Hay una coyuntura propicia con la detención de Genaro García Luna en los EU


El gobierno del estado podría abrir una investigación en contra de Facundo Rosas Rosas, quien fue secretario de Seguridad Pública en el estado entre abril de 2013 y julio de 2015, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

La posibilidad surgió a raíz de la detención de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, y está acusado de vínculos con el narcotráfico, pues Rosas fue uno de sus colaboradores más cercanos.

De acuerdo con información de medios estadounidenses, García fue aprehendido el martes en Dallas, Texas, acusado de recibir sobornos de cárteles del narcotráfico.

Podrían abrir una indagatoria

Cuestionado sobre el tema, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta indicó que la aprehensión de Luna es muestra de que la lucha contra el narcotráfico que Calderón inició durante su sexenio, se trató de una farsa y que, por el contrario, el Cártel de Sinaloa fue favorecido por ese gobierno.

Dijo que no debe descartarse que su gobierno emprenda una investigación sobre Facundo Rosas Rosas, quien fue coordinador de inteligencia de la Policía Federal, y posteriormente fue nombrado subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos durante la gestión de Luna.

En Puebla, Rosas renunció como secretario de Seguridad Pública en julio de 2015, dos semanas después que el ex director de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, y el ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Tomás Mendoza Lozano, fueran detenidos por el Ejército Mexicano en el municipio de Tepeaca, por vínculos con ladrones de combustible.

Después de esta captura efectuada el 14 de julio de 2015, se puso al descubierto una extensa red de corrupción, conformada por Estrada López y diversos policías estatales, de la cual la entonces Contraloría del Estado y la Secretaría de Seguridad tenían pleno conocimiento, pero sin tomar cartas en el asunto.

Rosas también fue señalado por incurrir en violaciones graves a los derechos humanos de pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, en un operativo que realizó el 9 de julio de 2014 para dispersar una protesta social, hecho del que resultaron heridas más de medio centenar de personas y un niño de nombre José Luis Tehuatlie, fue herido de muerte.

Anteriormente, Barbosa Huerta indicó que también promoverá la reapertura del caso de Chalchihuapan, pues nunca hubo una sanción en contra de Facundo Rosas.

e-consulta
Patricia Méndez
Miércoles 11 de diciembre 2019.


Debe pagar por las persecuciones políticas que encabezó, dice el líder de la UPVA 28


Luego de que se dio a conocer la renuncia formal al cargo de fiscal general del Estado por parte de Víctor Carrancá Bourget, el líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (Upva) 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez "Simitrio", consideró que el exfuncionario debe pagar por las persecuciones políticas que encabezó desde su posición.

"Simitrio" señaló que políticamente la salida de Carrancá Bourget ya estaba definida, "lo único que le hacía falta era formalizarla, tal y como lo está haciendo ahora", pero consideró que su salida no debe ser limpia.

Recordó que desde la Procuraduría General de Justicia y posteriormente Fiscalía General del Estado, Carrancá Bourget encabezó una persecución contra él y sus hijos, con quienes estuvo preso en el Cereso de San Miguel.

"Simplemente hay que recordar que él, personalmente, en el Congreso de la Unión hizo señalamientos falsos en contra de nosotros (la Upva), por lo cual declaró la existencia de 127 averiguaciones previas".

Consideró que Carrancá Bourget deberá responder por esa y otras arbitrariedades, aunque dejó en manos del Congreso del Estado un posible juicio político en su contra, ahora que ya se está haciendo el trámite para buscar su reemplazo.

"El entonces procurador tiene que responder a esto, tanto legal como políticamente. En el terreno político es el Congreso del Estado el que debe decidir un juicio político y, jurídicamente, nosotros los ciudadanos, directamente afectados, tenemos que hacerlo de manera penal", señaló.

Sobre la posibilidad de que el actual encargado de despacho, Gilberto Higuera Bernal, pueda ocupar el cargo de fiscal, "Simitrio" prefirió no opinar pues dijo que él respeta nombramiento o destituciones que eventualmente puede hacer el gobierno.

e-consulta
Maribel Morillón
Ciudad de Puebla
Domingo 8 de diciembre de 2019.


“Ya no hay morenovallismo, ni construyo sobre escombro” dice el “teórico” expulsado del PAN

Marcelo García Almaguer, durante años incondicional de Rafael Moreno Valle, afirma que ya no hay morenovallismo ni morenovallistas, que el grupo desapareció después del 24 de diciembre de 2018.

Además, comenta, no hay ninguna posibilidad de que se reagrupen quienes colaboraron de cerca con el exgobernador, y que la muerte del que fuera su jefe político los llama a él y a los otros a sacar lo mejor de sí mismos.

En lo personal y en lo político, sostiene que a su salida del PAN encontró una metamorfosis personal y entendió que la gente manda y que ese partido enfrenta desorganización y una crisis de liderazgos.

García Almaguer confirma que busca la presidencia municipal de Puebla y niega que sea responsable del endurecimiento de las reglas para acceder a una candidatura por la vía independiente, mismas que se instauraron durante el morenovallismo.

¿Qué tan difícil ha sido transitar de un partido político a ejercer la política sin uno?

—Ha sido complejo, dentro de la propia estructura organizacional del Congreso, porque las reglas del juego están hechas para los partidos y no para un diputado que no tenga partido.

¿Qué mensaje envías a quienes han dicho que antes, como parte del grupo morenovallista, nunca señalaste esto y ahora sí?

—Todo ser humano necesita encontrarle sentido a la vida, un llamado, un propósito, para que puedas dejar algo útil o de bien a la gente; y yo lo que encontré a mi salida de Acción Nacional es una metamorfosis personal, un proceso de transformación en donde decidí que estar del lado de la gente se puede.

¿Permanecer en el PAN ya no era viable políticamente?

—El PAN cambió.

¿Se descompuso?

—Definitivamente hubo una desorganización y desalineación de la gente que integra el partido.

Desde la elección de 2018, y en la de 2019, Morena hizo una campaña para exacerbar el discurso contra el morenovallismo. ¿Qué tanto representa un obstáculo, un historial negativo?, ¿eso marca tu trabajo político?

—He tomado la decisión de no edificar con los escombros del pasado. Esto es una nueva forma de hacer política; es hacer política de la buena, ir con la ciudadanía y no meterte con los partidos políticos.

¿No te comprarías el mensaje si te señalan de morenovallista?, ¿que eres igual a lo que siempre representó el morenovallismo?

—Pues ya no existe el morenovallismo.

Hay detractores que te ven como un hombre que fue muy cercano a Rafael Moreno Valle y dicen que difícilmente puedes aparecer como alguien diferente...

—Bienvenida la crítica, soy muy respetuoso; lo que digo es que estoy actuando para la ciudadanía, trabajando para ellos, y aquí cada quien debe hacerse responsable de sus acciones.

Ese grupo político ya no existe y difícilmente se va a poder congregar. A lo que sí nos llama este evento, que fue un suceso, es que nos llama a sacar lo mejor de nosotros, y nos llama a la acción, no a lamentarnos o a pensar en el pasado, eso ya quedó atrás.

Si hay gente que piensa así, qué desatinado, porque el pasado no da soluciones al presente.

¿Qué tan fácil puede ser construir una carrera política sin el partido y sin el grupo?

—No es fácil, por supuesto, hay muchos obstáculos. Tomé la decisión de agarrar el camino largo.

¿En el camino al 2021, cuáles son los obstáculos más difíciles que deberás sortear?

—Estoy concentrado en mi agenda. Tengo un pie en la tribuna, que es promover los derechos de una nueva generación; y otro pie en la banqueta. Es la descripción del trabajo de un diputado.

¿Te sientes con calidad moral para seguir adelante con tu carrera política, ya sin el partido y el respaldo de un grupo?

—Tengo solvencia política. Soy una persona apasionada de la tecnología y que creo que Puebla puede generar un nuevo modelo basado en las nuevas plataformas; tengo preparación y mi formación no sólo es académica, sino también práctica y teórica. Entonces creo que tengo el perfil para lograr recuperar el orgullo de Puebla.

¿Te preocupa el golpeteo político?

—Bienvenido. Esto es política, de eso se trata.

¿Es imposible que no hubiera?

—Pues es como ir al futbol americano sin un casco; a eso vas.

¿Cómo ves a Gabriel Biestro como aspirante a la presidencia municipal de Puebla?

—Creo que el presidente de la Junta de Gobierno tiene un reto mayúsculo. Es una persona con un proyecto complicado en términos de una bancada que es multicolor y que pertenece a un grupo en el poder. Ese grupo debe dar resultados ante la ciudadanía y ahora debe enfocarse más en su actual trabajo.

¿Y Claudia Rivera para la reelección?

—Creo que ella tiene una parte partidista muy importante que cumplir, porque entiendo que los estatutos de Morena no permiten la reelección.

¿Ves en el PAN a alguien que pueda ser competidor por la presidencia municipal?

—Creo que hay muchos que quieren ser competidores.

¿Quiénes?

—Eso déjaselos a los militantes panistas.

¿Mario Riestra como posible aspirante?

—Veo como 10 o 15 que quieren, tienen sus cuadros, su doctrina y sus formas de hacerlo. Me abstengo de opinar.

¿Tú ya definiste una ruta, un trayecto; sí te interesa buscar la presidencia municipal de Puebla en el 2021?

—Correcto.

¿Qué tan difícil puede ser que llegues a ese punto?

—Muy complicado; nadie dijo que sería fácil.

¿De qué depende que se vuelva fácil o difícil?

—No es que sea fácil o difícil. La pregunta es si tienes proyecto y claridad de cuál es el curso a seguir, con quién te rodeas, si haces alianzas, si estás del lado de la gente o de los partidos políticos.

¿Tienes proyecto?

—Muy claro.

¿Hacia dónde?

—Tenemos 722 secciones en Puebla capital, y cerca de 17 meses para trabajar en torno a la presidencia municipal y lograr una candidatura sólida, y aquí lo más importante es rodearte de aliados, de mucha gente que tenga experiencia, que tiene talento y está desaprovechada y no ha encontrado salida para hacer la diferencia en la sociedad.

¿Te abrirías a la posibilidad de ser postulado por un partido?

—Creo que ahora no es el momento. Creo que tenemos que hacer un nombre, hay mucha piedra que picar y mi enfoque es generar confianza.

¿Hay condiciones en el 2021 para que un candidato independiente pueda ganar?

—Tenemos que generar las condiciones; soy creyente de que uno genera su propio futuro y su propio proyecto.

Hablando de las reglas, en una elección, para los independientes son todavía muy cerradas, ¿es posible revertir eso?

—Diría que los partidos necesitan oxigenarse, sangre nueva y voltear a ver a la ciudadanía. Veo que muchos han tomado en el discurso por lo menos ese rol, además de que viene un relevo generacional importante en la política, pero se les sigue marginando.

En los requisitos formales, el número de firmas para lograr el registro, ¿es posible modificarlo?

—Creo que, en el análisis, Puebla es el estado más engorroso y más tedioso para acceder a una candidatura independiente. Por eso presenté una iniciativa para que se reforme el código electoral y podamos tener, los ciudadanos, acceso y competir como si fuera un partido político.

En política atribuyen al morenovallismo el establecimiento de estos requisitos tan férreos para ser independientes, ¿te sientes responsable de eso?

—Pues no estaba en esa legislatura.

¿Qué opinas del ejercicio de gobierno de Claudia Rivera en el municipio de Puebla?

—Hay muchos retos. Es una ciudad compleja y entendemos que hay un equipo de trabajo que está en operación y en función en el Ayuntamiento; yo lo que puedo decir es que prefiero actuar desde mi trinchera a estar opinando del trabajo de un grupo de personas que tienen una encomienda delicada.

¿Los ciudadanos son los que deben pasarle cuentas a Claudia?

—Para eso son las elecciones.

El Popular
Francisco Rivas
Ciudad de Puebla
Viernes 6 diciembre 2019.


Tres constructoras investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera tienen direcciones inexistentes o inexactas en la ciudad de Puebla

Más de 741.6 millones de pesos captaron en los últimos siete años tres constructoras que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda relacionó con el ex diputado locales y federal Eukid Castañón Herrera, a quien solicitó congelar sus cuentas bancarias por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, las empresas tienen direcciones inexistentes o inexactas, según constató e-consulta a través de un recorrido realizado este martes.

Entre los contratos ubicados destacan la supervisión de obra y el aseguramiento de infraestructura de la segunda línea del Metrobús, así como del camino perimetral de la armadora Audi, en San José Chiapa, además del peritaje de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan.

Las empresas investigadas por Hacienda son Laboratorio de Ingeniería, Losflo Infraestructura y Geotecnia, Desarrollo e Infraestructura, ligadas además a dos particulares: Juan Fernando Márquez Vega y Octavio Inocente Márquez Vega.

Logran múltiples contratos

De acuerdo con una revisión en la plataforma pública Compranet, las tres constructoras lograron 46 contratos con el gobierno de Puebla y con la administración federal, entre 2012 y 2018, los cuales representan 741 millones 622 mil 66 pesos.

La empresa Laboratorio de Ingeniería S.A. de C.V. es la que registra el mayor monto, con 420 millones 441 mil 640 pesos.

Posteriormente sobresale la firma Geotecnia, Desarrollo e Infraestructura S.A. de C.V, con 262 millones 993 mil 616 pesos, y en tercer sitio Losflo Infraestructura S.A. de C.V., con 58 millones 186 mil 810 pesos.

Desconocen en dirección a empresa

Laboratorio de Ingeniería S.A. de C.V., que registra 20 contratos por 420.4 millones de pesos, tiene como domicilio fiscal la 22 Sur 3510, en la colonia El Mirador de la capital de Puebla, sin embargo, en esa dirección no reconocen a la empresa.

La tarde de este martes, e-consulta acudió al sitio que tiene la fachada de un domicilio particular, con cámaras de seguridad en su acceso, pero la persona que atendió la puerta indicó que desconocía alguna actividad comercial.

Entre los contratos que logró Laboratorio de Ingeniería se encuentran la supervisión y control de obra de la segunda línea del Metrobús, por 12 millones 34 mil pesos. El proyecto fue puesto en marcha durante la administración de Rafael Moreno Valle con más de dos meses de retraso.

Por 22 millones de pesos también sobresale la construcción de un centro de salud en la comunidad de Alcomunga en el municipio de Ajalpan. Así como colectores sanitarios en la barranca San Diego en la capital del estado, también por 22 millones.

Aunque el costo fue menor, pues este alcanzó 3.6 millones de pesos, destaca la supervisión del camino perimetral de Audi.

La empresa también se hizo de siete contratos con Caminos y Puentes Federales (Capufe) que representaron 259.1 millones de pesos. Algunos de estos se realizaron en las autopistas Ciudad Mendoza-Córdoba, Cuernavaca-Acapulco, Tijuana-Ensenada y México-Puebla.

La dirección no existe

Geotecnia, Desarrollo e Infraestructura S.A. de C.V. reporta obras por 262.9 millones de pesos. Su domicilio fiscal se reporta en la privada 14 Poniente A 5510, pero este es inexistente.

El contrato más alto que obtuvo la empresa fue para la remodelación del Estadio de Béisbol Hermanos Serdán, que costó 67.7 millones de pesos.

Entre las contrataciones estatales también destaca la sustitución del hospital comunitario de 12 camas que se encuentra en el kilómetro 12.5 de la carretera Amozoc-Oriental, por 36.1 millones de pesos.

En el ámbito federal, destaca una contratación por 53.5 millones de pesos para construir el paso superior vehicular del Libramiento Poniente de Tampico, contrato que estuvo a cargo de Capufe.

Realiza mantenimiento de centros de salud

En el caso de Losflo Infraestructura S.A. de C.V., logró 20 contratos por 58.1 millones de pesos. Su dirección está en avenida Moratilla 2 en Moratilla, pero como ocurrió en el primer caso, en el sitio desconocen su actividad.

Entre sus contratos destaca uno por 18.7 millones de pesos para dar mantenimiento a centros de salud en San Salvador El Verde, San Nicolás de los Ranchos, Tepatlaxco, San Martín Texmelucan y Juan C. Bonilla.

Al acudir a una cuarta empresa, Solución Total Consultores, en la 9 poniente 2921, se aseguró que las tres empresas no son propiedad de Castañón, sino de Juan Fernando Márquez Vega y Octavio Inocente Márquez Vega, quienes tienen una relación de amistad con el ex diputado panista.  

Las cuentas de Castañón aún permanecen bloqueadas

De acuerdo con el equipo del también exdiputado federal, sus cuentas bancarias sí fueron bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y hasta este martes permanecían en ese estatus, pese a la suspensión definitiva que le otorgó el Juzgado Cuarto de Distrito, el pasado 31 de octubre.

e-consulta
Patricia Méndez
Ciudad de Puebla
Martes, Noviembre 5, 2019.


Exigía 100 mil pesos por caso, presidente del Tribunal de Arbitraje de Puebla

El pago lo realizó la abogada para que el magistrado no congelara sus más de 60 casos de ex trabajadores que fueron despedidos injustamente durante el sexenio de Rafael Moreno Valle.
   

Tras imputarle los delitos de extorsión y abuso de autoridad en agravio de una abogada, un Juez de Control ordenó prisión preventiva para el presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado, José Luis Ayala Corona, quien fue detenido el miércoles por los elementos de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

Lo anterior lo determinó durante una audiencia que se llevó a cabo en la casa de Justicia de Puebla, donde el agente del Ministerio Público narró que la orden de aprensión de José Luis Ayala Corona derivó de la denuncia de Jackeline, quien fue extorsionada con 150 mil pesos.

De acuerdo con las diligencias, señaló que el pago lo realizó la abogada para que el magistrado no congelara sus más de 60 casos de ex trabajadores que fueron despedidos injustamente durante el sexenio de Rafael Moreno Valle y no hiciera retenciones de impuestos infundados a sus clientes mediante la Secretaría de Finanzas.

En la misma audiencia, el representante social reveló que dicha acusación de Jackeline está asentada en la carpeta de investigación 465/2019/FECC, la cual servirá para la vinculación a proceso.

Sin embargo, el abogado del presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado solicitó el plazo de 144 horas para aportar pruebas a favor de su cliente.

Mientras tanto José Luis Ayala Corona estará preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de san Miguel, en lo que se lleva a cabo la segunda audiencia, donde el Juez de Control determinará su situación legal.

Cebe recordar que el magistrado fue asegurado la noche del miércoles por los elementos de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción cuando se encontraba trabajando en su oficina, en la Colonia Azcárate de la capital poblana.

Asimismo, los agentes aseguraron el inmueble de José Luis Ayala Corona bajo la carpeta de investigación 465/2018/UECC para futuras diligencias.

Exigía 100 mil pesos por caso, presidente del Tribunal de Arbitraje de Puebla

José Luis N. fue enviado al penal de San Miguel en espera de que se resuelva si será o no vinculado a proceso

José Luis N, presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, es acusado de exigir 100 mil pesos por cada asunto que llega a sus manos. En esta ocasión, la víctima fue una abogada a la cual le habría solicitado dicha cantidad, por expediente, para así liberar los cheques de más de 60 trabajadores del Estado despedidos entre 2011 y 2017.

Durante la audiencia celebrada en las últimas horas, en la sala 16 del Centro de Justicia Penal de Puebla y en la cual estuvo presente este medio, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, señaló que la agraviada Jaqueline N., el pasado 3 de septiembre a las 21:30 horas, presentó denuncia en contra del magistrado José Luis, por los delitos de abuso de autoridad y extorsión.

La litigante, según consta en la carpeta de investigación número 465/2019, refiere que ella cuenta con más de 60 casos radicados en el Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, de los cuales, la mayoría ya se encuentra en la etapa de ejecución mediante amparos directos e indirectos, es decir, que ya están listos para que les paguen a los denunciantes.

Por lo anterior, el 28 de junio a las 11 horas, Jaqueline junto con su pasante se encontraba en el referido Tribunal con domicilio en la calle 20 Sur, número 902 de la colonia Azcarate.

No obstante, el día 4 de julio de 2019, fecha en la que se cobraría el cheque de uno de los afectados, José Luis N, se acercó a la abogada Jaqueline para preguntarle si deseaba contribuir con donativo o incentivo de 100 mil pesos por cada asunto, ya que así era con todos los litigantes tanto en el Tribunal de Arbitraje como en las Juntas Especiales.

A decir del Ministerio Público, la abogada cuestionó que si ella no accedía a tales peticiones, qué pasaría, a lo cual, José Luis presuntamente respondió amenazándola, diciéndole que si no lo hacía, él podía bloquearla en Finanzas para que no le pagaran, pero además, le aplicarían descuentos de ISR, se perdería su expediente entre otras deducciones.

Pese al amago de José Luis, la litigante se negó a darle dicho dinero, por lo que con posterioridad, notó que el cheque de una de sus clientas llegó con el descuento de 256 mil pesos, sin que se especificara o sustentara tal acción.

Aunque la abogada preguntó a otros trabajadores del Tribunal de Arbitraje sobre dichos descuentos, todos coincidieron en decir que lo checara con “El manitas Ayala”, es decir, con José Luis, quien el pasado 11 de julio, se llevó hacia sus oficinas hoy selladas, a Jaqueline, a la cual le dijo que dejara de “lloriquear”, que si ya había pensado mejor las cosas, pues él le podía poner fecha a sus asuntos. Tras verse acorralada, la abogada cedió, y al final, en dos entregas, una de 100 y otra de 50, la litigante acabó por entregarle al funcionario un total de 150 mil pesos.

No obstante, para el detenido, lo anterior no fue suficiente ya que le dijo a la hoy denunciante, que ya le debía 300 mil pesos, ante lo cual, cada ocho días podía darle 50 mil pesos, recordándole que sus asuntos estaban en sus manos.

Fue así como a través de mensajes de WhatsApp, la litigante recibió dos cuentas bancarias a las cuales podía depositar o transferir el dinero de la extorsión, entre ellas, una que a decir de la representación social, aparecía como beneficiaria Raquel N., secretaria general del Tribunal de Arbitraje.

Aunque algunos cheques liberados a favor de los representados de Jaqueline salieron sin deducciones, al final, después de que la mujer no pudiera dar más dinero de su bolsillo, los cheques siguieron llegaron con descuentos, en este caso, un cheque de más de un millón de pesos, reflejó una deducción de 118 mil pesos, lo cual ya no toleró Jaqueline, por lo que ésta optó por hablar a solas con el magistrado presiente del Tribunal, pero ahora con la posibilidad de grabarlo.

En este sentido, durante su declaración previa ante el agente del Ministerio Público, la mujer aseguró que el funcionario no solo la amenazó de muerte, sino que también le dijo que la verdad, él creyó que lo despedirían con la llegada de la nueva administración por lo que debía aprovechar, además de que él era muy influyente y mucha gente le debía favores, por lo que no le podían hace nada en caso de que ella decidiera acusarlo. Incluso, el detenido la noche del pasado 18 de septiembre, resaltó que él no podía salir manchado ya que nunca firma los acuerdos, siendo otra persona la que los firma.

Por todo lo anterior, a José Luis N, se le imputaron los delitos de abuso de autoridad y extorsión, en agravio de la sociedad así como de Jaqueline. Además de que el juez de la causa le impuso la medida cautelar de prisión preventiva necesaria, por lo que fue enviado al penal de San Miguel en espera de que en una segunda audiencia se resuelva si será o no vinculado a proceso, ya que el acusado por medio de su equipo de defensa, solicitó duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se resuelva su situación jurídica.

Milenio
El Sol de Puebla
Andrés Sánchez Pastén
Paulina Gómez
Ciudad de Puebla
Sábado 21 de septiembre de 2019.


Ayer, el gobernador dijo que tenía confirmado que 100 millones de pesos correspondientes al programa de apoyos para damnificados fueron desviados y malversados


El gobernador Miguel Barbosa reveló que del millonario seguro contra desastres naturales que contrataron los gobiernos panistas que lo antecedieron, únicamente se obtuvieron 200 millones de pesos, pero nada de ese dinero se usó para reparar los daños que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Al cumplirse dos años del siniestro, el mandatario morenista aseguró que todas las corruptelas que se cometieron serán investigadas y se fincarán responsabilidades a los exfuncionarios involucrados en el desvío.

En su último informe de gobierno, el fallecido Rafael Moreno Valle reportó que en 2015 se pagaron 18 millones 320 mil dólares para el pago de la póliza de un seguro contra desastres naturales.

Luego, tras el sismo de 2017, el entonces gobernador Antonio Gali Fayad dijo que ese seguro contratado con Banorte tenía una cobertura de 30 millones de dólares.

En rueda de prensa, este jueves, Barbosa sostuvo que la información con la que cuentan es que, tras el pago del deducible para hacer válido el seguro, en el gobierno de Gali Fayad, sólo quedaron poco más de 200 millones de pesos.

Y dijo que más adelante revelaría en qué se gastó esa cantidad de dinero, pero de antemano señaló que no se utilizó para nada relacionado con la reconstrucción de los daños causados por el sismo, pese a que Puebla fue una de las entidades más afectadas a nivel nacional.

De igual manera, mencionó que se investigan desvíos de recursos en los que incurrieron funcionarios de la pasada administración, como es el caso del actual diputado local Gerardo Islas Maldonado, quien en ese entonces fungía secretario de Desarrollo Social e impulsó el programa “Hagamos Hogar”.

Ayer, el gobernador dijo que tenía confirmado que 100 millones de pesos correspondientes al programa de apoyos para damnificados fueron desviados y malversados, por lo que ya está en marcha una investigación para levantar cargos a los responsables.

En Puebla, abundó, el avance general de reconstrucción de los daños causados por el temblor de hace dos años, apenas alcanza un 20%, debido a los desvíos y corruptelas que se cometieron.

En un acto realizado en Atlixco, Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que la Secretaría de la Función Pública realiza tres auditorías a los programas de reconstrucción de viviendas, entrega de tarjetas Fonden y la gestión de los recursos para damnificados por el sismo en Puebla.

El funcionario federal dijo que se trabaja para recuperar el tiempo perdido en los gobiernos pasados, donde los recursos no llegaron a los verdaderos afectados por el siniestro que afectó casi a 30 mil viviendas, más de 2 mil escuelas y casi 700 edificios históricos en Puebla.

Indicó que, en una evaluación realizada a través de encuestas, encontraron que casi 40% de las familias recibieron el apoyo del gobierno, pero de forma incompleta, además de que una de cada 10 familias damnificadas, pese a haber sido censadas, nunca recibió el apoyo. Además, agregó, la asistencia técnica a los afectados fue escasa y tardía.

Meyer Falcón explicó que las irregularidades en los reportes obligaron al gobierno federal a censar nuevamente a los damnificados, no sólo en Puebla, sino en todas las entidades afectadas.

Este año, precisó, se llevarán a cabo 7 mil 817 acciones, que implican una inversión de más de 4 mil millones de pesos para la reconstrucción de Puebla, aunque reconoció que sólo se tiene un avance de 20% en ese programa. Sólo se han rehabilitado totalmente 400 escuelas de las 2 mil afectadas, detalló.

Proceso
Gabriela Hernández
Viernes 20 de septiembre 2019.


Amenazas, engaños y falsos ejidatarios en el despojo de 680 hectáreas de terrenos

El gobernador avaló compras de 80 mil pesos por hectárea y reventa por más de 2 millones de dólares.

Piden a la Fiscalía del Estado intervenir las cuentas de Moreno Valle y Martha Erika hasta aclarar los atracos.
 

La organización civil Puebla Contra La Corrupción y la Impunidad (PCCI) solicitó formalmente al Congreso local y a las instituciones del Sistema Estatal Anticorrupción, que investiguen los posibles actos de corrupción que se cometieron durante el morenovallismo en torno a la construcción de la plataforma de Audi y de Ciudad Modelo.

Gerardo Navarro y Enrique Cárdenas, a nombre de PCCI, entregaron en cada una de las instituciones un ejemplar del libro “La Trama Audi, componendas de un gobierno autoritario”, así como un oficio de solicitud de intervención para indagar los posibles actos de corrupción que son detallados en la investigación llevada a cabo por el periodista Sergio Mastretta y la ingeniera María Eugenia Silva.

Además del Congreso del Estado de Puebla, los documentos se entregaron en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; la Auditoría Superior del Estado de Puebla; la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Puebla; la Secretaría de la Función Pública y el Consejo de la Judicatura.

Igual, la solicitud para que se investigue este caso fue llevado al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla; así como a las sedes de la Procuraduría Agraria Nacional y el Registro Agrario Nacional.

El libro “La Trama Audi, componendas de un gobierno autoritario”, puso al descubierto principalmente la operación que se llevó a cabo en el sexenio de Rafael Moreno Valle para la compra-venta de los terrenos en los que se instaló la planta automotriz de Audi en el municipio de San José Chiapa.

La investigación, realizada en colaboración con PCCI, documenta que en una operación “inusualmente rápida”, de la cual tuvo conocimiento la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y la Dirección de Tenencia de la Tierra de Puebla, seis particulares, entre ellos dos servidores públicos, se convirtieron en ejidatarios y fueron los vendedores de los predios en los cuales se asentó la planta Audi.

Esos mismos funcionarios, habían participado como gestores del gobierno estatal para convencer a los ejidatarios y particulares propietarios sobre la venta de las 680 hectáreas, de las cuales, en 460 hectáreas se instaló la planta automotriz.

Mientras que, a los auténticos dueños de los terrenos, se les pagó entre 80 y 90 mil pesos la hectárea, a los seis compradores intermediarios, entre ellos a los dos funcionarios estatales, el gobierno de Puebla les compró esos terrenos en un promedio de 523 mil pesos la hectárea.

Luego, las 460 hectáreas que requería Audi para instalar su planta armadora, fueron vendidas en 2 millones de dólares, unos 30 millones de pesos al tipo de cambio de 2013, es decir, en alrededor de 65 mil pesos por hectárea.

Además de esta operación, el libro da cuenta de cómo, para consumar la llegada de la empresa germana y la construcción de la Ciudad Modelo, se usaron “procesos de poder autoritario” materializados en el control absoluto de las instituciones públicas en un marco de opacidad, violaciones a la autonomía municipal, manejo de información privilegiada en beneficio de unos cuantos y un aumento exponencial de la deuda pública, entre otras presuntas irregularidades.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mex.
Miércoles 11 de septiembre de 2019.


•    Desaparecerán más de 3 mil acuerdos de reservas de información aprobadas en anteriores administraciones.

•    Obras de arte sustraídas de museos del Centro Histórico durante el gobierno de Moreno Valle para exhibirlas en el Museo Internacional Barroco, volverán a sus lugares.

•    Se reinstalará la Casa del Escritor, cerrada durante la administración morenovallista.

Puebla. - Por mayoría, el Congreso de Puebla aprobó una reforma al Código Penal del Estado propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, la cual permitirá indultar a los presos políticos del morenovallismo, así como a mujeres encarceladas por abortar, entre otros.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, aseguró que esta reforma, la cual sólo amplía las facultades que ya tenía el titular del Poder Ejecutivo, les dará una oportunidad de salir libres a quienes están injustamente detenidos.

La modificación legislativa en materia de indulto indica que el gobernador podrá concederlo a personas indígenas, mayores de 70 años, quienes padezcan una enfermedad terminal, que haya realizado acciones en beneficio de la comunidad, mujeres con penas menores de cinco años, por perspectiva de género o que estén presos por delitos de carácter político.

Biestro precisó que con esta reforma se beneficiarán indígenas que ni siquiera fueron juzgados en su lengua, y otros casos donde se violaron los derechos humanos.

La diputada Vianey García Romero mencionó que tan sólo en 2015, en el gobierno de Rafael Moreno Valle, se denunció la existencia de 241 presos políticos en Puebla, casi la mitad de los 500 que se reportaron a nivel nacional.

García Romero aseguró que se trata de personas que defendieron el medio ambiente, su territorio, o que se opusieron a alguna acción gubernamental.

La legisladora morenista lamentó que los diputados del PAN se opusieran a esta reforma sólo para ocultar la represión contra los pobladores en las administraciones de Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

A su vez, la diputada Nora Merino Escamilla señaló que con esa reforma se garantiza la justicia para las personas encarceladas por delitos de origen político y cuyos derechos humanos fueron violentados.

En tanto que la diputada María del Carmen Cabrera Fernández refirió que el indulto sólo será aplicable en asuntos no graves y que no requieran prisión oficiosa.

La panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, al sustentar el voto de su fracción, argumentó que Barbosa y Morena buscan lucrar con el tema de los presos políticos, pues el indulto ya está contemplado en la legislación poblana.

Al final, la propuesta fue aprobada con 32 votos a favor, cuatro votos en contra de la bancada del PAN y la abstención del perredista Armando García Avendaño.

El gobernador Barbosa Huerta anunció que se creará un consejo para determinar cuáles presos políticos se beneficiarán con el indulto aprobado este lunes.

Anuncia Barbosa transparencia

El gobernador Miguel Barbosa anunció que en los próximos días transparentará la deuda total del estado y emitirá un decreto para desaparecer más de 3 mil acuerdos de reservas de información aprobadas en anteriores administraciones.

En entrevista, afirmó que este jueves la secretaria de Finanzas y Administración, María Teresa Castro Corro, revelará a cuánto asciende el monto real de la deuda en Puebla.

También este día el secretario de Cultura, Julio Glockner Rossainz, informó que regresarán a sus lugares de origen las obras de arte sustraídas de museos del Centro Histórico durante el gobierno de Moreno Valle para exhibirlas en el Museo Internacional Barroco.

El funcionario explicó que esa medida es parte de un programa para fortalecer cultural y turísticamente al centro de Puebla, igual que la reinstalación de la Casa del Escritor, cerrada durante la administración morenovallista.

Proceso
Gabriela Hdz.
Ciudad de Puebla
Lunes 9 de septiembre 2019.


Fue el viernes cuando la Comisión Inspectora del Poder Legislativo pidió a la ASE que audite una treintena de proyectos


Más de 21 mil 834 millones de pesos representan las 32 obras de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad que el Congreso local pidió auditar ante la presunción de irregularidades en su ejecución.

Fue el viernes cuando la Comisión Inspectora del Poder Legislativo pidió a la Auditoría Superior del Estado (ASE) una nueva revisión toda vez que el 60.3 por ciento de los proyectos realizados en esas gestiones no fueron auditados.

Los diputados indicaron que los casos se concentran en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT).

Revisarán obras millonarias

La suma de recursos invertidos en esos proyectos asciende a 21 mil 834 millones de pesos, cantidad que equivale a la cuarta parte del presupuesto estatal para 2019, que asciende a 90 mil millones.

El Museo Internacional Barroco fue el proyecto más caro construido durante el sexenio de Rafael Moreno Valle a través de un esquema de Asociación Público Privada (APP), el cual compromete al estado a pagar 7 mil 280 millones de pesos a lo largo de 23 años.

Las plataformas de la armadora Audi en San José Chiapa costaron 5 mil 79 millones 315 mil 613 pesos. El proyecto se pactó desde el 30 de noviembre de 2012, con un periodo de pago de 180 meses, por lo que concluye en el 2028.

Para la segunda línea del Metrobús se destinaron 1 mil 565 millones de pesos y para la Ciudad Modelo de Audi otros 1 mil 500 millones.

Con mil millones de pesos destaca el Tren Turístico Puebla-Cholula, que incluyó también la rehabilitación de monumentos históricos y vialidades.

Las ciclovías que fueron construidas durante el gobierno de Moreno Valle en los bulevares Esteban de Antuñano, Hermanos Serdán, Atlixcáyotl, así como la que va de Ciudad Universitaria al Centro Histórico de la capital, requirieron 808 millones de pesos.

Los diputados también revisarán los arcos de seguridad instalados en Altepexi, Atlixco, Cuapiaxtla de Madero, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Palmar de Bravo, con un presupuesto de 681.9 millones de pesos.

La auditoría también contempla la remodelación del Estadio Cuauhtémoc, la Estrella de Puebla y el Teleférico, en los que el gobierno de Moreno Valle invirtió 566.5, 400 y 531 millones respectivamente.

En materia de salud destacan tres hospitales del Niño Poblano, de la Mujer y de Cholula, que representaron 408, 204 y 496 millones de pesos.

Con menor presupuesto está el Ecoparque Metropolitano, por 157 millones de pesos; el Museo de la Evolución de Tehuacán, por 114 millones; así como una galería en el exhospital psiquiátrico de Cholula, a la que se destinaron 107 millones.

De la gestión de Gali Fayad, sobresale la remodelación de la Avenida Juárez, que tuvo un costo de 107.3 millones de pesos.

e-consulta
Patricia Méndez
Domingo 8 de septiembre de 2019.


Fueron elegidos 16 consejeros nacionales y 100 estatales del Partido Acción Nacional

Sin que se diera a conocer el número de sufragios y con fallas electrónicas en el sistema de votación que hicieron que se atrasara hasta una hora la elección, fueron electos 16 consejeros nacionales y 100 estatales del Partido Acción Nacional (PAN), en el que destaca con ambos cargos la dirigente estatal, Genoveva Huerta Villegas.

Los 16 consejeros nacionales son: los exdirigentes estatales Rafael Micalco y Juan Carlos Mondragón, el exlegislador Mario Riestra, además de Ricardo Cardoso, Daniel Solís, Cirilo Gallardo, Javier Medina junto Guillermo Velásquez.

Además de Huerta, las mujeres que serán representantes en Acción Nacional son las exdiputadas, Rocío Nava junto con Blanca Jiménez, además de la diputada federal, Verónica Sobrado, así como Lidia Flores, Antonieta Romero, Yolanda Rodríguez y Violeta Reyes Blanco.

En este proceso quedaron fuera la legisladora local Mónica Rodríguez Della Vecchia; la exdiputada Leonor Popocatl; el ex síndico del ayuntamiento de Puebla, Luis Olmos Pineda; y Pablo Rodríguez Regordosa.

La atropellada elección se realizó en el salón Country Club con más de una hora de retraso, debido a que se reportó que algunas de las computadoras tenían fallas y que excluía a candidatos de este proceso interno. Por esta situación, la delegada del PAN, Cecilia Romero tuvo discusiones con los exdiputados locales, Pablo Rodríguez, Mario Riestra, Humberto Aguilar, Blanca Jiménez.

Eligen en el PAN a 16 consejeros nacionales y 100 estatales

Los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla eligen a sus 16 consejeros nacionales y a sus 100 estatales, representantes que se encargarán de definir a los candidatos a los diferentes puestos de elección popular para los comicios del año 2021.

Durante la jornada que se realiza en un salón social ubicado en la colonia San Manuel, al sur de la capital del estado, algunos de los militantes reportaron fallas en el sistema electrónico de votación.

La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Puebla, Genoveva Huerta Villegas, resaltó la participación de los militantes para conformar al Consejo Estatal y nombrar a los consejeros nacionales.

“Nombramos a 100 consejeros estatales y a 16 consejeros nacionales. Es por paridad, 50 hombres y 50 mujeres en el caso del consejo estatal; y a ocho mujeres y a ocho hombres, como consejeros nacionales”, apuntó Huerta Villegas.

En entrevista, la dirigente estatal del PAN explicó que es la primera vez que se presenta una votación electrónica para nombrar a los consejeros y resaltó que el ejercicio contó con la vigilancia de Cecilia Romero, quien fue enviada como delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN a Puebla.

“Renovamos tanto a los consejeros estatales como a los consejeros nacionales. Me da mucho gusto la gran participación de los militantes. Regularmente, eran muy pocos los que podían registrarse y hoy tenemos a una gran cantidad de hombres y mujeres para formar parte de estos órganos”, comentó.

Respecto a las fallas que reportaron militantes panistas y el retraso de una hora, Huerta Villegas resaltó que se reinició el sistema de votación y se solucionaron las complicaciones que se presentaban.

Milenio
Karen Meza
El Sol de Puebla
Ciudad de Puebla
Domingo 8 de septiembre de 2019.

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