El abogado Pablo Díez Gargari, de Infraiber, es la cabeza visible de una serie de denuncias por corrupción contra el consorcio OHL-México


Después de año y medio de investigarlo, la Procuraduría General de la República (PGR) finalmente determinó archivar por falta de elementos la averiguación previa iniciada contra Pablo Díez Gargari, abogado de Infraiber, por el arma de fuego que le sembraron en su vehículo.

La Coordinación General de Investigación (CGI) de la PGR, que depende de la Subprocuraduría de Delitos Federales, dictó el no ejercicio de la acción penal en favor del litigante, en la indagatoria iniciada por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Esta resolución fue dictada en cumplimiento a una sentencia de amparo emitida por la jueza federal María Dolores Núñez Solorio, quien consideró que la demora de la PGR para determinar esta investigación violaba las garantías constitucionales de Díez Gargari.

Lo anterior fue confirmado por Alberto del Río y Jesús Moreno de Leija, defensores de Díez Gargari.

El abogado de Infraiber es la cabeza visible de una serie de denuncias por corrupción contra el consorcio OHL-México, derivadas de la supuesta contabilidad fraudulenta en la concesión para explotar el Circuito Exterior Mexiquense.

El 7 de septiembre de 2015, Díez Gargari fue interceptado en San Jerónimo por elementos de la Policía Federal Ministerial, para cumplimentarle una orden de localización y presentación, es decir, para llevarlo a declarar por la fuerza ante la CGI.

El parte informativo levantado por la corporación estableció que el representante legal de Infraiber llevaba una pistola Llama calibre .38 Súper 7, con su cargador y siete cartuchos.

El caso dio un giro casi de inmediato, al revelarse un video de circuito cerrado en el que se aprecia que un integrante de la PFM se introdujo por la ventana del conductor y colocó el arma en el interior del carro BMW.

La revelación provocó que la Visitaduría General de la PGR acusara y llevara a juicio a los agentes Marco Antonio Carreón García, Luis Nicasio Díaz Elizalde, Juan Carlos Mayorga Pérez y Juan José Castelán Vargas.

También a Ramón Castillón Hernández, Elizabeth Garrido Castro, Alma Rosa Victal Linares, Jaime Pérez García, Óscar Chávez Ornelas y Óscar Gregorio García López.

Pese a la evidencia de que el arma había sido sembrada, la PGR no cerró la indagatoria contra Díez Gargari y lo obligó a presentar una demanda de garantías ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo Penal de esta ciudad.

Fue hasta la sentencia de amparo que la PGR se vio obligada a determinar y cerrar la averiguación previa, admitiendo que no había evidencias para proceder penalmente contra el litigante por la portación de dicha arma.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Miércoles 22 de marzo de 2017.


La PGR acreditó la responsabilidad plena del ex funcionario en el caso donde le imputan la posesión de un yate, un Ferrari y unos terrenos, sin justificar los ingresos para adquirirlos.

Ciudad de México.- Un juez federal condenó a 8 años de prisión a Néstor Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras ser hallado culpable de un presunto enriquecimiento ilícito de 33 millones 13 mil 379 pesos.

Guillermo Urbina Tanús, Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, resolvió que la PGR acreditó la responsabilidad plena del ex funcionario en el caso donde le imputan la posesión de un yate, un Ferrari y unos terrenos, sin justificar los ingresos para adquirirlos.

El impartidor de justicia también impuso la inhabilitación por ocho años y un mes para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos y el pago de 545 días multa, equivalentes a 31 mil 315 pesos, sustituibles por el mismo número de jornadas de trabajo en caso de insolvencia económica.

Urbina también ordenó el decomiso de los bienes cuya procedencia no logró acreditar, así como la suspensión de derechos políticos y civiles, además de una amonestación pública.

El ex funcionario puede apelar la condena y, de confirmarse el castigo, presentar un amparo; sin embargo, por ahora no pisará la cárcel.

Moreno se encuentra en libertad provisional y sólo regresaría tras las rejas si en la última instancia su castigo es superior a los cuatro años de prisión.

Para el juez Urbina quedó plenamente probado que del 2001 al 27 de octubre de 2010, Moreno sólo tuvo una sola fuente de ingresos: su sueldo en la CFE, equivalente a un total de 21 millones 51 mil 887 pesos.

Sin embargo, en el mismo periodo, quedó demostrado que incrementó ilícitamente su patrimonio de forma desproporcionada por un total de 36 millones 13 mil 379 pesos, con bienes de origen distinto a los ingresos de funcionario, sin demostrar su licitud.

Estos últimos son diversos depósitos a cuentas bancarias por 7 millones 694 mil 441 pesos; un terreno en Ensenada, Baja California, con valor de 416 mil 145 pesos; un yate valuado en 22 millones 125 mil 168 pesos, y un Ferrari Spider de 3 millones 258 mil 279 pesos.

El patrimonio que, según el juez, es malhabido, lo completan un Jeep modelo 2009 de 57 mil 400 pesos; un Audi 2003 de 212 mil 732 pesos; una camioneta Lobo 2005 de 359 mil 800 pesos, y un vehículo Nissan, modelo 2003, de 104 mil 400 pesos, así como pagos a una tarjeta de crédito de Estados Unidos por 1 millón 785 mil 12 pesos.

Moreno también fue acusado en otro proceso del delito de cohecho, por haber recibido un depósito bancario de 29 mil 500 dólares del representante de Lindsey Manufacturing Company (LMC), trasnacional y contratista de la CFE.

Sin embargo, en ese expediente fue absuelto porque no se acreditó que ayudara al proveedor desde su posición de funcionario a ganar contratos en las licitaciones de la paraestatal.

En Estados Unidos, desde el 2012 los cargos contra Moreno fueron desechados en una Corte de California, una determinación que quedó firme cuando el Departamento de Justicia se desistió de su apelación.

Reforma
Abel Barajas
Cd. de México
Martes 14 de marzo de 2017.


La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó 21 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) y elabora otras 11 por el delito de usurpación de profesión, contra 32 servidores públicos que entregaron cédulas y títulos profesionales falsos.

Además, la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), presentó dos denuncias penales por la misma causa, y en otros dos casos similares no procedió la presentación de esa herramienta.

Investigaciones realizadas por la dependencia en 2011 descubrieron que 36 servidores públicos presentaron documentación apócrifa al ingresar a las secretarías del Trabajo y de Salud.

También a los institutos Mexicano del Seguro Social y Nacional de Salud Pública, al Hospital Juárez de México y al Centro de Recursos Educativos Avanzados en Chiapas.

De las cédulas y títulos profesionales falsos detectados, 23 corresponden a personal de mandos medio y superior: con pasado de militancia priista, una dirección general, dos direcciones generales adjuntas, ocho direcciones de área, cuatro subdirectores y ocho jefes de departamento; otros ocho documentos falsos corresponden a personal de apoyo.

En un comunicado, la SFP mencionó que encontró a cinco servidores públicos de la Secretaría del Trabajo en la misma situación; sin embargo, al estar adscritos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), la dependencia carece de facultades para sancionarlos, por lo cual dio vista a la JFCA para su trámite.

En lo administrativo, dos servidores públicos fueron inhabilitados por 10 años y destituidos, uno fue inhabilitado por cinco años y destituido, uno fue inhabilitado por tres años, cuatro fueron inhabilitados por dos años y destituidos, cinco fueron inhabilitados por dos años, y tres fueron inhabilitados por un año.

Asimismo, diez recibieron una amonestación pública, en cuatro casos sigue abierto el proceso y en un caso más no ha sido posible notificar la sanción.

Este caso de los 36 servidores públicos se suma al que se dio a conocer en agosto de 2010, cuando la SFP presentó 22 denuncias penales ante la PGR por los mismos motivos.

Sí Peña Nieto se fusiló su tesis, que podemos esperar de sus achichincles

Resulta que Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, titular de Liconsa México se tituló de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, sin embargo, nadie recuerda que haya asistido a la escuela. Por otro lado, el instituto no tiene modalidad a distancia o vía internet.

La ceremonia en la que el funcionario se tituló se llevó a cabo el sábado 3 de diciembre de 2016, sin embargo, él no asistió a la ceremonia.

El periodista Fernando Tavares hace notar que este título fue expedido en circunstancias misteriosas.

Los 80 alumnos que asistieron a su graduación no recuerdan haber tomado clases con el funcionario federal. Como es una persona pública, sin duda lo habrían recordado.

Tampoco los académicos refieren haber sido maestros del director de Liconsa. No hay fotografías o evidencias de sus actividades relacionadas con la escuela.

Tampoco hay notas académicas ni nada. Ni siquiera en la cuenta de Twitter del funcionario, la cual usa mucho, hay algún registro.

Argumento Político
Ciudad de México
Sábado 11 de marzo de 2017.

El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), Antonio Lozano, fue trasladado al Reclusorio Sur donde más tarde rendirá su declaración preparatoria en la rejilla de prácticas.

Lozano fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) la madrugada de este lunes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de que el juez séptimo de distrito de procesos penales dictó una orden de aprehensión por el probable delito de peculado.

En 2015, el director de la Conade, Alfredo Castillo, inició un procedimiento penal en contra de Lozano a quien acusó de malversar 4.8 millones de pesos que no se gastaron para los objetivos autorizados.

Lozano es el primer presidente de una federación deportiva que es detenido, de al menos cuatro que Castillo anunció que fueron denunciadas ante la PGR.

De acuerdo con un comunicado emitido por la PGR esta mañana, la detención se efectuó en coordinación con elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), derivada de una denuncia formulada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), por lo que agentes federales aprehendieron a Lozano Pineda al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente de Mexicali, Baja California.

El detenido fue trasladado a la Subsede de la Zona Centro (Camarones) para la certificación médica y posteriormente quedará interno en el penal mencionado, a disposición del juez que lo requiere.

Proceso publicó en noviembre de 2012 un par de reportajes en el que dio cuenta de cómo a través de una triangulación, Antonio Lozano, Alejandro Cárdenas (entonces subdirector de Calidad para el Deporte de Conade) y el compadre de éste, Jorge Tienda, adquirieron suplementos alimenticios, bebidas hidratantes y equipamiento deportivo.

Los productos fueron comprobados con facturas falsas que presentó Lozano ante Conade y Cárdenas aprobó. El entonces director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, Juan Manuel Herrera, fue el responsable de recibir los productos y supuestamente entregarlos a los atletas, algo que no pudo comprobarse.

El 17 de noviembre de 2012, en la versión impresa, Proceso publicó que el 2 de marzo de ese año el Fideicomiso Fondo Nacional de Alto Rendimiento (Fonade) aprobó un presupuesto de 2 millones 331 mil 600 pesos para que la FMAA comprara 3 mil 900 botes de suplementos alimenticios: 2 mil 400 unidades de la bebida hidratante Endura lima-limón naranja de 1.5 libras y mil 500 unidades de Perfect Protein de 920 gramos, a razón de 435 pesos (1 millón 44 mil pesos totales) y 848 (1 millón 287 mil pesos totales) por unidad, respectivamente.

Estos productos fueron solicitados para que en un periodo de 122 días –de marzo a junio– lo consumieran 16 atletas: Juan Luis Barrios, Yanelli Caballero, Diego del Real, Edwin González, Giovanni Lanaro, Gabriela Medina, Horacio Nava, José Leyver Ojeda, Alejandra Ortega, Ever Palma, Madaí Pérez, Romary Rifka, Juan Carlos Romero, Marisol Romero, Eder Sánchez y Jesús Vega.

De acuerdo con la factura de comprobación presentada ante la Conade, los productos fueron adquiridos en la empresa Comercializadora Hecgue de México S.A. de C.V., que en realidad, al menos en aquel año, vendía materiales para oficinas.

En el documento aparecen dos domicilios: Insurgentes Sur 800 piso 8, colonia Del Valle, en la Ciudad de México, con teléfono 3300-5631 y José San Martín 5049, colonia San Martín, Monterrey, Nuevo León, teléfono 01811648-1417.

El número telefónico de la oficina de la Ciudad de México corresponde, de acuerdo con la información recabada en el 2012, a la empresa Centros Corporativos Regus S.A. de C.V., mientras que el de Monterrey era de un celular que siempre estaba apagado y mandaba de inmediato al buzón de voz.

El corresponsal de Apro en dicha ciudad, Luciano Campos, también acudió a la dirección de esa empresa ubicada en Monterrey, pero en lugar de Comercializadora Hecgue en el local encontró la hierbería La Divina Providencia, negocio en donde se expenden lociones, jabones y sustancias para la buena suerte y vibras positivas. Su propietario, Francisco Hernández Flores, dijo en ese momento al reportero, que el negocio opera en ese lugar desde el 8 de mayo de 2006 y aclaró que no conoce ni sabe nada de la empresa arriba citada.

La factura número 821 entregada por Lozano en el área de comprobaciones de la Subdirección de Calidad para el Deporte de la Conade está fechada el 7 de febrero de 2012; es decir, un mes antes de que quienes administran el fideicomiso Fonade autorizaran los recursos, éstos ya habían sido comprobados.

En entrevista con esta agencia, realizada aquel año, Alejandro Cárdenas comentó que le parecía “muy raro” que las facturas sean falsas, pues Irene Hernández (la empleada responsable de revisar las facturas) es muy exigente con la documentación que presentan las federaciones deportivas para comprobar los gastos.

“Tengo un área de comprobaciones que se encarga de verificar que exista físicamente lo que se adquiere y revisan las facturas. Cada que una federación compra algo hay fotografías del material y la federación debe avisar dónde está ese equipo. También se verifica que la factura sea legal. Yo no lo hago, pero tengo gente especializada”, comentó el funcionario (Proceso 1881).

Una semana después, este semanario descubrió que, además, los productos comprados fueron contrabandeados pues no se adquirieron en la única tienda que cuenta con la licencia de distribución en México y tenían etiquetas en inglés, lo cual viola la normatividad mexicana.

La Conade compró vía la FMAA suplementos alimenticios de la marca estadunidense Metagenics a la empresa Best Performance All Sports (BP Sports), propiedad del exatleta Jorge Tienda Martínez, el compadre de Cárdenas.

Al no contar con permisos de importación ni ser el distribuidor exclusivo de esa firma en México, Tienda introdujo de contrabando esos productos que se adquirieron con dinero del Fideicomiso Fodepar.

La operación se realizó mediante la FMAA con la factura apócrifa de la empresa Comercializadora Hecgue de México, S. A. de C. V.

Tanto Lozano como el subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Alejandro Cárdenas, aseguraron en aquel momento que la factura no era falsa y que esa empresa les vendió la bebida hidratante en polvo, así como los productos Perfect Protein.

No obstante, Proceso publicó la guía de carga aérea nacional número AQ01 1916423, de Aeroméxico, que demuestra que los productos fueron enviados por BP Sports desde Monterrey a la Conade el 12 de marzo de 2012.

En el documento se consigna que el encargado de enviar los productos fue Estuardo Tienda Gálvez, a nombre de la empresa BP Sports ubicada en 15A Ave. No. 4864 Col. Cumbres, primera sección, código postal 64100, en Monterrey, Nuevo León, teléfono 8801-1556.

El embarque iba dirigido a Antonio Lozano, con domicilio en Av. Río Churubusco puerta 9 oficina 301 código postal 08010 y RFC FMD101119R16, que corresponde a la FMAA.

En esa dirección de Monterrey vive Jorge Tienda con su esposa Magdalena Flores García.

La guía también indica que se enviaron 19 cajas con un peso de 260 kilogramos; es decir, ni siquiera fueron los 3 mil 900 botes de suplementos alimenticios adquiridos con recursos del erario.

Esta reportera solicitó en aquella ocasión a Alejandro Cárdenas que le mostrara un comprobante de que los suplementos alimenticios fueron entregados a los 16 atletas para los cuales el Fideicomiso Fodepar autorizó erogar 2.3 millones de pesos.

El funcionario de Conade designado por Cárdenas para demostrar que los suplementos se entregaron a los deportistas fue el doctor Juan Manuel Herrera, quien mostró a la reportera fotografías de los productos, dentro y fuera de sus cajas. También exhibió un listado con nombres de atletas de múltiples disciplinas, y las firmas de que recibieron los botes.

Sin embargo, según esos documentos, no llegaron a la Conade los 3 mil 900 botes de suplementos. Según los registros había 880 botes de Endura, 170 de Perfect Protein y 200 cajas con 12 barras de Protein Fusion cada una. En la solicitud de los recursos federales, así como en la factura falsa no aparecen consignadas esas barras.

De acuerdo con el doctor Herrera entrevistado entonces por Proceso, la indicación que recibió fue que los suplementos debían entregarse a los atletas como parte de su preparación para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Según él, nadie le especificó que eran sólo para quienes practican atletismo.

Proceso
Beatriz Pereyra
Ciudad de México
Lunes19 de diciembre de 2016.


la ASF detectó un faltante de 100 millones 675.9 mil pesos, recursos no ejercidos y transferidos a varias cuentas bancarias sin especificar su destino por lo que fue denunciado ante la PGR

Además de las averiguaciones previas por lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene pendiente procesar una denuncia penal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra el Gobierno de Guillermo Padrés en 2014 por el desvío de más de 86.7 millones de pesos.

De acuerdo con registros de la ASF consultados por REFORMA, la Administración del panista desvió recursos federales del Fondo de Aportaciones Múltiples programados para obras de infraestructura educativa básica y superior en el ejercicio fiscal 2012.

El expediente señala que del presupuesto original de 365 millones 947.7 mil pesos asignado a Sonora se subejercieron solamente 265 millones 271.8 mil pesos, esto es, el 72.4 por ciento del total.

La Auditoría detectó que de los 100 millones 675.9 mil pesos no ejercidos, la Secretaría de Hacienda estatal transfirió 86 millones 767.8 mil pesos a otras cuentas bancarias y no acreditó su destino ni su aplicación para los objetivos del fondo.

Por estos desvíos la dependencia federal presentó una denuncia de hechos ante la PGR el 26 de agosto de 2014.

De la revisión de la cuenta pública 2012, la ASF detectó además irregularidades en el ejercicio de 5 millones 548 mil 629.9 pesos, los cuales no fueron contemplados en la demanda penal.

En el desglose, la dependencia precisó que 5 millones 379 mil 334.4 pesos de las aportaciones federales fueron utilizados indebidamente para el pago de viáticos, honorarios y servicios de telefonía fija y celular para los funcionarios del Gobierno sonorense.

Además, se presume un daño al erario por 26 mil 432 pesos por la ejecución de trabajos de mala calidad en obras a cargo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

La ASF también estimó un daño por 142 mil 863.5 pesos debido a que la Secretaría de Hacienda local no transfirió al DIF rendimientos financieros generados por el concepto de asistencia social contemplado en el fondo federal.

El Auditor Juan Manuel Portal afirmó el jueves que el Gobierno de Padrés no ha solventado una sola de las irregularidades detectadas.

"Ha tenido todo el tiempo para hacerlo, no se ha logrado terminar esto. Tiempo tiene. Estamos hablando de cuentas públicas de 2014 para atrás. Los plazos han vencido en muchísimos casos y lo que está pendiente (de comprobar) sigue ahí", advirtió.

El funcionario reveló que la dependencia está preparando más denuncias penales por malos manejos de fondos públicos en el Gobierno del panista.

Reforma
Zedryk Raziel
Ciudad de México
Domingo 13 de noviembre de 2016.


Iniciativas de Moreno Valle impuestas al Congreso local, invaden la facultad exclusiva del Congreso de la Unión

Desde que asumió la abogada de la nación la titularidad de la PGR, promovió 50 acciones de inconstitucionalidad para combatir artículos de diversas leyes que invaden la facultad exclusiva del Congreso de la Unión en materias de derecho penal, procesal penal, extinción de dominio, responsabilidades y sanciones administrativas.

La procuradora general de la República, Arely Gómez González, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra una Ley penal del estado de Puebla, que va contra la homologación de la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y entorpece el Código Penal Único, al haber reformado el artículo 85 Bis, párrafo del Código Penal de esa entidad.

El Agente del Ministerio Público informó, que de marzo de 2015 en que asumió la abogada de la nación la titularidad de la PGR, promovió 50 acciones de inconstitucionalidad para combatir artículos de diversas leyes que invaden la facultad exclusiva del Congreso de la Unión en materias de derecho penal, procesal penal, extinción de dominio, responsabilidades y sanciones administrativas.

El incidente promovido por la Procuraduría General de la República (PGR), se centra en combatir el artículo 85 Bis que indica: “...suspensión... La duración de la suspensión será señalada en la sentencia y comenzará conforme la fracción II del Artículo 64 de este Código...’’, lo cual resulta violatorio de los principios de exacta aplicación de la ley penal, de proporcionalidad, de certeza jurídica y de división de poderes.

Se trata de una demanda por la cual, se solicitó al máximo Tribunal de Justicia del país la revisión de ese ordenamiento, siendo un proceso que se circunscribe a la decisión que tomó la PGR en esta administración a fin de contar con un marco jurídico coherente y eficaz que permita el castigo de todos aquellos que lastiman a la sociedad mexicana, lo que no debe quedar impune.

“LA PGR ha promovido 50 acciones de inconstitucionalidad a efecto de combatir artículos de diversas leyes que invaden la facultad exclusiva del Congreso de la Unión, acciones que implica un incrementó de 300% de actos promovidos en relación a lo efectuado en los años 2013 al 2014’’ con finalidad de que se implemente de manera correcta el Nuevo Sistema de Justicia Penal, logrando depurar el orden jurídico nacional.

El Economista
Rubén Torres
Ciudad de México
Domingo 23 de octubre de 2016.


En la orden de aprehensión contra el ex Gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, sale salpicado su abogado y ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Antonio Lozano Gracia, quien recibió recursos por más de 4 millones de pesos.

Desde hace 10 días, el ex Mandatario es prófugo de la justicia, luego de que un juez federal ordenó su captura por defraudación fiscal y lavado de 8.8 millones de dólares, presuntamente provenientes de sobornos por los contratos que otorgó a un amigo personal para fabricar uniformes escolares.

En la acusación, la PGR asegura que para perder el origen del dinero, Padrés uso los 8.8 millones de dolares en mayo de 2015 para comprar 134 millones de pesos y "dispersó" esos recursos entre 43 personas y empresas, entre ellos al despacho "Antonio Lozano Gracia y Asociados".

"Las acciones de ocultamiento no concluyeron con la transferencia de recursos de un banco en EU a otro banco pero ahora radicado en México", señala la acusación.

Según la PGR, a través de la Minera SWF -propiedad de Padrés- se transfirieron más de 134 millones de pesos en junio de 2015, tres meses antes de terminar su gestión como Gobernador.

Se reportó que, entre el 23 de junio de 2015 y el 10 de julio de 2015, se realizaron depósitos por 4 millones 640 mil pesos en favor de la sociedad "Antonio Lozano Gracia y Asociados, S.C".

Los montos más importantes de las transferencias fueron para las empresas Toro Drilling; Minerales y Explotación; y El Pozo Nuevo de Padrés.

"Todas estas actividades de dispersión de recursos constituyen las acciones ejecutadas por Guillermo Padrés Elías de ocultamiento del origen, destino y propiedad de los recursos involucrados, evidentemente con conocimiento de que procedían y representaban el producto de actividades ilícitas", señaló la PGR en su acusación.

El gasto en abogados no le servirá a Padrés para evitar la cárcel si es detenido, pese a los muchos amparos promovidos a su nombre, porque el lavado es delito grave. Hora de publicación.

Reforma
Ciudad de México
Martes 4 de octubre de 2016.

Un juez federal de Quintana Roo negó un amparo que interpuso Jean Succar Kuri, y ratificó los 112 años de prisión a los que fue condenado el empresario de origen libanés.

Acusado por corrupción de menores y pornografía infantil, Succar Kuri también deberá pagar multas por 527 mil 874 pesos, de acuerdo con un documento enviado a sus víctimas.

“No obstante lo anterior, tratándose de la sanción corporal, deberá tomarse en cuenta lo que estatuye el artículo 25 del Código Penal Federal. En esta inteligencia, la pena efectivamente a compurgar por Jean Touma Hanna Succar Kuri no podrá rebasar de los setenta años de prisión”, dice el documento firmado por la magistrada del Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito.

En declaraciones a Aristegui Noticias, Edith Encalada, una de las víctimas del pederasta, señaló que con la negación del amparo solicitado en 2014 al empresario, también conocido como El Johnny, sus recursos jurídicos quedaron agotados y deberá pasar sus días en prisión.

Succar es plenamente responsable de los delitos de pornografía infantil agravado por cometerse contra una persona de 16 años y otra de 12 años, y de corrupción de menores en perjuicio de siete jóvenes, según la sentencia.

El documento con el que fue notificada Encalada afirma que el acusado deberá pagar los tratamientos de rehabilitación física y psicológica de las víctimas. No obstante, el empresario se declaró insolvente y no pagará ningún tipo de indemnización, por lo que podría hacerlo con 14 mil jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad.

“Desgraciadamente, la Procuraduría General de la República (PGR) no nos protegió como víctimas, nunca le incautó bienes, eso debió haber hecho como autoridad y él vendió todas sus propiedades”, aseguró Encalada, a quien Succar debió pagarle 65 mil pesos de indemnización.

Proceso
Ciudad de México
Jueves 11 de agosto de 2016.


El dirigente del PRI, Jorge Estefan Chidiac, y la candidata del PRD a la gubernatura, Roxana Luna Porquillo, anunciaron por separado que presentarán denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del gobernador Rafael Moreno Valle por el delito de espionaje.

Luego de que el periódico Reforma informara que a través de una denuncia anónima quedó evidenciada la existencia de una red de espionaje telefónico en esta entidad, el dirigente priista dijo que la denuncia estará dirigida además en contra del exdelegado del Cisen en Puebla, Joaquín Arenal Romero, y del diputado federal Eukid Castañón.

De acuerdo con Reforma, de manera anónima les hicieron llegar 271 grabaciones de conversaciones que eran obtenidas a través de intervenciones de las líneas telefónicas de actores políticos de esta entidad.

Este centro de espionaje, según la información, opera en una casa ubicada en calle Río Yaqui 5515, de la colonia Jardines de San Manuel, de esta capital.

Chidiac dijo que ya antes de que esta información se diera a conocer tenían la certeza de que el gobierno panista tiene intervenidas las líneas telefónicas de la mayoría de los actores políticos de esta entidad.

De hecho, mencionó que sólo de esa forma se puede explicar la serie de decomisos de propaganda priista que realizaron recientemente las policías estatal y municipal.

“Nos decomisaron los camiones con propaganda de la campaña porque saben dónde van a llegar y otros detalles porque nos tienen intervenidos, está muy claro”, acusó.

Igual, señaló que de esa misma forma el gobierno panista de Rafael Moreno Valle ha desactivado otras negociaciones políticas que ha intentado llevar a cabo el PRI con presidentes municipales y operadores políticos. “Han oído las conversaciones que tenemos con ellos cuando nos dan su apoyo y por eso luego los amenazan”, refirió.

También indicó que al menos siete liderazgos de su partido han confirmado que fueron víctimas de espionaje, como es el caso de la candidata a la gubernatura, Blanca Alcalá Ruiz, quien apenas hace unos días presentó una denuncia precisamente por sospechar que tiene intervenidas sus líneas telefónicas y correo electrónico.

Chidiac agregó que además de la denuncia que presentarán ante la PGR contra el mandatario, interpondrán una queja en el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que este tipo de acciones ponen de manifiesto “una vez más” que en Puebla se vive una “elección de Estado”.

“Ya hay pruebas contundentes, hay elementos muy claros de que hay un crimen organizado espiando a los políticos y adversarios de Rafael Moreno Valle… se ve toda la operación de Estado”, denunció.

Luego señaló que una vez que la PGR cuente con las pruebas en contra del mandatario estatal y Castañón Herrera, se solicitará un proceso de desafuero, que en el caso de Moreno Valle ya sólo le quedan seis meses con esa protección, pues en febrero próximo acabará su sexenio.

El dirigente priista aseguró que Manlio Fabio Beltrones, presidente del PRI, ha determinado que el caso Puebla forma parte de la agenda del partido que hasta que se resuelva. “El PRI no va a dejar de insistir”, subrayó.

A su vez, Roxana Luna, candidata del PRD a la gubernatura, anunció que también presentará una denuncia ante la PGR por el presunto espionaje del gobierno del estado en su contra, ya que entre las grabaciones se encuentran conversaciones suyas.

Agregó que una vez que la dependencia federal admita su queja, acudirá a la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero del mandatario poblano.

La perredista precisó que además de la denuncia también demandará al gobernador y al diputado Eukid Castañón para que se sometan a la prueba de polígrafo, y así se conozca la verdad y se corrobore si son ellos los que operan ese centro de espionaje en Puebla.

Roxana Luna recordó que no es la primera vez que ha sido interceptada telefónicamente, ya que el primer caso fue cuando ella intervino en favor del caso Chalchihuapan y se ventiló una conversación que tuvo con el senador perredista Luis Sánchez.

La perredista dijo que es inaceptable que Moreno Valle aplique recursos públicos para espiar llamadas telefónicas en lugar de invertirlo en apoyos a los poblanos.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 19 de mayo de 2016.

Ingresan al Altiplano a Manuel Rodolfo Trillo Hernández; presuntamente financió fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra un presunto operador financiero de un grupo delictivo y que se presume financió la evasión de Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera.

La dependencia detalló que el 19 de agosto policías federales en San Pedro Cholula, Puebla, aprehendieron a Manuel Rodolfo Trillo Hernández cuando estaba en posesión de un arma de fuego; tres días después fue puesto bajo la medida cautelar de arraigo.

En un comunicado indicó que el inculpado fue acusado de que entre 2012 y 2015, con los recursos obtenidos por la organización criminal derivados de la comisión de delitos contra salud, adquirió bienes muebles utilizando identidades falsas y empresas “pantalla”.

La orden de aprehensión contra Trillo Hernández fue dictada por el juez 9 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, por su probable comisión en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras esa resolución, el sujeto investigado quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1 Altiplano, que se ubica en el estado de México.

Notimex
Ciudad de México
Lunes 9 de noviembre de 2015.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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