Llama al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta a evitar inhibir la crítica


Al denunciar acoso judicial contra tres medios de comunicación poblanos, la organización defensora de periodistas Artículo 19 llamó al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, a evitar que esos actos se cometan durante su mandato y que funcionarios públicos a su cargo no utilicen el aparato estatal para inhibir la crítica y la libertad de expresión.

La agrupación señaló que los periodistas afectados enfrentan demandas por daño moral, que es un tipo de estrategia utilizada por la gente que detenta el poder para limitar el debate público, así como censurar e intimidar con la intención de que los afectados abandonen su postura crítica.

“Es por ello que este tipo de demandas se consideran como una agresión a la libertad de expresión y una forma de acoso judicial”, señaló Artículo 19 en un comunicado difundido este jueves y el cual también firman las organizaciones Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la información (AMEDI), la Red Puebla de Periodistas y el Nodo de Transparencia.

Según expuso Artículo 19, desde el 20 de enero de 2020 los directores de los medios de información e-consulta, El Popular y Datamos, Rodolfo Ruíz Rodríguez, Carolina Fernández Galindo e Israel Velázquez García, han sido víctimas de acoso judicial a través de demandas civiles por daño moral.

Los recursos fueron presentados por el diputado Gabriel Biestro Medinilla; el subsecretario de Movilidad y Transportes, Seth Yassir Vázquez Hernández; el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas; y el subsecretario de Administración, Juan Pablo Cortés Córdova, en Puebla.

En las cuatro demandas está señalado Rodolfo Ruíz Rodríguez y el medio digital e-consulta, en el caso de El Popular está señalada en las demandas interpuestas por Seth Yassir y Juan Pablo Cortés, y en el caso de Datamos se le señala en la demanda interpuesta por Jesús de la Luz Sánchez Cuevas.

Los funcionarios y el legislador local, postulado por Morena, acusan a Ruiz de ocasionarles un daño moral por publicaciones que ha realizado en su columna periodística “La Corte de los Milagros”, así como a El Popular a Datamos por replicar esas publicaciones.

A los acusados, se les solicita el pago de 5 millones de pesos por cada demanda –lo que suma 20 millones de pesos-, así como la publicación de un extracto de la sentencia en los medios demandados, abstenerse de realizar conductas ilícitas, la destrucción de los archivos electrónicos que contienen las columnas de opinión y el pago de gastos y costas. Además, como medida precautoria para garantizar el pago de la indemnización, se solicitan embargos precautorios a las propiedades de la y los demandados.

La agrupación hizo énfasis en que los demandantes son representados por el mismo cuerpo de abogados y que en su texto se advierten los mismos argumentos, en los que reclaman supuestos actos delictivos y ser sujetos de información dolosa y falsa.

Es una estrategia para inhibir la crítica en Puebla

La agrupación consideró que los hechos forman parte de una estrategia para desaparecer la crítica en Puebla, pues inhiben la libertad de expresión no solo para los periodistas demandados, sino para todos aquellos que cuestionan las acciones de la administración estatal o de cualquier político o funcionario público.

Artículo 19 hace énfasis en que, de acuerdo con tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nadie debe estar expuesto a procesos judiciales por daños a la reputación, por haber expresado una opinión y menos aún cuando se trata de una opinión sobre la actividad y gestión de funcionarios públicos o personas que por voluntad propia se exponen al escrutinio público.

Incluso aún en los casos en los que se ha demostrado que en una declaración de hecho sobre un asunto de interés público es falsa o imprecisa, se trata de una publicación legítima, pues el demandante tiene que probar que efectivamente existió una malicia efectiva.

Como lo dictó la SCJN en el amparo directo 6175/2018 respecto al caso Aristegui y el prólogo de la Casa Blanca, continúa la agrupación, cuando las opiniones impacten en asuntos de interés público se justifica que el derecho a la libertad de expresión prevalezca frente a los “derechos de la personalidad”.

Exigen detener las demandas

Ante el caso, Artículo 19, Nodo de Transparencia, Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la información (AMEDI) y la Red Puebla de Periodistas, instaron a los funcionarios públicos Gabriel Biestro, Seth Yassir Vázquez, Jesús de la Luz Sánchez y Juan Pablo Cortés, a respetar y proteger el derecho a la libertad de expresión y de información y les exigieron se abstengan de proseguir con dichas demandas.

En tanto, llamaron al gobernador para prevenir que estos actos se sigan cometiendo durante su mandato y que los funcionarios públicos a su cargo dejen de utilizar el aparato estatal para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y de acceso a la información.

Por otra parte, pidieron al Congreso local que armonice la legislación poblana con los principios de libertad de expresión para que, a la par de garantizar el derecho a la honra, deje de ser utilizado como mecanismo de censura contra la prensa.

e-consulta
Patricia Méndez
Ciudad de Puebla
Jueves 28 de febrero de 2020.


Gilberto Higuera subordinado de Víctor Carrancá Bourget queda como fiscal de Puebla por 7 años

El Congreso de Puebla descalificó por adelantado a Guadalupe González Vargas de la contienda por la Fiscalía General del Estado (FGE) y ahora el aspirante analiza impugnar el nombramiento, porque se le exigió un requisito injustificadamente.

De impugnarse, sería el tercer proceso cuestionado por errores de los diputados, pues hay juicios de amparo contra las designaciones de Félix Cerezo Vélez y Francisco Romero Serrano al frente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y la Auditoría Superior del Estado (ASE), respectivamente.

El presidente del poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla y la presidenta de la Comisión de Procuración de Justicia, María del Carmen Cabrera Camacho, señalaron este miércoles antes de la elección del fiscal, que dicho contendiente no cuenta con un certificado del SNSP.

Durante la comparecencia del aspirante en la sesión ordinaria, los diputados le advirtieron que podría no ser electo por no estar registrado ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

El aspirante enfatizó que la convocatoria establece que el certificado será obligatorio solo para quien resulte electo, no para los candidatos, además de que la Constitución no alude a este documento en los requisitos para entrar a la competencia.

El punto VI del apartado “Procedimiento” de la convocatoria le da la razón al contendiente, pues enfatiza:

“En caso de resultar seleccionado para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado, en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la persona elegida deberá estar debidamente certificada y registrada en el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

González Vargas advirtió que analizará impugnar el procedimiento debido a que su posible descalificación sería infundada.

En entrevista al salir de su entrevista ante los diputados, enfatizó que, si el certificado se hubiera exigido desde el principio, no se habría inscrito o su descalificación hubiese sido automática.

A la vez sentenció que si no cumple los requisitos, la culpa sería de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, ya que fue la que le permitió continuar en la contienda, igual que el pleno y el gobernador Miguel Barbosa Huerta, que fue quien lo puso en la terna de finalistas.

Cabe señalar que durante la sesión del Congreso de este miércoles para nombrar al fiscal, integrantes de la Red Plural de Mujeres, entre ellas las ex diputada del PRD, Socorro Quezada Tiempo, mostraron pancartas con la leyenda #NoAlFiscalCArnal.

Gilberto Higuera subordinado de Víctor Carrancá queda como fiscal de Puebla por 7 años

El Congreso de Puebla eligió a Gilberto Higuera Bernal como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el periodo 2020-2027, en sustitución de su exjefe, Víctor Carrancá Bourget.

Con 38 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, su nombramiento se concretó este miércoles en sesión ordinaria del pleno.

Con votación secreta se concretó su designación tras 17 meses de fungir como encargado de despacho de la FGE, luego de que el exfiscal se separó del cargo en septiembre de 2018 mediante una licencia por tiempo indefinido.

El PAN y el PRI se sumaron a la coalición Juntos Haremos Historia para reunir la mayoría calificada que exigía la Constitución Política del estado, que es el voto de dos terceras partes de los 41 diputados locales.

Maricela Pichón Acevedo y Guadalupe González Vargas, los otros dos aspirantes que conformaban la terna de finalistas enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, solo recibieron uno y cero votos, respectivamente.

La elección se llevó a cabo sin debate de por medio, ya que al culminar las entrevistas de los aspirantes —que duraron siete horas— de forma inmediata los legisladores procedieron a la votación y nadie pidió subir a la tribuna para hacer uso de la palabra.

La designación se realizó sin los diputados José Juan Espinosa Torres (del PT) y Arturo de Rosas Cuevas (Morena), que dejaron el pleno antes de que acabaran las comparecencias.

Tan pronto como cantó el resultado la Mesa Directiva, se procedió a la toma de protesta constitucional, para consumar el nombramiento.

A pesar del respaldo casi unánime al nuevo fiscal, González Vargas analiza impugnar el nombramiento porque en su comparecencia se le exigió un certificado que no establecía la convocatoria.

Condenan nombramiento

El colectivo La Voz de los Desaparecidos, la Red Plural de Mujeres y el PRI condenaron el nombramiento, ya que acusaron que Higuera Bernal conserva la estirpe del grupo político del exgobernador Rafael Moreno Valle y representa la continuidad de la mala gestión de Carrancá Bourget.

Familiares de los desaparecidos llamaron “vendidos” a los diputados por hacer titular de la FGE al exfiscal de Investigación Metropolitana, pues denunciaron que en los últimos meses se negó a atenderlos, fue insensible con las víctimas y omiso en atender los casos.

También señalaron que el proceso de designación fue “una farsa”, porque desde el principio se planeó la continuidad del encargado de despacho por una instrucción de Barbosa Huerta.

Ante ello la Red Plural de Mujeres advirtió que Higuera Bernal será el próximo “fiscal carnal”, mientras que la dirigencia municipal del PRI advirtió que, con él al frente, continuará la persecución política, así como la fabricación de pruebas y delitos contra críticos del gobierno.

No seré fiscal carnal: Higuera

En respuesta a las acusaciones, Higuera Bernal negó algún vínculo político con el grupo político de Barbosa Huerta y menos con el del exgobernador Rafael Moreno Valle.

“No tengo ninguna situación ideológica, política personal que me ubique en alguna parte”, sostuvo en entrevista después de su comparecencia.

¡No al fiscal carnal y Fiscalía Poblana!, exigen integrantes de la Red Plural de Mujeres durante la comparecencia de Gilberto Higuera, quien se perfila como el favorito y es oriundo de Sinaloa.

Con el @CongresoPue semi vacío, inicia comparecencia de Maricela Pichón Acevedo, la última aspirante a la @FiscaliaPuebla, quien ofrece acabar con la impunidad y los malos tratos del MP a la ciudadanía.

En lo que hace a las omisiones que acusó La Voz de los Desaparecidos, el aspirante reconoció que la estructura actual de la FGE no es suficiente para resolver de inmediato todos los casos, pero aseguró que todas las denuncias han sido atendidas.

Investigará a Carrancá

A pregunta expresa de la diputada Tonantzin Fernández Díaz (de Morena), en su comparecencia Higuera Bernal se dijo dispuesto a investigar a su exjefe, Víctor Carrancá Bourget, siempre y cuando exista una denuncia de por medio.

Aunque se negó a revelar si ya hay querellas contra el exfiscal, sostuvo que en caso de haberlas les dará el trámite y seguimiento que deben tener todas las quejas que recibe la FGE.

La creación de una unidad o fiscalía especializada para investigar cada uno de los 25 delitos que contempla el Código Penal del estado fue una de sus principales propuestas, así como un nuevo marco normativo para la operación de la fiscalía.

Otra Ley Orgánica y otro reglamento serían parte del nuevo marco, por lo que se comprometió a promover las reformas y profesionalizar al personal.

El incremento de la base laboral en un 30 por ciento y el cambio de la imagen institucional también serían parte de sus primeras acciones.

e-consulta
Héctor Llorame
Ciudad de Puebla
Miércoles 26 de febrero de 2020.


El expresidente del Instituto Electoral de Puebla no pasó el examen teórico-práctico

 
El expresidente del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, Jacinto Herrera Serrallonga, no pasó el examen teórico-práctico y quedó fuera de la contienda por la Secretaría de Acuerdos de la sala regional del TEPJF.

El exconsejero electoral no figura en la lista de aprobados que publicó el viernes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Solo había tres espacios para competir por la secretaría de la sala regional Ciudad de México y fueron ocupados por aspirantes de otros estados, de entre quienes se elegirá al ganador luego de que sean entrevistados el lunes.

La evaluación que no logró pasar Herrera Serrallonga constaba de dos exámenes, uno teórico y uno práctico. El primero lo realizó el 31 de enero y el segundo el 1 de febrero.

De acuerdo con la convocatoria, en el examen práctico el exconsejero dispuso de hasta seis horas para redactar la parte considerativa de un proyecto de sentencia.

Los rubros que se evaluaron fueron: comprensión del problema; redacción y sintaxis; orden, congruencia y visión integral del caso, así como la argumentación, solidez de los razonamientos y sustento normativo, jurisprudencial y teórico

Arrastra acusaciones de fraude electoral

Herrera Serrallonga buscó un cargo en el TEPJF luego de renunciar el 26 de agosto del año pasado a la presidencia del IEE.

El exconsejero abandonó el órgano local argumentando "motivos estrictamente personales", aunque su salida se dio apenas unos días después del arribo de Miguel Barbosa Huerta a la gubernatura del estado.

En 2018 el ahora gobernador lo acusó de orquestar un fraude electoral a favor de la entonces candidata panista Martha Erika Alonso Hidalgo, fallecida el 24 de diciembre de ese año junto con su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle.

Incluso el hoy mandatario y su partido Morena tramitaron en octubre de 2018 ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un proceso para destituir a Herrera Serrallonga y los otros seis consejeros electorales del IEE, pero a la fecha el recurso sigue sin resolverse y la mitad de los acusados ya no laboran en el organismo.

e-consulta
Ciudad de México
Lunes 23 de febrero de 2020.


Enrique Aguirre  

La izquierda en Puebla, con varios años de lucha y resistencia en contra de los cacicazgos políticos y tiranuelos en turno, tiene perfectamente identificadas las prioridades sociales y los mecanismos democráticos para hacer de la entidad un espacio libre, igualitario y próspero.

Desde las apariencias, desde la rapacidad, apropiarse de una entidad, bajo mecanismos de coerción y acciones punitivas sólo llevarán al desprecio y al encono contra una administración que no comulga ni con izquierdas ni derechas y sus metas cortoplacistas son apenas por la enajenación de los bienes públicos con los que no pudo cargar el antecesor.

Nadie en su sano juicio apostó a que Puebla sufriera una transformación radical después del 1° de agosto de 2019, tras el ungimiento de Miguel Barbosa como gobernador del Estado de Puebla.

Nadie se hizo falsas expectativas sobre el eufemismo de la “Cuarta Transformación” aterrizado en su camotera y mojigata versión:

Pero sí, la urgencia estaba a la vista:

Cálculos académicos y políticos daban cuenta de las prioridades sobre las que se tendría que abocar de inmediato el “tsunami morenista” en Puebla: Apoyos definitivos al campo con recursos suficientes y tecnología. Ampliar la frontera agrícola de la entidad para producir más, lograr la autosuficiencia a mediano plazo y multiplicar el empleo para disuadir la emigración de nuestros campesinos.

Hace un año, los optimistas  pensaron que había llegado el gran momento de la 4T en Puebla; creyeron que el pobre y desgarbado estudiante de derecho salido de Zinacatepec, Puebla, erguiría las banderas de la marcha cultural de la ciudad al campo, para revertir años, décadas, de brutal analfabetismo y hambre heredada.

AMLO subestimó las ambiciones de un ladino

Sin embargo, con desgano y por inercia del rompimiento de protocolos emprendido por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, Barbosa debió de “rechazar” varios privilegios largamente ansiados y codiciados por él, cuando era un convidado de piedra de los excesos del morenovallismo en Casa Puebla. Así, residencia de magnate, servicios, servidumbre y helicóptero a capricho, quedaron suspendidos, no cancelados totalmente. Por que como refiere la conseja popular: “Para ser gobernador, hay que parecer gobernador”.

Elevar y crear nuevos impuestos, enajenar las libertades de los poderes legislativo y judicial, violentar las autonomías municipales, dice mucho de una mente ociosa que por años estuvo ensimismado en la idea de gobernar, pero gobernar de la manera tradicional, al estilo del PRI. Ocurrencias y manotazos al escritorio hablan de quien se vio sorprendido por una especie de lotería o milagro cumplido, no de quien debió trabajar en un profundo proyecto de desarrollo estatal.

La historia política reciente de Puebla es el recuento ininterrumpido de excesos y abusos particularmente en el ámbito patrimonial de la entidad; entre ineptos, serviles y autoritarios, el caudal económico de Puebla ha menguado de tal manera que, la que fuera una de las cinco principales economías del país, ahora es la tercera entidad con los mayores índices de pobreza.

Los retos son enormes, la burocracia priísta ya demostró su voracidad e ineptitud, lo mismo ocurre con la derecha poblana y el PAN. Ambas fuerzas políticas han demostrado ser premeditadamente depredadoras. Está claro que la sociedad mexicana en su conjunto, Puebla incluido, hizo una notable acción cívica el primero de julio 2018, para cambiar a la política y los políticos tradicionales, no para tener más de lo mismo.

Está claro que más de 20 años de vecindad ininterrumpida en la Ciudad de México le impiden a Barbosa tener un enfoque más certero de lo que es Puebla. La sociedad civil, las universidades, la incipiente oposición, la prensa independiente, sin que sea su tarea, se lo deben de estar recordando día a día.

Puebl@Media
Ciudad de Puebla
Martes 18 de febrero de 2020.


El ex perredista es el gobernador peor calificados del país, ubicándolo en los lugares 32 y 29, según las encuestas realizadas recientemente por Arias Consultores y Massive Caller


Cuando asumió la gubernatura de Puebla, Luis Miguel Barbosa ofreció “grandes transformaciones” para el estado. “Todo nuevo”, prometió. Sin embargo, en un poco más de 6 meses de gobierno su gestión ha sido cuestionada por replicar prácticas que él mismo criticó de morenovallismo, como la persecución y el espionaje a opositores y exaliados, presos políticos, el apoderamiento de las instituciones y la intolerancia crítica.

Además, las primeras actuaciones de Barbosa han causado descontento social. Autorizó el alza a las tarifas del transporte urbano, creó y aumentó impuestos, ordenó el reemplacamiento vehicular y revivió las fotomultas de tránsito.

Además, el mandatario ha abandonado banderas de su campaña, como la desprivatización del servicio de agua potable y la cancelación de diversas obras que atentan contra el medio ambiente y las comunidades, conocidos como “Proyectos de muerte”.

El inicio de la actual gubernatura poblana también está marcado por la inestabilidad en su gabinete: en medio año ha tenido cinco nuevos secretarios.

De acuerdo con las más recientes encuestas hechas por Arias consultores y Massive Caller, el mandatario poblano es de los peor calificados del país, ubicándolo en los lugares 32 y 29, respectivamente.

Sin compromiso

Para el académico, morenista y excandidato a la gubernatura en 2016, Abraham Quiroz, la administración de Barbosa no se distingue “absolutamente en nada” de los gobiernos del PRI y del PAN que lo antecedieron. “reproduce masivos vicios, procedimientos y formas del viejo régimen que Morena combatió, critica.

No obstante, considera de alguna manera como “lógica” la actuación de gobernador, debido a su pasado perredista, a sus ligas con la corriente de Los Chucho, y al hecho de que fue uno de los firmantes del Pacto por México que encabezó el presidente priístia Enrique Peña Nieto. “Y hasta fue cercano al extinto exgobernador Rafael Moreno Valle”.

Tras los comicios extraordinarios de 2019, a causa de deceso de la gobernadora panista Martha Érika Alonso y su esposo, Moreno Valle, en un accidente aéreo, el gobierno instalado en Puebla llegó al poder de la mano de Morena, aunque “no gobierna con Morena”, considera Quiroz. Sólo hay dos militantes morenistas en el gabinete de Barbosa: el secretario del Trabajo, Abelardo García, y la titular de DIF estatal, Leonor Vargas. “No hay un compromiso como gobierno de izquierda, agrega.

Acusan dedazo

Militante de Morena y operador político de Barbosa en las elecciones estatales de 2018, el diputado local José Juan Espinosa considera que una de las promesas que el gobernador ha roto es la del equilibrio de poderes.

“Las mismas prácticas de sometimiento que operaron en el morenovallismo se estilan en el actual gobierno”, sostiene quien quedó excluido del barbosismo en los recientes comicios de 2019.

Espinosa acusa a Barbosa de haber dado línea a la mayoría parlamentaria de Juntos Haremos Historia para que fueran aprobadas las reformas que son contrarias a la agenda histórica de la izquierda, como prohibir matrimonios igualitarios y mantener la criminalización del aborto en Puebla.

También considera que ha sido claro que los diputaos estatales, “operaron por consigna” cuando votaron por la designación de José Félix Cerezo Vélez como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pese a que éste obtuvo una de las más bajas evaluaciones durante el proceso de selección,

El ex operador de Barbosa dice que lo mismo ocurrió en la designación del auditor del estado, Francisco Romero Serrano, que no sólo fue promotor de la campaña del hoy gobernador, sino quien buscó ser el candidato de Morena en 2018.

Recuerda que al día siguiente del nombramiento de Romero se inició una auditoría “preventiva” en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cuyo rector, Alfonso Esparza, lo acusa de violentar la autonomía de la institución.

Golpe al bolsillo

El diputado local José Juan Espinosa también cuestiona los actos del gobierno de Barbosa que, contra lo que ofreció en campaña, laceran la economía popular. Destaca la autorización del mandatario para aumentar 41% la tarifa al transporte urbano, así como el llamado “placazo” (reemplacamiento) que costará 965 pesos, un gasto que se sumará a los demás pagados por derechos vehiculares.

También expone el impuesto que Barbosa creó de 3% al hospedaje y de 6% a los juegos, loterías y apuestas, sin olvidar el alza de 2.5 a 3% para el Impuesto Sobre Nómina.

El representante de la organización Asamblea Social del Agua, Omar Jiménez, también hace señalamientos contra el gobierno estatal. Acusa que Barbosa evade el tema pendiente de la desprivatización del servicio potable, una de sus banderas de campaña, y que bajo su gobierno el Congreso local pretende darle más herramientas a la concesionaria Agua de Puebla para Todos para que ésta obtenga más ganancias.

La iniciativa que impulsa la aplanadora de Morena pretende convertir en créditos fiscales los adeudos de los usuarios morosos, dejando la posibilidad de que la concesionaria realice embargos, Cabe aclarar que la empresa ya realiza cortes totales del servicio de agua potable y drenaje a los deudores.

“No es la continuidad del morenovallismo, es peor, Ni Moreno Valle de atrevió a tanto”, lamenta Jiménez.

Acoso

El diputado local José Juan Espinosa dice ser el primer perseguido político del sexenio. El legislador fue destituido de las presidencias de la Mesa Directiva y de la Comisión Inspectora. El Congreso Local, además, aprobó un procedimiento en su contra sobre su gestión como alcalde de Cholula.

La “persecución”, asegura, se intensificó cuando su esposa, la senadora morenista Nancy de la Sierra, pidió desde la tribuna que el gobernador ofreciera una disculpa pública por su dicho “me robaron, pero los castigó Dios”, en referencia al exgobernador Moreno Valle y a las elecciones que perdió ante Alonso.

El mandatario no se disculpó y la Fiscalía General de estado retomó una denuncia de años atrás que varios panistas presentaron contra Espinosa y su esposa por enriquecimiento ilícito.

El legislador local denuncia que, con la reapertura de su proceso, la persecución política en su contra ha incluido actos de espionaje con drones que sobrevuelan su casa y oficinas, así como intervenciones telefónicas, la visita de policías judiciales a su domicilio y la solicitud del Ministerio Público a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe sobre los viajes internacionales que él y su familia realicen.

Un caso similar ocurre con el alcalde de Morena en Tehuacán, Felipe Patjane, dice Espinosa. Señala que ha sido irregular el proceso del edil que está encarcelado desde el 16 de noviembre. “ni si quiera había rendido su primera cuenta pública cuando se le acusó de malos manejos”.

Detalla que los problemas del alcalde comenzaron cuando despidió a la tesorera, al contralor y al secretario general, personas que fueron nombradas unas semanas antes a petición de Barbosa.

De concretarse la salida del alcalde de Tehuacán -donde el mandatario estatal tiene su domicilio-, el interinato de la administración del ayuntamiento podría recaer en Andrés Artemio Caballero, sobrino de la esposa del gobernador.

El 3 de octubre, víspera de una visita de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador a Puebla, la BUAP publicó un desplegado en el que denunció una campaña de desprestigio por “plumas al servicio del gobierno en turno”.

En enero esa casa de estudios señaló que la Auditoría Superior del Estado comenzó una revisión del ejercicio 2019, que calificó de “ilegal” porque aún no cerraba el ejercicio fiscal.

Otra situación de acoso fue expuesta por el director del portal de noticias e-consulta, Rodolfo Ruiz. Respaldado por organizaciones como Artículo 19 ha denunciado que su medio es víctima de bloqueos informativos, descalificaciones y que el gobierno lo ha amenazado con emprender acciones legales en su contra.

El periodista destalló que personajes como Fernando Manzanilla, quien en ese momento era secretario de Gobernación, dejaron de colaborar en su portal a causa de presiones políticas. El propio Manzanilla confirmó la razón de su salida el 29 de enero, en una entrevista que le concedió a Ruiz.

En otras entrevistas Manzanilla habló de la salud de Barbosa, como los problemas de vista que padece, resultado de la diabetes.

Al día siguiente de la entrevista con el directo del portal, David Méndez Márquez -quien asumió la Secretaría de Gobernación estatal- anunció que se iniciaría una auditoría a la dependencia que incluye tres gestiones de Manzanilla en ese cargo.

Detención de activistas e inseguridad

 En materia de presos políticos el gobierno de Barbosa ha dado nota. Tal es el caso de Miguel López Vega, activista y defensor del río Metlapanapa, detenido el 24 de enero pasado.

Carolina Barranco, vocera del Comité de la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, señala que la manera en que fue detenido el también comunicador indígena y los cargos que se le imputaron “son bastante similares a las persecuciones contra activistas que se vivieron con el exgobernador Moreno Valle”.

Aunque López Vega fue excarcelado luego de una campaña que denunció su caso, apoyada por organizaciones nacionales e internacionales, el defensor ambiental aún sigue bajo proceso por el cargo de ataque a las vías de comunicación. El 30 de octubre último, el activista encabezó a un grupo de personas que realizaron un bloqueo carretero y después se enfrentaron con policías.

La inconformidad de la comunidad indígena de Santa María Zacatapec, a la que pertenece López Vega, se debe a un proyecto para descargar aguas residuales del Parque Industrial de Huejotzingo.

Barranco cuestiona que mientras por un lado la autoridad actúa contra las comunidades que defienden sus recursos naturales, por otra parte, no se persiga a funcionaros como el exfiscal general del estado Víctor Carrancá y el extitular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo López Badillo.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla ha pedido al gobierno de Barbosa que se repare el daño causado a perseguidos políticos (unos 300 casos) del periodo morenovallista, lo que implicaría resarcir el daño material y fincar responsabilidades contra personajes como Carrancá que convirtieron a la fiscalía en un “laboratorio” para fabricar expedientes.

El gobernador Barbosa ordenó desaparecer todas las insignias, logotipos, nomenclaturas y colores que dejó Moreno Valle en edificios y obras del estado.

El mandatario ha hecho denuncias mediáticas sobre supuestos actos de corrupción e ilegalidades cometidas en las anteriores administraciones, como "la venta de niños en el DIF", el saqueo de Casa Puebla y el desvío de 100 millones de pesos del programa de reconstrucción por el sismo, Sin embargo, se desconocen denuncias o responsables concretos.

Barbosa ha declarado que su prioridad es recuperar la seguridad, como uno de los reclamos más sentidos de la población, No obstante, son frecuentes las noticias y reportajes sobre ejecutados, descuartizados, feminicidios, desapariciones, secuestros y asaltos violentos en el estado.

En ese contexto, la actual gubernatura arrendó mil patrullas por las cuales pagará mil 387 millones de pesos por 27 meses de uso, reconsecionó la operación de las fotomultas e incrementó de 15 a 157 los puntos de control. Pese a los reclamos ciudadanos que le recuerdan que en su campaña ofreció cancelarlas, Barbosa asegura que este sistema de sanación ayudará a mejorar la seguridad pública.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México.
Domingo 16 de febrero de 2020.


Volkswagen redujo 1.5% sus vehículos ensamblados


En enero de 2020, la producción de la empresa Audi México, que se ubica en el municipio de San José Chiapa, cayó un 41.13 por ciento respecto al mismo mes, pero del 2019, señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De hecho, la empresa de los cuatro aros fue la que mayor caída tuvo en el armado de vehículos, respecto a las que están establecidas en el país.

El Registro Administrativo de la Industria Automotriz del Inegi precisa que, en enero del 2019, Audi México produjo 17 mil 244 unidades del vehículo SUV modelo Q5, que es el único que se arma en la planta mexicana.

En enero de 2020, la cifra de unidades que se ensamblaron en la misma planta, fue de 10 mil 150 unidades, lo que significa una reducción del 41.13 por ciento, respecto al mismo mes del año previo.

La armadora de autos de lujo cerró el 2019 con un paro técnico y vacaciones, reiniciando actividades hasta el 5 de enero. Además, del 15 al 17 de enero hubo otra suspensión de actividades. En la quinta semana del año, es decir, la última de enero, hubo otro paro de al menos 2 días.

A nivel nacional, las 12 marcas con presencia en el país, redujeron un 4.05 por ciento el ensamblado de vehículos, en promedio. Audi México fue la que mayor caída presentó, superando a Honda, que tuvo una reducción de su nivel productivo del 35.2 por ciento; a FCA México, con una reducción del 19.7 por ciento, o a Toyota, cuyo nivel productivo decayó un 19.8 por ciento.

En el país solo hubo 2 empresas automotrices que tuvieron incrementos en su productividad, comparando enero de 2019 con enero de 2020: General Motors (8.3 por ciento) y Mazda (259.3 por ciento).

Volviendo a Audi México, el de 2020 no fue el peor enero en la historia de la empresa –que se instaló a finales de 2016 en Puebla- pues en el 2017 registró 7 mil 759 unidades ensambladas en la planta de San José Chiapa.

En enero del 2018, la trasnacional produjo 13 mil 633 unidades. Para el mismo mes del 2019, la cifra iba en aumento, con 17 mil 224 unidades y en el 2020, se experimentó la caída, al llegar a 10 mil 150 vehículos.

La empresa Volkswagen de México también presentó números negativos en las unidades producidas, durante enero de 2020, aunque no tanto como su firma hermana Audi –pues pertenecen al mismo grupo automotriz-.

De acuerdo a los datos del Inegi, Volkswagen, que tiene sede en el municipio de Cuautlancingo, redujo un 1.51 por ciento el armado de vehículos que hizo en enero. En dicho mes de 2019 llegó a 37 mil 460 unidades y en el mismo periodo de este año, la cantidad fue de 36 mil 892 vehículos.

Esta empresa produce los modelos Golf, Jetta y Tiguan. Son más que los que produce Audi, pero en el 2019 VW perdió el modelo Beetle (y su variante Beetle Cabrio), que terminó su era. En 2021 habrá otro vehículo utilitario deportivo (Sport Utility Vehicle) que se fabricará en la planta mexicana.

En enero de este año, la empresa dividió de esta forma su producción: 3 mil 464 unidades de Golf, 15 mil 018 unidades de Jetta, y 18 mil 410 unidades de Tiguan.

El Sol de Puebla
Verónica de la Luz
Ciudad de Puebla, Mx.
Domingo 9 de febrero de 2020.

En marzo determinarán si Antorcha Campesina será partido político

A finales de enero termina el proceso de solicitud de registro


El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla tendrá 60 días, es decir hasta marzo, para determinar si el Movimiento Antorchista Poblano cumplió con los requisitos para constituirse como partido político local, sostuvo el presidente Miguel Ángel García Onofre.

El nuevo consejero presidente del IEE explicó que después del 31 de enero –cuando concluye el plazo para que Antorcha pueda presentar su solicitud de registro como partido–, habrá otros 60 días para que el instituto estudie el expediente, las constancias y a más tardar en marzo emitirá una resolución acerca de si obtendrá o no el registro.

Anunció que al Instituto Nacional Electoral (INE) enviarán el padrón electoral, es decir las personas que se afiliaron al Movimiento Antorchista Poblano, la única organización que continúa en el proceso para conseguir la inscripción como partido local.

Por la mañana el vocero del Movimiento Antorchista, Aquiles Montaño Brito, atribuyó a la ex panista Violeta Lagunes Viveros el intento de la organización Podemos Puebla para frenar su registro como partido político local ante el Instituto Electoral del Estado.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
0Ciudad de  Puebla
Viernes 24 de enero de 2020.


Congreso acepta renuncia de Carrancá a la FGE y emitirá convocatoria


El Congreso del Estado, con 38 votos a favor y cero en contra aprobó la renuncia de Víctor Carrancá Bourget a la Fiscalía General del Estado, para que se pueda emitir la convocatoria que será del 17 al 24 de enero y, con ello, elegir al nuevo titular; Gilberto Higuera Bernal, actual encargado de despacho podrá participar.

Lo anterior dio a conocer previamente en entrevista el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, quien destacó que no habrá un proceso de selección previó, por lo que todos los aspirantes serán evaluados habiendo entregando la documentación.

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia tendrá a su cargo la revisión de los expedientes que se hayan inscritos y en la siguiente sesión del pleno se votará el listado que puede ser hasta de 25 propuestas a fin de turnarla al poder Ejecutivo y que su titular Miguel Barbosa Huerta determine una terna para que se elija a uno de ellos, explicó.

Con ello, estimó, en febrero se elegirá al nuevo titular de la FGE para un periodo de ocho años.

Carrancá Bourget llegó al cargo por designación del entonces gobernador Rafael Moreno Valle y avalado por el Congreso del estado; sin embargo, desde el año pasado presentó una solicitud temporal, la cual venía renovando.

A mediados de diciembre, el entonces fiscal entregó al poder legislativo su renuncia formal, lo cual fue aceptado este miércoles durante la sesión ordinaria, con lo cual dieron inicio al periodo de sesiones.

Angulo 7
Miguel Hernández González
Ciudad de Puebla, México
Miércoles 15 de enero de 2020.


Defensores del patrimonio piden la intervención de la Scult federal por traslado de la Estrella de Puebla

Miembros de la Fundación Manuel Toussaint y del Comité Defensor del Patrimonio Histórico y Ambiental de Puebla enviaron una misiva a la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, para expresar su “honda preocupación y desacuerdo” con la propuesta del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta referente al traslado de la llamada Estrella de Puebla de la zona de Angelópolis al barrio de San Francisco.

En dicha carta, en la que piden la secretaria Alejandra Frausto responda con un posicionamiento oficial, exigen además saber si existe una inversión federal para el proyecto, si hay otros asociados en esta redensificación urbana del barrio, y si habrá intervenciones en los inmuebles localizados ahí que están incluidos en el Catálogo Nacional de Monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Las asociaciones civiles señalan que su “honda preocupación y desacuerdo” reside en que esta parte de la ciudad “forma parte nodal del conjunto de sitios y monumentos” que sustentan la nominación de Puebla como Ciudad Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Luego de lo informado por el gobernador Luis Miguel Barbosa sobre el traslado de esta atracción turística del morenovallismo de la zona comercial a la zona histórica, con la finalidad de promover el desarrollo inmobiliario, la fundación y el comité explicaron, en siete puntos, las razones por las que no debe ser removida.

De inicio, porque en el barrio de San Francisco –también el Alto-, se han “localizado los primeros vestigios arqueológicos” de poblamiento que datan del año 1500 al 1200 antes de esta era, consistentes en ofrendas cerámicas.

Asimismo, porque entre 1993 y 1999 se hicieron intervenciones en la zona como parte de un proyecto “de integración del patrimonio” y dos décadas después, “el balance sobre tales intervenciones es cuestionable pues el resultado ha sido la privatización y apropiación parcial de la zona, y cambio de uso de suelo de secciones con alto valor arqueológico e histórico”.

Otro punto, anotan los defensores del patrimonio, es que “incentivar la inversión inmobiliaria de la zona… es continuar con un proceso de gentrificación en el cual los habitantes originarios se ven obligados a migrar a zonas periféricas… que impacta en el cambio de uso de suelo al convertirse en hoteles de lujo y en la pauperización de la calidad de vida de los ciudadanos desplazados”.

La fundación presidida por la historiadora del arte y ex titular de Cultura en Puebla, Montserrat Galí Boadella y el comité que tiene como secretaria a Esther Hernández Galicia apuntan que el traslado de la llamada Estrella de Puebla tendrá “un altísimo costo para el erario público”, además de que habrá un “impacto ecológico, geológico, hídrico y población”, ya que la zona está en una “caja de contención subterránea del arroyo de Xonaca”, a la par que se ubicará en una falla sísmica de alta dinámica demostrada en los daños que tuvo el templo franciscano con los sismos de 1999 y 2017.

Añaden que la implantación de la estructura “altera la integridad volumétrica, ambiental y paisajística de la zona”, a la par de que “vulnera de manera inminente la coherencia arquitectónica y urbanística del espacio declarado Patrimonio de la Humanidad, a la par que altera de manera irreversible la zona de Monumentos y sitios declarada en la Ley federal de 1975.

“De acuerdo a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación las autoridades responsables de bienes considerados Patrimonio Mundial adquieren obligaciones frente a la comunidad internacional, mismas que no pueden ni deben ser desconocidas”, concluyen.

La Jornada de Oriente
Paula Carrizosa
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 10 de enero de 2020.


Puebla gastará mil 40 mdp en beneficios para Audi y Volkswagen en 2020

Siete años después del arribo de Audi a Puebla el gobierno del estado sigue pagando los pasivos y apoyos económicos que acordó la administración de Rafael Moreno Valle Rosas a favor de esa empresa y del grupo VW al que pertenece la misma, los cuales exigirán tan solo este año el desembolso de mil 40 millones de pesos.

Los compromisos se adquirieron por plazos de hasta 15 años, razón por la cual hará falta una década más de pagos similares para declarar esa deuda saldada.

El monto de mil 40 millones de pesos es 10 veces mayor al presupuesto que recibirá la Secretaría de Igualdad Sustantiva del estado en 2020 de 111.8 millones de pesos y cinco veces superior al de la Secretaría de Medio Ambiente de 179.3 millones.

La cifra, además, triplica los 330.6 millones de pesos que manejará la Secretaría de Movilidad y Transporte este año y representa casi 70 por ciento de los mil 649 millones que se destinarán al desarrollo del campo.

Hasta cursos de idiomas paga gobierno a Audi

Para garantizar la instalación de Audi en el municipio de San José Chiapa, la administración estatal de Rafael Moreno Valle financió la construcción de la plataforma donde se asentó la factoría y la excuso del pago del Impuesto Sobre Nómina (ISN) por 10 años.

También comprometió recursos de las arcas públicas para cubrir el peaje de los empleados de esa armadora de vehículos de lujo y costearles cursos de capacitación e idiomas.

El gobierno estatal de Luis Miguel Barbosa Huerta dio a conocer las cargas económicas con la empresa Audi y Volkswagen que heredó de su antecesor en el cargo dentro de la Ley de Egresos del estado para el ejercicio fiscal 2020.

Pasivos exigen al gobierno “especial cuidado”

En el documento presupuestario, Barbosa aseguró que “está teniendo especial cuidado” en el manejo de esos compromisos por el impacto que tienen en la hacienda pública, pues en 2020 destinará 753.7 millones de pesos a cubrir parte de la deuda de 16 años que generó la plataforma construida en 2013.

El gobierno barbosista también considera erogaciones bajo el concepto de “apoyos financieros” para Audi y la planta Volkswagen, ésta última ubicada en el municipio de Cuautlancingo, que ascienden a 66 y 221.2 millones de pesos, respectivamente.

De acuerdo con el portal de transparencia Con los Ojos Abiertos, la plataforma donde se asentó Audi tuvo un costo total de 5 mil 79 millones de pesos que se terminarán de pagar en noviembre de 2028.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
Ciudad de Puebla
Miércoles 8 de enero de 2020.

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