La Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) no sólo tienen bajo investigación al general brigadier Eduardo León Trauwitz, sino que ya le fueron congeladas sus cuentas bancarias, de acuerdo con información publicada por el semanario Proceso en su edición que empezó a circular este domingo.

León Trauwitz es hasta ahora el primer exfuncionario de alto nivel sujeto a investigación por robo de combustible.

En las carpetas de investigación de la PGR, derivadas de las acciones en Pemex, se consignan testimonios de funcionarios de la paraestatal que, en calidad de testigos, le atribuyen al general responsabilidad en el robo de combustible.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP investiga a 30 distribuidoras de gasolina presuntamente implicadas en la venta de combustible obtenido ilegalmente.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, informó que llevaron ante la PGR cinco casos relacionados con el robo de hidrocarburos, que incluyen a un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local y un exalcalde.

También se detalló que se han realizado bloqueos de cuenta a 15 personas y a 24 relacionadas.

León Trauwitz fue un hombre poderoso protegido por Peña Nieto, a quien había servido como escolta desde el Estado de México. Éste no le dio la jefatura del Estado Mayor Presidencial (EMP), pero a cambio, además de un ascenso a destiempo, lo colocó en una posición de seguridad nacional en la que llegó a manejar 5 mil millones de pesos y 2 mil 500 efectivos del Ejército, además de cientos de agentes civiles. Pese a esos cuantiosos recursos, el robo de combustibles se incrementó el sexenio pasado.

Peor aún, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex, que estuvo al mando de León Trauwitz, al final de la administración pasada presentó a la empresa petrolera como víctima de la expansión de la delincuencia organizada. Además, en el libro blanco sobre la “estrategia de salvaguardia” de Pemex 2012-2018, la oficina que estuvo a cargo del general también aseguró que el incremento registrado entre los años 2016 y 2017 “estaba proyectado” para, a partir de entonces, empezar a decrecer.

En diciembre, desde que anunció el inicio del combate al robo de combustibles –y pese a su insistencia en que el delito se comete con la participación de personal de la propia empresa–, y hasta principios de la semana pasada, López Obrador sólo había afirmado que se investigaba a tres funcionarios de la paraestatal.

Pero el martes 8, en su conferencia matutina y a pregunta expresa, mencionó a León Trauwitz: “Está en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya nada definitivo”. Sin abundar, el presidente también dijo: “Sí existe el general, pero no se sabía nada. Ahora se sabe porque se le menciona en asuntos que tienen que ver con la seguridad de Pemex. Él estaba a cargo de la seguridad de Pemex”.

Proceso
Álvaro Delgado
Ciudad de México
Lunes 14 de enero de 2019.


Ante el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex), que a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador este año ha representado pérdidas por al menos 66 mil millones de pesos, el gobierno federal emprendió una política de cero tolerancia ante lo que considera “un asunto de seguridad nacional y de seguridad interior”.

Al respecto, el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Gertz Manero, dice enfático: “Caiga quien caiga”.

 “Las indagatorias por colusión en el robo de combustible van dirigidas a todas aquellas personas, sin importar su nivel de mando, que atenten contra el patrimonio de Pemex”, apunta Gertz en entrevista.

Se le abrirá carpeta de investigación “a cualquier persona que realice cualquier acción en contra del patrimonio de Pemex. Este es un caso de muchos, llama la atención por el volumen de combustible que se extrajo durante tanto tiempo”, afirma.

Las investigaciones van “tope a quien tope, siempre y cuando tengamos las pruebas. Las investigaciones tienen que ir sólidas, las consignaciones deben estar bien hechas (…) para que no se pierdan los casos”, sostiene.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho públicamente que el robo de combustibles a Pemex representó este año pérdidas por al menos 66 mil millones de pesos, por lo que su gobierno emprendió la aplicación de una política urgente de cero tolerancia ante dicha práctica, teniendo como premisa que el robo se gesta desde el interior de la institución. “Es un asunto de seguridad nacional y de seguridad interior”, ha dicho el mandatario.

“Se robaban 600 pipas de 15 mil litros cada una y había días de más de mil pipas. Estamos hablando de otra empresa, de un Pemex pirata, dual”, comentó López Obrador.

Cuestionado por los medios respecto a la responsabilidad que pudieran tener los exdirectores de Pemex, López Obrador dijo no ser partidario de la cacería de chivos expiatorios ya que eso es dar pie a la simulación.

“(Vamos a ir) empezando desde arriba (…) si no, sigue la simulación. ¿Ustedes creen que un director de Pemex actuó, en el caso de que se cometió un ilícito, por su cuenta? Miren, en el país un negocio jugoso, ilícito, siempre lleva el visto bueno del presidente, lo mismo en los estados. ¿Para qué echarle la culpa nada más al de obras públicas?”, añadió.

Monitorear la presión

En entrevista con Proceso, Gertz Manero detalla que para las áreas estratégicas –que incluyen refinerías y están siendo intervenidas por fuerzas federales–, se tiene un plan de acción, uno de cuyos principales objetivos es el monitoreo de la presión de los ductos que transportan hidrocarburos.

“La estrategia de este proyecto está hecha con el director de Pemex y el gabinete de seguridad. El diseño fundamental es el del director de la empresa”, afirma.

“Hay un sistema de verificación que dice en un panel dónde se está robando el hidrocarburo. Partiendo de ese principio se determinó trabajar desde adentro, donde se sabe del robo”, abunda.

Refiere que desde el viernes 21, la actual dirección de Pemex, encabezada por Octavio Romero Oropeza, emprendió una estrategia, que involucra a un grupo de técnicos de confianza de la empresa, para revisar los sistemas de verificación de presión de los ductos a fin de detectar anomalías y, en su caso, omisiones del personal, lo que da paso a la “ordeña”.

“El día 21 de este mes, el director de Pemex inició una acción coordinada partiendo del principio de que esta extracción del combustible en los ductos no podía llevarse a cabo si no había una complicidad en algunos sectores internos de la institución, sobre todo de las áreas de logística, que son las que manejan el transporte de los combustibles”, explica.

–¿Qué resultados han arrojado esos peritajes? –se le pregunta.

–Se encontró que personal de verificación de Pemex fue omiso en reportar la baja de presión en un ducto –no especificó cuál– y ello provocó la pérdida de hidrocarburos durante un largo periodo.

“Los días 21 y 22 de diciembre los técnicos vieron con toda claridad que en un ducto había una fuga que se debió detener por reglamento… no se hizo y dejaron que el ducto se ordeñara durante ocho horas. No era la primera vez que pasaba, pero era la primera vez que se tenía la prueba”, explica.

“Parece que en esas áreas, en las administraciones anteriores, no se hablaban entre sí o lo que se hablaba se quedaba en el vacío.”

Por estos hechos la PGR abrió carpetas de investigación contra un grupo de personas por su presunta participación en el huachicoleo.

“En ese momento, los técnicos levantaron las actas administrativas correspondientes y se las hicimos llegar al Ministerio Público; éste actuó de inmediato. Esas son las carpetas de investigación que hemos empezado a integrar ya con todos los datos, los testimonios, credenciales, todos los elementos que se van teniendo que presentar en una carpeta de investigación en las que ya hay un grupo de presuntos responsables”, añade Gertz Manero.

El funcionario indica que sólo se esperan las conclusiones de los estudios para proceder contra los presuntos responsables y fincarles responsabilidades penales.

“En este caso lo único que estamos esperando son todos los dictámenes técnicos, todas las diligencias internas y externas, y una vez que tengamos eso (vamos a) convocar y citar a los presuntos y declararlos.”

Gertz abunda: dentro de las acciones que realiza la PGR está la de mandar a agentes del Ministerio Público especializados en dichos delitos a los puntos estratégicos determinados para el combate al robo de hidrocarburos y no demorar en las pesquisas. Además, dice, se tiene un control acerca de las pipas que salen de dichas áreas y se revisa si cuentan con las facturas que comprueben la legitima procedencia de su carga.

“(Estamos en) todas las refinerías haciendo la verificación de los ductos, deteniendo las pipas que no llevan las facturas y los documentos que acrediten la legítima procedencia de esos bienes. Estamos trabajando en muchas áreas.”

“Lo que estamos haciendo es generando también dentro de la institución del Ministerio Público, grupos de agentes que ya conocen de esos casos, que tienen experiencia, que cuando les llegan estos casos los entienden perfectamente para que no se nos retrasen”, señala.

Gertz Manero refiere que es tarea de todo el gobierno detener el saqueo a Pemex, que a diario genera pérdidas millonarias a las arcas del país.

En su momento, López Obrador convocó a los trabajadores de Pemex, los concesionarios de gasolineras, compradores, transportistas y a los gobiernos municipales y estatales a no participar en el robo, pues les advirtió que el delito implicará penas de cárcel sin derecho a fianza.

En el plan conjunto para combatir el huachicoleo participan 15 dependencias, entre las que destacan la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad Pública, la de la Función Pública, la del Trabajo, la de Hacienda y la de Energía, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la PGR, el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Federal del Consumidor.

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, ha indicado que junto a la Secretaría de Marina se coordina con Pemex para establecer sistemas de seguridad en 73 instalaciones petroleras.

Destacan instalaciones prioritarias: seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo y el centro de control México, así como 15 sistemas de distribución.

Proceso
Emmanuel Carrillo
Ciudad de México
Lunes 31 diciembre 2018.


Una decisión reciente del Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa abrió una oportunidad para esclarecer una parte del espionaje ilegal a periodistas y activistas que operó el gobierno de Enrique Peña Nieto con el malware espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, indicó hoy la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Al acatarse la decisión, derivada del juicio de amparo 591/2018, la Procuraduría General de la República (PGR) debería revelar los nombres, cargos y firmas de las personas que participaron en la adquisición de Pegasus; las especificaciones técnicas del equipo y los procedimientos relacionados con su operatividad, pero también los documentos que sirvieron de base para la celebración del contrato, tales como estudios de mercado, facturas, entre otros.

En su sentencia, el juez desechó una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que autorizaba la PGR a reservar información en los contratos relativos a la compra del malware –bajo el pretexto de “seguridad nacional” –.

El Citizen Lab reveló que agencias gubernamentales mexicanas usaron Pegasus para espiar a periodistas y activistas –incluso los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)–, lo que detonó el escándalo conocido como #GobiernoEspía. La PGR lanzó una investigación, pero según los abogados que siguieron el caso –entre ellos R3D–, ésta fue una simulación.

La PGR es una de las instancias que compró el programa, por 32 millones 16 mil dólares, a la empresa Grupo Tech Bull, una filial de Balam Seguridad Privada, fundada por dos jóvenes: un israelí y Rodrigo Ruiz Treviño, un mexicano de 35 años quien es sobrino de Guillermo Ruiz de Teresa, funcionario de Peña Nieto y amigo cercano del senador priista Emilio Gamboa Patrón.

El polémico Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), firmó el contrato para la compra del equipo. El mismo Zerón fue el arquitecto del sistema de espionaje durante el gobierno de Peña Nieto, y el interlocutor de las empresas que desarrollan estos programas, como lo reveló Proceso.

Proceso
Mathieu Tourliere
Ciudad de México
Martes 18 de diciembre de 2018.


Ciudad de México. - Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron en Puebla a Alejandro "R", por la probable comisión del delito de tortura, en agravio de la periodista, escritora y activista Lydia Cacho Ribeiro.

Según investigaciones ministeriales, el sujeto participó en la detención violenta de Cacho en 2005, en Cancún, Quintana Roo.

Alejandro "R", de 53 años de edad y quien se desempeñaba como elemento activo de la Fiscalía del Estado de Puebla, fue ubicado en un domicilio en la avenida Puebla.

La comunicadora fue detenida en 2005 por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por Kamel Nacif Borge, conocido como "El Rey de la mezclilla", a causa de la publicación del libro "Los Demonios del Edén", en el que la escritora describe fiestas en las cuales supuestamente se abusaba a menores de edad.

El ahora detenido es requerido por el Juez Segundo de Distrito en el estado de Quintana Roo.

El Universal
Ciudad de México
Martes 4 de diciembre de 2018.


 
Ciudad de México. - La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a jueces y Magistrados por corrupción vinculada con la delincuencia organizada.

Sin dar mayores detalles, el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz Vázquez, dijo en conferencia de prensa que pronto dará a conocer más información sobre estos asuntos.

"Sí tenemos investigaciones en contra de jueces y Magistrados por actos de corrupción, incluso, debo decirlo, vinculados a temas de delincuencia organizada", declaró el funcionario.

"¿A cuántos jueces y Magistrados están investigando?", se le cuestionó.

"Motivo de la investigación, lo sabrán pronto", respondió.

Según fuentes de la Procuraduría, algunas de estas investigaciones están relacionadas con impartidores de justicia federales que en los dos últimos años determinaron dejar en libertad a algunos importantes operadores de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Muñoz Vázquez mencionó la existencia de dichas indagatorias en la conferencia de prensa donde cuestionó el fallo de un juez que anuló toda la información bancaria en el proceso contra Javier Nava Soria, contador implicado en la red de empresas fantasma de Javier Duarte.

Reforma
Ciudad de México
 Lunes 12 noviembre 2018.


Ciudad de México.- La brasileña Odebrecht ofreció al Estado mexicano pagar una reparación de 18 millones de dólares -menos de la tercera parte de las multas impuestas en México- y dar información sobre casos de sobornos en el País, a cambio de poder celebrar otra vez contratos de obras públicas, según un borrador del acuerdo visto por Reuters.

En la propuesta presentada a la Procuraduría General de la República hace unas semanas, que fue rechazada por el Gobierno de México, Odebrecht pedía que el trato se mantuviera confidencial y que, tanto la PGR como la Secretaría de la Función Pública (SFP), desistieran de iniciar futuras acciones en su contra.

La SFP ha multado desde fines del año pasado a dos filiales de Odebrecht en México con casi 57 millones de dólares por sospechas de corrupción y las inhabilitó hasta por cuatro años para participar en contratos públicos.

Las pesquisas penales se encuentran estancadas en México ya que la PGR no ha podido acceder a los documentos que reposan en Brasil y que contienen detalles del caso mexicano.

A principios de octubre, el subprocurador especializado en la Investigación de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz, dijo, sin explicar el motivo, que desde Brasil se habían negado "en diversas ocasiones" a darle los documentos.

En algunos países donde Odebrecht confesó haber repartido millones de dólares en sobornos, las investigaciones avanzaron gracias a acuerdos similares al que la empresa con sede en San Salvador de Bahía ofreció a las autoridades mexicanas.

Odebrecht confesó a fines del 2016 en una corte de Estados Unidos que pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para conseguir contratos de obras públicas entre el 2010 y 2014.

En un video aparecido en medios locales, un ex funcionario de Odebrecht señaló al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, de ser uno de los destinatarios de parte del dinero. Lozoya, quien se encuentra libre en México, ha negado reiteradamente las acusaciones y Pemex ha dicho que se encuentra investigando los contratos bajo sospechas de corrupción.

En el mismo documento en el que pedía que se levanten las multas y sanciones en su contra, la firma proponía que la autoridad tributaria en México (SAT) no le ejecutara cuentas por cobrar que tiene con la petrolera estatal Pemex, de donde la SFP dijo que se cobraría parte de los 56.8 millones de dólares que adeuda Odebrecht al erario en multas.

Un portavoz de la PGR confirmó, sin dar detalles del borrador, que no se llegó a un acuerdo con Odebrecht. Una fuente de la SFP dijo que "no se está valorando ningún acuerdo reparatorio (ya que) es un tema del ámbito penal que no corresponde revisar a la Secretaría de la Función Pública".

Sin pormenorizar, Odebrecht dijo a Reuters en un correo electrónico que en los últimos meses hubo reuniones entre sus representantes y autoridades mexicanas, pero "las negociaciones no avanzaron hasta la formalización de un acuerdo".

"(Odebrecht se compromete a) cooperar y colaborar con las autoridades mexicanas competentes con la finalidad de aportar información y datos de corroboración requeridos para aclarar los hechos y reparar los posibles daños que hayan sido causados al Estado mexicano", dice el borrador presentado a la PGR.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 24 octubre 2018.


     MEXICO, 17 oct (Xinhua) -- La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) de México se hizo cargo este miércoles de la pesquisa por el abuso sexual que por lo menos 20 niños y niñas habrían sufrido en un preescolar público de la Ciudad de México, presuntamente a manos de un empleado.

     En un comunicado, la procuraduría mexicana informó que sus fiscales tomaron ya más de 20 declaraciones de padres de familia y que dispuso de un equipo multidisciplinario para el caso.

     La serie de abusos sexuales se cometieron dentro de la escuela "Marcelino de Champagnat", un jardín de niños público en el populoso barrio San Juan de Aragón Sexta Sección ubicado en el este de la capital.

     De acuerdo con la PGR, los alumnos víctima del empleado, quien realizaba funciones de apoyo pedagógico en la escuela, tienen edades que van de los tres a los cinco años.

     Los padres denunciaron el abuso sexual ante la procuraduría de la Ciudad de México el 12 de octubre pasado, pero el caso se destapó públicamente la víspera porque bloquearon al tránsito avenidas cercanas a la escuela acusando que las autoridades no tenían avances.

     Las familias advirtieron en su protesta que tenían la información de que 37 niños sufrieron los abusos, aunque la procuraduría de la capital precisó que hasta anoche contaba con denuncias por 20 alumnos.

     El titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Luis Ignacio Sánchez, declaró a la prensa que las denuncias señalan que el empleado hizo tocamientos a los niños y les exhibió su pene.

     Las autoridades educativas retiraron al individuo del puesto en cuanto se enteraron de los hechos, detalló el funcionario.

     La PGR tomó las riendas de la investigación abierta originalmente por la procuraduría de la ciudad porque el abuso ocurrió en una escuela pública y el sospechoso es servidor público federal, según ambas instancias.

     Personal de una fiscalía especial de la PGR hizo ya diligencias en la escuela para apresurar el proceso de la investigación.

     "Vamos a trabajar en coordinación con las autoridades para dar una respuesta a los niños y niñas", indicó la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías.

     La Secretaría de Educación Pública mexicana manifestó hoy su absoluta condena a los hechos y ofreció colaborar con toda la información de que disponga para la investigación, que pidió que sea firme.

     Aseguró en un comunicado que las autoridades educativas no defienden a quien atente contra la integridad de niños.

     Parientes de los estudiantes víctima se reunieron hoy afuera de la escuela para reiterar la exigencia de que el autor de los abusos sea detenido pronto, tras exponer que temen que ya se encuentre prófugo.

     "No es posible que hayan sido tantos niños y que las autoridades escolares no se hayan dado cuenta", reprochó ante las cámaras Concepción Zúñiga, abuela de un menor víctima.
   

 

Ordeñas a ductos pasaron de una en 2007 a 166 el año pasado; calculan en 12 mmdp las pérdidas por este ilícito en 2018

 

En 2007, durante la administración de Felipe Calderón, surgió el delito de robo de gas licuado de petróleo (LP) mediante una toma clandestina en ductos de Pemex en Veracruz.

Hoy, este cáncer se ha extendido a 10 entidades federativas del país en forma paralela al robo de gasolinas, afectando a Puebla, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Tabasco, Veracruz y Jalisco, en donde, al cierre de 2017 se registraron 166 tomas clandestinas para extraer este tipo de hidrocarburo.

Al 31 de agosto de 2018, las perforaciones ilegales de gas LP suman 137, y al ritmo que llevan podrían superar las 200 al cierre de este año, provocando pérdidas por más de 12 mil millones de pesos anuales.

De acuerdo con información de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex, obtenida por EL UNIVERSAL, entre 2007 y agosto de este año se han reportado 953 tomas clandestinas de gas LP. (166 en el sexenio de Felipe Calderón y 787 en el de Enrique Peña Nieto, un incremento de 374% entre una y otra administración).

Ocho de cada 10 se han perpetrado en el presente gobierno federal.

Esto indica que entre el robo de gasolinas, calculado por el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño, en 30 mil millones de pesos y el robo de gas LP, las pérdidas por estos dos delitos suman 42 mil millones de pesos anuales.

La firma EnergeA, encargada del Estudio para Analizar la Problemática de Seguridad Física en las Instalaciones del Sector Hidrocarburos, sostiene que hasta 2017, la base de datos sobre robo de combustibles se centraba en el delito de extracción de gasolinas y diésel, y aún no consideraba el impacto del robo de gas LP y otros productos.

Empresas distribuidoras de gas LP han señalado que cada mes se registra el robo de 58 mil toneladas de este carburante, lo que equivale a pérdidas por mil 102 millones de pesos.

El daño económico se reparte entre Pemex, que debe absorber 770 millones de pesos, y las distribuidoras otros 330 millones mensuales.

Los representantes de empresas como la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG) y la Asociación Mexicana de Distribución de Gas y Empresas Conexas (Amexgas), calculan que de 30 millones de servicios (ventas) que ofrecen en el país cada mes, 2 millones 320 mil corresponden a ventas de combustible robado. Esto significa que 8% de los usuarios reciben y consumen gas robado, sin conocimiento la mayoría.

Luis Landeros Martínez y Jaime Ayala, presidentes de estas asociaciones consideran que el robo de gas LP, ya sea por tomas a los ductos de Pemex o hurto de vehículos a distribuidores, ha dejado pérdidas de casi 8 mil millones de pesos en los primeros ocho meses del año.

Delito ubicado. El mercado negro, de acuerdo con reportes de Pemex y empresas distribuidoras se concentra en Estado de México, que aglutina 40% de las tomas clandestinas de gas LP, y en donde se usan desde pipas robadas a distribuidores hasta hechizas y distribuidores “piratas”.

Estos delincuentes suelen vender el gas en las zonas en donde realizan la extracción ilegal, pues su venta se torna incosteable y riesgosa si la llevan a grandes distancias, exponiéndose a ser interceptados, señalan reportes de la Procuraduría General de la República.

La segunda entidad con el mercado negro en ascenso, por el número de tomas clandestinas, es Puebla, que concentra 34% y le sigue Querétaro, con 9.4%.

Sobre los municipios afectados y el daño a Pemex y al país, la petrolera determinó la reserva parcial de los datos por cinco años, al considerar que “la información guarda relación con las estrategias para combatir el robo de hidrocarburos”.

El Universal
Noé Cruz Serrano
Ciudad de México
Lunes 15 de octubre de 2018.


El exfiscal Santiago Nieto se va a encargar de los asuntos más delicados en el combate a la corrupción del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, al nombrarlo futuro titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

En conferencia, Urzúa apuntó que Nieto se encargará de “seguirle la pista al lavado de dinero y con ello combatir de manera frontal a la corrupción”.

“Es tan importante la Unidad que no está en subsecretarías, está en la oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y siempre está en contacto con el propio presidente y con la secretaría, eventualmente, la nueva secretaría de Seguridad Pública”, señaló.

Nieto destacó que será necesario trabajar de manera coordinada con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para detectar malversación de usos públicos, financiamiento ilegal y lavado de dinero.

 “Uno de los temas centrales de todo sistema democrático es el combate a la corrupción, al lavado de dinero y al uso de recursos de procedencia ilícita”, señaló Nieto.

“Mi punto de partida es que la corrupción inicia en los procesos electorales a partir de la entrega de recursos en efectivo”, sostuvo.

El 20 de octubre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) cesó a Nieto de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), dos días después de reveló que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI.

Proceso
Ciudad de México
Lunes 3 de septiembre de 2018.


México, quinto país en el mundo con más pérdidas por ataques cibernéticos en 2017

•    Se han registrado pérdidas de entre 7 y 10 por ciento de las ganancias que registran los comercios al año, tan solo en el último año, según MasterCard.

•    La PGR dijo que las organizaciones criminales han volteado a ver a los hackers como una alternativa para realizar delitos en el sistema financiero


En 2017, México se colocó como el quinto país a nivel mundial en pérdidas económicas por ataques cibernéticos, de los cuales 20 por ciento corresponde a la banca, informó hoy la compañía MasterCard.

En el marco del Cyber Security Summit, que inició este martes en México, la empresa de tecnología líder en medios de pago electrónicos señaló que, en la actualidad la amenaza a la seguridad económica, nacional e individual planteada por los ciberataques, "nunca ha sido más aguda".

Según datos de la compañía estadounidense, a nivel de negocios, se han registrado pérdidas de entre 7 y 10 por ciento de las ganancias que registran los comercios al año, tan solo en el último año.

Asimismo, indicó que América Latina es una región que se ha visto afectada durante los últimos años.

"Los ciberataques no solo se conciben a nivel mundial, sino que ahora esta región representa un jugoso mercado para criminales y hackers", subrayó la firma.

El Cyber Security Summit 2018 reúne a expertos en el tema como Keren Elazari, analista en ciberseguridad quien ha trabajado con diferentes firmas israelíes de seguridad, así como diversos expertos nacionales e internacionales.

El Foro se lleva a cabo por segundo año consecutivo, en un esfuerzo por parte de Mastercard y Forbes México, para crear un espacio enfocado en temas de actualidad y de gran interés para el mundo de los medios de pago.

De acuerdo con expertos, aunque la mayoría de las computadoras en el mundo tienen algún tipo de protección como antivirus, la posibilidad de que la información que contienen esté comprometida no disminuye.

Las ciberamenazas ponen en peligro la información y los recursos de las empresas, como, por ejemplo, "el phishing", que consiste en una técnica criminal para estafar y obtener información confidencial.

Este tipo de ataques se ha convertido en uno de los más peligrosos en cuanto a robo de datos o daño de sistemas, además de ser puertas de acceso a infecciones de malwares y ransomwares.

En 2018, sólo tres denuncias por hackeos a bancos: PGR

En lo que va de 2018, la policía cibernética solamente ha recibido tres denuncias por parte de instituciones financieras por hackeos, dijo Francisco Asiain, director de ciberseguridad de la unidad de investigaciones cibernéticas de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).

Entrevistado después de participar en un foro de ciberseguridad organizado por Mastercard y Forbes, el funcionario dijo que se trata de los casos del ciberataque a Bancomext ocurrido en enero pasado; el ataque a la conexión al SPEI registrada en abril y mayo y un caso que hasta el momento no se ha hecho público.

"La cuestión de ciberseguridad es un proceso que este año se ha disparado las investigaciones y una de las cosas buenas es que la sociedad ya se está acercando a realizar denuncias, algo que antes no se hacía mucho", explicó Asiain.

En ese sentido, dijo que en 2017 no se realizaron denuncias por entidades financieras, por lo que recordó que Banorte, Inbursa y casa de bolsa Kuspit realizaron este año su denuncia ante las autoridades al resultar afectadas por el hackeo a sus conexiones al SPEI.

El representante de la PGR dijo que las organizaciones criminales han volteado a ver a los hackers como una alternativa para realizar delitos en el sistema financiero.

"En la delincuencia organizada ya vieron que los hackers los pueden ayudar a sus capacidades y no implica tantos riesgos económicos", añadió.

El director de ciberseguridad resaltó que en términos generales las denuncias más frecuentes son por casos de pornografía infantil y que comienzan a presentarse por otro tipo de delitos.

"Se han hecho denuncias de suplantación de páginas no sólo de bancos sino también de gobierno. Es algo que día a día está presente y su objetivo principal es hacer el fraude, el robo de datos. Son denuncias que ya se están haciendo porque en muchos casos se hacen para vender productos que no están a la venta", explicó.

Xinhua
El Universal
Ciudad de México
Martes 21 de agosto de 2018.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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