San Matías Tlalancaleca, Puebla– Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Federal (PF) efectúan varios operativos y cateos contra el robo de combustible en distintos municipios.

La presencia de las autoridades federales se dio desde las primeras horas del sábado en los municipios de San Martín Texmelucan y San Matías Tlalancaleca y hasta el momento continúa.

En Texmelucan, el operativo se realiza en la colonia La Purísima, así como en la zona denominada Las Piñas, donde los uniformados resguardan las inmediaciones de varios inmuebles.

Mientras que en Tlalancaleca, los cateos son en domicilios de las juntas auxiliares de Juárez Coronaco y de San Francisco Tláloc.

En cada uno de los puntos referidos se han dado aseguramientos importantes de combustible robado, localización de tomas clandestinas, incendios de ductos y enfrentamientos entre bandas dedicadas al robo de combustible.

Hasta el momento, ninguna corporación ha reportado si hay personas detenidas o vehículos e inmuebles asegurados.

Reforma
Puebla, México
Domingo 12 / 11 / 2017.


•    Empresarios, activistas y ONG califican cese de Nieto como represalia política y acto de cinismo

•    Oposición advierte que corresponde al Senado objetar o ratificar a Santiago Nieto en la FEPADE

Dos días después de que Santiago Nieto Castillo reveló que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI, la Procuraduría General de la República (PGR) lo cesó de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

En un escueto comunicado y sin dar detalles de qué motivo el despido, la PGR refirió que Santiago Nieto Castillo “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta” de la dependencia que se encuentra acéfala tras la renuncia de Raúl Cervantes.

Fue el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, quien “actuando en suplencia del Procurador General de la República”, informó de la decisión.

El miércoles pasado, el diario Reforma publicó una entrevista con el hasta hoy titular de la FEPADE en la que afirmó que Lozoya le envió una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012.

Y es que en agosto pasado la dependencia abrió una carpeta para investigar si una parte de los 10 millones de dólares que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de la brasileña Odebrecht se destinó al financiamiento de la campaña del PRI.

“Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en donde estudió. Nunca entendí esta parte.

“Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar’. Esto es lo que me parecía particularmente grave”, dijo Nieto al diario Reforma.

Según Nieto Castillo, la FEPADE prepara una acción penal contra quienes resulten responsables si se comprueba un posible financiamiento de Odebrecht a campañas electorales del PRI.

Entre los elementos de esa investigación estarían cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht ubicadas en las Islas Caimán, Suiza y Brasil.

Empresarios, activistas y ONG califican cese de Nieto como represalia política y acto de cinismo

Empresarios, activistas e integrantes de organizaciones ciudadanas reprobaron la destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), y calificaron la decisión como vergonzosa, cínica y sospechosa.

“Huele, y mucho, a represalia política, y confirma por qué necesitamos fiscalías independientes”, expresó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, quien dijo que se trata de una decisión muy delicada.

La medida pone en evidencia la dimensión de la corrupción que existe en el caso Odebrecht, secundó la presidenta del Consejo Rector de la organización, María Marván Laborde.

“El nivel de cinismo es intolerable. Primera vez que un Fiscal electoral servía para algo. No lo quieren ahí para el 2018”, denunció en sus redes sociales la exconsejera del Instituto Nacional Electoral.

Añadió: “Qué vergüenza y qué tristeza de País. Se cesa a un Fiscal por proteger la corrupción al más alto nivel ¿de qué tamaño es Odebrecht?”.

Por su parte, el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, fundador de AHORA, destacó que la remoción de Nieto es “una vuelta más a la tuerca de la impunidad, corrupción y cinismo”.

Es muy grave porque se registra después de que el fiscal de delitos electorales reveló las presiones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012, subrayó.

A su vez, el activista Alfredo Lecona acusó al “carnalismo” de haber removido a Nieto, en lo que podría considerarse como “la semana de la impunidad”.

Y el empresario Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sostuvo que la destitución del fiscal es un signo de intolerancia y del “neoautoritarismo” que está surgiendo en el país.

Oposición advierte que corresponde al Senado objetar o ratificar a Santiago Nieto en la FEPADE

Senadores de oposición cuestionaron la destitución de Santiago Nieto Castillo al frente de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), ya que corresponde al Senado objetar o ratificar a quien desempeñe ese cargo en un plazo de 10 días hábiles, según lo establece la Constitución en el artículo 102, párrafo VI.

El propio Nieto Castillo afirmó en su cuenta de Twitter que acudirá al Senado “en términos de la Constitución”.

“Soy un hombre de leyes. Creo en el Estado Constitucional de Derecho. Acudiré al Senado en términos de la Constitución”, advirtió el abogado, designado por la mayoría de los senadores como titular de la FEPADE a raíz de la reforma constitucional de 2014.

El coordinador de la bancada del PAN, Fernando Herrera, subrayó que el gobierno debe dar una “explicación puntual” de la remoción de Santiago Nieto, quien se convirtió en un funcionario “incómodo” por haber actuado contra personajes ligados al PRI en las elecciones del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.

Herrera recordó que también por la acción de Santiago Nieto, el exsenador del Partido Verde y entonces subsecretario de Participación Ciudadana, Arturo Escobar, fue consignado ante un juez en 2015 acusado de repartir tarjetas Premium Platino en los comicios de ese año.

A su vez, el vicecoordinador de la bancada del PT-Morena, Miguel Barbosa, aclaró que la destitución de Nieto Castillo se inscribe “en un conjunto de hechos que pronto irán corroborándose”.

Entre esos hechos señalados por Barbosa Huerta destacan la averiguación previa en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, e implicados en el presunto desvío de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial del 2012.

“De todos es conocida la cercana amistad de Emilio Lozoya con el presidente Enrique Peña Nieto y sus vínculos políticos y económicos que ponen a Lozoya como uno de los hombres más poderosos del sexenio y por tanto su condición de intocable”, fustigó Barbosa.

El senador poblano también vinculó el caso Odebrecht con la dimisión del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade.

“No presentó su renuncia voluntariamente, sino que se la pidieron por haber avanzado en la investigación de los sobornos de Odebrecht”, reveló Barbosa.

La senadora Dolores Padierna recordó que el fiscal Santiago Nieto llevaba “casos emblemáticos” de corrupción vinculados a los comicios y presunta triangulación de recursos públicos, como fueron el caso de OHL en el Estado de México, el caso de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua acusado de desviar recursos de la burocracia a la campaña del PRI, o el caso de la diputada local veracruzana Eva Cadena, que recibió sobornos presuntamente para Morena.

Proceso
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Viernes 20 de octubre de 2017.


Elementos del Ejército y de la Policía Municipal fueron movilizados para rescatar a los agentes de la PGR y personal de Pemex en San Martín Texmelucan.

Solicitaron efectivos y personal fiscal de Pemex apoyo durante operativo


Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de Petróleos Mexicanos fueron retenidos por presuntos huachicoleros, en el municipio de San Martín Texmelucan.

El personal de ambas corporaciones acudió a catear un predio de la Calle San Francisco, en la Colonia La Purísima, donde presuntamente se almacenaba combustible ilícito, cerca de las 10:00 horas de ayer.

No obstante, un grupo de al menos 60 supuestos huachicoleros les cerraron el paso para evitar que entraran al inmueble, indicó una fuente policíaca.

Asimismo, retuvieron a los agentes de la PGR y de Pemex, quienes pidieron apoyo a las corporaciones policíacas.

Elementos del Ejército, de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, de Huejotzingo y de Santa Rita Tlahuapan fueron movilizados a la zona, donde montaron un operativo de rescate.

Fueron cerca de 200 efectivos de los tres órdenes de gobierno y de municipios aledaños, quienes arribaron a la zona para liberar al personal retenido.

Mientras un helicóptero de la Secretaria de la Defensa Nacional sobrevolaba la zona, hasta donde arribaron casi 60 sujetos que se presume están ligados a las bandas de ladrones de combustible que operan en la zona.

Sin que detonaran sus armas de fuego, los elementos de seguridad lograron liberar a los agentes retenidos que no resultaron lesionados durante su retención.

Aunque privaron de su libertad por un lapso de tiempo al personal de Pemex y de la PGR, los sujetos que presuntamente se dedican al robo de combustible no fueron detenidos por las corporaciones policíacas.

Posteriormente, los federales y de la paraestatal lograron realizar el cateo en el inmueble, pero hasta el cierre de esta edición no habían dado a conocer los resultados.

“Seguridad Física de Pemex y PGR solicitan apoyo informando que un grupo de aproximadamente 60 sujetos les cerraron el paso para evitar que salgan del lugar, por lo que inmediatamente se implementa un dispositivo de seguridad”, indicó una fuente policiaca.

“Una vez incursionando los sujetos se repliegan dejando al personal de PGR realizar su trabajo, se mantiene la seguridad en el lugar”.

La vigilancia permaneció hasta que concluyeron las diligencias en la zona, donde no se reportaron enfrentamientos entre las corporaciones de seguridad y los presuntos huachicoleros.

Aseguran diésel

Un camión con reporte de robo que transportaba 4 mil 320 litros de diésel presuntamente robado fue asegurado por elementos de la Policía Federal, en la carretera Puebla-Córdoba.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los elementos de la corporación realizaban un recorrido de rutina ayer por la madrugada a la altura del kilómetro 131.

Al notar la presencia de los agentes policíacos, unos sujetos descendieron de un camión rojo, placas XU 98 455, y huyeron con rumbo desconocido.

Los uniformados revisaron la parte trasera de la unidad y señalaron que transportaba cuatro contenedores de plástico con 4 mil 320 litros de diésel.

Reforma
Andrés Sánchez
Ciudad de Puebla, México
jueves 19 de octubre de 2017.


Por las irregularidades, la SFP presentó ante la PGR denuncias contra servidores y ex servidores públicos, quienes presuntamente incurrieron en el delito de enriquecimiento ilícito


Ciudad de México.- En el último año y medio, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó que 76 funcionarios de distintas dependencias amasaron de manera ilegal una fortuna de 499.1 millones de pesos.

Esta cantidad es casi tres veces el presupuesto que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción tendrá el próximo año, que es de 172 millones de pesos.

Por las irregularidades, la SFP presentó ante la PGR denuncias contra los servidores y ex servidores públicos, quienes presuntamente incurrieron en el delito de enriquecimiento ilícito.

La mayoría de los funcionarios denunciados –26– trabajaban en Pemex, y, durante su paso por la empresa productiva del Estado, se hicieron de un patrimonio que en su conjunto suma 216.5 millones de pesos.

Tan sólo uno de ellos, identificado con el número de expediente 037/2016, incrementó su patrimonio de manera irregular en 61 millones de pesos.

La SFP ha mantenido reservado los nombres de los denunciados, pero se ha logrado determinar que uno de ellos es Antonio Narváez Ramírez, ex administrador regional de Pemex Exploración y Producción en Poza Rica.

Otras dependencias que tienen las mayores incidencias de funcionarios enriquecidos son el IMSS, con 11, y un monto global de 41.1 millones de pesos; así como la PGR, con 6 casos, que suman 24.4 millones de pesos.

El caso más escandaloso de enriquecimiento inexplicable lo tiene un funcionario de la SEP, identificado con el expediente DGII/DGAEP/013/2013, quien tuvo un incremento en su patrimonio de 72 millones de pesos.

La SFP lleva a cabo un seguimiento de la evolución de los bienes de alrededor de 200 mil servidores públicos a través de las declaraciones patrimoniales que cada año están obligados a presentar.

Reforma
Rolando Herrera
Ciudad de México
Domingo 01 de octubre de 2017.


Grupos feministas demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer los casos de asesinatos con perspectiva de género, e investigarlos.

En la protesta recordaron las muertes de Lesvy Rivera Osorio, que ocurrió en las instalaciones de Ciudad Universitaria y el caso más reciente de Mara Fernanda Castilla Miranda, joven violada y estrangulada por un chofer de Cabify en Puebla.

"Son corruptos, ineficientes. Son culpables por omisión. Hay una sentencia en la Corte que dice que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada y juzgada con perspectiva de género hasta descartar que fue un feminicidio.

Indagan trata en desaparición en Cabify

"No están obedeciendo las mismas leyes que ellos hicieron. Si no pueden con el paquete, los invitamos a que renuncien", dijo Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, joven asesinada en el 2001 en Ciudad Juárez.

De igual forma, exigieron la renuncia del titular de la PGR, Raúl Cervantes, por no aclarar los asesinatos de mujeres ocurridos en los últimos meses.

El contingente de inconformes apoyó a la madre gritando "¡renuncien, renuncien, renuncien!"

La integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social llamó al funcionario a sensibilizarse sobre la problemática y resolver urgentemente los feminicidios.

"Que le dejen el cargo a quien sí pueda con el paquete, ya sea una mujer o un hombre", expuso.

Andrade criticó que la impunidad ha hecho que los asesinatos que empezaron en Ciudad Juárez, ahora, están en todo el País.

"El 98 por ciento de los asesinatos de mujeres en el País están sin resolver", sostuvo .

Al leer un comunicado, la madre exigió una declaratoria de emergencia nacional y la activación de alerta de género en Puebla.

"Es indispensable que los órganos encargados de la procuración de justicia implementen sanciones ejemplares a instituciones, organizaciones y empresas que por acción u omisión atenten contra la libertad de las mujeres", enfatizó.

En el documento solicitaron una audiencia pública del movimiento de mujeres con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

En el escrito, se llamó para que grupos feministas de la Ciudad de México acudan el sábado 30 de septiembre a las 11:00 horas a una reunión de trabajo y plan de acción en las Islas de CU.

Reforma
Arcelia Maya
Ciudad de México
Domingo 17 septiembre 2017.


La ONG se pronunció respecto al caso de Mara Fernanda Castilla y exigió a las autoridades tomar acciones contundentes en materia de género

 

Amnistía Internacional México se pronunció respecto al caso de Mara Fernanda Castilla y exigió a las autoridades acciones contundentes para erradicar la violencia de género. “No es culpa de las víctimas, es culpa del Estado, que ha normalizado tales hechos”, apuntó la ONG.

La directora ejecutiva de AI México, Tania Reneaum, destacó que la impunidad ante la violencia, incluidos el abuso sexual y el feminicidio, ya está generalizada.

“Estamos frente a un contexto que desprecia la vida de las mujeres, y un Estado machista que tiene una histórica deuda pendiente, que debe revisar sus responsabilidades respecto a la integridad y la dignidad de las mujeres”, precisó.

Los familiares de Mara la reportaron desaparecida el pasado 8 de septiembre, luego de que acudiera con algunos amigos a un bar de Cholula y tomara un taxi de la empresa Cabify.

El gobernador de Puebla, Antonio Gali, informó ayer que el cuerpo de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) fue encontrado en el estado de Tlaxcala, al fondo de una barranca.

AI citó cifras del Inegi que revelan que seis de cada 10 mujeres mexicanas han padecido por lo menos un caso de violencia en sus vidas. “Las cifras se nutren todos los días por hechos tan lamentables como los de Mara”, indicaba el comunicado.

La ONG informó que se sumará a la marcha de este domingo 17 de septiembre, que partirá a las 12:00 horas de la plancha del Zócalo, con dirección a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

El Universal
Ciudad de México
Domingo 17 de septiembre de 2017.


La presentación del Informe de Actividades 2016-2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Senado sirvió de tribuna al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y al ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, para elevar la voz y pedir que se legisle en torno a la creación de un fiscal autónomo e independiente.

Ante los legisladores miembros de dicha comisión, el representante de la ONU pidió al Senado que antes de designar al Fiscal General, primero se lleve a cabo una reforma constitucional para darle autonomía e independencia al organismo que suplirá a la Procuraduría General de la República (PGR).

“Primero tienen que ver los ‘cómo’, antes de ver quién va a ser el fiscal”, dijo, e insistió que se requiere una reforma para ajustarla a la demanda de la sociedad.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, quien coincidió con Jan Jarab en la necesidad de nombrar a un fiscal independiente y autónomo, destacó que la atención de los problemas de inseguridad y falta de justicia que vive el país no puede subordinarse a intereses particulares o coyunturas políticas.

A juicio del ombudsman nacional, el cambio institucional de PGR a Fiscalía General debe formar parte de una revisión integral de la procuración e impartición de justicia.

También exhortó al Senado a atender las recomendaciones hechas por la CNDH en materia de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, así como las relativas a violencia sexual en centros educativos, además del matrimonio igualitario y el desplazamiento forzado, entre otras.

Sobre el tema de seguridad y acceso a la justicia de las personas, dijo que la parte procedimental del Sistema de Justicia Penal, junto con la estructura y esquema de procuración de justicia, deben tratarse de manera conjunta y estructurada para concretar el cambio de la actual PGR a una Fiscalía General de la República autónoma, eficaz e independiente, así como determinar el tipo de autoridad que asumirá sustantivamente las tareas vinculadas a la seguridad pública y los modelos bajo los cuales se daría su operación.

Proceso
Ciudad de México
Miércoles 6 de septiembre de 2017.


 El grupo parlamentario del PRI en el Senado propuso pedir a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue los posibles vínculos entre el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas y Othón Bravo Muñoz, alias El Cachetes, empresario presuntamente ligado con las bandas de huachicol que operan en Puebla.

“El exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, desde su gestión hasta nuestros días, ha sido involucrado en la comisión de presuntos ilícitos que van desde la operación de una red de espionaje política, la promoción extraterritorial de su imagen con fines políticos, hasta su relación personal con presuntos delincuentes”, refirieron los priistas.

En la iniciativa de punto de acuerdo, los senadores hicieron referencia a las fotografías que han publicado diversos medios de comunicación en las que aparece el ahora exmandatario cercano a Bravo Muñoz, como ocurrió durante “la cabalgata de la Amistad” que se llevó a cabo en Tamaulipas.

Agregaron que el empresario, –detenido el pasado 19 de agosto por elementos de la Secretaría de Marina–, es investigado por su presunta dirección de una banda delictiva que usaba negocios como gasolineras y restaurantes para cometer lavado de dinero de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 “Sin embargo, sus principales fuentes de ingresos eran la extracción de hidrocarburos y la presunta comercialización en sus gasolineras, particularmente en el municipio de Puebla de Zaragoza”, señalaron los legisladores en su iniciativa.

Además, hicieron referencia a la presunta implicación del diputado local del PAN, Sergio Moreno Valle, quien a través de la notaría pública número 24, desde el 2011 ha escriturado en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio diversos establecimientos del presunto empresario dedicado a la venta de hidrocarburos.

“Aunado a lo anterior durante el periodo 2011- 2017, en Puebla se documentaron presuntas omisiones y la ausencia de estrategias efectivas para identificar y prevenir el robo de hidrocarburos en los ductos de la empresa productiva del Estado “Petróleos Mexicanos”, indicaron los senadores.

Además, aseguraron que, a partir del sexenio morenovallista, la ausencia de políticas públicas derivó en el incremento de los índices delictivos y en consolidar a Puebla dentro las entidades con el mayor número de tomas clandestinas en el país, al pasar de 49 en 2010 a mil 533 en 2016, un crecimiento de más de 3000%.

“En el denominado ‘Triángulo Rojo’, también se incrementaron los robos, asaltos y extorsiones a empresarios, pequeños comerciantes y familias que se trasladan diariamente a la capital del estado para adquirir productos de primera necesidad, lamentablemente durante el trayecto son despojados de sus vehículos y pertenencias”, añadieron.

Ante todo esto, los senadores pidieron hacer un exhorto a la PGR para que investigue los posibles nexos del exmandatario con el empresario presuntamente ligado a la venta de combustible robado a Pemex. También demandaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indague posibles operaciones de lavado de dinero llevadas a cabo por el empresario ahora detenido.

“En Puebla todos nos conocemos”

Por otra parte, en Puebla, el líder del Congreso local, Jorge Aguilar Chedrahui, también admitió conocer al empresario, que aparentemente hizo contribuciones a las campañas panistas.

“Puebla no deja de ser una ciudad pequeña en donde nos conocemos muchas personas, pero hay una enorme diferencia entre conocer a alguien y recibir un beneficio, en recibir algún recurso, en tener negocios, en tener otro tipo de vinculación con personas”, expresó el político morenovallista.

“Tampoco entiendo por qué este ánimo de querer vincular a una persona con la otra, porque lo hayas saludado, porque haya una fotografía en redes. Otra cosa sería si se demuestra un vínculo económico, una sociedad, un vínculo de alguna contribución a alguna campaña política”, insistió el panista.

Cabe señalar que en otra fotografía publicada por el periódico digital Central, aparece el actual senador Javier Lozano cuando recibió las llaves de una camioneta Cadillac Escalade que le entregaron empresarios poblanos para que usara durante su campaña para el Senado en 2012.

Entre los empresarios que le entregan el vehículo se encontraba Muñoz Bravo, quien sonriente aparece en la foto, tomando por la cintura al actual diputado local panista, Sergio Moreno Valle.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mex.
Martes 5 de septiembre de 2017.


Una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad da cuenta de que el actual Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, emplacó un auto Ferrari 458 Coupé en un domicilio que corresponde a una vivienda de interés social, que se encuentra deshabitada y se ubica en Xochitepec, Morelos.

Cabe destacar que en esa misma vivienda se encuentran registrados al menos dos autos más de gran lujo, un Audi y un Alfa Romeo, que no pertenecen a Cervantes.

El titular de la PGR es promovido actualmente por el PRI y sus aliados para ser Fiscal General de la Nación hasta el 2026.

El auto exento del pago de tenencia es un Ferrari 458 Coupé, modelo 2011 de 8 cilindros, que fue facturado en 3 millones 890 mil 932 pesos.

Cervantes tiene un salario neto al mes de 140 mil pesos y de 205 mil pesos mensuales brutos.

La investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que el Ferrari del Procurador está registrado en una vivienda deshabitada ubicada en la privada de Paseo de la Lealtad # 46 en Xochitepec, a 20 kilómetros de Cuernavaca.

Datos de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos reportan que en cuatro domicilios de esa modesta privada fueron registrados 16 autos de lujo, entre ellos 11 Ferraris.

Según los datos consultados, el valor de esos automóviles suma 56 millones 800 mil pesos.

De acuerdo con datos del Registro Público Vehicular (Repuve), el Ferrari del Procurador fue inscrito en Morelos el 14 de septiembre de 2012, nueve meses después de que ese Estado eliminara la tenencia y 13 días después de que Cervantes asumiera como senador por el tricolor.

MCCI consultó con la Procuraduría sobre el auto deportivo registrado a nombre de Raúl Cervantes Andrade. "Lo que podemos decir es que el doctor Cervantes tiene también domicilio en Morelos, y en ese Estado ha emplacado vehículos que utiliza, lo ha hecho durante varios años".

También se cuestionó si el Procurador reconocía como uno de sus domicilios la casa de Paseo de la Lealtad. "Los datos de donde vive o no una persona no son datos que deben proporcionarse. No podría confirmarte lo del domicilio que mencionas".

Los autos están registrados en un fraccionamiento de 44 casas, cada una de 75 metros cuadrados y dos recámaras, de un valor de entre 400 mil y 600 mil pesos.

En la misma casa en la que se registró el auto del procurador, hay registro de otros tres autos a nombre de otras personas: un Audi RS5, un Alfa Romeo 8C Competizione y un auto marca Ford.

En la vivienda con el número 38 de la misma privada de Paseo de la Lealtad están registrados otros ocho autos: siete Ferraris y un Fiat 500 Hatchback Dualogic.

Por su parte, en la casa número 40 fueron dados de alta tres autos con un valor total de 14 millones 300 mil pesos: un Ferrari California Convertible, un Ferrari 458 Coupé y un Ferrari 599 Coupé; en la casa número 44 se registró un Audi A4 versión RS.

En la privada también aparecen coches registrados a nombre del empresario Luis Alfredo Rayet Díaz, dueño de una compañía de aviación con oficinas en Saltillo y Monterrey.

Rayet registró dos autos en la misma casa que el Procurador; además de un Ferrari en el número 38.

Otro empresario con autos registrados en esta calle es Anuar Fayad Hassan, quien de acuerdo con notas periodísticas compró terrenos a precio de ganga al gobierno de Roberto Borge, el ex Gobernador de Quintana Roo ahora detenido en Panamá.

Otro empresario que registró autos en esa privada es Ricardo Alberto Orrantía Cantú, quien se identifica en LinkedIn como dueño de Grupo Altavista, y tiene un Ferrari F430 y un Ferrari 458 Convertible registrados con domicilio en Paseo de la Lealtad.

Joseph Woldenberg Russell, quien según Bloomberg es Vicepresidente de la empresa regiomontana Tubacero, registró un Ferrari 599 Coupé modelo 2011 en el número 40.

También hay autos registrados a nombre de la empresa Asesores Administrativos Esparza, S.A. de C.V y de un fideicomiso del Banco Interacciones.

Otras personas con autos de lujo registrados en esa privada son: Óscar Eliseo Rivas Zúñiga, Carmen Ortiz Álvarez, Aldo Bernardi Gallo, Mauro Roberto Hamz Durand, Luis Cabrera Guevara y José Alberto Castro Alva.

Reforma
Ciudad de México
Mexicanos Contra la Corrupción
Lunes 04 de Septiembre del 2017.


Mientras Enrique Peña Nieto ocupe la presidencia, la Procuraduría General de la República (PGR) no procederá a investigar las denuncias por espionaje político, asociación delictuosa y hasta desaparición de personas que se han formulado en contra del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Eukid Castañón Herrera, advirtió Manuel Bartlett Díaz.

El coordinador de la fracción parlamentaria de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional y del Trabajo (PT) en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, calificó como “una patología” la proclividad al espionaje del también aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la primera magistratura del país.

“El gobernador de un estado de la importancia y dimensión como el de Puebla no debería tener tiempo para nada, menos para andar espiando a adversarios políticos o a periodistas como hizo este señor. Hay muchos, muchos asuntos que atender y esto puede dar una idea de la enfermedad de este señor que quiere ser presidente”, expresó Manuel Bartlett Díaz, quien también fue titular del Poder Ejecutivo poblano.

A pregunta expresa, el también ex secretario de Gobernación federal, consideró que puede ser cierta la versión de que Javier Lozano Alarcón, vocero del gobierno poblano, “regresó a su curul del Senado por órdenes de Rafael Moreno Valle a cumplir un doble propósito: operar a favor del pase automático de Raúl Cervantes Andrade como titular de la PGR a fiscal general de la República, y con esa maniobra, en caso de que se concrete, el ex gobernador de Puebla buscaría obtener impunidad frente a las denuncias que enfrenta por espionaje, tentativas de homicidio y posible malversación de fondos públicos”.

Dijo que Lozano Alarcón “es un político turbio, que aquí es repudiado por todos, por el PRI, por el PAN, por todos y por supuesto que ha venido, ha regresado aquí a generar un caos”.

No obstante, advirtió: “La impunidad no les va a durar mucho, porque ya se van y lo saben, saben que van a perder el poder y que muchos de ellos van a tener que irse y por eso al final, como lo han hecho siempre, van a unirse porque quieren evitar a toda costa que llegue Andrés Manuel López Obrador”.

A las órdenes del PRI

El columnista Fermín Alejandro García planteó ayer que “Lozano Alarcón ya regresó al Senado y ya dio el primer paso, que fue provocar que se quebrará la fracción del PAN, ya que encabeza a un grupo de legisladores albiazules que ha tomado una importante distancia del presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, quien se opone a que la nueva Fiscalía General de la República (FGR) quede en manos de Raúl Cervantes, un incondicional del presidente Enrique Peña Nieto.

“Pareciera que el fin de semana Moreno Valle ya sabía de la tormenta que se aproximaba en su contra por el tema del espionaje, y se adelantó a los hechos, por lo que ordenó a Javier Lozano a dejar el gobierno de Puebla –en donde era un mil usos, ya que lo mismo era vocero del Poder Ejecutivo, conductor en la televisión oficial, bufón y espía– y se reincorporara al Senado para ponerse bajo las órdenes del PRI, del presidente Enrique Peña Nieto y del proyecto de que Raúl Cervantes se quede instalado en el siguiente sexenio, en la FGR, para cuidar las espaldas de los actuales gobernantes del país.

“El fin de semana, cuando se supo de la salida de Lozano del gobierno de Puebla se especuló mucho que lo habían echado por un conflicto personal con el alcalde de la capital, Luis Banck Serrato, o porque lo habían descubierto filtrando información de la relación del capo huachicolero Othón N, alias El Cachetes, con varios morenovallistas.

“El panista Lozano, siempre haciendo gala de su egolatría, habría definido: ‘Me voy a arreglar las cosas al Senado’. Al final, es justo reconocerlo, decía la verdad.

“Lozano regresó a la Cámara Alta a intentar arreglar los acuerdos de impunidad a favor de su patrón Moreno Valle, pues el segundo de ellos ya había percibido que está pisando un terreno de mucho riesgo por el tema del espionaje, el cual es un asunto que lo tiene en constante estado de tensión por la descomposición en que entraron los equipos dedicados a las labores de vigilancia de sus críticos, sus colaboradores y personajes de la política nacional”.

La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Ciudad de Puebla, México
Viernes 1 de septiembre de 2017.

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