La Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) señaló que por el momento no emitirá una alerta de género

Puebla es la entidad con el índice más alto de violencia física y sexual contra mujeres casadas o que viven con su pareja en el país; además, tiene el quinto porcentaje más alto de mujeres en pobreza extrema, de acuerdo con el Atlas de Género que elaboró el INEGI.

La Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) señaló que por el momento no emitiría una alerta de género en la entidad poblana para combatir la violencia hacia ese sector de la población, al considerar que el gobierno estatal ha tomado las medidas necesarias para erradicar ese problema, y estableció un periodo de evaluación de seis meses más.

En el transcurso de 2017 se contabilizan al menos 62 homicidios violentos de mujeres, mientras hasta abril de este año la Fiscalía General del Estado (FGE) reconoce 19 feminicidios.

El Atlas de Género es una plataforma digital que el INEGI elaboró con el fin de reunir indicadores que hagan visible la diferencia de género, en aspectos como las condiciones sociales, económicas y demográficas d mujeres y hombres.

En Puebla, con el nivel más alto de violencia hacia mujeres

Los resultados de la evaluación que fueron difundidos este miércoles, ubican a Puebla como la entidad del país con el índice más alto de violencia física y sexual hacia las mujeres, el cual asciende a un 9.2. Los datos fueron retomados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDRH).

Más atrás se sitúan Michoacán (9.91), Nayarit (9.20), México (9.15), San Luis Potosí (9.14), Guerrero (8.98), Zacatecas (8.97), Guanajuato (8.75), Durango (8.71), Chihuahua (8.60), Colima (8.52) e Hidalgo (8.39).

Las entidades con los índices de violencia más bajo son: Baja California (5.40), Sinaloa (5.53), Baja California Sur (5.68), Tabasco (5.76), Chiapas (5.80), Tamaulipas (5.84) y Sonora (5.99).   

Las mujeres también sufren pobreza extrema

La entidad poblana tiene el quinto porcentaje más alto de mujeres en condición de pobreza, al sumar al 16.49 por ciento de su población femenina en esa condición. Al estado lo anteceden Veracruz (17.35), Guerrero (24.81), Oaxaca (28.53) y Chiapas (32.27).

La brecha de la situación de marginación entre los hombres y mujeres de Puebla no es amplia. El porcentaje de varones que padecen esa problemática es del 15.81 por ciento, mientras que el de las féminas del 16.49 por ciento. La diferencia es de 0.68 puntos porcentuales.

A media tabla en homicidios

En cuanto a las defunciones por homicidio, Puebla se colocó en el lugar décimo noveno al nivel nacional, con una tasa bruta anual de 3.9 asesinatos por cada 100 mil mujeres. Los primeros lugares los ocuparon Guerrero (12.79), Chihuahua (10.9), Coahuila (7.06), Zacatecas (7.03) y Morelos (6.29).

La Silla Rota
Ciudad de México
Jueves 20 de julio de 2017.


La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer la detención del alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, propietario de tres gasolineras que fueron clausuradas por presuntamente vender combustible comprado a huachicoleros.

En un comunicado, la dependencia precisó que Morales fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Marina (Semar), y destacó que la orden de aprehensión fue otorgada el pasado 30 de junio por el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz.

Morales Ugalde, añadió, estaría involucrado en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir, administrar, poseer, depositar, retirar, dar o recibir por cualquier motivo recursos o bienes de cualquier naturaleza dentro del territorio nacional.

De acuerdo con la dependencia, la carpeta de investigación inició derivada de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tras la detección de operaciones con un elevado monto de recursos dentro del sistema financiero nacional, probablemente producto de actividades ilícitas.

Por ello, agregó, el Ministerio Público de la Federación investigó y aportó los elementos de prueba suficientes que permitieron obtener la orden de aprehensión correspondiente.

El detenido fue puesto a disposición del juez de Control adscrito del Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz.

El gobernador Antonio Gali Fayad hizo un reconocimiento a la PGR y a la Semar por la detención del presidente municipal.

“… el mandatario refrendó que su administración trabaja decididamente con los tres niveles de gobierno en el combate frontal al robo de hidrocarburos que afecta directamente la tranquilidad de las familias”, subrayó en un comunicado.

El pasado 25 de mayo, Petróleos Mexicanos (Pemex) clausuró tres gasolineras pertenecientes al alcalde de Palmar de Bravo, municipio localizado en la zona conocida como “Triángulo Rojo” por la alta incidencia en el robo de combustibles.

Aunque Morales Ugalde aseguró que el cierre de sus negocios se debía a cuestiones administrativas, Pemex reportó que había encontrado discrepancias entre las cantidades de combustible que se surtieron y las que se comercializaron en esas estaciones de servicio, lo que hacía presumir la venta de combustible robado.

Los establecimientos clausurados se encuentran en Palmar de Bravo, Tecamachalco y Amozoc, registrados bajo las claves E00812, E05342, E10561 y E12632, respectivamente.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México.
Miércoles 5 de julio de 2017.


Rubén Sarabia Sánchez, conocido como Simitrio, es un dirigente social poblano que en los años setenta fundó la Unión de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, en Puebla. Actualmente en prisión domiciliaria, él, su familia y la organización, han sido objeto de numerosas agresiones, encarcelamientos, torturas, levantones y asesinatos, el más reciente ocurrido ayer, cuando un comando mató a su hija, Meztli Sarabia, en las oficinas de la organización. A continuación, se reproduce su historia, publicada en este sitio web el 21 de octubre de 2015.

Hay días en que la turba beligerante irrumpe barriendo con hombres, mujeres y niños en ese colorido anárquico, profusión de productos varios, que es el Mercado Hidalgo. Avanzan desperdigándolo todo, dando de palos. Hay otros días en que los gases lacrimógenos y el olor de la pólvora, ingresan furiosos con las formaciones policiacas, mezclándose con esencias de verdura, carne y herbolaria.

Las redadas policiales o el ataque de pandilleros con mando incierto pueden repetirse como sucede desde hace un año, y desde que el dirigente, Rubén Sarabia Sánchez, está preso. En los últimos 20 años, la prisión se volvió lugar conocido para unas 30 familias de comerciantes que, sin embargo, corrieron mejor suerte que sus tres compañeros asesinados en el mismo lapso, así que de golpizas y cárcel saben.

Un hombre corpulento, mandil blanco percutido de sangre, se declara listo para marchar a la Ciudad de México, y dejar encargada su carnicería el 22 diciembre, día de ventas mayores, fecha esperada durante los últimos meses de 2014. Van a denunciar en la secretaría de Gobernación que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, es un represor que fabricó cargos contra su líder, un hombre de 59 años que ha pasado una cuarta parte de su vida en prisión y a quien también conocen como “Simitrio Tzompasquelli Tzila”.

La gente del Mercado Hidalgo delibera.

Las ventas de diciembre son su esperanza anual y saben que la detención de sus dirigentes puede ser un cálculo que supone su indisposición para la protesta. Aun así, la decisión está tomada.

Simitrio fue apresado la mañana del 19 de diciembre y Rita Amador, su esposa, se colocó al frente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de octubre”. Es ella quien preside la concentración, pormenoriza la bitácora de males y convoca a la marcha.

Dos semanas antes, el 28 de noviembre de 2014, el domicilio de Atl Rubén Sarabia Reyna, uno de los hijos de Simitrio, fue cateado porque supuestamente, en la vivienda, había drogas. Ahí detuvieron a Atl, a su hermana Claudia Alejandra López, a la madre de ambos, Irma Reyna Martínez, y a otro familiar, Juan Pablo Arroyo. Se los llevaron y durante horas les insistieron en acusar a Atl y a su hermano Xihuel, de narcomenudistas. No lo lograron y todos recuperaron su libertad denunciando que, entre las pertenencias que les decomisaron los policías les sembraron bolsitas con droga.

El Mercado Hidalgo es ambiente festivo, voces que ofertan, sobreposiciones musicales que compiten por hacerse escuchar, planchas incandescentes que regurgitan vahos de maíz y de salsas… como cualquier mercado mexicano, en invocación material de una tradición milenaria, pero por más prehispánico que a veces se vea, no es tianguis convencional: junto a letreros de ofertas lucen carteles que acusan el mal gobierno; hay letreros de identidad comercial cubiertos por lonas que piden libertad a los presos políticos; y, si el persistente mensaje es de libertad para Simitrio, también hay espacio para exigir justicia por los 43 de Ayotzinapa.

Ahí, hombres y mujeres oferentes de ideología maoísta –” columna vertebral” del movimiento social poblano según el Tribunal Permanente de los Pueblos–, acuerdan marchar por Simitrio, un hombre al que mantienen su lealtad a pesar de que lleva encima tres décadas de prisión y pesquisas judiciales.

Ya en la Ciudad de México, en Bucareli y Reforma no los esperan los colectivos que regularmente los esperarían para solidarizarse, porque están mermados por las redadas policiales de las semanas previas o bien, porque esta vez han delimitado sus acciones a sus propias causas o porque aun el movimiento social sucumbe a las fiestas navideñas.

El 22 de diciembre de 2014, el contingente fija una postura frente a las vallas metálicas y los contingentes de granaderos que resguardan las inmediaciones de la secretaría de Gobernación. Luego salen rumbo al Ángel de la Independencia. No esperan que hasta ese lugar llegue la policía poblana para detener con violencia, rompiendo los vidrios de sus vehículos, a Atl Rubén y a su hermano Tonatiuh, los hijos de Simitrio.

Golpeado, Tonatiuh queda libre momentos después, pero Atl va preso al penal de San Miguel, de Puebla, donde no lo esperaba su padre.

Prolongada aflicción

Cosas de la reclusión. Una celda de visita conyugal, una ventana cubierta con placa metálica, puerta de cinco cerrojos que se anteponen entre el interno y la población penitenciaria; las llaves las tiene el director del penal, ningún custodio. Cuando las acciones judiciales o la movilización popular amenacen la imagen institucional, habrá visita familiar y consulta con abogados pero condicionada a la presencia de un celador que tomará nota de cada palabra, gesto o lamento de locutorio. La consecuencia de los lamentos, marchas o denuncias, se verá en los alimentos sazonados con cucarachas y gusanos.

Hay veces que el viento brama, se oye el crepitar de la lluvia o la onda expansiva del trueno, y hay otras en que el silencio de los elementos naturales es absoluto, se capta por otros sentidos. Olor a cemento mojado; sudoración pegajosa por la humedad de los muros pringosos; dolencias reumáticas que alimentan la esperanza en la llegada de la primavera. En cuatro años y ocho meses, la vista es don cancelado, la luz del sol y el firmamento nocturno son recuerdo deforme.

Esa reclusión “se traduce en una aflicción de ánimo; en una especie de tortura”, diagnosticó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al documentar las condiciones carcelarias de Rubén Sarabia Sánchez, en la Recomendación 7/91, dirigida en marzo de 1991 al entonces gobernador de Puebla, Mariano Piña Olaya, quien la rechazó.

La aflicción inició el 4 de julio de 1989, al salir de una clínica de la colonia Roma, en el Distrito Federal, cuando unos 30 policías poblanos lo detuvieron sin orden judicial. En los tres días que siguieron, fue trasladado a Puebla y regresado a la capital, con los ojos vendados, sometido a torturas físicas y psicológicas. Hasta el 7 de junio de 1989 fue a parar al penal de San Miguel, en Puebla, donde fue recluido en la celda de la visita conyugal número 2. Ahí se enteró de que había seis procesos contra él por delitos del fuero común y dos del fuero federal. Estuvo en esa prisión hasta el 10 de diciembre de 1993 cuando iniciaron los traslados sin previo aviso a penales federales.

Primero fue al Módulo 1 del penal de Puente Grande, en Jalisco, donde tenía por compañía a los líderes de grupos criminales. Se le prohibió cantar y silbar para matar el tiempo. Por quejarse de la comida condimentada con insectos, lo enviaron al Módulo 4, donde habitan, desquiciados, los farmacodependientes en angustiante malilla.

Cuatro años después de su llegada, lo mandaron a Almoloya, a pasar más tiempo en el penal del Altiplano. Fue el 27 de octubre de 1997. Ahí lo mantuvieron hasta el 11 de abril de 2001, cuando fue excarcelado bajo un acuerdo judicial de destierro y sujeción: debía firmar dos veces por semana, en el penal de Neza-Bordo, durante 13 años nueve meses; se le impuso como domicilio el Distrito Federal de donde no debía ausentarse sin autorización previa, por lo tanto, no podía regresar a Puebla, pues de incumplir, se revocaría su libertad.

A 25 años de su detención, el 28 de octubre de 2011, regresó a Puebla y asumió el liderazgo de la organización que había ayudado a crear en los años setenta. Seguiría firmando dos veces por semana, hasta febrero de 2015, pero dos meses antes de conseguir su libertad plena, el 16 de diciembre de 2014, fue detenido y encarcelado, para cumplir una sentencia que se extiende más allá del año 2050.

Herencia de represiones

Rafael Moreno Valle es nombre de investigación histórica y actualidad noticiosa. Dos gobernadores con el mismo nombre, una generación entre ellos, idénticos reclamos.

Hombre del sistema, próximo al presidente Gustavo Díaz Ordaz, de quien fue secretario de Salubridad, el general Rafael Moreno Valle, asumió la gubernatura de Puebla en febrero de 1969. A 15 días de tomar posesión, el Excélsior de Julio Scherer, por conducto de su corresponsal, Manuel Sánchez Pontón, daba cuenta de la primera represión morenovallista: la masacre de 18 campesinos en Huehuetlán.

El 14 de septiembre de ese mismo 1969, fue asesinado el industrial textilero, José Luis Zahuita Mercado. El 28 de enero de 1970, alrededor de 30 campesinos fueron masacrados en Monte de Chila, Xicotepec. El 8 de julio de ese año, el periodista Sánchez Pontón, también director del diario local La Opinión, fue víctima de un atentado. En medio de los escándalos por sus represiones, Moreno Valle, dejó el cargo en 1972.

En 1973, una masacre estudiantil cobró cuatro víctimas el 1 de mayo, cuando estudiantes intentaban protestar en el desfile oficial del Día del Trabajo y fueron acribillados. En esos hechos murieron Alfonso Calderón Moreno, Enrique González Romano, Manuel Medina Cuevas y, Norberto Suárez Lara. El 4 de mayo siguiente, fue asesinado también Gilberto Suárez Ávila. Las acusaciones recaían sobre el gobernador Gonzalo Bautista O´Farril, quien sustituyó a Moreno Valle en el cargo y que una semana después de la matanza estudiantil, renunció.

Rubén Sarabia, era un universitario que participaba en el movimiento de reforma a la casa de estudios. Su formación política tenía origen familiar, pues su padre y otros parientes participaron en el movimiento ferrocarrilero.

Ese violento 1973, registró la limpia del centro de la ciudad de Puebla. Agentes armados y maquinaria, arrasaron con vendedores ubicados en el sector conocido como La Victoria, lo incendiaron todo. El número de víctimas quedó indeterminado, aunque suele mencionarse al menos la muerte de un recién nacido y de un anciano.

Fue así como surgió la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de octubre”, que dejaron de ser ambulantes para ubicarse en el Mercado Hidalgo en la avenida Héroe de Nacozari. Años después, Rubén Sarabia se convertiría en líder de la organización que extendió su influencia a siete mercados, organizaciones de colonos desahuciados y transportistas, hasta que, en 1989, incomodó al gobernador Mariano Piña Olaya, y fue encarcelado.

En 1960, una película llamada “Simitrio” contaba la historia de un pequeño con ese nombre que debió ausentarse de la escuela donde sus compañeros, haciéndose pasar por él, jugaron crueles bromas a un maestro invidente. La película fue muy popular y, en 1977, un grupo de universitarios detenidos durante una protesta, chacoteando tras las rejas, hallaron un parecido físico en su compañero de celda Rubén Sarabia y el niño de la película.

Con ese apodo, el líder de “la 28” es conocido hasta ahora que volvió a caer preso, por una aparente suplantación de su identidad, luego de marchar y denunciar la política represiva del segundo gobernador Rafael Moreno Valle, a quien se le apoda “el Gober Bala”.

Los tiempos del “Gober Bala”

A 25 años de prisión y exilio, Simitrio volvió a Puebla en 2011 para conmemorar el nacimiento de la organización. En el Zócalo de la ciudad, ante 5 mil personas que acudieron a recibirlo, cuestionó la “guerra” contra el narco de Felipe Calderón, de la que se vale el Estado, dijo, para reprimir movimientos sociales.

Con el paso de los meses, la situación tomó precisamente ese cauce. En febrero de 2014, el entonces secretario de Gobierno de Puebla, Luis Maldonado Venegas, dijo que el 80% de la droga que se vende en la ciudad sale del Mercado Hidalgo y, de acuerdo al testimonio rendido por Simitrio al Tribunal Permanente de los Pueblos, fue Maldonado quien le anunció que había averiguaciones previas contra sus hijos por narco. En la misma conversación, Maldonado dijo que el gobierno estatal exigía “subordinación absoluta”.

El 19 de diciembre de 2014, Simitrio fue detenido cuando acudía a una reunión en el ayuntamiento de Puebla. El encarcelamiento se fundó en una supuesta denuncia por despojo de tierras, en Tlaxcala, donde el querellante ya había admitido que no se trataba de la misma persona. No obstante, la justicia poblana “coligió” que tuvo mala conducta y revirtió su libertad condicional a dos meses de que obtuviera su libertad plena.

Entre otras acciones previas a la detención de Simitrio, emprendidas por el gobierno de Moreno Valle, los comerciantes ubicados en los Fuertes de Loreto y Guadalupe, fueron desalojados el 2 de abril de 2014 a pesar de pagar 4 mil pesos mensuales de renta al gobierno. Fue Atl Sarabia quien denunció los hechos. Su padre, dijo entonces, que la idea del mandatario era que se instalaran ahí franquicias internacionales. Para entonces, Simitrio empezó a denunciar vigilancia policiaca y militar en el Mercado Hidalgo.

Inconexos, los diferentes movimientos sociales poblanos resentían la mano dura del gobernador: decidió eliminar el sistema de mototaxis y en el intento se desataron enfrentamientos entre policías y conductores; efectuó el despido masivo de los trabajadores del Hospital del Niño Poblano para construir otro; la prisión para dirigentes indígenas y campesinos que se oponen al energético Proyecto Integral Morelos. Se acumularon los asesinatos de dos líderes indígenas de la Sierra Norte, que se oponen a termoeléctricas y compañías mineras; el asesinato del niño José Luis Tehuatlie, en Chalchihuapan, durante un operativo policiaco; los desalojos y la prisión a cuatro dirigentes que se oponen a un proyecto turístico, el parque intermunicipal, en Cholula.

Encabezada por Simitrio, a través de 2014, “la 28”, fue la organización que tuvo los contingentes más nutridos en las diferentes marchas contra la represión que se realizaron en Puebla.

El informe sobre la represión integrado por el Comité Cerezo, ubica a Puebla como el estado donde se acumulan más ataques y agresiones contra dirigentes sociales y defensores de derechos humanos de todo el país entre junio de 2014 y mayo de 2015 aunque no se contabilizó la detención de Fernando Alonso, otro de los líderes de “la 28”, ni la apertura de 26 averiguaciones previas contra Rita Amador, la esposa de Simitrio que ha encabezado las movilizaciones por su libertad.

Desde el 20 de septiembre, hay un plantón por tiempo indefinido en el Zócalo de Puebla. A finales de agosto, los dirigentes de “la 28”, informaron que Simitrio estaba mal de salud y que las autoridades penitenciarias le negaban atención médica. En diez meses, desde aquella reunión de diciembre, registran el desalojo de diez zonas de venta, ataques en el mercado Zaragoza, varias golpizas a los vendedores de los fuertes de Loreto y Guadalupe, el encarcelamiento de Fernando Alonso.

Lo previó Simitrio en abril de 2014:

“Esto no es casual. En el país hay una situación de guerra y el gobierno se vale de eso para reprimir en distintos niveles y generar un ambiente de disuasión por miedo”.

Proceso
Reportaje Especial
Arturo Rodríguez García
Ciudad de México
Viernes 30 de junio de 2017.


Más de 350 casas afectadas en los Municipios de Puebla, San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyucan, y un puente fracturado, fue el saldo de una intensa lluvia la madrugada de este viernes.

En San Andrés Cholula el agua se introdujo por el sistema de recolección pluvial al Fraccionamiento Real del Pedregal, en donde el nivel alcanzó hasta un metro en vialidades y de 30 a 40 centímetros en el interior de las casas.

Muebles y aparatos eléctricos quedaron inservibles, y 10 automóviles también resultaron dañados.

Los colonos acusaron que nunca habían tenido problemas de inundación hasta hoy y responsabilizaron al Gobierno municipal de San Andrés Cholula, encabezado por el panista Leoncio Paisano, por la realización de obras irregulares.

"Hace unos meses realizaron obras en las calles aledañas y algo hicieron, no sabemos qué, pero desviaron el cauce del agua pluvial y ahora todo se vino por el canal que cruza por debajo del fraccionamiento, no resistió y se salió por las alcantarillas", explicó Rubén, vecino del lugar.

"De pronto el agua comenzó a subir de nivel y en las calles llegó hasta un metro, en las casas la altura del agua fue de 30 a 40 centímetros porque están altas con relación a la calle, sino habrían sido más daños", señaló.

En el fraccionamiento Lomas de Angelópolis se inundaron más de 100 casas, donde el nivel de agua alcanzó hasta más de metro y medio de altura, porque la mayoría posee cocheras subterráneas.

En este conjunto habitacional, personal de seguridad impidió el ingreso para documentar los daños, pese a la inconformidad de los vecinos que reportaron daños en sus viviendas y autos.

En la Colonia Resurgimiento, al oriente de la ciudad, un canal desbordó y provocó la fractura de un puente alcantarilla, que sirve de paso para familias de esa zona.

También hubo anegamientos en vialidades como Calzada Zavaleta y la Avenida 11 Sur.

Reforma
Francisco Rivas
Puebla, México
Viernes 30 de junio de 2017.


TEPJF sanciona a empresa por publicitar a Moreno Valle en TV Notas y TV de paga


La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó a la empresa Upscale Media Group SA de CV por una inserción publicada en TV Notas y un promocional a través de TV restringida por Dish, Megacable y PROSER, en los que se promocionó la figra de Rafael Moreno Valle cuando era gobernador de Puebla.

En el caso de TV Notas, las inserciones estaban relacionadas con infraestructura del estado de Puebla y aparecieron en los número 1038 y 1019 de la revista de espectáculos.

Por Tv restringida, a través de las empresas mencionadas, la empresa difundió un promocional referente a una entrevista a Moreno Valle, lo que constituyó, por su propio contenido, “promoción personalizada” del exgobernador poblado y aspirante del PAN a la presidencia de la república.

Respecto del primer asunto, el Pleno determinó que la inserción está relacionada con logros de gobierno de Puebla y se trata de propaganda gubernamental que contiene elementos de promoción personalizada de Moreno Valle, lo cual “incumple con las restricciones establecidas como parte del modelo de comunicación político electoral para la difusión de ese tipo de propaganda”.

Respecto del promocional difundido en televisión restringida, la Sala Especializada del TEPJF señaló que, si bien Upscale Media Group contrató publicidad para su empresa conforme a su libertad comercial y aun siendo de carácter privada, “incluyó elementos de promoción personalizada” de Moreno valle, lo cual se equipara a propaganda gubernamental que la empresa no debió incluir en su publicidad.

Gabriela Villafuerte Coello coincidió en que Upscale Media Group cometió la infracción, pero consideró que también se debía atribuir responsabilidad a las personas morales, Bullying y Tv Notas, en el caso de la inserción, y a las concesionarias de TV restringida Dish, Megacable y PROSER porque fueron la cadena a través de las cuales se materializó la difusión de la propaganda ilegal.

Proceso
Ciudad de México
Jueves 22 de junio de 2017.


Movido por sus aspiraciones presidenciales, el ahora exgobernador Rafael Moreno Valle mantuvo oculta la realidad de Puebla, lo que agravó los problemas de criminalidad como huachicoleros, feminicidios y altos índices de inseguridad que ahora aquejan a la entidad, acusó el activista Javier Sicilia.

El también poeta y periodista dijo que es hasta ahora que Moreno Valle dejó la gubernatura que todo lo que trató de tapar durante su sexenio para cuidar su imagen está saliendo a flote.

“Los huachicoleros siempre estuvieron ahí, pero estaban tapados, ocultos por un sistema corrupto que le servía… cuando se van del gobierno, es que terminamos por ver todo lo que pasó, se tapa la cloaca, pero al final detona”, expresó.

En ese sentido, Sicilia consideró que la violencia que actualmente aqueja esta entidad es algo que ya existía, pero que Moreno Valle recurrió a la simulación para dar la impresión de que en Puebla no pasaba nada e impulsar así su proyecto presidencial.

“Es importante que lo veamos, la mejor forma que el crimen prospere es borrándolo, diciendo que no existe”, recalcó.

Sicilia comparó al gobierno de Moreno Valle con el de Graco Ramírez, de Morelos, quien igual se promueve como presidenciable.

“Son de la misma calaña, no tienen ombligo, vienen de una generación espontánea. Ahora todo mundo es presidenciable porque cree que la presidencia se compra”, declaró.

Sicilia estuvo en la presentación de las nuevas oficinas de la plataforma civil “Ahora Puebla”, que promueve la candidatura ciudadana de Emilio Álvarez Icaza.

Dijo que la urgencia que vive el país y que se refleja en las cifras de 200 mil asesinados, un millón de desplazados, 60 mil desaparecidos, obliga a la movilización ciudadana.

“Hasta cuándo chingados vamos a aguantar esta canallada”, exclamó, “vamos juntos a tomar control de la vida democrática o estamos aceptando un trato de rebaño al que pueden asesinar”.

En rueda de prensa, el activista también hizo un llamado a los poblanos para que no recurran a los linchamientos como una forma de hacerse justicia por mano propia, aunque dijo entender el por qué, en los últimos días este fenómeno social haya proliferado.

“Yo no estoy de acuerdo (con los linchamientos) porque es empezar a parecerse a lo que uno odia, pero cuando van y entregan a un criminal y vuelve a salir, vuelve a hacer fregaderas y la justicia no aparece, orillan a las poblaciones a este tipo de cosas”, señaló.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 15 de junio de 2017.


El 3 de mayo un convoy militar acudió al sitio para responder a una denuncia de tomas clandestinas

A un mes de los hechos ocurridos en Palmarito Tochapan, Puebla, con un saldo de cuatro militares y seis civiles muertos, Antonio Martínez El Toñín, identificado por las autoridades como el artífice de la emboscada a los soldados, continúa prófugo.

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a 30 militares que estuvieron la noche del 3 de mayo en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac.

El 3 de mayo, un convoy militar acudió al sitio para responder a una llamada en la que se denunciaban tomas clandestinas en los ductos de Pemex; sin embargo, El Toñín se escudó en pobladores, principalmente mujeres y niños, para que el Ejército no entrara.

La organización de Antonio Martínez comenzó a movilizarse en camionetas blindadas y, tras el escudo humano que logró el líder huachicolero, dispararon contra los militares, mismos que no respondieron a la agresión para no herir a las mujeres y niños.

El saldo de esa agresión, de acuerdo con la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue de dos militares muertos y uno herido. Se registró una segunda agresión en la que sí respondió el convoy militar al no haber presencia de mujeres y niños.

En Palmarito, donde ingresó el Ejército, había cámaras de seguridad que hoy se sabe, fueron instaladas por el grupo de El Toñín para tener control sobre la organización rival que disputa parte del Triángulo Rojo.

En ese video se aprecia como ingresa el Ejército para detener a los agresores: uno de ellos fue sometido, pero al ver llegar otros autos blindados, el personal militar avanza olvidándose del civil, quien sacó un arma y asesinó por la espala a un soldado.

En el mismo video también se ve que luego de ser bajados de una camioneta BMW con blindaje cuatro, uno de los civiles ya estaba en el piso y un uniformado accionó su arma contra él, acción investigada por las autoridades.

La tensión continuó al día siguiente. De acuerdo con las imágenes, los pobladores comenzaron a poner barricadas con llantas incendiadas y cerraron la pista. Todo por instrucciones de El Toñín, quien encabeza una organización dedicada al huachicoleo.

En esas acciones comenzó a movilizarse gente de Antonio Martínez en camionetas blindadas. Los pobladores gritaban al Ejército que se saliera; cinco horas después los pobladores liberaron la vía federal.

“El Toñín”

Antonio Martínez Fuentes, alias “El Toñín”, originario de la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, perteneciente al municipio de Quecholac, se ha convertido en los últimos años en un prominente empresario que tiene lavadores y pulidoras de verdura, especialmente de zanahoria, además de comercializar a lo largo y ancho del centro y sureste del país. “A veces anda por México o se va a Puebla a vender sus productos o si no se va hasta Cancún, y tarda varios días en regresar”, afirman pobladores.

Aunque de acuerdo con reportes de autoridades estatales, “El Toñín” está identificado como uno de los principales líderes “huachicoleros” en la zona centro del estado, habitantes de Palmarito afirman que no está vinculado con el robo de hidrocarburo: “Él tiene dinero por herencia, desde antes, porque su papá se dedicaba desde hace mucho a la venta”.

Incluso, refieren que la familia de “El Toñín” es muy conocida en la región, al igual que el papá del actual presidente municipal, Néstor Camarillo, con quien comparan porque dicen, han trabajado y se han esforzado para salir adelante.

“El Toñín” es conocido en la junta auxiliar como “El amigo del pueblo” porque, aseguran, ayuda a los necesitados, les regala dinero, paga gastos médicos y hasta lleva regalos a las mujeres y niños cuando son fechas festivas. Por eso todos lo protegen.

Además, el empresario tiene a un hermano llamado Alejandro, quien aseguran los vecinos de Palmarito quiere ser presidente municipal en el 2018 y para eso creó una asociación civil llamada “Fusión y Fuerza”, desde donde promueve su candidatura.

De acuerdo con las autoridades la banda de “El Toñín” sería la responsable del enfrentamiento con militares el 3 de mayo, el cual dejó 4 uniformados y siete civiles muertos.

El Universal
El Sol de Puebla
Dennis A. García
Ciudad de Puebla
Sábado 3 de junio de 2017.


Puebla es la entidad del país más afectada por los ladrones de combustibles o huachicoleros.

El robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 2010, a través de tomas clandestinas, ha crecido de la mano del aumento del precio internacional del crudo, dijo Carlos Murrieta, director de Transformación Industrial de la compañía.

Hasta ahora, el monto equivale a 2,410 millones de dólares.

Cuando el precio del crudo era bajo, el de la gasolina también lo era "y entonces tienes poco robo, pero cuando se dispara el precio del crudo arriba de los 100 dólares es cuando se vuelve atractivo" para el crimen organizado, dijo el directivo de la petrolera.

De acuerdo con cifras de la Organización de Países Exportadores de petróleo (OPEP), la canasta básica de exportación estaba en 36.05 dólares en 2004 y en 2012 se disparó a los 109.45 dólares.

Dos años después comenzó a bajar hasta llegar a los 49.49 dólares por barril en 2015 y últimamente ha comenzado a subir otra vez.

El monto robado a Pemex desde entonces es "a lo mejor de unos 45,000 millones de pesos (...) siendo el año 2016 el de mayor proporción", especificó el funcionario en entrevista con la AFP.

Pemex reportó una pérdida de 3,295 millones de dólares en el primer trimestre del año pasado, lo que representa una de las caídas más significativas recientes. En el mismo periodo de este año ganó 4,675 millones de dólares.

Y de 2012 al 31 de marzo de 2017, el número de tomas clandestinas pasó de 186 a 2,683, de acuerdo con cifras oficiales.

Puebla es el estado más afectado por los ladrones de combustibles o huachicoleros, pandillas que han cooptado localidades y que el gobierno intenta disuadir con operativos en los que participan militares y la policías estatales y federales.

En esa región, el 3 de mayo se registró una confrontación entre militares y presuntos ladrones de gasolina que dejó un saldo de 10 muertos, cuatro de ellos soldados.

AFP
Ciudad de México
Viernes 2 de junio de 2017.


Aunque reconoció que a tres de sus cuatro gasolineras Pemex les rescindió el contrato, el alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, aseguró que son difamatorios los señalamientos que lo vinculan con las bandas de huachicoleros que operan en el llamado Triángulo Rojo.

Al asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo, el edil también señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició desde el 18 de abril auditorías de sus gasolineras, pero aseguró que hasta ahora no se han detectado irregularidades.

Luego aceptó que tres de sus cuatro establecimientos, que operan en la zona de mayor incidencia en el robo de combustibles, fueron cerrados, aunque afirmó que esto se debe a cuestiones relacionadas con el contrato mercantil.

“Es la verdad de los medios, no mi realidad. No tengo ningún vínculo, gracias a Dios. Imagínate difamar a mi persona, se han metido con todo. El que acusa tiene que probar”, exigió al ser cuestionado sobre las versiones que señalan que en sus gasolineras se vendía huachicol.

Apenas este martes 30 el vocero del gobierno estatal, Javier Lozano Alarcón, informó que siete gasolineras que operan en Puebla fueron clausuradas por presumirse que venden combustible proveniente de los llamados huachicoleros, y que cuatro de esos establecimientos eran propiedad del edil de Palmar de Bravo.

“No puedo revelar las investigaciones, es algo que debe mantenerse a reserva por su posible involucramiento”, declaró Lozano.

Fuentes del gobierno han filtrado a los medios de comunicación local que Morales Ugalde es investigado por evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.

Destape de la “gran cloaca”

En la presentación de su Plan Estatal de Desarrollo, el gobernador Antonio Gali Fayad aseguró que en Puebla, donde se destapó la “gran cloaca” del robo de hidrocarburos, se atacará y se acabará con este delito antes de que éste acabe con las familias y la tranquilidad el estado,

El mandatario aseguró que si antes no se había combatido a los huachicoleros con eficacia, se debió a que no se había puesto en marcha una estrategia integral en la que participaran Pemex e instancias del gobierno federal, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Por primera vez en la historia podemos decir por qué no se atacaba este problema de fondo, porque hacía falta esa integración”, justificó para enseguida anotar que “faltaba una mesa donde estuviera el afectado y el afectado es Pemex, y donde estuviera la Secretaría de Hacienda, para ver cuáles son las gasolineras y cuáles son las unidades de transporte que están comprando gasolina robada”.

“Lo digo categóricamente: sí, en Puebla destapamos esta gran cloaca y este gran mal que aqueja al país, hoy es el momento en que se han sumado autoridades federales de manera seria para concluirlo, esto no fue para señalarlo, esto es para combatirlo y acabarlo antes de que él termine con nuestras familias y tranquilidad”, recalcó el mandatario poblano.

Gali sostuvo que esta participación, tanto de Pemex como de la SHCP, ha permitido la clausura de 14 gasolineras, e igual detalló que en los primeros 100 días de su gobierno se han recuperado más de dos millones y medio de litros de combustible robado, se detuvo a 415 presuntos delincuentes y se aseguraron mil 336 vehículos.

También mencionó que la estrategia instrumentada es integral porque se propone reconstruir el tejido social y generar oportunidades de desarrollo en las regiones donde prolifera este delito.

“Nuestra tarea principal es reforzar los lazos y vínculos en nuestra comunidad, involucrar valores en niños y jóvenes, fortalecer el núcleo familiar y consolidar una auténtica cultura cívica, por ello impulsamos el regreso de la materia de civismo y ética a las escuelas en el próximo ciclo escolar, indicó.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 31 de mayo de 2017.


Indagan a alcaldes del ‘Triángulo Rojo’ en Puebla

Puebla. - Suman siete las gasolineras en el Triángulo Rojo suspendidas por Pemex ante la probable comisión de un delito, anunció el jefe de la Oficina de la Gubernatura en Puebla, Javier Lozano.

El también vocero de la Administración estatal explicó que en esos casos el común denominador es la venta de combustible no adquirido a la paraestatal, presumiblemente que proviene de los huachicoleros.

Sin ofrecer detalles, al argumentar que se trata de una indagatoria oficial en curso, expuso que hay una vinculación de estas estaciones de servicio con Alcaldes, específicamente en el Municipio de Palmar de Bravo.

"Ya hubo suspensión de cuando menos 14 gasolineras, de las cuales siete están en Puebla y Pemex junto con el SAT siguen con estos operativos, porque finalmente son las autoridades en la materia", dijo.

"¿Qué es lo que detectan? Lo que es obvio, que están vendiendo gasolina sin comprar a Pemex, entonces, ¿de dónde demonios están sacando ese combustible?", cuestionó Lozano.

"Entonces cuando no les salen los números por el pago de impuestos, vienen tres aspectos: uno, en cuanto a la falta de consistencia a las compras y ventas de combustible, por cuanto hace a la gasolinera; segundo, posible defraudación fiscal; y tercero, lavado de dinero, hay mucho lavado de dinero".

El jefe de la Oficina de la Gubernatura pidió a los Presidentes Municipales, regidores y todos los funcionarios, sean estatales, municipales o federales, que denuncien si reciben amenazas de parte de los huachicoleros.

Refirió que no pueden permitir que este tipo de acciones queden impunes, por lo que urgió a que hagan de conocimiento estos hechos para tomar acciones de protección y perseguir el delito.

Lozano mencionó que no se trata de emprender juicios sumarios contra alcaldes, sino de integrar a fondo expedientes y si se comprueba colusión o comisión de delito, serán sancionados.
Dejan focos rojos para después

Dependencias del Gobierno estatal realizaron la Caravana de Acciones de Prevención del Delito en la comunidad de Tepeaca, y dejaron para después su incursión a las localidades de mayor riesgo por robo de combustible.

El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco, aseguró que esas poblaciones, en donde se conoce de vinculación entre habitantes y huachicoleros, serán visitadas con posterioridad.

El funcionario no especificó cuándo, pero aseguró que sí se prevé ingresar con programas y servicios sociales para acercar a la autoridad con la población.

"Vamos por etapas. En la siguiente etapa vamos a ir a las cuatro comunidades de aquí de Tepeaca; las caravanas vigentes estaban previstas para hacerlas regionalmente en el Estado, ahora nos hemos concentrado por el tema de robo de combustible en esta zona", dijo.

"Vamos a intensificarlas con otros programas que estamos elaborando con las delegaciones de Gobierno federal para participar con mucha más cercanía".

Al concluir el acto protocolario en la Plaza Pública, por indicación de maestros, los niños se formaron en algunos módulos, pero al retirarse, la mayoría de los centros de atención quedaron vacíos.

Sólo en la Unidad Móvil de Desarrollo, el vehículo de "Puebla Nutrida" del DIF Estatal y la ambulancia del Ejército, y el área de corte de cabello, contaron con personas interesadas en escuchar pláticas o recibir atención.

En otras mesas de atención, dedicadas a la cultura de la denuncia y la legalidad, quedaron solas, apenas con el encargado del módulo.

Indagan a alcaldes del ‘Triángulo Rojo’ en Puebla

Al menos cuatro alcaldes de la zona del Triángulo Rojo de Puebla son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por posibles nexos con el robo de hidrocarburo.

Puebla. - Elementos ministeriales federales informaron que los ediles Néstor Camarillo, de Quecholac; Inés Saturnino López Ponce, de Tecamachalco; Pablo Morales Ugalde, de Palmar de Bravo, y Antonio Aguilar, de Acajete, son investigados por las autoridades.

Dijeron que la PGR está haciendo las indagatorias correspondientes para confirmar si tienen nexos con huachicoleros.

Afirmaron que se determinó iniciar la investigación ya que es grande el número de tomas clandestinas registradas en sus demarcaciones.

Además, se informó, han recibido algunas denuncias anónimas que señalan el probable vínculo de los ediles con grupos criminales que roban hidrocarburo.

Al iniciar el año, el gobernador Antonio Gali Fayad reconoció que los alcaldes del ‘Triángulo Rojo’ son investigados por el robo de hidrocarburo.

Precisó que su dependencia integró una carpeta de investigación por el tema para descartar que los funcionarios participen en la ordeña de ductos o tengan vínculos con las bandas, tal y como lo hacía José Isaías Velázquez, alcalde de Atzitzintla.

Familiares del presidente municipal de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, han sido señalados por tener gasolineras en la zona del Triángulo Rojo, en las cuales detectaron venta de huachicol.

Fuentes federales mencionaron que la PGR también señaló que las autoridades continúan investigando el enfrentamiento armado registrado el 3 de mayo en Palmarito Tochapan.

Mencionaron que los militares que se encontraban en la zona el día del enfrentamiento, donde murieron oficialmente 10 personas, serán llamados a declarar para esclarecer si ejecutaron a un civil cuando recibieron un reporte de una fuga clandestina.

La PGR aún no presenta cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad por los presuntos abusos de autoridad u homicidios, ni tampoco contra los civiles acusados por robo de combustible, quienes también asesinaron militares.

Autoridades de Puebla Segura señalaron que están colaborando con la PGR en las investigaciones en torno al robo de hidrocarburo.

Afirmaron que el estado está intercambiando información con las autoridades federales sobre las bandas que operan la ordeña y los detenidos.

Reforma
Francisco Rivas
Tepeaca, México
Martes 30 de mayo de 2017.

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