Propone Segob prisión cautelar en ordeña

Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) llegaron a la comunidad de Palmarito Tochapan para realizar las primeras investigaciones por el video que exhibe la ejecución de un civil a manos de un integrante del Ejército.

Los funcionarios, identificados como peritos de diferentes áreas de especialidad de la dependencia, portan batas blancas y revisan la zona con minuciosidad, en la Avenida Nacional y la esquina con la Calle 10 Sur.

Personal de la PGR colocó un cerco para facilitar el trabajo de análisis de la escena del enfrentamiento, particularmente el punto que aparece en las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia.

Debido a la presencia de representantes de medios de comunicación, establecieron un perímetro amplio para emprender las labores de la indagatoria.

La llegada de la PGR ocurre ocho días después de los hechos que dejaron un saldo de 10 personas muertas, cuatro militares y seis civiles, además de 14 detenidos, todos pertenecientes a la comunidad de Palmarito.

Un grupo de pobladores acudió a la zona para exigir justicia por sus muertos y para las personas que, según ellos, resultaron lesionadas.

Propone Segob prisión cautelar en ordeña

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, propuso la aplicación de prisión preventiva oficiosa para los llamados huachicoleros.

"Lo haremos con las entidades federativas para consolidar sus sistemas locales, para que no existan lagunas jurídicas y atender la miscelánea penal.

"Como por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa para delitos de consecuencias graves, como lo son el robo de hidrocarburos o la portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército", dijo durante la inauguración del Primer Congreso Nacional de Operadores del Sistema de Justicia Penal.

Anunció que impulsará ante el Poder Legislativo la prisión oficiosa para éste y otros delitos.

"Se trata de seguir perfeccionando la operación del nuevo modelo (de justicia penal), y para lograrlo, desde el Gobierno de la República seguiremos impulsando el trabajo coordinado.

Reforma
Antonio Baranda
Puebla, México
Jueves 11 de mayo de 2017.


Capturan a presunto delincuente acusado de trata de personas en México y Estados Unidos.


Este día fue detenido por elementos de la PGR, Juan Romero Granados, identificado como ‘El Güero’, integrante de la banda criminal conocida como ‘Los Granados’, dedicada a la explotación sexual de mujeres en México y Estados Unidos.

Romero Granados fue aprehendido en Tlaxcala y cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición, expedida por la Corte Federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York.

‘El Güero’ era buscado por asociación delictuosa, tráfico de personas con fines de explotación sexual y fraude.

Los integrantes del cártel de Los Granados utilizan el enamoramiento, falsas promesas, violencia física y sexual, además de amenazas para obligar a las víctimas a prostituirse y entregar las ganancias.

Este grupo criminal es acusado de esclavizar a sus víctimas, algunas de ellas menores de edad, quienes son separadas de sus familias mediante engaños o el uso de la fuerza. Después de que una mujer trabajaba por algún tiempo en México, Los Granado gestionaban su traslado a Estados Unidos.

Según testimonios de víctimas de este grupo delictivo, eran internadas en los campos de cosecha en diferentes regiones de Estados Unidos, donde eran prostituidas entre los jornaleros dentro de la misma zona de cultivo; las mujeres llegaban a ser abusadas sexualmente hasta por 60 personas cada una.

Tlaxcala sigue a la vanguardia en el delito de trata de personas

Las autoridades mexicanas capturaron con fines de extradición a Estados Unidos a Juan Romero, presunto miembro de una organización trasnacional de trata de personas, informó hoy la Procuraduría General de la República (PGR).

Romero, originario de Tenancingo, central estado de Tlaxcala, tiene una petición de extradición por los delitos de asociación delictuosa, tráfico de personas con fines de explotación sexual, fraude o coerción y transporte de una persona menor de edad.

La PGR destacó en un comunicado que una corte federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York vincula a Romero, de 31 años, con una organización criminal de trata de personas con presencia en México y Estados Unidos.

Las autoridades consideran que Romero estaba involucrado en estas actividades desde 2002, tanto en Tlaxcala como en Estados Unidos, por lo que era buscado en los dos países.

La PGR precisó que la captura de Romero se cumplió con apego estricto al debido proceso y en todo momento le fueron respetados sus derechos humanos.

El acusado fue llevado a Ciudad de México para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales.

EFE / Milenio
Ciudad de México
Viernes 5 de mayo de 2017.


•    En el informe “Transparencia y Rendición de Cuentas” se señala que  Rafael Moreno Valle no solventó las observaciones hechas correspondientes a partidas y fondos para el estado, municipios y universidades.


•     Puebla tuvo observaciones por 4 mil 434 millones de pesos, de los que solo aclaró 1 mil 158.7 millones de pesos. Además, existe una denuncia ante la PGR por el supuesto desvío de 646.4 millones de pesos para el estado.


El ex Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, no ha solventado 1 mil 275 millones de pesos correspondiente al periodo 2011 y 2015. Además, ante la Procuraduría General de la República (PGR) existe una denuncia por 646.4 millones de pesos de participaciones federales.

De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, en el apartado de “Transparencia y Rendición de Cuentas”, la administración morenovallista no solventó las observaciones hechas correspondientes a partidas y fondos para el estado, municipios y universidades.

La administración estatal presidida por Moreno Valle no logró solventar 1 mil 275.5 millones de pesos. Y es que Puebla tuvo observaciones por 4 mil 434 millones de pesos, de los que solo aclaró 1 mil 158.7 millones de pesos.

Además, existe una denuncia ante la PGR por el supuesto desvío de 646.4 millones de pesos para el estado.

Sin embargo, fuentes al interior de la Auditoria Superior del Estado (ASE) revelaron a Central que Moreno Valle aún está en tiempo de poder presentar las pruebas para evitar una denuncia en su contra así como alguna sanción.

El pasado 16 de febrero este periódico digital publicó que la ASF detectó irregularidades en la cuenta pública 2015 de Moreno Valle por 6 mil 652 millones de pesos, dichas obras son: el Museo Internacional Barroco (MIB), el estadio Cuauhtémoc, el segundo piso de la autopista México-Puebla y el Proyecto Arqueológico de Cholula.

Además de un daño patrimonial de 87 millones 384 mil pesos en la construcción de la segunda línea de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y del Hospital para el Niño Poblano.

La deuda que dejó el ex Gobernador Rafael Moreno Valle al final de su sexenio creció 174 por ciento con respecto al último año del priista Mario Marín Torres, al pasar de 8 mil 400 millones de pesos a 23 mil 97 millones, de acuerdo a los reportes emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) publicados en la página de Transparencia.

Periódico Central revisó los informes trimestrales del comportamiento de la deuda poblana de 2010 a 2016. A partir de 2014 comenzaron a publicarse los niveles de deuda exponenciales. En ese año se contabilizaron 24 mil 378 millones de pesos.

El tema de la deuda pública del estado ha desatado polémica en la entidad. Diferentes organizaciones denunciaron pasivos multimillonarios, y el gobierno estatal aceptó en publicaciones oficiales que el monto es de 23 mil 97 millones de pesos, saldo con corte al 31 de diciembre de 2016.

Sin embargo
Periódico Central
Ciudad de México /Puebla
Domingo 23 de abril de 2017.


La PGR reveló la detención de Juan "N", a quien se le identifica como uno de los principales líderes delictivos en Oaxaca


La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer la detención de Terán Regalado, a quien se le identifica como uno de los principales líderes de la organización con operación, en Juchitán de Zaragoza.

De acuerdo con las investigaciones "El Loco" tendría entre sus principales actividades el robo, extorsión, secuestro y ejecución de empresarios, autoridades municipales y comerciantes en el Istmo de Tehuantepec.

"Como resultado de las labores de investigación de gabinete y campo, elementos de la AIC, lograron la detención de esta persona en el estado de Puebla sin efectuar un sólo disparo", informó la dependencia.

Indicó que cuenta con una orden de aprehensión vigente, por el delito de robo calificado, emitida por la autoridad judicial del estado de Oaxaca.

"La captura de esta persona se realizó en estricto apego al debido proceso y en todo momento le fueron respetados sus derechos. Para deslindar responsabilidades, el detenido fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público de la Federación en la Delegación Estatal de la
Procuraduría General de la República correspondiente", agregó.

El Universal
Dennis A. García
Ciudad de Puebla
Domingo 23 de abril de 2017.


La constructora brasileña pagó sobornos a funcionarios de alto nivel

México está involucrado al presumirse que se realizaron pagos cercanos a 10.5 millones de dólares en contratos de obras públicas


La Procuraduría General de la República de Brasil abrirá a la Procuraduría General de la República (PGR) sus archivos de la investigación sobre el caso Odebrecht, considerado uno de los actos de corrupción más grandes a nivel internacional y que presuntamente involucra a funcionarios de Petróleos Mexicanos.

Natalia Briseño, vocera de la PGR, explicó que la legislación brasileña permitirá hasta esta fecha que autoridades mexicanas conozcan los detalles de la investigación que llevó a cabo sobre el caso donde, de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, la constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos a funcionarios de alto nivel para obtener contratos en diferentes países.

Entre los países involucrados en el caso está México, donde se presume que se realizaron pagos cercanos a 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014, con el fin de asegurar contratos de obras públicas.

"Cuando se habla de la fecha de apertura donde termina ese periodo de gracia, por así decirle, o que le da la autoridad brasileña para que vayan a reparar daños en los países termina el 3 de junio.

Eso no significa que vayan a abrir los nombres al público de los involucrados en el caso, eso significa que abren a la Procuraduría General de la República, en este caso, que nos van a entregar todos los datos y por el momento lo que se tiene está testado. Será hasta entonces cuando la legislación brasileña nos permita a nosotros (PGR) tener todo ya abierto", explicó Briseño.

Gilberto Higuera Bernal, titular de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, explicó que la investigación que está llevando a cabo la institución no puede ser revelada por respeto al debido proceso y en cumplimiento con el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 218, que señala que "todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados".

Esto, en referencia a una solicitud de información pública presentada por un particular que pedía conocer los detalles sobre la investigación, como reportes, actas, oficios, resoluciones, correspondencia, acuerdos, directrices, circulares, convenios o cualquier otra comunicación emitida y recibida por la PGR relacionada con la empresa Odebrecht, y su subsidiaria Braskem.

Higuera Bernal defendió la respuesta que dio la PGR que señala que toda la información se encuentra clasificada como reservada y podría permanecer con tal carácter hasta por cinco años.

"La respuesta está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales y está prevista en la Ley de Transparencia", aclaró.

La PGR explica que la investigación sobre el caso, como todas las que están bajo su competencia, no serán reveladas al público para evitar que se vulneren los derechos de los involucrados, pero sobre todo que se transgreda el debido proceso y se ponga en riesgo el esclarecimiento de los hechos.

"Estamos hablando de un mandato de ley que dice que la autoridad o ministerio público jamás podrá revelar información de una investigación que es por cierto, esa disposición de un absoluto interés público, y que impacta en el derecho de las personas.

El interés de la institución es lograr el esclarecimiento de los hechos y debe garantizar que con esa reserva se logrará el esclarecimiento de los hechos. Ese es el interés superior de esta institución", enfatizó el subprocurador.

El documento que emitió el Departamento de Estado de EU no mencionó nombres de empresas ni de funcionarios a los que se les pagaron los sobornos, pero si usó expresiones como la de “un alto funcionario de una empresa paraestatal mexicana, controlada por el Estado”.

Pemex presentó el 25 de enero pasado una denuncia de hechos ante la PGR contra quien resulte responsable por los posibles actos delictivos en su contra.

En febrero pasado procuradores y fiscales de 11 países, incluido México, firmaron un convenio de colaboración denominado Declaración sobre la Cooperación Jurídica Contra la Corrupción para determinar acciones referentes a los presuntos actos de corrupción realizados por directivos de la empresa Odebrecht y Braskem.

En días pasados Pemex dio a conocer que en total la paraestatal firmó seis contratos y un convenio modificatorio con Odebrecht, que suman un monto de 2 mil 429 millones de pesos, más 2 mil 584.7 millones de dólares.

El Universal
Ciudad de México
Jueves 6 de abril de 2017.


El periodista Gerardo Ruiz Herrera interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto espionaje e intimidación del que fue objeto por la Secretaría de Seguridad del estado.

El expediente quedó registrado bajo la clave FED/SDHPDSC/UNAI-PUE/0000247/2017 y se refiere a la información divulgada esta semana en la que se detallaron sus datos personales, así como de sus familiares.

Con logotipos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y del Gobierno del Estado, el documento fue enviado a Ruiz Herrera de manera anónima, presuntamente como una forma de advertirle que está bajo vigilancia, luego de que publicó información sobre la corrupción de un alto mando policíaco.

Ruiz Herrera, colaborador del medio digital Los Fuertes, dijo que está en espera del ordenamiento de medidas cautelares para evitar cualquier riesgo para él o su familia.

El mensaje difundido el martes pasado fue enviado por un supuesto trabajador de la SSP, presuntamente para tratar de alertar al periodista de que la Dirección de Inteligencia de esa dependencia investiga a reporteros y que integró un expediente de su persona, a partir de que publicó información “exclusiva de seguridad”.

Incluso, le advierte que el subsecretario de Inteligencia, Antonio Aguilar Trejo, buscó a personas de Veracruz ligadas al robo de combustibles para que le dieran una “calentada”.

En el expediente se hace referencia a información personal del comunicador como teléfonos, celulares, direcciones, antecedentes y hasta el gimnasio al que asiste, así como datos de su pareja, y de su trabajo.

Gerardo Ruiz Herrera mencionó que entre la información difundida se incluyen fotos de sus familiares que sólo puede tener el gobierno pues corresponden a documentos oficiales, como la licencia de manejo.

Sin embargo, la SSP emitió un comunicado para rechazar que ese expediente haya sido armado por la dependencia.

“La SSP niega tajantemente que realice investigaciones a trabajadores de medios de comunicación y reafirma su compromiso irrestricto con la libertad de expresión”, dijo. Incluso, aclaró que el formato del documento no correspondía con la papelería interna de la dependencia.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 6 de abril de 2017.


El abogado Pablo Díez Gargari, de Infraiber, es la cabeza visible de una serie de denuncias por corrupción contra el consorcio OHL-México


Después de año y medio de investigarlo, la Procuraduría General de la República (PGR) finalmente determinó archivar por falta de elementos la averiguación previa iniciada contra Pablo Díez Gargari, abogado de Infraiber, por el arma de fuego que le sembraron en su vehículo.

La Coordinación General de Investigación (CGI) de la PGR, que depende de la Subprocuraduría de Delitos Federales, dictó el no ejercicio de la acción penal en favor del litigante, en la indagatoria iniciada por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Esta resolución fue dictada en cumplimiento a una sentencia de amparo emitida por la jueza federal María Dolores Núñez Solorio, quien consideró que la demora de la PGR para determinar esta investigación violaba las garantías constitucionales de Díez Gargari.

Lo anterior fue confirmado por Alberto del Río y Jesús Moreno de Leija, defensores de Díez Gargari.

El abogado de Infraiber es la cabeza visible de una serie de denuncias por corrupción contra el consorcio OHL-México, derivadas de la supuesta contabilidad fraudulenta en la concesión para explotar el Circuito Exterior Mexiquense.

El 7 de septiembre de 2015, Díez Gargari fue interceptado en San Jerónimo por elementos de la Policía Federal Ministerial, para cumplimentarle una orden de localización y presentación, es decir, para llevarlo a declarar por la fuerza ante la CGI.

El parte informativo levantado por la corporación estableció que el representante legal de Infraiber llevaba una pistola Llama calibre .38 Súper 7, con su cargador y siete cartuchos.

El caso dio un giro casi de inmediato, al revelarse un video de circuito cerrado en el que se aprecia que un integrante de la PFM se introdujo por la ventana del conductor y colocó el arma en el interior del carro BMW.

La revelación provocó que la Visitaduría General de la PGR acusara y llevara a juicio a los agentes Marco Antonio Carreón García, Luis Nicasio Díaz Elizalde, Juan Carlos Mayorga Pérez y Juan José Castelán Vargas.

También a Ramón Castillón Hernández, Elizabeth Garrido Castro, Alma Rosa Victal Linares, Jaime Pérez García, Óscar Chávez Ornelas y Óscar Gregorio García López.

Pese a la evidencia de que el arma había sido sembrada, la PGR no cerró la indagatoria contra Díez Gargari y lo obligó a presentar una demanda de garantías ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo Penal de esta ciudad.

Fue hasta la sentencia de amparo que la PGR se vio obligada a determinar y cerrar la averiguación previa, admitiendo que no había evidencias para proceder penalmente contra el litigante por la portación de dicha arma.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Miércoles 22 de marzo de 2017.


La PGR acreditó la responsabilidad plena del ex funcionario en el caso donde le imputan la posesión de un yate, un Ferrari y unos terrenos, sin justificar los ingresos para adquirirlos.

Ciudad de México.- Un juez federal condenó a 8 años de prisión a Néstor Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras ser hallado culpable de un presunto enriquecimiento ilícito de 33 millones 13 mil 379 pesos.

Guillermo Urbina Tanús, Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, resolvió que la PGR acreditó la responsabilidad plena del ex funcionario en el caso donde le imputan la posesión de un yate, un Ferrari y unos terrenos, sin justificar los ingresos para adquirirlos.

El impartidor de justicia también impuso la inhabilitación por ocho años y un mes para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos y el pago de 545 días multa, equivalentes a 31 mil 315 pesos, sustituibles por el mismo número de jornadas de trabajo en caso de insolvencia económica.

Urbina también ordenó el decomiso de los bienes cuya procedencia no logró acreditar, así como la suspensión de derechos políticos y civiles, además de una amonestación pública.

El ex funcionario puede apelar la condena y, de confirmarse el castigo, presentar un amparo; sin embargo, por ahora no pisará la cárcel.

Moreno se encuentra en libertad provisional y sólo regresaría tras las rejas si en la última instancia su castigo es superior a los cuatro años de prisión.

Para el juez Urbina quedó plenamente probado que del 2001 al 27 de octubre de 2010, Moreno sólo tuvo una sola fuente de ingresos: su sueldo en la CFE, equivalente a un total de 21 millones 51 mil 887 pesos.

Sin embargo, en el mismo periodo, quedó demostrado que incrementó ilícitamente su patrimonio de forma desproporcionada por un total de 36 millones 13 mil 379 pesos, con bienes de origen distinto a los ingresos de funcionario, sin demostrar su licitud.

Estos últimos son diversos depósitos a cuentas bancarias por 7 millones 694 mil 441 pesos; un terreno en Ensenada, Baja California, con valor de 416 mil 145 pesos; un yate valuado en 22 millones 125 mil 168 pesos, y un Ferrari Spider de 3 millones 258 mil 279 pesos.

El patrimonio que, según el juez, es malhabido, lo completan un Jeep modelo 2009 de 57 mil 400 pesos; un Audi 2003 de 212 mil 732 pesos; una camioneta Lobo 2005 de 359 mil 800 pesos, y un vehículo Nissan, modelo 2003, de 104 mil 400 pesos, así como pagos a una tarjeta de crédito de Estados Unidos por 1 millón 785 mil 12 pesos.

Moreno también fue acusado en otro proceso del delito de cohecho, por haber recibido un depósito bancario de 29 mil 500 dólares del representante de Lindsey Manufacturing Company (LMC), trasnacional y contratista de la CFE.

Sin embargo, en ese expediente fue absuelto porque no se acreditó que ayudara al proveedor desde su posición de funcionario a ganar contratos en las licitaciones de la paraestatal.

En Estados Unidos, desde el 2012 los cargos contra Moreno fueron desechados en una Corte de California, una determinación que quedó firme cuando el Departamento de Justicia se desistió de su apelación.

Reforma
Abel Barajas
Cd. de México
Martes 14 de marzo de 2017.


La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó 21 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) y elabora otras 11 por el delito de usurpación de profesión, contra 32 servidores públicos que entregaron cédulas y títulos profesionales falsos.

Además, la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), presentó dos denuncias penales por la misma causa, y en otros dos casos similares no procedió la presentación de esa herramienta.

Investigaciones realizadas por la dependencia en 2011 descubrieron que 36 servidores públicos presentaron documentación apócrifa al ingresar a las secretarías del Trabajo y de Salud.

También a los institutos Mexicano del Seguro Social y Nacional de Salud Pública, al Hospital Juárez de México y al Centro de Recursos Educativos Avanzados en Chiapas.

De las cédulas y títulos profesionales falsos detectados, 23 corresponden a personal de mandos medio y superior: con pasado de militancia priista, una dirección general, dos direcciones generales adjuntas, ocho direcciones de área, cuatro subdirectores y ocho jefes de departamento; otros ocho documentos falsos corresponden a personal de apoyo.

En un comunicado, la SFP mencionó que encontró a cinco servidores públicos de la Secretaría del Trabajo en la misma situación; sin embargo, al estar adscritos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), la dependencia carece de facultades para sancionarlos, por lo cual dio vista a la JFCA para su trámite.

En lo administrativo, dos servidores públicos fueron inhabilitados por 10 años y destituidos, uno fue inhabilitado por cinco años y destituido, uno fue inhabilitado por tres años, cuatro fueron inhabilitados por dos años y destituidos, cinco fueron inhabilitados por dos años, y tres fueron inhabilitados por un año.

Asimismo, diez recibieron una amonestación pública, en cuatro casos sigue abierto el proceso y en un caso más no ha sido posible notificar la sanción.

Este caso de los 36 servidores públicos se suma al que se dio a conocer en agosto de 2010, cuando la SFP presentó 22 denuncias penales ante la PGR por los mismos motivos.

Sí Peña Nieto se fusiló su tesis, que podemos esperar de sus achichincles

Resulta que Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, titular de Liconsa México se tituló de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, sin embargo, nadie recuerda que haya asistido a la escuela. Por otro lado, el instituto no tiene modalidad a distancia o vía internet.

La ceremonia en la que el funcionario se tituló se llevó a cabo el sábado 3 de diciembre de 2016, sin embargo, él no asistió a la ceremonia.

El periodista Fernando Tavares hace notar que este título fue expedido en circunstancias misteriosas.

Los 80 alumnos que asistieron a su graduación no recuerdan haber tomado clases con el funcionario federal. Como es una persona pública, sin duda lo habrían recordado.

Tampoco los académicos refieren haber sido maestros del director de Liconsa. No hay fotografías o evidencias de sus actividades relacionadas con la escuela.

Tampoco hay notas académicas ni nada. Ni siquiera en la cuenta de Twitter del funcionario, la cual usa mucho, hay algún registro.

Argumento Político
Ciudad de México
Sábado 11 de marzo de 2017.

El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), Antonio Lozano, fue trasladado al Reclusorio Sur donde más tarde rendirá su declaración preparatoria en la rejilla de prácticas.

Lozano fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) la madrugada de este lunes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de que el juez séptimo de distrito de procesos penales dictó una orden de aprehensión por el probable delito de peculado.

En 2015, el director de la Conade, Alfredo Castillo, inició un procedimiento penal en contra de Lozano a quien acusó de malversar 4.8 millones de pesos que no se gastaron para los objetivos autorizados.

Lozano es el primer presidente de una federación deportiva que es detenido, de al menos cuatro que Castillo anunció que fueron denunciadas ante la PGR.

De acuerdo con un comunicado emitido por la PGR esta mañana, la detención se efectuó en coordinación con elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), derivada de una denuncia formulada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), por lo que agentes federales aprehendieron a Lozano Pineda al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente de Mexicali, Baja California.

El detenido fue trasladado a la Subsede de la Zona Centro (Camarones) para la certificación médica y posteriormente quedará interno en el penal mencionado, a disposición del juez que lo requiere.

Proceso publicó en noviembre de 2012 un par de reportajes en el que dio cuenta de cómo a través de una triangulación, Antonio Lozano, Alejandro Cárdenas (entonces subdirector de Calidad para el Deporte de Conade) y el compadre de éste, Jorge Tienda, adquirieron suplementos alimenticios, bebidas hidratantes y equipamiento deportivo.

Los productos fueron comprobados con facturas falsas que presentó Lozano ante Conade y Cárdenas aprobó. El entonces director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, Juan Manuel Herrera, fue el responsable de recibir los productos y supuestamente entregarlos a los atletas, algo que no pudo comprobarse.

El 17 de noviembre de 2012, en la versión impresa, Proceso publicó que el 2 de marzo de ese año el Fideicomiso Fondo Nacional de Alto Rendimiento (Fonade) aprobó un presupuesto de 2 millones 331 mil 600 pesos para que la FMAA comprara 3 mil 900 botes de suplementos alimenticios: 2 mil 400 unidades de la bebida hidratante Endura lima-limón naranja de 1.5 libras y mil 500 unidades de Perfect Protein de 920 gramos, a razón de 435 pesos (1 millón 44 mil pesos totales) y 848 (1 millón 287 mil pesos totales) por unidad, respectivamente.

Estos productos fueron solicitados para que en un periodo de 122 días –de marzo a junio– lo consumieran 16 atletas: Juan Luis Barrios, Yanelli Caballero, Diego del Real, Edwin González, Giovanni Lanaro, Gabriela Medina, Horacio Nava, José Leyver Ojeda, Alejandra Ortega, Ever Palma, Madaí Pérez, Romary Rifka, Juan Carlos Romero, Marisol Romero, Eder Sánchez y Jesús Vega.

De acuerdo con la factura de comprobación presentada ante la Conade, los productos fueron adquiridos en la empresa Comercializadora Hecgue de México S.A. de C.V., que en realidad, al menos en aquel año, vendía materiales para oficinas.

En el documento aparecen dos domicilios: Insurgentes Sur 800 piso 8, colonia Del Valle, en la Ciudad de México, con teléfono 3300-5631 y José San Martín 5049, colonia San Martín, Monterrey, Nuevo León, teléfono 01811648-1417.

El número telefónico de la oficina de la Ciudad de México corresponde, de acuerdo con la información recabada en el 2012, a la empresa Centros Corporativos Regus S.A. de C.V., mientras que el de Monterrey era de un celular que siempre estaba apagado y mandaba de inmediato al buzón de voz.

El corresponsal de Apro en dicha ciudad, Luciano Campos, también acudió a la dirección de esa empresa ubicada en Monterrey, pero en lugar de Comercializadora Hecgue en el local encontró la hierbería La Divina Providencia, negocio en donde se expenden lociones, jabones y sustancias para la buena suerte y vibras positivas. Su propietario, Francisco Hernández Flores, dijo en ese momento al reportero, que el negocio opera en ese lugar desde el 8 de mayo de 2006 y aclaró que no conoce ni sabe nada de la empresa arriba citada.

La factura número 821 entregada por Lozano en el área de comprobaciones de la Subdirección de Calidad para el Deporte de la Conade está fechada el 7 de febrero de 2012; es decir, un mes antes de que quienes administran el fideicomiso Fonade autorizaran los recursos, éstos ya habían sido comprobados.

En entrevista con esta agencia, realizada aquel año, Alejandro Cárdenas comentó que le parecía “muy raro” que las facturas sean falsas, pues Irene Hernández (la empleada responsable de revisar las facturas) es muy exigente con la documentación que presentan las federaciones deportivas para comprobar los gastos.

“Tengo un área de comprobaciones que se encarga de verificar que exista físicamente lo que se adquiere y revisan las facturas. Cada que una federación compra algo hay fotografías del material y la federación debe avisar dónde está ese equipo. También se verifica que la factura sea legal. Yo no lo hago, pero tengo gente especializada”, comentó el funcionario (Proceso 1881).

Una semana después, este semanario descubrió que, además, los productos comprados fueron contrabandeados pues no se adquirieron en la única tienda que cuenta con la licencia de distribución en México y tenían etiquetas en inglés, lo cual viola la normatividad mexicana.

La Conade compró vía la FMAA suplementos alimenticios de la marca estadunidense Metagenics a la empresa Best Performance All Sports (BP Sports), propiedad del exatleta Jorge Tienda Martínez, el compadre de Cárdenas.

Al no contar con permisos de importación ni ser el distribuidor exclusivo de esa firma en México, Tienda introdujo de contrabando esos productos que se adquirieron con dinero del Fideicomiso Fodepar.

La operación se realizó mediante la FMAA con la factura apócrifa de la empresa Comercializadora Hecgue de México, S. A. de C. V.

Tanto Lozano como el subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Alejandro Cárdenas, aseguraron en aquel momento que la factura no era falsa y que esa empresa les vendió la bebida hidratante en polvo, así como los productos Perfect Protein.

No obstante, Proceso publicó la guía de carga aérea nacional número AQ01 1916423, de Aeroméxico, que demuestra que los productos fueron enviados por BP Sports desde Monterrey a la Conade el 12 de marzo de 2012.

En el documento se consigna que el encargado de enviar los productos fue Estuardo Tienda Gálvez, a nombre de la empresa BP Sports ubicada en 15A Ave. No. 4864 Col. Cumbres, primera sección, código postal 64100, en Monterrey, Nuevo León, teléfono 8801-1556.

El embarque iba dirigido a Antonio Lozano, con domicilio en Av. Río Churubusco puerta 9 oficina 301 código postal 08010 y RFC FMD101119R16, que corresponde a la FMAA.

En esa dirección de Monterrey vive Jorge Tienda con su esposa Magdalena Flores García.

La guía también indica que se enviaron 19 cajas con un peso de 260 kilogramos; es decir, ni siquiera fueron los 3 mil 900 botes de suplementos alimenticios adquiridos con recursos del erario.

Esta reportera solicitó en aquella ocasión a Alejandro Cárdenas que le mostrara un comprobante de que los suplementos alimenticios fueron entregados a los 16 atletas para los cuales el Fideicomiso Fodepar autorizó erogar 2.3 millones de pesos.

El funcionario de Conade designado por Cárdenas para demostrar que los suplementos se entregaron a los deportistas fue el doctor Juan Manuel Herrera, quien mostró a la reportera fotografías de los productos, dentro y fuera de sus cajas. También exhibió un listado con nombres de atletas de múltiples disciplinas, y las firmas de que recibieron los botes.

Sin embargo, según esos documentos, no llegaron a la Conade los 3 mil 900 botes de suplementos. Según los registros había 880 botes de Endura, 170 de Perfect Protein y 200 cajas con 12 barras de Protein Fusion cada una. En la solicitud de los recursos federales, así como en la factura falsa no aparecen consignadas esas barras.

De acuerdo con el doctor Herrera entrevistado entonces por Proceso, la indicación que recibió fue que los suplementos debían entregarse a los atletas como parte de su preparación para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Según él, nadie le especificó que eran sólo para quienes practican atletismo.

Proceso
Beatriz Pereyra
Ciudad de México
Lunes19 de diciembre de 2016.

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