•    El ex gobernador del PRI, César Duarte es prófugo de la justicia desde marzo del año pasado cuando formalizó las denuncias el nuevo gobierno en Chihuahua, encabezado por Javier Corral.

•    Existían indicios de que Duarte encabezó una red de funcionarios que habría malversado recursos por 6.000 millones de pesos (319,2 millones de dólares) durante su gestión.


MEXICO, 17 ene (Xinhua) - El gobierno mexicano presentará tres solicitudes de extradición en contra del ex gobernador del norteño estado de Chihuahua, César Duarte, prófugo por cargos de corrupción, informó este miércoles la Procuraduría General de la República (PGR).

     Duarte acumula 10 acusaciones de la fiscalía de Chihuahua por peculado grave y enriquecimiento ilícito y una más por parte de la PGR por presuntamente entregar recursos al oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenecía, para unos comicios.

     El procurador interino mexicano, Alberto Elías Beltrán, dijo en conferencia que esta semana presentarán tres peticiones formales de extradición en su contra, dos de ellas derivadas de acusaciones de la fiscalía de Chihuahua y la tercera correspondiente al caso que la PGR lleva.

    "La Procuraduría General de la República se encuentra en la etapa final del procedimiento para formular las solicitudes formales de extradición correspondientes a dichas causas penales”, señaló.

     Elías Beltrán declinó especificar el país al que pedirán el eventual arresto y entrega del ex político que gobernó el fronterizo estado de Chihuahua de 2010 a octubre de 2016, argumentando que revelar el dato podría facilitar su fuga o afectar el proceso.

     "Tenemos indicios, información, de qué país pudiera estar localizado, que es donde se presentará la solicitud formal de extradición”, abundó en la rueda de prensa en oficinas de la PGR en la Ciudad de México.

     Duarte es prófugo de la justicia de Chihuahua desde marzo del año pasado, cuando la fiscalía local obtuvo la primera de las 10 órdenes de arresto que ha conseguido como producto de sus pesquisas.

     El gobierno actual del estado dijo entonces que existían indicios de que Duarte encabezó una red de funcionarios que habría malversado recursos por 6.000 millones de pesos (319,2 millones de dólares) durante su gestión.

     También advirtió que el ex gobernador habría escapado hacia Estados Unidos a través de la vecina ciudad de El Paso, Texas.

     La fiscalía de Chihuahua ha arrestado y llevado a proceso penal a 15 ex funcionarios y personas supuestamente implicadas en la serie de irregularidades que Duarte supuestamente orquestó, incluido el ex secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

     El anuncio de la PGR en torno a la tramitación del pedido de extradición se llevó a cabo en el marco de insistentes llamados del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para que se agilice la ubicación del ex político en el extranjero y su posterior entrega al país.

Xinhua
Ciudad de México
Miércoles 17 de enero de 2018.


Ciudad de México- De acuerdo a investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) se detectaron una serie de discrepancias e irregularidades entre los ingresos que reportó el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge y los que realmente tuvo durante 2014 y 2015.

Por ejemplo, durante el tercer año de su mandato y al tiempo que conformaba un grupo para poder lavar dinero con propiedades del estado de Quintana Roo, Borge no reportó 689 mil 100 pesos con los que pagó tarjetas de crédito, adquirió bienes inmuebles y realizó diversos viajes personales.

Un año después, se detectó que Borge Angulo no informó sobre 821 mil pesos extra que, según los datos de prueba aportados por la PGR ante el juez Artemio Zúñiga, destinó al pago de tarjetas de crédito, así como al pago de vuelos tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Según el oficio SGP/DSGP/SSAT/SSAJ/CGRSP/1200/IV/2017 quedó formalmente notificada la discrepancia fiscal, la cual fue confirmada gracias a una auditoría realizada en la que detectaron las irregularidades.

Y es que la PGR posee reportes sobre las declaraciones patrimoniales del exmandatario estatal desde el 28 de julio de 2006, mientras se desempeñaba como tesorero del gobierno de Quintana Roo, cargo que dejó para convertirse en oficial mayor.

Precisamente, según los fiscales que documentaron ante el juez Zúñiga el caso de lavado por más de 900 millones de pesos que afectó al erario de Quintana Roo, Roberto Borge comenzó a operar su plan desde la Oficialía Mayor.

Dicha estrategia se consolidó con la creación de una serie de empresas fachada, similares a las que uso el también exgobernador Javier Duarte en Veracruz, a las cuales se les realizaron inspecciones en sus “sedes” y que resultaron en la inexistencia física de las mismas

Respecto a los predios investigados por el Ministerio Público, estos se ubican en localidades como Cozumel, Chetumal, Tulum, Bacalar, Playa del Carmen, Cancún e Isla Mujeres y, según las investigaciones el exgobernador los utilizó para fines delictivos entre abril de 2011 y septiembre de 2016 en el estado de Quintana Roo, "ocultando los bienes procedentes de actividades ilícitas y realizado en conjunto con otras personas y basado en un plan común".

Durante la relación de los agentes del MP, sobre los datos de prueba, salieron a relucir una serie de irregularidades sobre la expedición de licencias para venta de bebidas y que fueron destinadas a tres empresas, así como a Roberto Borge Martí, papá del exmandatario.

Según la PGR los expedientes sobre dichos permisos desaparecieron pues, no se hallaron documentos sobre los mismos que concedieron estímulos fiscales entre 90 y 100 por ciento.

Excélsior
 Ciudad de México
Domingo 07 enero 2018.


•    "Los bancos son los que están en mayor riesgo, pero otros sectores son vulnerables a las actividades de lavado de activos", explicó el capítulo latinoamericano del GAFI

•    El GAFI consideró que el lavado de dinero "no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva".

•    El volumen de información que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)-(SHCP) reporta a la fiscalía es limitado en cantidad, lo que deriva en un número bajo de investigaciones financieras.


MEXICO, 3 ene (Xinhua) -- El Grupo de Acción Financiera (GAFI), que sugiere estándares de protección para el sistema financiero global, recomendó hoy miércoles a México fortalecer diversos frentes en el combate al lavado de dinero, debido a los riesgos que enfrenta en la materia.

     En el Informe de Evaluación Mutua "Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo", el GAFI señaló que México debe priorizar las investigaciones en lavado de dinero, decomiso de bienes ilícitos, supervisión de actividades vulnerables no financieras e identificación de beneficiarios finales de activos y empresas.

     "Los bancos son los que están en mayor riesgo, pero otros sectores son vulnerables a las actividades de lavado de activos", explicó el capítulo latinoamericano del GAFI, que agrupa a 17 países de la región.

     "Los bancos dominan el sector financiero, manejan un gran volumen de operaciones y están bien interconectados con el sistema financiero internacional", agregó.

     En lo que respecta a las posibilidades de financiamiento al terrorismo, el organismo señaló que el riesgo en México es bajo, aunque se han detectado algunos casos.

     Agregó que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) de México no consideraba hasta hace poco la identificación e investigación del lavado de activos como una de sus prioridades.

     El GAFI consideró que el lavado de dinero "no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva".

     En opinión del organismo intergubernamental, el volumen de información que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reporta a la fiscalía es limitado en cantidad, lo que deriva en un número bajo de investigaciones financieras.

     La UIF depende de la gubernamental Secretaría (ministerio) de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

     "El nivel de corrupción que afecta a las cuatro autoridades de orden público, en particular en el ámbito de los estados, socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves", indicó el GAFI en su reporte, resultado de una visita de expertos a México del 28 de febrero al 16 de marzo de 2017.

     Añadió que en México no se decomisa en forma adecuada el efectivo sospechoso y falsamente declarado.

     "Una preocupación grave a lo largo de todos los sectores es que se identifica al beneficiario final solamente en forma limitada", precisó.

     Las instituciones financieras intentan identificar a los beneficiarios finales sólo en circunstancias limitadas, en gran medida por las debilidades del marco jurídico.

     Pese a los retos que todavía enfrenta México, el GAFI consideró que hay mejoras "significativas" en contraste con 2008, cuando se llevó a cabo la última evaluación del país por el organismo intergubernamental, en el que también participa el Fondo Monetario Internacional.

     "Se tiene un régimen de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo maduro, con un correspondiente marco legal institucional bien desarrollado", concluyó.

     El GAFI desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

     Las recomendaciones del organismo son reconocidas como el estándar global.

Xinhua
Ciudad de México
Miércoles 3 enero 2018.


Cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) indican que del 1 de septiembre de 2016 al 1 de septiembre de 2017, sólo ocho personas fueron sujetas a proceso penal por ese ilícito.

Además, la PGR reportó que en el mismo período, el Ministerio Público de la Federación obtuvo sólo tres sentencias condenatorias por introducir ilegalmente armas de fuego.

Lo anterior pese a que según un estudio de la Universidad de San Diego, cada año ingresan a territorio nacional unas 253 mil armas de manera ilegal, la gran mayoría por la frontera con Estados Unidos.

“Es una cantidad menor (de procesados), es marginal, queda claro que el trabajo de inteligencia y luego el seguimiento procesal queda a deber en esta y otras esferas”, señaló en entrevista Carlos Mendoza, académico de la UNAM.

El también consultor en seguridad, advirtió que sin un verdadero trabajo de investigación que se complemente con acciones eficaces en la frontera, incluso a través de operaciones encubiertas, será imposible identificar y desmantelar las redes de tráfico de armas.

“Hay que hacer detenciones masivas que verdaderamente inhiban este ilícito, sobre todo porque conocemos las consecuencias de la disponibilidad de armas, que es la multiplicación de los homicidios”, señaló.

Javier Olvia, especialista en temas militares, consideró que las aduanas tienen una enorme responsabilidad, por lo que planteó la necesidad de mejorar los instrumentos tecnológicos de detección de armas.

“Las organizaciones criminales mantienen un constante incremento tanto en la disposición del número de armas, como en la capacidad de fuego de las mismas. Evidentemente esto genera una espiral de violencia como la que estamos observando”, dijo.

En la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se establecen penas de 5 a 30 años de cárcel a quien participe en la introducción a territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos, y materiales de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 3 de enero de 2018.


El encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, designó a Abel Galván Gallardo como titular de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Galván Gallardo es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Xochicalco, en Baja California, informó la PGR en un comunicado.

En el servicio público se ha desempeñado como subprocurador contra la Delincuencia Organizada, visitador general, director de Asuntos Internos y Contraloría, y agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, donde también fue jefe estatal del Departamento de Servicios Previos a Juicio, Vigilancia de Medidas Cautelares y Beneficios Judiciales.

En el Gobierno federal fungió como director de Certificación y Medios de Control de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), dependiente de la Secretaría de Gobernación, y director general adjunto de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la PGR, detalló la dependencia.

También fue asesor en el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia MSI México.

Galván Gallardo asume el cargo en sustitución de Eréndira Cruzvillegas Fuentes, nombrada fiscal en junio de 2016, durante la administración de Arely Gómez, y quien dejó el puesto en noviembre de 2017, para integrarse como visitadora de la CNDH.

La Fiscalía Especializado de Búsqueda de Personas Desaparecidas es dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, que encabeza Sara Irene Herrerías Guerra.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 03 Enero 2018.


En la quinta ronda de negociaciones, ambos equipos acordaron implementar mecanismos en aduanas para frenar prácticas desleales de países asiáticos.


Los equipos negociadores de México y Estados Unidos encontraron un punto de acuerdo para enfrentar las prácticas desleales de comercio en la importación de textiles desde Asia dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informó José Cohen, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex).

En la quinta ronda de negociaciones para modernizar el TLCAN, ambos equipos negociadores coincidieron concretamente en lograr un mayor control en aduanas y aplicación de leyes.

“Hay un reconocimiento y un punto de acuerdo que debemos abordar de inmediato para controlar prácticas desleales de comercio por parte de países asiáticos”, explicó Cohen, quien es parte del equipo del sector privado que asesora a la delegación mexicana.

De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el primer semestre de 2017, el embargo de mercancías introducidas ilegalmente al país sumó 3,956 millones de pesos; un crecimiento 342% real en comparación con el mismo periodo de 2016.

En México desde el sexenio pasado, la Administración General de Aduanas (AGA) y Procuraduría General de la República (PGR) implementaron medidas para frenar y detectar estas prácticas, como el rastreo del tránsito de mercancías, el uso de certificados y listas de precios de referencia para identificar precios subvaluados en las aduanas.

Lo que se busca es que este tipo de medidas se implementen de manera colaborativa entre los tres países. “Puede ser algo bastante positivo, aprovechando el avance tecnológico”, dijo el presidente de la Canaintex.

Las prácticas desleales comunes en los sectores textil y del vestido son la triangulación y la subvaluación.

La primera radica en engañar a las autoridades aduanales sobre el origen o estatus de tránsito de una mercancía, con el objetivo de que no pague impuestos, detalla información de Grupo Ei, empresa especializada en logística internacional.

Una triangulación puede efectuarse de la siguiente manera; se envía mercancía desde China a Estados Unidos, quienes hacen el envío declaran que su mercancía tiene como destino México, por lo que sólo estará en tránsito por territorio estadounidense. Al declararse en tránsito, no se pagan impuestos, y las autoridades no revisan exhaustivamente la mercancía, ni los documentos que la acompañan. La mercancía llega a México y regresa al país del norte con beneficios del TLCAN, con los que no debe contar, detalló el presidente de Canaintex.

“Muchas veces estos productos vienen ya hasta etiquetados con la leyenda Hecho en México”, comentó Cohen.
La otra práctica desleal detectada es la importación de mercancías subvaluadas, esta radica en declarar precios menores en la aduana a través de facturas falsas, y así pagar menos impuestos.

Aún hay resistencia

No todo fueron puntos de acuerdo en la quinta ronda. El equipo estadounidense insistió en su objetivo de endurecer las reglas de origen en los sectores textil y del vestido, a través de la eliminación del mecanismo (conocido como TPLs) que permite la introducción con beneficios arancelarios de 200 insumos que no son de la región.

En el TLCAN original existen flexibilidades para incorporar insumos no originarios de la región, porque muchos de estos no se fabrican en México, Estados Unidos, ni Canadá. En busca de reducir su déficit, el equipo estadounidense propone eliminar estas flexibilidades, contó Cohen.

Esos 200 materiales deben importarse de países asiáticos porque no se producen en la región. En el caso de México, una vez que se confeccionan con estos las prendas de vestir, se exportan a Estados Unidos.

Si avanza esta propuesta, los productos textiles y confeccionados en la región perderían competitividad por el hecho de que hay insumos que simplemente no pueden proveer los tres países, entonces los grandes almacenes buscarían su proveeduría directamente en Asia, advirtió Cohen.

Este efecto ya fue explicado en la quinta ronda, y se espera que el equipo estadounidense lo analice para la sexta ronda.

Expansión
Dainzú Patiño
CIUDAD DE MÉXICO
Viernes 24 de noviembre de 2017.


La tarde de este jueves, en la colonia Santa María La Rivera, de la ciudad de Puebla, agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) fueron agredidos por narcotraficantes con granadas de fragmentación y disparos de armas largas. En el enfrentamiento que el ataque desató pereció un criminal y otro resultó herido. Ocho delincuentes fueron detenidos.

En un comunicado emitido por la dependencia federal se consignó que, “a través de la AIC, llevó a este despliegue en las inmediaciones de un inmueble de la colonia Santa María la Rivera, en la capital poblana, y aseguró a dichas personas, probables integrantes de un grupo delictivo dedicado al comercio de estupefacientes”.

Los elementos policiacos atendían una denuncia ciudadana cuando fueron atacados. Luego de repeler la agresión lograron asegurar a Abel “N”, Edwin “N”, Ernesto “N”, José Luis “N”, Juan “N”, Jim “N”, Ramón “N”, Ramón Yair “N” y Valente “N”.

De los heridos José Luis “N” y Abel “N”, el primero de ellos falleció durante el trayecto al hospital en donde recibiría atención médica.

En el lugar se aseguraron cuatro armas largas, cargadores y cartuchos útiles de diversos calibres, así como tres granadas de fragmentación.

Los detenidos, junto con los asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación.

Fuentes de la PGR informaron a este diario que los agresores podrían pertenecer al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que desde finales de este mes desató una guerra en contra del Cártel Sangre Nueva Zeta, por el control de la plaza poblana.

Desde que se desató la guerra entre bandas de huachicoleros, el 29 de octubre pasado, hasta el 15 de noviembre, se habían perpetrado en el estado de Puebla al menos 40 ejecuciones. Los cadáveres han sido encontrados en la capital del estado, Amozoc, la región de San Martín Texmelucan y Acatlán de Osorio, principalmente, aunque también se han dejado a los interfectos en poblaciones como Zacatlán y Tlaltenango.

La disputa entre los grupos delictivos abocados al robo de hidrocarburos en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) no solo ha acabado con la vida de personas que participaban de esa actividad ilícita, han sido ultimados también autoridades como el regidor de Industria y Comercio de Chietla, Joaquín Miranda Ponce –el pasado 9 de noviembre– y dos policías del municipio de San Salvador El Verde, un día antes, el 8 de noviembre.

Asimismo, han perecido víctimas circunstanciales, es decir, mujeres y hombres que tuvieron la desgracia de hallarse en el momento y lugar donde los criminales se enfrentaron o acudieron a hacer un ajuste de cuentas, como una enfermera y el dueño de la clínica Epmac, en la capital de Puebla, quienes fallecieron por la incursión de un grupo armado que asesinó a Jesús Martín Mirón El Kalimba, el 30 de octubre pasado, el llamado “lunes sangriento”, en el que en ataques cometidos en la Angelópolis, Amozoc y Tlaltenango, sicarios de grupos rivales dejaron un saldo de 13 muertos.

La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Ciudad de Puebla, México
Viernes 24 de noviembre de 2017.

 

En febrero, el entonces procurador Cervantes viajó a Brasil para iniciar un intercambio de información

 

Ciudad de México. - El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, tiene congelada la investigación del caso Odebrecht. A un mes de la renuncia de Raúl Cervantes y del anuncio de que la investigación se encontraba concluida y lista para consignar ante un juez, esto aún no ha ocurrido.

"La PGR ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto. (El caso) puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones", señaló Cervantes el 17 de octubre.

Representantes de la sociedad civil organizada y legisladores urgieron a la PGR dar a conocer las investigaciones sobre el caso. "Si la investigación estaba lista hace un mes, ¿por qué no ha salido? Tenemos una institución desmantelada", alertó Ana Lorena Delgadillo, del colectivo #FiscalíaQueSirva.

Carlos Cruz, de Cauce Ciudadano, consideró que la falta de un titular da la apariencia de que la dependencia entró en un impasse.

"Puede ser que en este instante el procedimiento esté parado porque ni tenemos fiscal en materia electoral, que es el que estaba haciendo la investigación, ni tenemos fiscal general.

"Esto justamente parte del pacto de impunidad. Eso es lo que se tiene que romper", consideró Cruz.

El senador independiente, Alejandro Encinas, refirió que el futuro de la PGR y sus investigaciones es desalentador. "Tenemos un encargado de despacho que va a durar un buen rato para intentar tapar esta investigación cuando él debe ser el principal responsable de llevarla adelante", manifestó.

El senador panista Juan Carlos Romero Hicks acusó al PRI de enterrar el caso. "Hay un velo de duda que a nadie beneficia. Hoy lo que tenemos es un encargado de despacho que no tiene la credibilidad necesaria", sostuvo.

El senador perredista Isidro Pedraza urgió a Elías Beltrán a dar a conocer la información sobre las investigaciones. "Es algo que afecta la legalidad de la elección presidencial de 2012 y necesitamos ser exhaustivos en la investigación para no dejar precedentes", indicó.

En febrero, el entonces Procurador Cervantes viajó a Brasil para iniciar un intercambio de información. Después, en abril, la PGR citó a funcionarios y ex funcionarios. Mientras más de una docena de políticos y funcionarios de 10 países han sido procesados por corrupción en el caso Odebrecht, en México nadie ha sido castigado.

Reforma
Ciudad de México
Martes 21 noviembre 2017.

   
San Matías Tlalancaleca, Puebla– Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Federal (PF) efectúan varios operativos y cateos contra el robo de combustible en distintos municipios.

La presencia de las autoridades federales se dio desde las primeras horas del sábado en los municipios de San Martín Texmelucan y San Matías Tlalancaleca y hasta el momento continúa.

En Texmelucan, el operativo se realiza en la colonia La Purísima, así como en la zona denominada Las Piñas, donde los uniformados resguardan las inmediaciones de varios inmuebles.

Mientras que en Tlalancaleca, los cateos son en domicilios de las juntas auxiliares de Juárez Coronaco y de San Francisco Tláloc.

En cada uno de los puntos referidos se han dado aseguramientos importantes de combustible robado, localización de tomas clandestinas, incendios de ductos y enfrentamientos entre bandas dedicadas al robo de combustible.

Hasta el momento, ninguna corporación ha reportado si hay personas detenidas o vehículos e inmuebles asegurados.

Reforma
Puebla, México
Domingo 12 / 11 / 2017.


•    Empresarios, activistas y ONG califican cese de Nieto como represalia política y acto de cinismo

•    Oposición advierte que corresponde al Senado objetar o ratificar a Santiago Nieto en la FEPADE

Dos días después de que Santiago Nieto Castillo reveló que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI, la Procuraduría General de la República (PGR) lo cesó de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

En un escueto comunicado y sin dar detalles de qué motivo el despido, la PGR refirió que Santiago Nieto Castillo “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta” de la dependencia que se encuentra acéfala tras la renuncia de Raúl Cervantes.

Fue el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, quien “actuando en suplencia del Procurador General de la República”, informó de la decisión.

El miércoles pasado, el diario Reforma publicó una entrevista con el hasta hoy titular de la FEPADE en la que afirmó que Lozoya le envió una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012.

Y es que en agosto pasado la dependencia abrió una carpeta para investigar si una parte de los 10 millones de dólares que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de la brasileña Odebrecht se destinó al financiamiento de la campaña del PRI.

“Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en donde estudió. Nunca entendí esta parte.

“Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar’. Esto es lo que me parecía particularmente grave”, dijo Nieto al diario Reforma.

Según Nieto Castillo, la FEPADE prepara una acción penal contra quienes resulten responsables si se comprueba un posible financiamiento de Odebrecht a campañas electorales del PRI.

Entre los elementos de esa investigación estarían cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht ubicadas en las Islas Caimán, Suiza y Brasil.

Empresarios, activistas y ONG califican cese de Nieto como represalia política y acto de cinismo

Empresarios, activistas e integrantes de organizaciones ciudadanas reprobaron la destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), y calificaron la decisión como vergonzosa, cínica y sospechosa.

“Huele, y mucho, a represalia política, y confirma por qué necesitamos fiscalías independientes”, expresó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, quien dijo que se trata de una decisión muy delicada.

La medida pone en evidencia la dimensión de la corrupción que existe en el caso Odebrecht, secundó la presidenta del Consejo Rector de la organización, María Marván Laborde.

“El nivel de cinismo es intolerable. Primera vez que un Fiscal electoral servía para algo. No lo quieren ahí para el 2018”, denunció en sus redes sociales la exconsejera del Instituto Nacional Electoral.

Añadió: “Qué vergüenza y qué tristeza de País. Se cesa a un Fiscal por proteger la corrupción al más alto nivel ¿de qué tamaño es Odebrecht?”.

Por su parte, el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, fundador de AHORA, destacó que la remoción de Nieto es “una vuelta más a la tuerca de la impunidad, corrupción y cinismo”.

Es muy grave porque se registra después de que el fiscal de delitos electorales reveló las presiones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012, subrayó.

A su vez, el activista Alfredo Lecona acusó al “carnalismo” de haber removido a Nieto, en lo que podría considerarse como “la semana de la impunidad”.

Y el empresario Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sostuvo que la destitución del fiscal es un signo de intolerancia y del “neoautoritarismo” que está surgiendo en el país.

Oposición advierte que corresponde al Senado objetar o ratificar a Santiago Nieto en la FEPADE

Senadores de oposición cuestionaron la destitución de Santiago Nieto Castillo al frente de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), ya que corresponde al Senado objetar o ratificar a quien desempeñe ese cargo en un plazo de 10 días hábiles, según lo establece la Constitución en el artículo 102, párrafo VI.

El propio Nieto Castillo afirmó en su cuenta de Twitter que acudirá al Senado “en términos de la Constitución”.

“Soy un hombre de leyes. Creo en el Estado Constitucional de Derecho. Acudiré al Senado en términos de la Constitución”, advirtió el abogado, designado por la mayoría de los senadores como titular de la FEPADE a raíz de la reforma constitucional de 2014.

El coordinador de la bancada del PAN, Fernando Herrera, subrayó que el gobierno debe dar una “explicación puntual” de la remoción de Santiago Nieto, quien se convirtió en un funcionario “incómodo” por haber actuado contra personajes ligados al PRI en las elecciones del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.

Herrera recordó que también por la acción de Santiago Nieto, el exsenador del Partido Verde y entonces subsecretario de Participación Ciudadana, Arturo Escobar, fue consignado ante un juez en 2015 acusado de repartir tarjetas Premium Platino en los comicios de ese año.

A su vez, el vicecoordinador de la bancada del PT-Morena, Miguel Barbosa, aclaró que la destitución de Nieto Castillo se inscribe “en un conjunto de hechos que pronto irán corroborándose”.

Entre esos hechos señalados por Barbosa Huerta destacan la averiguación previa en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, e implicados en el presunto desvío de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial del 2012.

“De todos es conocida la cercana amistad de Emilio Lozoya con el presidente Enrique Peña Nieto y sus vínculos políticos y económicos que ponen a Lozoya como uno de los hombres más poderosos del sexenio y por tanto su condición de intocable”, fustigó Barbosa.

El senador poblano también vinculó el caso Odebrecht con la dimisión del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade.

“No presentó su renuncia voluntariamente, sino que se la pidieron por haber avanzado en la investigación de los sobornos de Odebrecht”, reveló Barbosa.

La senadora Dolores Padierna recordó que el fiscal Santiago Nieto llevaba “casos emblemáticos” de corrupción vinculados a los comicios y presunta triangulación de recursos públicos, como fueron el caso de OHL en el Estado de México, el caso de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua acusado de desviar recursos de la burocracia a la campaña del PRI, o el caso de la diputada local veracruzana Eva Cadena, que recibió sobornos presuntamente para Morena.

Proceso
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Viernes 20 de octubre de 2017.

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