El huachicol es una de las herencias negras que deja el PAN y Moreno Valle a Puebla, señaló el abanderado priísta.


Tehuacán. - El candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Doger Guerrero, señaló que el Partido Acción Nacional (PAN), así como el exgobernador Rafael Moreno Valle heredan el huachicol y la delincuencia en Puebla.

Señaló que el huachicol es una de las herencias negras que deja Moreno Valle y que en la actualidad distingue a la entidad, junto con Guanajuato, como los estados con mayor robo de combustible en el país, es por eso que “el PAN sólo se come”, afirmó.

Puntualizó que ante esta situación se busca que la zona conocida como El Triángulo Rojo se vuelva verde, por lo virtuoso, al ser un área de siembra; sin embargo, se enfrentan a candidatos como el de Quecholac del partido de Pacto Social de Integración (PSI), que es palero del exgobernador, que es familiar de un huachicolero.

Doger Guerrero dijo que la región de Tehuacán es la más violenta y pobre de Puebla, tan sólo el robo de vehículos aumentó en un 150 por ciento y el hurto común en un 57 por ciento durante el año pasado.

Manifestó que esta zona concentra el 18 por ciento de todos los casos de feminicidios registrados en la entidad durante el 2017. En cuanto a la pobreza, expresó que hasta el 70 por ciento de población vive en esta situación o en pobreza extrema, además de que la quinta parte carece de acceso a la educación, vivienda, servicios básicos y alimentación.

Señaló que pese a todavía no arrancar las campañas electorales hay un empate técnico entre los aspirantes a la Casa Puebla; sin embargo, las encuestas que colocan a la candidata de la alianza Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso Hidalgo no son serias y sólo reflejan que el Moreno Valle la quiere impulsar “al infinito y más allá”.

Puntualizó que las encuestas no hacen ganar elecciones, así como tampoco bardas, espectaculares o pegotes en el transporte público.

El Popular
Yomara PACHECO
Tehuacán, Puebla, México
Martes 17 de abril de 2018.


De nueva cuenta, una campaña de llamadas a celulares se desató desde el jueves en esta entidad, con mensajes grabados en los que se hace referencia al pasado marinista de los candidatos al Senado de la coalición Juntos Haremos Historia.

“Marinistas que hundieron a Puebla hoy son candidatos de Morena”, dice una voz de mujer apenas la persona contesta la llamada proveniente del número 55 3686 6580, que en algunos celulares aparece como procedente de Brasil.

Luego se escucha la voz de la candidata Nancy de la Sierra, segunda fórmula al Senado por la coalición formada por Morena, PES y PT, quien reconoce que el “góber precioso” fue testigo en su boda.

“¿Fue testigo de mi boda? Sí fue testigo de mi boda, me casé siendo diputada con un diputado y él era el gobernador y es un honor que un gobernador sea tu testigo de boda”, dice la expriista.

Y vuelve la voz de la mujer, quien advierte: “No permitas que Puebla retroceda y ponga en riesgo el futuro de tus hijos”.

Como ocurrió en enero, cuando las llamadas aseguraban que el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, entregaría el petróleo de México a los rusos, entre jueves y viernes fueron miles los poblanos los que recibieron las llamadas.

Cabe señalar que a principios de esta semana se dieron a conocer diversas encuestas electorales que marcan una clara ventaja de los candidatos al Senado de Juntos Haremos Historia, Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra, sobre sus oponentes más cercanos Mario Riestra y Nadia Navarro, de “Por Puebla al Frente”.

Esas mismas encuestas indican un empate técnico entre el candidato Luis Miguel Barbosa, postulado por Morena, PES y PT, y la candidata de “Por Puebla al Frente”, Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, cuando aún las campañas del proceso local no arrancan.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 13 de abril de 2018.


Desde 2013, se han registrado cinco asesinatos contra alcaldes poblanos en funciones; el último ocurrió este jueves en pleno proceso electoral, pues fue ultimado José Efraín García García, alcalde de Tlanepantla.

El homicidio más antiguo del que se tiene conocimiento, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, fue el de José René Garrido Rocha, quien en 2013 era presidente municipal de San Salvador El Verde, cuando fue asesinado en su domicilio durante lo que se tipificó como un intento de robo.

El 2 de agosto de 2016, durante un intento de robo, falleció José Santa María Zavala, de Huehuetlán el Grande, quien fue asesinado por arma de fuego.

A unos días de que Moreno Valle dejara Casa Puebla, Antolín Vital Martínez fue ultimado –el 24 de enero de 2017– a tiros cuando circulaba en su camioneta por la carretera Atlixco-Izúcar de Matamoros, a la altura de Tepeojuma.

Ya con Antonio Gali Fayad como gobernador, el 10 de octubre de 2017, sobre la carretera a Cuetzalan, el edil antorchista de Huitzilan de Serdán, Manuel Hernández Pasión, fue asesinado por un comando armado.

El caso más reciente fue el de García García, del Partido del Trabajo (PT), quien viajaba hacía San Simón Coatepec, cuando otros automóviles le cerraron el paso, de los cuales bajaron los sujetos armados que le dispararon en la cara.

Adicionalmente, el 2 de agosto un comando armando baleo la camioneta en la que viajaban el edil de Chiautla de Tapia, Jesús Castro Ramales, y la regidora de Educación, Sagrario Alonso León, lo que dejó a esta última herida en el brazo.

Ángulo 7
Fernando Castro Ruiz
Ciudad de Puebla, México
Viernes 13  de abril de 2018.


Al anunciar que Puebla es prioritaria para ganar la elección presidencial de julio, cuya candidata a gobernadora es la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, Martha Erika Alonso, Ricardo Anaya acusó a Morena de ser una farsa, porque sus candidatos al Senado son del grupo del exgobernador priista Mario Marín.

En su primera visita al estado, donde también estará viernes, sábado y domingo, Anaya acusó que Nancy de la Sierra Arámburu y Alejandro Armenta Mier, candidatos de Morena a senadores, fueron cercanos a Marín.

Ante jóvenes de Puebla, sobre todo panistas, y donde estuvo presente la mujer de Moreno Valle, a su vez candidato plurinominal al Senado, el aspirante presidencial de la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano acusó a Morena de simular.

“Lo que está haciendo Morena aquí en el estado de Puebla es una verdadera farsa, es una verdadera simulación. ¿Se acuerdan de Mario Marín?”, preguntó al auditorio.

—¡Sí!

—¿Están de acuerdo que fue un mal gobernador?

—¡Sí!

—¿Están de acuerdo que lastimó muchísimo al estado de Puebla en su gobierno?

—¡Sí!

—¿Cómo explicar que su gente más cercana, colaboradora más cercanos, son hoy los candidatos al Senado de Morena?
Anaya siguió: “Morena lo que está planteando aquí en Puebla es no sólo regresar al pasado del PRI, sino al pasado del peor PRI, que es el PRI de Mario Marín”.

Y luego preguntó: “¿Van a permitir que regrese a Puebla ese PRI de Mario Marín?”.

—¡No!

—¡Claro que no! Hay que decir con toda claridad, porque eso es lo que representan sus candidatos y sus candidatas. Y si no, revisen sus currículums.

“¿Quién era el jefe de estos candidatos que son de Morena cuando Mario Marín era el gobernador? Trabajaron para él, son su gente más cercana. ¿Ese es el cambio que se merece Puebla? ¡Por supuesto que no!”.

En el hotel Presidente Intercontinental, en Puebla capital, Anaya se reunió con jóvenes de la alianza que encabeza, ante quienes dijo que cree en ellos.

“Creo en ustedes, porque sé que tienen el poder de transformar el país”.

Por la tarde, Anaya encabezó un mitin en Amozoc.

Proceso
Álvaro Delgado
Ciudad de Puebla
Jueves 5 abril de 2018.


Gobierno de Moreno Valle no violó derechos de opositores al Gasoducto Morelos, concluye la CNDH


La Sexta Visitaduría de la CNDH concluyó que el gobierno del exmandatario panista Rafael Moreno Valle no violentó los derechos humanos de los campesinos y activistas sociales que fueron encarcelados por oponerse al Gasoducto Morelos.

El Frente de Pueblos Unidos Morelos, Puebla, Tlaxcala emitió un comunicado en el que señala que, con esta resolución, la Comisión deja a los cinco defensores que fueron implicados en diversos delitos por oponerse al gasoducto sin la posibilidad de pedir la reparación del daño civil y moral causado, así como la imposición de garantías de no repetición de dichas violaciones.

“Bajo un panorama de hostigamiento y represión creciente, la decisión de la CNDH pone en mayor vulnerabilidad a los defensores contra el PIM, por lo que exigimos la reapertura de la queja y una pronta y expedita recomendación de la CNDH donde se reconozcan las violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos opositores al Proyecto Integral Morelos”, reclama.

La resolución 11802 fue notificada la semana pasada, y la misma establece que la Procuraduría de Puebla, ahora Fiscalía General, no cometió actos violatorios de derechos humanos en contra de Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero y Juan Carlos Flores Solís, quienes fueron encarcelados en 2014.

También se concluye que no hubo persecución en contra de Carmelo Rosas Vélez y Avelino Velázquez, quienes hasta la fecha siguen con expedientes abiertos en su contra.

Los cinco imputados, cuatro de ellos campesinos habitantes de comunidades de la zona del volcán Popocatépetl que resultaron afectadas por el paso del Proyecto Integral Morelos, fueron acusados en un mismo expediente de robar dos celulares y por oposición a obra pública.

El Frente indica que esta resolución de la CNDH resulta “contradictoria” a la recomendación 003/2018 que emitió hace apenas unos días en la cual se concluye que se violentó el derecho de consulta de los pueblos originarios afectados con el Proyecto Integral Morelos.

Igual, señala que la determinación de la Sexta Visitaduría se contrapone a la recomendación 25/2016 que suscribió la misma CNDH en la que señala que tanto Enedina Rosas, como Abraham Cordero y Juan Carlos Solís fueron investigados, acusados y sometidos a proceso debido a su vinculación con la oposición al PIM.

“Resulta preocupante que, por un lado, la CNDH reconozca la violación de los derechos humanos de los defensores comunitarios de manera general en la recomendación 25/2016, pero de manera particular niega estas violaciones en la queja CNDH/6/2014/2918/Q, negando el derecho a los defensores de derechos humanos a la reparación del daño civil y moral causado”, advierte el Frente.

Luego agrega que al negar en lo particular que se violentaron los derechos de los activistas, se convierte en “letra muerta” la recomendación general 25/2016 “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”, así como la Recomendación 003/2018.

El Frente de Pueblos menciona que, pese a que los tres opositores al gasoducto obtuvieron amparos y resoluciones judiciales en los que quedó asentado que no fue justificada su detención y persecución judicial, la CNDH determinó, que no existía violación a los derechos humanos, pues se emitieron carpetas de investigación, órdenes de aprehensión y autos de formal prisión.

Además, acusa el FPMPT, la CNDH tampoco analizó “como se condujeron los ministerios públicos dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado al imputar los cargos a los defensores”.

Los tres defensores encarcelados por este caso fueron considerados por organizaciones civiles estatales y nacionales como “presos políticos” del pasado gobierno de Moreno Valle.

Entre las irregularidades que el Frente menciona que no fueron valoradas por la CNDH, está el hecho de que el MP de Atlixco omitió hacer un examen de la legalidad del delito de obstrucción de obra pública al no contar en la carpeta de investigación con los permisos de la obra, los cuales debían incluir la autorización de la comisariada ejidal Enedina Rosas.

Rosas y su hermano Carmelo, así como Avelino Velázquez, se negaron a firmar los permisos que requería la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el paso del gasoducto por sus comunidades.

Luego de esto, se les acusó de haber robado dos celulares a empleados de la empresa italiana Bonatti, subcontratada para llevar a cabo la obra, así como de haberse opuesto a que iniciaran el gasoducto, pese a que quedó demostrado que no tenían permiso de las localidades afectadas.

El FPMPT advierte que, en el caso de Flores Solís y de otros nueve opositores al Proyecto Integral Morelos, aún existe otro proceso penal abierto en el que la CFE los acusa de privación ilegal de la libertad, pandillerismo y contra funcionario público.

Enseguida recuerda que decenas de organizaciones de derechos humanos, sociales, colectivos, defensores de derechos humanos, radios comunitarias e individuos emitieron una acción urgente, en agosto de 2017, contra las violaciones de este último proceso y conminando a la CNDH a que resolviera con prontitud la queja que hoy concluye el que no existieron violaciones a los derechos humanos.

En este sentido, el Frente pide a la CNDH que reabra la queja y emita una nueva resolución en la que se reconozcan las violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos opositores al PIM y se recomiende la reparación del daño causado y garantías de no repetición de actos de criminalización en su contra con motivo de su labor de defensa.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Domingo 1 de abril de 2018.


Mientras a nivel mundial hay una condena generalizada a la destrucción del patrimonio cultural del Medio Oriente por parte del Estado Islámico, en México, denuncia el arqueólogo Reynaldo Lemus, “las autoridades estatales y la iniciativa privada, con la complacencia de las autoridades federales (…) destruyen el patrimonio arqueológico e histórico, no con bombas sino con maquinaria de construcción”. Es el caso de las afectaciones a la Zona Arqueológica de Cholula, por lo cual el especialista ha promovido una denuncia ante la PGR, señalando responsables.

Como un verdadero “calvario” califica el arqueólogo Reynaldo Lemus Nieto la tarea de conseguir un par de arqueólogos peritos que colaboren para un dictamen de los daños ocasionados a la Zona Arqueológica de Cholula, Puebla.

Daños por las obras realizadas durante el gobierno de Rafael Moreno Valle para la construcción del Parque de las Siete Culturas y un distribuidor vial.

De ese peritaje dependerá el que la autoridad ejerza o no una acción penal contra los responsables.

Es Lemus Nieto quien cuenta la historia completa a este semanario, que arranca con la denuncia de hechos interpuesta por él en octubre de 2015 (1373/UEIDAPLE/LE/1/2015) ante la Procuraduría General de la República (PGR), por distintas afectaciones al patrimonio arqueológico del país en proyectos como los museos del chocolate en Uxmal y Chichén Itzá, Yucatán; un museo en la pirámide de Tzintzuntzan, Michoacán; una carretera por la cual se destruyó Tlaltizapán, en Morelos; y la construcción del Parque de las Siete Culturas y una vialidad en San Andrés Cholula.

En el documento, dirigido a la entonces procuradora Arely Gómez González, destaca que las acciones fueron cometidas “por personajes insertos en los ámbitos empresariales internacionales y de la administración federal y estatal”, por lo cual el agravio puede ser catalogado como de “alto perfil”.

A diferencia de otras denuncias que con el mismo motivo han presentado investigadores y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) contra “quien o quienes resulten responsables”, el arqueólogo –que se presenta a sí mismo como autónomo por no laborar en dicha institución, aunque ha trabajado en diversos proyectos–, señala con nombres y apellidos a los probables responsables:

Menciona a los ciudadanos de origen belga Mathieu Michel Claude Brees y Eddy Van Belle, dueños de la empresa Belcolade y promotores del Choco Story Chichen Museo; a Alfonso de Maria y Campos, director del INAH en la pasada administración; a la entonces directora María Teresa Franco; a Alma Rosa Cienfuegos Domínguez, del Centro INAH Morelos; al presidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias; y en una ampliación de su denuncia, al exgobernador Moreno Valle.

El investigador explica que incluye a los funcionarios y exfuncionarios porque mientras a nivel mundial hay una condena generalizada a la destrucción del patrimonio cultural del Medio Oriente por parte del Estado Islámico, en México “las autoridades estatales y la iniciativa privada, con la complacencia de las autoridades federales encargadas de la guarda y custodia de dicho patrimonio, destruyen el patrimonio arqueológico e histórico, no con bombas sino con maquinaria de construcción”, y se violan las leyes en la materia.

En la entrevista Lemus Nieto explica que metió los diferentes casos en una sola denuncia, pero al ver que el asunto de Cholula se agravaba decidió concentrarse en él.

Sin embargo, a mediados del año pasado otro problema saltó: El cambio de sede del Archivo Técnico de Arqueología del INAH, en el cual se resguardan los informes de trabajo de más de un siglo de investigaciones arqueológicas (incluías fotografías y dibujos) de expertos en diversas disciplinas, entre otros Gonzalo Aguirre Beltrán, Alfonso Caso, Beatriz Barba, Franz Blom, Ignacio Bernal, Miguel Covarrubias, Manuel del Castillo, Gertrude Duby, Manuel Gamio, Marte R. Gómez, Ignacio Marquina y Pablo Martínez del Río.

Egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y coautor con Julieta Ramos Mariano del ensayo “La historia tolteca chichimeca, como base para una correlación histórica e iconológica, con los elementos arqueológicos de las piedras de Tizoc y del Arzobispado”, Lemus decidió también emprender acciones sobre el tema.

Triste historia

El arqueólogo desea “ser claro” en el sentido de que la PGR ha tenido disposición y está trabajando en la denuncia por el caso Cholula, en cambio las autoridades de la Secretaría de Cultura (SC) y del INAH no han mostrado mayor atención. Y es la falta de dos peritos lo que ha retrasado el proceso jurídico.

Explica que las autoridades de la Procuraduría rechazan la idea de que sean profesionales del INAH quienes realicen el peritaje ante el riesgo de que no sean imparciales, pues ya ocurrió durante la realización de los trabajos en 2015, cuando dos arqueólogos del instituto dictaminaron que no había destrucción del contexto arqueológico porque las obras se estaban haciendo en la superficie, y eso, recalca, “es mentira”.

A decir suyo el Ministerio Público actuó de manera muy laxa, porque si hubiera conocido bien las leyes Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y General de Bienes Nacionales, así como el decreto presidencial de 1993 que declara zona de monumentos arqueológicos a Cholula, no se habría permitido intervención alguna.

“Ahí no se permite ni salvamento ni rescate arqueológico, si uno va a entrar a trabajar en ese lugar debe ser con un proyecto arqueológico de investigación. Pero no hicieron caso y violaron todas las leyes, tanto el INAH de Puebla como aquí, no aplicaron la reglamentación.”

El 3 abril de 2015, la corresponsal de Proceso en Puebla, Gabriela Hernández, consignó en estas páginas las contradicciones del INAH, pues mientras el arquitecto Arturo Balandrano Campos, coordinador nacional de Monumentos Históricos, reconoció que no existía proyecto ejecutivo, ni solicitud de permisos para las obras por parte del gobierno poblano, el director del INAH Puebla, Francisco Ortiz Pedraza, informaba que se autorizarían las obras y calificaba a los opositores de tener posturas “puristas”, cuando “nos guste o no” cada época “deja su marca en el patrimonio edificado”.

Mediante un escrito con más de 2 mil 500 firmas, quienes se inconformaron opositores pidieron la destitución de la entonces directora del INAH, Teresa Franco, de Ortiz Pedraza, y de los coordinadores de las secciones de Monumentos, Jorge Salgado Tlahuis, y de Arqueología, Eduardo Merlo, por “incumplir su función de preservar el patrimonio cultural”.

–¿La PGR no debería conseguir los peritos para que sean neutrales?

–Hasta donde sé los debe aportar el demandante. Por ley el peritaje debería hacerlo el INAH, me imagino que el MP envía un oficio y el instituto asigna los peritos, el miedo es que mande gente ad hoc porque el arqueólogo hace lo que le ordena el jefe. No sé por qué no se niegan a llevar a cabo tonterías.

Expresa que los arqueólogos deberían estar conscientes de que en determinado momento incurren en un delito federal, y negarse simplemente por cuidarse ellos mismos, ya que ponen en riesgo su prestigio profesional, su carrera y hasta su libertad. Y añade, en un documento enviado a Sinuhé Márquez Armenta, secretario particular de la titular de la SC, que cuando los arqueólogos se niegan las autoridades responden: “por eso me gusta hablar con los jefes, no con los gatos”. Y el trabajo se hace “sin importar nuestra posición como especialistas o peritos en el tema”.

Dice que episodios así se dan no sólo en Cholula, sino en Chichén Itzá, Uxmal, Tzintzuntzan y otras zonas, “donde se nos obliga a los arqueólogos a hacer cosas antiéticas, y todo para hacer obras en las que supuestamente haya modernización y avances para la sociedad. Ellos argumentan ‘para qué queremos esas piedras viejas, no están dejando nada, es mejor promover la privatización de esos terrenos para conseguir un dinero’.

“Mi argumento en contra de ellos es que sus obras en Cholula o en cualquier otro lado no duran más de cincuenta años, en cambio puedo garantizar que en Cholula vamos a tener entradas económicas durante miles de años. Trabajando la zona arqueológica en vez de destruirla o privatizarla, tendríamos recursos garantizados por miles de años. Cholula tiene más de tres mil años y sigue generando más divisas que los hoteles que operan esas gentes.”

–¿Y por qué no lo hace el INAH?

–¡Está corrompido el INAH!

Recuerda que antes de asumir una segunda administración al frente del instituto, Teresa Franco fue colaboradora del gobierno de Moreno Valle, luego regresa al INAH y es cuando se le abre el paso a todas las obras del gobernador, “y en ese proyecto en el cual se gastaron más de mil millones de pesos, no se gastó ni uno solo en una investigación arqueológica, hace más de cincuenta años que no se hace investigación, se han hecho rescates, pero no un estudio en forma”.

Lemus considera que las cosas pueden hacerse de otra manera, pero los arqueólogos deben contar con el respaldo de las autoridades del INAH. Y menciona como prueba cuando los trabajadores e investigadores del instituto lograron detener la Línea 8 del Metro, que se construiría en el Centro Histórico:

“Si lograron parar al gobierno federal, por qué no parar a un gobierno estatal. Es porque las autoridades están corrompidas y al servicio del mejor postor.”

Así se lo expresa también mediante un escrito, fechado el 21 de diciembre de 2017, al coordinador nacional de Arqueología del INAH, Pedro Francisco Sánchez Nava.

Lamenta que en el caso de Cholula todo el mundo se haya metido a defenderla: cineastas, antropólogos, arqueólogos y la gente en general, pero cuando él pidió apoyo para entablar su denuncia, no lo respaldaron. Y hasta el momento ningún arqueólogo ha aceptado ayudarlo con el peritaje.

Despilfarro y desdén

Y mientras Lemus Nieto sigue al pendiente del curso de su denuncia por Cholula, comenzó a ocuparse también del cambio de sede del Archivo Técnico de Arqueología, que se encontraba en el Palacio del Marqués del Apartado en el Centro Histórico, a un galerón en la avenida Revolución, en San Ángel.

En una carta de fecha 23 de enero de este año, dirigida a Jorge Salvador Gutiérrez Vázquez, subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura de la SC, el arqueólogo le expone que ha presentado a diversas autoridades escritos para advertir de las condiciones “deplorables, indignas y lesivas” del archivo, pero nunca han sido atendidas sus objeciones:

“Su oficio de respuesta viene a corroborar mi dicho; que son ustedes como autoridades superiores de cultura, las que con sus acciones ponen en peligro este archivo, al no proporcionar un repositorio que cumpla con los lineamientos técnicos mínimos.”

Él ha propuesto que dicho acervo sea trasladado a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en donde podría terminarse un edificio que por ahora está en obra negra y dotarlo de las medidas necesarias de climatización y seguridad para la conservación de los documentos históricos.

Se basa en que hay “por lo menos” 120 millones de pesos que el INAH se ha ahorrado de los meses de septiembre a la fecha, debido a no haber pagado renta por el edificio Aristos, que era su sede y debió dejar por los daños de los sismos, pero –dice en su carta– “ha llegado a tanto el desprecio por el Archivo Técnico” que se le habían asignado 10 mil pesos para la mudanza, cuando se gastaron 552 mil pesos en una encuesta encargada a la Fundación Este País, A. C. sobre las actividades sustantivas de difusión del instituto.

Según el arqueólogo, el Archivo Técnico se desalojó para que en el Palacio del Marqués del Apartado se habilite un “Museo de Museos de la Ciudad de los Museos”, cuya propuesta –añade– es una idea de la titular de Cultura, María Cristina García Cepeda. Y se están llevando a cabo las obras de intervención para ese propósito.

El documento describe las especificaciones técnicas que debería tener el archivo para su conservación, que además de ser uno de los más importantes en materia de arqueología –que no tienen universidades como la de Harvard o instituciones como el Peabody Museum, destaca en entrevista–, cuenta por ejemplo con los archivos personales de César Lizardi Ramos y Florencia Müller.

Expresa pesar por el estado de descomposición en el cual, considera, se encuentra el INAH. Así lo señala también en su carta al subsecretario:

“…en espera de su oportuna y rápida intervención, para detener el escalamiento de este y otros problemas que afectan al patrimonio nacional y devolver la integridad y dignidad al INAH, ya que los anteriores Directores Generales, han dejado a este instituto en la nada agradable función de ser un peón de lujo del turismo, olvidando su mandamiento de ser una institución que investigue y proteja el legado bajo su competencia.”

Proceso
Judith Amador Tello
Reportaje Especial
Ciudad de México
Domingo 1 de abril de 2018.


Puebla, Pue.- En Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, se aprobó el registro de cinco candidatos a la gubernatura de Puebla, quienes podrán iniciar campaña electoral a partir del 29 de abril, rumbo a los comicios del próximo 1 de julio.

Los consejeros electoral, luego de escuchar las posturas de los representantes de los distintos institutos políticos, confirmaron que los aspirantes que cumplieron con los requisitos para ser candidatos a la gubernatura son Martha Erika Alonso Hidalgo, por la coalición Puebla al Frente, integrada por los partidos PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PSI y el partido local Compromiso por Puebla.

Así como José Enrique Doger Guerrero, es candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Michel Chaín Carrillo, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Luis Miguel Barbosa Huerta abandera la coalición Juntos Haremos Historia que integran los partidos Morena, PT y Encuentro Social; y José Alejandro Romero Carreto como candidato de Nueva Alianza.

En entrevista Jacinto Herrera Serrallonga, consejero Presidente del Consejo General del IEE Puebla, comentó que los hoy candidatos tendrán que esperar a que inicie el periodo de campañas para encabezar diferentes actos, periodo que inicia el 29 de abril y concluye el 27 de junio.

“Mañana inician las campañas federales, de manera que los candidatos en Puebla deberán tener mucho cuidado de lo que comentan, sí pueden dar entrevistas porque ya tienen el carácter de candidatos oficiales, pero todavía estamos en periodo de intercampaña, de manera que no pueden hablar de sus propuestas, ni de sus plataformas electorales, ni llamado al voto”, precisó.

Respecto al caso de Enrique Cárdenas, aspirante a candidato al gobierno de Puebla por la vía independiente, recordó que el 30 de marzo vence el plazo que otorgó la Sala Superior, para que los aspirantes a la candidatura por la vía independiente reúnan el número de firmas de apoyo.

Destacó que en las elecciones locales en Puebla permitirá a los electores que el próximo 1 de julio elijan al siguiente gobernador, 26 diputaciones locales y 217 alcaldías; pero serán unas elecciones históricas porque por primera vez serán 30 elecciones concurrentes y 30 elecciones en las que no coinciden el periodo de campañas locales con la federal.

Notimex
Ciudad de Puebla
Jueves 29 de marzo 2018.


Nombra PAN a Francisco Fraile vocero de la campaña de Martha Erika de Moreno Valle

El dirigente del PAN en Puebla, Jesús Giles Carmona, presentó a Francisco Fraile García como el nuevo vocero del partido durante el proceso electoral, quien durante su primera intervención en este cargo celebró la ventaja de 11 puntos que reflejó la candidata de la coalición “Por Puebla al Frente” (PAN, PRD, MC, PSI y CPP), Martha Erika Alonso Hidalgo, en la encuesta realizada por el despacho Mendoza y Asociados (Meba), y publicada este día por el Sol de Puebla.

Fraile García reconoció que en este momento del proceso electoral no se puede asegurar que la ventaja de Alonso Hidalgo sea irreversible, ya que se trata de una fotografía del momento, que de acuerdo al estudio, le da 44 por ciento de intención de voto, mientras que su más cercano contendiente tiene 33 por ciento y es el candidato de la coalición “Juntos haremos historia” (Morena, PT y Encuentro Social), Luis Miguel Barbosa Huerta.

No obstante, señaló que el estudio realizado por la casa encuestadora tiene una metodología clara y confiable, no así las encuestas de Morena que dan ventaja a Barbosa Huerta y que no han sido presentadas públicamente.

El Sol de Puebla
Víctor Hugo Juárez
Ciudad de Puebla, México
Martes 20 de marzo de 2018.


El precandidato a la gubernatura por la coalición “Juntos haremos historia”, Luis Miguel Barbosa, acusó al exgobernador Rafael Moreno Valle de intimidar a los empresarios poblanos que no simpatizan con su proyecto político.

Luego de la reunión que sostuvo ayer el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador con más de 400 empresarios locales, dijo que éstos le han comentado que el exgobernador los amenaza con auditorías fiscales si se expresan contra su grupo político.

“¿Saben qué sienten los empresarios en Puebla? Miedo, miedo de expresar su opinión política. De verdad que sí, me lo han dicho, los amenazan con auditorías fiscales, por la colusión que tiene con el SAT federal lo utilizan para llevar revisiones a los empresarios que se portan mal”, afirmó.

Aunque no dio nombres, el senador con licencia aseguró que este clima de acoso no sólo va dirigido contra los hombres de negocios, sino también contra los alcaldes de la entidad que son citados en la casa de Moreno Valle para amenazarlos que tendrán problemas con la aprobación de sus cuentas públicas si no apoyan la candidatura de Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa del exmandatario.

Agregó que igual tanto empresarios como presidentes municipales le han dicho que han recibido presiones por parte de operadores políticos de Moreno Valle para impedir que se sumen al proyecto político de Morena.

Este miércoles, cuando López Obrador tuvo una comida con empresarios, un exdirigente del sector privado reveló a esta reportera que días antes había recibido una serie de llamadas de gente allegada a Moreno Valle para amenazarlo por su activismo a favor del tabasqueño en Puebla.

Barbosa dijo que pese a este ambiente de presión que se vive en esta entidad, la comida que sostuvo el precandidato presidencial puede considerarse exitosa.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 8 de marzo 2018.


La bancada priista en el Senado presentó un punto de acuerdo para pedir a la Secretaría de la Función Pública (SF) emprenda una “investigación integral” sobre obras realizadas durante el gobierno del panista Rafael Moreno Valle, en donde se presume que hubo irregularidades.

Entre las obras que se mencionan en el escrito, destacan la construcción de la ciclopista y el puente vial del bulevar Hermanos Serdán, el Centro de Convenciones de la Ciudad Modelo Audi, la pavimentación del bulevar del Niño Poblano y el Museo de la Evolución de Tehuacán.

En el documento, los legisladores priistas recuerdan que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó irregularidades en esas obras, entre las que destacan subejercicios, mala calidad en los trabajos, recursos no ejercidos y utilización de materiales de dudosa calidad.

Igual agregan que esos trabajos fueron subsidiados por el Fondo Metropolitano para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Regional, y también por el Programa de Fortalecimiento Financiero, con un monto total de 5 mil 248 millones pesos durante el 2016.

En referencia a la construcción de la ciclovía y la remodelación del distribuidor vial Bulevar Hermanos Serdán, los senadores priistas indican que la administración morenovallista gastó más de 266.7 millones de pesos.

“Debido a la utilización de materiales de dudosa calidad y trabajos que no cumplen con los estándares de calidad, a menos de un año de su apertura, presenta guarniciones incompletas, falta de señalización, varillas expuestas y barandales oxidados que en su conjunto ponen en peligro la vida e integridad física de los usuarios”, acusan los del PRI.

También advierten que la ASF encontró inconsistencias con los compromisos y obligaciones en los contratos de obra, falta de comprobación total de los gastos y reintegros de los recursos no utilizados por el gobierno de Puebla.

Igual mencionan el caso de la repavimentación del bulevar del Niño Poblano, en donde se ejercieron 131.3 millones de pesos, provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.

La fracción priista alerta que esta vialidad sólo mide 1.8 kilómetros, es decir, que cada kilómetro costó más de 65 millones de pesos para su pavimentación.

“En estos trabajos no se cumplieron los tiempos de ejecución pactados, ya que estaban previstos para que concluyeran en cuatro meses, a pesar de ello, no fue hasta seis meses después que fueron inaugurados por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle”, se advierte en el escrito.

Aparte, los senadores del PRI mencionan que el entonces gobierno de Moreno Valle dispuso de 2 mil 451 millones de pesos del Programa de Fortalecimiento Financiero para la modernización de los bulevares Hermanos Serdán y Esteban de Antuñano, el Centro de Convenciones de la Ciudad Modelo Audi, en San José Chiapa, y la construcción del Museo de la Evolución en el municipio de Tehuacán.

“Lamentablemente, durante una visita de inspección realizada a la Ciudad Audi, se pudo comprobar que su Centro de Convenciones se encuentra en condiciones deplorables, toda vez que está deteriorado, no tiene luz y el mobiliario, abandonado”, indican.

A la vez apuntan los senadores priistas que esto podría dar cuenta de que los recursos públicos fueron desviados y que se cometieron actos de corrupción, por ello insisten en que es necesario que la Secretaría de la Función Pública haga una revisión de estas obras y sobre la posible responsabilidad en las irregularidades detectadas por la ASF.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 2 marzo de 2018.

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