Comisión panista que encabeza Luis Felipe Bravo Mena rechaza investigar a Moreno Valle


La Comisión Anticorrupción del PAN rechazó una solicitud que hicieron panistas poblanos para que se investigara al exgobernador Rafael Moreno Valle por su presunta relación con el exsecretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández, acusado de lavado de dinero.

A la solicitud que presentó, desde el 14 de febrero de este año, la Corriente Humanista formada por panistas de esta entidad, la Comisión Anticorrupción respondió el jueves 9 con una negativa en la que argumenta que el supuesto acto de corrupción que se imputa a Moreno Valle excede el plazo de haber ocurrido para aplicar una sanción.

Hilario Gallego Gómez, integrante de la Comisión Humanista del PAN, formada por militantes que han criticado a Moreno Valle, dio a conocer la comunicación que recibió por parte del órgano partidista en el que se señala:

“Para que este órgano esté en posibilidades de solicitar la aplicación de una sanción a un probable responsable, no deben haber transcurrido 365 días contados a partir de que se materializó la falta considerada como acto de corrupción.

“Siendo evidente que ha transcurrido en exceso ese plazo, este órgano colegiado se encuentra materialmente impedido para incoar un procedimiento de investigación en contra de las personas denunciadas”, es la respuesta que ofreció la comisión que preside Luis Felipe Bravo Mena.

Hace más de medio año, los panistas opositores al morenovallismo acusaron al exgobernador de estar relacionado con Melquiades Vergara, quien fue detenido por la PGR por su supuesta participación en una red de lavado de dinero.

En ese momento se dio a conocer un audio en el cual Vergara, empresario de origen poblano, reconoce haber aportado dinero a la campaña de Moreno Valle en 2010, y a la de Antonio Gali Fayad, cuando contendió por la presidencia municipal de Puebla capital.

Igual, se dio a conocer que las empresas de Vergara fueron las proveedoras de las sombrillas que se repartieron en la campaña del ahora aspirante a contender por la dirigencia nacional del PAN. Así como que sus empresas de comunicación promovieron las aspiraciones presidenciales del exmandatario poblano.

En un comunicado que emitieron en respuesta a esta resolución de la Comisión Anticorrupción del PAN, Hilario Gallegos y Felipe Soriano lamentaron que el partido se niegue a investigar a Moreno Valle.

“Es inadmisible que personas como Rafael Alejandro Micalco Méndez, quien fuera presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla, se les agravie imputando de manera infundada responsabilidades sobre supuestos malos manejos; y a individuos como Rafael Moreno Valle Rosas los cubra el velo de la impunidad con miras a tomar el control, ahora a nivel nacional, de nuestro instituto político”, alertaron.

Además, deploraron que la dirigencia nacional del PAN haya llamado a la autorreflexión y autocrítica cuando se solapa a personajes como el exgobernador de Puebla.

“No se puede hablar de autorreflexión y autocrítica si este tipo de sucesos perjudican la vida institucional de nuestro partido; tampoco se puede hablar de lucha contra la corrupción, si se solapa a un promotor de la misma, como lo es Moreno Valle, gracias a su habilidad de atar y desatar, enredar y desenredar, según la conveniencia lo requirió cuando fue gobernador de Puebla”, fustigaron.

Los panistas apuntaron que la corrupción escalará en Puebla luego de que la esposa de Moreno Valle, Martha Erika Alonso Hidalgo, obtuvo, a través de “una elección dudosa”, la gubernatura poblana.

“Nuestro partido no merece ser blanco del descrédito por causa de grupos caciquiles como es el caso del morenovallismo, que desde el año 2010 controla a la dirigencia estatal de Acción Nacional en Puebla, para convertirla en una agencia de colocaciones, franquicia y establecimiento mercantil del clientelismo y de componendas políticas”, denunciaron los panistas.

Tras parafrasear al presidente de la Comisión de Doctrina del PAN, Juan José Rodríguez Prats, los panistas exigieron que Moreno Valle Rosas “haga a un lado sus aspiraciones banales de ser amo y señor absoluto de nuestro partido, pues carece de moral y de principios panistas”.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 20 de agosto de 2018.


Pedirán a los diputados locales electos de Morena, que tendrán mayoría en la próxima legislatura, que dejen sin efecto la llamada Ley Bala, en su momento usada por el gobierno de Moreno Valle para ordenar la represión

Luego de cuatro años de ocurrido el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, en San Bernardino Chalchihuapan, activistas pidieron al virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la reapertura del caso por violaciones graves a los derechos humanos.

En una clausura simbólica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Elia Tamayo, madre de la víctima, dijo que a la fecha no se ha hecho justicia por el asesinato de su hijo, ocurrido el 9 de julio de 2014, cuando el gobierno de Rafael Moreno Valle ordenó un violento operativo policíaco para reprimir una protesta de habitantes de Chalchihuapan.

“Han pasado cuatro años y yo sigo reclamando justicia. Como dicen, inocentes encarcelados y los culpables andan libres, eso no es la justicia”, destacó la madre de Luis Tehuatlie, quien aquel día fue herido en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno que los policías dispararon contra los pobladores. Diez días después el niño murió en el hospital.

Araceli Bautista, madre de Javier Montes Bautista, entonces alcalde auxiliar de Chalchihuapan, quien durante dos años estuvo encarcelado a raíz de esos hechos, dijo que la represión cometida en esa localidad del municipio de Santa Clara Ocoyucan continúa impune porque el exgobernador sigue teniendo el control de las instituciones.

Asimismo, aseguró que organismos como la CEDH, cuya labor es proteger a la población, realmente han estado bajo el control de Moreno Valle, al igual que otras dependencias de la entidad.

“Por eso nosotros pedimos al nuevo presidente de la República electo que tiene que abrir nuevamente este caso, porque se tiene que meter a la cárcel a los autores intelectuales de esta masacre que vivimos en Chalchihuapan”, puntualizó.

Por su lado, integrantes del Centro de Derechos Humanos “José Luis Tehautlie” acusaron a la CEDH de haber incurrido en complicidad, omisión, corrupción e incompetencia cuando ocurrió la represión en aquella comunidad.

Y aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio por cerrado el caso, los activistas manifestaron que no se puede dar carpetazo al asunto, porque lo que se hizo fue simular, en lugar de proporcionar justicia real a las víctimas de los hechos violentos.

De acuerdo con Bautista, pedirán a los diputados locales electos de Morena, que tendrán mayoría en la próxima legislatura, que dejen sin efecto la llamada Ley Bala, en su momento usada por el gobierno de Moreno Valle para ordenar la represión.

También dijo que, como parte de la conmemoración de esos hechos, volverán a instalar en el edificio de la presidencia auxiliar de Chalchihuapan la placa donde se señala que el asesinato del niño José Luis se perpetró por “órdenes” del gobierno de Moreno Valle.

La placa fue retirada en octubre de 2014, cuando el gobierno estatal envió un nuevo operativo policíaco para detener a habitantes de la localidad, a quienes acusó de haber participado en un enfrentamiento entre pobladores y policías el mismo 9 de julio.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 20 de julio de 2018.

   
Ciudad de México— En la historia de la guerra moderna es mucho más probable que un combatiente hiera a un enemigo, en vez de matarlo.

Pero en México es al revés.

Según las cifras del Gobierno, las Fuerzas Armadas Mexicanas matan con una eficiencia abrumadora, apilan cuerpos a gran velocidad.

Las autoridades mexicanas dicen que sus soldados están mejor entrenados que los miembros de los cárteles con los que se enfrentan. Pero los expertos que estudian el tema dicen que la tasa de muertos de las Fuerzas Armadas Mexicanas no tiene comparación y que revela algo mucho más oscuro.

Paul Chevigny, profesor jubilado de la Universidad de Nueva York y pionero del estudio de la letalidad en diferentes fuerzas armadas, dijo que “hay ejecuciones sumarias”.

Un estudio sobre las guerras desde finales de los años setenta del Comité Internacional de la Cruz Roja encontró que en la mayoría de los escenarios de combate entre grupos armados por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos. A veces, incluso más.

En México la cuenta es a la inversa: el Ejército Mexicano mata a ocho enemigos por cada uno que hiere.

Para su fuerza de élite, la Marina, la discrepancia es aún más pronunciada: según sus propios datos, mata a 30 combatientes por cada uno que hiere.

Las cifras se desprenden del documento ‘Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad’ publicado en junio de 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM). El trabajo tiene como fundamento una serie de estadísticas oficiales obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información pública.

Las estadísticas, que el Gobierno dejó de publicar en 2014, ofrecen una imagen única sobre el papel que han asumido las Fuerzas Armadas Mexicanas en la guerra contra el crimen organizado. Durante la última década, a medida que los marinos y soldados mexicanos han sido enviados a la línea de combate, las violaciones a los derechos humanos se han disparado.

Aun así, las fuerzas armadas continúan siendo intocables, protegidas por un Gobierno reacio a imponerse sobre la única institución a la que puede enviar al combate. Se han tomado muy pocos pasos para investigar los miles de acusaciones de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que se han registrado desde que el entonces presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra las drogas hace una década.

De las 4 mil denuncias por tortura revisadas por la Procuraduría General de la República (PGR) desde 2006, sólo 15 han terminado con una condena.

Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura de Naciones Unidas, dijo que “la tortura no sólo es generalizada, sino que está rodeada por la impunidad. Si el Gobierno sabe que es frecuente y no se presentan cargos o aquellos que llegan a juicio no van a ningún sitio, la culpa es del Estado”.

Las Fuerzas Armadas Mexicanas no respondieron a las solicitudes de entrevista. El general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa, ha exculpado a la institución al decir que es la única que se enfrenta al crimen organizado y que, además, está ganando la batalla.

“Estamos en las calles porque la sociedad nos los pide”, dijo Cienfuegos al diario Milenio este mes.

El Ejército ha matado a alrededor de 3 mil personas entre 2007 y 2012. En ese período han muerto 158 soldados. Hay quienes creen que esa cifra de muertos es puro pragmatismo. En México, donde menos del dos por ciento de los homicidios terminan en condena, las Fuerzas Armadas matan a sus enemigos porque no se puede confiar en el sistema judicial.

El Gobierno ha recibido oleadas de presión por este tema. En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el comportamiento de México en materia de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales; la CIDH se sumó así al informe previo de Naciones Unidas que decía que la tortura se practica de manera generalizada.

Hace varias semanas, se hizo pública una grabación, que se volvió viral, en la que un soldado golpea a una mujer mientras un agente de la policía le pone una bolsa en la cabeza para asfixiarla. Hubo una petición de disculpas públicas por parte de las Fuerzas Armadas, algo nunca antes visto.

Incluso en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, el papel del Ejército y la protección con la que cuenta ha sido objeto de controversia y polarización. Según el informe de la comisión de expertos extranjeros que investigó el caso, la noche de la desaparición hubo soldados presentes. Sin embargo, el Ejército no aceptó entrevistarse con los expertos y el gobierno no se lo exigió.

El Gobierno dice que se toma en serio los derechos humanos y aprueba leyes para contrarrestar los abusos, proteger a las víctimas y permitir que se juzgue a los soldados en tribunales civiles. Afirma que hay una política de derechos humanos nueva en el Ejército y señala que, durante la administración del presidente actual, las quejas contra el Ejército han disminuido de manera importante.

“Cada informe sobre violaciones de los derechos humanos es inquietante”, dijo el Gobierno. “Pero esos casos aislados no reflejan el estado general de los derechos humanos en el país”.

Aunque las denuncias por tortura contra las Fuerzas Armadas han caído desde 2011, fecha en la que se redujo de manera importante el despliegue de tropas en el país, la letalidad de los encuentros no ha disminuido según los datos hechos públicos a principios de 2014.

La relación singular entre el Ejército y el Gobierno se remonta a más de 70 años, cuando el país salió de una guerra civil. Para mantener la estabilidad, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó a un acuerdo con las Fuerzas Armadas: a cambio de una autonomía casi total, el Ejército no intervendría en política.

A diferencia de la mayoría de países de América Latina, en México nunca ha habido un golpe de Estado. Y aunque el Gobierno a menudo no ha sido generoso con el presupuesto dedicado a la defensa, siempre ha protegido al Ejército del escrutinio externo.

Y esa protección se ha mostrado de vital importancia desde 2006, cuando el Ejército salió a las calles para combatir a los carteles y como consecuencia aumentó la violencia. A medida que las denuncias alcanzaban cifras récord, el Gobierno optó por no hacer nada por limitar al Ejército en su competencia.

Y desde hace dos años, las Fuerzas Armadas dejaron de publicar las cifras de muertos. Sin esos datos, según los expertos, es muy difícil saber el nivel de violencia real que ha alcanzado la guerra contra el crimen organizado.

Algunos episodios llegan a los tribunales, como un enfrentamiento en Tlatlaya, cerca de Ciudad de México, donde el Ejército mató a 22 personas en junio de 2014. El Ejército hizo alarde de que durante el combate sólo resultó herido un soldado.

El caso se convirtió en un escándalo de inmediato. La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que por lo menos 15 de las víctimas fueron ejecutadas y que los soldados habían alterado la escena para que pareciera que hubo un combate.

Incluso así, los tres soldados a los que se acusó por su responsabilidad en los hechos fueron absueltos por la justicia la semana pasada. El único soldado condenado, por desobediencia, ya cumplió su sentencia.

La impunidad existe pese al incremento de los vínculos con el Ejército de Estados Unidos a través de ejercicios, entrenamiento y ventas de material que tienen como objetivo incrementar la profesionalidad y, por extensión, el respeto de las Fuerzas Armadas Mexicanas a los derechos humanos.

Hace dos años, Estados Unidos aceptó vender helicópteros black hawk a México en un acuerdo que podría valorarse en más de mil millones a lo largo de 25 años, que también acercará al Ejército Mexicano a los estándares de Estados Unidos.

“No sólo les vendimos los helicópteros”, dijo Todd M. Rosenblum, quien fuera un alto funcionario en políticas sobre México para el Pentágono. “Les vendimos 15 años de colaboración estrecha que no hubiéramos podido tener de otra manera”.

La cercanía ha hecho poco para suavizar las críticas en el Congreso estadounidense.

“Ni todo el entrenamiento del mundo funcionará si no hay personas al mando que crean en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo el senador demócrata de Vermont, Patrick J. Leahy.

Para mayor preocupación del Gobierno de México, algunos casos de abuso han logrado llegar a las instituciones internacionales.

El 29 de diciembre de 2009, tres personas desaparecieron en el estado de Chihuahua y nunca se volvió a saber de ellas. Tras buscar un recurso legal a nivel estatal, federal y militar, los familiares llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011.

Cinco años después, la comisión entregó su reporte confidencial, según dos personas que conocen el caso. Si la comisión halla responsable al Ejército de las desapariciones, como se espera, la resolución podría ser vinculante.

También existe otro caso ante la Corte Penal Internacional: un grupo sin fines de lucro en Baja California recolectó más de 90 ejemplos de lo que considera tortura realizada por el Ejército Mexicano desde 2006 a 2013. La Corte aún no ha respondido a la solicitud.

El expediente incluye el caso de Ramiro López, quien fue arrestado con otras tres personas y torturado por el Ejército en junio de 2009. Los hombres casi fueron asfixiados con bolsas de plástico y recibieron toques eléctricos en los genitales antes de ser presentados como secuestradores y de que fueran sentenciados por ello.

Pero en 2015, tras una investigación poco común de Naciones Unidas, se resolvió que los hombres no eran culpables. El Gobierno los absolvió, pero no buscó a los responsables de dicha confesión forzada.

“Ellos no deberían intentar justificar su trabajo con confesiones obtenidas bajo tortura”, dijo Mayra, hermana de Ramiro López. “Pero tampoco parece que esto vaya a cambiar pronto”.

The New York Times
Ciudad de México
Jueves 26 de mayo de 2016.

Puebla es un ejemplo de lo que puede pasar en el país, advierte el obispo Raúl Vera. “Es el modelo más horrendo de lo que vamos a ver”.

Puebla.- El obispo de Saltillo, Raúl Vera, condenó la represión en Puebla y advirtió que la criminalización de los movimientos sociales es un modelo que busca implantarse en todo el país.

Raúl Vera se reunió con Rubén Sarabia, Simitrio, y su hijo, Rubén Atl Tonatiuh Sarabia Reyna, en el penal de San Miguel.

Luego del encuentro con los activistas de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de Octubre, el obispo, ganador en el 2010 del premio Rafto para la defensa de los Derechos Humanos, visitó en el penal de San Pedro Cholula a los hermanos Adán y Paul Xicale.

Vera denunció que el encarcelamiento de Simitrio y su hijo, Rubén Tonatiuh, representa la “criminalización del movimiento social” a través de “marrullerías como la creación de delitos”.

“Es un invento, es una creación de delitos para judicializar el movimiento social y frenar cualquier tipo de protesta, cualquier tipo de lucha”, señaló Raúl Vera en su visita a Puebla

El obispo Vera se reunió con Simitrio y su hijo en el penal de San Miguel donde abordaron el tema de su encarcelamiento y la persecución en contra del movimiento social en Puebla.

El ganador del premio Rafto 2010 de derechos humanos llegó al filo de la 1 de la tarde al Cereso de San Miguel y salió de la cárcel casi una hora después mientras lo aguardaban vendedores de la 28 de Octubre que se transportaron al término de la misa al exterior del penal.

Al abandonar el Cereso, los vendedores de la 28 de Octubre que lo acompañaron gritaron consignas: “la lucha sigue, sigue…”

El obispo de Saltillo advirtió que Puebla es el modelo de represión que busca implementarse en el país: “En este momento yo veo a Puebla como un ejemplo de lo que nos va a pasar en Coahuila y en otros estados de la República en el momento en que empiecen a darse los grandes negocios”.

Por la mañana, el obispo Raúl Vera ofreció una misa en el mercado Hidalgo donde pidió por los presos políticos.

Una vez finalizada la misa, el obispo de Saltillo conversó con vendedores y líderes sociales sobre la conformación del constituyente ciudadano y popular.

En entrevista, Raúl Vera resumió la reunión con Simitrio: “El conjunto de la charla con Simitrio y con su hijo, a mí me queda claro que es una criminalización del movimiento social. Porque son las clásicas marrullerías de la creación de delitos.

”Es el querer reactivar lo que ya está pagado en cuanto a los delitos por lo que estuvo antes recluso Simitrio. Es evidente que es una criminalización del movimiento social”.

El obispo Raúl Vera consideró que las condiciones de represión en Puebla configuran un Estado totalitario: “Pero aquí lo que también se asoma, yo estuve recogiendo la palabra de otras personas, antes de la celebración y al terminar la celebración eucarística está de por medio el que el estado convirtiéndose en un estado totalitario y controlador de todo lo que se puede controlar y de sometimiento a la ciudadanía y de represión, quiere dar toda la imagen de que aquí se pueden hacer toda la clase de negocios criminales que se están haciendo a raíz de las reformas estructurales del gobierno mexicano. Todos los negocios criminales del despojo de tierras, de la explotación del agua para el fracking, de las concesiones mineras a cielo abierto, el despojo de tierras para hacer pasar los ductos, trátese de agua o de gas, para los megaproyectos.

Entonces este es el modelo más horrendo de lo que nosotros vamos a ver.”

Vera advirtió que la situación de los derechos humanos, la represión en contra del movimiento social y el querer hacer negocios a como dé lugar orilla a Puebla a situación donde no se criminaliza la protesta:

“En este momento yo veo a Puebla como un ejemplo de lo que nos va a pasar en Coahuila y en otros estados de la república en el momento en que empiecen a darse los grandes negocios a los que se les abrió la puerta desde el ejecutivo federal y el legislativo.

”Se quiere tener una paz de sepulcros se quiere decir aquí hay garantías para que vengan a hacer todos los negocios que quieran y nadie tiene a derecho a protestar, nadie nos tiene que reclamar nada.

”Yo no esperaba. Yo esperaba encontrar la reivindicación de unas personas injustamente en la cárcel.

”Me encuentro con una estructura espantosa, de sometimiento de la gente, de represión de la sociedad.

”Los negocios que hemos propuesto como equipo de gobierno en este país van adelante por encima de quien sea”.

El obispo de Saltillo expuso que la persecución a la 28 de Octubre se originó en que se negó a colaborar con el gobierno estatal para el sometimiento de la gente:

“Cualquier tipo de protesta, de lucha, cualquier tipo de búsqueda de justicia, de una vida digna para los ciudadanos mexicanos, desgraciadamente es la configuración que está viviendo nuestra nación y ustedes la están viviendo en primer lugar ustedes lo están viviendo aquí”.

Intolerancia Diario
Mario Martell
@laultima
Ciudad de Puebla
Lunes 18 de mayo de 2015.

Peña Nieto, “no hace nada para resolver la crisis de derechos humanos”, denuncian

Londres.- Con globos, banderas, bombos y al grito de “Peña Nieto no es bienvenido” más de un centenar de manifestantes se congregó afuera de la residencia oficial del primer ministro británico David Cameron, ubicada en el número 10 de Downing Street, para repudiar la llegada del presidente de México, Enrique Peña Nieto, al Reino Unido.

“Estamos frente a Downing Street para pedir que se tome en cuenta la falta de los derechos humanos en México”, describió a Proceso Marisa Polin, del grupo YoSoy132Londres, que organizó junto otros colectivos la protesta de hoy.

“Es sencillo lo que pedimos, queremos que el gobierno británico se dé cuenta, tome conocimiento de la problemática de la falta de derechos humanos en México, que no hay. Hay mucho miedo en México, la gente le tiene miedo a la policía, se raptan a los chicos, no se puede manifestar pacíficamente, se llevan a los jóvenes que no han hecho nada. Es un estado de mucha, mucha tristeza”, agregó.

Polin, quien junto al grupo de manifestantes se encontraba en pleno barrio gubernamental de Whitehall, a metros del histórico Palacio de Westminster, repudió que el gobierno británico reciba al presidente Peña Nieto, “que no hace nada para resolver la crisis de derechos humanos”.

“Ni siquiera reconoce el problema. Hay una falta de democracia e impunidad. Es muy sencillo: Queremos que se tome en cuenta el tema de los derechos humanos. Pero no sólo que se tomen en cuenta, sino que se logre un cambio. México es uno de los países que más acuerdos a firmado a favor de los derechos humanos y de la protección de los ciudadanos, pero no cumplen con estos tratados”, agregó.

Por la mañana, la reina Isabel II, de 89 años de edad, recibió oficialmente en el Reino Unido al presidente de Peña Nieto, y a su esposa, Angélica Rivera.

Peña Nieto y su esposa arribaron ayer lunes a la capital británica en un vuelo al aeropuerto de Heathrow. Se sumaron a un grupo que incluía la Reina, al Duque de Edimburgo, y al primer ministro británico David Cameron, para asistir a un desfile militar en el pabellón Horse Guards Parade, que tuvo todos las características típicas de pompa y circunstancia británicas.

De esta forma, el presidente mexicano inició una visita de Estado que durará tres días en el país y que incluirá reuniones con empresarios, académicos y políticos del Reino Unido.

La visita fue duramente cuestionada por grupos defensores de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional (AI), que exigió al gobierno mexicano justicia por el aumento de torturas y violaciones de derechos humanos en el país.

Cuando Peña Nieto y su esposa arribaron junto al príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles, se escuchó el disparo de 41 balas de mansalva desde el parque de Green Park, tras un despliegue de la Artillería a Caballo de las Tropas del Rey.

Carlos y Camilla escoltaron a la pareja presidencial a la tarima que tenía una alfombra roja.

Allí también se encontraban el viceprimer ministro británico, Nick Clegg, la ministra del Interior, Theresa May, junto a dignatarios militares y diplomáticos.

En medio de una mañana invernal soleada, pero fría, los dos jefes de Estado se saludaron con un apretón de manos y dialogaron brevemente por algunos minutos, antes de que Isabel II, vestida con un saco de tweed color marfil presentara a Peña Nieto ante varios dignatarios del gobierno británico.

En el desfile participaron guardias de honor del Primer Batallón Galés, con sus típicos trajes largos de color gris y sombreros de piel de oso.

El Duque de Edimburgo escoltó al presidente, mientras éste inspeccionaba a las tropas. Posteriormente, la Reina de Inglaterra ofreció un almuerzo privado en el Palacio de Buckingham para Peña Nieto y su esposa, después de guiarlos por una exhibición de artículos mexicanos que forman parte de la Colección Real, en la Galería de las Pinturas.

El presidente mexicano visitó más tarde la medieval Abadía de Westminster, donde depositó una ofrenda en la Tumba del Guerrero Desconocido.

Desde la Abadía, Peña Nieto fue trasladado al lindante Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico, donde fue recibido por el Presidente de la Cámara de los Comunes, Sir Peter Tapsell, y el Presidente de la Cámara de los Lores, el lord Peter Carrington.

Emitió un discurso en el Royal Robing Room, antes de asistir a una recepción con parlamentarios de todos los partidos y otros invitados.

Los manifestantes que se acercaron a Downing Street entregaron una misiva a la residencia oficial de Cameron, en la que afirmaron que la agenda de viaje de Peña Nieto “ignora en gran medida la situación de derechos humanos en México, ejemplificada por la desaparición masiva de 43 estudiantes en Iguala”.

“Se ha puesto en cambio énfasis en temas como inversión extranjera, cultura y comercio dentro de los sectores de seguridad y energía. Compañías británicas como BP y Shell tienen un creciente interés en México desde la reciente y controvertida reforma energética, que privatizó los recursos como el petróleo, el gas y la electricidad”, destacó la nota.

Los manifestantes reclamaron que el tema de los derechos humanos se incluya en el año de México en el Reino Unido y del Reino Unido en México, también conocido como UKMX2015.

También pidieron al gobierno británico incluir a México entre los “países preocupantes” al elaborar su reporte anual de Derechos Humanos.

Llamaron a las autoridades de Gran Bretaña a pedirle al gobierno mexicano incluir la investigación de la Policía Federal y militar en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, además de exigirle que garantice y proteja los derechos humanos de los familiares de los estudiantes desaparecidos.

“Los gobiernos extranjeros no deben ser cómplices en los abusos de derechos humanos y en la falta de acceso a la justicia que prevalece en México. El control, la transparencia y el respeto a los derechos humanos debería ser un pre-requisito para la firma de cualquier tratado o acuerdo bilateral entre México y el Reino Unido”, continuó.

La protesta, organizada por varios grupos, incluyendo a los colectivos YoSoy132Londres London Mexico Solidarity y Justice Mexico Now, forma parte de una serie de eventos y actividades bajo la consigna “EPNnotWelcome” (Enrique Peña Nieto no es bienvenido).

En el marco de las manifestaciones se preparó una performance en el teatro Luna, titulada “Ayotzinapa en la Cara de Peña Nieto”, que contó con la presencia de miembros del público y que incluyó paraguas, lámparas y fotos de los 43 estudiantes desaparecidos.

Para esta noche está previsto un banquete de honor en el Palacio de Buckingham, -donde Peña Nieto y su esposa se hospedan-, organizado por la Reina y que incluirá a invitados especiales, diplomáticos, políticos y miembros de la Familia Real británica.

La visita de Estado de tres días continuará mañana miércoles, cuando Peña Nieto, acompañado del viceprimer ministro Nick Clegg, participe de un desayuno de Líderes Empresariales en el Palacio de Buckingham. Después de escuchar las conclusiones de la reunión, Clegg tiene planeado mantener una junta oficial con el presidente mexicano, como adelantaron fuentes de la Cancillería británica (Foreign Office).

Luego de ello, está pautada una reunión con el primer ministro David Cameron; y por la tarde, Peña Nieto recibirá en el Palacio de Buckingham al Líder de la Oposición, Ed Miliband.

Cameron hablará sobre DDHH

En tanto y luego que más de 100 organizaciones de la sociedad civil y ONGs enviaran una carta a David Cameron para compartir algunas de las preocupaciones sobre la crisis que enfrentan los derechos humanos en México, el Primer Ministro aceptó el pedido.

Según confirmó un portavoz oficial de Downing Street, durante la reunión entre Peña Nieto y el Primer Ministro británico se “tratará el tema de los derechos humanos en México”.

“Es de esperarse que el Primer Ministro exprese sus preocupaciones con respecto a la situación de derechos humanos y el sistema judicial en México. Lo hemos hecho en el pasado y lo seguiremos haciendo”, destacó el vocero.

El portavoz de Cameron dijo además que se tratarán dichos asuntos “en un espíritu de colaboración con el gobierno y las autoridades mexicanas”.

Para mañana miércoles, el presidente tiene programado asistir al Foro de Negocios México Day en la Mansion House, donde se espera emita un discurso sobre Oportunidades de Inversión en México, cerrando el foro de negocios.

La visita concluye el jueves 5, con un recorrido por la Universidad Robert Gordon, donde tiene planeado reunirse con varios académicos y ver además una presentación sobre Transferencia de Conocimiento y Educación en el Sector Energético. La gira incluirá también un viaje a la ciudad escocesa de Aberdeen, en el norte del país, y una reunión con empresarios del sector petrolero.

Proceso
Leonardo Boix
Londres, Inglaterra
Martes 03 de marzo de 2015.

Los jóvenes agredidos se quejaron de la tardía actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del estado por los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura, lesiones, amenazas cumplidas y robo, derivados de la represión en su contra la madrugada del pasado 8 de febrero.

Iván Ojeda Cuevas, abogado de los estudiantes, informó que en la denuncia incluirán acusaciones contra los policías por omisión y comisión, pues además de que no auxiliaron a los jóvenes cuando fueron atacados por un grupo de porros, escoltaron la camioneta en la que fueron privados de su libertad ocho jóvenes.

“De acuerdo con los testimonios de los compañeros, se habla de que antes de que sean llevados en la camioneta gris oscura, aparece una camioneta del GOES (Grupo de Operaciones Especiales), arranca la camioneta y se van atrás la GOES y el resto de las patrullas escoltando”, explicó.

Fidel Sánchez, uno de los estudiantes “levantados”, dijo que, según el testimonio de otro agredido, cuando éste paró a una patrulla para pedir ayuda, un policía lo retuvo.

“Un compañero corre, para una patrulla y le pide ayuda. El policía se baja, le pone las esposas, lo detiene y lo empieza a regañar”, relató. Lo mantuvo dando vueltas unos 20 minutos “hasta que lo lleva a la calle 18 Poniente, donde le dice que no hay ningún problema pero que se vaya a su casa porque esto está muy cabrón”.

Por ello, afirmó: “Queremos dejar el precedente de que la policía estatal y municipal actuaron en colaboración con los agresores. Es importante decirlo en un ambiente actual, porque igual en Guerrero los policías municipales actuaron coludidos con la delincuencia organizada”, en referencia a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La noche de los hechos, el secretario de Gobernación municipal, Manuel Castañeda Rodríguez, afirmó que la policía municipal acudió al Zócalo después de lo ocurrido, situación que identificó como “riña entre estudiantes”.

“Lo que nosotros tenemos registrado y el reporte que nos da la Secretaría de Seguridad es en el sentido de que hubo una riña entre jóvenes. Obviamente no tenemos identificado a nadie, porque no es la competencia de esta instancia”, declaró el funcionario.

Sin embargo, Fidel Sánchez añadió que para documentar todo lo que ocurrió esa madrugada, han pedido a las instituciones los videos de las cámaras ubicadas en el zócalo y otras calles. También incluirán las declaraciones por escrito de 20 de los 23 estudiantes presentes en el campamento, donde cinco jóvenes estaban en huelga de hambre.

Entre los testimonios hay quienes tienen ubicados a algunos agresores, agregó, ya que los primeros que llegaron no llevaban capucha y así pudieron ser identificados como porros de la BUAP.

Los jóvenes agredidos se quejaron de la tardía actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Según su dicho, pidieron su apoyo alrededor de las cuatro de la mañana, pero el personal llegó hasta las dos de la tarde.

Sánchez indicó que a dos días de la represión han encontrado elementos para suponer que la agresión, más que estar relacionada con su demanda de espacios para impartir cursos gratuitos, fue por el activismo de los huelguistas en la Liga Estudiantil Democrática (LED).

La pregunta, dijo, es “¿por qué en esa magnitud la represión? ¿Sólo por unos salones? Yo soy de la Liga Estudiantil Democrática y varios compañeros también, es una organización que se ha dedicado al trabajo político dentro de la Universidad para recuperar los espacios que han quitado los ‘neoliberales’, como llamamos a los que quieren vender la educación”.

De acuerdo con su explicación, cuando a él lo subieron a la camioneta, en la que fueron secuestrados, escuchó a los encapuchados que decían: “suban a todos los de la LED”. Cuando una joven reclamó que era del CUEP, le contestaron: “no nos hacen pendejos sabemos que son los mismos”.

Agresión sexual

Ivon Potrero, integrante de la LED, informó que desde la madrugada del lunes pidieron la presencia de personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales por la agresión que sufrió Nohelia Herrera, de 15 años, quien presentó sangrado luego de la detención.

Detalló que aunque la estudiante no fue penetrada, los agresores le rasgaron la ropa con desarmadores y le hicieron “manoseos”. Peor aún, contaron que el lunes fue dada de alta del Hospital Universitario aunque su estado físico y psicológico aún es delicado, pues no puede caminar y todavía registra sangrados.

“Exigimos que se le preste la atención médica adecuada porque la compañera aún no se encuentra bien”, reclamó.

Otra estudiante identificada como Magaly, refugiada en la Casa del Estudiante Emiliano Zapata, también tiene dificultades para caminar pues la lastimaron de la columna cuando los agresores caminaron arriba de los jóvenes.

Potrero se quejó porque desde un principio tuvieron problemas para que los jóvenes golpeados recibieran atención médica. Contó que cuando acudieron al Hospital Universitario el personal se negó a recibirlos; incluso los doctores trataron de alterar los dictámenes sobre su estado de salud. En la Cruz Roja le negaron atención a una joven que iba descalabrada y fue atendida por paramédicos afuera de la institución.

Reciben apoyo de normalistas

Omar García, alumno de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, estuvo presente durante la presentación de la denuncia ante la Procuraduría, como acción de solidaridad del movimiento normalista con los estudiantes poblanos.

“Ya lo habíamos advertido de que la represión se iba a intensificar en todo el país”, expresó. Condenó que lo ocurrido el pasado 26 de septiembre sea utilizado para aterrar a los movimientos estudiantiles de otras entidades del país.

“No es la primera vez que lo dicen. En la marcha del 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México les dijeron lo mismo, que los iban a desaparecer como los estudiantes de Ayotzinapa”, recordó.

El normalista aseguró que la represión sufrida “es una advertencia real de las autoridades hacia los estudiantes y hacia quien lucha”. Agregó que “lo del 26 de septiembre fue realmente eso, el intento de dar un escarmiento, porque es lo que busca la represión, que la gente deje de movilizarse”.

Luego preguntó: “¿Por qué no van los federales a reprimir los narcobloqueos a Tamaulipas? Frente a ello no dicen nada y frente a los estudiantes sí, de esas cosas raras que pasan en el actuar del sistema”.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 11 de febrero de 2015.

En Puebla, el gobierno de Rafael Moreno Valle se ha caracterizado por reprimir la protesta social

Con una huelga de hambre en protesta por la represión gubernamental, nueve activistas sociales acusados de distintos delitos recibieron el año nuevo en los distintos penales en los que se encuentran recluidos desde el año pasado.

Se trata de Bryan Reyes, Fernando Bárcenas, Alejandro Jessy Montaño, Luis Sotelo, Adán y Paul Xicali, Pione y Albino Tlachi, y Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio. Los ocho primeros se encuentran detenidos en penales de esta capital y el último en la ciudad de Puebla.

Reyes Rodríguez fue detenido junto a Jacqueline Selene Santana López el pasado 15 de noviembre en la colonia Jardín Balbuena de la delegación Venustiano Carranza, por el presunto robo de 500 pesos a una elemento de la Policía Federal.

La agente Lidia Zárate Herrera denunció a los jóvenes del robo de 500 pesos con violencia.

De acuerdo con la uniformada, cada uno de los jóvenes llevaba un cuchillo y le quitaron la cantidad referida. Se abrió la averiguación previa FVC/VC-3/T2/03048/14-11 por el delito de robo agravado calificado contra el ejercicio de la autoridad.

Bryan se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y Jaqueline en el Centro Femenil de Reinserción Social San Martha.

Fernando Bárcenas Castillo, de 18 años, fue sentenciado el pasado 18 de diciembre a cinco años nueve meses de prisión por los delitos de asociación delictuosa y ataques a la paz pública. El joven está acusado de incendiar el árbol de Navidad que la empresa refresquera Coca Cola solía poner en Paseo de la Reforma.

La defensa del inculpado denunció en su momento que su detención no fue en flagrancia, sino en calles aledañas al Metro Insurgentes, al término de una manifestación en el contexto de la primera movilización contra el alza a la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Alejandro Jessy Montaño fue detenido y remitido al Reclusorio Sur por subirse a una de las megapantallas que se instalaron en el Zócalo en junio pasado para la exhibición de un partido durante el Mundial. Desde ese lugar, el joven exigió la liberación de los presos políticos.

Con su actuación, Jessy Montaño violó su libertad condicional dictada en enero del 2013 por su partición en las manifestaciones del primer informe de gobierno del Enrique Peña Nieto. En ese entonces, se le acusó de portación “de objetos aptos para agredir”, ultrajes a la autoridad y posesión de mariguana.

En el verano del 2012 también escaló la Estela de Luz en una de las manifestaciones del movimiento #YoSoy132. Posteriormente, el 24 de febrero, volvió a escalar la misma estructura exhibiendo cartulinas en las que se leía: “Protestar es un derecho” y “Mancera represor”.

El pasado 5 de noviembre, las autoridades capitalinas dieron a conocer la detención de Sergio Pérez Landeros, de 33 años, y Luis Fernando Sotelo Zambrano, de 20, por ataques a la paz pública y vías de comunicación, y daño en propiedad ajena con modalidad de pandilla.

Según la PGJDF, ambos participaron en los incendios de un camión y una estación de Metrobús en Insurgentes Sur, para exigir la aparición con vida de los normalistas desaparecidos.

En Puebla, el gobierno de Rafael Moreno Valle también se ha caracterizado por reprimir la protesta social y la última víctima de esa política fue el líder popular y activista Rubén Sarabia Sánchez, mejor conocido como Simitrio.

Fue detenido el pasado 19 de diciembre por el presunto delito de despojo.

Proceso
Ciudad de México
Viernes 2 de enero de 2015.

El ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército.

La noche del 26 de septiembre policías de Iguala y Cocula, obedeciendo órdenes del alcalde igualteco, atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, mataron a tres y a otros 43 se los entregaron a Guerreros Unidos, grupo que presuntamente los asesinó e incineró. Esa es la versión oficial. Pero una investigación periodística, basada en documentos oficiales, videos y testimonios, cuenta otra historia: El ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército.

Fuerzas federales participaron en el ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, durante el cual murieron tres normalistas y 43 fueron desaparecidos en una sucesión de hechos conocida en tiempo real por el Gobierno Federal.

Un trabajo realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley con base en testimonios, audio videos, informes inéditos y declaraciones judiciales muestra que la Policía Federal (PF) participó activa y directamente en el atentado.

Aún más, de acuerdo con la información obtenida por Proceso en la Normal de Ayotzinapa, el
ataque y desaparición de los estudiantes fue dirigido específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la institución, pues de los 43 desaparecidos uno formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela, y 10 eran "activistas políticos en formación" del Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI).

Hasta ahora la versión oficial es que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó la agresión, preocupado por la posibilidad de que los estudiantes interrumpieran el informe de actividades de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, titular del DIF municipal.

Según esta versión, policías municipales de Iguala y del vecino ayuntamiento de Cocula atacaron y capturaron a los estudiantes, mientras Guerreros Unidos los asesinó y quemó, con el desconocimiento de los agentes federales y los soldados destacados en la zona. Sin embargo, los documentos y testimonios obtenidos revelan una historia diferente.

Monitoreados

Un informe inédito del gobierno de Guerrero, fechado en octubre, entregado a la Secretaría de Gobernación (Segob) hace más de un mes y obtenido por Proceso en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre, señala que desde su salida de las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa los estudiantes eran monitoreados por agentes de las administraciones estatal y federal.

El documento reporta que a las 17:59 horas el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo informó que los normalistas partían de Ayotzinapa rumbo a Iguala. A las 20:00 horas la PF y la Policía Estatal llegaron a la autopista federal Chilpancingo-Iguala, donde los estudiantes empezaban a hacer una colecta. A las 21:22 horas el jefe de la base de la PF, Luis Antonio Dorantes, fue informado de la entrada de los jóvenes a la central camionera y a las 21:40 el C4 de Iguala reportó el primer tiroteo.

El informe añade que desde el pasado 28 de septiembre la Fiscalía General de Guerrero ordenó a la PF informar si sus agentes participaron en los hechos del 26 de septiembre; pidió el registro de entrada y salida del personal de su base de operaciones y exigió el número de patrullas y el registro del armamento usado del 24 al 28 de septiembre.
De acuerdo con la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014, la PF no entregó esa documentación. El 4 de octubre, ante la presión política el gobierno de Guerrero declinó su competencia y desde entonces la administración de Enrique Peña Nieto tiene el control de la investigación.

Los Videos

Este semanario pudo ver 12 videos grabados por los estudiantes con sus teléfonos celulares durante el ataque. En uno de ellos las víctimas identifican claramente la presencia de la PF. "¡Ya se están yendo los policías... se quedan los federales y nos van a querer fastidiar!", es la advertencia de un estudiante que se escucha en una de las grabaciones.

La tarjeta informativa número 02370, firmada por el coordinador operativo de la región Norte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, José Adame Bautista, fechada el 26 de septiembre, afirma que a las 17:59 horas "reportaron vía telefónica desde el C4 Chilpancingo sobre la salida de dos autobuses de la línea Estrella de Oro con números económicos 1568 y 1531 con estudiantes de la escuela rural Ayotzinapa con dirección a la ciudad de Iguala".

La Normal Rural Raúl Isidro Burgos está en el municipio de Tixtla, a una hora por carretera de Chilpancingo y dos de Iguala. Se reportó a los tres niveles de gobierno la salida de los estudiantes en tiempo real; esto indica que había vigilancia sobre ellos antes del ataque.

La tarjeta informativa de Adame agrega que los dos camiones llegaron a las 20:00 horas a la caseta de cobro número tres de Iguala. Un camión se quedó ahí y el otro, frente al restaurante La Palma en la carretera federal Iguala-Chilpancingo, a donde llegaron las policías Estatal y Federal.

"Por lo antes narrado el suscrito (Adame Bautista), con tres elementos más, se trasladó a la caseta en mención, lugar donde se coordinó con personal de la Policía Federal sector Caminos al mando del oficial Víctor Colmenares Campos con cinco elementos más en tres unidades procediendo a monitorear las actividades de dichos estudiantes", señala el documento.

El informe de la esposa de Abarca como presidenta del DIF municipal concluyó a las ocho de la noche —dos horas antes de que los estudiantes entraran a la ciudad—, según declaraciones judiciales de la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014 abierta por el gobierno guerrerense —de la cual se tiene copia— y testimonios obtenidos por este semanario.
'Recolectaban' camiones

Omar García, líder del COPI de Ayotzinapa, entrevistado por Proceso en las instalaciones de la Normal, explica que este año a su escuela le tocó "recolectar" 20 camiones para que ésta y otras normales rurales fueran a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Antes de ir a Iguala ya habían "capturado" ocho camiones e iban por más. Contra la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), afirma que no tenían intención de protestar contra el alcalde o su esposa.

Sostiene que en la carretera federal Iguala-Chilpancingo los normalistas tomaron un autobús, pero el chofer no quiso bajar al pasaje y dijo que les daría la unidad al llegar a la central. Pero cuando llegó a la estación, encerró en el vehículo a 10 estudiantes, quienes llamaron a sus compañeros para pedir ayuda.
Los refuerzos llegaron y rompieron la puerta del camión para sacar a sus compañeros. "Se armó el jaleo y llamaron a la policía", apunta Omar. De la central tomaron otros camiones. Dos se fueron hacia Periférico Sur y otros tres debían tomar hacia Periférico Norte, pero equivocaron la ruta.

Testigos afirman que cerca de las 22:00 horas vieron circular tres autobuses de pasajeros por la calle Juan N. Álvarez y a la altura de la catedral los estudiantes comenzaron a bajar. El chofer que manejaba el primer camión, Hugo Benigno Castro, asentó en su declaración judicial que los jóvenes bajaron para preguntar a la gente por la salida a Chilpancingo.

Se escucharon entonces los primeros disparos y la gente corrió. El policía municipal Raúl Cisneros declaró que tras ser informado de un posible asalto acudió a la zona. Dijo que en el lugar forcejeó con dos estudiantes que supuestamente lo quisieron desarmar, y su supervisor de turno, Alejandro Temescalco, y él dispararon al aire. Ahí no hubo heridos.

Los estudiantes ahuyentaron a las patrullas a pedradas. Los tres vehículos siguieron por la Juan N. Álvarez rumbo al Periférico.

Federales

El ahora ex secretario de Seguridad Pública municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, en su declaración judicial el 27 de septiembre dijo que a las 21:22 horas recibió un reporte telefónico de que los estudiantes estaban tomando camiones. Aseguró que inmediatamente llamó a Luis Antonio Dorantes, jefe de la base de la PF, quien le dijo que estaría alerta.

"A las 21:30 horas los radioperadores de la Policía Estatal del C4 Iguala y del Cuartel Regional me hacen del conocimiento que las operadoras del servicio de emergencias 066 han recibido llamadas telefónicas donde advierten que estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa están haciendo desmanes en las centrales de autobuses Estrella Blanca y Estrella de Oro", indicó Adame Bautista en su tarjeta informativa.

Al mismo tiempo que la Policía Estatal recibía el reporte, también lo recibieron la PF, el Ejército y la Policía Municipal de Iguala, instancias a las cuales el C4 les reporta. Desde ahí se controla la red de cámaras de vigilancia, algunas de ellas instaladas en el centro de la ciudad. Pero aun cuando la Fiscalía General del Estado pidió las imágenes, nunca le fueron entregadas.

En el documento citado se afirma que a las 21:40 horas el C4 de Iguala recibió el reporte de "detonaciones de arma de fuego". Según Adame Bautista su policía no atendió la contingencia por órdenes del subsecretario de Prevención y Operación de la Policial Estatal, Juan José Gatica Martínez.
 
El segundo ataque

El segundo ataque tuvo lugar unas cuadras antes de llegar al Periférico de Iguala. Las balas impactaron los vidrios de los vehículos, poncharon las llantas y una patrulla municipal le cerró el paso a la caravana de tres autobuses. En una acción coordinada y táctica los estudiantes quedaron atrapados entre dos fuegos, sin posibilidad de escapar.

Algunos estudiantes intentaron mover la patrulla municipal, pero les dispararon. El normalista Cornelio Copeño dijo que ese fue el momento en el cual su compañero Aldo Gutiérrez recibió el disparo en la cabeza.

Los 12 videos obtenidos captaron la agresión. En un audio sin imagen se escuchan las ráfagas. En otro se ve a Aldo tirado al lado de una patrulla agitando los brazos. Y en una grabación más se escucha que los estudiantes reclaman a los policías por qué recogen los casquillos percutidos.
El tercer autobús fue el más dañado. Asientos y pasillos quedaron manchados de sangre, como se ve en las fotografías tomadas por los estudiantes. Fue de ahí de donde se llevaron a algunos de los 43 desaparecidos.

El estudiante Francisco Trinidad Chalma declara que durante el segundo ataque "policías municipales" bajaron a sus compañeros y en el costado izquierdo del camión los tenían sometidos. "Eran como 17 ó 18 y policías eran alrededor de 60. Al parecer había compañeros heridos porque los tuvieron un rato en el suelo".

Otros testimonios de los mismos estudiantes hablan de "patrullas municipales" y "más patrullas", y afirman que algunos atacantes estaban equipados con pecheras, rodilleras, cascos, coderas y pasamontañas, y una patrulla traía un soporte para ametralladora desde donde un uniformado los encañonó. Otros agregan que los policías adoptaron posición de tiro. Se investigó que la Policía Municipal de Iguala no usa ese equipo ni éste forma parte de los objetos asegurados por la fiscalía.

"Pregunté quiénes habían sido los que les habían disparado, manifestándome los compañeros que habían estado en el lugar de los hechos que primeramente fueron los policías municipales, quienes con un vehículo tipo patrulla les obstaculizaron la circulación, y unos compañeros se bajaron a hacer la patrulla a un lado para que los dejaran pasar, y que al momento de que intentaron mover la patrulla (…) llegaron elementos de la Policía Federal y ellos fueron los que dispararon en contra de mis compañeros, hiriendo a varios de éstos, y resultó muerto uno de ellos, sin saber el nombre de éste, por lo que los demás compañeros se bajan de los autobuses y salen corriendo para protegerse de las balas de los federales, por lo que se pusieron atrás de los autobuses y otros se tiraron al piso, y que uno de los federales se puso a fumar un cigarro en una esquina, y haciendo ademanes de que se arrimaran, ya de ahí los federales empezaron a recoger los casquillos para no dejar evidencias de los hechos", declaró a la fiscalía el estudiante Luis Pérez Martínez.
 
Municipales y ejército
 
La base de la policía de Iguala está en el número 109 de Rayón, un callejón. La PGR sostuvo que esa noche los 43 estudiantes fueron trasladados ahí en patrullas y después fueron entregados a Guerreros Unidos.

La base tiene una sola entrada y por su portón no caben las camionetas con roll bar que usa la Policía Municipal. Esto se verificó, pues la PF, que ahora resguarda esas instalaciones, usa el mismo tipo de unidades y éstas no pueden pasar. Los detenidos son bajados en la calle y entran caminando.

Por dentro las oficinas de una sola planta forman una especie de escuadra y todas tienen vista a un patio abierto con forma triangular al cual también tienen vista las casas aledañas. Los vecinos afirman a este semanario no haber visto ni escuchado nada fuera de lo común esa noche.

Ante diputados federales, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, afirmó el 13 de noviembre que el 27 Batallón de Infantería supo del ataque dos horas después de ocurrido. Pero según esta investigación, los militares sí fueron informados a través del C4 y comandos del batallón estaban en la zona cuando todo pasó. (Sábado 13 de diciembre 2014)

Proceso
Ciudad de México
Lunes 15 de diciembre de 2014.

San Andrés Cholula, Pue.- Ante un representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, organizaciones sociales denunciaron la represión, criminalización y persecución desatada por el gobierno de Rafael Moreno Valle contra toda persona que participe en movilizaciones o protestas.

Al celebrarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, los activistas pidieron a Alan García, asesor jurídico del comisionado, la intervención de la ONU para lograr la liberación de las personas encarceladas en Puebla por encabezar o participar en alguna causa o movimiento social.

En su intervención, García señaló que igual que las violaciones  a los derechos humanos cometidas en Ayotzinapa y Tlatlaya, la represión policíaca aplicada contra habitantes de la comunidad poblana de Chalchihuapan –donde resultó herido de muerte el niño José Luis Tehuatlie–, son “actos ultrajantes” para la conciencia de México.

“Nosotros desde Naciones Unidas reivindicamos que México tiene futuro y tiene futuro porque la gente ha despertado en este año en el que se ultrajó la conciencia nacional, es indispensable que los pueblos se liberen del temor y de la miseria, desde Naciones Unidas seguiremos acompañando la esperanza”, ofreció.

Líderes de distintos grupos pidieron al representante de la ONU interceder para que cese la persecución contra decenas de personas que tienen orden de aprehensión en Puebla y han tenido que huir o esconderse para evitar ser encarceladas luego de participar en alguna movilización.

En un encuentro en los terrenos donde el gobernador Moreno Valle pretende construir un parque, Josué Xicale, hijo de Adán –el abogado que encabezó el movimiento opositor a ese proyecto–, acusó que su padre, su hermano Paul y los hermanos Albino y Primo Tlachi Valencia están presos bajo delitos fabricados.

Agregó que otros 10 integrantes del movimiento “Cholula Digna y Viva” tienen orden de aprehensión sólo por defender las tradiciones, cultura, el suelo arqueológico y la identidad que la población ha mantenido vigente desde hace dos mil años.

“Seguiremos luchando para defender lo nuestro: tierras, historia, tradiciones, nuestro presente, calidad de vida y cultura”, reclamó Xicale. Y dijo: “No permitiremos que nos arranquen todo esto que por siglos hemos conservado para que conviertan a Cholula en una mercancía turística”.

Alejandro Torres, de la comunidad de Zacatepec, denunció que en su localidad la empresa italiana Bonatti continúa con la construcción del Gasoducto Morelos, pese a la oposición de los pobladores. Y es que, recordó, cuenta con custodia del Ejército Mexicano y las policías Federal y Estatal.

Moisés Coyotl, en representación de la Coordinación Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), acusó que el gobierno de Puebla modificó la Ley Orgánica Municipal y el Código Civil para tratar de desaparecer a las Juntas Auxiliares. El propósito: Concentrar el poder, controlar políticamente a los pueblos y facilitar la imposición de los llamados “proyectos de muerte”.

En tanto, representantes de la organización de comerciantes “28 de Octubre” dijeron que el gobierno de Rafael Moreno Valle ha emprendido averiguaciones previas contra integrantes de la familia del dirigente de esa agrupación, Rubén Sarabia, como reprimenda por el apoyo que ha dado a las movilizaciones contra su gobierno.

Alan García, asesor jurídico del Alto Comisionado de la ONU, ofreció acompañar a las comunidades en su lucha por la defensa de sus derechos humanos.

Proceso
Gabriela Hernández
Jueves 11 de diciembre de 2014.


Salen de prisión los 11 detenidos durante las marchas del 20 de Noviembre

“Me amenazaban que me iban a desaparecer como a los de Ayotzinapa, me dijeron que me iban a violar. Me golpearon en el rostro, en la espalda, en el pecho. Me amenazaron con una pistola, me esposaron”.

Es el testimonio de Sandino Bucio Dovalí, el estudiantes de la UNAM detenido el viernes por la tarde, al ser liberado la madrugada del sábado, después de una intensa protesta en las redes sociales, en Insurgentes Sur, que fue bloqueado a la altura de la Rectoría y en la PGR a la que acudieron sus compañeros.

“Es toda una maquinaria del terror que tiene el gobierno federal para meter miedo en todos los jóvenes y los que se movilizan por un mundo mejor”, agregó, de acuerdo con el diario Reforma.

Sandino Bucio Dovalí, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, abandonó las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) alrededor de la 1:20 de la mañana, luego de haber presentado una denuncia en contra de los policías que lo detuvieron de manera violenta en inmediaciones de la estación Copilco, del Metro.

El estudiante universitario fue detenido por elementos de la Policía Federal ministerial la tarde del viernes cuando salía de Ciudad Universitaria y se dirigía a su domicilio y durante varias horas estuvo a disposición de la Seido, donde, según versiones oficiales, se liberó una orden de presentación la cual únicamente consideraba que debía comparecer en el Ministerio Público Federal, sin que existiera ningún delito o acusación en su contra ya que, además, la PGR no contaba con ningún elemento de prueba que lo vinculara con los actos vandálicos ocurridos el pasado 20 de noviembre en el Zócalo capitalino.

Acompañado de sus abogados y representantes de derechos humanos, Sandino se convirtió en denunciante y antes de abandonar las instalaciones de la Seido pidió que se sancionara a los policías que lo detuvieron y lo golpearon.

Postura de la UNAM respecto de la arbitraria detención del alumno Sandino Bucio

Frente a los hechos ocurridos el 28 del mes en curso en las cercanías de Ciudad Universitaria, en los que se detuvo a un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, la Rectoría de la UNAM expresa:

1.- Su rechazo absoluto a la forma imprudente en la que se condujeron los servidores públicos que ordenaron y procedieron a la detención.

2.- Su exigencia de que en éste y todos los casos se siga, puntualmente, el debido proceso legal y se respeten a plenitud los derechos fundamentales de las personas.

3.- Su demanda de que se actúe con sensibilidad y con apego al marco jurídico y que cesen los actos que no atienden el fondo de ningún problema y que, por el contrario, sólo polarizan la situación, que es muy preocupante.

4.- Su certeza de que cualquier tipo de violencia, con independencia de la forma que adquiera y del origen que la genere, debe ser rechazada con toda energía.

Los universitarios debemos mantenernos atentos al desarrollo de los acontecimientos, rechazar las provocaciones que nos afectan y expresar, con toda libertad, las opiniones que sostenemos con la única limitante de no afectar a terceros ni al trabajo de nuestra casa de estudios.

Salen de prisión los 11 detenidos durante las marchas del 20 de Noviembre

Ordenó su liberación un juez porque la PGR no acreditó los delitos de los que fueron acusados; exigen organizaciones las renuncias de Murillo y Rodríguez Almeida.

Xalapa.- Por disposición de un juez, los 11 detenidos durante las marchas del pasado 20 de noviembre fueron liberados este sábado, informaron sus abogados.

Los defensores de los inculpados señalaron que éstos ya se encuentran fuera de los penales de máxima seguridad: los ocho hombres permanecían en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5, en Villa Aldama, Veracruz, y las tres mujeres en el Cefereso 4, en Tepic, Nayarit.

La presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Karla Micheel Salas, afirmó que “el juez ordenó su libertad por falta de elementos para procesarlos, pues los que dio la Procuraduría General de la República no fueron suficientes”.

“Las organizaciones que trabajamos en la defensa de los acusados, entre ellas la Oficina de Defensa de los Derechos de la Infancia y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, hemos coincidido en que después de esta resolución importante, deben renunciar el procurador Jesús Murillo Karam y el secretario de Seguridad Pública capitalino, Jesús Rodríguez Almeida”, subrayó.

A su vez, el juzgado 17 de distrito en materia penal con sede en Xalapa informó que dictó auto de libertad a las 11 personas que habían sido consignadas por la PGR, como responsables de los delitos de motín, homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa, luego de que elementos de la policía federal los detuvieran por su presunta responsabilidad en actos vandálicos el pasado 20 de noviembre en el Zócalo capitalino.

Roberto César Jasso del Ángel, Ramón Domínguez Patlán, Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Laurence Maxwell Ilabaca (originario de Chile), Luis Carlos Ricardo Moreno, Francisco García Martínez, Hillary Analí González Olguín, Lilian o Liliana Garduño Ortega y Tania Ivonne Damián Rojas fueron capturados en inmediaciones del Zócalo capitalino en diversas circunstancias, ya que algunos habían asistido a la manifestación pacífica en apoyo de los padres de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa que están desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, y en otros casos andaban en bicicleta o regresaban de la escuela a sus casas.

Los testimonios en que se basó el Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad especializada en Investigación de Terrorismo fueron los de cinco agentes de la Policía Federal, los cuales señalaron que los detenidos intentaron privar de la vida al policía segundo Jorge Antonio Juárez Mauro; sin embargo, ninguno de los uniformados pudo acreditar las lesiones de su compañero ni tampoco se precisó qué hicieron cada uno de los inculpados.

Integrantes del CJF señalaron que el juzgado 278 ya notificó a todos los inculpados.

Las fuentes consultadas refirieron que el caso no debió llegar a tribunales porque el Misterio Público nunca tuvo elementos para consignarlos.

La Jornada
Xalapa, Veracruz
Sábado 29 de noviembre de 2014.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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