Grupos feministas demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer los casos de asesinatos con perspectiva de género, e investigarlos.

En la protesta recordaron las muertes de Lesvy Rivera Osorio, que ocurrió en las instalaciones de Ciudad Universitaria y el caso más reciente de Mara Fernanda Castilla Miranda, joven violada y estrangulada por un chofer de Cabify en Puebla.

"Son corruptos, ineficientes. Son culpables por omisión. Hay una sentencia en la Corte que dice que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada y juzgada con perspectiva de género hasta descartar que fue un feminicidio.

Indagan trata en desaparición en Cabify

"No están obedeciendo las mismas leyes que ellos hicieron. Si no pueden con el paquete, los invitamos a que renuncien", dijo Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, joven asesinada en el 2001 en Ciudad Juárez.

De igual forma, exigieron la renuncia del titular de la PGR, Raúl Cervantes, por no aclarar los asesinatos de mujeres ocurridos en los últimos meses.

El contingente de inconformes apoyó a la madre gritando "¡renuncien, renuncien, renuncien!"

La integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social llamó al funcionario a sensibilizarse sobre la problemática y resolver urgentemente los feminicidios.

"Que le dejen el cargo a quien sí pueda con el paquete, ya sea una mujer o un hombre", expuso.

Andrade criticó que la impunidad ha hecho que los asesinatos que empezaron en Ciudad Juárez, ahora, están en todo el País.

"El 98 por ciento de los asesinatos de mujeres en el País están sin resolver", sostuvo .

Al leer un comunicado, la madre exigió una declaratoria de emergencia nacional y la activación de alerta de género en Puebla.

"Es indispensable que los órganos encargados de la procuración de justicia implementen sanciones ejemplares a instituciones, organizaciones y empresas que por acción u omisión atenten contra la libertad de las mujeres", enfatizó.

En el documento solicitaron una audiencia pública del movimiento de mujeres con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

En el escrito, se llamó para que grupos feministas de la Ciudad de México acudan el sábado 30 de septiembre a las 11:00 horas a una reunión de trabajo y plan de acción en las Islas de CU.

Reforma
Arcelia Maya
Ciudad de México
Domingo 17 septiembre 2017.


La ONG se pronunció respecto al caso de Mara Fernanda Castilla y exigió a las autoridades tomar acciones contundentes en materia de género

 

Amnistía Internacional México se pronunció respecto al caso de Mara Fernanda Castilla y exigió a las autoridades acciones contundentes para erradicar la violencia de género. “No es culpa de las víctimas, es culpa del Estado, que ha normalizado tales hechos”, apuntó la ONG.

La directora ejecutiva de AI México, Tania Reneaum, destacó que la impunidad ante la violencia, incluidos el abuso sexual y el feminicidio, ya está generalizada.

“Estamos frente a un contexto que desprecia la vida de las mujeres, y un Estado machista que tiene una histórica deuda pendiente, que debe revisar sus responsabilidades respecto a la integridad y la dignidad de las mujeres”, precisó.

Los familiares de Mara la reportaron desaparecida el pasado 8 de septiembre, luego de que acudiera con algunos amigos a un bar de Cholula y tomara un taxi de la empresa Cabify.

El gobernador de Puebla, Antonio Gali, informó ayer que el cuerpo de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) fue encontrado en el estado de Tlaxcala, al fondo de una barranca.

AI citó cifras del Inegi que revelan que seis de cada 10 mujeres mexicanas han padecido por lo menos un caso de violencia en sus vidas. “Las cifras se nutren todos los días por hechos tan lamentables como los de Mara”, indicaba el comunicado.

La ONG informó que se sumará a la marcha de este domingo 17 de septiembre, que partirá a las 12:00 horas de la plancha del Zócalo, con dirección a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

El Universal
Ciudad de México
Domingo 17 de septiembre de 2017.


La presentación del Informe de Actividades 2016-2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Senado sirvió de tribuna al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y al ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, para elevar la voz y pedir que se legisle en torno a la creación de un fiscal autónomo e independiente.

Ante los legisladores miembros de dicha comisión, el representante de la ONU pidió al Senado que antes de designar al Fiscal General, primero se lleve a cabo una reforma constitucional para darle autonomía e independencia al organismo que suplirá a la Procuraduría General de la República (PGR).

“Primero tienen que ver los ‘cómo’, antes de ver quién va a ser el fiscal”, dijo, e insistió que se requiere una reforma para ajustarla a la demanda de la sociedad.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, quien coincidió con Jan Jarab en la necesidad de nombrar a un fiscal independiente y autónomo, destacó que la atención de los problemas de inseguridad y falta de justicia que vive el país no puede subordinarse a intereses particulares o coyunturas políticas.

A juicio del ombudsman nacional, el cambio institucional de PGR a Fiscalía General debe formar parte de una revisión integral de la procuración e impartición de justicia.

También exhortó al Senado a atender las recomendaciones hechas por la CNDH en materia de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, así como las relativas a violencia sexual en centros educativos, además del matrimonio igualitario y el desplazamiento forzado, entre otras.

Sobre el tema de seguridad y acceso a la justicia de las personas, dijo que la parte procedimental del Sistema de Justicia Penal, junto con la estructura y esquema de procuración de justicia, deben tratarse de manera conjunta y estructurada para concretar el cambio de la actual PGR a una Fiscalía General de la República autónoma, eficaz e independiente, así como determinar el tipo de autoridad que asumirá sustantivamente las tareas vinculadas a la seguridad pública y los modelos bajo los cuales se daría su operación.

Proceso
Ciudad de México
Miércoles 6 de septiembre de 2017.


 El grupo parlamentario del PRI en el Senado propuso pedir a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue los posibles vínculos entre el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas y Othón Bravo Muñoz, alias El Cachetes, empresario presuntamente ligado con las bandas de huachicol que operan en Puebla.

“El exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, desde su gestión hasta nuestros días, ha sido involucrado en la comisión de presuntos ilícitos que van desde la operación de una red de espionaje política, la promoción extraterritorial de su imagen con fines políticos, hasta su relación personal con presuntos delincuentes”, refirieron los priistas.

En la iniciativa de punto de acuerdo, los senadores hicieron referencia a las fotografías que han publicado diversos medios de comunicación en las que aparece el ahora exmandatario cercano a Bravo Muñoz, como ocurrió durante “la cabalgata de la Amistad” que se llevó a cabo en Tamaulipas.

Agregaron que el empresario, –detenido el pasado 19 de agosto por elementos de la Secretaría de Marina–, es investigado por su presunta dirección de una banda delictiva que usaba negocios como gasolineras y restaurantes para cometer lavado de dinero de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 “Sin embargo, sus principales fuentes de ingresos eran la extracción de hidrocarburos y la presunta comercialización en sus gasolineras, particularmente en el municipio de Puebla de Zaragoza”, señalaron los legisladores en su iniciativa.

Además, hicieron referencia a la presunta implicación del diputado local del PAN, Sergio Moreno Valle, quien a través de la notaría pública número 24, desde el 2011 ha escriturado en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio diversos establecimientos del presunto empresario dedicado a la venta de hidrocarburos.

“Aunado a lo anterior durante el periodo 2011- 2017, en Puebla se documentaron presuntas omisiones y la ausencia de estrategias efectivas para identificar y prevenir el robo de hidrocarburos en los ductos de la empresa productiva del Estado “Petróleos Mexicanos”, indicaron los senadores.

Además, aseguraron que, a partir del sexenio morenovallista, la ausencia de políticas públicas derivó en el incremento de los índices delictivos y en consolidar a Puebla dentro las entidades con el mayor número de tomas clandestinas en el país, al pasar de 49 en 2010 a mil 533 en 2016, un crecimiento de más de 3000%.

“En el denominado ‘Triángulo Rojo’, también se incrementaron los robos, asaltos y extorsiones a empresarios, pequeños comerciantes y familias que se trasladan diariamente a la capital del estado para adquirir productos de primera necesidad, lamentablemente durante el trayecto son despojados de sus vehículos y pertenencias”, añadieron.

Ante todo esto, los senadores pidieron hacer un exhorto a la PGR para que investigue los posibles nexos del exmandatario con el empresario presuntamente ligado a la venta de combustible robado a Pemex. También demandaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indague posibles operaciones de lavado de dinero llevadas a cabo por el empresario ahora detenido.

“En Puebla todos nos conocemos”

Por otra parte, en Puebla, el líder del Congreso local, Jorge Aguilar Chedrahui, también admitió conocer al empresario, que aparentemente hizo contribuciones a las campañas panistas.

“Puebla no deja de ser una ciudad pequeña en donde nos conocemos muchas personas, pero hay una enorme diferencia entre conocer a alguien y recibir un beneficio, en recibir algún recurso, en tener negocios, en tener otro tipo de vinculación con personas”, expresó el político morenovallista.

“Tampoco entiendo por qué este ánimo de querer vincular a una persona con la otra, porque lo hayas saludado, porque haya una fotografía en redes. Otra cosa sería si se demuestra un vínculo económico, una sociedad, un vínculo de alguna contribución a alguna campaña política”, insistió el panista.

Cabe señalar que en otra fotografía publicada por el periódico digital Central, aparece el actual senador Javier Lozano cuando recibió las llaves de una camioneta Cadillac Escalade que le entregaron empresarios poblanos para que usara durante su campaña para el Senado en 2012.

Entre los empresarios que le entregan el vehículo se encontraba Muñoz Bravo, quien sonriente aparece en la foto, tomando por la cintura al actual diputado local panista, Sergio Moreno Valle.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mex.
Martes 5 de septiembre de 2017.


Una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad da cuenta de que el actual Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, emplacó un auto Ferrari 458 Coupé en un domicilio que corresponde a una vivienda de interés social, que se encuentra deshabitada y se ubica en Xochitepec, Morelos.

Cabe destacar que en esa misma vivienda se encuentran registrados al menos dos autos más de gran lujo, un Audi y un Alfa Romeo, que no pertenecen a Cervantes.

El titular de la PGR es promovido actualmente por el PRI y sus aliados para ser Fiscal General de la Nación hasta el 2026.

El auto exento del pago de tenencia es un Ferrari 458 Coupé, modelo 2011 de 8 cilindros, que fue facturado en 3 millones 890 mil 932 pesos.

Cervantes tiene un salario neto al mes de 140 mil pesos y de 205 mil pesos mensuales brutos.

La investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que el Ferrari del Procurador está registrado en una vivienda deshabitada ubicada en la privada de Paseo de la Lealtad # 46 en Xochitepec, a 20 kilómetros de Cuernavaca.

Datos de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos reportan que en cuatro domicilios de esa modesta privada fueron registrados 16 autos de lujo, entre ellos 11 Ferraris.

Según los datos consultados, el valor de esos automóviles suma 56 millones 800 mil pesos.

De acuerdo con datos del Registro Público Vehicular (Repuve), el Ferrari del Procurador fue inscrito en Morelos el 14 de septiembre de 2012, nueve meses después de que ese Estado eliminara la tenencia y 13 días después de que Cervantes asumiera como senador por el tricolor.

MCCI consultó con la Procuraduría sobre el auto deportivo registrado a nombre de Raúl Cervantes Andrade. "Lo que podemos decir es que el doctor Cervantes tiene también domicilio en Morelos, y en ese Estado ha emplacado vehículos que utiliza, lo ha hecho durante varios años".

También se cuestionó si el Procurador reconocía como uno de sus domicilios la casa de Paseo de la Lealtad. "Los datos de donde vive o no una persona no son datos que deben proporcionarse. No podría confirmarte lo del domicilio que mencionas".

Los autos están registrados en un fraccionamiento de 44 casas, cada una de 75 metros cuadrados y dos recámaras, de un valor de entre 400 mil y 600 mil pesos.

En la misma casa en la que se registró el auto del procurador, hay registro de otros tres autos a nombre de otras personas: un Audi RS5, un Alfa Romeo 8C Competizione y un auto marca Ford.

En la vivienda con el número 38 de la misma privada de Paseo de la Lealtad están registrados otros ocho autos: siete Ferraris y un Fiat 500 Hatchback Dualogic.

Por su parte, en la casa número 40 fueron dados de alta tres autos con un valor total de 14 millones 300 mil pesos: un Ferrari California Convertible, un Ferrari 458 Coupé y un Ferrari 599 Coupé; en la casa número 44 se registró un Audi A4 versión RS.

En la privada también aparecen coches registrados a nombre del empresario Luis Alfredo Rayet Díaz, dueño de una compañía de aviación con oficinas en Saltillo y Monterrey.

Rayet registró dos autos en la misma casa que el Procurador; además de un Ferrari en el número 38.

Otro empresario con autos registrados en esta calle es Anuar Fayad Hassan, quien de acuerdo con notas periodísticas compró terrenos a precio de ganga al gobierno de Roberto Borge, el ex Gobernador de Quintana Roo ahora detenido en Panamá.

Otro empresario que registró autos en esa privada es Ricardo Alberto Orrantía Cantú, quien se identifica en LinkedIn como dueño de Grupo Altavista, y tiene un Ferrari F430 y un Ferrari 458 Convertible registrados con domicilio en Paseo de la Lealtad.

Joseph Woldenberg Russell, quien según Bloomberg es Vicepresidente de la empresa regiomontana Tubacero, registró un Ferrari 599 Coupé modelo 2011 en el número 40.

También hay autos registrados a nombre de la empresa Asesores Administrativos Esparza, S.A. de C.V y de un fideicomiso del Banco Interacciones.

Otras personas con autos de lujo registrados en esa privada son: Óscar Eliseo Rivas Zúñiga, Carmen Ortiz Álvarez, Aldo Bernardi Gallo, Mauro Roberto Hamz Durand, Luis Cabrera Guevara y José Alberto Castro Alva.

Reforma
Ciudad de México
Mexicanos Contra la Corrupción
Lunes 04 de Septiembre del 2017.


Mientras Enrique Peña Nieto ocupe la presidencia, la Procuraduría General de la República (PGR) no procederá a investigar las denuncias por espionaje político, asociación delictuosa y hasta desaparición de personas que se han formulado en contra del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Eukid Castañón Herrera, advirtió Manuel Bartlett Díaz.

El coordinador de la fracción parlamentaria de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional y del Trabajo (PT) en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, calificó como “una patología” la proclividad al espionaje del también aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la primera magistratura del país.

“El gobernador de un estado de la importancia y dimensión como el de Puebla no debería tener tiempo para nada, menos para andar espiando a adversarios políticos o a periodistas como hizo este señor. Hay muchos, muchos asuntos que atender y esto puede dar una idea de la enfermedad de este señor que quiere ser presidente”, expresó Manuel Bartlett Díaz, quien también fue titular del Poder Ejecutivo poblano.

A pregunta expresa, el también ex secretario de Gobernación federal, consideró que puede ser cierta la versión de que Javier Lozano Alarcón, vocero del gobierno poblano, “regresó a su curul del Senado por órdenes de Rafael Moreno Valle a cumplir un doble propósito: operar a favor del pase automático de Raúl Cervantes Andrade como titular de la PGR a fiscal general de la República, y con esa maniobra, en caso de que se concrete, el ex gobernador de Puebla buscaría obtener impunidad frente a las denuncias que enfrenta por espionaje, tentativas de homicidio y posible malversación de fondos públicos”.

Dijo que Lozano Alarcón “es un político turbio, que aquí es repudiado por todos, por el PRI, por el PAN, por todos y por supuesto que ha venido, ha regresado aquí a generar un caos”.

No obstante, advirtió: “La impunidad no les va a durar mucho, porque ya se van y lo saben, saben que van a perder el poder y que muchos de ellos van a tener que irse y por eso al final, como lo han hecho siempre, van a unirse porque quieren evitar a toda costa que llegue Andrés Manuel López Obrador”.

A las órdenes del PRI

El columnista Fermín Alejandro García planteó ayer que “Lozano Alarcón ya regresó al Senado y ya dio el primer paso, que fue provocar que se quebrará la fracción del PAN, ya que encabeza a un grupo de legisladores albiazules que ha tomado una importante distancia del presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, quien se opone a que la nueva Fiscalía General de la República (FGR) quede en manos de Raúl Cervantes, un incondicional del presidente Enrique Peña Nieto.

“Pareciera que el fin de semana Moreno Valle ya sabía de la tormenta que se aproximaba en su contra por el tema del espionaje, y se adelantó a los hechos, por lo que ordenó a Javier Lozano a dejar el gobierno de Puebla –en donde era un mil usos, ya que lo mismo era vocero del Poder Ejecutivo, conductor en la televisión oficial, bufón y espía– y se reincorporara al Senado para ponerse bajo las órdenes del PRI, del presidente Enrique Peña Nieto y del proyecto de que Raúl Cervantes se quede instalado en el siguiente sexenio, en la FGR, para cuidar las espaldas de los actuales gobernantes del país.

“El fin de semana, cuando se supo de la salida de Lozano del gobierno de Puebla se especuló mucho que lo habían echado por un conflicto personal con el alcalde de la capital, Luis Banck Serrato, o porque lo habían descubierto filtrando información de la relación del capo huachicolero Othón N, alias El Cachetes, con varios morenovallistas.

“El panista Lozano, siempre haciendo gala de su egolatría, habría definido: ‘Me voy a arreglar las cosas al Senado’. Al final, es justo reconocerlo, decía la verdad.

“Lozano regresó a la Cámara Alta a intentar arreglar los acuerdos de impunidad a favor de su patrón Moreno Valle, pues el segundo de ellos ya había percibido que está pisando un terreno de mucho riesgo por el tema del espionaje, el cual es un asunto que lo tiene en constante estado de tensión por la descomposición en que entraron los equipos dedicados a las labores de vigilancia de sus críticos, sus colaboradores y personajes de la política nacional”.

La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Ciudad de Puebla, México
Viernes 1 de septiembre de 2017.


La PGR citó a declarar en calidad de imputado al ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, señalado por ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht por cobrar sobornos por más de 10 millones de dólares para la adjudicación de contratos.

Silvia García Ocampo, agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, citó a Lozoya a comparecer este jueves a las 12:00 horas acompañado de abogado defensor.

Lo anterior, derivado de las declaraciones que han rendido Marcelo Bahía Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva y Luis Alberto de Meneses Weyll, quienes afirman que Lozoya recibió pagos desde 2012, antes de ser nombrado director de Pemex.

"Hago de su conocimiento que deberá comparecer en calidad de imputado ante esta representación social, ello en virtud de que se ha mantenido intercambio de información con la República de Brasil, en donde se logró recabar la declaración en las cuales usted ha sido mencionado", dice el citatorio.

Agrega que las declaraciones se recibieron vía asistencia jurídica internacional, pero que está pendiente obtener copias certificadas de las mismas, lo que es un requisito para que tengan validez legal en caso de que PGR decida llevar el caso ante un Juez de Control.

El citatorio fue girado en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, a cargo de la Coordinación General de Investigación de la SEIDF, que encabeza Felipe Muñoz.

Este lunes, luego de la publicación de la declaración de De Meneses en varios medios de comunicación en México y Brasil, el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, denunció que su cliente ni siquiera había sido citado por la PGR.

Lozoya Austin ha rechazado haber recibido un solo pago de Odebrecht y anunció ayer que demandará como daño moral la publicación de las declaraciones.

Si la PGR decide llevar el caso ante un Juez de Control, Lozoya no necesariamente sería privado de su libertad, pues delitos como el cohecho o el lavado de dinero no son de prisión preventiva forzosa en el nuevo sistema penal.

Reforma
Abel Barajas y
Víctor Fuentes
Ciudad de México
Martes 15 de agosto de 2017.


El priísta no sólo estuvo cebando a su partido con fondos del erario; el saqueo de fondos públicos, lo consideró una dispensa para enriquecerse de manera desmedida.


Ciudad de México— Cuatro constructoras que recibieron contratos legales por mil 170 millones de pesos de la Administración de Javier Duarte hicieron depósitos a tres empresas fantasma donde el exgobernador presuntamente lavó dinero.

Una parte de ese dinero fue para el Consorcio Brades, el cual simuló la compra de parcelas en Campeche por 223 millones de pesos a Moisés Mansur, prestanombres del exmandatario.

Israel Lira Salas, subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, expuso el sábado en la audiencia de vinculación a proceso de Duarte una sinopsis que también señala a empresas legalmente constituidas para fondear a factureras del veracruzano.

Se trata de las compañías Expectra, Constructoras Asociadas El Papaloapan, Construcciones Enremex y Aglomerados de Concreto del Papaloapan, que hicieron pagos a Diseños Arquitectónicos Melvan, Diseños Arquitectónicos Alim y Evolución de Diseño ARG.

Aunque la diapositiva expuesta no precisa el monto transferido a las constructoras, sí refiere que de las cuentas de las tres empresas fachada se enviaron 61.8 millones de pesos a otras compañías de la misma red de lavado del exmandatario.

El esquema que se conocía hasta ahora del caso Duarte era la simulación de contratos del Gobierno de Veracruz con compañías fantasma para desviar recursos y ahora se sabe que esas mismas empresas ilegales también recibieron dinero de contratistas formales.

Expectra, una de las proveedoras de la infraestructura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 en Veracruz, según la diapositiva de la PGR, recibió de 2013 a 2014 contratos por 691 millones de pesos.

Constructoras Asociadas El Papaloapan, a la que el sexenio duartista asignó obra carretera, cobró entre 2011 y 2012 un total de 359 millones de pesos.

De acuerdo con la PGR, Construcciones Enremex cobró de 2012 a 2014 a la Administración estatal 65 millones de pesos, mientras que Aglomerados de Concreto del Papaloapan recibió contratos por 55 millones de pesos.

Las cuatro constructoras hicieron depósitos a Diseños Arquitectónicos Melvan, Diseños Arquitectónicos Alim y Evolución de Diseño ARG, identificadas por la PGR y el Servicio de Administración Tributaria como fachadas.

Es decir, compañías que sólo existen en el papel porque no tienen domicilio fiscal y su naturaleza es simular operaciones en las que emiten facturas por cada depósito, sin que exista una contraprestación o justificación.

De acuerdo con la exposición del titular de la SEIDO, del pago que recibieron las tres factureras se hicieron transferencias de 61.8 millones de pesos a Sakmet Inmobiliaria y Consorcio Brades en depósitos de 23.3 millones, 23.5 millones y 15 millones de pesos

Brades es la empresa que compró a Moisés Mansur sus parcelas de Campeche en 223 millones 800 mil 963 pesos, en una operación de compra venta donde se inflaron en 15 mil por ciento el precio de los bienes.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 24 de julio de 2017.


La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer la detención del alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, propietario de tres gasolineras que fueron clausuradas por presuntamente vender combustible comprado a huachicoleros.

En un comunicado, la dependencia precisó que Morales fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Marina (Semar), y destacó que la orden de aprehensión fue otorgada el pasado 30 de junio por el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz.

Morales Ugalde, añadió, estaría involucrado en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir, administrar, poseer, depositar, retirar, dar o recibir por cualquier motivo recursos o bienes de cualquier naturaleza dentro del territorio nacional.

De acuerdo con la dependencia, la carpeta de investigación inició derivada de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tras la detección de operaciones con un elevado monto de recursos dentro del sistema financiero nacional, probablemente producto de actividades ilícitas.

Por ello, agregó, el Ministerio Público de la Federación investigó y aportó los elementos de prueba suficientes que permitieron obtener la orden de aprehensión correspondiente.

El detenido fue puesto a disposición del juez de Control adscrito del Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz.

El gobernador Antonio Gali Fayad hizo un reconocimiento a la PGR y a la Semar por la detención del presidente municipal.

“… el mandatario refrendó que su administración trabaja decididamente con los tres niveles de gobierno en el combate frontal al robo de hidrocarburos que afecta directamente la tranquilidad de las familias”, subrayó en un comunicado.

El pasado 25 de mayo, Petróleos Mexicanos (Pemex) clausuró tres gasolineras pertenecientes al alcalde de Palmar de Bravo, municipio localizado en la zona conocida como “Triángulo Rojo” por la alta incidencia en el robo de combustibles.

Aunque Morales Ugalde aseguró que el cierre de sus negocios se debía a cuestiones administrativas, Pemex reportó que había encontrado discrepancias entre las cantidades de combustible que se surtieron y las que se comercializaron en esas estaciones de servicio, lo que hacía presumir la venta de combustible robado.

Los establecimientos clausurados se encuentran en Palmar de Bravo, Tecamachalco y Amozoc, registrados bajo las claves E00812, E05342, E10561 y E12632, respectivamente.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México.
Miércoles 5 de julio de 2017.


Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) casos de espionaje gubernamental y exigieron una investigación independiente.

Las víctimas ofrecieron una conferencia de prensa luego de que se divulgara un informe en el que se documentan más de una decena de nuevos casos de espionaje con el programa Pegasus, vendido al Gobierno de México.

Asimismo, pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) medidas cautelares y reformas legales para generar más controles gubernamentales de herramientas de espionaje.

"Estos nuevos casos no son aislados, sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento", sentenciaron en un posicionamiento leído por Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19.

"Exigimos rendición de cuentas por parte del Gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables".

Entre las víctimas documentadas se encuentran desde periodistas como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, hasta defensores de derechos humanos como Mario Patrón, del Centro Prodh, pasando por impulsores de mecanismos anticorrupción como Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre otros.

En la conferencia de prensa se explicó que cada víctima recibió mensajes maliciosos en momentos en que abordaban temas como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ejecuciones extrajudiciales como la de Tlatlaya, la investigación sobre la llamada Casa Blanca de la Primera Dama, el impulso a la Ley 3de3 o la búsqueda del reetiquetado frontal de las bebidas azucaradas, entre otros temas.

"El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas", continuó Ruelas.

Con los nuevos casos, la organización canadiense CitizenLab documentó en total 88 casos de intento de espionaje en México y un representante de la organización internacional aseguró que este es el caso más claro que tienen de espionaje gubernamental.

Reforma
César Martínez
Ciudad de México
Lunes 19 de junio de 2017.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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