Germán Sierra, ex dirigente estatal del tricolor, aseveró que él y varios de los firmantes del desplegado han sido amenazados por el operador del morenovallismo

El ex diputado Eukid Castañón Herrera ha enviado amenazas de cárcel al grupo de 36 priístas que han cuestionado a la dirigencia de su partido y se oponen a que pacte un gobierno de coalición con el PAN, según lo reveló este miércoles Germán Sierra Sánchez, ex coordinador de campaña de Enrique Doger Guerrero, quien advirtió que sus compañeros y él mismo se defenderán de los ataques.

“No es posible que Eukid Castañón haya amenazado a muchos, entre ellos a mí, lo hacemos responsable de cualquier cosa que pase”, sentenció el priísta en entrevista con e-consulta.

El lunes pasado, 36 militantes del Partido Revolucionario Institucional publicaron un desplegado en el que piden a María Esther Scherman Leaño, delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y a Javier Casique Zárate, presidente del partido, esperar el resolutivo sobre la elección en Puebla antes de reconocer a un gobernador electo y eventualmente formar un gobierno de coalición.

A dos días de ello, Sierra Sánchez reveló que parte de los firmantes han recibido amenazas, pero no de su partido, sino del exterior.

Expuso que se les amedrentó incluso con terminar en la cárcel, pero sostuvo que los priístas se van a defender y no bajarán las manos en cuanto a sus críticas por la forma en que se conduce el tricolor, “¿por qué el interés de quien es un operador de Rafael Moreno Valle, amenazando a los grupos que critican de forma constructiva, para que el partido surja y salga adelante?”.

El ex dirigente del PRI y ex delegado de Conagua en Puebla, indicó que los priístas evalúan con abogados qué pueden hacer ante las amenazas adjudicadas a Eukid Castañón, ya que conocen “los alcances de este personaje y los del grupo, no nos vamos a dejar, vamos a seguir con todo para adelante, que no se metan con nosotros”.

Sierra estimó que el PRI está dominado por Rafael Moreno Valle desde que fue gobernador, ya que a algunos los cooptó y otros se le “fueron a entregar”, incluso las dirigencias en una postura de sumisión.

Que no hay pelito con Doger sino con Casique

Germán Sierra sostuvo que no existe un “descalabro” en la relación con Enrique Doger y que el desplegado publicado no va dirigido a él. Expuso que si el ex candidato acepta participar en un gobierno emanado de otro partido lo puede hacer a título personal, pero lo criticaría si el partido lo impulsa sin consultarlo con sus militantes.

“Si alguien es invitado por Martha Erika o por quien sea el gobernador, y si Enrique Doger o cualquier otro quiere, a título personal, está en su derecho, pero no como una posición del PRI”.

Recalcó que durante su trabajo como coordinador de campaña de Enrique Doger hubo una actitud de lealtad, pero no de sumisión, y las diferencias sí existieron con el líder estatal Javier Casique Zárate.

“Con Javier Casique la diferencia consistía en que me fui dando cuenta de que ciertas personas en los órganos electorales que tenían instrucciones precisas de no informar a Doger de las cosas que iban mal”, recordó en entrevista.

Declaró además que fue el presidente estatal quien sembró los rumores sobre su supuesta inclusión en la nómina del gobierno actual, como una especie informante de lo que sucedía en el tricolor.

“Casique fue quien señaló que yo estaba en la nómina de Diódoro Carrasco, de Gali o de Moreno Valle”.

Aceptó que fue el enlace entre su partido y la Secretaría General de Gobierno durante la precampaña y campaña, debido a la relación de amistad que tiene con Diódoro Carrasco Altamirano, con quien trabajó desde joven, lo cual sirvió para que Doger tuviera un diálogo con la administración estatal.

Por otra parte, rechazó que durante la campaña a la gubernatura haya manejado información privilegiada, como señaló Enrique Doger este martes, y reiteró que por el contrario él le informó de temas que no le notificaban a tiempo.

Al cuestionarle sobre el respaldo del ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, al grupo de priístas inconformes, Germán Sierra Sánchez rechazó su presencia, sin embargo, reconoció que hay personas cercanas al ex mandatario como Valentín Meneses Rojas.

“Es una forma de tratar de deslegitimar el movimiento (el señalar al ex gobernador), éste es un grupo que nació de manera autónoma, sí hay gente de Mario Marín, es muy difícil que encuentres a alguien puro. No hay nadie atrás, somos nosotros los que damos la cara”.

e-consulta
Carina Hernández
Puebla, México
Miércoles 10 octubre 2018.


Se suma el PRI a reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios como deuda pública


Las reformas facultarían al Congreso para elaborar un registro de los proyectos y se obligarían a transparentar la información


Reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios como deuda pública, crear un registro único que señale la afectación de los recursos y transparentar la información de este tipo de mecanismos financieros, es parte la propuesta presentada por las bancadas de Morena y PT en el Congreso de Puebla.

El proyecto presentado por la diputada Olga Lucía García Romero Garci-Crespo enlista reformas y derogaciones de diversos artículos de las Leyes de Deuda Pública, de Proyectos de Prestación de Servicios y de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En la tribuna, la diputa de Morena detalló que la intención es reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios como deuda pública tal como lo refiere a nivel federal en la Ley de Disciplina Financiera, pero que en Puebla se optó por aplicar el modelo sin reconocer la afectación a las finanzas del estado.

La legisladora recordó que la implementación de los PPS -figura con la que el sexenio de Rafael Moreno Valle se concretó el CIS, las plataformas de Audi y el Museo Internacional Barroco- se logró en 2011 con la aprobación de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios, la cual de manera “incipiente” regula la relación público-privada y dio facultades discrecionales al Ejecutivo para concretar obras bajo este régimen.

La morenista precisó que uno de los primeros cambios es que se reconocería que los PPS representan un compromiso financiero, tal como lo sugiere en la fracción VII del artículo 2 de la Ley de Deuda Pública: “cualquier pasivo contratado por los entes públicos; sean obligaciones o financiamientos”.

También faculta al Congreso del Estado a tener un registro único que transparenten las obligaciones contraídas, su objeto, plazo, las partes que intervienen, el monto y el contrato, tal como lo propone el artículo 18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios.

Otro de los puntos que considera la iniciativa, es la incorporación del concepto de ingresos a libre disposición, el cual incluye los recursos federales y estatales que no son etiquetados para un fin específico, y de esta manera se limite al Ejecutivo para afectar las finanzas del estado, por lo que deberá de obtener el voto de dos terceras partes del Congreso.

“Toda afectación de recursos públicos sea en numerario o bienes inmuebles deberá ser autorizada por las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura. El ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas podrá constituir fideicomisos, previa autorización de las dos terceras partes de la Legislatura mismos que se sujetarán para su operación a lo previsto en el propio contrato de fideicomiso y en las disposiciones mercantiles correspondientes y no formarán parte de la administración pública paraestatal”, se plantea en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios.

En cuanto a la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la iniciativa propone que los sujetos obligados publiquen los compromisos adquiridos bajo los PPS, al precisar en la fracción XXII del artículo 77 que: “La información relativa a la deuda pública, a las Asociaciones Público Privadas y a los Proyectos Públicos de Servicios en términos de la normatividad aplicable”.

Se suma el PRI a reconocer como deuda los PPS de Moreno Valle

La coordinadora de la bancada tricolor reconoció que “hubo excesos” cometidos en la entidad y que se deben de revisar

El PRI está a favor de reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) en Puebla como deuda pública, precisó la diputada Rocío García Olmedo, aunque la reforma propuesta por el bloque de Morena, Encuentro Social y PT tenga trasfondo político.

Para la coordinadora de la fracción priísta en el Congreso local, la iniciativa para que este mecanismo se reconozca como una obligación financiera del estado y se limite al Ejecutivo para hacer uso de los recursos públicos, tendrá que analizarse cuidadosamente no sólo en función de evitar un veto u observaciones, sino también para que no existan consecuencias de orden judicial.

En la anterior administración estatal se construyó el Centro Integral de Servicios, el Museo Internacional del Barroco y las plataformas de Audi a través de PPS, por los que la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle se comprometió a pagar mensualmente a empresas privadas las obras hasta por 25 años.

Sin embargo, el gobierno estatal consideró que estos compromisos no eran deuda, sino que los etiquetó como “gasto corriente” y los equiparó con el pago de una renta, por lo que los montos nunca figuraron en el reporte de deuda que envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Advierte el PRI excesos

Sin referirse de manera directa al ex gobernador Rafael Moreno Valle, la legisladora reconoció que “hubo excesos” cometidos en la entidad y que se deben de revisar, pero las modificaciones que ahora se plantean deben de ejecutarse jurídicamente y no por posibles revanchismos políticos.

“Todo se puede hacer, hay temas que nos preocupan a todos, hubo excesos que nos preocupan a todos, pero todo eso se puede ir revirtiendo jurídicamente para que se puedan generar buenos resultados y no tengamos que estar recibiendo observaciones cada vez. No se puede legislar con la víscera, así no se legisla. Hay mucho rencor, me da la impresión, percibo muchos agravios escondidos de todos contra todos, es parte de lo que todos con prudencia tenemos que tomar con sensatez y manejar las cosas como se deben hacer".

La iniciativa de reforma presentada por el PT y Morena considera que los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) se reconozcan como deuda pública, que el Congreso del Estado cuente con un registro único que señale las obligaciones contraídas, el monto y plazo de pago de estas, además que se transparente la información de este mecanismo financiero.

La propuesta contempla reformar y derogar diversos artículos de las leyes de Deuda Pública, de Proyectos de Prestación de Servicios y de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cabe señalar que el gobierno estatal vetó apenas el 1 de octubre la abrogación de la Ley Bala y la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la cual le devolvió al Congreso la facultad de nombrar al titular del organismo autónomo.

La administración de Antonio Gali argumentó que el Congreso, de mayoría morenista, generó un vacío legal en la regulación de la fuerza pública, vulneró la autonomía de la Fiscalía General del Estado y aplicó un criterio de retroactividad ilegal, por lo que no publicó las reformas en el Periódico Oficial del Estado.

e-consulta
María Pineda
Martes 09 de octubre de 2018.


Al cumplirse este miércoles el plazo para que el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) emita el fallo sobre la impugnación de la elección para gobernador de Puebla, el candidato Luis Miguel Barbosa, dijo tener la certeza de que el veredicto será para confirmar el triunfo de Martha Erika Alonso, candidata de la alianza Por Puebla al Frente.

Incluso, dijo tener informes de que la resolución que dará a conocer mañana el TEEP fue elaborado por los abogados de la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle.

“Fíjense que se dice que ese fallo fue elaborado por los abogados de Martha Erika Alonso y que sólo se lo pusieron en las manos a los integrantes del Tribunal, de esas cosas que no hay forma de probarlas… pero todo se ha dicho y se ha presumido por la propia gente del morenovallismo en su afán de mostrar el control y el poder que tienen para todo lo que ocurre en Puebla”, afirmó.

Barbosa dio por hecho que el fallo que dará a conocer mañana será a favor de confirmar el triunfo de la candidata de Por Puebla al Frente, pero que el proceso de impugnación será entonces llevado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde confía que la resolución sea a favor de anular la elección.

“Tal parece que todo está resuelto, hemos visto el desempeño del Tribunal Estatal Electoral su parcialidad a favor de Martha Erika Alonso, ha sido evidente, ha sido pública, el sometimiento de los tres magistrados al morenovallismo en Puebla ha sido un hecho conocido”, expresó.

Calificó que la actuación de la autoridad electoral ha sido “ilegal e inmoral” en diferentes momentos del proceso electoral.

“El día de mañana sólo habrá un fallo a favor de Martha Erika Alonso, del cual nosotros, Morena y su candidato, nos hemos preparado para combatirlo”, mencionó.

Dijo que al acudir a la Sala Superior de la TEPJF, además de las pruebas que ya se presentaron sobre las condiciones generales de la elección, se agregarán otras pruebas como supervenientes, que serán análisis científicos y cruces numéricos que supuestamente demuestran las inconsistencias de los resultados.

Además, agregó que el recuento de voto por voto que llevó a cabo el Tribunal federal puso en evidencia “miles de irregularidades” que ya están a la vista de los magistrados.

“Así que no tengo duda de que Sala Superior de Tribunal Electoral anulará la elección en base a todos los elementos probatorios que ya hemos aportado y las que aportaremos como pruebas supervenientes”, expresó.

“Lo de mañana es solamente un trámite de un fallo que todos esperamos a favor de Martha Erika Alonso de un tribunal sometido, abyecto a favor de los intereses del morenovallismo”.

Al mostrarse confiado de que la elección de gobernador de Puebla será finalmente anulada, Barbosa aseguró que habrá una elección extraordinaria en los próximos meses, pero que esta será en condiciones diferentes a las que hubo el 1 de julio, pues se nombraría un gobernador interino y esta designación la hará el Congreso local, donde Morena tiene mayoría.

Nombran comisión

Este día en el Senado de la República se conformó la subcomisión Especial de Justicia para investigar el caso de la elección a gobernador en Puebla, que será coordinada por la senadora Nancy de la Sierra Arámburo.

De acuerdo a un comunicado, esta subcomisión tiene como objeto atender lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral relacionado a la elección a gobernador del estado.

Entre las funciones que tendrá será analizar y elaborar opiniones de los expedientes y resoluciones del TEPJF y del TEEP, así como analizar las presuntas irregularidades que se detectaron en el nuevo escrutinio de la elección.

También formarán parte de dicha comisión los senadores Alejandro Armenta Mier, de Morena; Nadia Navarro Acevedo, del PAN; Dante Delgado Rannauro, de Movimiento Ciudadano; Mario Zamora Gastelum, del PRI; Juan Manuel Zepeda, del PRD: Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde y Elvia Marcela Mora Arellano, de Encuentro Social.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 9 de octubre de 2018.


La novia, un compendio de escándalos y contradicciones

Dulce María Silva es un coctel desconcertante y contradictorio. De familia de empresarios y empresaria ella misma, en 2016 fue encarcelada, acusada de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita; en prisión protagonizó una huelga de hambre durante el gobierno de Antonio Gali, a quien, no obstante, hizo testigo de su boda. Además, testimonios confiables hablan de su altruismo con sus compañeras reclusas. Morenista en Puebla, hay indicios de que este año habría participado en un presunto fraude electoral contra el candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa. Ella es la mujer con quien contrajo nupcias César Yáñez, el próximo vocero presidencial.

Puebla.- La boda de César Yáñez Centeno y Dulce María Silva Hernández, de por sí polémica, tiene además antecedentes marcados por el escándalo.

Tras su encarcelamiento en 2016 –acusada de haber obtenido ilegalmente un predio en una de las zonas de mayor plusvalía de Puebla–, en 2017 Silva Hernández pasó a ser calificada públicamente como perseguida política del exgobernador poblano Rafael Moreno Valle.

Protagonizó en prisión una huelga de hambre en la que acusó al gobierno estatal –entonces a cargo de Antonio Gali Fayad– de vejaciones, abusos y torturas; y 16 meses después la también empresaria causó sorpresa al invitar a ese mandatario poblano –considerado continuador del morenovallismo– para ser testigo de su enlace matrimonial.

Esto además en un marco político complejo: cuando el candidato a gobernador de Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa, había acusado a Gali de haber sido copartícipe del fraude electoral del 1 de julio y cuando el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, había vetado a Puebla de su gira de agradecimiento, precisamente para evitar un encuentro con el mandatario estatal previo a la definición de los comicios en los tribunales.

Antes del predicamento de aparecer junto con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, en la portada de la revista ¡Hola!, López Obrador había tenido que sortear la situación de firmar como testigo al lado de Gali Fayad justamente el día en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación terminaba el conteo voto por voto de la elección para gobernador de Puebla.

La presencia de Gali y la ausencia de Barbosa –quien dijo no haber sido invitado a la boda– se prestaron para las especulaciones, además de poner en evidencia la división cada vez más notoria dentro de Morena-Puebla entre quienes dan apoyo total al exsenador y quienes han tendido puentes con el morenovallismo y sí acudieron al evento.

La ahora esposa de Yáñez Centeno era ubicada como una de las víctimas y acérrima enemiga del morenovallismo, pero en la última semana el sector barbosista de Morena en Puebla filtró a los medios locales información que la cubre de sospechas.

El columnista Fermín Alejandro García publicó el viernes 5 en La Jornada de Oriente que Silva Hernández habría tratado de intervenir en los hechos del 3 de julio, en el hotel poblano MM, cuando los morenistas supuestamente detectaron un laboratorio electoral del PAN.

Según esa información, que fue confirmada por fuentes de Morena a esta reportera, les sorprendió que ese día la entonces novia de Yáñez Centeno se comunicara a los celulares del diputado local José Juan Espinosa y del senador Alejandro Armenta para pedirles que se retiraran del sitio, pues su incursión violenta no tenía el respaldo morenista y “ponía en riesgo el triunfo electoral de López Obrador por la Presidencia”.

“Queda la duda”, cuestiona el columnista, “de por qué si esta mujer estuvo presa en Puebla durante la parte final del gobierno de Moreno Valle, el pasado 3 de julio actuaba como si fuera una aliada del morenovallismo”.

Barbosa aseguró en ese entonces que se habían recibido múltiples llamadas para pedirles que se retiraran, pues en el lugar había quedado atrapada la candidata panista a gobernadora, Martha Érika Alonso Hidalgo.

También se especuló sobre la presencia de Federico González Magaña, consejero del Instituto Estatal Electoral, lo que habría puesto en evidencia la confabulación del órgano electoral a favor de la esposa de Moreno Valle.

Aparte de este supuesto intento de Silva por intervenir en los hechos del hotel MM y la participación de Gali Fayad como su padrino, según los morenistas, hay otras evidencias que se prestan a sospecha, como las facilidades que tuvo para la logística de la boda.

La colocación de vallas en las calles, la participación de la policía con trajes de gala, el transporte en trolebuses de la Secretaría de Turismo y la sede del festejo en el Centro de Convenciones Puebla, propiedad del gobierno estatal.

Los cargos

Dulce María Hernández Silva es originaria de Huamantla, Tlaxcala. En 2015 intentó ser candidata a alcaldesa por Morena en ese municipio, lo que propició su acercamiento con la causa de López Obrador y, por ende, a su entonces vocero, con quien contrajo nupcias el 29 de septiembre.

La familia de la novia es propietaria de la empresa Embutidos Silva, que maneja las marcas Carnelli, Kual y El Cerdito, entre otras, que tienen una amplia presencia en el mercado del centro-sur del país. Ella asegura ser empresaria de la construcción y tener una fundación altruista llamada Dulce Silva.
La relación sentimental entre ella y Yáñez salió a la luz en octubre de 2016, cuando El Universal publicó cuatro grabaciones que ponían en evidencia los intentos del vocero de López Obrador por negociar la libertad de su novia con el gobierno de Rafael Moreno Valle.

Las grabaciones, atribuidas a las redes de espionaje que tenía a su servicio el mandatario poblano, mostraban a un ­desesperado Yáñez dispuesto a hacer lo que fuera para ayudar a su pareja.

La conversación con Carlos Meza, el abogado de confianza del exgobernador Manuel Bartlett, revelaban la posibilidad de que la moneda de cambio para la liberación de Silva Hernández podría ser un acuerdo para que el entonces senador no atacara a Moreno Valle.

Silva Hernández había sido detenida el 10 de marzo de 2016 en Cholula, en el sexenio de Moreno Valle, que concluyó en enero de 2017. Fue trasladada al penal de San Miguel, en Puebla.

Se le acusaba de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues supuestamente había aportado 30 millones de pesos al grupo inmobiliario Verhome, S.A. de C.V., propiedad de Edmundo Tiro Moranchel, quien a su vez estaba preso desde 2010, acusado de haber defraudado a más de 7 mil ahorradores.

El 8 de marzo de 2017, cuando estaba por cumplirse un año de su encarcelamiento, Silva inició una huelga de hambre para exigir atención para su caso. Vía telefónica aseguró a los medios que su detención tenía como origen el interés del exgobernador Moreno Valle de despojarla de un terreno de 6 mil metros cuadrados en la exclusiva zona comercial de Angelópolis.

Aunque la empresaria aseguró que la cesión del terreno, cuyo valor se estimaba superior a 4 millones de dólares, partía de un acuerdo de negocios con los Moranchel para construir ahí un desarrollo inmobiliario. Desde la cárcel, el empresario negó haberle otorgado los derechos sobre la propiedad que él pretendía usar para negociar su libertad con las personas que fueron defraudadas por su empresa.

Narró que Silva le había ofrecido sus servicios para resolver su situación legal, que consistía en buscar un acuerdo con todos los ahorradores defraudados para resarcir el daño y accedieran a retirar los cargos; sin embargo, que la empresaria acabó por quedarse con el predio.

El gobierno estatal, por su parte, aseguró que el empresario había optado por ceder la propiedad del terreno a Silva como una forma de evitar que lo aseguraran dentro del juicio de fraude que se seguía en su contra.

La situación del predio nunca fue aclarada por la empresaria, quien sí denunció que Moreno Valle le envió a la cárcel a emisarios, como Juan Pablo Piña y Enrique Flota, en ese entonces funcionarios del gobierno estatal, para obligarla a ceder la propiedad a un fideicomiso y luego intentar obligarla a venderlo en un precio mucho menor al real.

La tortura

Araceli Bautista, integrante del Centro de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo, dice haber sido testigo de las torturas y maltratos de los que fue víctima Silva Hernández en su estancia en el penal de San Miguel.

“Había una reclusa que la perseguía, que la golpeaba, que se dedicaba a hostigarla día y noche; le hizo la vida de cuadritos”, recuerda.

Refiere que la empresaria fue detenida a los pocos días de que había salido de una operación de la tiroides y, a pesar de su condición, se le negaba el acceso a medicamentos y la atención médica. También relata que, en los separos de la Fiscalía General del Estado, el día de su detención la empresaria tlaxcalteca fue obligada a desnudarse entre expresiones agresivas y humillantes por parte de los policías.

Además, menciona que recurrentemente recibía visitas de emisarios de Moreno Valle que la hostigaban y sometían a amenazas, sobre todo que levantarían cargos contra sus padres si no accedía a entregarles los terrenos que estaban a su nombre.

“Le decían cosas despectivas, como referirse a su padre como el carnicero, porque se dedica a los embutidos; es decir que la hacían sentir que ellos podían hacer con ella y con su familia lo que quisieran”, narra la activista y militante de Morena.

Además, en el área de mujeres del penal de San Miguel los servicios sanitarios son letrinas y están infestadas de ratas y cucarachas. En el año y dos meses que estuvo presa no se le permitió ver a su hija adolescente y se le restringieron las visitas. Aunque Yáñez viajaba todos los fines de semana, sus encuentros eran siempre con la certeza de que los espiaban y grababan.

De hecho, Bautista cuenta que para ingresar a visitarla ella tenía que dar información de otra reclusa para luego buscar a Silva en el interior del penal. Agrega que una vez fue descubierta con la empresaria en la visita, lo que generó que los directivos del reclusorio la retuvieran en un área y la amenazaron con levantarle cargos.

En cambio, asegura que la novia de Yáñez se mostraba solidaria con la situación de las demás reclusas en el interior del penal, al grado de que parte de su huelga de hambre fue para visibilizar las carencias que sufrían. Además, dice que le consta que con su propio dinero compró más de 100 colchonetas para regalárselas a las internas.

“Creo que ella tiene mucho coraje por lo que le hicieron, porque sí fue un trato brutal”, manifiesta Bautista. “Creo que ella hace esta boda tan lujosa para que todos la vean; es como decirles: ‘Miren con quién se metieron; ahora ustedes van a comer de mi mano, cabrones, por lo que me hicieron’”.

Durante seis meses la activista originaria de San Bernardino Chalchihuapan visitó a la empresaria tlaxcalteca en la prisión. El 22 de mayo de 2017 Silva Hernández obtuvo su libertad mediante un amparo.
–¿Te invitó a la boda? –le pregunto.

–¡Claro que no! –responde con una sonrisa.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 9 de octubre de 2018.


Acusan diputados que tres empresas se favorecieron con los permisos para estos anuncios, así como los morenovallistas Rodrigo Riestra Piña y Marcelo García Almaguer


Por mayoría de votos, el pleno del Congreso aprobó reformar y derogar artículos de la Ley de Protección al Ambiente Natural y de Desarrollo Sustentable, a fin de retirarle al gobierno del estado el control de las licencias para instalar anuncios espectaculares y devolverlo a los municipios.

La propuesta que impulsó la coalición legislativa de Morena, Encuentro Social y PT fue votada en contra por los 18 legisladores del PAN, PRI, PVEM, Movimiento Ciudadano, PRD, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla, en tanto que Carlos Alberto Morales Álvarez se abstuvo de emitir su voto.

En la discusión que se dio con la presentación del dictamen emitido por las Comisiones de Medio Ambiente y Asuntos Municipales, los diputados José Juan Espinosa Torres (PT) y Héctor Alonso Granados (Morena) señalaron que la reforma que presentó el panista Eukid Castañón Herrera en 2014 impidió a los ayuntamientos obtener ingresos y generó un negocio del que resultaron favorecidos funcionarios estatales, entre ellos Rodrigo Riestra Piña, secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT).

Espinosa Torres apuntó que a partir de tener el control para la emisión de licencias para la instalación y colocación de los anuncios espectaculares, la dependencia a cargo de Riestra Piña favoreció a las empresas Alcance Publicidad S.A. de C.V. y Mega Estructuras Publicitarias ligadas a Sergio Riquelme Novoa, y la firma Visión S.A. de C.V. de Mauricio Santoyo Santiesteban.

“Hay una red de corrupción, de tráfico de influencias que encabeza el secretario de Desarrollo Urbano, Rodrigo Riestra Piña (…) ahí está el nombre de dos empresas, que por cierto existe todo un expediente que se está trabajando porque hubo funcionarios de las áreas de comunicación del gobierno del estado, que a través de prestanombres, también son dueños de espectaculares y de pantallas que no han pagado sus permisos”.

En su momento, Alonso Granados manifestó que la reforma hecha al ordenamiento legal acaba con el negocio que institucionalizó el sexenio de Rafael Moreno Valle, del cual uno de los que obtuvo mayor beneficio es el actual diputado Marcelo García Almaguer, y ex director del organismo Puebla Comunicaciones.

“Hay diputados que son dueños, diputados de este Congreso que son dueños de empresas de espectaculares de las que operan en la franja de los 100 metros de la Atlixcáyotl, de la carretera Puebla-Tehuacán, Puebla-Teziutlán, del Periférico y de la Recta, y le pregunto de manera directa al diputado Marcelo García Almaguer, si él tiene o está familiarizado y que nos venga a decir a esta tribuna si tiene negocios de esto”.

Ante los señalamientos de Espinosa Torres y Alonso Granados, el diputado panista Oswaldo Jiménez López expuso que de la misma manera en que se acusaba el favoritismo hacia dos empresas, se tendrá que revisar si la reforma aprobada que impulsaba Morena no tendría como fin ayudar a otras particulares.

En los artículos 143 Bis, 143 Ter, 143 Quáter y 143 Quinquies que se aprobó su derogación, se establece que la Secretaría de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial es la responsable de la emisión de las licencias, permisos o autorizaciones para la construcción, instalación, modificación, retiro y en su caso, demolición de estructuras para los anuncios publicitarios.

e-consulta
María Pineda
Lunes 8 de octubre de 2018.


Ilícito es 42 veces mayor que en la gestión de Fox; costo del delito es de 30 mil millones de pesos


Esta administración cerrará su ciclo con el número de tomas clandestinas más alto en la historia de México, a partir de que se empezó a contabilizar este delito de manera formal (2010). En seis años, las perforaciones ilegales que diversos grupos delincuenciales realizan en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) podrían estar por arriba de las 40 mil tomas clandestinas, cifra que se alcanzaría con los resultados que la petrolera dé a conocer entre agosto y noviembre.

Con este número de incidencias sobre la red de ductos, cuya longitud es de 17 mil kilómetros destinados para la transportación de petrolíferos y petroquímicos, el crimen organizado en todas sus modalidades habría realizado en promedio 18.2 tomas clandestinas por día entre el 1 de enero de 2013 y el 30 noviembre de 2018.

“Es una locura, el problema es gigantesco. Hay que considerar que lo que se roban es una fortuna, que no va a los niños que están estudiando, sino va a dar a los mismos cárteles, con lo cual aumentan la maldad”, reconoció el director de la empresa petrolera, Carlos Treviño Medina.

“Deja esas 40 mil tomas clandestinas que tenemos, lo que hacen esos delincuentes con ese dinero es peor, porque lo usan para armarse, para pagar informantes, para seguir violentando la ley y causándole un daño patrimonial a Pemex y al país”, añadió.

El alto número de perforaciones supone, además, que los cárteles del narcotráfico, grupos especializados en el robo de combustibles y bandas criminales, entre otros, habrían perforado en promedio 2.3 veces cada kilómetro de la red de ductos, concentrándose en entidades federativas y municipios perfectamente localizables: Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz y Tamaulipas, entre los más importantes.

El directivo comentó, en entrevista con EL UNIVERSAL, que el costo de lo robado supera los 30 mil millones de pesos anuales.

En mayo de 2017, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, calculó que el daño económico de la ordeña era de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos. Sin embargo, en marzo de este año, el director de Pemex dijo que la cifra era de 30 mil millones.

“Una cosa es el valor del producto que le roban a Pemex y que es de 20 mil millones de pesos anuales y otra los costos en reparación, persecución y en los casos en donde las tomas clandestinas se descontrolan y que requieren reparación de daños ambientales y sociales, sobre todo cuando hay explosiones”, explicó en una entrevista con este medio.

Carlos Treviño dijo que ha platicado con el equipo del nuevo gobierno, el cual le ha manifestado su preocupación por el problema.

Este delito, tomando como referencia el número de ataques a los ductos de la petrolera en los últimos seis años, resulta 42 veces más elevado que en el periodo 2001-2006 y 7.7 superior que en el ciclo 2007-2012.

Debilidad legal

De acuerdo con la empresa EnergeA, Proyectos de Energía, el aumento del delito está asociado a varios factores, entre ellos, debilidades legales: “El robo de hidrocarburos es un delito grave que se ha incrementado exponencialmente desde 2008, y si bien entró en vigor la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos el 11 de enero de 2016, su efecto disuasorio contra el robo de hidrocarburos en México es todavía incierto”.

Además, el concepto de actividad estratégica dentro de la legislación actual sólo contempla las áreas Exploración y Producción, en términos del artículo 28 constitucional, las cuales son objeto de un régimen especial aplicable a su resguardo, el cual habilita al Ejecutivo para disponer de las distintas corporaciones policiales, pero el resto de la infraestructura de la industria petrolera no está comprendida dentro del concepto instalaciones estratégicas, entre ellas, comercialización, transporte, almacenamiento de petróleo y expendio al público de petrolíferos, así como transporte por ducto, lo cual provoca que las actividades que están fuera de este rango enfrenten los mismos riesgos y amenazas que las aquejaban antes de la reforma, pero desde una posición de mayor incertidumbre.

Crecen actividades delictivas

La Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex revela que el incremento en el número de perforaciones se presenta como resultado “de que México ha experimentado un incremento en las actividades delictivas”.

En el más reciente informe a la Bolsa Mexicana de Valores, la petrolera detalló que el país “ha experimentado un aumento en el delito, principalmente por las actividades de diversos grupos de la delincuencia organizada, incluyendo narcotráfico, lo cual ha detonado el desarrollo del mercado ilícito de combustibles y ha dado lugar al mayor robo y comercio ilegal de los combustibles que produce Pemex, a pesar de que el gobierno federal ha implementado medidas y reforzado las fuerzas militares y policíacas y, junto con la empresa”.

EnergeA, Proyectos de Energía, recomienda considerar reformar la definición de instalaciones estratégicas previstas en los artículo 146 de la Ley General del SNSP y el 22 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos para incorporar al resto de la actividad petrolera a las obligaciones mínimas en materia de resguardo de instalaciones estratégicas, como en exploración y producción; desarrollar un diagnóstico de riesgo propio, programas de prevención y mitigación ante los riesgos de la extracción ilícita de hidrocarburos, el uso de tecnología y procesos que permitan prevenir, detectar y en su caso minimizar los daños que sufran, y crear un órgano copresidido por las secretarías de Gobernación y Energía.

Impacto desconocido

Plantea que los cambios son necesarios dado que hasta ahora, “las dimensiones cuantitativas del robo de hidrocarburos en México son desconocidas”, porque no hay un método exacto para saber cuánto combustible es robado; hay limitaciones institucionales, como la falta de capacidad para reaccionar al delito, y en aquellos casos en los que se ha llevado a cabo una averiguación previa, las autoridades federales y locales muestran cierta resistencia a proporcionar mayores detalles sobre las indagatorias por razones a veces mal entendidas de confidencialidad y secrecía.

El director de Pemex reveló que la empresa está trabajando en el ámbito de su competencia: “Hemos incrementado nuestra capacidad para reparar las tomas clandestinas, es decir, las detectamos y las reparamos mucho más rápido que antes”.

Partimos de la base de que en 2016 y durante el año pasado, la capacidad que tuvieron los malos para hacer más tomas fue mayor a la de nosotros para cerrarlas, añadió.

Adelantó que la petrolera está desarrollando una aplicación que va a tener los teléfonos de todos los equipos, entonces recibo una denuncia y me sale un reporte para que vaya a verla, llega el equipo de seguridad, toma una foto y manda una orden de trabajo para repararla; el otro departamento va la repara y saca una foto de la toma reparada.

Con esta aplicación que es el workflow, que está totalmente digitalizado, Pemex tiene altas expectativas de que el problema se reduzca, dijo Treviño Medina.

El Universal
Noé Cruz Serrano
Ciudad de México
Lunes 8 de octubre de 2018.


Matan a dos estudiantes en Puebla; uno de ellos presuntamente ultimado por compañeros


El fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, confirmó la detención de tres personas mayores de edad presuntamente implicados en la desaparición y asesinato del joven José Andrés de Larrañaga, el pasado primero de octubre.

En rueda de prensa celebrada este viernes en las instalaciones de la FGE, Higuera Bernal dio detalles sobre el avance de la investigación, sin precisar si se trató de un secuestro o de acto por venganza.

Asimismo, reveló que el joven murió estrangulado, además de que su vehículo fue hallado el día martes dos de octubre en las inmediaciones del municipio de Acatzingo, aunque no fue sino un día después que se encontró su cadáver.

Por el avance de las investigaciones, Higuera Bernal reservó detalles del caso y aseguró que han estado en constante acercamiento con la familia luego de que, tras conocerse la noticia del asesinato, revelaron que no habían sido notificados sobre lo ocurrido.

Matan a dos estudiantes en Puebla; uno de ellos presuntamente ultimado por compañeros

En las últimas 24 horas, dos estudiantes han sido asesinados en esta entidad en diferentes hechos de violencia.

El estudiante de la Universidad de Ciencia y Tecnología (UDES), José Andrés de Larrañaga Canalizo, de 20 años, fue encontrado muerto, semienterrado en terrenos de Santa María Nenetzintla, en el municipio de Acajete.

Aunque las autoridades poblanas no han proporcionado información oficial, se sabe que tres estudiantes, compañeros de Larrañaga, fueron detenidos presuntamente por ser responsables de su secuestro y asesinato y que fueron ellos, tras interrogatorios, quienes confesaron la información para dar con el cuerpo.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía informe los avances de las investigaciones de este caso.

De acuerdo a sus familiares, el joven, de origen oaxaqueño, desapareció desde la noche del 1 de octubre.

Los reportes que se tenían es que había sido levantado en las inmediaciones de la UDES y sus amigos y parientes habían iniciado una campaña en las redes sociales para buscarlo.

Otro joven estudiante del Instituto Tecnológico de Ciudad Serdán fue asesinado en el municipio de San Juan Atenco luego de ser levantado la noche del miércoles por un grupo de sujetos vestidos de policía.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven, identificado como Miguel Ángel, fue sacado de su casa ubicada en la localidad de San José Guerrero, para ser llevado por la fuerza por en un vehículo.

Minutos después la policía de esa localidad detuvo a Jaqueline S., de 20 años de edad, vecina de San Pablo Xochimehuacán, y Gerardo A., de 40 años, originario de Soltepec, quienes portaban uniformes de policías y se trasladaban en un carro.

El cuerpo del joven fue localizado por la mañana del jueves en campos de cultivo, aproximadamente a 10 metros de distancia de las vías del tren, en el municipio de San Juan Atenco.

Proceso
e-consulta
Alberto Melchor
Jean Lenin Vásquez
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla. Mx.
Viernes 5 de octubre de 2018.


Luego de que el Ejecutivo vetara de última hora la abrogación de la llamada Ley Bala y la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para el nombramiento de su titular, el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, aseguró que no se trata de un revanchismo político en contra del Poder Legislativo.

En entrevista, Carrasco Altamirano indicó que respetan el trabajo hecho por los legisladores del Congreso del Estado, sin embargo, recalcó que no entrarán en una discusión con el Legislativo ya que están en su derecho de hacer las observaciones necesarias que de detecten dentro del lapso de 15 días.

"Lo hace (el Ejecutivo) con absoluto respeto a la soberanía y facultades del Congreso del Estado, no se quiere discutir con nadie, simplemente se hace cuidando la institucionalidad en la aplicación de lo que el Congreso aprueba o abroga y se están haciendo las observaciones", sostuvo el secretario General de Gobierno.

Detalló que además las observaciones que se están haciendo son dos: en el caso de la abrogación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el uso de la fuerza pública por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, conocida como la Ley Bala, se pide crear una figura que la sustituya para no dejar un vacío.

Mientras que en lo que hace a la reforma del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, destacó que la ley no será retroactiva, motivo por el cual no aplicaría a la licencia de Víctor Carrancá Bourget que permitió la llegada de Gilberto Higuera Bernal, por lo que el Congreso del Estado seguiría sin facultades para elegir a alguien distinto.

e-consulta
Alberto Melchor
Puebla, México
Martes 2 de octubre de 2018.


El trabajo legislativo local, apenas para revertir y eliminar aberraciones y francas violaciones constitucionales, pero que al panista Moreno Valle le redituó grandes dividendos, sobre todo con las expropiaciones y apropiaciones ilegales que hoy aparecen a nombre de testaferros.

Puebla. - Con la abstención de los diputados del Frente, Morena logró la mayoría de votos en el pleno del Congreso para derogar el artículo 5 Bis de la Ley de Expropiación, el cual permitía al gobierno incautar de manera inmediata bienes y eliminó el derecho de audiencia previa para los afectados.

Al presentarse el dictamen de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Carlos Alberto Morales Álvarez aclaró que respaldaría la reforma propuesta por Morena, pero acusó que en la reunión de trabajo de los órganos legislativos se aplicó una “mordaza” a los diputados que no estaban de acuerdo con la iniciativa.

En la tribuna, el diputado de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado acusó que los procedimientos con los que Morena pretendía validar la reforma se daban de forma exprés y que la actitud de la bancada mayoritaria había sido cuestionada por el sector empresarial.

En respuesta a las críticas de MC y Nueva Alianza, Vianey García Romero (Morena), presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, puntualizó que el procedimiento se dio conforme a lo que dicta el reglamento y sostuvo que en el Congreso se legisla para favorecer a los ciudadanos y no se debatía el “estilo” de la presentación de las iniciativas.

“El trabajo que nosotros estamos haciendo (…) ha sido con base al reglamento y a la Ley, la primera sesión que tuvimos en conjunto con la Comisión de Justicia buscamos que en tiempo y forma se les hiciera llegar a todos y todas las diputadas y diputados su convocatoria, 48 horas antes, se les hiciera llegar el dictamen para su estudio y revisión 24 horas antes (…) el diputado dijo que no estaba de acuerdo con el tema del dictamen, ya es cuestión de estilo, y el estilo no se viene a debatir a un Congreso, lo que se viene a debatir son los derechos de la ciudadanía (…) ya basta de hacernos mensos, ya hay que ponernos a trabajar en lo que la ciudadanía quiere y dejemos de dar vuelta a cosas sin sentido, en ningún momento se faltó al reglamento ni a la ley”.

PRI y PVEM se suman a favor

En la votación, el dictamen propuesto por ambas Comisiones tuvo el voto a favor de los diputados de las fracciones de Morena, Encuentro Social, PT, PRI, PVEM y del diputado de MC, Carlos Alberto Morales Álvarez; mientras que los legisladores del PAN, PRD, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y Guadalupe Esquitín Lastiri (MC) se abstuvieron.

Las expropiaciones exprés fueron avaladas en marzo de 2014 por la LIX Legislatura, reforma que impulsó el diputado del PAN, Eukid Castañón Herrera.

El artículo 5 bis que validó la pasada legislatura señalaba que la autoridad expropiante podía emitir la declaratoria de utilidad pública, decretar la expropiación y tomar posesión provisional de los bienes afectados.

Las excepciones en las que se permitió al gobierno intervenir de manera inmediata en la expropiación de bienes son: por el establecimiento de un servicio público, la apertura de caminos, la preservación del equilibrio ecológico; la defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales, y la fundación o crecimiento de centros de población.

Además, se eliminó la posibilidad de que los afectados tuvieran un plazo para manifestarse ante la autoridad judicial tras ser notificados de la incautación de sus bienes.

e-consulta
María Pineda
Ciudad de Puebla
Lunes 1 de octubre de 2018.


Ciudad de México.- La presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, dijo hoy que exigirá la anulación de la elección del 1 de julio en el estado de Puebla, centro de México, alegando múltiples irregularidades.

Polevnsky solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) que lleve a cabo comicios extraordinarios ya que no confían en el Instituto Electoral Estatal debido a su participación en la presunta manipulación de material electoral.

"Estamos exigiendo la anulación de la elección porque es inaceptable que una elección llena de tanta manipulación y corrupción no da ninguna certeza. Es una elección en contra de lo que establece la Constitución y no se puede tomar como válida", dijo Polevnsky en conferencia de prensa en Ciudad de México.

Polevnsky dijo que el asunto es el tema más importante en la agenda de Morena, al tiempo que denunció una elección de Estado al señalar que exgobernador Rafael Moreno Valle (2011-2017) intenta extender su mandato al "heredarle" el poder a su esposa, Martha Erika Alonso, quien contendió para gobernar el estado en el periodo 2018-2024 por el conservador Partido Acción Nacional (PAN).

Cuando Moreno Valle dejó el cargo este fue ocupado desde el 1 de febrero de 2017 por José Antonio Gali, actual gobernador, por un periodo de 20 meses.

A la conferencia también asistió Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato de Morena a la Gobernación de Puebla, quien hizo un listado de una serie de irregularidades.

Barbosa señaló que el 61 % de bolsas con los sufragios contenían votos nulos y ya estaban abiertas antes del recuento Mientras que en otros paquetes electorales había boletas de más, nuevas, y en el 52 % de los paquetes las boletas estaban sin doblar, como se exige a los ciudadanos para introducir el voto, entre otras irregularidades.

El fin de semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) terminó un recuento de votos de la elección a gobernador en Puebla por irregularidades, en el que se revisaron 7.486 paquetes de los 26 distritos electorales.

El recuento del Tribunal, que duró cinco días, tenía como objetivo corroborar inconsistencias en el conteo realizado por el Instituto Electoral del Estado (IEE). No obstante, el TEPJF no informó el resultado del recuento.

Barbosa consideró que hay elementos suficientes para anular la elección del 1 de julio, lo que daría paso a una nueva elección extraordinaria.

La jornada electoral del 1 de julio en Puebla estuvo marcada por la violencia.

En su oportunidad, el INE confirmó incidencias en 70 casillas (colegios electorales) del estado, en las que se registraron actos de saqueo, robo, retención o quema de urnas.

Por todo ello, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) recabó pruebas, incautó de material electoral y abrió una investigación.

EFE
Ciudad de México
Lunes 1 de octubre de 2018.

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