Ciudad de México. - Con el argumento de que se trata de información reservada, la Procuraduría General de la República (PGR) evadió informar al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el estado que guarda la investigación sobre el caso Odebrecht.

La PGR, informó el secretario ejecutivo del SNA, Ricardo Salgado, sostuvo que al expediente sólo pueden tener acceso la víctima y el imputado y, en razón de ello, estaba impedida legalmente para detallar el contenido de la indagatoria.

El 15 de enero pasado, el Comité Coordinador del SNA aprobó emitir un exhorto a la PGR para que informara el estado que guarda la carpeta de investigación, si ésta está abierta o ya fue concluida y, en caso de que ocurriese lo primero, cuánto tiempo estimaba que pudiera demorar en terminar la investigación.

Durante la sesión del Comité de este martes, Salgado informó a los miembros integrantes del pleno que la PGR remitió a los boletines de prensa que ha emitido para señalar que, cómo se desprende de ellos, la indagatoria sigue abierta.

En cuanto al tiempo que pudiera tener el cierre de la investigación, la dependencia expuso que éste no es estimable debido a que aún faltan actuaciones por llevar a cabo y muchas de ellas no están bajo el control del Ministerio Público, sino que dependen de otras autoridades tanto nacionales como internacionales.

Odebrecht es una empresa brasileña que desde diciembre de 2016 aceptó que pagó sobornos en México por 10.5 millones de dólares para obtener contratos de Pemex y dos de sus directivos acusaron al ex director de la empresa productiva del estado, Emilio Lozoya, de haber recibido las coimas.

En la mayoría de los países donde operó el mismo esquema de corrupción ha habido funcionarios sancionados penalmente, salvo en México, de ahí que el SNA requirió a la PGR informar el estado procesal que guarda el caso.

Reforma
Ciudad de México
Martes 17 de abril 2018.

Cae aspirante a candidata perredista por narcomenudeo tras ganar juicio contra imposición en Puebla

 Horas después de que en rueda de prensa dio a conocer que había ganado un juicio para ser tomada en cuenta en el proceso interno de selección de candidata a diputada de la coalición Por Puebla al Frente, la perredista Leticia Ramos Amaro fue detenida por agentes de la PGR, acusada de narcomenudeo y prostitución.

Por la mañana, Ramos Amaro informó a los medios de comunicación que había ganado un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obligaba a reponer el proceso interno de la coalición Por Puebla al Frente para elegir candidata a diputada por el distrito local 12, con cabecera en Amozoc.

En ese distrito, la coalición formada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano ya había designado como candidata a Lorena Aguilar Melo, quien es una cercana colaborada de Martha Erika Alonso, esposa del exmandatario panista Rafael Moreno Valle y candidata a gobernadora por esos mismos partidos.

En la rueda de prensa, la perredista y su asesora legal informaron que la Sala Regional del TEPJF dio un plazo de cinco días al PRD para reponer el proceso de selección de su candidata, luego de que se demostró que Aguilar Melo, quien llegó como externa, no cumplió con los lineamientos de la convocatoria y su designación derivó de un proceso “oscuro”.

“¿Después de esto seré la candidata? ¡Claro que no! Esto se hizo para que vean que no pueden vulnerar nuestros derechos políticos nada más porque sí. Con esto queda demostrado que nos asiste la razón jurídica. Que sí se puede ganar e ir en contra de las imposiciones”, manifestó Ramos Amaro en la rueda de prensa.

Dos horas después de esto, a las 11:00, cuando salía de las oficinas del PRD en esta capital, ubicadas en las calles 13 Oriente y 4 Sur, en la colonia El Carmen, elementos de la PGR detuvieron a Leticia Ramos por una causa penal que se inició desde 2008.

Según reportes policiacos, la orden de aprehensión se giró como parte del expediente 582/2015, que se deriva del 32/2008/ 7, por posesión de mariguana y cocaína con fines de venta.

Dentro de esta indagatoria, un supuesto comprador de drogas habría hecho señalamientos directos contra Ramos Amaro como su proveedora.

De acuerdo con ello, en 2008 se llevó a cabo un cateo en la casa de Ramos Amaro, donde se habría encontrado droga, pero hasta ahora, 10 años después, se procedió a su captura.

La diputada local Socorro Quezada Tiempo consideró que, “sin duda”, la aprehensión de Ramos Amaro era parte de una represión en su contra por el juicio ganado y para evitar la reposición del proceso interno perredista, que ya se definió por la externa Aguilar Melo, quien fue directora de Delegaciones en el Sistema Estatal para el DIF, cuando la ahora candidata a gobernadora presidía esa institución.

Cabe señalar que en la rueda de prensa se informó que otros perredistas, de corrientes que se han manifestado contra el morenovallismo, igual han recurrido a juicios de derechos políticos para impugnar la imposición de candidatos.

El PRD en Puebla desde hace años se ha visto envuelto en pugnas entre los militantes tradicionales y los grupos que representan al exgobernador Moreno Valle.

Quezada Tiempo fue expulsada del PRD el año pasado, cuando ostentaba el cargo de dirigente estatal del partido y en su lugar fue designada una dirigencia afín al exmandatario estatal.

Actualmente, la también diputada local tiene interpuesto un juicio en contra de esta determinación.

La aspirante a diputada local por el PRD, Leticia Ramos Amaro es acusada por posesión de marihuana y cocaína

Luego de que ganara un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para reponer el proceso interno de selección de candidato de la coalición Por Puebla Al Frente, en el municipio de Amozoc, la aspirante a diputada local por el PRD, Leticia Ramos Amaro fue detenida este viernes, acusada de delitos contra la salud en su modalidad de posesión de marihuana y cocaína con fines de venta.

La aprehensión fue concretada por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), cuando llegaba a las oficinas estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y después de brindar una rueda de prensa donde refirió supuestas anomalías en el proceso.

Con el resolutivo de la sala regional del tribunal electoral, queda en suspenso la designación de Lorena Aguilar Melo como candidata a diputada local por la coalición panista-perredista.

Proceso
El Sol de Puebla
Gabriela Herández
Ciudad de Puebla, Mx..
Viernes 13 abril de 2018.


El fiscal de Tamaulipas anuncia la aprehensión de seis hombres por la ejecución de Carlos Domínguez en enero

La fiscalía mexicana anunció ayer la detención de seis hombres por el asesinato del periodista Carlos Domínguez el 13 de enero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el norte del país. Tres de los seis son o han sido periodistas. Ningún caso ilustra mejor la podredumbre de las relaciones entre el poder y la prensa en México. Periodistas asesinos y periodistas víctimas.

Irving Barrios, fiscal del Estado de Tamaulipas, informó de las detenciones en la sede de la Procuraduría General de la República, en Ciudad de México. Lo hizo acompañado del titular de la Fiscalía Especial en Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez. Ambas dependencias colaboran en la investigación. Barrios dijo que dos de los seis, presentados como Adrián y David, fueron los autores materiales del asesinato. Los otros cuatro, entre ellos los tres periodistas, se encargaron de planearlo.

Una fuente de la investigación consultada por EL PAÍS explica que el sexto detenido es Rodolfo Alfredo Cantú García, sobrino del exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas Villarreal. Canturosas estuvo a cargo del ayuntamiento de 2013 a 2016 bajo las siglas del Partido de Acción Nacional, PAN, de derecha. El político dejó recientemente el PAN y se incorporó a Morena, la formación de izquierda del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Canturosas es la apuesta de Morena a la alcaldía de la ciudad.

El fiscal Barrios ha indicado que los investigadores revisaron el último año de trabajo de Domínguez, 120 textos donde aparecen numerosas críticas al exalcalde Canturosas. Sin mencionarlo directamente, el jefe de los investigadores ha sugerido que la revisión del trabajo de Domínguez ha sido esencial en las pesquisas.

De los periodistas involucrados, la fuente consultada por este diario ha explicado que todos habían trabajado en medios locales. Actualmente, dos laboran juntos en su propia página. El tercero "realiza labores de asesoría en materia de periodismo, relación con medios".

Las autoridades detuvieron a los sospechosos entre Tamaulipas y el Estado de Zacatecas, en el centro del país. La investigación sigue abierta.

Carlos Domínguez fue el primer periodista asesinado en México en 2018. Tenía 69 años. El sábado 13 de enero, a eso de las tres de la tarde, el reportero conducía su carro por Nuevo Laredo en compañía de su hija. Llegó a la avenida Morelos y en un stop, un alto, se detuvo. Fue entonces cuando dos o más personas se le acercaron, abrieron la puerta del vehículo y le acuchillaron hasta en 24 ocasiones. Domínguez murió poco después.

Al saber de su muerte, la organización Artículo 19, que denuncia y documenta ataques a la libertad de expresión, recordó en un comunicado que Domínguez había desarrollado su carrera en el Diario de Nuevo Laredo y más tarde en El Horizonte de Matamoros. "Ahí abordó durante los meses recientes la pugna política en Tamaulipas de cara a las elecciones de las 43 cabeceras municipales", reza el comunicado.

Artículo insistía en que Tamaulipas es una zona silenciada, una región en que el ejercicio del periodismo supone un riesgo muy alto. De 2000 a la fecha, 14 periodistas han sido asesinados en el estado, sólo por debajo de Veracruz, con 25 casos.

Solo este año, tres periodistas han sido asesinados en México. El año pasado fueron 12 y el anterior 11.

Condena por el asesinato de Moisés Sánchez

La fiscalía de Veracruz informó ayer también de la condena a 25 años de dos de los asesinos del periodista Moisés Sánchez en Medellín, Veracruz, en enero de 2015. Sánchez fue uno de los reporteros asesinados durante el mandato de Javier Duarte, gobernador priista, actualmente en prisión acusado de delincuencia organizada.

El 2 de enero de 2015, sujetos armados irrumpieron en el domicilio de Sánchez y se lo llevaron a la fuerza. Dos semanas después, el 25 de enero, las autoridades encontraron el cuerpo a unos kilómetros de allí, muy lastimado, degollado.

Desde el principio se señaló a la policía municipal y al alcalde del municipio, Omar Cruz, del PAN. Los dos condenados ahora eran justamente policías municipales.

Sánchez era un periodista artesanal. Editaba su propio medio, La Unión, muy crítico con el alcalde Cruz. Su hijo, que estos años ha ejercido de portavoz de la familia, siempre apuntó la venganza del alcalde como móvil de la desaparición de su padre y posterior asesinato.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Sábado 31 marzo 2018.


Ciudad de México.- Diputados del PAN, PRD y Morena acusaron que la PGR dejó caer el caso Odebrecht al actuar tardíamente y dejarse ganar ante el Poder Judicial, por lo que exigieron que dé resultados como se ha hecho en otros países tocados por los sobornos de la empresa brasileña.

Deploraron la forma en que la dependencia evita dar avances en la investigación y no impugna los resolutivos que le impiden judicializar la indagatoria contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien ha sido señalado de haber recibido los sobornos para canalizarlos a la campaña presidencial del PRI en el 2012.

El vocero de la fracción del PAN, Jorge López Martín, afirmó que la Procuraduría General de la República incurre en omisiones por no actuar con rigor técnico ante las instancias correspondientes para defender su investigación contra el ex funcionario.

Señaló que la institución actúa políticamente y ha abandonado su representación social para defender a la sociedad mexicana de los actos de corrupción.

"La procuración de justicia es de velocidades, en el caso Odebrecht es velocidad tortuga, y cuando se trata de otros casos, en los que no está el PRI, es velocidad liebre. Es evidente que actúan con balas de salva, elaboran documentos que no están sustentados y por eso le ganan a la PGR, con un daño directo a los mexicanos", dijo.

"Está prácticamente dejándose meter los goles, no está actuando ni acudiendo con todos los elementos y argumentos legales para garantizar la defensa del caso".

López Martín consideró que la PGR tiene que dejar de actuar con intereses partidistas y no permitir que haya intocables.

"No es posible que en el continente haya decenas de detenidos y en el caso de México, directamente con Emilio Lozoya, hasta ahora la sociedad mexicana no tenga resultados en combate a la corrupción", acusó el panista.

"Cuando un miembro del PRI está involucrado en casos de corrupción, la PGR es ciega y manca, se tapa el ojo para ver delincuentes que han desviado recursos y manca para acreditar los testimonios en su contra".

La diputada de Morena Rocío Nahle consideró increíble que una juez federal le esté dando la razón a Lozoya, mientras que la PGR no es capaz de precisar cómo va su investigación.

"Es inadmisible, es increíble que el procedimiento en el caso Odebrecht esté parado porque una juez no permite seguir", dijo.

"Lo que estamos viendo es una evidente estrategia de parálisis, hacia la inmovilidad del caso, con una velocidad de tortuga, por eso estamos exigiendo que la PGR nos diga cómo va la investigación".

Recordó que el año pasado su bancada ganó un amparo que obliga a la dependencia a darle información sobre las indagatorias de Odebrecht, lo cual ha sido desacatado.

Explicó que tuvo una cita con el titular de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para hablar sobre el fallo, ante lo cual hubo el compromiso de proporcionar la información, sin que hasta la fecha se haya concretado.

Nahle citó que la Fiscalía que lleva el caso en Brasil le informó que todo el expediente del caso lo tenía la Procuraduría, donde está el testimonio de la entrega de los sobornos de 10 millones de dólares y el señalamiento contra Lozoya.

"Por eso, desde hace tiempo damos seguimiento al caso, no es un asunto electoral o coyuntural, como el PAN, desde hace tiempo lo seguimos y para que no haya esa inmovilidad por eso le estamos preguntando a la PGR cómo va esa investigación, lo nuestro es cosa seria", reiteró.

En tanto, el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, aseveró que la dependencia federal no va a dar ningún avance sobre el caso durante el periodo electoral porque se ha convertido en el brazo ejecutor del Gobierno federal.

"El caso Odebrecht y otros casos van a ser cerrados por la PGR, así será con las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, con las peticiones de extradición del ex Gobernador César Duarte, se van a limitar a los tiempos electorales", estimó.

"En tanto, sí le van a dar prioridad a las acusaciones contra los contendientes presidenciales, ahora es Ricardo Anaya, y podrán ser otros, previsiblemente también Andrés Manuel López Obrador, porque se quiere favorecer al candidato del sistema".

Martínez Neri expresó que es inútil pedirle a la PGR que haga su trabajo porque está operando políticamente.

"Pedir que la PGR actúe en los casos de corrupción de PRI es como hablarle al enemigo y decirle 'no me mates'. Ya hizo crisis la PGR y se requiere un cambio institucional, una fiscalía independiente, una fiscalía que sí sirva".

REFORMA publicó que una jueza federal prohibió a la PGR por tiempo indefinido judicializar la investigación o solicitar una orden de aprehensión en contra de Lozoya en la indagatoria que lleva a cabo por enriquecimiento ilícito y cohecho.

Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza primera de distrito en Amparo Penal de la CDMX, concedió al ex director de Pemex la suspensión definitiva contra la judicialización del caso que lleva a cabo la Subprocuraduría de Delitos Federales hasta en tanto no se dicte una sentencia en el juicio de garantías.

Reforma
Ciudad de México
Sábado 3 marzo 2018.


Ciudad de México.- José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, aseguró que no le toca deslindar responsabilidades ante los hallazgos de presuntos desvíos realizados en Sedesol, durante la gestión de su antecesora Rosario Robles.

Entrevistado al salir del Club de Industriales, en Polanco, el ex Secretario de Hacienda advirtió que será la Procuraduría General de la República (PGR) la que determinará responsabilidades.

"¿Se deslinda de Rosario Robles?", se le preguntó.

"La que tiene que deslindar la responsabilidad es la Auditoría Superior y la PGR, a mí no me toca hacer un deslinde", aseguró.

Luego de reunirse en privado con integrantes de la American Chamber México, Meade recordó que cuando tomó las riendas de Sedesol sí encontró irregularidades, pero en el programa de adultos mayores.

El ex funcionario relató que él mismo hizo las denuncias para que se sancionara a 460 funcionarios involucrados en el caso.

"A mí me tocó, cuando estuve en Sedesol, hacer una investigación que se tradujo en que se suspendieron servidores públicos", manifestó.

"Ese es el deslinde de responsabilidades que a mí me toca, el resto del deslinde le toca a la autoridad competente y hay que ser respetuosos de ella".

Anoche, la vocería de la campaña de Meade aseguró que, durante su gestión, el candidato no firmó ninguno de los contratos que son investigados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esta semana, REFORMA público que el órgano fiscalizador detectó un desvío de más de 2 mil millones de pesos en la Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando fueron encabezadas por Robles.

Las revisiones de la Cuenta Pública de 2016 refieren la existencia de empresas fantasmas y operaciones para dispersar los recursos en monedas extranjeras y en varias instituciones bancarias.

Reforma
Claudia Guerrero
Ciudad de México
Domingo 25 febrero 2018.


Los cuerpos ya fueron entregados a los familiares, quienes han estado acompañados por especialistas en psicología.


La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que los restos humanos hallados el jueves en un vehículo abandonado en Xalisco, Nayarit, son de los agentes ministeriales Octavio Martínez Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio, secuestrados por el Cártel Nueva Generación.

Mediante un comunicado, la dependencia informó que derivado de los estudios de genética forense realizados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a través de expertos en la materia de la Coordinación General de Servicios Periciales, se logró determinar la identidad.

Señaló que los cuerpos ya fueron entregados a los familiares, quienes han estado acompañados por especialistas en psicología.

La Procuraduría lamentó y condenó "este terrible hecho, y expresó su solidaridad con el sentir de las familias". Indicó que en coordinación con otras instituciones de seguridad del gobierno de la República, continúa con los trabajos para dar con los posibles responsables de este "deplorable suceso".

Ambos elementos, con grado de suboficial, desaparecieron el pasado 5 de febrero entre los límites de los estados de Nayarit y Jalisco. Ingresaron a la Agencia de Investigación Criminal el año pasado y según la PGR acudieron a Nayarit a un evento familiar en días de descanso.

Hernández Villavicencio y Martínez Quiroz de 28 y 26 años de edad, respectivamente, iban acompañados por otros dos elementos de la AIC, quienes regresaron a la Ciudad de México.

Salieron de un domicilio ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Al momento de su desaparición circulaban a bordo de un vehículo oficial color gris plata de la marca Chevrolet Aveo sobre la carretera entre los límites de Nayarit y Jalisco.

Tras la difusión de un video en redes sociales en el que aparecen sometidos por presuntos integrantes del CNG, la dependencia dio a conocer que habían desaparecidos el pasado 5 de febrero.

En la grabación de poco más de dos minutos, se ve a los dos agentes hincados y sometidos por hombres armados y encapuchados. Después de presentarse aseguraron que fueron enviados a la entidad para hacer "negativa toda captura, cualquier objetivo sea o no sea delincuente y desaparecer todo rastro de las operaciones que realicemos, así como permiso abierto de hacer lo que queremos con ellos, que es lo que hemos estado haciendo en conjunto con la Marina".

Antes de entrar en funciones a la Agencia de Investigación Criminal, Martínez Quiroz trabajó como auxiliar administrativo en un despacho jurídico, de 2011 a diciembre de 2013; estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

El agente Hernández Villavicencio cursó la carrera de Criminología en la Universidad de Ixtlahuaca y hasta 2016 laboró como escolta en los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), en la región 31.

Hernández Villavicencio y Martínez Quiroz de 28 y 26 años de edad, respectivamente, iban acompañados por otros dos elementos de la AIC, quienes regresaron a la Ciudad de México.

El Universal
Ciudad de México
Domingo 18 febrero 2018.



•    El ex gobernador del PRI, César Duarte es prófugo de la justicia desde marzo del año pasado cuando formalizó las denuncias el nuevo gobierno en Chihuahua, encabezado por Javier Corral.

•    Existían indicios de que Duarte encabezó una red de funcionarios que habría malversado recursos por 6.000 millones de pesos (319,2 millones de dólares) durante su gestión.


MEXICO, 17 ene (Xinhua) - El gobierno mexicano presentará tres solicitudes de extradición en contra del ex gobernador del norteño estado de Chihuahua, César Duarte, prófugo por cargos de corrupción, informó este miércoles la Procuraduría General de la República (PGR).

     Duarte acumula 10 acusaciones de la fiscalía de Chihuahua por peculado grave y enriquecimiento ilícito y una más por parte de la PGR por presuntamente entregar recursos al oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenecía, para unos comicios.

     El procurador interino mexicano, Alberto Elías Beltrán, dijo en conferencia que esta semana presentarán tres peticiones formales de extradición en su contra, dos de ellas derivadas de acusaciones de la fiscalía de Chihuahua y la tercera correspondiente al caso que la PGR lleva.

    "La Procuraduría General de la República se encuentra en la etapa final del procedimiento para formular las solicitudes formales de extradición correspondientes a dichas causas penales”, señaló.

     Elías Beltrán declinó especificar el país al que pedirán el eventual arresto y entrega del ex político que gobernó el fronterizo estado de Chihuahua de 2010 a octubre de 2016, argumentando que revelar el dato podría facilitar su fuga o afectar el proceso.

     "Tenemos indicios, información, de qué país pudiera estar localizado, que es donde se presentará la solicitud formal de extradición”, abundó en la rueda de prensa en oficinas de la PGR en la Ciudad de México.

     Duarte es prófugo de la justicia de Chihuahua desde marzo del año pasado, cuando la fiscalía local obtuvo la primera de las 10 órdenes de arresto que ha conseguido como producto de sus pesquisas.

     El gobierno actual del estado dijo entonces que existían indicios de que Duarte encabezó una red de funcionarios que habría malversado recursos por 6.000 millones de pesos (319,2 millones de dólares) durante su gestión.

     También advirtió que el ex gobernador habría escapado hacia Estados Unidos a través de la vecina ciudad de El Paso, Texas.

     La fiscalía de Chihuahua ha arrestado y llevado a proceso penal a 15 ex funcionarios y personas supuestamente implicadas en la serie de irregularidades que Duarte supuestamente orquestó, incluido el ex secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

     El anuncio de la PGR en torno a la tramitación del pedido de extradición se llevó a cabo en el marco de insistentes llamados del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para que se agilice la ubicación del ex político en el extranjero y su posterior entrega al país.

Xinhua
Ciudad de México
Miércoles 17 de enero de 2018.


Ciudad de México- De acuerdo a investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) se detectaron una serie de discrepancias e irregularidades entre los ingresos que reportó el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge y los que realmente tuvo durante 2014 y 2015.

Por ejemplo, durante el tercer año de su mandato y al tiempo que conformaba un grupo para poder lavar dinero con propiedades del estado de Quintana Roo, Borge no reportó 689 mil 100 pesos con los que pagó tarjetas de crédito, adquirió bienes inmuebles y realizó diversos viajes personales.

Un año después, se detectó que Borge Angulo no informó sobre 821 mil pesos extra que, según los datos de prueba aportados por la PGR ante el juez Artemio Zúñiga, destinó al pago de tarjetas de crédito, así como al pago de vuelos tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Según el oficio SGP/DSGP/SSAT/SSAJ/CGRSP/1200/IV/2017 quedó formalmente notificada la discrepancia fiscal, la cual fue confirmada gracias a una auditoría realizada en la que detectaron las irregularidades.

Y es que la PGR posee reportes sobre las declaraciones patrimoniales del exmandatario estatal desde el 28 de julio de 2006, mientras se desempeñaba como tesorero del gobierno de Quintana Roo, cargo que dejó para convertirse en oficial mayor.

Precisamente, según los fiscales que documentaron ante el juez Zúñiga el caso de lavado por más de 900 millones de pesos que afectó al erario de Quintana Roo, Roberto Borge comenzó a operar su plan desde la Oficialía Mayor.

Dicha estrategia se consolidó con la creación de una serie de empresas fachada, similares a las que uso el también exgobernador Javier Duarte en Veracruz, a las cuales se les realizaron inspecciones en sus “sedes” y que resultaron en la inexistencia física de las mismas

Respecto a los predios investigados por el Ministerio Público, estos se ubican en localidades como Cozumel, Chetumal, Tulum, Bacalar, Playa del Carmen, Cancún e Isla Mujeres y, según las investigaciones el exgobernador los utilizó para fines delictivos entre abril de 2011 y septiembre de 2016 en el estado de Quintana Roo, "ocultando los bienes procedentes de actividades ilícitas y realizado en conjunto con otras personas y basado en un plan común".

Durante la relación de los agentes del MP, sobre los datos de prueba, salieron a relucir una serie de irregularidades sobre la expedición de licencias para venta de bebidas y que fueron destinadas a tres empresas, así como a Roberto Borge Martí, papá del exmandatario.

Según la PGR los expedientes sobre dichos permisos desaparecieron pues, no se hallaron documentos sobre los mismos que concedieron estímulos fiscales entre 90 y 100 por ciento.

Excélsior
 Ciudad de México
Domingo 07 enero 2018.


•    "Los bancos son los que están en mayor riesgo, pero otros sectores son vulnerables a las actividades de lavado de activos", explicó el capítulo latinoamericano del GAFI

•    El GAFI consideró que el lavado de dinero "no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva".

•    El volumen de información que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)-(SHCP) reporta a la fiscalía es limitado en cantidad, lo que deriva en un número bajo de investigaciones financieras.


MEXICO, 3 ene (Xinhua) -- El Grupo de Acción Financiera (GAFI), que sugiere estándares de protección para el sistema financiero global, recomendó hoy miércoles a México fortalecer diversos frentes en el combate al lavado de dinero, debido a los riesgos que enfrenta en la materia.

     En el Informe de Evaluación Mutua "Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo", el GAFI señaló que México debe priorizar las investigaciones en lavado de dinero, decomiso de bienes ilícitos, supervisión de actividades vulnerables no financieras e identificación de beneficiarios finales de activos y empresas.

     "Los bancos son los que están en mayor riesgo, pero otros sectores son vulnerables a las actividades de lavado de activos", explicó el capítulo latinoamericano del GAFI, que agrupa a 17 países de la región.

     "Los bancos dominan el sector financiero, manejan un gran volumen de operaciones y están bien interconectados con el sistema financiero internacional", agregó.

     En lo que respecta a las posibilidades de financiamiento al terrorismo, el organismo señaló que el riesgo en México es bajo, aunque se han detectado algunos casos.

     Agregó que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) de México no consideraba hasta hace poco la identificación e investigación del lavado de activos como una de sus prioridades.

     El GAFI consideró que el lavado de dinero "no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva".

     En opinión del organismo intergubernamental, el volumen de información que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reporta a la fiscalía es limitado en cantidad, lo que deriva en un número bajo de investigaciones financieras.

     La UIF depende de la gubernamental Secretaría (ministerio) de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

     "El nivel de corrupción que afecta a las cuatro autoridades de orden público, en particular en el ámbito de los estados, socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves", indicó el GAFI en su reporte, resultado de una visita de expertos a México del 28 de febrero al 16 de marzo de 2017.

     Añadió que en México no se decomisa en forma adecuada el efectivo sospechoso y falsamente declarado.

     "Una preocupación grave a lo largo de todos los sectores es que se identifica al beneficiario final solamente en forma limitada", precisó.

     Las instituciones financieras intentan identificar a los beneficiarios finales sólo en circunstancias limitadas, en gran medida por las debilidades del marco jurídico.

     Pese a los retos que todavía enfrenta México, el GAFI consideró que hay mejoras "significativas" en contraste con 2008, cuando se llevó a cabo la última evaluación del país por el organismo intergubernamental, en el que también participa el Fondo Monetario Internacional.

     "Se tiene un régimen de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo maduro, con un correspondiente marco legal institucional bien desarrollado", concluyó.

     El GAFI desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

     Las recomendaciones del organismo son reconocidas como el estándar global.

Xinhua
Ciudad de México
Miércoles 3 enero 2018.


Cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) indican que del 1 de septiembre de 2016 al 1 de septiembre de 2017, sólo ocho personas fueron sujetas a proceso penal por ese ilícito.

Además, la PGR reportó que en el mismo período, el Ministerio Público de la Federación obtuvo sólo tres sentencias condenatorias por introducir ilegalmente armas de fuego.

Lo anterior pese a que según un estudio de la Universidad de San Diego, cada año ingresan a territorio nacional unas 253 mil armas de manera ilegal, la gran mayoría por la frontera con Estados Unidos.

“Es una cantidad menor (de procesados), es marginal, queda claro que el trabajo de inteligencia y luego el seguimiento procesal queda a deber en esta y otras esferas”, señaló en entrevista Carlos Mendoza, académico de la UNAM.

El también consultor en seguridad, advirtió que sin un verdadero trabajo de investigación que se complemente con acciones eficaces en la frontera, incluso a través de operaciones encubiertas, será imposible identificar y desmantelar las redes de tráfico de armas.

“Hay que hacer detenciones masivas que verdaderamente inhiban este ilícito, sobre todo porque conocemos las consecuencias de la disponibilidad de armas, que es la multiplicación de los homicidios”, señaló.

Javier Olvia, especialista en temas militares, consideró que las aduanas tienen una enorme responsabilidad, por lo que planteó la necesidad de mejorar los instrumentos tecnológicos de detección de armas.

“Las organizaciones criminales mantienen un constante incremento tanto en la disposición del número de armas, como en la capacidad de fuego de las mismas. Evidentemente esto genera una espiral de violencia como la que estamos observando”, dijo.

En la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se establecen penas de 5 a 30 años de cárcel a quien participe en la introducción a territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos, y materiales de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 3 de enero de 2018.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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