El magistrado considera que en el expediente no hay elementos suficientes que acrediten esos agravios alegados por Morena y el candidato Luis Miguel Barbosa.

Ciudad de México. - El proyecto de sentencia que propone anular la elección de Gobernador de Puebla y revocar la constancia de mayoría a la panista Marta Erika Alonso declara inoperantes, infundadas o ineficaces las acusaciones de Morena al gobierno estatal por presunta injerencia en los comicios.

La sentencia propuesta a discusión por el magistrado ponente de la Sala Superior, José Luis Vargas, deja a salvo por supuesta falta de acreditación presuntos delitos que estarían vinculados con Gobierno estatal, partidos y candidata.

Asimismo, según la acusación de Morena, el robo de documentación electoral, coacción y compra del voto, manipulación o falsificación de documentos y violencia generalizada en la jornada electoral.

El magistrado considera que en el expediente no hay elementos suficientes que acrediten esos agravios alegados por el partido y el mismo candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa.

En cambio, considera que las autoridades electorales incurrieron en una serie de faltas en el manejo de los resultados, que llevan a la ausencia de certeza en el resultado, y por lo tanto, a la nulidad de la elección.

Con argumentos similares a los alegados en la anulación de la elección de Monterrey, el magistrado Vargas--autor de los dos proyectos, el de Monterrey y el de Puebla--, pone énfasis en la presunta violación a la cadena de custodia de los paquetes electorales y en la responsabilidad de las autoridades locales en violación al principio de certeza en los comicios.

Esa violación a la cadena de custodia se habría dado principalmente al ser resguardada la paquetería electoral en una bodega bajo responsabilidad del OPLE, e incluso antes, durante sus traslados entre distintas sedes electoral.

La falta de certeza es tal, señala el proyecto, que se llega a la conclusión que el recuento total de votos de la elección que ordenó la sala superior del Tribunal Electoral Federal y que se realizó entre el 25 y 29 de septiembre, careció de valor por los vicios de origen en los paquetes revisados.

"Se tiene por acreditado la violación a la cadena de custodia de la documentación y los paquetes electorales (...) resulta inoperante el resultado del recuento tal porque paquetes electorales pudieran haber sido manipulados, viciando de origen y de manera irreparable dicha diligencia, por la falta de certeza que se generó", apunta.

Reforma
Ciudad de México
Sábado 8 diciembre de 2018.


Anuncia Morena consulta este fin de semana sobre programas sociales de gobierno de AMLO


 “Estamos indignados y tristes de que Puebla se haya convertido en una ciudad violenta, con asesinatos diarios, pero con los programas sociales del nuevo gobierno federal también se combatirá la violencia, dijo el futuro coordinador estatal de programas sociales del gobierno federal, Rodrigo Abdala Dartigues.

El próximo funcionario federal también defendió a la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco ante los señalamientos que la responsabilizan de la inseguridad en la capital poblana y coincidió con ella al señalar que los índices delictivos son herencia del ex edil Luis Banck Serrato.

Abdala, acompañado de las diputadas locales de Morena, Tonantzin Fernández Díaz y Estefanía Rodríguez Sandoval, en rueda de prensa presentó la segunda consulta ciudadana sobre 10 proyectos del gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que con la puesta en marcha de esos programas sociales se combatirá la violencia en el estado.

Estas son las acciones que consideramos fundamentales para detonar la actividad económica y el desarrollo social del país. Esto, de manera transversal ataca, la inseguridad, porque no es un asunto aislado”, señaló.

Para la consulta se instalarán casillas en 27 municipios de la entidad y esperan la participación de 50 mil poblanos.   

Por otra parte, se refirió a las críticas sobre el poder que tendrán los delegados en las entidades federativas y dijo que es falso que se pretendan superdelegados para controlar gobiernos estatales pues eso sería atentar contra el federalismo.

e-consulta
Ciudad de Puebla
Viernes 23 noviembre 2018.


Ilícito es 42 veces mayor que en la gestión de Fox; costo del delito es de 30 mil millones de pesos


Esta administración cerrará su ciclo con el número de tomas clandestinas más alto en la historia de México, a partir de que se empezó a contabilizar este delito de manera formal (2010). En seis años, las perforaciones ilegales que diversos grupos delincuenciales realizan en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) podrían estar por arriba de las 40 mil tomas clandestinas, cifra que se alcanzaría con los resultados que la petrolera dé a conocer entre agosto y noviembre.

Con este número de incidencias sobre la red de ductos, cuya longitud es de 17 mil kilómetros destinados para la transportación de petrolíferos y petroquímicos, el crimen organizado en todas sus modalidades habría realizado en promedio 18.2 tomas clandestinas por día entre el 1 de enero de 2013 y el 30 noviembre de 2018.

“Es una locura, el problema es gigantesco. Hay que considerar que lo que se roban es una fortuna, que no va a los niños que están estudiando, sino va a dar a los mismos cárteles, con lo cual aumentan la maldad”, reconoció el director de la empresa petrolera, Carlos Treviño Medina.

“Deja esas 40 mil tomas clandestinas que tenemos, lo que hacen esos delincuentes con ese dinero es peor, porque lo usan para armarse, para pagar informantes, para seguir violentando la ley y causándole un daño patrimonial a Pemex y al país”, añadió.

El alto número de perforaciones supone, además, que los cárteles del narcotráfico, grupos especializados en el robo de combustibles y bandas criminales, entre otros, habrían perforado en promedio 2.3 veces cada kilómetro de la red de ductos, concentrándose en entidades federativas y municipios perfectamente localizables: Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz y Tamaulipas, entre los más importantes.

El directivo comentó, en entrevista con EL UNIVERSAL, que el costo de lo robado supera los 30 mil millones de pesos anuales.

En mayo de 2017, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, calculó que el daño económico de la ordeña era de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos. Sin embargo, en marzo de este año, el director de Pemex dijo que la cifra era de 30 mil millones.

“Una cosa es el valor del producto que le roban a Pemex y que es de 20 mil millones de pesos anuales y otra los costos en reparación, persecución y en los casos en donde las tomas clandestinas se descontrolan y que requieren reparación de daños ambientales y sociales, sobre todo cuando hay explosiones”, explicó en una entrevista con este medio.

Carlos Treviño dijo que ha platicado con el equipo del nuevo gobierno, el cual le ha manifestado su preocupación por el problema.

Este delito, tomando como referencia el número de ataques a los ductos de la petrolera en los últimos seis años, resulta 42 veces más elevado que en el periodo 2001-2006 y 7.7 superior que en el ciclo 2007-2012.

Debilidad legal

De acuerdo con la empresa EnergeA, Proyectos de Energía, el aumento del delito está asociado a varios factores, entre ellos, debilidades legales: “El robo de hidrocarburos es un delito grave que se ha incrementado exponencialmente desde 2008, y si bien entró en vigor la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos el 11 de enero de 2016, su efecto disuasorio contra el robo de hidrocarburos en México es todavía incierto”.

Además, el concepto de actividad estratégica dentro de la legislación actual sólo contempla las áreas Exploración y Producción, en términos del artículo 28 constitucional, las cuales son objeto de un régimen especial aplicable a su resguardo, el cual habilita al Ejecutivo para disponer de las distintas corporaciones policiales, pero el resto de la infraestructura de la industria petrolera no está comprendida dentro del concepto instalaciones estratégicas, entre ellas, comercialización, transporte, almacenamiento de petróleo y expendio al público de petrolíferos, así como transporte por ducto, lo cual provoca que las actividades que están fuera de este rango enfrenten los mismos riesgos y amenazas que las aquejaban antes de la reforma, pero desde una posición de mayor incertidumbre.

Crecen actividades delictivas

La Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex revela que el incremento en el número de perforaciones se presenta como resultado “de que México ha experimentado un incremento en las actividades delictivas”.

En el más reciente informe a la Bolsa Mexicana de Valores, la petrolera detalló que el país “ha experimentado un aumento en el delito, principalmente por las actividades de diversos grupos de la delincuencia organizada, incluyendo narcotráfico, lo cual ha detonado el desarrollo del mercado ilícito de combustibles y ha dado lugar al mayor robo y comercio ilegal de los combustibles que produce Pemex, a pesar de que el gobierno federal ha implementado medidas y reforzado las fuerzas militares y policíacas y, junto con la empresa”.

EnergeA, Proyectos de Energía, recomienda considerar reformar la definición de instalaciones estratégicas previstas en los artículo 146 de la Ley General del SNSP y el 22 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos para incorporar al resto de la actividad petrolera a las obligaciones mínimas en materia de resguardo de instalaciones estratégicas, como en exploración y producción; desarrollar un diagnóstico de riesgo propio, programas de prevención y mitigación ante los riesgos de la extracción ilícita de hidrocarburos, el uso de tecnología y procesos que permitan prevenir, detectar y en su caso minimizar los daños que sufran, y crear un órgano copresidido por las secretarías de Gobernación y Energía.

Impacto desconocido

Plantea que los cambios son necesarios dado que hasta ahora, “las dimensiones cuantitativas del robo de hidrocarburos en México son desconocidas”, porque no hay un método exacto para saber cuánto combustible es robado; hay limitaciones institucionales, como la falta de capacidad para reaccionar al delito, y en aquellos casos en los que se ha llevado a cabo una averiguación previa, las autoridades federales y locales muestran cierta resistencia a proporcionar mayores detalles sobre las indagatorias por razones a veces mal entendidas de confidencialidad y secrecía.

El director de Pemex reveló que la empresa está trabajando en el ámbito de su competencia: “Hemos incrementado nuestra capacidad para reparar las tomas clandestinas, es decir, las detectamos y las reparamos mucho más rápido que antes”.

Partimos de la base de que en 2016 y durante el año pasado, la capacidad que tuvieron los malos para hacer más tomas fue mayor a la de nosotros para cerrarlas, añadió.

Adelantó que la petrolera está desarrollando una aplicación que va a tener los teléfonos de todos los equipos, entonces recibo una denuncia y me sale un reporte para que vaya a verla, llega el equipo de seguridad, toma una foto y manda una orden de trabajo para repararla; el otro departamento va la repara y saca una foto de la toma reparada.

Con esta aplicación que es el workflow, que está totalmente digitalizado, Pemex tiene altas expectativas de que el problema se reduzca, dijo Treviño Medina.

El Universal
Noé Cruz Serrano
Ciudad de México
Lunes 8 de octubre de 2018.


Argumenta que los miembros del Consejo General actuaron con apego a la ley


Con el argumento de que el conteo de votos no es responsabilidad del Consejo General, sino de los Consejos Distritales, Jacinto Herrera Serrallonga, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE) salió al paso de las irregularidades señaladas en contra del órgano electoral y el recuento de votos de la elección a la gubernatura ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Luego de que la resolución del máximo órgano de justicia electoral instruyó el recuento voto por voto de los comicios, con fundamento en el hallazgo de fallas y omisiones cometidas por los órganos electorales, Herrera Serrallonga, defendió al IEE asegurando que los siete miembros del Consejo General y todo su personal actuaron con apego a la ley.

Y aunque el consejero presidente manifestó su confianza en el conteo del IEE, también deslindó al Consejo Electoral de las inconsistencias pues explicó que no es facultad del Consejo General el cómputo general de votos, sino de los Consejos Distritales.

“Hay un principio de definitividad, en el cual nosotros como Consejo General lo que hacemos es sumar las actas de los cómputos distritales”, completó.

En este sentido, Herrera Serrallonga aseguró que los miembros de los Consejos Distritales fueron capacitados para cumplir con su responsabilidad de acuerdo a la normatividad establecida por el Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, agregó su desempeño será analizado posteriormente.

De nueva cuenta reconoció la Facultad del TEPJF para emitir resoluciones como el recuento voto por voto y la disposición del IEE para colaborar en el recuento de los votos.

El Sol de Puebla
Belén Cancino
Ciudad de Puebla
Sábado 22 de septiembre de 2018.


A un año de los sismos que afectaron en Puebla 620 edificios históricos –en su mayoría templos de los siglos del XVI al XIX–, empresarios contratados para la reconstrucción señalan su posible retiro por falta de recursos. Ellos y especialistas consultados responsabilizan a la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tanto por su improvisación como por cambiar los términos de su relación con la aseguradora de los inmuebles.

Puebla.- A un año del sismo del 19 de septiembre, el programa de reconstrucción del patrimonio histórico en esta entidad tiene visos de caos y hasta en riesgo de interrumpirse a costa de un mayor deterioro de los propios inmuebles.

De acuerdo a empresarios y especialistas entrevistados, esto se deriva de la forma errática e improvisada con la cual la dirección general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a cargo de Diego Prieto Hernández, ha conducido desde un inicio el programa de rescate.

Incluso sospechosa –refieren algunos–, porque durante todo el proceso el INAH ha cedido ante las constantes trabas que le ha impuesto la aseguradora Banorte para liberar los recursos provenientes de la póliza contratada por 3 mil 500 millones de pesos, aun cuando ya había conciliaciones firmadas por sus ajustadores para cubrir el costo.

Empresarios a cargo de la restauración de templos en la entidad denuncian que la mayoría de ellos han tenido que sortear retrasos en los pagos, e incluso muchos de ellos no han recibido ni un peso cuando ya tienen hasta más de cuatro meses de haber iniciado los trabajos. De hecho, hay algunos que ya terminaron obras y no han recibido ni siquiera el adelanto.

En las últimas semanas, los contratistas se encuentran en la incertidumbre de que el INAH defina si las obras, ya con avances, serán financiadas con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), luego de que se asegura el agotamiento de la bolsa para cubrir a la aseguradora.

Los contratistas dicen que esto no sólo implicaría un cambio en el esquema con el cual iniciaron con el seguro, sino retrasaría aún más los pagos y hasta podría dejarlos fuera, pues el contrato se resolvería por licitación pública.

Además de los aprietos económicos en que los ha metido esta situación, advierten del riesgo de la continuidad de las obras de rescate de los inmuebles, que en Puebla suman 620, en su mayoría templos de los siglos del XVI al XIX, cuya fragilidad podría aumentar si las obras permanecen a medias.

De hecho, ya algunas, como ocurre en el templo del Calvario en el municipio de Tochimilco, se encuentran interrumpidas ante la indefinición de los pagos.

A mediados de agosto, representantes de 12 empresas se reunieron con el titular del Centro INAH-Puebla, Víctor Hugo Valencia, para pedirle agilizar los pagos y respetar los acuerdos con los que iniciaron los trabajos.  

Aunque sólo algunos deciden participar en entrevista con Proceso, se asegura que este retraso e indefinición no es privativo de Puebla, sino que iguales condiciones enfrentan contratistas en Morelos, Oaxaca y Chiapas.

El caos

Apenas la semana pasada, la Secretaria Técnica del INAH, Aída Castilleja, estuvo en el Centro Regional Puebla para sostener una reunión de trabajo con el personal encargado del programa de rescate. Pero ningún mando del instituto hizo acto de presencia para dar a conocer los lineamientos en los que se basaría el programa de obras.

“Sólo tuvimos algunas videoconferencias con los directivos, en las cuales no se nos permitió ni hacer preguntas”, refiere el perito del instituto, Enrique Gámez.

El reto de reconstrucción del patrimonio poblano, el más afectado del país por el movimiento telúrico que tuvo precisamente su epicentro en un punto cercano a Chiautla de Tapia, ha sido enfrentado por el personal regular del Centro INAH de esta entidad, compuesto sólo por 10 arquitectos y tres restauradores. Ese fue el problema desde el principio, a decir de Gámez, pues la Dirección General no pidió recursos extraordinarios para la contratación de más personal, pese a la dimensión de los daños.

Esto ha expuesto al personal del instituto a una sobrecarga de trabajo que, además, se ha disparado por los cambiantes requisitos que les ha impuesto la aseguradora, y que han sido aceptados sin objeción por los directivos del INAH sin que su sindicato de trabajadores haga ningún pronunciamiento.

Gámez cuenta también que desde un principio hubo instrucciones confusas y cambiantes sobre cómo trabajarían. Al inicio se habló de que el costo de la restauración lo cubriría el Fonden, pero luego se decidió recurrir a la póliza del seguro contratada con Banorte para siniestros en bienes muebles e inmuebles de los siglos del XVI al XIX.

“Será recurso que llegue más rápido y se le dará fluidez a los proyectos”, se les aseguró.

Como primer paso, se dividió la región afectada en 10 zonas y se les pidió a los trabajadores visitar en un corto plazo cada edificio, a fin de elaborar un presupuesto de la restauración por unidad.

En los últimos meses de 2017 y los primeros de 2018, los trabajadores del INAH recorrieron de nueva cuenta las regiones afectadas para conciliar con los ajustadores del seguro un presupuesto final para cada proyecto.  

Casi al mismo tiempo, los directivos del INAH los apresuraron para que contactaran a empresas y las invitaran a participar en las obras en base a los presupuestos conciliados.

“Fueron acuerdos de confianza”, refiere el arquitecto.

Igual, otros trabajadores informan que se les pedía apresurar el inicio de las obras dando prioridad a las de menor daño, para que se pudieran reportar resultados pronto.

Sin embargo, una de las primeras trabas que impuso la aseguradora fue demostrar la historicidad de los edificios en base a su registro en el catálogo, lo cual implicó un trabajo extra, pues muchos de los inmuebles no estaban clasificados.

Luego, ya con avance en las obras, la aseguradora ha condicionado los primeros pagos a que el INAH demuestre que los daños cubiertos en los inmuebles no preexistían al sismo.

Según trabajadores entrevistados, este requisito resultaba absurdo luego de que, por meses, fueron los ajustadores de la propia empresa los que visitaron los templos para acordar los daños que se conciliarían para cada inmueble, y que hay acuerdos firmados en los que se revisó y constató cada una de las afectaciones.

En agosto, el delegado Víctor Hugo Valencia aseguró que el avance de reconstrucción alcanza el 40% al haberse restaurado 67 inmuebles e iniciado el trabajo en otros 241, aunque los trabajadores del instituto advierten que en estas cuentas se refieren a los templos que sólo requerían reparaciones menores y algunos realizados por las comunidades.

En retiro

El restaurador César Escudero, de la empresa Restauro, Compás y Canto, a cargo del rescate del templo y parte del convento de San Agustín de Chiautla de Tapia, en la mixteca poblana, advierte que hace apenas unos días envió al INAH un escrito para anunciar su posible retiro de la obra.

Luego de tres meses y medio de sostener con recursos propios la restauración del templo, su empresa no está en condiciones económicas para seguir financiando los trabajos presupuestados en 8 millones de pesos.

Aunque como restaurador considera un privilegio intervenir en este conjunto arquitectónico que empezó a construirse en la primera mitad del siglo XVI, señala que el costo de este tipo de obras –que requieren mano de obra calificada y uso casi artesanal de los materiales– es difícil de sostener por períodos tan prolongados, pues en su mayoría las empresas de restauración son pequeñas.

Confirma que desde un principio se les informó del presupuesto ya conciliado con la aseguradora Banorte para cubrir el monto de la obra, por lo que fue requisito entregaran por anticipado sus facturas timbradas del total del costo, con la promesa de que se cubriría un anticipo del 50% en un lapso no mayor a dos a tres meses y el resto como pago final.

“Hasta donde nosotros sabemos ya se había negociado todo y el seguro había aceptado cuánto iba a aportar por este inmueble, por eso nos piden nuestra factura, por eso se empiezan los trabajos”, aclara al indicar que resulta “bastante irregular” que el INAH no exija a la aseguradora cubrir lo acordado.

Al no recibir ni un pago, Escudero envió escritos a la delegación del INAH y a la Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios del instituto sin obtener respuesta alguna.

Indica que por dos meses pudieron sostener un ritmo fuerte de trabajo, pero al no llegar los recursos redujeron la cantidad de personal de 15 a 5 –mismos que tienen actualmente–, “con el riesgo de parar la obra en los próximos días, que es algo muy delicado y que no le conviene a nadie, ni a nosotros, ni a la comunidad, ni a las instituciones y mucho menos al inmueble”, expresa, pues al quedar sin concluir los trabajos en la restauración de la bóveda, el deterioro podría agravarse, sobre todo en estos días de lluvias.

El párroco de ese templo, Juan Muñoz Rangel, tras lamentar la situación, considera que el reclamo de las consecuencias que esto podría generar tendría que dirigirse al director del INAH, Diego Prieto, quien pese a toda la problemática relacionada con la reconstrucción acaba de ser ratificado en su cargo para el próximo sexenio.

Otro empresario, Raúl Mora, de la empresa Proyectos, Construcciones y Asesoría de Obras, S. A. de C. V. (Procase), con sede en Puebla, también atraviesa problemas similares.

Su compañía aceptó la invitación del INAH para trabajar en el rescate de dos templos en los municipios de Chiautla y de Ixcamilpa de Guerrero, igual bajo el ofrecimiento que el pago estaba garantizado con los recursos del seguro contra siniestros contratado por el gobierno federal.

A partir de mayo iniciaron ya la obra, pero fue hasta la semana pasada que recibió el primer pago por los trabajos en Ixcamilpa, y en el caso de la iglesia de San Juan Bautista, ubicada en la localidad de Pilcaya, municipio de Chiautla, Procase lleva un avance de casi el 50%, sin haber recibido nada de los 10 millones de pesos que se presupuestaron.

Mora refiere que ha tenido que recurrir a préstamos.

Otro constructor –entrevistado a condición del anonimato–, menciona que al estar ubicadas en municipios enclavados en la sierra, el costo de la restauración se dispara pues hay que pagar hospedaje y viáticos del personal calificado, aparte de la nómina y materiales que se encarecen por las distancias.

Ante las versiones provenientes del propio INAH de que habría proyectos que se pasarán al Fonden, Mora explica que eso generaría un conflicto administrativo en las obras que ya tienen avances, pues son procedimientos y presupuestos totalmente diferentes:

“En principio, los contratos del Fonden se resuelven por licitación, en ese procedimiento habría la posibilidad de que nosotros no quedáramos, no sabríamos cómo se resolvería eso y cómo se nos pagarían los trabajos que ya hicimos.”

Otras empresas que ya tienen obra asignada y conciliada, han evitado iniciar hasta que no se entregue el anticipo, y algunas más están a punto de suspender los trabajos o ya lo hicieron. Lo pagos atrasados han generado problemas a la gran mayoría e incluso en ciertos casos estarían en riesgo de quiebra si la situación no se resuelve a corto plazo.

En tanto, se sabe que el INAH aún continúa en tratos con la aseguradora en el proceso de conciliación de obras, a pesar de que ya se agotó la póliza, pero supuestamente lo hace para definir en los próximos días una lista de las obras que acabarán por pasarse al Fonden.

Los trabajadores del instituto señalan que aparte del excesivo trabajo que ha implicado la supervisión de las más de 500 obras conciliadas, los retrasos los han expuesto a reacciones agresivas por parte de pobladores e incluso sacerdotes que ya reclaman la reapertura de sus templos.   

Proceso
Gabriela Hernández
Reportaje Especial
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 20 de septiembre de 2018.


Organizaciones condenan agresión y amenazas del dirigente panista Pablo Rodríguez Regordosa contra reportera en Puebla

Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac), la Red Nacional de Periodistas (RNP) y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) condenaron las amenazas, hostigamiento y agresión física que hizo Pablo Rodríguez Regordosa, dirigente municipal del PAN, en contra de la periodista Yasmín Nalleli Flores Hernández.

Las organizaciones mencionaron que, el viernes 17, Flores Hernández arribó a las instalaciones del portal Status Puebla para presentarse en el programa radiofónico “Al Portador”, en donde colabora como columnista y analista política.

Igual denunciaron que, a su llegada al lugar, la periodista fue interceptada en la recepción por Rodríguez Regordosa, quien comenzó a gritarle y a exigirle una disculpa pública pues supuestamente había publicado una información sobre él que, aseguraba, era falsa, y lanzó amenazas de que tomaría represalias de no cumplirse sus exigencias.

“La periodista tratando de no caer en provocaciones, se dirigió a la cabina de radio cuando Pablo Rodríguez se interpuso jaloneando su vestido y siguió amenazándola. Una vez que la periodista pudo entrar a la cabina y diera inició a la transmisión en vivo, Pablo Rodríguez irrumpió con gritos y empujones”, mencionaron.

También advirtieron que el titular del programa Al Portador, el periodista Alejandro Mondragón, demandó a Rodríguez Regordosa que cesara las agresiones, a la vez que decide hacer una llamada al número de emergencias 911 para pedir que obligaran al panista a retirarse de las instalaciones.

Las organizaciones refieren que desde hace dos semanas la columnista Flores Hernández había sido amenazada y hostigada a través de llamadas y mensajes de texto por parte de Rodríguez Regordosa.

Los ataques contra la columnista surgieron a partir de que hiciera comentarios en una colaboración de una investigación que realiza la revista Proceso, en donde situaba a Pablo Rodríguez en el caso de corrupción de la instalación de la planta Audi en Puebla, cuando éste era secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico en el gobierno del panista Rafael Moreno Valle.

Aunque la periodista ha presentado una denuncia por amenazas ante la Fiscalía General del Estado 1078/2018/UAT/-C5 y cuenta con la emisión de medias cautelares por parte de la Unidad Estatal de Protección del Estado de Puebla, las dependencias encargadas no han cumplido con su protección.

Cimac, la Red Nacional de Periodistas y la RIPVG señalaron que esta falta de acción de las autoridades estatales para brindar apoyo a Flores Hernández representa un grave daño a su integridad y labor y, por tanto, a sus derechos humanos, a la libertad de expresión y a una vida libre de violencia.

Este incidente, informaron, se suma a los 14 de casos de agresión contra las mujeres periodistas que el Programa de Libertad de Expresión y Género ha registrado en el estado de Puebla durante este 2018.

Por lo anterior, la organización y redes firmantes exigen al PAN haga las investigaciones y sanciones correspondientes ante las agresiones cometidas por el dirigente municipal de ese partido en Puebla.

Asimismo, piden a la Comisión Estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas implemente las medidas de seguridad que le fueron otorgadas a Flores Hernández y analice las condiciones de riesgo que encara la comunicadora con un análisis de perspectiva de género.

Igual que la CNDH se pronuncie y provea medidas en función de sus atribuciones para prevenir la violación de los derechos humanos de la periodista.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 22 de agosto 2018.


•    Luis Miguel Barbosa subrayó que todo apunta a que la elección de Puebla será anulada ante el cúmulo de irregularidades cometidas, por lo que adelantó que los comicios se repetirán en febrero de 2019.

•    Reunido con la Red Estatal de Mujeres de Morena, sin Claudia Rivera, el ex candidato llamó a ediles electos a realizar gestiones austeras


Luis Miguel Barbosa Huerta, ex candidato de Morena a la gubernatura, expresó su temor respecto a la posibilidad de que los diputados electos por Morena sean cooptados por la corrupción del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Al reunirse con la Red Estatal de Mujeres de Morena, acto en el que estuvo ausente la presidenta municipal electa, Claudia Rivera Vivanco, Luis Miguel Barbosa llamó a las alcaldesas y presidentes municipales electos de su partido a hacer gestiones austeras y reducir al 50 por ciento la burocracia para dar buenos resultados.

Asevera que se mantiene un trabajo en los tribunales para lograr la anulación de la elección a gobernador en Puebla

Temor que diputados se reduzcan de 22 a 20

Durante su discurso ante presidentas y diputadas locales y federales electas, el también ex senador de la República subrayó que existe un temor de que ante la seducción del grupo morenovallista los diputados locales de Morena en Puebla se reduzcan de 22 a 20.

“Me preocupa que esa forma de hacer política de la seducción y de la corrupción mine nuestra mayoría en el Congreso local. Me preocupa que hoy durmamos con 22 diputados y mañana despertemos con 20”, acotó.

Recordó que los diputados locales electos se comprometieron a echar abajo legislaciones “oprobias” del modelo de negocios del sexenio de Rafael Moreno Valle.

El próximo legislador equipara a la panista con el expresidente Felipe Calderón; el vocero de AN justifica reforma que permite a nuevo gobernador rendir protesta ante el TSJ

Llama a hacer gestiones austeras

Sin la presencia de Rivera Vivanco, Luis Miguel Barbosa pidió a los presidentes municipales electos a hacer gestiones austeras.

“Les pido que sean diferentes, honestos, austeros. Hagan una administración que no sea más de la mitad del tamaño de la que encontraron. Si la que encontraron tenía 500 trabajadores háganla de 250. Si era de 100 háganla de 50”.

También les sugirió que bajen los salarios y los gastos, al tiempo de señalar que hay todas las condiciones para que realicen gestiones exitosas.

Los invitó a sumar en sus proyectos a quienes estuvieron en la campaña y no “reciclar” funcionarios de administraciones pasadas.

Les advirtió que la gente está esperanzada en Morena pero también puede decepcionarse pronto si no se realiza un buen trabajo.

Cabe subrayar que Claudia Rivera señaló recientemente su interés por sumar a su administración a los actuales titulares de Turismo Municipal y de Protección Civil.   

“Elección se repetirá en febrero”

Luis Miguel Barbosa subrayó que todo apunta a que la elección de Puebla será anulada ante el cúmulo de irregularidades cometidas, por lo que adelantó que los comicios se repetirán en febrero de 2019.

Al tiempo de defender la impugnación que presentó ante el TEPJF como un “recurso efectivo”, afirmó que el Congreso nombrará a un gobernador interino.

“El pelele de José Antonio Gali se va el 15 de diciembre”

“Lo tiene que resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso será en octubre o principios de noviembre. La nueva elección será en enero o febrero de 2019. El pelele de José Antonio Gali se va el 15 de diciembre”.  

Afirmó a sus simpatizantes que irá con ellos a “una segunda campaña” en la que arrasará a Martha Erika Alonso.

Subrayó que mientras el TEPJF resuelve, no lo verán en diálogo con la clase política poblana, a la que calificó como “un caso donde un marrano se prepara y todos se llevan”.

Agregó que la intentona de Rafael Moreno Valle de internarse en el nuevo gobierno no resultará, por lo que se caerá la postulación de Luis Maldonado Venegas como subsecretario de Educación Pública.

e-consulta
Efraín Núñez
Puebla, México
Sábado 4 agosto 2018.


Las campañas que culminaron con los comicios del domingo 1, que cambiaron el mapa político del país, estuvieron marcadas por hechos violentos e irregularidades. Sin embargo, las elecciones correspondientes a la gubernatura de Puebla fueron las únicas impugnadas legalmente, dada la diferencia menor a 5% de los votos entre Martha Erika Alonso y Miguel Barbosa, así como los múltiples indicios de que pueden configurarse delitos electorales y causales de nulidad de la elección.


En el proceso electoral más violento del país, con 31 homicidios y 113 agresiones contra servidores públicos y candidatos entre el 8 de septiembre y la jornada del domingo 1, únicamente los comicios estatales en Puebla podrían ser anulados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esta posibilidad se basa en tres razones: el rebase de topes de gastos de campaña de la aspirante de Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso Hidalgo; por inequidad en la cobertura de los medios de comunicación, y por una larga lista de irregularidades y agresiones antes y durante la votación, que incluyen homicidios, robo de urnas, al menos 10 balaceras en las casillas, compra de sufragios y golpes a funcionarios de casillas de la coalición Juntos Haremos Historia.

En el recurso de inconformidad presentado por el candidato de esta última coalición, Miguel Barbosa Huerta, ante los magistrados del tribunal electoral de Puebla, uno de los principales elementos para solicitar la anulación electoral de los comicios a gobernador es la existencia “de un laboratorio de la coalición Por Puebla al Frente para manipular y falsificar material electoral”.

En el alegato de 169 cuartillas, cuya copia obtuvo Proceso, se presenta como prueba el acta notarial número 53,069 de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) sobre los hechos ocurridos el 3 de julio en el hotel MM de Puebla, en donde se descubrió el presunto “laboratorio que operaba desde antes del día de la jornada electoral”.

La impugnación ante el tribunal electoral relata: “En el lugar se encontraron sábanas con resultados marcados. De lo narrado en los videos se asegura que esas actas llegaron al Instituto Electoral del Estado para ser contabilizadas. En el interior del hotel se encontraban cerca de 50 personas llenando actas.

“Asimismo, en el lugar se encontró papelería electoral, como actas, boletas, listas de secciones y computadoras con registros de contabilización de votos. Por ello, ciudadanos y ciudadanas reunidos afuera del hotel solicitaron la presencia de la FEPADE; en el lugar ya se encontraba personal de la Fiscalía Estatal, Policía Estatal y Policía Municipal.”

Se agregan como pruebas documentales 18 videos que muestran “los hechos del laboratorio de manipulación de los resultados electorales de la jornada electoral con relación a la elección de gobernador”.

El alegato de Barbosa incluye también una copia del comunicado del presidente municipal de Cuetzalan del Progreso, Óscar Paula Chávez, en el que admite haber otorgado apoyo al Partido Acción Nacional para el traslado de documentación.

Los abogados del aspirante a gobernador de Morena le solicitan al tribunal electoral que el alcalde Paula Chávez “informe a esa autoridad jurisdiccional cuál es la disposición legal a la que hace referencia en el escrito que se exhibe como prueba, los recursos materiales y humanos que empleó en el apoyo que se refiere”.

La lista de más de 20 actos de violencia documentados en la impugnación de Barbosa Huerta incluye varias notas periodísticas, videos y de portales informativos donde se denunciaron descargas de despensas en la colonia el Refugio, homicidios, robo de urnas y 10 balaceras en la jornada electoral, las agresiones en la Junta Auxiliar de Acolihuia, Chignahuapan, en la Sierra Norte de Puebla y en San Andrés Cholula, así como la volcadura de una camioneta del Ministerio Público estatal con boletas.

Entre los lugares donde se registraron al menos 10 balaceras y el robo de urnas –mismos que se transmitieron en vivo en las redes sociales, especialmente en ­Facebook– está un colegio particular en San Sebastián Aparicio, de donde se sustrajeron nueve. Sucedió lo mismo en la casa de campaña de Guillermo Aréchiga, candidato de Juntos Haremos Historia, en otra casilla de Loma Bella, en Bosque de San Sebastián y en la colonia Amor.

Múltiples anomalías

La primera parte de la impugnación relata las irregularidades en el conteo distrital, que violan el “principio de certeza”, considerado como “el eje rector de los procesos electorales, cuyo cumplimiento es imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía”.

En la sesión del cómputo distrital “se observó un comportamiento atípico en los votos que originalmente se habían asignado en las actas de escrutinio y cómputo y los que se obtuvieron como resultado de las diligencias de recuento en casillas específicas, pues, conforme a las cantidades que se asentaron originalmente, y que fueron capturadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se observó una variación sustancial de votos, después de haber realizado un nuevo escrutinio y cómputo en casillas”.

Esta “variación sustancial” fue resultado de la apertura de casillas específicas y representa “un hecho atípico que rompió con la certeza del contenido del resto de actas”.

El número de votos nulos que arrojaron los cómputos distritales fueron superiores a la diferencia que existe entre la candidata Martha Erika Alonso Hidalgo, del PAN-PRD-MC, y Miguel Barbosa, de Morena-PT-PES. La esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle registró una ventaja de 120 mil 641 votos frente a Barbosa (4.1 puntos de diferencia) para sumar un total de 1 millón 152 mil 978 sufragios frente a 1 millón 30 mil 924 sufragios del morenista. Sin embargo, los votos nulos ascendieron a 128 mil 535.

“Es decir, que el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre los que ocupan primero y segundo lugares. Por consiguiente, existen motivos suficientes para realizar un nuevo cómputo de la elección a gobernador”, afirma la impugnación de Barbosa.

El otro alegato es el presunto rebase de topes de gastos de campaña, que se convierte en una de las causales de nulidad de la elección, ya que el artículo 41 constitucional establece esta posibilidad si la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor a 5% y si se exceden los gastos en 5% del tope autorizado, además de si se recibieron o usaron recursos de procedencia ilícita o públicos en las campañas.

Hasta el martes 17 de junio, el equipo de campaña de Martha Erika Alonso reportó un gasto de sólo 18 millones 43 mil pesos, “lo que hace presumir y genera el indicio de que, al día de la presentación de esta queja, la candidata denunciada había rebasado el tope de gastos de campaña aprobado por el Instituto Electoral Estatal”.

El equipo jurídico de Barbosa, encabezado por el extitular de la FEPADE, Santiago Nieto, argumenta que en la campaña de Alonso existen “grandes cantidades de recursos no reportados”, que ascienden a más de 54 millones de pesos, “sin contabilizar los gastos de campaña anticipada realizados de manera conjunta con el candidato a presidente de la República Ricardo Anaya los días del 6 al 8 de abril de 2018, así como la adquisición de tiempo en radio y televisión, administrada por el INE”.

La cifra de 54.3 millones de pesos gastados por Alonso derivó de recopilar “evidencia audiovisual”, donde se estima que el costo de 140 eventos realizados por la candidata de Por Puebla al Frente, así como lo invertido en la plataforma de Facebook, suponen un total equivalente a esa cantidad.

“Es evidente que el tope de gastos de campaña asignado a la candidata y a la coalición supera por una cantidad exorbitante de dinero lo que fue reportado por ella”; es decir, sólo 18 millones de pesos.

En el caso de los medios de comunicación, también se alega que existió un “uso indebido de la pauta de radio y televisión” porque la esposa de Moreno Valle fue favorecida con la mayoría de los espots, cuando éstos debían destinarse a 26 elecciones a diputados locales y todos los municipios del estado.

Además, “es un hecho evidente, y acreditado con el monitoreo oficial de medios de comunicación elaborado por el Instituto Electoral del Estado de Puebla, que los medios difundieron de manera excesiva y sesgada información y notas a favor de la coalición Por Puebla al Frente” y en contra de Barbosa.

La información oficial del Instituto Electoral del Estado de Puebla es bastante pobre en materia de monitoreo. Su último “informe parcial” –que abarcó del 31 de mayo al 3 de junio– sólo refirió de manera escueta que se registraron 6 mil 127 menciones a los candidatos de las coaliciones en 101 medios estatales monitoreados, pero no señala ningún porcentaje de cobertura para los candidatos a gobernador.

Demanda ante la PGR

De forma simultánea al recurso de inconformidad para pedir la anulación de las elecciones a gobernador, el dirigente local de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, presentó una denuncia de hechos por la sustracción de las boletas y las urnas que se encontraron en el hotel de Puebla, pero también en la camioneta con placas P12-AJX, que presumiblemente fueron sustraídas de una o más casillas.

Las características de la camioneta corresponden a las que en algún momento fueron utilizadas por la Fiscalía General del Estado, “con la finalidad de que dichas urnas, así como las boletas que se encontraban en su interior, sufrieran una afectación en cuanto al cauce legal para el que fueron diseñadas”.

La denuncia acusa a dos personas que presumiblemente actuaron para “interferir en las votaciones, además de obstaculizar el ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales, puesto que se llevaron consigo las urnas que eran utilizadas para recibir los votos de los ciudadanos poblanos”.

Biestro Medinilla solicitó a través de esta denuncia, presentada el lunes 2, que se abra una investigación por violaciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Proceso
Jenaro Villamil
Reportaje Especial
Ciudad de México
Miércoles 18 de julio de 2018.


Cambiará sus oficinas centrales a Puebla y reducirá su estructura preservando lo útil.

Ciudad de México.- Después de una reunión con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Esteban Moctezuma anunció que harán una reconfiguración de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para reducir su estructura y cambiar sus oficinas centrales a Puebla.

Moctezuma, quien ha sido propuesto por López Obrador para ocupar la titularidad de esa dependencia, informó que la primera oficina que se mudará a la capital poblana será la de él.

"A partir del 1 de diciembre estaré trabajando allá en Puebla y, además, despachando en México los asuntos que así lo requieran", aseveró.

El futuro funcionario dijo que le presentó a López Obrador una propuesta para reducir la estructura de la SEP, que pasaría de cuatro subsecretarías y una unidad de servicios educativos, a sólo tres, además de la reducción de otras áreas no prioritarias.

Tanto el traslado a Puebla como la reducción de la estructura, sostuvo, se harán de manera ordenada, planeada y con un enfoque que permita mejorar la capacidad institucional de la dependencia.

"Vamos a hacer una reducción en la cual no sufra la Secretaría ningún efecto en su trabajo, queremos hacer una reducción que sea un adelgazamiento, pero no nos vamos amputar absolutamente nada que sea útil", aclaró.

Moctezuma, quien fue entrevistado al salir de las oficinas de López Obrador, ubicadas en Chihuahua 218, en la Colonia Roma, dijo que está trabajando en una reforma a la Ley Educativa, con la cual se va a cancelar el aspecto punitivo que tuvo la reforma Constitucional en la materia.

"Esa iniciativa la estamos preparando en equipo, yo estoy haciendo la propuesta para cumplir con la palabra del candidato Andrés Manuel López Obrador, pero obviamente también la vamos a ver con el asesor jurídico, Julio Scherer y con la Secretaria de Gobernación propuesta, Olga Sánchez Cordero", expresó.

Moctezuma mencionó que también están diseñando el esquema de las 100 universidades públicas que se abrirán en el País, con las cuales se pretende aumentar la oferta educativa y que ésta incluya a más mexicanos.

"Su ubicación va estar en lugares en donde ayuden al desarrollo de la juventud de diferentes partes menos desarrolladas del País y con enfoque regional, esto quiere decir, las carreras que se van a impartir son carreras que van a estar íntimamente relacionadas con las necesidades y la vocación de la región", sostuvo.

Reforma
Ciudad de México
Domingo 15 julio 2018.


•    Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de AMLO, anunció que se suspende la marcha de Morena contra la imposición de Alonso en Puebla.

•    Ante la falta de garantías por parte de las autoridades estatales, las direcciones nacional y estatal de Morena, hemos decidido suspender la marcha, anotó el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena


Ciudad de México. - Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador anunció que se suspende la marcha de Morena, PT y PES, que denominaron contra la imposición de Martha Erika Alonso en la Gubernatura.

A través de Twitter, informó que creen en la paz y que piden se aplique la ley para definir el conflicto postelectoral en Puebla.

"Por qué creemos en la p a z suspendemos marcha domingo en #puebla y pedimos apego al estado de derecho @SNietoCastillo @INEMexico", refirió.

Esta tarde, Miguel Barbosa, candidato de Morena-PT-PES a la Gubernatura de Puebla, convocó "Marcha de la Victoria y contra el Fraude" en rechazo a los resultados preliminares que dan una ventaja de casi 4 puntos a su adversaria del PAN-PRD-MC.

La protesta estaba prevista iniciar a las 11:00 horas en el El Gallito para dirigirse al Zócalo de la capital poblana.

Más tarde a través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena precisó que la suspensión de la marcha obedece a que recibieron avisos de que morenovallistas pretenden enviar infiltrados a la movilización.

En el documento se comentó que se trata de un acto de responsabilidad para evitar violencia de grupos de choque que pretendan enfrentar a los morenistas con la sociedad.

"Están convocando a través de redes sociales a pandilleros y grupos de choque que, previo pago, quieran provocar hechos vientos", se informó en el comunicado.

"Por tal razón, y para no poner en riesgo a nadie y ante la falta de garantías por parte de las autoridades estatales, las direcciones nacional y estatal de Morena, hemos decidido suspender la marcha", se anotó.

En Puebla hay una disputa cerrada por la Gubernatura que se dirime en los cómputos en los 26 Consejos Distritales Electorales.

Este domingo, el instituto Electoral del Estado (IEE) realizará el cómputo estatal y la entrega de la constancia de mayoría a quien resulte ganador.

Reforma
Francisco Rivas
Ciudad de México
Viernes 6 julio de 2018.

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