Raymundo Riva Palacio


El COVID-19 ha metido en contradicciones al presidente Andrés Manuel López Obrador. En su narrativa y en sus convicciones ideológicas. Mantenerlas ha puesto en entredicho su palabra, pero al mismo tiempo, aferrarse a ella y demorar las medidas de contención del coronavirus puede poner en riesgo la vida de miles de mexicanos. Esto, a menos que la metafísica espiritual de López Obrador sea correcta, y lo que están haciendo países capitalistas y neoliberales, comunistas y keynesianos, esté mal. Los enfoques son distintos. En el mundo se apoyan en la ciencia y elaboran modelos matemáticos para enfrentar un virus que ha causado más de seis mil muertes. López Obrador no cree en la ciencia. La sociedad del conocimiento no es lo suyo.

Este domingo estuvo de gira en la costa chica de Guerrero y repitió su discurso de la corrupción, los conservadores y la minoría rapaz. Y en medio de la perorata afirmó: “No nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias, nada de eso”. López Obrador está atrapado en la endogamia. La pandemia tiene una solución, sugiere, a partir de la lucha contra la corrupción y de su fe religiosa en el cambio, no en la ciencia. Un día antes en Xochistlahuaca, en la misma región de Guerrero, demostró lo que piensa de la pandemia al tomar a una niña en brazos y plantarle un beso.

Al presidente no le importa lo que sucede en el mundo. Ignora una realidad en la que no cree. Así lo hizo en 2009, cuando la crisis del H1N1, cuando criticó las drásticas medidas del presidente Felipe Calderón y continuó su gira preelectoral. Pero en aquél entonces sus acciones sólo ponían en riesgo a su persona y a su entorno. Ahora, como jefe del Ejecutivo, lo que haga o deje de hacer definirá la suerte de 130 millones de mexicanos.

Todos los gobiernos están actuando sobre incertidumbres para paliar la crisis. El único que no, por voz de López Obrador, es México. Salvo Angela Merkel, de Alemania, y Vladimir Putin, de Rusia, ningún líder del mundo estaba al frente de su gobierno cuando la crisis de hace 10 años (Xi Jingping, de China, era vicepresidente), por lo que basan sus acciones en información técnica y científica. Las tomas de decisión tienen ese fundamento, no uno basado en creencias y actos de fe. En este momento, ni siquiera la Iglesia Católica ha apelado a ellos.

La narrativa del presidente ha chocado con la realidad. Minimizar la pandemia, que le ha generado a México y a otros países críticas veladas de la Organización Mundial de la Salud por no estar atendiendo con seriedad y prontitud la crisis, ha provocado que crecientemente lo estén ignorando en México. El viernes, varios gobiernos estatales, universidades y empresas hicieron caso omiso a lo que dicen en las comparecencias matutinas en Palacio Nacional, y tomaron sus propias decisiones. El gobierno comenzó a tomar algunas decisiones graduales, aunque tímidas, contra la multiplicidad de mayores restricciones en todo el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos y Francia comenzarán a limitar transporte aéreo y terrestre doméstico, Holanda se cerró, Alemania empezó a cerrar sus fronteras y Austria prohibió reuniones de más de cinco personas. Sudáfrica, con la mitad de los casos de México, decretó una emergencia nacional.

Lo mejor que tiene el mundo en materia de crisis y epidemiología está volcado para controlar la pandemia. Para López Obrador, esta batalla mundial contra el COVID-19 choca con su postura ideológica. En su gobierno no es la capacidad lo que cuenta, sino la honestidad. Estamos claros de ello. El comité de emergencias del gobierno se instaló en enero, después de que se hiciera evidente en el mundo la epidemia en Wuhan, donde el presidente responsabilizó a la Secretaría de Salud del tema.

Pero hasta ahora, no le han presentado ningún ejercicio de simulación sobre la evolución del virus y el número de contagios y muertes que va a ir produciendo, junto con la capacidad hospitalaria y el costo que va a representar. Esto no está en su mente, porque López Obrador no cree que la pandemia es real, sino producto de la propaganda, y que existe un exceso injustificado en la alarma global. Si el presidente estuviera viendo esa simulación, que son modelos matemáticos, quizás empezaría a entender que con palabras no se enfrenta la pandemia. Pero él está bien, el mundo mal.

Por ello, siguiendo su racional, no se hicieron compras de medicamentos e insumos a tiempo, por lo que, al momento de elevarse el número de contagios, habrá déficit de tratamientos y equipo -como respiradores- para este nuevo tipo de neumonía. Al presidente no le han hecho ninguna evaluación de riesgos, por lo que no han tomado precauciones para evitar el contagio. Lo más evidente es su constante paso por aeropuertos, principal fuente de contagio. Si el presidente es irresponsable consigo mismo, con su esposa e hijos, ¿qué se puede esperar con el resto de los mexicanos?

Las acciones graduales y limitadas para enfrentar con agresividad el contagio no las han instrumentado porque el presidente aplica una racional ética -México no impedirá el ingreso de nadie-, sin entender que la contención ayuda a ralentizar el contagio, con lo cual permite que los sistemas de salud puedan lidiar con los infectados. La información que tiene el presidente es que el sistema tiene la capacidad para enfrentar los casos como en la neumonía estacional, pero tampoco le han hecho el ejercicio del número de camas y tratamientos en relación con la velocidad con la que avanza el COVID-19, si no se va conteniendo. Italia, que hizo lo que México está replicando, es un gran ejemplo: ayer registró la dramática cifra de 368 muertos en un día. Veamos lo que puede pasar si no cambian las cosas.

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Eje Central
Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México
Lunes 16 de marzo de 2020.


Raymundo Riva Palacio

Claudia Sheinbaum tenía seis años cuando inició el Movimiento Estudiantil de 1968 que concluyó con la matanza en Tlatelolco, el 2 de octubre de ese año. No participó en las manifestaciones, salvo que la hayan llevado sus padres en hombros, ni fue víctima de la represión policial y militar durante los tres meses que vivió ese movimiento. Pero como a muchos de su generación, aquel episodio marcó su vida y definió su participación política. Ayer, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, recordó aquella tarde en la Plaza de las Tres Culturas, el campo de batalla de soldados contra soldados y militares contra brigadas paramilitares, donde quedaron atrapados cientos de personas en el fuego cruzado, y calificó lo sucedido ahí como un crimen de Estado. ¿Lo fue?

Un crimen de Estado se define como una serie de acciones donde un Gobierno rompe sus propias leyes o las del Derecho Internacional: genocidios, torturas, crímenes de guerra y corrupción. Incluye el papel de las instituciones para cometer o condonar esos crímenes, lo que añade dificultad teórica para encontrar una definición jurídica del crimen de Estado. En el caso de lo que sucedió en Tlatelolco, la contraparte teórica es la tesis de Max Weber del “Estado soberano” que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, empleado por la administración de Gustavo Díaz Ordaz, quien en su informe de Gobierno un mes antes, dijo que todo tenía un límite, “no podía tolerar que el orden legal fuera roto irrevocablemente”, y que utilizaría “a las Fuerzas Armadas”. Así lo hizo, pero alejándose de las normas y procedimientos que regulan la tesis weberiana, al cometer violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, detenciones arbitrarias, declaraciones falsificadas y cuando menos, dejar 44 muertos.

Aquella herida que marcó la historia -parafraseando al historiador Gastón García Cantú- se ha discutido y analizado desde diferentes ángulos, pero uno que fue distorsionó la dialéctica con el Movimiento Estudiantil y cerró los caminos para una solución pacífica, sigue en tinieblas, pese a que el resultado de la matanza definió la sucesión presidencial. Díaz Ordaz, un abogado de mano dura, optó por la solución de fuerza propuesta por su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y dejó de lado la posición negociadora del secretario de la Presidencia, su amigo Emilio Martínez Manatou.

Díaz Ordaz asumió la responsabilidad total de los hechos en su V Informe de Gobierno en 1969, pero ni él ni nadie de su Gobierno, salvo Echeverría, fueron llevados a juicio. El ex secretario de Gobernación, símbolo de la represión, fue indiciado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos, que creó el presidente Vicente Fox, por su presunta responsabilidad en los hechos de 1968, en la represión del Jueves de Corpus en 1971, y en la Guerra Sucia de los setenta. Lo detuvieron en 2006, pero por edad y salud estuvo en prisión domiciliaria hasta 2009, cuando obtuvo la libertad absoluta y se le exoneró del delito de genocidio.

Fernando Gutiérrez Barrios, quien era el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, fue muchas veces señalado de haber instruido a sus agentes de campo en la represión el 2 de octubre. Sin embargo, de acuerdo con las instrucciones que dio ese día, que se encuentran en el Archivo General de la Nación, no hizo nada irregular o ilegal. Ciertamente, las instrucciones para atacar a grupos indefensos, como aquellos en Tlatelolco la tarde del 2 de octubre, no se dejan por escrito, pero su papel como represor ese día, nunca se documentó. Sus agentes formaron parte del “Batallón Olimpia”, un grupo paramilitar al mando del general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, en donde participaron miembros de ese cuerpo militar de élite, la Policía Judicial y la Policía del Distrito Federal. Ninguna de sus cabezas, el general secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, el general Gutiérrez Oropeza, el procurador general Julio Sánchez Vargas, Luis Cueto, jefe de la Policía capitalina, o su superior, el general Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal, fue indiciado.

Hasta hoy se desconoce con certeza cómo la disputa por la candidatura presidencial fue causa indirecta de la matanza de Tlatelolco, ni las traiciones dentro del gabinete de Díaz Ordaz. Filmaciones inéditas de aquella tarde, muestran cómo desde la vieja Torre de Tlatelolco, que era la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se comenzó a disparar contra la multitud en la plaza, hacia donde corrieron soldados para protegerlos. ¿Fueron francotiradores del Estado Mayor Presidencial? Es un misterio.

El primero en caer herido esa tarde fue el general José Hernández Toledo, responsable militar de la operación en Tlatelolco, por un balazo desde el Edificio Chihuahua, en cuyo tercer piso estaban los líderes estudiantiles encabezando el mitin, quien fue relevado en el mando por el general Jesús Castañeda Gutiérrez, miembro del “Batallón Olimpia”, y a quien nombró Echeverría su jefe del Estado Mayor. ¿Acaso el general Hernández Toledo respondía al general García Barragán y al ser eliminado como jefe militar de la operación, el general Gutiérrez Oropeza lo sustituyó con uno de los suyos? También es un misterio.

Probablemente no alcance la ley para decretar que fue un crimen de Estado, pero vistos los resultados políticos de la matanza, Echeverría en la Presidencia, los jefes militares del “Batallón Olimpia” promovidos, el general Corona del Rosal marginado, el entonces presidente del PRI, Alfonso Martínez Domínguez, cercano a Díaz Ordaz y enemigo de Echeverría, defenestrado en 1971 tras la trampa para culparlo de la represión del Jueves de Corpus, se puede argumentar que lo que sucedió hace 51 años, fue en realidad un golpe de Estado.

Eje Central
Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México
Jueves 3 de octubre 2019.


Raymundo Riva Palacio

Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, no es más torpe porque el día no tiene más horas, ni luce más ignorante, porque prefiere guardar silencio. Su desgracia es que encabeza el estado más violento del país, y la desgracia es que es protegido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pagó la confianza y el respaldo que le ha dado con el escarnio masivo de las redes sociales. El Gobernador le dijo al Presidente una mentira sobre la masacre del martes en Coatzacoalcos, y el Presidente la repitió al país desde Palacio Nacional. Algo tiene que hacerse con el Gobernador, por su incapacidad de mando, falta de liderazgo, incompetencia como político, y lastre para López Obrador.
Pensar en un proceso de destitución en el Congreso, debe ser una opción.

Veracruz necesita de un gobernador que gobierne. Requiere de un líder que tenga a su equipo cohesionado, y no como sucede ahora, en pugna permanente con el fiscal Jorge Winkler, que se ha trasladado a la falta de colaboración entre él y el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, a quien ha sostenido el gobernador, respaldado por el Presidente, pese ser destituido en 2016 en la procuraduría de Nuevo León por presunta extorsión. El dislocamiento del Gobierno tiene a la violencia como su principal externalidad.

Es insólito que un estado donde la seguridad es la prioridad máxima, el gabinete de seguridad esté peleado entre sí, al grado de no hablarse entre ellos. Veracruz arrastra la violencia desde los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, pero se volvió campo de batalla entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas desde diciembre pasado, coincidiendo con la llegada de García al poder.

Regresaron las matanzas, primero en Minatitlán, donde 14 personas –incluido un bebé– fueron asesinadas en abril, y el martes en Coatzacoalcos, donde hasta hoy suman 26 víctimas de un atentado en un table dance donde un grupo armado presuntamente vinculado al CJNG tiró granadas, incendió la puerta y bloqueó las salidas de emergencia. En delitos de alto impacto como secuestro y robo con violencia, Veracruz está en los peores lugares del país.

Según la consultora GLAC, en el primer semestre de este año Veracruz estaba en el último lugar de secuestros; hasta abril, la tasa por 100 mil habitantes era de 1.87 secuestros, contra la media nacional de 0.45. La incidencia delictiva se incrementó este año en 122%, y la gestión de García ha sido tan ineficiente, que la Cámara Nacional de Comercio y el Consejo Coordinador Empresarial locales, propusieron un juicio político contra él y el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, impuesto por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que presume tener el control de ese municipio.

El descontrol que tiene el gobernador en el estado no puede ser escondido por los esfuerzos presidenciales en la comunicación política. Ni siquiera en ese campo pudo ser capaz García, y proporcionarle información fidedigna a López Obrador sobre lo que sucedió en Coatzacoalcos la víspera. En su conferencia de prensa, el Presidente aseguró que el presunto autor material de la masacre había sido puesto en libertad por la Fiscalía de Winkler. Documentos que se hicieron públicos casi inmediatamente después de la afirmación del Presidente, revelaron que fue la Fiscalía General la que puso en libertad al presunto asesino porque los delitos por los que lo habían detenido no eran graves, sin verificar sus antecedentes.

Esa falla en el área de inteligencia y la ausencia de una verificación en las bases de datos policiales, devolvió a la calle a quien presuntamente provocó la muerte de decenas de personas, como aparente represalia porque en ese bar de mala muerte en Coatzacoalcos, Caballo Blanco, no vendían productos con el sello del CJNG. Cuatro días antes, el 24, de acuerdo con el portal e-veracruz.mx, el mismo grupo privó de su libertad y asesinó a Agustín Javier Ronson, junto con otra persona, por esa razón. Un dramático video sobre su asesinato, por ahorcamiento, comenzó a circular desde este miércoles en las redes sociales.

Tras el secuestro del dueño del Caballo Blanco, la Marina detuvo en Coatzacoalcos a uno de los líderes del CJNG. Cualquiera con un mínimo de conocimiento de los grupos criminales, podría saber que la suma de los dos eventos anticipaba que habría una reacción criminal. Eso fue lo que sucedió el martes. El CJNG volvió a dar una muestra de fuerza y poder frente al Estado y el estado. Fue en Coatzacoalcos, donde el deterioro ha sido continuo desde diciembre y que junto al cercano Minatitlán, la zona petrolera, se ha vuelto en campo de batalla de los cárteles de la droga.

El estado es ingobernable. Los empresarios han emprendido el éxodo, los robos a la industria se multiplican. Solo en Coatzacoalcos, de acuerdo con la ONG Ciudadanos Unidos, hasta junio había desaparecido entre el 30% y el 40% del sector productivo, ante la exigencia del derecho de piso. García no ha hecho nada para frenar el éxodo empresarial. Tampoco los cuerpos de seguridad vislumbraron el riesgo de lo que se venía acumulando.

La violencia se ha extendido, y la procuración de justicia es inexistente. El gobernador, protegido por el Presidente. García se ha convertido en un lastre para López Obrador y lo está arrastrando políticamente. Tiene que sacudírselo. Ese pie con gangrena le va a subir por el cuerpo a menos que se lo corte. Tener un pelele en un estado problemático no le funcionó, pero es mejor pagar el costo que el Congreso, dominado por Morena, lo lleve a juicio político y lo destituya, a que siga contaminando la cruzada de López Obrador.

Zócalo
Raymundo Riva Palacio
Saltillo,Coahuila, México
Jueves 29 de agosto de 2019.

Raymundo Riva Palacio

Enrique Peña Nieto se convirtió hace dos semanas en el segundo ex presidente que decide autoexiliarse ante el temor de represalias políticas o penales por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero fue Carlos Salinas, que partió del país antes que asumiera la Presidencia en diciembre pasado, y obtuvo recientemente la residencia en el Reino Unido. Peña Nieto partió a España con visa de turista, y no regresará sino hasta finales de año o, si puede, extenderá su ausencia por una temporada más larga. Salinas se fue sin esperar lo que podría venir sobre él en términos de hostigamiento, sabedor de que existe con López Obrador un diferendo insalvable desde hace muchos años. Peña Nieto escuchó los consejos de que sus frivolidades estaban generando un creciente malestar dentro de Palacio Nacional.

El caso del autoexilio de Peña Nieto no debió haber sido fácil su convencimiento. Desde la transición personas cercanas a él y a quienes les tiene gran confianza en sus consejos, le recomendaban que lo mejor sería, por la forma como se estaba construyendo el ecosistema político durante ese periodo, que se fuera una temporada de México, pero sin éxito. Peña Nieto decía que no veía razón alguna para irse, y que se mantendría viviendo entre Ixtapan de la Sal y la Ciudad de México. Las cosas cambiaron por dos momentos que sirvieron para mostrarle que la tranquilidad prometida por López Obrador, estaba cambiando.

La primera llamada de atención vino días después de la boda de la hija del abogado Juan Collado, uno de sus íntimos amigos, a mediados de mayo, cuando circularon fotografías de la mesa de honor donde se encontraba el cantante español Julio Iglesias, pero sobre todo, lo que motivó gran irritación en Palacio Nacional, quienes los acompañaban: los ministros de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Eduardo Medina Mora, el ex procurador interino Alberto Elías Beltrán, y el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. Varios medios identificaron a ese grupo como “la élite del poder”.

Días después de que apareció la fotografía en la prensa, se giró la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex en el gobierno de Peña Nieto. “Para que sigan tomándose fotos”, dijo un cercano colaborador de López Obrador, como si esa acción judicial hubiera sido consecuencia de la publicidad del evento. Tras el comentario, sin embargo, estaba la molestia de la falta de cuidado y pudor político, que se traducía como un mensaje de desafío al nuevo gobierno. Pocas semanas después se reveló que se había iniciado una investigación contra Beltrán. Hay una más sobre Romero Deschamps y, de acuerdo con funcionarios federales, la más acabada es contra Rosario Robles, por el tema de la llamada “Estafa Maestra”.

Peña Nieto debió haber tenido noticias que había empezado a montarse un cerco judicial contra varios miembros de su gabinete. Robles, que fue secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano, le reclamó en un momento donde estuvieron apartados en esa boda, que la estuviera dejando sola. Personas con conocimiento de primera mano de los generales de esa conversación, dijeron que en un momento le dijo molesta a Peña Nieto: “Eso no fue lo que habíamos quedado”. No está claro qué habían acordado, pero en el contexto, dos meses antes de la elección presidencial, hubo un entendimiento entre López Obrador y Peña Nieto -aparentemente a través de intermediarios-, de que el entonces candidato se comprometía a no perseguirlo penalmente, si no se entrometía en la elección. Nunca ha quedado claro si ese compromiso abarcaba a varios de sus colaboradores. Como lo ha dicho varias veces López Obrador, Peña Nieto no se metió en el proceso y, hasta ahora, tampoco hay ninguna instrucción para que se inicie una investigación directa sobre él.

Pero fotografías como aquella de la boda, han generado crisis dentro de Palacio Nacional, ante los reclamos de los colaboradores del presidente del porqué no actúa contra Peña Nieto, y críticas en la opinión pública de que su promesa de combatir la corrupción no se está cumpliendo. Ese tipo de protagonismo no es bien visto en el entorno presidencial que ven en ello sorna. En el marco de esa presión creciente contra López Obrador, salieron a la luz otras imágenes de Peña Nieto, hace poco más de 15 días, en unos XV años, donde bailó con su actual pareja y con la novia de uno de sus colaboradores de sus tiempos de presidente.

Las reacciones dentro del gobierno a esta nueva afrenta de Peña Nieto, llegaron a oídos del ex presidente. Uno de los argumentos que se le expusieron fue que López Obrador seguía manteniendo el compromiso de no actuar contra él, pero que se tenía la impresión de que cada vez se molestaba más por la imprudencia política de su predecesor, lo que podía llevar en el corto plazo a que autorizara que se le investigara. Haber cruzado la línea de la cautela y el bajo perfil, que había mantenido durante un largo tiempo, prendieron los faros amarillos.

Peña Nieto entendió lo que estaba sucediendo, en el contexto de lo que estaba pasando en Palacio Nacional, donde las presiones económicas y políticas podrían llevar a López Obrador a buscar un distractor enorme -nada más grande que abrir una investigación penal contra un ex presidente-. No se sabe si eso pudiera finalmente suceder, pero es un escenario que ya se concretó en 1995, cuando ante la profunda crisis del sistema de pagos, se persiguió a Raúl Salinas, hermano del ex presidente. Peña Nieto empacó y, discretamente, voló a Madrid.

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Eje Central
Ciudad de México
Estrictamente personal
Raymundo Riva Palacio
Domingo 7 de julio de 2019.


Raymundo Riva Palacio    


La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Estados Unidos, la Securities and Exchange Comission, tiene un Programa de Informantes que ha sido redituable. Mediante este programa para combatir la corrupción, aquellos informantes cuya información lleve al éxito una investigación, reciben entre el 10 y el 30% de las sanciones impuestas, siempre y cuando superen el millón de dólares. Son incentivos muy fuertes para los llamados whistleblowers, y desde 2011, la Comisión, conocida por sus siglas SEC, ha pagado más de 276 millones de dólares a quienes les han soplado secretos. Uno de estos informantes señaló al ex presidente Enrique Peña Nieto de haber recibido sobornos de un empresario italiano por la operación de venta de Fertinal a Pemex en 2015, adquirida con sobreprecio.

Una copia de la declaración del informante a la SEC fue entregada a Noé Cruz, un veterano reportero en temas energéticos, y que publicó en El Universal. Peña Nieto, que se ha caracterizado por ser muy lento en responder, actuó con prontitud. A las 11 de la mañana con 38 minutos escribió en Twitter: “Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador también se vio obligado a tomar una posición durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Dijo no tener información de una investigación sobre Peña Nieto, pero señaló que “es muy difícil que un Presidente de la República no se entere de un negocio de esa magnitud”. López Obrador no mintió. En la investigación que se abrió en México no figura el nombre de Peña Nieto, lo que de ninguna manera excluye el presunto involucramiento revelado por el susodicho informante de la SEC.

Las hojas de la acusación del informante que mostró El Universal, dejan más preguntas que respuestas. No es una declaración que haya salido de la SEC, cuyas investigaciones son guardadas con enorme secrecía hasta que dan a conocer los resultados de la pesquisa, cuando esta resulta en una sentencia de culpa y resarcimiento económico. Por lo que se aprecia en el documento, esas copias salieron de un despacho de abogados, quizás del informante o de personas vinculadas a él. En uno de los párrafos difundidos se deduce que el informante firmó una petición “TCR”, acrónimo de Tip, Complaint or Referral (Tip, Queja o Referencia), que es un formato de siete páginas con preguntas y explicaciones que se le piden a quien la firme.

El extracto de la declaración difundida por el periódico está expurgado, lo que indica que la persona que se lo proporcionó al diario no quería que una serie de nombres, acciones y fechas salieran a la luz pública, con lo que se evita revelar quién es el o la informante. Los nombres que ahí aparecen son los de Fabio Mássimo Cobarruvias Piffer, que vendió Fertinal a Pemex, del dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, porque los fideicomisos del empresario se manejaban en Banco Azteca, y Peña Nieto. La acusación del informante señala que a través de un fideicomiso que se creó para la operación con Pemex, el Fideicomiso 470, se sacó el dinero para el presunto soborno a Peña Nieto. Ningún otro nombre aparece abiertamente en la declaración, al haber sido expurgado. Ni siquiera, extrañamente, el de Emilio Lozoya, quien como director de Pemex hizo el estudio para la compra de Fertinal en 2015.

El documento publicado tiene algunos detalles que son diferentes a los documentos oficiales en Estados Unidos. Uno de ellos es que aparece el nombre de Cobarrubias sin el segundo nombre, Mássimo, ni el apellido materno, Piffer. Puede ser irrelevante, pero llama la atención. El que haya nombres y aparentemente fechas y lugares expurgados, dejando únicamente tres protagonistas de la operación de Fertinal, sugiere que Peña Nieto es el objetivo central del informante, que también quiere embarrar a Salinas, cuyo nombre resurgió recientemente en el escenario Proceso.

La pregunta que queda no es sólo quién aportó los detalles de la operación, sino para dónde va. El abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, ha puesto sobre la mesa los nombres del ex presidente y del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y en la víspera de la publicación de El Universal, adelantó su deseo de llamar a declarar a Peña Nieto. En una entrevista en Foro TV el martes, Coello Trejo reveló que la operación de compra-venta de Fertinal no fue con dinero de Pemex, sino que salió de Nafin, que en ese entonces dirigía Jacques Rogozinski, y Bancomext, que encabezaba en el momento que se concretó la venta, Alejandro Díaz de León, actual gobernador del Banco de México. La autorización de quién pagaba, debió salir de Hacienda. Su cliente, precisó, “no se mandaba solo”.

¿Es Videgaray el objetivo de Lozoya? Los dos terminaron muy mal su relación, pero se desconoce si el ex director de Pemex es el informante. ¿Es Peña Nieto a quien pretende inculpar? Para que pudiera comprobarse, tendría que haber documentos del Fideicomiso 470 que lo vincularan directamente, lo que hay que esperar y ver. Lozoya es prófugo de la justicia, pero la acusación de lavado de dinero no tiene nada que ver con la operación de Fertinal. Esta revelación eleva la presión sobre López Obrador para actuar en contra de su antecesor, a partir de un nuevo escándalo mediático lleno de verosimilitudes e incertidumbres que, lo único concreto que se puede observar, es que regresa la atención al abandonado tema de la corrupción.

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Eje Central
Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México
Miércoles 19 de junio de 2019.


Raymundo Riva Palacio


Cuando Emilio Lozoya Thalman presentó su declaración patrimonial al llegar al gabinete del presidente Carlos Salinas como secretario de Energía, la sorpresa de quienes la revisaron fue lo rico que era. Su fortuna era superior a mil millones de pesos, producto de su actividad empresarial y de inversiones, con lo que tenía asegurado el futuro de su familia por generaciones. Ese antecedente, junto con una carrera en el servicio público intachable, era lo que durante todos estos años hicieron dudar a muchos sobre la integridad de su hijo, Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, hoy en el peor momento de su vida, al tener que enfrentar a la justicia y responder las acusaciones de corrupción sobre él y su familia. ¿Qué necesidad tenía? Por herencia y por su esposa, su fortuna le hacía innecesaria una acción de esa naturaleza. Y sin embargo, las autoridades afirman tener evidencias de ilegalidades en su proceder.

La investigación que lo ha puesto frente a la justicia, es por la compra de una empresa de fertilizantes a Altos Hornos de México a un sobreprecio. De acuerdo con la investigación, 10 días antes de que Enrique Peña Nieto asumiera la Presidencia, Alonso Ancira, dueño de esa empresa, hizo un depósito por 2.9 millones de dólares a una cuenta en Europa de Gilda Lozoya, hermana del ex director de Pemex, quien a su vez transfirió esa misma cantidad a una cuenta de su hermano en México quien, entonces, compró una casa en las Lomas de Chapultepec –que fue cateada el martes- por esa misma cantidad. Lo que dicen las autoridades es que ese monto exacto fue apareciendo y desapareciendo en ese recorrido hasta que terminó en la propiedad, por lo cual los propietarios originales están siendo investigados.

Las autoridades establecen la corrupción por la forma como se hizo la compra de la empresa de fertilizantes con un sobreprecio, que establece el presunto delito de cohecho, y como no se registró fiscalmente, se le añadió el presunto delito de evasión fiscal, producto de los movimientos financieros para ocultar el dinero, por lo que le sumaron el presunto delito de lavado de dinero. Por cuanto a los manejos financieros, las autoridades van sobre Lozoya, su hermana y Ancira, sobre quienes presumen también triangulaciones similares posteriores a 2012. La investigación toca de manera directa a un cercano colaborador de Lozoya, Édgar Torres Garrido, a quien nombró director de Pemex Fertilizantes, y quien fue el responsable de operar toda la compra.

El caso de la presunta corrupción en la compra no está vinculado al de Odebrecht, aunque las autoridades dijeron que el pago de Ancira se hizo a una empresa filial del conglomerado brasileño, que a su vez hizo el depósito en una firma suiza donde son socios los hermanos Lozoya. Las investigaciones sobre la corrupción de los brasileños en México está prácticamente terminada, y será un pliego de consignación independiente del caso de la fertilizadora. Lozoya entonces, como se adelantó en la columna de ayer, apenas comienza su batalla judicial.

De acuerdo con la investigación donde lo vinculan con Ancira, su problema sería básicamente de corrupción. La relación entre los dos llegó a niveles donde el conflicto de interés fue evidente. Mario Maldonado, el muy bien informado columnista de negocios, recordó ayer en El Universal que en una difícil conversación que tuvo con Lozoya en marzo de 2017, le admitió haber incurrido en un conflicto de interés porque había volado 54 veces en el helicóptero de Pemex en 2015, a la torre donde se encuentra la oficina de Ancira y la sede de AHMSA. A Maldonado le sorprendió el reconocimiento de Lozoya, quien “no parecía preocuparse por sus dichos”, porque existía, como le dijo en aquel momento, una “profunda amistad” con el presidente Enrique Peña Nieto.

Esa amistad, que lo protegió de la embestida del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que pedía su destitución por su mala gestión en Pemex, lo debió haber nublado y sentirse protegido. Descuidó otro conflicto de interés cuando le compró a Gabriel Karam, socio del Grupo Hidrosina, que tiene una de las cadenas de gasolineras más grandes del país, un departamento en la lujosa calle Rubén Darío en Polanco por 28 millones de pesos, donde viven sus padres y que fue una de las propiedades que cateó la policía ministerial el martes pasado.

Los casos de AHMSA y Odebrecht podrían no ser los únicos en el expediente ampliado de Lozoya que lleguen a ventilarse. Desde finales del gobierno de Peña Nieto se investigaba a su ex coordinador ejecutivo, Froylán Gracia, ante las denuncias de que cobraba sumas millonarias por citas con su jefe, como reveló esta columna en octubre de 2015. Otro de sus cercanos, Arturo Henríquez Autrey, a quien hizo director de Procura y Abastecimiento y que también estuvo en la compra de la fertilizadora, pedía regularmente a empresarios cuatro millones de pesos que, decía, eran para Lozoya. Siempre lo negó el ex director de Pemex, quien decía que las acusaciones era porque se habían lastimado muchos intereses.

En un reporte a sus socios, la consultora Eurasia consideró que acusar a Lozoya era relativamente fácil por el cúmulo de información pública sobre él, pero observó que las investigaciones “están motivadas mayoritariamente por consideraciones políticas y es improbable que se amplíen, porque López Obrador probablemente no quiere crear una crisis lanzando investigaciones más grandes”. Es una conjetura quizás aventurada, que supone el interés político del presidente por no voltear al pasado y destapar la Caja de Pandora. Sin embargo, inició un proceso difícil de detener. El pueblo quiere sangre y Lozoya parece estar decidido a dársela, si con ello sobrevive.

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Eje Central
Estrictamente Personal
Ciudad de México
Jueves 30 de enero de 2019.


Raymundo Riva Palacio


La vida en Morelos no vale nada. Por cinco mil pesos, un joven mató a dos personas, a plena luz del día, a un costado del Palacio de Gobierno en el centro de Cuernavaca. Era una apuesta -la muerte o la cárcel como alternativas opuestas- que jugó con la esperanza de huir. Fracasó en este intento, pero tuvo éxito para subrayar las condiciones de inseguridad en ese estado, donde el ecosistema de impunidad es parte del paisaje local. El gobernador Cuauhtémoc Blanco declaró estar muy enojado, en una reacción emocional. Tampoco hay que sorprenderse. Blanco llegó a la gubernatura no por su talento político, sino como parte de una manipulación de políticos para hacerse del poder, aprovechando la popularidad del ex futbolista por quien se volcaron en las urnas. El desastre de Morelos, en ese sentido, es una culpa colectiva.

Blanco está gobernando un estado difícil, al ser parte del corredor del narcotráfico que se extiende de la Ciudad de México hasta Acapulco, que desde hace una década ha sido un botín disputado por organizaciones criminales. Las autoridades estatales han identificado células de cuando menos cinco grupos delincuenciales, de presencia nacional como el Cártel Jalisco Nueva Generación, y local, como el Comando Tlahuica, enfocado en el control del sistema de agua potable y el alcantarillado de Cuernavaca -un negocio de 300 millones de pesos anuales-. También se encuentran los violentos grupos regionales Los Rojos, Guerreros Unidos -que tiene una estructura y niveles de operación que permiten considerarlo como un cártel-, y La Familia Michoacana.

Morelos no era un estado de criminalidad atomizada, pero la degradación en los sistemas de seguridad y un gobierno incompetente, dispararon el fenómeno desde octubre de 2018, cuando Blanco llegó a la gubernatura. Desde entonces, la espiral de inseguridad se volvió incontenible. Se incrementaron los homicidios dolosos, el robo, los secuestros y las extorsiones, particularmente en la zona sur del estado, donde personas que conocen la entidad reportan que los alcaldes son víctimas preferidas de los criminales, así como los comerciantes a quienes cobran derecho de piso. Si no pagan, dicen estas personas, balacean e incendian los locales, o privan de su libertad a los propietarios para asesinarlos como mensaje de escarmiento para quien desee imitarlos.

Los homicidios dolosos, que son delitos de alto impacto, crecieron 36% en el primer trimestre de este año, comparado con el mismo periodo en 2018, y solamente entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, se elevaron 10%, lo que refleja el desbordamiento del crimen ante la inoperancia gubernamental. Morelos es el sexto estado donde más crecieron los homicidios dolosos, después de Nuevo León (103.87%), Quintana Roo (71.79%), Tabasco (69.60%) Sonora (46.05) y Jalisco 45.57. La organización Semáforo Delictivo llegó a contabilizar uno de estos crímenes cada hora.

La alta incidencia delictiva supera los máximos alcanzados en el gobierno de Graco Ramírez, que desató protestas y marchas. Ello, pese a que la cifra negra de delitos es muy elevada. Según el INEGI, sólo 10 de cada 100 delitos son denunciados, ante la falta de confianza en las autoridades y las pocas sentencias condenatorias. La mala gestión de Blanco es el principal factor al que le atribuyen en Morelos la crisis de seguridad, aunque el gobernador no es quien toma las decisiones de fondo, sino su jefe de Oficina, José Manuel Sanz, que acompaña a Blanco desde que era alcalde de Cuernavaca.

Sanz ha sido el arquitecto de la ruptura de la coordinación entre las corporaciones de seguridad estatal y municipales, al anular a las alcaldías al imponer un modelo donde el gobierno del estado concentra todas las funciones de seguridad pública y tránsito, incluyendo los ingresos derivados de las multas. El resultado ha sido el desinterés de los alcaldes en cooperar en materia de seguridad o, como es el caso del presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, de enfrentamiento total. Blanco no tiene buena relación con él, a quien considera cercano al ex gobernador Ramírez, y cuando no pudo impedir que tomara posesión en enero, cerró la Presidencia Municipal y lo obligó a rendir protesta en la calle.

Los problemas políticos de Blanco, que se reflejan en el resto de su gestión y del combate a problemas como el de la inseguridad, se extienden dentro del gabinete y con sus aliados políticos. Uno de los choques más significativos es con el fiscal -que asumió en el gobierno de Ramírez-, Uriel Carmona Gándara, a quien ha buscado destituir, pero no ha podido negociar su salida con el Congreso local. Esta falta de respaldo político está asociado con otra disputa en la que se embarcó el gobernador actual con sus aliados de Morena, y en particular con la presidenta nacional Yeidckol Polevnsky, con quien se peleó públicamente.

Blanco es uno de los gobernadores más incompetentes, con problemas de seguridad y gobernabilidad. Sin embargo, no es el principal culpable del desastre en Morelos. Un partido local, el Social Demócrata, lo hizo su candidato -reportes en la prensa morelense hablan que a cambio de siete millones de pesos- para alcanzar el poder. Tras ganar la alcaldía se pelearon y Blanco fue reclutado por Encuentro Social como su candidato a gobernador. Ese partido le añadió el apoyo del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y en su conflicto con Ramírez, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también lo respaldó.

Blanco y Sanz están peleados con todos, sin encontrar salida a los problemas. La inseguridad los devora, la ingobernabilidad crece, y los responsables de que sea gobernador guardan irresponsablemente silencio, mientras Morelos, que no parece importarle a nadie en la clase política fuera de procesos electorales, se pinta de rojo.

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Eje Central
Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
Ciudad de México
Domingo 12 de mayo de 2019.


Raymundo Riva Palacio


Primero fue Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien dijo que él no creía en la teoría del “asesino solitario” en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994. Luego el Presidente Andrés Manuel López Obrador añadió a la especulación. Se dice -dijo el Presidente-, que cuando se trata de “crímenes de Estado” siempre hay complicaciones para conocer la verdad, pero hay que indagar e insistir para que el crimen no quede impune. Legalmente no quedó impune. El 31 de octubre de 1994, un juez condenó a Mario Aburto de homicidio con premeditación y alevosía. La investigación no cesó hasta el año 2000, cuando el último fiscal del Caso Colosio, Luis Raúl González Pérez, entregó su informe final. Aburto sí había actuado solo y sí había disparado mortalmente contra Colosio, concluyó.

González Pérez fue el último fiscal del Caso Colosio, y su investigación incluyó una auditoría sobre lo que habían realizado sus antecesores. Todos llegaron a la misma conclusión. No fue un “crimen de Estado”, ni tampoco hubo políticos involucrados. No participó el narcotráfico, ni fue la “nomenclatura”, como el presidente Carlos Salinas deslizó meses después del crimen. “Yo no sé si había uno o muchos políticos que querían matarlo, pero si fue así, se les adelantó Aburto”, le comentó al reportero Miguel Montes, el primer fiscal.

La investigación de González Pérez incluyó la revisión de alrededor de cinco mil fotografías de Lomas Taurinas, antes del crimen, durante la confusión por el asesinato y después de él. Se declaró a las cerca de 200 personas que fueron identificadas cerca de Colosio en el momento de los disparos y se les investigó ampliamente. Igual se revisó el patrimonio y depósitos de Aburto y su familia, que vivía en San Pedro, California, antes y mucho tiempo después del asesinato, sin encontrar anomalía alguna salvo una creciente pobreza. Hasta ese momento, con toda la información al alcance, y mientras no hubiera más evidencia de lo contrario, la teoría del “asesino solitario” se mantenía, dijo González Pérez.

Una amplia mayoría de mexicanos, como el propio Salinas en agosto de 1994 reconoció en una charla en Los Pinos, no lo creía. “Hay demasiadas coincidencias para que sean coincidencias, y en la política no hay coincidencias”, dijo. ¿Evidencia? Ninguna, respondió. Varios factores contribuyeron a la duda. Primero El Universal, que tituló en su titular principal que Colosio había sido “víctima de un complot”, a partir de la declaración que recogieron sus corresponsales de una priista en Tijuana.

Después, los mismos corresponsales reportaron que el Aburto de Lomas Taurinas, donde se dio el crimen, había sido cambiado, con el apoyo de dos fotografías de Aburto en la primera plana de El Universal. En una tenía una especie de lunar en el cachete y en la otra estaba limpio. La primera, tomada poco después del asesinato, mostraba esa mancha que era de sangre; en la segunda, ya lo habían limpiado. Finalmente, para cimentar la teoría del complot, los primeros peritos locales que revisaron la escena del crimen, se equivocaron de puntos cardinales en la ubicación del cuerpo, por lo cual no se entendía cómo le podría haber disparado dos veces Aburto.

En el imaginario colectivo no había cabida para un asesino solitario. El crimen se había dado en medio de una crisis en la campaña de Colosio, incapaz de organizar una estrategia que lo posicionara, y frente al protagonismo de Manuel Camacho, que se había ofrecido como negociador para la paz en Chiapas con el EZLN, que le había arrebatado la atención de la opinión pública. Pero nada había logrado cuajar judicialmente hasta que llegó Pablo Chapa Bezanilla, quien asumió la fiscalía del Caso Colosio el 16 de diciembre de 1994. Chapa Bezanilla le dijo días antes de asumir al reportero: “Voy a meter a la cárcel a Carlos Salinas y a José Córdoba”. ¿Al ex presidente y su poderoso coordinador de asesores? “Se oye bien”, le comentó el reportero. “¿Hay pruebas?”. El fiscal respondió: “No, pero las obtendré”.

Chapa Bezanilla no pensó en la conspiración por generación espontánea. Quien le incubó la idea fue Alfonso Durazo, apestado políticamente en ese momento, y que había sido secretario particular de Colosio cuando fue titular de Desarrollo Social, y en la campaña. Durazo estaba convencido de que Colosio había sido asesinado por órdenes de Salinas. En esa misma línea de pensamiento, este sábado en su cuenta de Twitter, el hoy alto funcionario federal escribió: “El asesinato de Luis Donaldo no puede entenderse al margen de la tensión entre renovación y continuidad que caracterizó, desde el poder, a la disputa por la sucesión presidencial de 1994”.

Esa declaración evoca el conflicto entre Colosio y Camacho -a quien cuando acudió a la funeraria, Durazo le negó la entrada-, y sugirió que el asesinato obedeció a que el candidato asesinado representaba la renovación, que sin decirlo deja entrever que Salinas estaba arrepentido de candidato, y Camacho era la “continuidad”. Sin especificarlo, Durazo afirma que el asesinato de Colosio fue un “crimen de Estado”, a lo cual se sumó el Presidente López Obrador. Camacho, que luchó del brazo de López Obrador durante una década, está muerto. Salinas vive en Londres y ya se verá si le da rango de interlocutor y le responde.

Pero la verdad siempre la escriben los vencedores, sin importar los hechos, y dictan para la historia lo que es importante, lo que es real, y lo que va a pasar. ¿Qué viene? Una nueva investigación sobre el Caso Colosio, bañada en política y vestida con el traje que le hizo Durazo a Chapa Bezanilla hace 25 años.

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Eje Central
Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México
Lunes 25 de marzo de 2019.


 Raymundo Riva Palacio


Entre el Andrés Manuel López Obrador que dialogó con periodistas y politólogos el 3 de mayo en plena campaña presidencial, y el que estuvo anoche en un nuevo encuentro en el programa Tercer Grado, las diferencias son notables. La corrupción, que sabía que existía ampliamente en aquél entonces, “es mucho más grande de lo que había imaginado”. Todo lo que se ha tenido que revisar tiene que ver con la corrupción, dijo. Pero hay tanta, que “no alcanzarían las cárceles ni los juzgados” para poder encerrar a todos los culpables, comenzando por los de arriba, en el Gobierno, y no sólo en el de Enrique Peña Nieto, sino “de tiempo atrás”. Pero López Obrador no ha cambiado en algo, su convicción de que no perseguirá a nadie, porque cree que lo metería en una confrontación que sólo llevaría a la discordia. Esto lo distraería de su proyecto de transformación, aunque quizás, no le será posible mantener su deseo.

López Obrador tomó de aquél programa de mayo la referencia que hizo René Delgado de la Ley del Punto Final, establecida en 1986 en el Gobierno de Raúl Alfonsín en Argentina, que estableció la caducidad de la acción penal en contra de aquellos imputados por la desaparición forzada de decenas de miles de argentinos que sufrieron la represión de la dictadura militar, quienes habían sido colocados en el banquillo de los acusados como una externalidad de la transición a la democracia, tras el colapso del régimen militar con la derrota ante el Reino Unido en la guerra de las Malvinas. Alfonsín buscó lo que quiere ahora López Obrador y poder continuar su proyecto reformador, pero se encontró con la oposición de miles de víctimas y protestas sociales que la tildaban de una ley “para la impunidad”.

Casi 20 años después, por iniciativa de la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, un periodista e intelectual que fue miembro de los Montoneros y fue asesinado por la dictadura, que también mató a la hermana de la ex legisladora en un enfrentamiento con los militares, el Senado argentino anuló en 2003 la Ley del Punto Final y una subsecuente de Alfonsín, la Ley de Obediencia Debida, que era una ley de perdón, con lo que iniciaron 11 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad, impulsados por el presidente Néstor Kirchner. En Argentina, los agravios y los crímenes cometidos por la dictadura fueron la tuerca que torció la historia hacia la democracia, y por más esfuerzos de reconciliación que se trataron, el pueblo no permitió que quienes fueron responsables de aquellos crímenes, gozaran de impunidad.

La tuerca que torció la historia en México y llevó a López Obrador a la Presidencia fue la corrupción y la inseguridad, los dos temas recurrentes en la insatisfacción del electorado, entre quienes votaron por el candidato de la izquierda, y quienes lo hicieron por otras opciones. Esos fenómenos fueron transversales, y pese a que como Presidente electo se los recuerdan en todo el país o descubren que el pozo de la corrupción no tiene fondo, López Obrador insiste en que haya un antes y un después a partir del 1 de diciembre. “Vamos a iniciar una nueva etapa y dejar atrás la horrible historia de corrupción”, dijo en Tercer Grado. “Vamos a acabar con la pesadilla”. Su voluntad va a tener que modificarse.

En la entrevista narró los porqués de su cambio de regresar paulatinamente a los militares a los cuarteles, como establece el Proyecto Alternativo de Nación y someter la seguridad pública al ámbito civil, que es la gran rectificación que ha hecho como Presidente electo. Señaló que el fracaso de la estrategia de seguridad tiene que ver con que fue diseñada para beneficiar a un pequeño grupo, al que ha salpicado -no lo dijo él, pero lo han comentado en su equipo de transición- a altos mandos del Gobierno. Han encontrado oscuros desvíos presupuestales en la Policía Federal durante la primera parte del Gobierno y la inexistencia de expedientes completos en materia de delincuencia organizada en la PGR, que alimentan sus presunciones de ilegalidades. Ese pasado va a atrapar irremediablemente a López Obrador, aunque trate de esquivarlo.

La entrevista de Tercer Grado estuvo acotada por el tiempo del formato de televisión, pero al terminar, le pregunté si toda la información que está saliendo de la Corte Federal de Brooklyn en el juicio en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán no obligarían a su PGR o a su fiscal, a iniciar una investigación en contra del Presidente Peña Nieto, a quien los abogados de los narcotraficantes están acusando de haber recibido dinero del cártel del Pacífico, que hacen eco a lo que declaró en marzo Phil Jordan, ex director de la DEA en el Paso, Texas, en una entrevista con la cadena Univisión, donde afirmó que “El Chapo” inyectó “mucho dinero” en la campaña presidencial del actual Mandatario y pagaba miles más por protección, como lo hizo en el Gobierno del presidente Vicente Fox, a cuyo Gobierno dio millones de pesos para que lo dejaran escapar.

López Obrador se quedó unos instantes pensando en la respuesta. “Tendría que haber presión interna”, dijo. Iniciar una investigación contra Peña Nieto no sería consecuencia natural de lo que se diga en Brooklyn, más allá de lo contundente que pueda ser la evidencia. Tiene razón. Si se quiere enjuiciar al Presidente actual, la sociedad mexicana debe exigirlo, como lo hizo la argentina para derogar la Ley del Punto Final, Pero si es así, López Obrador no tendrá alternativa. En ese caso específico, irá por él.

Eje Central
Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México
Martes 20 de noviembre de 2018.

Videgaray

03 Oct 2018


Raymundo Riva Palacio


El anuncio de Luis Videgaray de que una vez que termine el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se retirará de la política y del servicio público, sólo sorprende por el momento en el que lo dio a conocer. Desde que el periódico The Wall Street Journal reveló que había adquirido una casa de descanso en Malinalco en una operación inmobiliaria realizada por el empresario peñista Juan Armando Hinojosa, su carrera política llegó prematuramente a su fin. En su entorno decían que esa compra, que cuando se hizo no parecía que sería una bomba de tiempo, había acabado con sus aspiraciones. Con ello, Peña Nieto perdió también la persona que probablemente habría sido su candidato a la Presidencia.

Videgaray fundió su vida pública al destino de Peña Nieto desde que lo conoció como el pagador de una consultoría financiera del ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, al entonces gobernador del Estado de México, Arturo Montiel. Era el enlace con el Gobierno, y cuando Peña Nieto fue electo gobernador, lo hizo secretario de Finanzas y su principal consejero político. Videgaray le daba a Peña Nieto lo que no tenía, cultura, conocimiento y sofisticación, además de ser un confiable planificador y eficiente ejecutor. Con la candidatura presidencial en la mira, Peña Nieto lo hizo diputado federal y presidente de la Comisión de Presupuesto, desde donde tejió las alianzas políticas que lo respaldarían.

Luego lo hizo jefe de su campaña presidencial, que organizó como un plan militar. La dependencia de Peña Nieto fue creciendo, y le entregó no sólo la formulación de lo que sería su programa de Gobierno sino la designación de prácticamente todo el gabinete legal y ampliado. De Videgaray fue la propuesta de las reformas estructurales, y el principal negociador del Pacto por México. El entonces secretario de Hacienda le dedicaba 30% a su trabajo formal y el resto a hacer política para Peña Nieto. Acumulaba poder porque daba los resultados que nadie entregaba.

Peña Nieto tuvo en Los Pinos una Presidencia Tripartita, montada sobre el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, que había sido colaborador de Videgaray en la campaña presidencial. Pero de los tres, Videgaray era la influencia dominante, lo que provocó un enfrentamiento creciente con Osorio Chong, primero a nivel de equipos, y después en las alturas del Olimpo peñista, que provocó una división en el gabinete y un realineamiento en dos campos de batalla. Videgaray se peleó con casi toda el área política del Gobierno y del PRI, que lo siguen viendo con recelo y convicción que los traicionó.

La revelación de su casa de descanso en Malinalco fue secuela del escándalo de la casa blanca del Presidente Peña Nieto. Ninguno resolvió adecuadamente sus escándalos y atajarlo como lo que era, un conflicto de interés que podía resolverse. Para Peña Nieto ese episodio significó el quiebre final de su administración y la etiqueta de corrupto; para Videgaray, la posibilidad de llegar a la Presidencia de la República, aunque reiteradamente, decía que era algo en lo que no pensaba. Él detentaba el poder real en Los Pinos, y era la voz que Peña Nieto oía. Incluso, hasta la ignominia.

Fue su idea invitar a Donald Trump cuando era candidato presidencial, porque consideraba que si hablaba con Peña Nieto podría cambiar sus críticas a México. Peña Nieto aceptó, pese a la oposición de la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. La visita fue un fracaso y Peña Nieto cayó ese día a siete puntos de aprobación. Le costó un reproche de la Casa Blanca, y tuvo que aceptar la sugerencia de que el responsable tenía que irse. Peña Nieto no cesó a Videgaray, sino “le dio la oportunidad de que él mismo renunciara”, como confió a sus cercanos.

Se fue sin irse. Peña Nieto le pidió que manejara desde las sombras el proceso electoral en el Estado de México. Cuando Trump ganó la Presidencia, lo volvió a usar secretamente para negociar con su yerno, Jared Kushner, colocar las relaciones bilaterales sobre ruedas y arreglar un encuentro con Peña Nieto. Para darle cuerpo legal, destituyó a Ruiz Massieu y le entregó la cancillería. Reencauzó las relaciones y logró, mediante su capacidad de negociación y persuasión, tener el acceso a la Oficina Oval como nadie, presidentes y primeros ministros incluidos, en el mundo. Varios líderes lo buscaban para preguntar cómo acercarse a Trump, o para que los ayudara a ser recibidos por el presidente.

La cercanía que logró con Kushner y su suegro le ayudó a conducir políticamente la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuya estrategia, pragmática y pensando en Peña Nieto, prevaleció sobre la del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que en lugar de apresurar los tiempos, quería una mejor negociación. México cedió para alcanzar un acuerdo, a cambio de que el Presidente Peña Nieto pueda firmar el acuerdo comercial antes de terminar su mandato, el último día de noviembre.

Menos de 24 horas después de anunciarse el acuerdo trilateral, Videgaray dio a conocer que su ciclo en el Gobierno también había terminado. Se irá con Peña Nieto el primero de diciembre con rumbo a Nueva York o Boston, donde buscará rehacer su vida, una que pudo haber sido totalmente distinta si no hubiera incurrido en un conflicto de interés cuando compró en Malinalco, o quizás, si como le pidió el Presidente en diciembre y enero, se hubiera hecho cargo de la campaña presidencial, que rechazó.

Eje Central
Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México
Miércoles 3 de octubre de 2018.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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