va para televisión (45%), después radio (20%), luego otros (15%) y medios impresos (15%), al final una mínima parte en internet (5%).

Promoción fuera de la ley

En el apartado del informe "La publicidad oficial en los informes del gobernador de Puebla" se menciona que al menos la promoción en los años 2012 y 2013 fue extraterritorial e inconstitucional, sin embargo la sanción para los responsables fue nula.

En 2012 el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) documentó la transmisión de 3 mil 266 spots cinematográficos o “cine minutos”. El costo de dicha campaña superó los 14 millones pesos.

Los promocionales fueron reproducidos en 164 complejos cinematográficos en todo el territorio nacional, omitiendo paradójicamente un solo estado: Puebla.

Por tal acción el IFE pidió al Congreso estatal una sanción, que consistió en una amonestación privada en contra de Sergio Ramírez Robles, entonces encargado de Comunicación Social.

Por el informe de 2013, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpuso una denuncia ante el INE por la transmisión de 2 mil 758 spots de radio y televisión en 25 estados del país, además de los 5 mil 341 que se transmitieron en Puebla

Las entidades federativas con el mayor número de impactos, más allá de Puebla, fueron el Distrito Federal (383), Sonora (350), Nayarit (313), Guanajuato (319) y Jalisco (290).

De nueva cuenta al ahora INE pidió una sanción, la Contraloría sólo aplicó una “amonestación privada” a Marcelo García Almaguer, según reconoció la dependencia a una solicitud de información, tras una colecta de periodistas y ciudadanos.

Puebla ejemplo de impunidad

Artículo 9 y Fundar señalan que desde 2007 en México está constitucionalmente prohibido que cualquier servidor público difunda su nombre, imagen, voz y símbolos a través de la publicidad oficial, a excepción de los informes de labores.

El abuso de ésta excepción se ejemplifica en el caso de Puebla, pues su actual gobernador Rafael Moreno Valle Rosas ha recurrido a una importante promoción personal en el marco de sus informes.

"Puebla es un claro ejemplo de impunidad ante el abuso de la publicidad oficial y su excepción electoral. Muy a pesar de que el mandatario fue declarado responsable de infringir la Constitución y el código electoral, de manera reiterada en 2012 y 2014, las autoridades correspondientes no han aplicado las debidas sanciones", dice el informe “Libertad de expresión en venta".

Aplican censura indirecta

En 2013, el gobierno federal y 27 entidades federativas gastaron más de 13 mil 640 millones de pesos en la difusión de sus políticas, programas y servicios; pero también en elogios mediáticos a sus logros e imágenes.

Sin embargo lejos de informar a la sociedad, la publicidad oficial puede servir como una herramienta de censura indirecta, que favorece o castiga a los medios según sus líneas editoriales, la información que transmiten, y las opiniones que estos construyen y difunden.

Las cinco entidades federativas que ejercieron –en términos absolutos– la mayor cantidad de recursos públicos en publicitarse son, en orden descendente: Coahuila con mil 113 millones, Nuevo León con 718 millones, Chihuahua con 674 millones, Morelos con 440 millones y Campeche con 313 millones.

De las quince entidades que excedieron lo presupuestado para 2013, siete lo hicieron en más del doble de los recursos aprobados al inicio del periodo: Chihuahua, Morelos, Campeche, Yucatán, Distrito Federal, Zacatecas y Colima.

e-consulta
Samantha Páez
Ciudad de Puebla
Jueves 27 de agosto de 2015.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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