Mientras que en Andorra era perseguido, el abogado fue exonerado por PGR, SHCP y UIF -en el sexenio de EPN- y le fueron liberados 83.1 mdd



En Andorra, Juan Collado era sospechoso de lavado y millonarias operaciones con dinero de origen desconocido realizadas entre el 2006 y 2015, pero en México fue exonerado por autoridades y jueces.

En el sexenio de Enrique Peña, la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda exculparon al abogado y resolvieron que no había indicios de lavado, ni delitos financieros en sus millonarias cuentas que llegaron a Andorra.

En marzo del 2017, la gestión del entonces Procurador Raúl Cervantes en la PGR cerró la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-EXT/0001901/2016 y decretó el "no ejercicio de la acción penal" al estimar que no había ningún delito.

Después, en diciembre de ese año, Mauricio Moreno Balbuena, entonces director de Procesos Legales de la UIF, también informó que no tenía elementos para acusarlo por delitos financieros.

Con esos antecedentes, a finales del 2018, el juez Arturo Medel Casquera determinó que el caso de los 83.1 millones de dólares congelados en Andorra, era ya una cosa juzgada en México y el abogado no podía ser acusado penalmente por los mismos hechos.

En marzo de 2015 todos los fondos de los clientes del Banco Privada d'Andorra (BPA) fueron congelados, luego de que EU acusó a tres de sus directivos por el lavado a las mafias rusa y china.

El banco fue intervenido y liquidado, y se transfirieron a Vall Banc los fondos que no estaban vinculados con dichos grupos criminales. Collado era uno de los clientes.

El diario español El País publicó que el abogado mexicano siempre defendió que el dinero en Andorra procedía de las 66 sucursales de las casas de empeño de las que era dueño su padre, que tuvo ingresos por 84 millones de euros en 14 años, y de su actividad profesional, en la que dijo tener clientes a los que cobraba hasta mil 500 dólares por hora.

Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) afirmó que es imposible conocer el origen real de los fondos transferidos, y reveló que en total Juan Collado movió 120 millones de dólares en ese país europeo entre 2006 y 2015, según el rotativo ibérico.

Acusaron que el abogado mexicano recibió fondos de una sociedad vinculada a operaciones falsas, registró préstamos injustificados y abonos de centros cambiarios sin documentar su objeto.

Y tras la captura de Collado por la operación de compra del edificio Caja Libertad, una juez del Principado embargó 83.1 millones de dólares al litigante.

El abogado está preso desde el pasado 9 de julio por lavado y delincuencia organizada.

Actualmente Mauricio Moreno Balbuena, el ex director de la UIF, es investigado por desbloquear ilegalmente 722 cuentas en 2018, entre ellas varias vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 16 de enero de 2020.


Sin nuevos avances a cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, el Gobierno apela a los simbolismos para ganar confianza y ofrece recompensas a quien aporte nueva información

El país conmemoró este jueves el quinto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sin nuevos hallazgos en la investigación y ante el riesgo de naufragio del caso en los tribunales.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador; el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el fiscal especial, Omar Gómez Trejo, han portado camisetas conmemorativas a petición de los familiares de las víctimas y han ofrecido un informe sobre el estado de las pesquisas en el que se reafirma que se trató de una desaparición forzada a manos de agentes del Estado.

Las autoridades han dicho que seguirán dos líneas prioritarias de investigación: la búsqueda de los alumnos como si siguieran con vida y la hipótesis de "destino final", en la que los normalistas habrían sido asesinados.

También, se ha ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos (unos 500.000 dólares) a quien de información para encontrar a Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales sospechosos, y otra de 1,5 millones de pesos a quien aporte nuevos elementos.

 Se ha adelantado también que se citará a Jesús Murillo Karam, exfiscal general, así como a otros exfuncionarios implicados para tratar de esclarecer el paradero de los desaparecidos.

Familiares han liderado esta tarde una manifestación multitudinaria desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, en la almendra central de la capital mexicana. "El pueblo exige justicia", "Justicia es procesar a los exfuncionarios y procesarlos" y "Vivos se los llevaron, vivos los queremos" son algunas de las consignas que se han escuchado en la protesta, en la que se registraron disturbios aislados y agresiones contra periodistas por parte de manifestantes encapuchados en algunos monumentos del Paseo de la Reforma.

José Luis Abarca, el expresidente municipal de Iguala, el municipio del Estado sureño de Guerrero donde desaparecieron los estudiantes el 26 de septiembre de 2014, así como el exgobernador Ángel Aguirre y el exfiscal estatal Iñaki Blanco ya habían declarado antes, pero esta vez serán llamados como testigos. La intención de la Administración de López Obrador y de la Fiscalía General de la República, constituida como un órgano autónomo unos días después de la entrada del Gobierno en diciembre pasado, es identificar omisiones y errores que han estancado el caso y llevar a los responsables ante los tribunales, de haber elementos. La promesa de llevar ante la justicia a Murillo Karam y a Tomás Zerón, a cargo de las investigaciones durante buena parte de la presidencia de Enrique Peña Nieto, ha sido uno de los pilares para mantener la confianza de los padres de los alumnos que asistían a la escuela normal Isidro Burgos. Encinas ha informado de que ya existen cuatro diligencias contra exfuncionarios, aunque no se ha especificado a quiénes.

En las últimas semanas se ha dado a conocer que 77 de los 142 detenidos han sido liberados por irregularidades y violaciones a los derechos humanos, y que el resto de los imputados, salvo un puñado que están arrestados en relación a otros delitos, estaban a un paso de recuperar su libertad por esas pifias en el proceso legal. "Las personas que han salido no significa que no enfrentarán a la justicia, estamos reuniendo nuevas pruebas sobre otros delitos", ha insistido Gómez Trejo, ungido como fiscal especial para el caso en junio. "Ninguna persona está por encima de la ley, todos los que ocuparon cargos públicos pueden ser llamados", ha respondido Gómez Trejo, sobre la posibilidad de llamar a Peña Nieto.

Tenescalco Mejía, el nuevo blanco de las autoridades, está señalado por los delitos de delincuencia organizada, homicidio y secuestro. Era parte de la policía municipal de Iguala y se presume que tenía vínculos con Guerreros Unidos, el grupo criminal detrás de la desaparición de los estudiantes, ha apuntado Encinas. Las autoridades han revisado más de 80 millones de llamadas de los teléfonos de los alumnos y han corroborado que no hubo contacto entre ellos y los integrantes del cartel, aunque han asegurado que ya han podido reconstruir los hechos alrededor del rapto de los estudiantes.

Se realizaron en los últimos 48 días ocho operativos de búsqueda en 210 puntos de cinco municipios de Guerrero y se han encontrado 184 cuerpos, 44 ya han sido identificados, pero ninguno corresponde a los de los estudiantes. Las autoridades han dicho que se reunirán cada dos meses con los familiares para dar seguimiento y preguntado sobre cuándo se tendrían resultados para esclarecer el caso, Encinas ha evitado dar un plazo fijo. "Cuando los tengamos", ha manifestado. "Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para conocer la verdad", ha agregado.

Más allá de las recompensas, López Obrador ha hecho un llamado a los involucrados a dar información que ayude a esclarecer el caso. "Es un proceso fundamental de justicia, derechos humanos, de las instituciones del Gobierno", ha dicho el mandatario. En un proceso en el que está en juego la demostración de haber superado la opacidad del sistema judicial, así como la impunidad de la violencia del Estado contra la ciudadanía, las autoridades se aferran a compromisos y gestos simbólicos para mantener la confianza de los familiares y la esperanza de esclarecer lo que sucedió con los estudiantes desaparecidos.

El País
Ciudad de México
Jueves 27 septiembre de 2019.


Bogotá. -  La llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, según la cual los 43 normalistas fueron entregados por policías municipales a Guerreros Unidos y este grupo criminal los asesinó y los incineró en el basurero de Cocula la madrugada del 27 de septiembre de 2014, está sepultada por un conjunto de evidencias que exhiben a los autores de esa insostenible versión.

Para la justicia mexicana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y diversos organismos humanitarios alrededor del mundo, la “verdad histórica” fue una construcción de la Procuraduría General de la República (PGR) de Enrique Peña Nieto, quien hasta el final de su mandato se aferró a esa “verdad”.

El problema para Peña Nieto y para sus colaboradores que estuvieron involucrados en la investigación de la Noche de Iguala, es que muchos de ellos dejaron un rastro presuntamente delictivo frente al cual deberá actuar la nueva Unidad Especial de la Fiscalía General de la República (FGR).

La CIDH, el GIEI, Naciones Unidas y un tribunal federal con sede en Tamaulipas acreditaron que en las indagaciones de la desaparición de los 43 normalistas hubo múltiples casos de tortura.

Algunos de los torturados habían rendido testimonios, en esas circunstancias de maltrato, que se ajustaban a la “verdad” que se empeñó en construir la PGR.

En su informe de abril de 2016, el GIEI denunció que la PGR no sólo demoró indefinidamente la práctica de muchas pruebas solicitadas por ese grupo, sino que se negó a indagar líneas de investigación diferentes a la “verdad” oficial.

Las obstrucciones, dilaciones, ocultamientos y omisiones en la investigación que denunciaron diferentes instituciones mexicanas e internacionales nunca fueron tomadas en serio por el gobierno de Peña Nieto porque, según conoció el GIEI, la mayoría de esas irregularidades habrían sido alentadas por funcionarios de alto nivel.

“Es claro que hubo un rechazo latente a versiones distintas a la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula, y que se hicieron diversos intentos de regresar a dicho escenario”, indicó el GIEI en su informe de hace tres años.

Y en una sentencia demoledora para la PGR de Peña Nieto, un tribunal federal con base en Reynosa, Tamaulipas, determinó en junio de 2018 que la investigación del caso Ayotzinapa fue parcial y “estuvo dirigida a practicar y poner solo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos”, la llamada “verdad histórica” que lanzó en enero de 2015 el entonces procurador Jesús Murillo Karam.

De acuerdo con la sentencia del tribunal colegiado, “se dejaron de explorar otras líneas de investigación”, por lo cual los magistrados ordenaron una nueva investigación que debía estar a cargo de una comisión independiente.

Es decir, las fallas y manipulaciones en la investigación están suficientemente sustentadas. Lo que hace falta es actuar frente a ellas.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador instaló en enero pasado una Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, y hace unos días la FGR anunció la creación de una Unidad Especial para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Estará a cargo del abogado de derechos humanos Omar Gómez Trejo, quien fue secretario técnico del GIEI y tiene la confianza de los padres de los 43 estudiantes y de organismos internacionales.

La exintegrante del GIEI Ángela María Buitrago considera que una de las prioridades de la nueva Unidad debe ser investigar a los autores de la “verdad histórica”.

Entre ellos, la exfiscal colombiana menciona al ex procurador Murillo Karam; al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón, y a los directores y fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que llevaron el caso.

El GIEI pidió desde 2015 crear una unidad independiente para investigar la desaparición de los normalistas, pero el gobierno de Peña Nieto nunca estuvo interesado en soltar el control del expediente.

Los integrantes del GIEI, quienes enfrentaron una feroz campaña en México cuando comenzaron a cuestionar la investigación de la PGR y la negativa del Ejército a informar sobre lo que había ocurrido en Iguala las noches del 26 y 27 de septiembre de 2014, se enteraron de que la SEIDO nunca soltó el caso, a pesar de que formalmente se lo entregó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

Gómez Trejo, el titular de la Unidad Especial del caso Ayotzinapa, conoce muy bien el expediente, así como las obstrucciones, omisiones y manipulaciones que tuvo la investigación.

Sabe quiénes fueron algunos de los responsables de esas irregularidades y está familiarizado con las denuncias que han hecho instituciones mexicanas y organismos internacionales sobre las declaraciones bajo tortura que condujeron a la “verdad histórica”.

Es evidente que existe voluntad política para desarrollar una investigación imparcial e independiente sobre un caso que indigna a México y que marcó el inicio de la debacle del gobierno de Peña Nieto.

Pero la voluntad política es insuficiente para una investigación de esta complejidad que, además, ha sido manipulada y que es sobre un hecho criminal ocurrido hace cerca de cinco años.

Un policía mexicano de la vieja guardia solía decir a los reporteros de la fuente judicial: “El tiempo que pasa, es la verdad que se aleja”.

Frente al reto, Gómez Trejo necesitará un equipo de peritos competente e investigadores con un historial sin tacha, imparciales y honestos, algo difícil de encontrar en las instituciones policiacas y de procuración de justicia en México.

Ángela María Buitrago cree que en la actual Fiscalía General y antigua PGR hay gente “buena, honesta, que cree en la justicia y que está dispuesta a contar la verdad sobre quiénes obstruyeron la investigación”. Sólo hay que darles garantías de seguridad para que puedan hablar, señala.

Buitrago fue invitada por el gobierno mexicano, junto con otros exintegrantes del GIEI, para coadyuvar a la investigación del caso Ayotzinapa en su nueva etapa. Ella está más que dispuesta a desempeñar ese papel. Sólo está afinando los detalles de su participación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la institución convocante del grupo de expertos.

La académica de la Universidad Externado y doctora en derecho sabe que la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa y todos los involucrados en la nueva investigación estarán sometidos a presiones de diferentes grupos de interés.

A Buitrago le parece “increíble” que aún haya en México defensores de la “verdad histórica” que siguen atacando al GIEI.

“Son personas –dice— que no conocen el expediente, que sin ninguna duda están defendiendo a alguien o que asumieron desde hace años una posición que saben que es insostenible, pero de la que no se quieren retractar para no perder credibilidad. No saben que, al defender lo que defienden, ya perdieron la credibilidad”.

Proceso
Rafael Croda
Bogotá, Colombia
Lunes 8 de julio de 2019.


La Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) no sólo tienen bajo investigación al general brigadier Eduardo León Trauwitz, sino que ya le fueron congeladas sus cuentas bancarias, de acuerdo con información publicada por el semanario Proceso en su edición que empezó a circular este domingo.

León Trauwitz es hasta ahora el primer exfuncionario de alto nivel sujeto a investigación por robo de combustible.

En las carpetas de investigación de la PGR, derivadas de las acciones en Pemex, se consignan testimonios de funcionarios de la paraestatal que, en calidad de testigos, le atribuyen al general responsabilidad en el robo de combustible.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP investiga a 30 distribuidoras de gasolina presuntamente implicadas en la venta de combustible obtenido ilegalmente.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, informó que llevaron ante la PGR cinco casos relacionados con el robo de hidrocarburos, que incluyen a un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local y un exalcalde.

También se detalló que se han realizado bloqueos de cuenta a 15 personas y a 24 relacionadas.

León Trauwitz fue un hombre poderoso protegido por Peña Nieto, a quien había servido como escolta desde el Estado de México. Éste no le dio la jefatura del Estado Mayor Presidencial (EMP), pero a cambio, además de un ascenso a destiempo, lo colocó en una posición de seguridad nacional en la que llegó a manejar 5 mil millones de pesos y 2 mil 500 efectivos del Ejército, además de cientos de agentes civiles. Pese a esos cuantiosos recursos, el robo de combustibles se incrementó el sexenio pasado.

Peor aún, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex, que estuvo al mando de León Trauwitz, al final de la administración pasada presentó a la empresa petrolera como víctima de la expansión de la delincuencia organizada. Además, en el libro blanco sobre la “estrategia de salvaguardia” de Pemex 2012-2018, la oficina que estuvo a cargo del general también aseguró que el incremento registrado entre los años 2016 y 2017 “estaba proyectado” para, a partir de entonces, empezar a decrecer.

En diciembre, desde que anunció el inicio del combate al robo de combustibles –y pese a su insistencia en que el delito se comete con la participación de personal de la propia empresa–, y hasta principios de la semana pasada, López Obrador sólo había afirmado que se investigaba a tres funcionarios de la paraestatal.

Pero el martes 8, en su conferencia matutina y a pregunta expresa, mencionó a León Trauwitz: “Está en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya nada definitivo”. Sin abundar, el presidente también dijo: “Sí existe el general, pero no se sabía nada. Ahora se sabe porque se le menciona en asuntos que tienen que ver con la seguridad de Pemex. Él estaba a cargo de la seguridad de Pemex”.

Proceso
Álvaro Delgado
Ciudad de México
Lunes 14 de enero de 2019.


Ante el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex), que a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador este año ha representado pérdidas por al menos 66 mil millones de pesos, el gobierno federal emprendió una política de cero tolerancia ante lo que considera “un asunto de seguridad nacional y de seguridad interior”.

Al respecto, el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Gertz Manero, dice enfático: “Caiga quien caiga”.

 “Las indagatorias por colusión en el robo de combustible van dirigidas a todas aquellas personas, sin importar su nivel de mando, que atenten contra el patrimonio de Pemex”, apunta Gertz en entrevista.

Se le abrirá carpeta de investigación “a cualquier persona que realice cualquier acción en contra del patrimonio de Pemex. Este es un caso de muchos, llama la atención por el volumen de combustible que se extrajo durante tanto tiempo”, afirma.

Las investigaciones van “tope a quien tope, siempre y cuando tengamos las pruebas. Las investigaciones tienen que ir sólidas, las consignaciones deben estar bien hechas (…) para que no se pierdan los casos”, sostiene.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho públicamente que el robo de combustibles a Pemex representó este año pérdidas por al menos 66 mil millones de pesos, por lo que su gobierno emprendió la aplicación de una política urgente de cero tolerancia ante dicha práctica, teniendo como premisa que el robo se gesta desde el interior de la institución. “Es un asunto de seguridad nacional y de seguridad interior”, ha dicho el mandatario.

“Se robaban 600 pipas de 15 mil litros cada una y había días de más de mil pipas. Estamos hablando de otra empresa, de un Pemex pirata, dual”, comentó López Obrador.

Cuestionado por los medios respecto a la responsabilidad que pudieran tener los exdirectores de Pemex, López Obrador dijo no ser partidario de la cacería de chivos expiatorios ya que eso es dar pie a la simulación.

“(Vamos a ir) empezando desde arriba (…) si no, sigue la simulación. ¿Ustedes creen que un director de Pemex actuó, en el caso de que se cometió un ilícito, por su cuenta? Miren, en el país un negocio jugoso, ilícito, siempre lleva el visto bueno del presidente, lo mismo en los estados. ¿Para qué echarle la culpa nada más al de obras públicas?”, añadió.

Monitorear la presión

En entrevista con Proceso, Gertz Manero detalla que para las áreas estratégicas –que incluyen refinerías y están siendo intervenidas por fuerzas federales–, se tiene un plan de acción, uno de cuyos principales objetivos es el monitoreo de la presión de los ductos que transportan hidrocarburos.

“La estrategia de este proyecto está hecha con el director de Pemex y el gabinete de seguridad. El diseño fundamental es el del director de la empresa”, afirma.

“Hay un sistema de verificación que dice en un panel dónde se está robando el hidrocarburo. Partiendo de ese principio se determinó trabajar desde adentro, donde se sabe del robo”, abunda.

Refiere que desde el viernes 21, la actual dirección de Pemex, encabezada por Octavio Romero Oropeza, emprendió una estrategia, que involucra a un grupo de técnicos de confianza de la empresa, para revisar los sistemas de verificación de presión de los ductos a fin de detectar anomalías y, en su caso, omisiones del personal, lo que da paso a la “ordeña”.

“El día 21 de este mes, el director de Pemex inició una acción coordinada partiendo del principio de que esta extracción del combustible en los ductos no podía llevarse a cabo si no había una complicidad en algunos sectores internos de la institución, sobre todo de las áreas de logística, que son las que manejan el transporte de los combustibles”, explica.

–¿Qué resultados han arrojado esos peritajes? –se le pregunta.

–Se encontró que personal de verificación de Pemex fue omiso en reportar la baja de presión en un ducto –no especificó cuál– y ello provocó la pérdida de hidrocarburos durante un largo periodo.

“Los días 21 y 22 de diciembre los técnicos vieron con toda claridad que en un ducto había una fuga que se debió detener por reglamento… no se hizo y dejaron que el ducto se ordeñara durante ocho horas. No era la primera vez que pasaba, pero era la primera vez que se tenía la prueba”, explica.

“Parece que en esas áreas, en las administraciones anteriores, no se hablaban entre sí o lo que se hablaba se quedaba en el vacío.”

Por estos hechos la PGR abrió carpetas de investigación contra un grupo de personas por su presunta participación en el huachicoleo.

“En ese momento, los técnicos levantaron las actas administrativas correspondientes y se las hicimos llegar al Ministerio Público; éste actuó de inmediato. Esas son las carpetas de investigación que hemos empezado a integrar ya con todos los datos, los testimonios, credenciales, todos los elementos que se van teniendo que presentar en una carpeta de investigación en las que ya hay un grupo de presuntos responsables”, añade Gertz Manero.

El funcionario indica que sólo se esperan las conclusiones de los estudios para proceder contra los presuntos responsables y fincarles responsabilidades penales.

“En este caso lo único que estamos esperando son todos los dictámenes técnicos, todas las diligencias internas y externas, y una vez que tengamos eso (vamos a) convocar y citar a los presuntos y declararlos.”

Gertz abunda: dentro de las acciones que realiza la PGR está la de mandar a agentes del Ministerio Público especializados en dichos delitos a los puntos estratégicos determinados para el combate al robo de hidrocarburos y no demorar en las pesquisas. Además, dice, se tiene un control acerca de las pipas que salen de dichas áreas y se revisa si cuentan con las facturas que comprueben la legitima procedencia de su carga.

“(Estamos en) todas las refinerías haciendo la verificación de los ductos, deteniendo las pipas que no llevan las facturas y los documentos que acrediten la legítima procedencia de esos bienes. Estamos trabajando en muchas áreas.”

“Lo que estamos haciendo es generando también dentro de la institución del Ministerio Público, grupos de agentes que ya conocen de esos casos, que tienen experiencia, que cuando les llegan estos casos los entienden perfectamente para que no se nos retrasen”, señala.

Gertz Manero refiere que es tarea de todo el gobierno detener el saqueo a Pemex, que a diario genera pérdidas millonarias a las arcas del país.

En su momento, López Obrador convocó a los trabajadores de Pemex, los concesionarios de gasolineras, compradores, transportistas y a los gobiernos municipales y estatales a no participar en el robo, pues les advirtió que el delito implicará penas de cárcel sin derecho a fianza.

En el plan conjunto para combatir el huachicoleo participan 15 dependencias, entre las que destacan la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad Pública, la de la Función Pública, la del Trabajo, la de Hacienda y la de Energía, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la PGR, el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Federal del Consumidor.

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, ha indicado que junto a la Secretaría de Marina se coordina con Pemex para establecer sistemas de seguridad en 73 instalaciones petroleras.

Destacan instalaciones prioritarias: seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo y el centro de control México, así como 15 sistemas de distribución.

Proceso
Emmanuel Carrillo
Ciudad de México
Lunes 31 diciembre 2018.


Una decisión reciente del Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa abrió una oportunidad para esclarecer una parte del espionaje ilegal a periodistas y activistas que operó el gobierno de Enrique Peña Nieto con el malware espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, indicó hoy la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Al acatarse la decisión, derivada del juicio de amparo 591/2018, la Procuraduría General de la República (PGR) debería revelar los nombres, cargos y firmas de las personas que participaron en la adquisición de Pegasus; las especificaciones técnicas del equipo y los procedimientos relacionados con su operatividad, pero también los documentos que sirvieron de base para la celebración del contrato, tales como estudios de mercado, facturas, entre otros.

En su sentencia, el juez desechó una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que autorizaba la PGR a reservar información en los contratos relativos a la compra del malware –bajo el pretexto de “seguridad nacional” –.

El Citizen Lab reveló que agencias gubernamentales mexicanas usaron Pegasus para espiar a periodistas y activistas –incluso los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)–, lo que detonó el escándalo conocido como #GobiernoEspía. La PGR lanzó una investigación, pero según los abogados que siguieron el caso –entre ellos R3D–, ésta fue una simulación.

La PGR es una de las instancias que compró el programa, por 32 millones 16 mil dólares, a la empresa Grupo Tech Bull, una filial de Balam Seguridad Privada, fundada por dos jóvenes: un israelí y Rodrigo Ruiz Treviño, un mexicano de 35 años quien es sobrino de Guillermo Ruiz de Teresa, funcionario de Peña Nieto y amigo cercano del senador priista Emilio Gamboa Patrón.

El polémico Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), firmó el contrato para la compra del equipo. El mismo Zerón fue el arquitecto del sistema de espionaje durante el gobierno de Peña Nieto, y el interlocutor de las empresas que desarrollan estos programas, como lo reveló Proceso.

Proceso
Mathieu Tourliere
Ciudad de México
Martes 18 de diciembre de 2018.


Ciudad de México. - Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron en Puebla a Alejandro "R", por la probable comisión del delito de tortura, en agravio de la periodista, escritora y activista Lydia Cacho Ribeiro.

Según investigaciones ministeriales, el sujeto participó en la detención violenta de Cacho en 2005, en Cancún, Quintana Roo.

Alejandro "R", de 53 años de edad y quien se desempeñaba como elemento activo de la Fiscalía del Estado de Puebla, fue ubicado en un domicilio en la avenida Puebla.

La comunicadora fue detenida en 2005 por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por Kamel Nacif Borge, conocido como "El Rey de la mezclilla", a causa de la publicación del libro "Los Demonios del Edén", en el que la escritora describe fiestas en las cuales supuestamente se abusaba a menores de edad.

El ahora detenido es requerido por el Juez Segundo de Distrito en el estado de Quintana Roo.

El Universal
Ciudad de México
Martes 4 de diciembre de 2018.


 
Ciudad de México. - La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a jueces y Magistrados por corrupción vinculada con la delincuencia organizada.

Sin dar mayores detalles, el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz Vázquez, dijo en conferencia de prensa que pronto dará a conocer más información sobre estos asuntos.

"Sí tenemos investigaciones en contra de jueces y Magistrados por actos de corrupción, incluso, debo decirlo, vinculados a temas de delincuencia organizada", declaró el funcionario.

"¿A cuántos jueces y Magistrados están investigando?", se le cuestionó.

"Motivo de la investigación, lo sabrán pronto", respondió.

Según fuentes de la Procuraduría, algunas de estas investigaciones están relacionadas con impartidores de justicia federales que en los dos últimos años determinaron dejar en libertad a algunos importantes operadores de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Muñoz Vázquez mencionó la existencia de dichas indagatorias en la conferencia de prensa donde cuestionó el fallo de un juez que anuló toda la información bancaria en el proceso contra Javier Nava Soria, contador implicado en la red de empresas fantasma de Javier Duarte.

Reforma
Ciudad de México
 Lunes 12 noviembre 2018.


Ciudad de México.- La brasileña Odebrecht ofreció al Estado mexicano pagar una reparación de 18 millones de dólares -menos de la tercera parte de las multas impuestas en México- y dar información sobre casos de sobornos en el País, a cambio de poder celebrar otra vez contratos de obras públicas, según un borrador del acuerdo visto por Reuters.

En la propuesta presentada a la Procuraduría General de la República hace unas semanas, que fue rechazada por el Gobierno de México, Odebrecht pedía que el trato se mantuviera confidencial y que, tanto la PGR como la Secretaría de la Función Pública (SFP), desistieran de iniciar futuras acciones en su contra.

La SFP ha multado desde fines del año pasado a dos filiales de Odebrecht en México con casi 57 millones de dólares por sospechas de corrupción y las inhabilitó hasta por cuatro años para participar en contratos públicos.

Las pesquisas penales se encuentran estancadas en México ya que la PGR no ha podido acceder a los documentos que reposan en Brasil y que contienen detalles del caso mexicano.

A principios de octubre, el subprocurador especializado en la Investigación de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz, dijo, sin explicar el motivo, que desde Brasil se habían negado "en diversas ocasiones" a darle los documentos.

En algunos países donde Odebrecht confesó haber repartido millones de dólares en sobornos, las investigaciones avanzaron gracias a acuerdos similares al que la empresa con sede en San Salvador de Bahía ofreció a las autoridades mexicanas.

Odebrecht confesó a fines del 2016 en una corte de Estados Unidos que pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para conseguir contratos de obras públicas entre el 2010 y 2014.

En un video aparecido en medios locales, un ex funcionario de Odebrecht señaló al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, de ser uno de los destinatarios de parte del dinero. Lozoya, quien se encuentra libre en México, ha negado reiteradamente las acusaciones y Pemex ha dicho que se encuentra investigando los contratos bajo sospechas de corrupción.

En el mismo documento en el que pedía que se levanten las multas y sanciones en su contra, la firma proponía que la autoridad tributaria en México (SAT) no le ejecutara cuentas por cobrar que tiene con la petrolera estatal Pemex, de donde la SFP dijo que se cobraría parte de los 56.8 millones de dólares que adeuda Odebrecht al erario en multas.

Un portavoz de la PGR confirmó, sin dar detalles del borrador, que no se llegó a un acuerdo con Odebrecht. Una fuente de la SFP dijo que "no se está valorando ningún acuerdo reparatorio (ya que) es un tema del ámbito penal que no corresponde revisar a la Secretaría de la Función Pública".

Sin pormenorizar, Odebrecht dijo a Reuters en un correo electrónico que en los últimos meses hubo reuniones entre sus representantes y autoridades mexicanas, pero "las negociaciones no avanzaron hasta la formalización de un acuerdo".

"(Odebrecht se compromete a) cooperar y colaborar con las autoridades mexicanas competentes con la finalidad de aportar información y datos de corroboración requeridos para aclarar los hechos y reparar los posibles daños que hayan sido causados al Estado mexicano", dice el borrador presentado a la PGR.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 24 octubre 2018.


     MEXICO, 17 oct (Xinhua) -- La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) de México se hizo cargo este miércoles de la pesquisa por el abuso sexual que por lo menos 20 niños y niñas habrían sufrido en un preescolar público de la Ciudad de México, presuntamente a manos de un empleado.

     En un comunicado, la procuraduría mexicana informó que sus fiscales tomaron ya más de 20 declaraciones de padres de familia y que dispuso de un equipo multidisciplinario para el caso.

     La serie de abusos sexuales se cometieron dentro de la escuela "Marcelino de Champagnat", un jardín de niños público en el populoso barrio San Juan de Aragón Sexta Sección ubicado en el este de la capital.

     De acuerdo con la PGR, los alumnos víctima del empleado, quien realizaba funciones de apoyo pedagógico en la escuela, tienen edades que van de los tres a los cinco años.

     Los padres denunciaron el abuso sexual ante la procuraduría de la Ciudad de México el 12 de octubre pasado, pero el caso se destapó públicamente la víspera porque bloquearon al tránsito avenidas cercanas a la escuela acusando que las autoridades no tenían avances.

     Las familias advirtieron en su protesta que tenían la información de que 37 niños sufrieron los abusos, aunque la procuraduría de la capital precisó que hasta anoche contaba con denuncias por 20 alumnos.

     El titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Luis Ignacio Sánchez, declaró a la prensa que las denuncias señalan que el empleado hizo tocamientos a los niños y les exhibió su pene.

     Las autoridades educativas retiraron al individuo del puesto en cuanto se enteraron de los hechos, detalló el funcionario.

     La PGR tomó las riendas de la investigación abierta originalmente por la procuraduría de la ciudad porque el abuso ocurrió en una escuela pública y el sospechoso es servidor público federal, según ambas instancias.

     Personal de una fiscalía especial de la PGR hizo ya diligencias en la escuela para apresurar el proceso de la investigación.

     "Vamos a trabajar en coordinación con las autoridades para dar una respuesta a los niños y niñas", indicó la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías.

     La Secretaría de Educación Pública mexicana manifestó hoy su absoluta condena a los hechos y ofreció colaborar con toda la información de que disponga para la investigación, que pidió que sea firme.

     Aseguró en un comunicado que las autoridades educativas no defienden a quien atente contra la integridad de niños.

     Parientes de los estudiantes víctima se reunieron hoy afuera de la escuela para reiterar la exigencia de que el autor de los abusos sea detenido pronto, tras exponer que temen que ya se encuentre prófugo.

     "No es posible que hayan sido tantos niños y que las autoridades escolares no se hayan dado cuenta", reprochó ante las cámaras Concepción Zúñiga, abuela de un menor víctima.
   

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