Ciudad de México. - Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron en Puebla a Alejandro "R", por la probable comisión del delito de tortura, en agravio de la periodista, escritora y activista Lydia Cacho Ribeiro.

Según investigaciones ministeriales, el sujeto participó en la detención violenta de Cacho en 2005, en Cancún, Quintana Roo.

Alejandro "R", de 53 años de edad y quien se desempeñaba como elemento activo de la Fiscalía del Estado de Puebla, fue ubicado en un domicilio en la avenida Puebla.

La comunicadora fue detenida en 2005 por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por Kamel Nacif Borge, conocido como "El Rey de la mezclilla", a causa de la publicación del libro "Los Demonios del Edén", en el que la escritora describe fiestas en las cuales supuestamente se abusaba a menores de edad.

El ahora detenido es requerido por el Juez Segundo de Distrito en el estado de Quintana Roo.

El Universal
Ciudad de México
Martes 4 de diciembre de 2018.


 
Ciudad de México. - La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a jueces y Magistrados por corrupción vinculada con la delincuencia organizada.

Sin dar mayores detalles, el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz Vázquez, dijo en conferencia de prensa que pronto dará a conocer más información sobre estos asuntos.

"Sí tenemos investigaciones en contra de jueces y Magistrados por actos de corrupción, incluso, debo decirlo, vinculados a temas de delincuencia organizada", declaró el funcionario.

"¿A cuántos jueces y Magistrados están investigando?", se le cuestionó.

"Motivo de la investigación, lo sabrán pronto", respondió.

Según fuentes de la Procuraduría, algunas de estas investigaciones están relacionadas con impartidores de justicia federales que en los dos últimos años determinaron dejar en libertad a algunos importantes operadores de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Muñoz Vázquez mencionó la existencia de dichas indagatorias en la conferencia de prensa donde cuestionó el fallo de un juez que anuló toda la información bancaria en el proceso contra Javier Nava Soria, contador implicado en la red de empresas fantasma de Javier Duarte.

Reforma
Ciudad de México
 Lunes 12 noviembre 2018.


Ciudad de México.- La brasileña Odebrecht ofreció al Estado mexicano pagar una reparación de 18 millones de dólares -menos de la tercera parte de las multas impuestas en México- y dar información sobre casos de sobornos en el País, a cambio de poder celebrar otra vez contratos de obras públicas, según un borrador del acuerdo visto por Reuters.

En la propuesta presentada a la Procuraduría General de la República hace unas semanas, que fue rechazada por el Gobierno de México, Odebrecht pedía que el trato se mantuviera confidencial y que, tanto la PGR como la Secretaría de la Función Pública (SFP), desistieran de iniciar futuras acciones en su contra.

La SFP ha multado desde fines del año pasado a dos filiales de Odebrecht en México con casi 57 millones de dólares por sospechas de corrupción y las inhabilitó hasta por cuatro años para participar en contratos públicos.

Las pesquisas penales se encuentran estancadas en México ya que la PGR no ha podido acceder a los documentos que reposan en Brasil y que contienen detalles del caso mexicano.

A principios de octubre, el subprocurador especializado en la Investigación de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz, dijo, sin explicar el motivo, que desde Brasil se habían negado "en diversas ocasiones" a darle los documentos.

En algunos países donde Odebrecht confesó haber repartido millones de dólares en sobornos, las investigaciones avanzaron gracias a acuerdos similares al que la empresa con sede en San Salvador de Bahía ofreció a las autoridades mexicanas.

Odebrecht confesó a fines del 2016 en una corte de Estados Unidos que pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para conseguir contratos de obras públicas entre el 2010 y 2014.

En un video aparecido en medios locales, un ex funcionario de Odebrecht señaló al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, de ser uno de los destinatarios de parte del dinero. Lozoya, quien se encuentra libre en México, ha negado reiteradamente las acusaciones y Pemex ha dicho que se encuentra investigando los contratos bajo sospechas de corrupción.

En el mismo documento en el que pedía que se levanten las multas y sanciones en su contra, la firma proponía que la autoridad tributaria en México (SAT) no le ejecutara cuentas por cobrar que tiene con la petrolera estatal Pemex, de donde la SFP dijo que se cobraría parte de los 56.8 millones de dólares que adeuda Odebrecht al erario en multas.

Un portavoz de la PGR confirmó, sin dar detalles del borrador, que no se llegó a un acuerdo con Odebrecht. Una fuente de la SFP dijo que "no se está valorando ningún acuerdo reparatorio (ya que) es un tema del ámbito penal que no corresponde revisar a la Secretaría de la Función Pública".

Sin pormenorizar, Odebrecht dijo a Reuters en un correo electrónico que en los últimos meses hubo reuniones entre sus representantes y autoridades mexicanas, pero "las negociaciones no avanzaron hasta la formalización de un acuerdo".

"(Odebrecht se compromete a) cooperar y colaborar con las autoridades mexicanas competentes con la finalidad de aportar información y datos de corroboración requeridos para aclarar los hechos y reparar los posibles daños que hayan sido causados al Estado mexicano", dice el borrador presentado a la PGR.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 24 octubre 2018.


     MEXICO, 17 oct (Xinhua) -- La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) de México se hizo cargo este miércoles de la pesquisa por el abuso sexual que por lo menos 20 niños y niñas habrían sufrido en un preescolar público de la Ciudad de México, presuntamente a manos de un empleado.

     En un comunicado, la procuraduría mexicana informó que sus fiscales tomaron ya más de 20 declaraciones de padres de familia y que dispuso de un equipo multidisciplinario para el caso.

     La serie de abusos sexuales se cometieron dentro de la escuela "Marcelino de Champagnat", un jardín de niños público en el populoso barrio San Juan de Aragón Sexta Sección ubicado en el este de la capital.

     De acuerdo con la PGR, los alumnos víctima del empleado, quien realizaba funciones de apoyo pedagógico en la escuela, tienen edades que van de los tres a los cinco años.

     Los padres denunciaron el abuso sexual ante la procuraduría de la Ciudad de México el 12 de octubre pasado, pero el caso se destapó públicamente la víspera porque bloquearon al tránsito avenidas cercanas a la escuela acusando que las autoridades no tenían avances.

     Las familias advirtieron en su protesta que tenían la información de que 37 niños sufrieron los abusos, aunque la procuraduría de la capital precisó que hasta anoche contaba con denuncias por 20 alumnos.

     El titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Luis Ignacio Sánchez, declaró a la prensa que las denuncias señalan que el empleado hizo tocamientos a los niños y les exhibió su pene.

     Las autoridades educativas retiraron al individuo del puesto en cuanto se enteraron de los hechos, detalló el funcionario.

     La PGR tomó las riendas de la investigación abierta originalmente por la procuraduría de la ciudad porque el abuso ocurrió en una escuela pública y el sospechoso es servidor público federal, según ambas instancias.

     Personal de una fiscalía especial de la PGR hizo ya diligencias en la escuela para apresurar el proceso de la investigación.

     "Vamos a trabajar en coordinación con las autoridades para dar una respuesta a los niños y niñas", indicó la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías.

     La Secretaría de Educación Pública mexicana manifestó hoy su absoluta condena a los hechos y ofreció colaborar con toda la información de que disponga para la investigación, que pidió que sea firme.

     Aseguró en un comunicado que las autoridades educativas no defienden a quien atente contra la integridad de niños.

     Parientes de los estudiantes víctima se reunieron hoy afuera de la escuela para reiterar la exigencia de que el autor de los abusos sea detenido pronto, tras exponer que temen que ya se encuentre prófugo.

     "No es posible que hayan sido tantos niños y que las autoridades escolares no se hayan dado cuenta", reprochó ante las cámaras Concepción Zúñiga, abuela de un menor víctima.
   

 

Ordeñas a ductos pasaron de una en 2007 a 166 el año pasado; calculan en 12 mmdp las pérdidas por este ilícito en 2018

 

En 2007, durante la administración de Felipe Calderón, surgió el delito de robo de gas licuado de petróleo (LP) mediante una toma clandestina en ductos de Pemex en Veracruz.

Hoy, este cáncer se ha extendido a 10 entidades federativas del país en forma paralela al robo de gasolinas, afectando a Puebla, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Tabasco, Veracruz y Jalisco, en donde, al cierre de 2017 se registraron 166 tomas clandestinas para extraer este tipo de hidrocarburo.

Al 31 de agosto de 2018, las perforaciones ilegales de gas LP suman 137, y al ritmo que llevan podrían superar las 200 al cierre de este año, provocando pérdidas por más de 12 mil millones de pesos anuales.

De acuerdo con información de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex, obtenida por EL UNIVERSAL, entre 2007 y agosto de este año se han reportado 953 tomas clandestinas de gas LP. (166 en el sexenio de Felipe Calderón y 787 en el de Enrique Peña Nieto, un incremento de 374% entre una y otra administración).

Ocho de cada 10 se han perpetrado en el presente gobierno federal.

Esto indica que entre el robo de gasolinas, calculado por el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño, en 30 mil millones de pesos y el robo de gas LP, las pérdidas por estos dos delitos suman 42 mil millones de pesos anuales.

La firma EnergeA, encargada del Estudio para Analizar la Problemática de Seguridad Física en las Instalaciones del Sector Hidrocarburos, sostiene que hasta 2017, la base de datos sobre robo de combustibles se centraba en el delito de extracción de gasolinas y diésel, y aún no consideraba el impacto del robo de gas LP y otros productos.

Empresas distribuidoras de gas LP han señalado que cada mes se registra el robo de 58 mil toneladas de este carburante, lo que equivale a pérdidas por mil 102 millones de pesos.

El daño económico se reparte entre Pemex, que debe absorber 770 millones de pesos, y las distribuidoras otros 330 millones mensuales.

Los representantes de empresas como la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG) y la Asociación Mexicana de Distribución de Gas y Empresas Conexas (Amexgas), calculan que de 30 millones de servicios (ventas) que ofrecen en el país cada mes, 2 millones 320 mil corresponden a ventas de combustible robado. Esto significa que 8% de los usuarios reciben y consumen gas robado, sin conocimiento la mayoría.

Luis Landeros Martínez y Jaime Ayala, presidentes de estas asociaciones consideran que el robo de gas LP, ya sea por tomas a los ductos de Pemex o hurto de vehículos a distribuidores, ha dejado pérdidas de casi 8 mil millones de pesos en los primeros ocho meses del año.

Delito ubicado. El mercado negro, de acuerdo con reportes de Pemex y empresas distribuidoras se concentra en Estado de México, que aglutina 40% de las tomas clandestinas de gas LP, y en donde se usan desde pipas robadas a distribuidores hasta hechizas y distribuidores “piratas”.

Estos delincuentes suelen vender el gas en las zonas en donde realizan la extracción ilegal, pues su venta se torna incosteable y riesgosa si la llevan a grandes distancias, exponiéndose a ser interceptados, señalan reportes de la Procuraduría General de la República.

La segunda entidad con el mercado negro en ascenso, por el número de tomas clandestinas, es Puebla, que concentra 34% y le sigue Querétaro, con 9.4%.

Sobre los municipios afectados y el daño a Pemex y al país, la petrolera determinó la reserva parcial de los datos por cinco años, al considerar que “la información guarda relación con las estrategias para combatir el robo de hidrocarburos”.

El Universal
Noé Cruz Serrano
Ciudad de México
Lunes 15 de octubre de 2018.


El exfiscal Santiago Nieto se va a encargar de los asuntos más delicados en el combate a la corrupción del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, al nombrarlo futuro titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

En conferencia, Urzúa apuntó que Nieto se encargará de “seguirle la pista al lavado de dinero y con ello combatir de manera frontal a la corrupción”.

“Es tan importante la Unidad que no está en subsecretarías, está en la oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y siempre está en contacto con el propio presidente y con la secretaría, eventualmente, la nueva secretaría de Seguridad Pública”, señaló.

Nieto destacó que será necesario trabajar de manera coordinada con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para detectar malversación de usos públicos, financiamiento ilegal y lavado de dinero.

 “Uno de los temas centrales de todo sistema democrático es el combate a la corrupción, al lavado de dinero y al uso de recursos de procedencia ilícita”, señaló Nieto.

“Mi punto de partida es que la corrupción inicia en los procesos electorales a partir de la entrega de recursos en efectivo”, sostuvo.

El 20 de octubre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) cesó a Nieto de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), dos días después de reveló que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI.

Proceso
Ciudad de México
Lunes 3 de septiembre de 2018.


México, quinto país en el mundo con más pérdidas por ataques cibernéticos en 2017

•    Se han registrado pérdidas de entre 7 y 10 por ciento de las ganancias que registran los comercios al año, tan solo en el último año, según MasterCard.

•    La PGR dijo que las organizaciones criminales han volteado a ver a los hackers como una alternativa para realizar delitos en el sistema financiero


En 2017, México se colocó como el quinto país a nivel mundial en pérdidas económicas por ataques cibernéticos, de los cuales 20 por ciento corresponde a la banca, informó hoy la compañía MasterCard.

En el marco del Cyber Security Summit, que inició este martes en México, la empresa de tecnología líder en medios de pago electrónicos señaló que, en la actualidad la amenaza a la seguridad económica, nacional e individual planteada por los ciberataques, "nunca ha sido más aguda".

Según datos de la compañía estadounidense, a nivel de negocios, se han registrado pérdidas de entre 7 y 10 por ciento de las ganancias que registran los comercios al año, tan solo en el último año.

Asimismo, indicó que América Latina es una región que se ha visto afectada durante los últimos años.

"Los ciberataques no solo se conciben a nivel mundial, sino que ahora esta región representa un jugoso mercado para criminales y hackers", subrayó la firma.

El Cyber Security Summit 2018 reúne a expertos en el tema como Keren Elazari, analista en ciberseguridad quien ha trabajado con diferentes firmas israelíes de seguridad, así como diversos expertos nacionales e internacionales.

El Foro se lleva a cabo por segundo año consecutivo, en un esfuerzo por parte de Mastercard y Forbes México, para crear un espacio enfocado en temas de actualidad y de gran interés para el mundo de los medios de pago.

De acuerdo con expertos, aunque la mayoría de las computadoras en el mundo tienen algún tipo de protección como antivirus, la posibilidad de que la información que contienen esté comprometida no disminuye.

Las ciberamenazas ponen en peligro la información y los recursos de las empresas, como, por ejemplo, "el phishing", que consiste en una técnica criminal para estafar y obtener información confidencial.

Este tipo de ataques se ha convertido en uno de los más peligrosos en cuanto a robo de datos o daño de sistemas, además de ser puertas de acceso a infecciones de malwares y ransomwares.

En 2018, sólo tres denuncias por hackeos a bancos: PGR

En lo que va de 2018, la policía cibernética solamente ha recibido tres denuncias por parte de instituciones financieras por hackeos, dijo Francisco Asiain, director de ciberseguridad de la unidad de investigaciones cibernéticas de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).

Entrevistado después de participar en un foro de ciberseguridad organizado por Mastercard y Forbes, el funcionario dijo que se trata de los casos del ciberataque a Bancomext ocurrido en enero pasado; el ataque a la conexión al SPEI registrada en abril y mayo y un caso que hasta el momento no se ha hecho público.

"La cuestión de ciberseguridad es un proceso que este año se ha disparado las investigaciones y una de las cosas buenas es que la sociedad ya se está acercando a realizar denuncias, algo que antes no se hacía mucho", explicó Asiain.

En ese sentido, dijo que en 2017 no se realizaron denuncias por entidades financieras, por lo que recordó que Banorte, Inbursa y casa de bolsa Kuspit realizaron este año su denuncia ante las autoridades al resultar afectadas por el hackeo a sus conexiones al SPEI.

El representante de la PGR dijo que las organizaciones criminales han volteado a ver a los hackers como una alternativa para realizar delitos en el sistema financiero.

"En la delincuencia organizada ya vieron que los hackers los pueden ayudar a sus capacidades y no implica tantos riesgos económicos", añadió.

El director de ciberseguridad resaltó que en términos generales las denuncias más frecuentes son por casos de pornografía infantil y que comienzan a presentarse por otro tipo de delitos.

"Se han hecho denuncias de suplantación de páginas no sólo de bancos sino también de gobierno. Es algo que día a día está presente y su objetivo principal es hacer el fraude, el robo de datos. Son denuncias que ya se están haciendo porque en muchos casos se hacen para vender productos que no están a la venta", explicó.

Xinhua
El Universal
Ciudad de México
Martes 21 de agosto de 2018.


Alcalde y funcionarios de seguridad están siendo investigados por presuntos nexos con cárteles del narcotráfico y crimen organizado.


El gobierno estatal informó que esta madrugada fue detenido Ángel “N”, supuesto líder de la banda de Los Villegas, vinculada con el robo de combustibles en la zona de San Martín Texmelucan, cuya casa era custodiada por un tigre.

Jesús Morales, secretario de Seguridad Pública estatal, indicó que la detención de esta persona y de una mujer identificada como Elizabeth “N” forma parte de los operativos llevados a cabo desde que el gobierno de la entidad tomó el control de la seguridad de ese municipio.

Morales señaló que, con el apoyo del Ejército, PF y PGR, se llevaron a cabo cateos a dos casas en las cuales se encontraron tres armas, más de 300 cartuchos de diferentes calibres, cargadores, equipo de radiocomunicación y un contenedor y papeles con marcas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CGNJ).

El titular de la SSP destacó que una de las casas de Ángel “N” estaba custodiada por un tigre, que igual fue asegurado. “Uno de los domicilios era custodiado por un tigre, aquí hablamos del grado de complicidad e impunidad que se daba en el municipio de San Martín”, declaró.

El fiscal general Víctor Carrancá indicó que se investiga la posible relación del grupo Los Villegas con los cuerpos desmembrados y desollados que han sido abandonados en fechas recientes en distintos puntos de San Martín Texmelucan.

A 15 días de que la SSP tomó el control de la seguridad de ese municipio, de los 136 policías que fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), 117 de ellos fueron vinculados a proceso, incluidos Miguel Ángel N., el comisario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de San Martín Texmelucan, y Sinué Jerónimo N., director de Seguridad Pública.

De los 117 policías a los que se les inició proceso, 109 permanecerán en el penal de Tepexi de Rodríguez.

Proceso
Gloria Leticia Díaz
San Martín Texmelucan, Pue.
Jueves 17 de mayo de 2018.


Pedro Canché estuvo encarcelado de agosto de 2014 a mayo de 2015, "como represalia a su actividad periodística", durante el gobierno del priísta Roberto Borge

Ciudad de México.- Una agente de policía y un juez del estado de Quintana Roo fueron detenidos por iniciar un proceso penal irregular contra un periodista que estuvo preso durante nueve meses.

Según explicó el jueves la Procuraduría General de la República en un comunicado, el informador fue acusado del delito de "sabotaje en perjuicio de la sociedad en general" pero ni la investigadora contaba con "evidencia alguna" que acreditara la responsabilidad del periodista ni el juez tenía "elementos probatorios" contra él.

El reportero Pedro Canché estaba cubriendo una manifestación en la localidad de Felipe Carrillo Puente y había publicado notas críticas sobre las autoridades. Según la fiscalía, su detención fue "como represalia a su actividad periodística".

Canché celebró las detenciones de la agente Tila Patricia León y el juez Javier Ruiz Ortega y sostuvo que demuestran que el expediente en su contra se armó con pruebas falsas. A su vez destacó el trabajo de la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión.

"Es muy raro en México que un periodista llegue a tener justicia, pero cuando se quiere se puede", dijo en conversación telefónica con The Associated Press.

No obstante, sostuvo que la responsabilidad debe llegar a quien ordenó que actuaran contra él y que, según Canché, fue el exgobernador Roberto Borge, uno de los exmandatarios regionales del oficialista Partido Revolucionario Institucional actualmente encarcelado y acusado de delitos de corrupción.

"El propio juez Ruiz Ortega me lo confirmó y me dijo que me buscara una buena defensa", dijo Canché que ahora tiene su propio portal informativo.

"Nadie me va a devolver los nueve meses de cárcel, pero cuando un juez usa pruebas falsas para incriminar a un periodista, cuando un ministerio público fuerza la justicia para encarcelar a un periodista, eso se tiene que pagar".

El reportero estuvo encarcelado de agosto de 2014 a mayo de 2015.

Associated Press
Ciudad de México
Jueves 10  de mayo 2018.


Al rendir informe en Corte, el Ombudsman denunció que PGR está dificultando acceso a nueva información sobre el caso de los 43 normalistas.
    
Ciudad de México.- La PGR está dificultando el acceso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a nueva información sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

El ombudsman Luis Raúl González Pérez denunció hoy que personal de la CNDH, que pide acceso a los documentos, es obligado por la PGR a copiarlos a mano.

"Hemos pedido la información, y ¿saben qué?, nos hacen copiarla, nos permiten el acceso para copiar, y nos faltan 300 páginas para copiar, cuando algunos medios ya dieron cuenta de ello, pero nosotros queremos la respuesta oficial", afirmó González Pérez.

"Con formalismos de que esta no es la ventanilla, nos mandan a otra ventanilla, vamos a otra ventanilla y el resultado es 'no, estamos analizando el planteamiento'. Yo quiero recordar al encargado de la PGR (Alberto Elías Beltrán) la circular que sacó recientemente donde se comprometió a que nos iban a facilitar toda la información para nuestro trabajo", agregó el ombudsman nacional, entrevistado luego de rendir su informe anual ante la Suprema Corte de Justicia.

González Pérez dijo que se refería, por ejemplo, a la información recientemente publicada por "filtraciones de diálogos" sobre Ayotzinapa.

El pasado 12 de abril, Reforma reveló conversaciones grabadas por el FBI en Estados Unidos, en las que integrantes del cártel Guerreros Unidos, que operaban en Chicago, discutieron sobre la desaparición de los normalistas.

...Y condena violencia política

El ombudsman nacional condenó la violencia política, en cualquier forma que se exprese, y advirtió que el proceso electoral está generando crispación, animosidad, polarización e incertidumbre entre grupos de la sociedad.

"Los ejercicios democráticos deben ser ocasión para encontrar vías de salida a los problemas que enfrentamos, no rutas rumbo a callejones sin salida de violencia, intolerancia y división", agregó el Presidente de la CNDH.

Como había hecho previamente al presentar su informe en otros foros, González Pérez reiteró la alerta sobre la "normalización del horror" ante la violencia generalizada en varias regiones del País, reflejo de la descomposición institucional y social.

Pero, el titular de la CNDH agregó un mensaje sobre las elecciones de julio.

"México no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad. Respetemos siempre la institucionalidad democrática, impulsando el cumplimiento de la ley y el reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos", expresó.

Entrevistado al final del evento, González Pérez pidió dejar atrás los discursos de odio que dividen y polarizan, y dijo que su mensaje contra la violencia política fue "para todos los sectores".

En cuanto a la actividad de la CNDH ante la Corte, el ombudsman destacó que, entre 2014 y 2017, ese órgano promovió 34 acciones de inconstitucionalidad para pedir al máximo tribunal la invalidez de leyes, sobre todo locales, pero también federales como la polémica Ley de Seguridad Interior.

Del conjunto de 9 acciones que se resolvieron (en 2017), en 7 casos se declaró la inconstitucionalidad total o parcial de diversas disposiciones normativas que, desde la óptica de este Organismo Nacional, violentaban o propiciaban que se afectaran derechos fundamentales", agregó González.

Reforma
Ciudad de México
Martes 8 de mayo de 2018.

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