Raymundo Riva Palacio

En vísperas de finalizar la precampaña presidencial este domingo, se puso peligrosa para la sangre de una democracia, la libertad de expresión. Andrés Manuel López Obrador, en una reacción desmedida, acusó a un académico de fina prosa, Jesús Silva Herzog, porque en su artículo semanal en Reforma, escribió sobre su nuevo pragmatismo que lo llevó, argumentó, al terreno de un “oportunismo” asociado con el PRI. López Obrador lo llamó “secuaz” de la “mafia del poder”. El historiador Enrique Krauze salió a la defensa del derecho de Silva Herzog a expresar lo que piensa, y dijo que el liberalismo -la doctrina del Siglo XVIII que defiende las libertades individuales- debate, pero el mesianismo condena. La respuesta fue: “Tú también eres de aquellos profundamente conservadores y que simulan con apariencia de liberales”.

Objetivamente hablando, López Obrador ejerció su derecho a criticar a sus críticos. “¿Qué no se les puede cuestionar?”, dijo en una gira por Puebla. “Ellos sí pueden decir que soy mesiánico, populista, oportunista. Yo apenas lo único que les dije, se los repito, son profundamente conservadores con apariencia de liberales. Eso es todo y tengo razón”. Tiene toda la razón, si este caso fuera consistente con su comportamiento político. Pero no lo es. La respuesta en La República de las Opiniones al lance de López Obrador, la sintetizó Francisco Garfias, uno de los columnistas más leídos por la clase política, en Excélsior: “Lo volvió a traicionar la intolerancia que parecía haber exorcizado en su tercera campaña presidencial”. Las reacciones negativas, en una actitud muy típica suya, no lo hicieron matizar ni replicar racionalmente, sino apretar el acelerador.

El martes reiteró las descalificaciones a Silva Herzog y Krauze, y añadió a quien esto escribe por una columna publicada ese día sobre el papel de sus tres hijos mayores en el control del aparato de Morena. Dijo que los datos difundidos provenían de un expediente del CISEN, que ha investigado a su familia. Si existe ese documento en el CISEN, este autor lo desconoce. Pero dos puntos son relevantes: no negó la veracidad de lo publicado y, sobre todo, no es un secreto. El control que entregó a sus hijos del aparato de Morena es un tema público y de conversación interna que ha producido tensiones, aunque hasta ahora, nadie ha cuestionado esa delegación de poder a su familia.

Los dos episodios tienen que verse en un contexto más amplio para entender lo que esconde la reacción de López Obrador, a quien hay que analizarlo bajo parámetros distintos de donde se mueven los políticos, sino dentro de los que construyen universos religiosos. López Obrador tiene una estructura mental y un comportamiento teológico. Su mundo está pintado de blanco o negro, donde todo es bipolar. Su discurso siempre es la lucha entre buenos y malos, los ricos contra los pobres, los fieles luchando contra los infieles. No hay grises en su vida pública. O son incondicionales, o son sus enemigos. Por eso utiliza con tanta ligereza generalizaciones como “la mafia del poder”, para identificar a todos aquellos que muestran discrepancias u oposiciones a su pensamiento y acción.

Públicamente, López Obrador siempre se ha mantenido en el margen de no ir más allá de la retórica incendiaria contra quien piensa diferente de él, lo que entra en los rangos de comportamiento de los políticos en las democracias occidentales. En privado, las cosas son diferentes. La secuela de la publicación de la columna sobre sus tres hijos mayores, es un buen ejemplo para ilustrar la intolerancia de él y de su entorno, y la intransigencia. En reuniones privadas que sostuvieron sus hijos con cuadros de Morena pocas horas después de la publicación de la columna, no hubo argumentos en contra o explicaciones sobre los porqués de la estructura absolutista, sino insultos con palabras obscenas. Incapaces de analizar una crítica y desmontarla dialécticamente, se lanzaron al linchamiento, como en 2006 se hizo con un grupo de periodistas cuyas fotografías se colgaron en el Zócalo para que fueran juzgados el patíbulo popular, y durante meses se utilizó la pluma anónima de un periodista incondicional a él, que publicada en la red “Fichitas”, donde difamaba a mentes independientes.

Las cosas, en esta ocasión, no pararon con las descalificaciones. El mismo martes inició una cacería de brujas dentro de Morena para descubrir quiénes habían aportado la información sustantiva para ese texto, cuyos resultados finales aún no se conocen. La persecución interna para encontrar culpables -lo del CISEN y el anuncio que lo desaparecería por hacer espionaje político, tiene toda la marca de un distractor-, si no fue autorizada por López Obrador sí fue apoyada, erigido en un Savonarola contemporáneo. Krauze lo emplazó a un debate el lunes, y por respuesta recibió otro descalificativo. Ni siquiera abrió una pequeña rendija López Obrador en la puerta de su paraíso, para que se pudieran confrontar ideas en la arena pública.

López Obrador es un fundamentalista de pensamiento lineal que no es demócrata. No importa, si actuara con la altitud de miras que podría encontrar, por ejemplo, en la biografía de Frederik de Klerk, el presidente sudafricano defensor del Apartheid, que entendió que para poder sacar adelante a su país, de mayorías oprimidas, pobres y discriminadas, tenía que avanzar por la ruta de la democracia aunque él no lo fuera. La moraleja de De Klerk que puede seguir López Obrador, es que no se necesita ser un demócrata para construir una democracia, ni puede haber democracia sin libertad de prensa. Punto. Tocar los tambores de guerra contra ella, es una señal peligrosa.

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Eje Central
Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
Jueves 8 de febrero de 2018.


Raymundo Riva Palacio

Cinco días antes de que Miguel Ángel Osorio Chong supiera de manera directa y personal por voz del Presidente Enrique Peña Nieto que la candidatura presidencial no iba a ser para él, el entonces secretario de Gobernación sintió el fuego amigo, o cuando menos, percibió que dentro del Gobierno habían intensificado la metralla en su contra. Ésta fue la interpretación que se le dio en su entorno más cercano a un par de revelaciones de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción, publicadas en su principal vehículo amplificador de denuncias, Reforma. Las dos publicaciones, antes de que oficialmente se supiera que la candidatura sería para José Antonio Meade, miembro de un grupo político antagónico al suyo, fueron calificadas por personas cercanas a Osorio Chong que hablaron con él, como “rudeza innecesaria”.

“Rudeza innecesaria” fue la primera señal que esos golpes oenegeros socializados a través de un medio de comunicación, olían a fuego amigo. Una segunda señal, leída por él de la misma manera, se dio esta semana al publicar Reforma una vez más, extractos de una averiguación en curso de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que una incondicional de Osorio Chong, Nuvia Mayorga, quien buscará una senaduría en las elecciones de julio, estaba siendo investigada por presuntos actos de corrupción con dinero de Odebrecht, el conglomerado brasileño que compró favores en 11 naciones, canalizado a las campañas electorales de 2012.

Mayorga dijo que eran falsas las imputaciones y se comprometió a demostrarlo al periódico mostrándole sus cuentas bancarias personales. La investigación de la Fepade, según lo publicado por Reforma, no mencionaba que se había quedado con el dinero, sino que lo había canalizado a campañas, en su calidad de cabeza de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político del PRI durante la campaña presidencial de 2012, en el tiempo en que su jefe de muchos años, Osorio Chong, era secretario de Organización del partido. El ex secretario de Gobernación también rechazó la vinculación criminal con un mensaje cáustico en Twitter que decía: “¿Con qué intención y quién está detrás de notas como la que hoy publica Reforma? Lo que es claro y cierto es que es tendenciosa y no tengo nada que ver en el tema, como la propia nota lo refleja”.

Quién está detrás y con qué intención se había dado esa filtración, sugirió. El fraseo de Osorio Chong es interesante. La información de Reforma estuvo firmada por “Staff”, que es un recurso que ha utilizado por años cuando busca proteger a quien obtuvo y escribe la información por razones de seguridad —por ejemplo, en temas del narcotráfico—, o cuando es un documento que se le entrega al periódico.

La inferencia del ex secretario refleja su convicción de que ese documento se le entregó al diario, y no fue obtenido independientemente por él. En todo caso, quien proporcionó detalles del expediente, violó la ley por haber divulgado una averiguación en curso. Reforma dio a conocer también el número de la carpeta de investigación, FED/FEPADE7UNAI-CD-MX/1139/217, para dotar de veracidad lo publicado. La Fepade no ha desmentido.

Osorio Chong calificó la información de “tendenciosa”, al vincularlo con los presuntos actos de ilegalidad de Mayorga. Sin embargo, nadie ha salido a dar la cara por él ni a defenderlo. Lo mismo sucedió cuando a días que se supiera que Meade sería el candidato presidencial, se publicó que un grupo constructor obtuvo en forma triangulada la ejecución de una obra de Pemex en la refinería de Tula, que ha sido relacionada a un soborno de seis millones de pesos de Odebrecht. Esa empresa es propiedad del hidalguense Carlos Aniano Sosa Velasco, quien es el casero del ex secretario de Gobernación. Poco antes, se reveló que el otorgamiento de contratos oscuros otorgados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que presidía Mayorga, y de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Hidalgo. Durante el sexenio, alrededor de 80% de los delegados de la SCT en el país, que administran y reparten la obra pública, fueron nombrados por Osorio Chong.

Las informaciones donde lo manchan en presuntos actos de corrupción, corrieron en paralelo con la purga que se hizo en la Secretaría de Gobernación y en todas las áreas de seguridad del Gobierno federal, de funcionarios osoristas, tras sustituirlo Alfonso Navarrete Prida. Los golpes, a decir del tuit de Osorio Chong, no han pasado desapercibidos. El contexto se puede encontrar en un texto publicado en este espacio el 25 de enero, que se refería a las desconfianzas que hay sobre su lealtad institucional:

“Los astros se están alineando a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que una vez más empieza a construir la profecía autorrealizable. Pero a diferencia de 2006 y 2012, esa predicción que a base de repetirla se va convirtiendo en realidad, cuenta ahora con la ayuda de una mano negra que sólo puede perfilarse de manera circunstancial. Tiene el color de la de… Osorio Chong, aunque no hay forma de probar si el respaldo a López Obrador y la demolición de las posibilidades del PRI en las elecciones de julio, se está dando de manera directa o indirecta”.

Personas cercanas al ex secretario reclamaron lo que se escribió y negaron los señalamientos sobre Osorio Chong. El tiempo y el mensaje del ex secretario en las redes sociales no acaban de disipar las sospechas, pero sí muestran que el pleito interno palaciego se está poniendo sangriento.

Eje Central
Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México
Viernes 2 febrero de 2018.


Raymundo Riva Palacio

La primera encuesta de precandidatos presidenciales dio como puntero a Andrés Manuel López Obrador. Nada nuevo. Lo que sorprende es que su diferencia con José Antonio Meade, abanderado del partido en el poder, sea de dos a uno. Treinta y dos por ciento contra dieciséis por ciento son los números de la fotografía tomada por la empresa Buendía y Laredo para El Universal, que permite el parafraseo de que algo está podrido en la campaña de Meade. La crítica que retomó fuerza es que el precandidato no es el mejor que podría haber escogido el presidente Enrique Peña Nieto y que hay tiempo para sustituirlo. Los llamados parten de lo que se ve: un candidato solo, sin arraigo ni gente en sus mítines, contrario a los tumultos que se veían con los candidatos priistas de antaño. Pero lo que no se ve es mucho más grave.

La campaña de Meade ciertamente no prende emociones entre los priistas, pero no puede ser adjudicado, cuando menos en este momento, al candidato en sí, sino al diseño de la precampaña y a lo que está haciendo Peña Nieto con él. Para comenzar a entender lo que sucede hay que regresar al momento en que Meade fue seleccionado como candidato. En el pasado, cuando el presidente era priista, ahí se daba el cambio de mando. El rey en turno abdicaba al poder y lo entregaba al heredero. El presidente priista comenzaba a desaparecer del escenario público mientras cada día tomaba más fuerza el candidato priista. Esto no ha sucedido porque el presidente, quizás egoístamente, no ha empoderado a su candidato, una decisión que permea negativamente en la precampaña.

Esta decisión, por citar una de los ejemplos más claros, le extirpó a Meade una de las facultades más importantes del candidato, el arbitraje sobre las candidaturas a puestos de elección popular. En el pasado, el candidato era quien palomeaba quiénes irían a cargos importantes de elección popular, por lo que cada vez que llegaban a un estado, se le arremolinaban quienes deseaban una candidatura para pedirle apoyo. Muchos de los tumultos en las las plazas los provocaban quienes buscaban su favor, y proyectaban una imagen de arraigo y aceptación. Al no estar hoy en el centro de esas decisiones, no existen aglomeraciones porque Meade no tiene posibilidad de influir. Ningún apoyo que ofreciera, les garantizaría una candidatura.

Esta falta de empoderamiento es lo que lo hace ver solo. No contribuye que el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, le haya impuesto a un coordinador de giras. Diego Garza, quien iba a ocupar el puesto, quedó reducido a parte del equipo colocado por Ochoa. Al hacerlo, restándole otra herramienta de empoderamiento, Meade quedó sujeto a la agenda que le dictan desde el partido, sin que pueda desarrollar un trabajo estratégico de búsqueda de apoyos y construcción de redes a partir de su propio diagnostico y plan de acción. Él tampoco es dueño de los tiempos de la campaña ni decide a quién ve, con quién se reúne y cuándo lo hace.

Otro problema toral en la falta de apoyo priista a Meade obedece a la exclusión de los gobernadores de la propia campaña. La instrucción del jefe de la campaña, Aurelio Nuño, transmitida por Ochoa a los gobernadores, es que ellos no se involucrarían en la contienda presidencial y tendrían que limitarse al trabajo local. La desincorporación de la campaña presidencial del resto de las campañas deja a Meade fuera de una estrategia integral, donde todos los candidatos y candidatas trabajaban coordinadamente para apoyarse con votos. La única campaña donde Meade está pudiendo hacerla de esa forma es en la Ciudad de México, donde el candidato al gobierno local, Mikel Arriola, fue una de las pocas concesiones que se le hicieron.

Meade tampoco tiene acceso a los presupuestos. Cuando lo ungieron candidato llegó con varios colaboradores muy cercanos. Uno de ellos fue Ignacio Vázquez, quien era oficial mayor en la Secretaría de Hacienda, y a quien incorporó para que manejara los recursos. No sucedió, ni sucederá. El dinero en la campaña no lo manejará Meade, pero tampoco Ochoa, que también está excluido del control de los recursos. La caja la tiene el secretario de Finanzas del PRI, Luis Vega , quien sólo responde al presidente Peña Nieto. Desde Los Pinos se decide, dicho de manera más cruda, dónde, cómo y cuánto gasta Meade. En este momento, la campaña está deshidratada.

Por todos los ángulos, la campaña se ve escuálida y se refleja en cada momento público del candidato. No se le puede responsabilizar realmente de las deficiencias que ha mostrado. La estrategia de la campaña se decide en un cuarto de guerra que se reúne todos los días en el nuevo edificio del equipo en Insurgentes, a las siete y media de la noche, donde Meade no tiene realmente representantes. Los suyos están en el cuarto de guerra de comunicación, que domina el equipo de Nuño, y en uno más de voceros, que preside Javier Lozano. Es decir, su equipo ocupa segundos y terceros niveles, pero no está en la primera línea de decisión.

Cuánto más va a seguir este diseño de control total del presidente en beneficio del presidente, no se sabe aún. Quizás empodere a Meade hasta que arranque la campaña formal a finales de marzo. Es una incógnita que sigue marcando el deterioro de la imagen del candidato y reforzando la percepción de que no funciona, ni él, ni su equipo, ni la campaña misma.

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Eje Central
Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
Miércoles 31 enero 2018.


Raymundo Riva Palacio  

La urgencia por reencauzar la campaña presidencial de José Antonio Meade tiene una razón de fondo: los mexicanos quieren que pierda el PRI, y que entre Andrés Manuel López Obrador o Ricardo Anaya salga el próximo presidente. Esta es la conclusión de un análisis realizado por Ronald Anton, director de la consultoría ecuatoriana CPI Latinoamérica, a partir de datos demoscópicos sobre las preferencias electorales, que anticipan un futuro ominoso para Meade y para el presidente Enrique Peña Nieto, que busca, a través del candidato, la continuidad de sus políticas y la consolidación de sus reformas. Esto no va a ser posible, si se analizan objetivamente las tendencias del electorado.

Anton publicó recientemente un diagnóstico de 22 páginas titulado 'Crónica de una alternancia anunciada', donde sólo ve una competencia real entre López Obrador y Anaya, “ambos representando el cambio que pide la sociedad, frente a un PRI que se encuentra con el presidente peor evaluado en la historia de México, con un partido que trae los máximos negativos, con seria desventaja territorial, con una constante pérdida de intención de voto en todas las campañas presidenciales y con un candidato que no termina de gustar a los electores”. Las condiciones objetivas que enfrentan Peña Nieto, Meade y el PRI son totalmente adversas, de acuerdo con el análisis del consultor.

“Desde la llegada del PRI a la presidencia en 2012, el partido ha sufrido una debacle constante”, apuntó. “En 2012 controlaban 21 gubernaturas, pero desde entonces, ya con Enrique Peña Nieto como presidente, el PRI ha perdido un total de 24.9 millones de electores y gobierna solamente en 14 estados (15 si sumamos Chiapas gobernada por su aliado el Partido Verde): Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas”.

Cuando asumió Peña Nieto la presidencia, el PRI gobernaba arriba de 51 por ciento de los mexicanos; en la actualidad gobierna a 43 por ciento. Esta pérdida de poder territorial, a juicio de Anton, es otro factor a tomar en cuenta para entender la baja probabilidad de ganar las elecciones presidenciales. El consultor lo explica a partir de la disminución de aprobación que tiene el PRI, más allá de sus candidatos a puestos de elección popular.

Esta disminución de poder territorial también se ha registrado en los congresos locales, donde según el análisis del consultor ecuatoriano, el PRI pasó de tener 463 legisladores en 2015, a 361 en 2017. “Aunque sigue siendo el partido que más diputados tiene, ha perdido gran parte de los congresos donde contaba con mayoría”, indicó Anton. “Desde 2015, tan sólo ostenta la mayoría absoluta en los congresos de Campeche, Guerrero, Estado de México, Sonora y Yucatán, perdiendo con ello más poder local”.

Anton no lo precisó, pero salvo el Estado de México, ninguno de los restantes se encuentra entre las 10 entidades con mayor peso electoral en el país, y aún en esa entidad, la tierra del presiente Peña Nieto, en la elección para gobernador el año pasado, el PRI como partido obtuvo 56 mil votos menos que Morena; sólo la coalición con otros tres partidos evitó un monumental descalabro en el estado.

En los estudios que revisó, Anton encontró que la tasa de rechazo al PRI es de 57.4 por ciento, contra 40 por ciento de rechazo del PAN, 37.5 por ciento de Morena y 34.1 por ciento del PRD. “De todas las elecciones que se han sucedido desde que Enrique Peña Nieto es presidente –explicó Anton–, en todos los estados donde los gobernadores del PRI tenían una valoración ciudadana por debajo de 50 por ciento, los electores cambiaron el partido que gobernaba el estado”. Tampoco ayuda la aprobación a la gestión de Peña Nieto, donde entre siete y ocho de cada 10 mexicanos desaprueba su actuación presidencial. “El fuerte rechazo con el que cuenta tanto el partido como la figura del presidente –afirma el consultor–, dificulta la revalidación del mandato del PRI”.

Como contraste, la coalición Por México al Frente que tiene como abanderado a Anaya, gobierna a 48.6 por ciento de los mexicanos en 16 estados, incluida la Ciudad de México, el bastión de la izquierda, donde el PRI se encuentra en un lejano cuarto lugar de preferencias electorales. El PAN gobierna 12 estados, que es el mayor número que jamás haya gobernado, entre los cuales se encuentran tres de las seis entidades con mayor peso electoral en el país. En el Senado ocupa más de 50 por ciento de los escaños, y en el Congreso federal tiene más de 40 por ciento de las curules. Por lo que toca a los congresos locales, los frentistas tienen una presencia de casi dos a uno en el país. Morena no tiene esos números, pero es un partido que apenas nació electoralmente en 2015. Sin embargo, tiene lo que ningún otro, a López Obrador como candidato, que en dos intentonas presidenciales anteriores logró el apoyo de 35.29 por ciento del electorado en 2006, y 31.57 por ciento en 2012, y que puntea ampliamente las encuestas.

Este contexto, que habla de una complejidad política creciente en México, estimó Anton, ofrece un escenario de gran dificultad para que el PRI pueda ganar las elecciones presidenciales. El escenario de victoria de López Obrador es real, afirmó el consultor, pero la alianza en el Frente le dan a Anaya la suficiente fuerza para contender contra él y ganarle. Meade no está en este rango. El rechazo social al partido y la baja popularidad de Peña Nieto, lo están hundiendo. ¿Podrá revertir esta crónica anunciada de una derrota? Todo es posible, ciertamente, aunque parezca imposible.

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Raymundo Riva Palacio
Miércoles 17 de enero de 2018.

Raymundo Riva Palacio

Dentro y fuera de la precampaña presidencial de José Antonio Meade, las voces de que se va a remplazar al candidato con su coordinador de campaña, Aurelio Nuño, son insistentes. Claudia Ruiz Massieu, la secretaria general del PRI, afirma que eso no va a suceder y que Meade será el candidato. No podía esperarse una declaración en sentido contrario, aunque ella, como un creciente número de priistas, no terminan de estar cómodos con la candidatura designada, según miembros del partido que admiten las tribulaciones en este arranque electoral. Tampoco está contento el presidente Enrique Peña Nieto, pero no con el candidato, sino con la confrontación entre los equipos. “Nunca había visto una campaña más dividida”, dijo un funcionario que ha participado en más de cuatro campañas presidenciales del PRI. “Están peleándose todos contra todos”.

Las semanas anteriores han sido castrantes. Las leyes electorales no permiten al candidato pedir el voto o presentar propuestas, lo que llevó a utilizar a su esposa, Juana Cuevas, como un activo del precandidato. Alguna rentabilidad debieron haberle visto al abuso de su imagen, pero han reducido su presencia en los últimos días. Meade no conecta ni emociona su discurso. El diagnóstico ha puesto presión para tener una campaña altamente competitiva en Meade, y mantiene al presidente trabajando en las sombras, todavía, con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, que probablemente pasa más tiempo en resolver los problemas que le pide solucionar Peña Nieto, que en sus tareas de canciller.

Peña Nieto habló con Videgaray sobre la campaña durante el largo viaje que realizaron a principios de noviembre a Vietnam, donde participó en el Foro de Cooperación Económica de la Cuenca del Pacífico, y le pidió que se metiera en la reorganización de la campaña. De acuerdo con funcionarios consultados, la intervención de Videgaray se está intensificando y existe la posibilidad de que presente su renuncia en la cartera de Relaciones Exteriores y comience a dirigir la campaña de una manera plena, desde una oficina fuera del PRI.

La idea, explicada por los funcionarios, no es que en una primera instancia Videgaray se sume formalmente a la campaña, sino que permanezca con un bajo perfil sin distraerse completamente de las funciones de canciller. Oficialmente, el coordinador de la campaña seguiría siendo Aurelio Nuño, pero el responsable último ante Peña Nieto sería Videgaray. Uno de los primeros incendios que tendría que apagar es el choque entre el equipo que llegó con Meade y el de Nuño, que trabajan en constante fricción y generan falta de cohesión. En parte, por descuidos e impertinencias. Dentro del equipo de Nuño hay quienes comentan la posibilidad de que se dé un relevo de su jefe por Meade, lo que en términos legales es una posibilidad real hasta que no se registre su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral, durante la segunda quincena de marzo.

Funcionarios en Los Pinos han ido registrando los crecientes problemas que ha ido enfrentando Meade entre los propios priistas. Uno de los casos que se resolvió fue con Ruiz Massieu, de quien se quejaron en la casa presidencial que estaba saboteando algunos eventos del precandidato. Otro problema que tiene que resolverse es la apatía que se está observando entre algunos gobernadores priistas, que habían puesto sus esperanzas en el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o las diferencias con miembros del gabinete que apostaron por su candidatura. Una de esas diferencias se dio con Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Urbano, que en una plática que tuvo con Meade sobre una eventual candidatura al Senado en la Ciudad de México, los apoyos que hubiera esperado no se ofrecieron, por lo que hasta ahora tiene decidido terminar el sexenio en el gabinete.

La intervención de Videgaray en la campaña, según los funcionarios, pretende dejar atrás estos problemas y darle orden al trabajo, que es de lo que varios se quejan por lo que a veces llegan a describir como “un caos”. La coordinación de Nuño no ha funcionado, coinciden. Una de las explicaciones que dan es que no embonan lo equipos. Meade no era realmente amigo de Nuño, quien fue una imposición de Peña Nieto. Otra es la falta de experiencia. Aunque Nuño trabajó en la campaña presidencial de 2012, fue bajo las órdenes de Videgaray, a quien todos reconocen que en las campañas que ha coordinado ha impuesto disciplina en el equipo.

Meade no ha logrado establecer disciplina por la descomposición de la relación en los segundos y terceros niveles, y porque el trabajo no le corresponde, por diseño, sino a Nuño. La inclusión del senador Javier Lozano al equipo, como uno de los vocero y vicecoordinador de mensaje, es un síntoma de lo que pasa en la campaña. El discurso de Meade, que hasta ahora ha sido de poco impacto, es responsabilidad del presidente del PRI, Enrique Ochoa, que redacta la mayoría de los que pronuncia. El que fungirá como uno de los voceros, refleja que Ochoa está desgastado y Nuño, que ha asumido esas funciones últimamente, carece de densidad. El problema de la inclusión de Lozano, por otra parte, provocó nuevas tensiones hacia el interior del PRI, donde varios fueron dejados de lado para esas tareas a favor de otro externo.

Videgaray es la apuesta final que hará el presidente para relanzar la campaña de Meade. El reto de Videgaray será eliminar fisuras y lograr la cohesión tanto entre los peñistas que perdieron en la sucesión presidencial, como entre los priistas que querían a un priista como abanderado.

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Raymundo Riva Palacio
Martes 16 de enero de 2018.


 Raymundo Riva Palacio

Poco después de que se declarara presidente electo a Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong le pidió a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, visitar el búnker de Constituyentes y ver operar a Plataforma México. Le impactó lo que vio, un sistema de información e inteligencia criminal con la más alta tecnología. Plataforma México fue un proyecto que Estados Unidos financió en parte mediante la Iniciativa Mérida, y Osorio Chong no pensó lo que podía hacer contra los criminales, según exfuncionarios que platicaron con él, sino que imaginó la utilización de esos sistemas con fines políticos. García Luna, dijeron los exfuncionarios, advirtió de que cambiarle su destino de policial a político sería un error e iría contra los intereses del Estado Mexicano. A quien iba a ser secretario de Gobernación no le importó.

Osorio Chong, quien antes de iniciar la presidencia de Peña Nieto ya se imaginaba como el sucesor en 2018, comenzó a trabajar en el nuevo diseño institucional de Gobernación para acumular todo el poder posible. Tendría la responsabilidad de la política interna, pero le sumaría la capacidad de fuego de la Policía Federal. Contra la opinión de Luis Videgaray, jefe del equipo de transición, Peña Nieto permitió que Osorio Chong fusionara las dos dependencias bajo su mando único. También aceptó la estrategia de seguridad que planteaba el nuevo secretario de Gobernación, sugerida por asesores que sostenían que la violencia en el gobierno de Felipe Calderón obedecía a que confrontaba a los cárteles de la droga, para dejar de combatirlos.

Durante ocho meses se dejó de enfrentar a los cárteles de la droga, que fortaleció al Cártel del Pacífico y todas sus derivaciones, permitió el crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, el renacimiento de La Familia Michoacana en Los Caballeros Templarios, y que Los Zetas no murieran de inanición criminal. La baja en los índices de homicidios dolosos que se vieron durante los dos primeros años, fue inercial. La estrategia de fuego y sangre de Calderón –utilizada en varias naciones– tuvo su pico de muertos en mayo de 2011, cuando comenzó a bajar el índice de homicidios dolosos.

Osorio Chong presumía que se debía a la estrategia del nuevo gobierno, pero era falso. Hoy, el secretario de Gobernación deja al país sumido en la peor violencia que ha registrado en su historia. Sus argumentos de que es resultado de la falta de trabajo de los gobiernos estatales y municipales en el combate a la delincuencia, ocultan algunas verdades. Por ejemplo, los controles de confianza para policías estatales y municipales fueron pospuestos en dos ocasiones por el Congreso a petición de Gobernación; y la fuerza federal policial se mantuvo en el mismo nivel –35 mil policías– con la que la recibió del gobierno de Calderón. Es decir, en seis años no incrementó la fuerza policial del Estado, pese a que el presupuesto para ese fin se incrementó casi 300 por ciento.

El 80 por ciento de ese dinero se destinó a gastos de operación, dentro de una bolsa confidencial manejada por una incondicional de la familia de Osorio Chong. Entre los altos costos que propició ese manejo de recursos, fue que los sistemas de seguridad del penal de máxima seguridad de Almoloya nunca fueron revisados y mantenidos adecuadamente, o pagadas las renovaciones de los contratos de equipos que dejaron de funcionar. El resultado más dramático de la negligencia en las cárceles fue la segunda fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, sobre la que se puede argumentar que si no se escapó antes, era porque no lo habían capturado.

El desastre del nuevo modelo de Osorio Chong, aprobado por el presidente Peña Nieto, tuvo muchas más expresiones. Como botones de muestra:

1.- Plataforma México fue desmantelada y los 600 equipos de escuchas telefónicas fueron trasladadas al Cisen, donde Osorio Chong colocó a su incondicional, Eugenio Imaz.

2.- El proyecto de la Gendarmería, del que entregó un resumen ejecutivo García Luna a Peña Nieto, nunca fue aplicado, en buena medida porque Osorio Chong, que nunca entendió lo que le daban, tampoco le prestó atención. La creación de la Gendarmería en el peñismo resultó un fiasco y gradualmente se fue desvaneciendo como fuerza.

3.- La falta de mandos capacitados en las áreas de seguridad pública llevaron a la Policía Federal a fracasos y excesos en el uso de la fuerza, como en Tanhuato, Nochixtlán y Apatzingán, donde se puede argumentar que incurrieron en violaciones a los derechos humanos.

Lo más grave, sin embargo, por las consecuencias transexenales que puede acarrear al presidente Peña Nieto, fue la decisión, en 2013, de arropar a los grupos de autodefensa civil en Michoacán, a los que se les entregaron armas y protegió la Policía Federal y el Ejército. La organización de bandas paramilitares fue hecha para que hicieran el trabajo sucio del gobierno y aniquilaran a Los Caballeros Templarios. Es decir, un grupo respaldado por el gobierno para eliminar a otro grupo específico puede ser interpretado en Derecho Internacional como genocidio. Esa estrategia estuvo a punto de desbordar en 2014 en una guerra civil, provocada por Gobernación.

Osorio Chong debió haber sido despedido por el presidente Peña Nieto hace años, pero nunca sucedió. Esa falta de decisión no le va a costar al secretario de Gobernación saliente, sino al presidente. Peña Nieto no es culpable del desastre que hizo Osorio Chong, su amigo, en la gobernación y seguridad del país, pero es el responsable. De eso, el inquilino de Los Pinos no se salvará.

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Raymundo Riva Palacio
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Ciudad de México
Jueves 11 de enero de 2018.

Raymundo Riva Palacio   

Corral tiene en sus manos una bomba para hacer explotar la candidatura presidencial del PRI

El caso abierto en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, es la explosión en las Torres Gemelas de Nueva York en cámara lenta. Comenzó hace 13 meses con una acusación contra él por un desvío de poco más de 14 millones de pesos para campañas electorales del PRI y se fue incrementando, en recursos para el partido en el poder y para personas de poder. El último gallo tricolor en ser desplumado fue Alejandro Gutiérrez, quien era alto funcionario del PRI y responsable en 2015 y 2016 del Proyecto Zafiro, utilizado por el entonces líder Manlio Fabio Beltrones, para diseñar la estrategia electoral en las elecciones de aquél año. La Policía Federal lo detuvo en Saltillo en diciembre, por petición del gobierno de Chihuahua, como parte del proceso contra Duarte. La detención le pegó a Beltrones, y al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Pero esta nueva novela de altos vuelos que tanto prometía, a los pocos días se apagó.

Beltrones declaró que era una infamia la acusación y tendrían que probar que Gutiérrez, realmente había hecho lo que dijeron que hizo. Hacienda también negó que se dedicara a distribuir dinero presupuestal a campañas políticas. No se podía esperar nada distinto, pero ante una defensa tan débil y un beligerante e intrépido gobernador de Chihuahua como Javier Corral, ¿por qué todo paró en seco? Si la convicción en el entorno cercano de Duarte es que el aliado de Corral en todo esto es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ahí se podría encontrar, al menos como hipótesis de trabajo, la razón sobre la súbita parálisis. ¿Se estaba comenzando a salir fuera de control?

Las acusaciones que ha formulado la Fiscalía contra Duarte tienen un patrón criminal: el ex gobernador ordenaba al ex secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, que dinero presupuestal fuera trasladado al PRI para ser utilizado en campañas electorales, y que se disfrazara bajo rubros distintos en diferentes dependencias. El caso escaló en diciembre con la captura de Gutiérrez, señalado de ser el ingeniero financiero del desvío de 250 millones de pesos en 2015, y que llevó todo a las más altas instancias del partido y el gobierno federal.

El tema dejó de ser local y pasó a ser federal. En la declaración ampliada de Herrera Corral señala que Gutiérrez (le) comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que, a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas, y requerían recursos”. La afirmación del ex funcionario chihuahuense refuerza los dichos del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sobre dos mil 500 millones de pesos que le habían dado dentro del presupuesto, destinados a campañas electorales –que decía haber usado para el PRI y Morena-, pero dejaba abierto el mecanismo que presuntamente utilizaron desde el partido en el poder y el gobierno mismo.

Pero el caso se detuvo en Gutiérrez, la más alta figura priista involucrada en un tema de presunto financiamiento ilegal de campañas, como si en ese momento se hubieran dado cuenta que el elefante en la sala podría empezar a ser visto. Para poder entender la trama, hay que observar cómo funcionaba el sistema de recaudación de fondos dentro del PRI, en el entendido de que el partido no se maneja de manera independiente a lo que se le indica en Los Pinos. Cada vez que el presidente en turno es priista, el partido juega más como una secretaría de Acción Electoral.

En ese sentido, Gutiérrez no era responsable único o final del dinero dentro del partido. Quien lo es, Luis Vega, había sido colocado en la Secretaría de Finanzas y Administración desde antes iniciar el gobierno del presidente Peña Nieto, por el entonces gobernador del estado de México. Vega llegó al PRI en 2011, directo del PRI mexiquense donde hacía una función similar. Hombre de absoluta confianza de Peña Nieto, durante años ha sido el responsable de recibir y administrar los dineros y las aportaciones –legales y aquellas que no fueran registradas-, para redirigirse hacia donde le indicaran. Ese nombramiento fue parte de los ajustes que realizó Peña Nieto pensando en el futuro. Otro estratégico Videgaray, a quien envió al Congreso para presidir la Comisión de Presupuesto, donde se encuentra el origen de algunas de las ampliaciones presupuestales a estados cuyos gobernadores han sido acusados de desviarlos a campañas priistas.

Si la acusación contra Gutiérrez es probada, será sólo un eslabón que conduzca a Vega Aguilar y al corazón del peñismo. Si esto continúa, salpicará también a Nuvia Mayorga, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que también ha sido uno de los conductos por donde llegan al PRI recursos para campañas, y es incondicional de Osorio Chong. Cercanos a Duarte comentaron que si Osorio Chong quiere saldar cuentas con el ex gobernador y los tecnócratas que le quitaron la candidatura presidencial, está acotado porque el financiamiento irregular al PRI, también lo mancha.

Corral tiene en sus manos una bomba para hacer explotar la candidatura presidencial del PRI y romper el blindaje que hasta hoy tiene Peña Nieto. La pregunta es si Corral es real, si actúa por convicciones más allá de sus fobias personales, o si sus supuestos compromisos con Osorio Chong lo limitarán. Si no fuera así, el proceso contra Duarte puede ser, de comprobarse las acusaciones, el final histórico del PRI.

Eje Central
Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México
Martes 9 de enero de 2018.


Raymundo Riva Palacio    


Roberto Borge, amigo del Presidente Enrique Peña Nieto, finalmente fue deportado de Panamá, a donde se refugió tras las acusaciones de corrupción durante su Gobierno en Quintana Roo. Antes, Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz que decía estar blindado porque más de dos mil 500 millones de pesos del erario trasladó a campañas electorales del PRI, fue deportado de Guatemala por presuntamente usar recursos públicos en beneficio propio y de sus cercanos. El siguiente es César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua, a quien acusa la Fiscalía estatal también de haber desviado dinero público para fines electorales. Este Duarte, que fue muy próximo a Peña Nieto al final de su mandato, tiene una curva de aprendizaje que no tenían sus anteriores colegas. El que quien creían su amigo no lo es, y la protección que esperaban tener, no existió. Más aún, en su entorno existe la convicción de que el Gobierno de Javier Corral recibió el apoyo de la Secretaría de Gobernación para hundirlo.

En el entorno de Duarte señalan que la Policía Federal actuó con una rapidez no vista antes en casos similares para detener a las personas que han declarado en contra del ex gobernador. Pero el principal respaldo, según su entorno, se dio con la actuación de la Fiscalía Especializada para los delitos electorales, que bloqueó los esfuerzos de la defensa de Duarte para evitar ser detenido. Según documentos del caso a los que se ha tenido acceso, la agente del Ministerio Público federal adscrita a la Fepade, Alicia Ortiz, giró un oficio donde le negó al ex gobernador que su defensa conociera del proceso, que pidió después de que el 30 de mayo pasado, tras enterarse por la prensa que se le investigaba, pidió que pudieran consultar la carpeta de investigación para defenderlo.  

En el oficio fechado el 22 de junio, Ortiz respondió que “no tenía datos de prueba que puedan corroborar la identidad del imputado a que hace referencia en su escrito, para tener por cierto que el escrito que promovió a su nombre sea la misma persona que dice ser, por lo que no hay certeza que el escrito haya sido suscrito por la persona de mérito y menos aún que sea su decisión que sea defendido por los abogados que se mencionan”. En otras palabras, le negó el derecho a tener representación legal, al rechazar y desconocer que César Duarte fuera César Duarte. El objetivo era obligar al ex gobernador a ir personalmente a la Fiscalía para acceder a la carpeta de investigación, algo que su defensa había dicho que no haría, amparado por la ley.

Sin conocer el expediente en su contra, según los documentos, Duarte se enteró por la prensa que el 30 de junio había una orden de aprehensión en su contra. Horas después llegaron a la casa de sus hijas en Huixquilucan, en el Estado de México, agentes federales para detenerlo. Ese domicilio era usado por Duarte cuando estaba en la Ciudad de México, y tiempo atrás los agentes la mantenían vigilada. No está claro con quién hablaron los agentes en el domicilio, pero el ex gobernador dijo en su declaración ampliada que fue informado “que dichos agentes comentaron que era necesario obtener una confesión aún en contra de su voluntad, lo que significa que, de privarlo de su libertad, lo incomunicarán y ejercerán actos de tortura o tormento en su contra para que reconozca su participación en hechos delictuosos y acepte responsabilidad en los mismos”.

Duarte niega toda imputación. Su defensa cuestiona las acusaciones del ex secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, que por órdenes de él se entregaron más de 14 millones de pesos de dinero en efectivo, procedentes de retenciones a trabajadores del Gobierno estatal, a Pedro Mauli Romero, ex secretario de Administración y Finanzas del PRI local, porque Duarte —alega su defensa—, no podía disponer de ningún recurso público. Este presunto delito es el primero que le fincó el Gobierno de Corral a su antecesor, el 5 de diciembre de 2016, al cual se le han venido sumando, de los mismos testigos, acusaciones y montos millonarios adicionales para los mismos propósitos.

Corral está decidido a ver en la cárcel a Duarte, y si la percepción de que su aliado es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es correcta, lo que viene es fuego. Al cumplir Corral con una de sus promesas de campaña, la hipótesis es, Osorio Chong golpeó al grupo que lo desplazó de la sucesión presidencial, y lastima a Manlio Fabio Beltrones, el líder del PRI en ese momento, con quien estaba enfrentado, y al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cabeza del equipo de donde salió la candidatura presidencial, donde la honestidad e integridad que tienen como atributos, quedaría horadada.

Percepción no es realidad, pero si el círculo de Duarte así lo ve, es porque el ex gobernador así lo cree y lo siente. Por eso, el antecedente de Roberto Borge y Javier Duarte, que sirvieron a Peña Nieto y a su proyecto de país y están en la cárcel. Quizás lo único positivo para César Duarte es que, al haber sido el último de esta lista, le permite analizar de manera distinta su lealtad con el Presidente, la realidad en el país que dejó, y buscar un santuario en el extranjero a cambio de información. Si eso sucede y empieza a hablar, lo que se ha visto hasta ahora, con todo lo que sabe, habrá sido un prólogo de novela rosa.

Eje Central
Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México
Lunes 8 de enero de 2018.

Raymundo Riva Palacio   

Las alas del Frente Ciudadano por México están cansándose y las señales son que no sobrevivirá el año. Los síntomas de lo que parece ser una enfermedad terminal lo reveló uno de los dos potenciales candidatos a la Presidencia por esa incipiente coalición, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien dejó entrever que dos de los tres socios en el Frente están pensando dejar fuera al PRD. Al responder una pregunta en el foro político organizado por El Financiero, sobre la posibilidad de que el PRD y Movimiento Ciudadano decidieran jugar con una candidatura conjunta excluyendo al PAN, Mancera sorprendió a todos con la respuesta. Lo que he escuchado, reviró, es que son ellos dos los que están hablando para aliarse sin el PRD, en la candidatura presidencial.

¿Han traicionado a Mancera y al PRD? El jefe de Gobierno capitalino eludió responder la pregunta. “La gente cambia de opinión”, respondió. ¿Por qué tendría que cambiar de opinión? Eso ya no abundó Mancera, pero con sus declaraciones ha establecido los términos de un eventual rompimiento. La primera señal fue cuando declaró hace ya casi un mes que el método de selección de candidato debía incorporar a los ciudadanos, que evolucionó a una postura más incisiva. “Ni imposición, ni dedazo”, ha dicho en dos ocasiones. Apurado a precisar a qué se refería, Mancera dijo que a una decisión cupular donde el candidato se decidiera en forma cupular de acuerdo con el peso electoral del partido. Es decir, que la candidatura fuera para Ricardo Anaya, el presidente del PAN.

Anaya y sus voceros han planteado en la mesa de negociación del Frente que así tiene que ser y que la candidatura sea para el partido que más posiciones políticas tiene en el país. El PAN gobierna 41 millones de mexicanos en 10 estados, además de encabezar casi 25% de las presidencias municipales. El PRD gobierna en cuatro entidades, pero ninguna de ellas se encuentra dentro de los seis estados con mayor peso electoral, salvo la Ciudad de México, donde a nivel delegacional y legislativo, perdió el control ante Morena en 2015.

La insistencia de los panistas a que el candidato se decida cupularmente motivó otra declaración de Mancera el martes, donde propuso que no sólo Anaya, sino cualquier otro candidato a la Presidencia, se sometiera a un examen de control de confianza —“para eliminar opacidad y dar certeza a los ciudadanos”, dijo Mancera—, al polígrafo, un examen médico, y que divulgue todos sus bienes patrimoniales —“para que después no vengan con sorpresas durante la campaña”, añadió el gobernador capitalino—. Esta declaración fue frontal contra Anaya, pero Mancera lo negó en el foro político, aunque insistió que debería ser una exigencia moral para cualquier candidato.

Anaya, que ha sido criticado en la prensa por operaciones inmobiliarias opacas y ha sido señalado de haber aprovechado cargos en la administración pública para beneficiar a su familia política, era el objetivo de las palabras de Mancera, pero no dio acuse de recibo. Tampoco envió ninguna señal a su socio electoral por haberse reunido el viernes pasado con Margarita Zavala, con quien se enfrentó Anaya hasta que renunció al PAN, y con Rafael Moreno Valle, el ex gobernador de Puebla que aspira a la candidatura presidencial. Sólo silencio ha recibido Mancera de Anaya. Un tratamiento similar ha sido aplicado también por el presidente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, el tercer socio de la coalición frentista.

La falta de reclamos no es una buena noticia sino todo lo contrario, pésima. Si las negociaciones estaban selladas con sangre e iban a ir juntos hasta que la elección los separara, la falta de reacción es muestra, pensando convencionalmente, de desinterés. Si dos de las tres partes muestran desdén, la revelación de Mancera que Anaya y Delgado pretenden dejarlo solo, explica por qué decidió provocar al líder del PAN con sus declaraciones. Si Anaya no le responde, cuando menos en privado, se puede argumentar que dejó de ser útil para sus fines. Sería algo típico de Anaya, cuya biografía política está salpicada de traiciones. Tampoco sería raro de Delgado, quien ha asumido un papel preponderante en las negociaciones del Frente, al mismo tiempo de intensificar su diálogo secreto con el Presidente Enrique Peña Nieto, y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Siguiendo con esta línea de argumentación, Anaya y Delgado tendrían razones para no seguir la coalición con el PRD y Mancera. La de Anaya está clara en cuanto al peso electoral del PAN, mientras que Delgado, cuyo Movimiento Ciudadano tiene poco peso electoral pero importante en la suma de votos, particularmente en Jalisco, la cuarta Entidad con mayor número de electores donde tienen gran presencia, la negociación bilateral le daría mejor rédito en posiciones políticas y presupuestos, que una trilateral donde su posición valdría menos.

Juntos, PAN y Movimiento Ciudadano, de acuerdo con la última encuesta presidencial publicada por El Financiero el lunes, tendrían 23% del voto, contra 27% del PRI y Morena. Anaya como candidato, se hundiría al tercer lugar, a más de 12 puntos del puntero, Andrés Manuel López Obrador. Aun así, ¿sería mejor para él jugar sólo con Delgado? Así parece. Nadie le reclamaría una actitud vertical y autoritaria como está haciendo Mancera, pues el incentivo que mueve a Delgado son posiciones políticas y recursos presupuestales. Dinero, no poder. Anaya ambiciona el poder. Mancera quiere a los ciudadanos. Eso no va con el negocio electoral de sus socios en el frente, que parece estar pasando al anecdotario.

Eje Central
Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México
Jueves 23 noviembre 2017.


Raymundo Riva Palacio

Las encuestas presidenciales, prácticamente todas, muestran dos tendencias: el PRI no va a ganar la elección en 2018, y el partido por el que menos votarían los mexicanos es el PRI. Si esta proyección es una mala noticia para el Presidente Enrique Peña Nieto, el que sea el mandatario peor evaluado desde que se miden los jefes del Ejecutivo en México desde hace un cuarto de siglo, la hace peor, pues lo convierte en un lastre para el candidato, no un activo. Adicionalmente a las malas noticias electorales para el Presidente, se suman la inflación de 7%, el alto costo del dinero con las tasas de interés más elevadas del mundo, y las dudas sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que frena inversiones e impacta en el tipo de cambio. No obstante, en Los Pinos creen que el PRI y a quien unja Peña Nieto como candidato, estará en la silla presidencial.

El golpeteo constante a los líderes del Frente Ciudadano busca minar su eventual candidatura presidencial.

No hay magia. La estrategia es clara. El golpeteo constante a los líderes del Frente Ciudadano busca minar su eventual candidatura presidencial, con la mira puesta en la polarización del electorado y que la disputa en 2018 sea parejera con Morena. El virtual candidato presidencial de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, quiere lo mismo. Peña Nieto y López Obrador quieren batirse como en el Estado de México, una lucha entre ambos donde sólo existan dos contendientes. Pero la apuesta de López Obrador, añadir a su voto antisistémico el de los inconformes, no es la misma que la de Peña Nieto y Los Pinos. La estrategia tricolor es ganar los primeros lugares en todos aquellos estados que se pueda, pero sobre todo, llevar al candidato del PRI siempre en el mejor segundo lugar en donde no gane.

Es decir, la estrategia es ser el mejor segundo lugar, donde la suma de todos esos votos le dé la victoria. Estos cálculos presuponen que ningún candidato del PRI sería suficientemente competitivo para derrotar a López Obrador, por lo que están diseñando un andamiaje electoral distinto, aprovechando la fortaleza territorial del PRI y la debilidad de Morena a nivel de estructura nacional. Morena es un partido que apenas obtuvo su registro en 2015, por lo que no hay un historial de voto suficientemente longevo para ver las tendencias de su electorado, ni amplio para analizar sus fortalezas y debilidades. En la actualidad, Morena es López Obrador, quien ha reducido sus negativos al tiempo de consolidar su base electoral. El PRI, en cambio, es lo suficientemente viejo para que el electorado aprecie más sus debilidades y fortalezas.

Como ilustración para explicar la estrategia priista, en las elecciones federales de 2015, el PRI tuvo una caída de más del 25% de su electorado y dejó de gobernar a 11 millones de mexicanos. Porcentualmente, el PRI dejó de gobernar a más de 50 millones de mexicanos en el país, como había sido hasta entonces. Es cierto que todos los partidos perdieron electores, pero ninguno como el PRI. Morena y Encuentro Social, los únicos que fueron a su primera elección, conquistaron casi cinco millones de votos, de los cuales, 70% fue de Morena. La tendencia de voto para el PRI ha tenido una caída sostenida de aproximadamente 45 grados; o sea, una inclinación clara, sin ser abrupta.

En los estados que son los principales campos de batalla electoral por densidad poblacional, las contiendas por las gubernaturas le han sido desfavorables al PRI en los tres últimos años. En Nuevo León fue arrollado dos a uno por el independiente Jaime Rodríguez, “El Bronco”. En Veracruz, Miguel Ángel Yunes ganó por clara diferencia, mientras que en Puebla la ventaja se amplió a más de 10 puntos. La Ciudad de México y Guanajuato tendrán elecciones concurrentes el próximo año, pero en ninguna de las dos gobierna el PRI y no se ve que pueda revertir la tendencia. Jalisco, que también tendrá elecciones el próximo año, es gobernado por el PRI, que ha perdido fuerza frente a Movimiento Ciudadano en los dos últimos años, y posiblemente pierda el Ejecutivo estatal. El PRI sólo gobierna uno de los estados donde se deciden las elecciones, el de México, donde superó por escasos tres puntos a Morena.

Sin embargo, en todas esas entidades salvo en la Ciudad de México, el PRI ocupa el segundo lugar. Es muy distante en algunos estados, como en Puebla, pero ahí supera casi cuatro a uno a Morena. En Veracruz avanzó formidablemente Morena en 2015, pero se desinfló en 2016. Morena dejó de ser competitivo en ese Estado del Golfo, y sólo mantiene su nivel en la Ciudad de México, donde su rival es el PRD, y en el Estado de México, donde tuvo ese avance por el desplome del PAN y una campaña tardía y acotada por presiones e intereses del PRD, cuyos dirigentes estatales estuvieron en convivencia con el PRI.

Vista fríamente la estrategia, aunque conservadora, es tácticamente inteligente. Pero para que esto pueda darse, se puede argumentar, se necesita que la contienda sea entre dos candidatos fuertes, por lo que una candidatura del Frente Ciudadano por México, no sería deseable para estos fines. Lo que mejor acomodaría para esta estrategia, sería que el PAN y el PRD presentaran candidaturas presidenciales individuales, para que el voto anti López Obrador no se dividiera en los estados clave para ganar la elección. Si esto es posible, como sucedió en el Estado de México, piensan que la victoria está a la mano para el candidato de Peña Nieto, cualquiera que este sea.

Eje Central
Ciudad de México
Raymundo Riva Palacio
Martes 14 noviembre 2017.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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