Hipotecar a la entidad por 50 años es un abuso de autoridad en perjuicio de los poblanos, aseguró el coordinador de los diputados federales del PRI de Puebla, Víctor Manuel Giorgana.

En entrevista, el priista reprobó la decisión del gobernador Rafael Moreno Valle al comprometer los ingresos por concepto del Impuesto Sobre Nómina (ISN) al enviarlos a un fideicomiso administrado por la empresa Evercore, propiedad del exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe.

"Es un abuso de la autoridad al comprometer recursos por un largo tiempo, porque afecta las iniciativas de gobernantes entrantes que por supuesto tengan el interés de servir a la comunidad y de disponer de esos fondos", dijo.

En su opinión, la actuación de la Administración morenovallista es opaca y discrecional.

El titular del Ejecutivo en Puebla, dijo, debió transparentar estos movimientos por el impacto que implica para los siguientes gobiernos.

Giorgana lamentó la dinámica en la actual Administración estatal, y puso de ejemplo la falta de transparencia en los denominados Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

En el caso del Museo Internacional Barroco (MIB), comentó, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) entregó 500 millones de pesos a fondo perdido por lo que el costo de obra anunciado de mil 400 millones de pesos debió ajustarse en 900 millones.

No obstante, enfatizó, al firmar un PPS ahora se va a pagar más de 7 mil millones de pesos por ese inmueble.

El legislador afirmó que el PRI subirá a tribuna en la Cámara de Diputados para exigir una investigación al fideicomiso que opera Evercore.

También, añadió, demandarán apertura en el manejo de fondos de parte del morenovallismo.

"Se exigirá no sólo una investigación en este caso, sino también que se hagan transparentes los recursos y el costo de los proyectos que se hacen o pagaron con estos recursos", manifestó.

Reforma
Ciudad de Puebla
Martes 02 de febrero de 2016.

Fermín Alejandro García

Directamente desde la oficina de Carlos Navarrete, el presidente nacional del PRD, se frenó la sesión del Consejo Estatal del partido en Puebla –programada para este miércoles– debido a que el proyecto que se había perfilado para ser sometido a la asamblea proponía que la militancia decidiera por voto directo y secreto el proyecto de repetir una coalición electoral con las fuerzas políticas del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Y de entrada se sabe que hay una tendencia de que, por lo menos, 60 por ciento de la militancia del PRD no tiene interés en repetir una alianza electoral con el gobernador, quien no aportó ningún beneficio a este partido de izquierda.

Por el contrario, el sentir general que hay entre muchos actores del PRD es que el partido en los últimos cuatro años entró en un limbo, ya que no es gobierno y tampoco es oposición.

Tal condición es la que está generando una caída en la votación y la presencia del partido, la cual es una fuerza política que surgió y creció siendo una trinchera de combate contra los cacicazgos, la violación a los derechos humanos y la desigualdad social, y en los últimos cuatros años el PRD se ha quedado callado ante los abusos de poder de Moreno Valle y el crecimiento de la pobreza en la entidad.

Lo interesante de lo que ocurrió ayer es que hace unos días un funcionario del partido de apellido Dávila se comunicó con la presidente del PRD, Socorro Quezada Tiempo, para pedirle que ya se convocara al Consejo Estatal del partido para definir la política de alianzas en Puebla.

Ese mismo funcionario, en franca contradicción con la primera instrucción, fue quien hizo llegar esta semana un documento en el cual se establecía que la dirigencia nacional perredista no avalaba la sesión de este miércoles.

Se sabe que hace unos días el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas se habría reunido con Navarrete y Agustín Basave, quien se perfila a ser el próximo presidente del partido, a quienes les exigió que ya se aprobara la alianza PAN–PRD. Como si fueran empleados del mandatario, los dirigentes perredistas le ofrecieron al titular del Poder Ejecutivo que en breve quedaría definida la coalición.

Con lo que no contaban Navarrete y Basave –quien todavía no asume el cargo y ya es un testaferro de la derecha– es que no iban tan fácilmente a manipular al Consejo Estatal perredista de Puebla, ya que Socorro Quezada había estado trabajando para medir el pulso de la militancia en torno al proyecto de alianza con el PAN.

Por eso cuando a nivel nacional se percataron de que se quería aprobar una consulta real con la militancia, el grupo de Los Chuchos, es decir Navarrete y compañía, entraron en pánico, ya que si los miembros del PRD dicen que no a la alianza, ésta ya no podría aprobarse y si se hace, podría ser combatida en los tribunales.

A eso se debe que se tuvieran que inventar pretextos de última hora, como decir que si se discutía el tema eran actos adelantados de campañas electorales, lo cual es algo que no tiene lógica, ya que se trataba de una deliberación interna del PRD que nada tiene que ver con pedir el voto a la ciudadanía.

Es decir, la dirigencia nacional del PRD le tuvo miedo a la militancia perredista de Puebla.

La Jornada de Oriente
Fermín Alejandro García
Ciudad de Puebla
Jueves 29 de octubre de 2015.




El desacato de la gestión morenovallista, tienen que ver con las sanciones que debieron aplicarse a los servidores públicos involucrados en los hechos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó ayer que el gobierno del panista, Rafael Moreno Valle, no ha cumplido cinco de los 11 puntos de la recomendación que le hizo por la represión que la fuerza pública de su administración perpetró justo hace un año contra el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan.

Los incumplimientos de la gestión morenovallista, informó el organismo en un boletín, tienen que ver con las sanciones que debieron aplicarse a los servidores públicos involucrados en los hechos.

Como se recodará, los policías que fueron procesados por los abusos del 9 de julio de 2014 en aquella junta auxiliar de Ociyucan, que derivaron en lesiones contra cientos de pobladores y la muerte del niño de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, fueron liberados la noche del 24 de diciembre de ese mismo año.

Además, la sanción que debió aplicarse por los hechos contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas Rosas, ha quedado hasta el momento sin efecto porque el funcionario la impugnó.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado a que el gobierno de Puebla cumpla la recomendación 2VG y advirtió que persistirá en esa insistencia porque no dará carpetazo al caso.

Asimismo, anunció que emitirá medidas cautelares a la administración morenovallista “para que cese el acoso contra las víctimas y se atienda la salud de los pobladores que se encuentran en prisión”.

El boletín que dio a conocer ayer por la tarde el organismo detalla los incumplimientos en la recomendación sobre la represión en Chalchihuapan y se transcribe íntegro a continuación:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informa que a un año de lo ocurrido en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, aún quedan pendientes de cumplimiento cinco de los 11 puntos recomendatorios, particularmente lo relativo a la determinación definitiva de las responsabilidades de los servidores públicos involucrados y la sanción.

“Por ello, esta Comisión Nacional reitera su llamado a que el gobierno del estado de Puebla cumpla la Recomendación 2VG en su totalidad e insiste en que no permitirá que se dé carpetazo, en tanto no sean atendidos a cabalidad todos los puntos recomendatorios.

“Este día (ayer), el Sexto Visitador General de la CNDH, Jorge Ulises Carmona Tinoco, recibió a la señora Elia Tamayo, madre del niño que falleció en esos lamentables hechos ocurridos el 9 de julio de 2014. Le hizo saber que para esta Comisión Nacional lo sucedido en esa fecha es grave, por lo que la CNDH continuará el seguimiento escrupuloso a los puntos recomendatorios hasta su total cumplimiento.

“El funcionario dio a conocer que la Comisión Nacional emitirá medidas cautelares al gobierno del estado de Puebla, para que cese el acoso contra las víctimas y se atienda la salud de los pobladores que se encuentran en prisión.

“Sobre los puntos recomendatorios, cuyo cumplimiento aún está pendiente, destaca el que se informe sobre las sanciones administrativas y penales definitivas que hayan sido impuestas a los servidores públicos involucrados, así como la reparación del daño, ya que está en estudio la determinación de los criterios utilizados para fijar los montos asignados a las víctimas.

“La CNDH considera que el acto de disculpa pública hacia las víctimas realizado por las autoridades de Puebla no se ajustó a los estándares internacionales, por lo que este punto también se encuentra pendiente de cumplimiento.

“En seguimiento a la Recomendación, este organismo nacional ha enviado 11 solicitudes de información a diversas instancias y dependencias del gobierno del estado de Puebla y ha recibido 28 oficios de respuesta.

“También, el día de hoy (ayer) acudieron a una reunión de trabajo en la CNDH el procurador General de Justicia, el titular de la Secretaría de la Contraloría y el fiscal Especializado para el Esclarecimiento de los Hechos del Caso Chalchihuapan, para dar cuenta de los avances en los puntos recomendatorios aún pendientes.

“En cuanto a los puntos recomendatorios cumplidos, destaca que se iniciaron los procedimientos administrativos de investigación contra el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia del estado que participó en los hechos.

“Además, se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, por el cual se otorgan atribuciones a las áreas específicas para que intervengan en la solución pacífica de los conflictos.

“Asimismo, el gobierno emitió un protocolo para la Búsqueda de Soluciones Pacíficas, el Diálogo y el Respeto a los Derechos Humanos; entregó equipos de video y audio a los cuerpos de seguridad, para que registren su conducta a la hora de realizar operativos, e implementó programas de capacitación en Derechos Humanos y Uso Legítimo de la Fuerza para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del estado.

La señora Tamayo expresó su demanda de justicia, así como la libertad de los pobladores que están en prisión por este caso”.

LA Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Ciudad de Puebla
Jueves 9 de julio de 2015.

La nueva jugada de Moreno Valle: controlar y privatizar servicios municipales

El gobernador Rafael Moreno Valle defendió la constitucionalidad de la reforma que promueve la bancada panista en el Congreso local, con la cual el ejecutivo estatal podrá controlar y hasta privatizar los servicios públicos de los municipios del área metropolitana de Puebla.

Legisladores del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano han anunciado que no votarán a favor de esta reforma que calificaron de inconstitucional por ir en contra de la autonomía de los municipios.

Sin embargo, Moreno Valle aseguró hoy que una reforma similar ya fue aprobada en el estado de San Luis Potosí y que incluso existe una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite la participación de los gobiernos estatales en la prestación de servicios públicos de los municipios.

“Si piensan que es anticonstitucional que presenten su acción de anticonstitucionalidad, yo creo que no han estado leyendo las tesis de la Corte”, reclamó.

La iniciativa presentada el pasado 3 de junio propone adicionar cuatro párrafos a la fracción II del Artículo 104 de la Constitución local para introducir “programas comunes” en los 18 municipios conurbados de Puebla y abrir paso a las empresas privadas en la prestación de los servicios públicos.

De acuerdo con ello, el objetivo de los programas comunes es “regular de manera coordinada la conurbación y alcanzar un desarrollo armónico y sustentable de tales áreas metropolitanas, así como para establecer las bases para la prestación de los servicios y funciones públicas metropolitanas”.

En la propuesta panista se advierte que los ayuntamientos, además de contar con la autorización de sus Cabildos, deberán tener la aprobación del gobierno del estado y al menos las dos terceras partes del Congreso para llevar a cabo “programas comunes”.

Y agrega: “Dichos programas comunes que en materia de zonas conurbadas o metropolitanas establezcan los municipios, deberán ser aprobados por los ayuntamientos involucrados, por el gobierno del estado, a través de la dependencia competente y al menos por las dos terceras partes del Congreso del Estado”.

De la misma manera, menciona que con la autorización del Congreso del Estado, el ejecutivo estatal podrá asumir de manera directa o coadyuvar con los municipios para la prestación de los servicios públicos y que se podría prever la participación de los sectores sociales y privado para su prestación.

“El Congreso del Estado, mediante decreto, autorizará que el Gobierno del Estado, a solicitud de los ayuntamientos de los municipios que integran una zona conurbada o metropolitana, asuma directamente la prestación de los servicios públicos municipales”, establece.

“O bien se presenten o ejerzan coordinadamente y de forma integral entre el Gobierno del Estado y los municipios a través de organismos públicos creados al efecto, previéndose la participación de los sectores social y privado en términos de la legislación aplicable”, agrega.

Los municipios que incluye esta iniciativa son Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Chiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San Felipe Teotlalcingo, San Gregorio Atzompa, San Martín Texmelucan, Xoxtla, San Pedro Cholula, San Salvador el Verde, Tepatlaxco y Tlaltenango.

Hace más de un año el servicio de agua potable y alcantarillado fue privatizado en la zona conurbada de Puebla. Recientemente, el Cabildo de San Pedro Cholula revocó el convenio que firmó el anterior gobierno municipal para entregar el manejo del agua potable a una empresa.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla
Martes 30 de junio de 2015.

El diputado federal del PRI sentenció que el alcalde es un empleado de Moreno Valle

La virtual candidatura a la gubernatura de Antonio Fayad representa una imposición y el continuismo de la administración de Rafael Moreno Valle, sentenció el priísta Enrique Doger Guerrero.

Tras rendir un informe de su participación como representante de la Cámara de Diputados ante el INE, el diputado federal aseveró que las aspiraciones del alcalde de Puebla, sólo significan que como empleado cumple con las órdenes de su jefe, el mandatario estatal.

"Estamos ante un intento de imposición, lo que tanto criticó hace cuatro años se está haciendo, el gobernador quiere poner gobernador y eso no lo vamos a permitir los poblanos, más allá de que el joven Gali canta bien en karaoke, nada más, no sirve para ninguna otra cosa porque la ciudad está hecha pedazos"

Doger Guerrero sostuvo que como empleado del morenovallismo, Gali Fayad no sabrá gobernar la entidad, al tiempo que dijo los poblanos no respaldarán las aspiraciones del munícipe debido de que no los representa.

e-consulta
María Pineda
Ciudad de Puebla
Lunes 29 de junio de 2015.

La organización de vendedores ambulantes 28 de Octubre acusó al gobierno de Puebla de aplicar nuevamente dicha ley, recientemente

En lugar de abrogar la llamada “Ley Bala”, el Congreso local acordó enviarla a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a fin de que los legisladores federales la “fortalezcan y enriquezcan”.

Aunque desde hace nueve meses el gobernador Rafael Moreno Valle envió una iniciativa para que se elaborara una nueva ley en la materia y se derogara la también llamada Ley que Protege los Derechos Humanos y que Regula el Uso de la Fuerza Pública, los diputados poblanos la han mantenido vigente.

La iniciativa de Moreno Valle para derogar la “Ley Bala” se presentó luego de que el 9 de julio pasado la aplicación de la misma generó que los policías estatales dispararan cartuchos de gas lacrimógeno en contra de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, causando la muerte de un niño de 13 años y lesiones a decenas de habitantes.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, los diputados aprobaron este martes un punto de acuerdo emitido por la Junta de Gobierno y Coordinación Política para solicitar la revisión de la mencionada ley por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Carlos Martínez Amador, coordinador de la Junta de Gobierno, dijo que pedirán a los legisladores que la evalúen y hagan las observaciones que consideren necesarias para fortalecerla.

“La opinión del Congreso de la Unión es importante y de esa manera tendremos una ley más fortalecida con todas las observaciones que pudieran darnos. Es una oportunidad para enriquecerla y fortalecerla”, subrayó.

Recordó que la ley sigue vigente porque las fuerzas políticas que componen el Congreso local consideraron que los problemas que surgieron fueron por la forma en que fue implementada, no por su contenido.

“Estamos buscando el respaldo de todas las fuerzas, no es un tema de la ley, sino de su ejecución”, precisó.

No obstante, organizaciones no gubernamentales han asegurado que el espíritu de dicha legislación es inhibir y limitar las manifestaciones sociales, ya que legitima el uso de la fuerza y de armas no letales, como las balas de goma, para dispersar protestas ciudadanas.

Apenas ayer la organización de vendedores ambulantes 28 de Octubre acusó al gobierno de Puebla de aplicar nuevamente dicha ley al disparar balas de goma durante un operativo contra locatarios del mercado Zaragoza de esta ciudad.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 28 de abril de 2015.

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra del gobernador Rafael Moreno Valle, por supuesta extorsión y amenazas.

Espinosa, quien milita en el partido Movimiento Ciudadano, aseguró que ha recibido mensajes de operadores políticos del gobernador poblano, quienes le han dicho que si no apoya a los candidatos morenovallistas, sus cuentas públicas serán reprobadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

“Voy a acudir ante la Fepade (porque) he recibido mensajes de que sí no me alineo al candidato afín en el poder, me las voy a ver con el auditor superior del estado”, detalló el edil cholulteca.

Sostuvo que no sólo él ha recibido este tipo de amenazas, pues tiene conocimiento de que otros alcaldes de la entidad –cuyo nombre no dio– también son presionados por gente del gobierno estatal para que proporcionen recursos y estructura para apoyar las campañas de los candidatos afines a Moreno Valle.

Añadió: “Señor gobernador, amor y paz, bájele dos rayitas que usted no es candidato, ni yo tampoco, y déjenos trabajar. Le pido que le baje, ya se siente candidato a presidente de la República, que le baje”.

Por separado, la esposa del alcalde de San Pedro Cholula, Nancy de la Sierra Arámburo, abanderada de la coalición PRI-PVEM a la diputación federal por el distrito de Teziutlán, también exigió al gobernador que saque las manos del proceso electoral.

Según la aspirante a diputada, desde el gobierno de Puebla se opera una campaña para intimidar a los simpatizantes y a los candidatos priistas.

Afirmó que en su caso ha recibido llamadas anónimas intimidatorias  que le advierten sobre supuestos peligros en carretera o le dicen que está vigilada. Y algo similar ocurre en contra de transportistas que simpatizan con su campaña, pues reciben amenazas de que serán sancionados por traer en sus unidades pegotes de la candidata priista.

De la Sierra Arámburo señaló que el gobierno del estado también amenaza a los maestros con cambiarlos de jurisdicción si no apoyan la campaña de Juan Pablo Piña, quien hasta hace unos meses era militante del PRI, pero con el apoyo de Moreno Valle fue postulado por Acción Nacional en el distrito de Teziutlán.

De igual manera, el abogado Hilario Gallegos, quien además funge como consejero estatal del PAN, lanzó acusaciones contra el gobierno estatal, luego de asegurar que recibió amenazas de que sería víctima de un “levantón” y luego encarcelado si seguía con la defensa jurídica del exalcalde de la Junta Auxiliar de la Resurrección, Leonardo Báez Serrano.

Gallegos indicó que esa intimidación ocurre luego de que ganó cuatro amparos a favor de Báez Serrano, quien se encuentra preso desde el año pasado y es considerado uno de los presos políticos del gobierno de Moreno Valle, ya que se le incriminaron delitos después de que se opuso a entregar el servicio del Registro Civil de su comunidad.

Apenas la semana pasada el también abogado Luis Soriano Peregrina denunció que tuvo que huir del estado tras detectar que había un operativo policiaco que tenía la intención de detenerlo por un supuesto adeudo fiscal.

Soriano Peregrina es el abogado que lleva la defensa legal de un grupo de burócratas estatales que fueron despedidos en las últimas semanas sin recibir ningún finiquito por parte de la administración estatal.

Proceso
Gabriela Hernández
San Pedro Cholula, Pue.
Miércoles 22 de abril de 2015.

Es asquerosa la manera que el PAN cumple los caprichos de Moreno Valle: Mondragón

La afiliación masiva de ciudadanos y la imposición de candidatos a diputados federales son una “asquerosidad” que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN avaló para favorecer a los caprichos del gobernador Rafael Moreno Valle, aseveró Juan Carlos Mondragón Quintana.

El ex presidente estatal del albiazul lamentó que la dirigencia nacional actúe en complicidad con el mandatario estatal, quien en el 2012 impidió la relección del panista por medio de una reforma al código electoral local, conocida como “Ley  Mondragón”, que fue aprobada en menos de un día.

El panista presentó en la ciudad de Puebla su libro “Financiamiento de partidos, rendición de cuentas y corrupción en México”, evento al que acudieron Ana Teresa Aranda Orozco y el ex alcalde Eduardo Rivera Pérez, panistas que rechazaron abiertamente la afiliación masiva de ciudadanos.

Al término de la presentación, Mondragón Quintana fijó su postura sobre el registro corporativo  de ciudadanos, situación que Rafael Micalco Méndez, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), reconoció que lo enfrentó con el mandatario estatal e impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la entrevista, sostuvo que la afiliación de ciudadanos a finales de 2014 se dio con “dolo” y en complicidad de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) con el gobierno que encabeza Moreno Valle, esto para orientar las decisiones internas  del partido.

“Es una asquerosidad lo que pasó, porque fue una afiliación masiva que no tengo la menor duda se hizo con dolo desde el Comité Ejecutivo Nacional, con la complicidad de varios funcionarios de ese comité, y que espero que la justicia electoral revierta, no se trata de ninguna manera de ciudadanos libres, los cuales serían bienvenidos, de ciudadanos que de manera libre pidieron su afiliación al partido acción nacional , es una incorporación masiva que está desde el gobierno estatal con la complicidad del Comité Ejecutivo Nacional y que lo que busca es orientar las decisiones internas a favor de los caprichos del gobernador”.

En la elección ganará la forma caciquil de gobernar

El Partido Acción Nacional (PAN) no será el que obtenga el triunfo en la elección del 7 junio, sino la forma “caciquil de gobernar”, aseveró el ex líder estatal del albiazul.

A decir del panista, la imposición de candidatos es otra muestra del control que el Ejecutivo estatal tiene del partido, esto con el consentimiento de la dirigencia nacional,  posición que actualmente ocupa Gustavo Madero Muñoz.

Mondragón Quintana señaló que en su mayoría los candidatos a diputados federales no tienen identidad con el partido  que dirigió, además de que no serían capaces de  generar un equilibrio con quienes ostentan el poder, incluido el mandatario estatal.

“Da tristeza que prácticamente se impusieron candidatos que nada tienen que ver con la identidad del PAN, la mayoría de ellos, algunos sí tienen trayectoria panista, pero estoy seguro que si a todos, a los 16 candidatos, les preguntáramos si ellos estarían dispuestos a ejercer un equilibrio de poder en contra de los abusos de cualquier autoridad, incluyendo al gobernador Moreno Valle, estoy seguro que ninguno de ellos está dispuesto a hacerlo”.

Sobre la proyección electoral del partido, el político advirtió que no será Acción Nacional el que logre el triunfo en los 16 distritos electorales de la entidad, sino que ganará la forma “caciquil de gobernar del morenovallismo”.

“Creo que el PAN difícilmente ganaría en esta elección, gana la forma caciquil de gobernar que se ha instalado lamentablemente a través del PAN, que es lamentablemente el morenovalllismo”, concluyó.

e-consulta
María Pineda
Ciudad de Puebla
Viernes 17 de abril de 2015.

“Se están violando todos los derechos constitucionales”, denuncian

Ni la Semana Santa sirvió de tregua para que se frenaran los despidos de las distintas dependencias del gobierno estatal, por lo que este lunes exempleados comenzarán una lucha social y legal contra los ataques a sus derechos.

En entrevista con Intolerancia Diario, los ex burócratas señalaron que simplemente se están violando todos los derechos constitucionales al ser dados de baja personas sindicalizadas que  supuestamente la ley los protege.

Por lo tanto están convocando a los más de 14 mil burócratas despedidos desde que inicio el sexenio estatal para una reunión este lunes a las 9:00 horas en el Parque Juárez.

Tan solo en esta Semana Santa, datos señalan que otros 200 burócratas fueron despedidos, los que se unen a los 500 dados de baja a mediados del mes de marzo.

El despido que más llamó la atención fue el del exsecretario general del llamado Sindicato de Burócratas, Héctor Posadas Manzano, quien recibió su carta de cese el miércoles pasado.

El argumento de parte de las autoridades estatales es que los despidos son para hacer frente los recortes presupuestales que se esperan en este 2015 ante la baja del costo del petróleo.

Sin embargo, las leyes en la materia no contemplan que un trabajador sindicalizado sea dado de baja por esta situación, por lo que aseguran, se viola sus derechos.

Las cartas de despido están firmadas por el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) Juan Alvarado Morfín.

El argumento que se dio es que no hay suficientes recursos para mantenerlos en la nómina, y según los afectados, el plan es dejar fuera del gasto corriente a tres mil empleados antes que finalice el año.

La protesta

La convocatoria para comenzar con las protestas se efectuará a través de volanteo al interior de las dependencias gubernamentales; así como por medio de las redes sociales y hasta por mensajes de texto en whatsapp.

Además, se convoca a trabajadores en activo, ante el nulo respaldo del sindicato de burócratas del estado, alegando que todos corren el mismo peligro.

En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no se están dando abasto, el número de demandas presentadas es superior; además, otras realizan trámites en juzgados federales, buscan un amparo.

Los despidos fueron injustificados y sin el pago de finiquitos de personas que llevan de entre 20 a 40 años de antigüedad; incluso, algunos habían comenzado el proceso de jubilación.

Relataron que violaron sus derechos laborales, pues nunca fueron notificados por sus jefes inmediatos, y cuando intentaron entrar a sus oficinas estas estaban cerradas, sin darles tiempo de sacar sus pertenencias.

El miércoles pasado tocó el despido de docenas de trabajadores que laboraban en las áreas de Catastro, Registro Civil y de la Secretaría de Finanzas en diferentes partes del estado.

Sindicato títere

El Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (STSPEP) o de burócratas se puso del lado de las autoridades estatales ante la ola de despidos de sus agremiados en las diferentes dependencias.

Fuentes del organismo sindical señalaron hace unos días se realizó una reunión entre la secretaria general Rosalía Barranco Hernández y los distintos delegados, donde enfáticamente les pidió que no se metieran en problemas.

Extraoficialmente se menciona que el gobierno del estado ya tiene un listado de 5 mil trabajadores que serán o están siendo despedidos e incluso que se les obliga a jubilarse.

Ante estos nuevos despidos las autoridades estatales han guardado silencio, lo que ha mantenido la zozobra en las oficinas gubernamentales.

Cientos de burócratas han quedado en estado de indefensión, sobre todo porque el STSPEP, no ha hecho nada para apoyarlos.

Durante la noche del pasado viernes, cuentan algunos despedidos, en una asamblea extraordinaria de delegados en el Sindicato, Rosalía Barranco, exigió a los trabajadores que se respeten las decisiones del gobierno del estado.

Les dijo que debe haber un respeto mutuo, entre la base trabajadora y sus patrones como son los funcionarios del gobierno del estado, al pedirles que respondan a la crisis con trabajo.

“Nos dijo que ya no hiciéramos grillas, que no habláramos con la prensa y evitáramos las reuniones entre nosotros, sobre todo en nuestros trabajos para discutir el problema de los despidos”, indicó uno de los afectados.

Inclusive señalaron, en entrevista, que Rosalía Barranco les habló de “enemigos imaginarios”, ya que no existe clima de inestabilidad laboral, sino gente de fuera que pretende en verdad desestabilizar a la administración de Rafael Moreno Valle.

Por lo tanto, pidió a los delegados que les dijeran a sus representados del gremio no llamar la atención para evitar que se extienda la lista de trabajadores que van a ser despedidos.

“Ni siquiera ofreció una defensa jurídica, para protegernos, pero si nos pidió que nos calláramos la boca”.

En tanto, este medio de comunicación ha solicitado desde la semana pasada una entrevista con la secretaria del Sindicato, sin obtener respuesta.

 No firmar

Al respecto, el abogado laboral, Luis Soriano Peregrina, recomendó a los trabajadores que están siendo dados de baja a no firmar, ya que de este modo perderían todos sus derechos.

Explicó en entrevista que el lleva al menos 28 casos de trabajadores que fueron dadas de baja desde 2011 en el cambio del sexenio, procesos que van muy avanzados y a punto de ganar.

Indicó que el gobierno de Puebla tiene todas las de perder en los juicios laborales que hay en su contra, lo que finalmente terminará siendo en detrimento a los recursos públicos.

Debido a esta situación, se le pueden fincar responsabilidades a las actuales autoridades estatales, debido a que están dañando el patrimonio público.

Indicó que siempre este tipo de juicios, en un 80 o 90 por ciento son ganados por los trabajadores, a pesar de las amenazas de que tienen controlado todo.

“Podrán controlar el Tribunal de Arbitraje Laboral, la Junta Local de Conciliación, pero aunque se pierda en estos laudos, aún se puede recurrir al juicio de amparo ante la justicia federal”.

Dijo que casi siempre se les corrige la plana a los juzgados estatales, debido a que el gobierno no puede demostrar o justificar el despido del empleado.

Indicó que en este caso de los recientes despedidos el alegato de que se les da de baja por los recortes presupuestales no es una justificación, ya que el gobierno por ley primero debe anteponer el derecho al trabajo.

“Debe hacer otros recortes, como en el uso del helicóptero, como los gastos en comidas, eventos u obras, pero no dando de baja, lo que se reclama y siempre se gana en tribunales”, dijo.

Por lo tanto, recomendó a las personas despedidas a asesorarse con buenos abogados laborales, quienes si llevan bien los casos, ganarán los finiquitos de ley que podrían llegar incluso a los embargos.

Intolerancia
Jorge Castillo
Ciudad de Puebla
Lunes 6 de abril de 2015.

Este lunes, Luis Banck Serrato nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura; José Luis Soberanes Reyes nuevo secretario de Desarrollo Social

Luis Banck Serrato fue nombrado este lunes por el gobernador Rafael Moreno Valle como nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura y José Luis Soberanes Reyes como nuevo secretario de Desarrollo Social.

Con ambas designaciones, el gabinete estatal registra trece cambios en las últimas dos semanas.

Banck Serrato se ha desempeñado como secretario de Desarrollo Social, subsecretario de Desarrollo Social, Director del Sistema DIF y secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Puebla.

Asimismo ha ocupado cargos en el Banco Mundial en el área de Desarrollo Social para América Latina y el Senado, según se indicó a través de un comunicado.

Soberanes Reyes actualmente presidía el Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Social en Puebla.

Se ha desempeñado además como senador de la República en la LVI y LVII Legislatura, en la que presidió la Comisión de Desarrollo Social, fue subsecretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Social, cónsul general de México en Sacramento, California y director general de Enlace Federal en la Secretaría de Gobernación.

Sedeso, ocho cambios de titular en cuatro años

Cabe señalar que Banck Serrato regresó a Puebla a finales de 2013 como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de ocupar el cargo que dejó vacante Mario Rincón González, quien a su vez se incorporó a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT).

Esa secretaría fue encabezada al inicio del sexenio por Miriam Arabian –hoy regidora capitalina-, después por Néstor Gordillo –actual diputado federal-, por Germán Jiménez García –diputado local-, Sergio Penagos –procurador fiscal-, Salvador Escobedo –diputado local, y Mario Rincón –candidato a diputado federal-.

Infraestructura, con dos relevos

La Secretaría de Infraestructura a su vez sólo ha tenido dos titulares: el actual alcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad, y Cabalán Macari Álvaro, quien hoy es candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional.

13 cambios en dos semanas

Con los nombramientos de este lunes el gobernador Rafael Moreno Valle realiza trece cambios en su gabinete en dos semanas, ya que primero, el 8 de marzo, seis de sus integrantes se separaron del cargo para competir por una diputación federal y otros tres titulares fueron intercambiados de área.

Cuatro funcionarios llegaron como titulares de secretarías y una oficina, mientras que cinco más sólo recibieron nombramientos temporales como encargados de despacho.

Roberto Rivero Trewartha, anterior titular de la Secretaría de Salud, ahora encabeza Finanzas y Administración Pública.

Cristina González Medina llegó como titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico.

Rodrigo Riestra Piña, antes subsecretario, ahora es titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.

Mientras Antonio Gali López, ex titular de Competitividad, es Jefe de la Oficina del Gobernador.

Hace una semana Diódoro Carrasco Altamirano rindió protesta este lunes como representante del Gobierno de Puebla en el Distrito Federal, en un acto encabezado por el gobernador Rafael Moreno Valle.

Y el 18 de marzo Fernando Morales Martínez rindió protesta como subsecretario de Desarrollo Político y Participación Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno (SGG).

e-consulta
Ciudad de Puebla
Martes 24 de marzo de 2015.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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