Se suma el PRI a reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios como deuda pública


Las reformas facultarían al Congreso para elaborar un registro de los proyectos y se obligarían a transparentar la información


Reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios como deuda pública, crear un registro único que señale la afectación de los recursos y transparentar la información de este tipo de mecanismos financieros, es parte la propuesta presentada por las bancadas de Morena y PT en el Congreso de Puebla.

El proyecto presentado por la diputada Olga Lucía García Romero Garci-Crespo enlista reformas y derogaciones de diversos artículos de las Leyes de Deuda Pública, de Proyectos de Prestación de Servicios y de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En la tribuna, la diputa de Morena detalló que la intención es reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios como deuda pública tal como lo refiere a nivel federal en la Ley de Disciplina Financiera, pero que en Puebla se optó por aplicar el modelo sin reconocer la afectación a las finanzas del estado.

La legisladora recordó que la implementación de los PPS -figura con la que el sexenio de Rafael Moreno Valle se concretó el CIS, las plataformas de Audi y el Museo Internacional Barroco- se logró en 2011 con la aprobación de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios, la cual de manera “incipiente” regula la relación público-privada y dio facultades discrecionales al Ejecutivo para concretar obras bajo este régimen.

La morenista precisó que uno de los primeros cambios es que se reconocería que los PPS representan un compromiso financiero, tal como lo sugiere en la fracción VII del artículo 2 de la Ley de Deuda Pública: “cualquier pasivo contratado por los entes públicos; sean obligaciones o financiamientos”.

También faculta al Congreso del Estado a tener un registro único que transparenten las obligaciones contraídas, su objeto, plazo, las partes que intervienen, el monto y el contrato, tal como lo propone el artículo 18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios.

Otro de los puntos que considera la iniciativa, es la incorporación del concepto de ingresos a libre disposición, el cual incluye los recursos federales y estatales que no son etiquetados para un fin específico, y de esta manera se limite al Ejecutivo para afectar las finanzas del estado, por lo que deberá de obtener el voto de dos terceras partes del Congreso.

“Toda afectación de recursos públicos sea en numerario o bienes inmuebles deberá ser autorizada por las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura. El ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas podrá constituir fideicomisos, previa autorización de las dos terceras partes de la Legislatura mismos que se sujetarán para su operación a lo previsto en el propio contrato de fideicomiso y en las disposiciones mercantiles correspondientes y no formarán parte de la administración pública paraestatal”, se plantea en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios.

En cuanto a la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la iniciativa propone que los sujetos obligados publiquen los compromisos adquiridos bajo los PPS, al precisar en la fracción XXII del artículo 77 que: “La información relativa a la deuda pública, a las Asociaciones Público Privadas y a los Proyectos Públicos de Servicios en términos de la normatividad aplicable”.

Se suma el PRI a reconocer como deuda los PPS de Moreno Valle

La coordinadora de la bancada tricolor reconoció que “hubo excesos” cometidos en la entidad y que se deben de revisar

El PRI está a favor de reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) en Puebla como deuda pública, precisó la diputada Rocío García Olmedo, aunque la reforma propuesta por el bloque de Morena, Encuentro Social y PT tenga trasfondo político.

Para la coordinadora de la fracción priísta en el Congreso local, la iniciativa para que este mecanismo se reconozca como una obligación financiera del estado y se limite al Ejecutivo para hacer uso de los recursos públicos, tendrá que analizarse cuidadosamente no sólo en función de evitar un veto u observaciones, sino también para que no existan consecuencias de orden judicial.

En la anterior administración estatal se construyó el Centro Integral de Servicios, el Museo Internacional del Barroco y las plataformas de Audi a través de PPS, por los que la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle se comprometió a pagar mensualmente a empresas privadas las obras hasta por 25 años.

Sin embargo, el gobierno estatal consideró que estos compromisos no eran deuda, sino que los etiquetó como “gasto corriente” y los equiparó con el pago de una renta, por lo que los montos nunca figuraron en el reporte de deuda que envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Advierte el PRI excesos

Sin referirse de manera directa al ex gobernador Rafael Moreno Valle, la legisladora reconoció que “hubo excesos” cometidos en la entidad y que se deben de revisar, pero las modificaciones que ahora se plantean deben de ejecutarse jurídicamente y no por posibles revanchismos políticos.

“Todo se puede hacer, hay temas que nos preocupan a todos, hubo excesos que nos preocupan a todos, pero todo eso se puede ir revirtiendo jurídicamente para que se puedan generar buenos resultados y no tengamos que estar recibiendo observaciones cada vez. No se puede legislar con la víscera, así no se legisla. Hay mucho rencor, me da la impresión, percibo muchos agravios escondidos de todos contra todos, es parte de lo que todos con prudencia tenemos que tomar con sensatez y manejar las cosas como se deben hacer".

La iniciativa de reforma presentada por el PT y Morena considera que los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) se reconozcan como deuda pública, que el Congreso del Estado cuente con un registro único que señale las obligaciones contraídas, el monto y plazo de pago de estas, además que se transparente la información de este mecanismo financiero.

La propuesta contempla reformar y derogar diversos artículos de las leyes de Deuda Pública, de Proyectos de Prestación de Servicios y de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cabe señalar que el gobierno estatal vetó apenas el 1 de octubre la abrogación de la Ley Bala y la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la cual le devolvió al Congreso la facultad de nombrar al titular del organismo autónomo.

La administración de Antonio Gali argumentó que el Congreso, de mayoría morenista, generó un vacío legal en la regulación de la fuerza pública, vulneró la autonomía de la Fiscalía General del Estado y aplicó un criterio de retroactividad ilegal, por lo que no publicó las reformas en el Periódico Oficial del Estado.

e-consulta
María Pineda
Martes 09 de octubre de 2018.


Además de la deuda por casi 70 mil millones que dejará por la contratación de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), el gobernador panista Rafael Moreno Valle “heredará” a su sucesor un “hoyo financiero” de más de 71 mil millones de pesos, advirtió el catedrático de la Facultad de Economía de la BUAP, Eudoxio Morales.

Además, el economista advirtió que el mandatario poblano dejará otras deudas ocultas a su paso por la administración estatal, como el hecho de haber amortizado la deuda pública en 850 millones de pesos menos de los que autorizó el Congreso, y la deuda que se absorbió por la privatización del agua por mil 800 millones.

“Con esto, la deuda que dejará Moreno Valle suma más de 150 mil millones de pesos, una cantidad nunca antes vista en la historia de ningún gobierno del país”, señaló el académico durante un foro ciudadano para evaluar la administración morenovallista. “Este señor se despachó con la cuchara grande”, sentenció.

También explicó que los más de 71 mil millones de pesos de deuda oculta fueron generados por sobre ejercicios que el mandatario poblano fue acumulando año tras año, luego de que el Congreso le autorizaba una cantidad y su administración se excediera en su ejercicio.

En 2011, el Legislativo aprobó un presupuesto por 52 mil 534.67 millones de pesos, pero el mandatario reportó un gasto por 60 mil 603.61 millones; es decir, gastó 8 mil 68.94 millones adicionales.

En el 2012 se aprobó un presupuesto de 54 mil 497.08 millones, pero al final se ejercieron 64 mil 783.50 millones, es decir, que se excedió en 10 mil 286.43 millones. Para 2013 se autorizaron 58 mil 571.57 millones, pero el gasto final fue de 75 mil 24.87 millones, lo que representó un sobregasto de 16 mil 453.31 millones de pesos.

Igual ocurrió en 2014, cuando se aprobó un presupuesto por 65 mil 946.80 millones de pesos y se gastaron 86 mil 183.57 millones, lo que representó que gastó adicional por 20 mil 236 .77 millones.

En 2015 se le autorizó un gasto de 67 mil 689.26 millones, pero al final ejerció 83 mil 985.78 millones; lo que representa un excedente de 16 mil 296.53 millones; mientras que aún se desconoce cuánto será el sobregiro presupuestal que reporte en este último año de su gestión.

Moreno Valle nos tendría que decir por qué consumó este sobre ejercicio de recursos que fue cada año acumulando y que no están justificado”, reclamó Morales.

Otra práctica común en este sexenio, señaló el académico, es que la administración morenovallista nunca amortizó a la deuda pública las cantidades que reportó al Congreso estatal.

Así, explicó que mientras que el Legislativo le aprobaba determinadas cantidades para pagar deuda pública, al final de cada año, el gobierno de Puebla amortizó cantidades menores, hasta acumular a la fecha 850 millones de pesos que no se sabe qué destino tuvieron.

También indicó que al no estar etiquetados en el presupuesto, esos recursos fueron gastados sin ningún control por el gobierno estatal, en “lo que se le pegó su gana”.

“Porque uno dice cómo es posible que se gaste 100 millones de pesos mensuales en su campaña de imagen –él empezó su campaña por la Presidencia desde hace seis años, aunque hoy la acrecentó más–, pues de todos estos desfalcos que ha venido haciendo, de todos estos hoyos financieros que al final de cuentas vamos a pagar todos los poblanos quién dará respuesta”, planteó el académico.

Morales precisó que en los casi seis años que van del sexenio, Moreno Valle ha ejercido 514 mil millones de pesos que le fueron autorizados vía el Presupuesto de Egresos y por las participaciones de la Federación, a lo que se tiene que sumar la deuda pública reconocida y la oculta.

Aparte, recordó que al firmar un fideicomiso con la empresa Evercore, propiedad de Pedro Aspe Armella, el mandatario poblano comprometió los ingresos que tendrá Puebla por el impuesto de nómina durante los próximos 50 años, lo que en total suma más de 500 mil millones de pesos.

“En estos seis años, Moreno Valle comprometió y ejerció recursos por más de un billón de pesos”, resumió el académico.

“Es un gobernador que ha gastado mucho para lo poco que ha hecho, porque seguimos en tercer lugar en pobreza, seguimos en primer lugar en informalidad, en términos de inseguridad no ha bajado, al contrario ha subido”, acusó. “Hoy la deuda está espantosamente mucho más alta de lo que el gobernador nos ha querido engañar”, declaró.

También mencionó que a su paso por el gobierno de Puebla Moreno Valle dejará las finanzas estatales comprometidas, sin que haya margen para un endeudamiento mayor por los próximos 50 años.

Igual, se quejó en el mismo foro el presidente de la Fundación en Puebla, José Luis Flores, quien acusó al gobierno panista de haber comprometido el patrimonio y los ingresos futuros del estado por varias décadas, sin resolver los altos índices de pobreza, muerte materna e infantil, así como de marginación en el estado.

Incluso estimó que en el actual sexenio se han ejercido alrededor de 442 mil millones de pesos, cifra que es superior al total del gasto que ejercieron los últimos seis gobernadores de esta entidad.

Por ello indicó que la práctica en la que ha incurrido la administración estatal es en no reconocer como deuda los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya determinó que todo pasivo que tengan los entes públicos representa deuda.

Por este sobre endeudamiento, indicó que la Fundación Colosio calcula que los próximos seis gobernadores de Puebla no podrán utilizar los más de 2 mil 500 millones que el estado recauda por el impuesto sobre nómina.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mex.
Martes 22 de noviembre de 2016.

La deuda de Puebla es de solo 8 mil 564 millones de pesos: SFA
 
La deuda indirecta contraída a lo largo del sexenio por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, a través de los Proyectos por Prestación de Servicios (PPS), asciende a 57 mil 402.78 millones de pesos, lo que equivale a que cada poblano deba cada mes 7 mil 575 pesos, aseveró el doctor Eudoxio Morales Flores.

El investigador del Centro de Estudios de Desarrollo Económico y Social (CEDES) de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla, dictó una conferencia en el Foro Ciudadano “Movilidad Urbana, Reformas Municipales y Presos Políticos”, que se desarrolló esta semana en la Casa del Caballero Águila en San Pedro Cholula, al cual también acudieron activistas como los abogados Vladimir Luna, Adán Xicale y su hijo Paul Xicale, ex preso político.

En dicho marco, el académico dijo que Puebla se encuentra entre los ocho estados con más deuda en el país, pues la suma de sus pasivos directos, contingentes y por PPS es de 66 mil 178.68 millones de pesos, pero que sin duda, Moreno Valle el gobernador tiene el primer lugar entre los mandatarios mexicanos que más han recurrido a los créditos por la vía de Proyectos por Prestación de Servicios.

De hecho, el catedrático dejó claro que de esos más de 66 mil millones de pesos que había por préstamos hasta el año 2014, 87 por ciento era de PPS y el resto correspondía a deuda directa y contingente.

A pregunta expresa, durante una entrevista que concedió a varios medios de comunicación al final de su ponencia, Eudoxio Morales Flores explicó que por los PPS contratados por la administración morenovallista mensualmente se tienen que pagar 4 mil millones 783 mil 56 pesos.

El especialista en Finanzas Públicas indicó que lo que está generando la administración morenovallista es “deuda oculta” y que tendrá que emplearse 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para irla liquidando.

PPS

En su exposición, Eudoxio Morales Flores hizo un desglose de las obras que han sido financiadas con el esquema de PPS, en la cual destaca el segundo piso de la autopista México–Puebla, que tiene un costo de 5 mil millones de pesos a pagar en 30 años y una tasa de interés por contrato de 13.56 por ciento. De la cual será beneficiado el consorcio OHL–Pinfra, con un cobro total de 20 mil millones 340 mil pesos.

Le sigue el Museo Internacional Barroco que tiene un valor de construcción de 7 mil 280 millones de pesos a pagarse en dos décadas a los grupos Higa y Hermes, los cuales cobrarán una tasa de interés por contrato de 9.63 por ciento para que el proyecto en total quede en 14 mil 21.28 millones de pesos.

El Centro Integral de Servicios, con un precio de 3 mil 800 millones de pesos a liquidarse en 23 años a la empresa GTC, tiene una tasa de interés por contrato de 9.57 por ciento, por lo que su costo final será de 8 mil 364.18 millones de pesos.

Pero también hubo inyección directa de recursos públicos a la iniciativa privada. Las plataformas para la planta alemana armadora de vehículos Audi costaron 2 mil millones de pesos a liquidarse en un cuarto de siglo a Construcciones y Desarrollo Inmobiliarios Santa fe, con una tasa de interés por contrato de 13.56 por ciento, lo cual al final significará una erogación de 6 mil 508.5 millones de pesos.

La autopista Cuapiaxtla–Cuacnopalan, que tiene un costo de mil 662 millones de pesos a pagar en 20 años a la empresa Edificaciones y Desarrollo de Ingeniería S.A. de C.V., con una tasa de 13.56 por ciento, tendrá al final un costo de 4 mil 891.9 millones de pesos.

El llamado “alumbrado ecológico” para 17 municipios tuvo un costo de mil 4.2 millones de pesos a saldarse en 10 años a la empresa Infra energía, con una tasa de 13.56 por ciento, lo que al final significará un costo de mil 361.68 millones de pesos.

La Estrella de Puebla, un juego mecánico presentado por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas como el mayor atractivo turístico en la entidad, tuvo un costo de 400 millones de pesos a pagarse en 25 años a la compañía Maurer German Wheels, con una tasa de 13.56 por ciento, lo que elevará su costo a mil 301.7 millones de pesos.

El Parque Paseo del Teleférico, que tuvo un costo de 220.7 millones de pesos a pagarse en 20 años a la empresa Ay PP Construcciones CEMS, con una tasa de interés por contrato de 13.56 por ciento, terminará costando a los poblanos 598.53 millones de pesos.

Finalmente, el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia, con un costo de 158 millones de pesos a pagarse a 20 años a Edificaciones y Desarrollo de Ingeniería con una tasa de 13.56 por ciento, terminará costando 465 millones de pesos.

Es así que el total de las obras mencionadas tienen un costo de 21 mil 524.9 millones de pesos, pero por los financiamientos y las tases de interés en los plazos fijados terminarán costando 57 mil 402.78 millones de pesos; es decir, los poblanos terminarán pagando 36 mil 900 millones de pesos más por el total de esos proyectos, según lo dicho por Eudoxio Morales Flores.

Ley con dedicatoria

Durante su conferencia y en la entrevista, Eudoxio Morales Flores reiteró lo que ha venido advirtiendo a lo largo de este sexenio: que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas se ha negado a reconocer que los PPS son pasivos y por eso calificó al monto de más de 57 mil 402.78 millones de pesos, derivado de ese esquema de financiamiento como “deuda oculta”.

Sin embargo, advirtió que la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera que se analiza en el Congreso de la Unión, “está dedicada a Moreno Valle”, porque al ser aprobada considerará a los Proyectos por Prestación de Servicios como pasivos.

La deuda de Puebla es de solo 8 mil 564 millones de pesos: SFA
 
En respuesta a las aseveraciones que ayer hizo el especialista y doctor Eudoxio Morales Flores acerca de que la deuda del estado de Puebla es superior a los 66 mil millones de pesos, la Secretaría de Finanzas respondió que los pasivos son de 8 mil 641 millones 280 mil 232.81 pesos.

En una carta enviada a esta casa editorial, Gerardo Alfaro Macip, enlace de Comunicación Social de la Secretaría de Finanzas y Administración, señaló que la deuda directa para la entidad es de 5 mil 637 millones 522 mil 684.85 pesos, mientras que la deuda indirecta o avalada asciende a 2 mil 114 millones 350 mil 401.64 pesos y la deuda municipal o sin aval es de 889 millones 407 mil 146.32 pesos.

“Desconocemos la metodología y la fuente utilizada por el investigador Eudoxio Morales Flores para afirmar lo publicado en la nota periodística referente a la deuda del estado de Puebla, lo cual genera se mal informe a sus lectores”, señaló el funcionario.

Y agregó: “Es importante informar que los PPS no son considerados deuda pública, de acuerdo con el artículo VI de la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en la que se establece que los contratos de Proyectos para Prestación de Servicios a largo plazo no constituyen deuda pública, así como el artículo 59 de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios.

“Cabe destacar que la deuda directa del gobierno del estado es de 5 mil 637 millones de pesos, la cual fue heredada por la pasada administración, y de manera responsable, este gobierno ha hecho frente a esos compromisos de pago, además de que la presente administración tiene como política el no pedir un solo peso prestado.

“Es importante mencionar que la información de la deuda pública puede ser consultada en los portales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y SFA, y cuyos importes nos posicionan a nivel nacional en el lugar número 15 (…)”.

La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Ciudad de Puebla, México
Domingo 6 de diciembre de 2015.

 

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