Rancho que permite cazar bisontes por $153 mil, borra su rastro de internet

Rancho Buena Vista sin permiso para la caza de bisonte americano: Semarnat

•    La página de Facebook del rancho Buena Vista ya no existe y su sitio web http://www.ranchobuenavistamx.com/ fue bajado hace unas horas

Ciudad de México.- Después del escándalo por la cacería de un bisonte en Coahuila, rancho Buena Vista, que según la Semarnat es una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), sin permiso de aprovechamiento cinegético, borró todo su rastro en Internet.

Su página de Facebook ya no existe y su página en la web http://www.ranchobuenavistamx.com/ fue bajada hace unas horas, por lo que no puede ser consultada.

Al comunicarnos al teléfono donde dan informes sobre los paquetes para ir de cacería al rancho Buena Vista, una grabación responde: "Habla Carlos Mondragón, al momento no pude contestar tu llamada, pero por favor deja tu nombre y tu número de teléfono y yo me comunico contigo, gracias".

Intentamos contactar a la persona a través de WhatsApp, ya que aparecía como contacto "En Línea", mostrando una foto donde sostiene un puma muerto, pero de inmediato bloqueó nuestro número, desapareció la imagen y no hubo respuesta para conocer su versión de lo sucedido.

Al comparar las imágenes que circularon por redes sociales de la cacería del bisonte de un hombre con camisa a cuadros y gorra naranja, supuestamente en el rancho Buena Vista, y el propietario del teléfono celular, notamos que existe gran parecido entre ellos, por lo que se podría tratar de la misma persona, aunque no lo sabemos.

En este caso, corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), realizar una visita de inspección al rancho Buena Vista, abrir un expediente administrativo, hacer una investigación y en caso de confirmarse la caza ilegal, aplicar las sanciones correspondientes.

El Código Penal Federal contempla en su Artículo 420 penas de uno a nueve años de prisión y multas de trescientos a tres mil días (26 mil 64 pesos a 260 mil 640 pesos), a quien ilícitamente:

"Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres;

Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte.

Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales", establece.

En el comunicado de prensa que emitió la Semarnat, quedaron varios cabos sueltos debido a que no aclara si el rancho Buena Vista tiene vigente su registro como UMA, ni desde cuándo carece de permiso de aprovechamiento cinegético, porque tanto en la página de Internet del predio (cuando estaba disponible), como en Instagram abundan las fotos de cacería deportiva de bisonte justo en ese lugar de Coahuila.

Rancho Buena Vista sin permiso para la caza de bisonte americano: Semarnat

De acuerdo con la Semarnat el rancho Buena Vista tiene registro como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, pero no cuenta con permiso para la cacería de la especie

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que a través de la Dirección General de Vida Silvestre no se ha autorizado ningún permiso de aprovechamiento cinegético de Bisonte Americano al rancho Buena Vista, en Coahuila.

Es decir, que si bien el rancho Buena Vista tiene registro como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), no tiene permiso para la cacería de la especie en sus instalaciones.

Excélsior dio a conocer que en la base de datos de la Semarnat se encuentran las siguientes autorizaciones: Buena Vista SEMARNAT-CR-EX0105-COA, en el municipio de Ocampo y Buena Vista SEMARNAT-UMA-EX-0065-COA, en el municipio de Múzquiz.

“Las autoridades de esta dependencia revisaron de inmediato los expedientes y no existen informes sobre planes de manejo aprobados y aprovechamientos para la especie otorgados a algún rancho de Coahuila con el nombre de Buena Vista, ni con las características que muestran las fotos exhibidas en redes sociales”, señaló.

En un comunicado de prensa, destacó que la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Gobierno de Coahuila trabajan para esclarecer los hechos y, en caso de comprobarse que hubo un aprovechamiento ilegal de la especie, sancionar a los responsables.

“El Gobierno de México está comprometido con la conservación de esta especie y de su hábitat y trabajamos para su recuperación, por lo que se continuará con las indagatorias para aclarar los hechos y hacer valer la ley ambiental”, agregó.

Excélsior
Ernesto Méndez
Ciudad de México
Martes 12 de enero de 2021.


Los ejemplares entraron en un periodo de cuarentena para valorar su estado de salud, por los padecimientos propios de su avanzada edad


Ciudad de México.- El zoológico Mi Mascota en Tecali de Herrera, Puebla será el nuevo hogar para el tigre de Bengala “Rayas” y el oso Negro “Yogui", asegurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Oaxaca, al "Circo del Oso Ruso", que ya no tenía dinero para alimentarlos por crisis económica del Covid-19.

En un comunicado de prensa, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), explicó que los dueños de los animales están atravesando una situación económica muy compleja y ya no cuentan con los suficientes recursos para alimentar a estos animales silvestres que requieren de muchos kilos de comida al día.   

Sus dueños hicieron todo lo posible por cuidar y alimentar bien a los dos ejemplares, incluso, a pesar de que desde hace años ya no los exhibían en espectáculos, los mantuvieron bajo su cuidado por el cariño que les tenían, prácticamente eran parte de su familia, pero efectivamente por la situación actual ya no pueden mantenerlos ni garantizar su bienestar y ahora el zoológico de Puebla será su nuevo hogar”, explicó Ernesto Zazueta, presidente de la AZCARM.

Detalló que "Rayas" y "Yogui" entraron en un periodo de cuarentena para valorar su estado de salud, aunque veterinarios adelantaron que "los animales no muestran ningún indicio de maltrato ni desnutrición, solo padecimientos propios de su avanzada edad, pues ambos son animales geriátricos".

Zazueta recordó que los zoológicos, criaderos y acuarios que pertenecen a la AZCARM están en la mejor disposición de recibir ejemplares cuyos dueños ya no se encuentren en condiciones para garantizar su bienestar ante la situación de emergencia que vive el país.

Elementos de la Profepa y de la Guardia Nacional acudieron el lunes al Fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, en los Valles Centrales de Oaxaca, para realizar el aseguramiento precautorio de los ejemplares con base en el artículo 119 de la Ley General de Vida Silvestre.

El pasado 21 de abril, la autoridad ambiental presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por desobediencia de un mandato legítimo de autoridad contra los responsables del "Circo del Oso Ruso", debido que en una primera visita de inspección no les permitieron realizar el aseguramiento del tigre y el oso, luego de recibir denuncias a través de redes sociales que indicaban que a los animales no les daban de comer.

Excélsior
Ernesto Méndez
Ciudad de México
Martes 5 de mayo de 2020.


Hace un año, el excuidador de este lugar ganó un juicio para que autoridades lo dejaran como estaba en 2014.

A un año de que Martín Camacho Morales, ex cuidador del Aviario de Puebla, ganó un juicio para que el gobierno del estado y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) devuelvan el lugar en las condiciones que estaba en 2014, no ha ocurrido y no se ha investigado el paradero de las aves y especies animales que fueron sustraídas.

El ambientalista dijo que ninguna dependencia o autoridad quiere hacerse responsable de reponer el aviario a sus condiciones exactas y argumentan que será casi imposible porque las aves ya no están y se especula que algunas especies como tucanes y guacamayas están en poder de ex funcionarios del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

“Llevamos años exigiéndolo en oficios a la Profepa no solo de Puebla sino nacional, se habló con el secretario nacional y no, todos dicen que es una papa caliente porque no encuentran nada que devolver, no hay cómo. Algunos dicen que ya hubo justicia divida”, dijo Martín Camacho refiriéndose al fallecimiento de Moreno Valle.

El ambientalista refirió que las protestas sociales derivan en otras cuestiones como la detención del defensor del río Metlapanapa, Miguel López Vega –quien enfrenta un proceso en libertad bajo caución por oponerse al colector pluvial en Juan C. Bonilla–, pero prefirió esperar a ver si las autoridades ambientales acatan la sentencia que ganó en 2019.

“Debemos tener paciencia. Algunas aves murieron, algunas como tucanes, guacamayas, todo lo bonito, dicen que funcionarios se las llevaron a sus casas, pero no te podría dar nombres. La persona que nos lo dice tampoco va a declarar”, afirmó Martín.

El 15 de febrero de 2019 la Sala Especializada en Materia Ambiental y Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa exoneró al ornitólogo y ambientalista Martín Camacho del delito de tráfico de animales y el litigio 1240/15-EAR-01-6 que duró más de cuatro años llegó a su fin y la Profepa debió regresarle las mil 200 aves que incautó, ya que poseía la custodia del aviario del Parque Ecológico Revolución Mexicana.

Después de retirar la custodia de los animales, la administración de Moreno Valle remodeló el Parque Ecológico en donde se colocaron atracciones y ciclopistas con un costo de 163 millones de pesos, para luego lanzar una licitación que en 2016 ganó Africam Safari para un periodo de 30 años, empresa que en lugar del aviario construyó la atracción Arboterra.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Ciudad de Puebla
Lunes 3 de febrero de 2020.


Un gavilán y tres lechuzas fueron atendidos en la  UMA Konkon de la Universidad
 

En medio de la espesa vegetación de la reserva ecológica Flor del Bosque, profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas, así como personal de apoyo del Centro de Conservación de Vida Silvestre UMA Konkon y de la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) liberaron especies de aves y serpientes a su hábitat natural, tras concluir sus diversas etapas de rehabilitación.

            Un gavilán de Cooper (Accipiter cooperii) -ave en categoría de riesgo con estatus de protección especial-, tres lechuzas de campanario (Tyto alba), un búho cornudo (Bubo virginianus), un zanate mexicano (Quiscalus mexicanus) y cuatro ejemplares de víboras de cascabel enanas o pigmeas (crotalus ravus) fueron los animales que regresaron a la vida natural dentro del parque, que tiene cuatro ecosistemas diferentes que permiten recibir especies rescatadas del cautiverio y reintegrarlas a un espacio seguro.

            Uno por uno fueron liberados los especímenes que regresaron a su hábitat natural en el parque estatal Flor del Bosque. Primero, el zanate mexicano; unos minutos después fue puesto en libertad el gavilán de Cooper; seguidos de las lechuzas y el búho cornudo; y, finalmente, las víboras de cascabel enanas.

            Salvador Galicia Isasmendi, director de la Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP, expresó que con mucho entusiasmo, esta unidad académica, a través de la UMA Konkon, se suma a los esfuerzos de preservación de especies en conjunto con la delegación de la Profepa.

            “Gracias a los apoyos del Rector Alfonso Esparza Ortiz, a través del Hospital de Pequeñas Especies, de la UMA Konkon y de la propia facultad, podemos hacer esta acción”, dijo.

            Asistieron también a la liberación de los especímenes rehabilitados, Floriberto Milán Cantero, encargado de Despacho de la Profepa; Mario Romero, director del parque estatal Flor del Bosque; Andrés Estay Stange, responsable técnico de la UMA Konkon de la BUAP (Unidad de Manejo Ambiental para la Conservación de la Vida Silvestre), e integrantes de diversas asociaciones y clínicas veterinarias.


La PROFEPA aseguró 16 ejemplares de peyote (Lophophora  williamsii) en un puesto de venta de herbolaria en el mercado público “Tosma” en San Miguel de Allende


La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aseguró 16 ejemplares de peyote (Lophophora  williamsii) en un puesto de venta de herbolaria en el mercado público “Tosma” en San Miguel de Allende, Guanajuato.

En atención a una denuncia ciudadana personal de esta procuraduría llevó a cabo la visita de inspección en un puesto de venta de herbolaria donde se encontraron 16 ejemplares de cactáceas de nombre común Peyote (Lophophora  williamsii), con dimensiones variables desde tres a nueve centímetros de diámetro, con tallos hasta de diez centímetros.

En el mismo sitio se identificó un frasco de vidrio de cuatrocientos mililitros con trozos de la misma planta sumergidos en un líquido e identificado como “tintura de peyote”.

Al solicitar los inspectores la legal procedencia de las plantas al vendedor, éste no pudo acreditar la misma, señalando que el dueño es originario del Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.

Ante tal circunstancia los inspectores de PROFEPA aseguraron de manera precautoria los ejemplares y el frasco con trozos de peyote, iniciando el procedimiento administrativo al vendedor que las poseía y comercializaba.

Los ejemplares quedaron en resguardo de la PROFEPA en tanto son depositadas en algún lugar con autorización para su manejo, buscando la recuperación y conservación de las cactáceas, dado su alto valor ambiental.

El Peyote (Lophophora  williamsii) se encuentra listada como especie sujeta a protección especial por la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, donde se encuentran las especies en riesgo de extinción de nuestro país, así mismo,  está incluida en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en inglés), tratado Internacional del que México forma parte.

Excélsior
Ciudad de México
Domingo 3 de febrero 2019.


El gobierno de Puebla debe hacer público el contrato con el que privatizó el servicio de agua

A casi cinco años de haberse privatizado el servicio de agua potable en la zona metropolitana de Puebla, la organización “Dale la Cara al Atoyac” ganó un amparo para que la autoridad estatal haga público el contrato firmado para la concesión del servicio, hasta ahora en reserva.

En rueda de prensa, Melanie Camacho, presidenta de la organización, aclaró que, si bien el gobierno de Puebla estaba obligado a entregar el contrato completo –firmado el 26 de diciembre de 2013–, el Sistema Operadora de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) llevó al juzgado el documento sin anexos, lo que deja mucha información sin conocer.

Una parte importante de los anexos que se omitieron, dijo, son las sanciones que aplicarían en caso de cancelar el contrato con la empresa Concesiones Integrales o Agua para Puebla, asunto que cobra relevancia ahora que la fracción mayoritaria en el Congreso local (de Morena, PES y PT) aprobó reformas para revertir la privatización.

Camacho explicó que hace año y medio iniciaron un juicio de amparo directo, en el que 40 ciudadanos se declararon afectados por la contaminación del río Atoyac y por la omisión de las autoridades para sanear sus aguas, es decir, los gobiernos estatales, federal y municipales, además de dependencias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Como parte del juicio 303/2017, que tiene como fin último obligar a las autoridades a cumplir con el saneamiento del río Atoyac, el juez tercero en materia Administrativa ordenó entregar el contrato.

Semanas atrás se dio a conocer que el gobierno estatal había decretado cinco años más de reserva, lo que indicaba que hasta 2023 se podrían conocer los términos bajo los cuales se firmó la concesión del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento de Puebla y municipios conurbados.

Verónica Mastretta, asesora de “Dale la Cara al Atoyac”, dijo que el documento de la concesión tiene una extensión de 100 páginas y cuenta con un alto contenido técnico, pero entre los datos que salen a relucir destaca que el consorcio que ganó el contrato fue formado por Agua de México –empresa propiedad de los Hank–, Eppcor Servicios y Tecnología Intercontinental.

Como testigos ciudadanos de la firma del acuerdo fungieron dos organizaciones de las cuales no se tiene conocimiento: Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas AC y AR Información para Decidir.

La concesión se firmó a 30 años, y para ello el Consorcio formado por las tres empresas mencionadas entregó un pago de 1 mil 480 millones de pesos, de los cuales 500 millones se destinaron al pago de deuda con Banobras y los otros mil millones de pesos se destinaron a Finanzas del gobierno estatal, sin que se conozca el uso que se le dio a ese dinero.

De acuerdo con Mastretta, otra parte que lograron conocer con el documento es que Agua para Puebla está obligada a pagar una contraprestación del 5% de ingresos totales, equivalentes a unos 60 millones de pesos, de los cuales 40 millones están destinados para pagar deuda y 20 millones para que opere el organismo estatal.

Otro de los datos que lograron aclarar es que la concesionaria se comprometió al firmar el contrato para invertir, en un plazo de cinco años, un total de 3 mil 900 millones en infraestructura, pero no se tiene ninguna constancia de que haya cumplido.

Mastretta mencionó que a través del juez pedirán que la empresa cumpla con la entrega total de la documentación, no sólo por la relevancia de la información que contienen, sino porque es necesario que el proceso de concesión se transparente y los ciudadanos conozcan las obligaciones que tiene la empresa.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 1 de octubre de 2018.


La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en Atlamaxac, Tlaxcala, por no contar con permiso de descarga al afluente del Río Atoyac-Zahuapan.

El organismo precisó que, en una visita de inspección, su personal constató que dicha planta realiza descargas que exceden los límites máximos permisibles de parámetros, como son grasas y aceites, así como coliformes fecales que establece la NOM-001-SEMARNAT-1996.

La autorización, con la que no contaba el inspeccionado, debe ser otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y permite realizar descargas en forma permanente o intermitente al afluente del río Atoyac-Zahuapan, que es el cuerpo receptor de dicha descarga.

Según la Profepa, la PTAR da servicio de tratamiento de aguas residuales generadas por cinco municipios del estado de Tlaxcala: Teolocholco, Tepeyanco, San Francisco Tetlanohocan, La Magdalena Tlaltelulco y Santa Isabel Xiloxoxtla, así como a las empresas ubicadas en la Zona Industrial de Santa Isabel Xiloxotla.

Sin embargo, al no contar con el permiso vigente de descarga de aguas residuales, expedido por la autoridad competente, contraviene lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), por lo que la clausura total temporal se realizó con fundamento en el Artículo 170 fracción I de dicha norma.

Ello, debido a que la descarga de aguas residuales tratadas por la PTAR, al no cumplir con la normatividad ambiental vigente, representa un riesgo inminente, daño y deterioro a los recursos naturales, puntualizó la Profepa.

Proceso
Ciudad de México
Martes 15 de mayo de 2018. 


La empresa Cuar Constructores Asociados cambió sin autorización el uso de suelo en terrenos forestales

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró dos bancos de extracción de materiales pétreos de la empresa Cuar Constructores Asociados, S.A. de C.V., con ubicación en los municipios de Zacatlán y Chignahuapan, Puebla, por no contar con la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

A través de un comunicado se indicó que personal de la Profepa realizó visitas de inspección a los citados bancos de materiales pétreos, donde en el primero, ubicado en la localidad de Michac, municipio de Chignahuapan, constató cambio de uso de suelo en terreno forestal en una superficie de 7 mil 777 metros cuadrados.

En el segundo banco de extracción, ubicado en el municipio de Zacatlán de las Manzanas, se observó una afectación de terreno forestal con una superficie de 3 mil 299 metros cuadrados.

“Ambos bancos cuentan con un desarrollo de vegetación natural espontánea de bosque mixto de Encino y Pino, afectando la cubierta vegetal predominante de la región, ocasionando daño y deterioro grave de los recursos naturales por obras y actividades que se realizaron”, se indicó.

Derivado de los hechos y al no contar con la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se impuso como medida de seguridad la clausura total temporal de las actividades inspeccionadas.

Asimismo, se aseguró de manera precautoria una excavadora propiedad de la empresa.

“Cabe señalar que no contar con la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, puede generar una multa de 100 a 20,000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 165, Fracción II, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), en relación con el Artículo 163, Fracciones I y VII de la misma Ley”, agregó la Profepa.

e-consulta
Ciudad de Puebla
Sábado 6 de mayo de 2017.


La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó que el banco de materiales que se ocupó para la construcción de las plataformas de la planta automotriz Audi dañó 14 hectáreas y afectó los mantos freáticos del municipio de San José Chiapa.

La Profepa ratificó la clausura del banco pétreo explotado por la empresa Productos Agrícolas, Ganaderos e Industriales de Ojo de Agua S. de P.R. de R.L., la cual no contaba con permisos y aun así surtió material para la construcción de la planta Audi, ubicada en el municipio de San José Chiapa.

“Dicha empresa es responsable de la explotación del banco de materiales pétreos para la construcción y nivelación de la plataforma y naves de la empresa automotriz alemana”, indica la dependencia en un boletín.

Explica que, en una visita de verificación el pasado 25 de noviembre, se observó un grave deterioro en el sitio, lo que representa un impacto ambiental alto para el ecosistema.

Inspectores federales constataron que las oquedades o socavones de más de 15 metros de profundidad, ocasionados por la explotación pétrea, afectaron una superficie de 14 hectáreas con daño a mantos freáticos de la zona.

Luego agrega que con esta explotación el flujo de agua que surte el manantial “Ojo de Agua” ha disminuido.

“Cabe señalar que estas irregularidades se originaron con la construcción de la planta de autos Audi, debido a la irresponsabilidad de la empresa proveedora de los materiales pétreos, lo que ha dañado considerablemente el ecosistema del sitio”, precisa la dependencia.

La primera inspección que hizo la Profepa a ese banco de materiales ocurrió en 2013, cuando se constató la extracción de materiales para rellenar y nivelar las plataformas donde se ubicaría la planta automotriz.

En 2014, la Profepa clausuró dicho proyecto y requirió a la empresa medidas técnicas de urgente aplicación en materia de impacto ambiental, sin que hasta el momento se hayan cumplido.

Ante esto, indica, se ratificó la clausura, aunque cabe señalar que Audi ya acabó su construcción, y de hecho opera en ese municipio desde septiembre pasado.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 8 de diciembre de 2016.


La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene clausuradas 14 líneas de medición en siete Verificentros del estado de Puebla, debido a que los responsables del servicio vehicular no han acreditado el cumplimiento de la NOM-EM-167-SEMARNAT-2016.

En ese sentido, la delegación federal de la Profepa en la entidad ha emitido ocho resoluciones administrativas, en las cuales ha impuesto como multa un total de 5.3 millones de pesos.

La dependencia detalló que de los 16 Verificentros que existen en el estado poblano, ha levantado la medida de seguridad en nueve de éstos, por lo que se retiraron sellos de clausuras en 44 líneas de medición al considerar que se dio cumplimiento a lo ordenado por la procuraduría.

Por lo anterior, únicamente 14 líneas en siete Verificentros continúan suspendidas y dos líneas de medición en dos Unidades de Verificación de Autotransporte Público Federal.

Los motivos por los que se impusieron las clausuras a Verificentros son el incumplimiento de obligaciones establecidas en la NOM-EM-167-SEMARNAT-2016; además, han pretendido simular ante la Profepa tener diferentes razones sociales con el objeto de evadir su responsabilidad ante esta autoridad.

Es importante destacar que la Profepa vigila el correcto funcionamiento de los equipos de medición de los Verificentros y unidades de verificación vehicular del autotransporte público federal desde el pasado 1 de julio, cuando entró en vigor dicha norma.

Con estas acciones, se pretende lograr que los Verificentros del estado realicen con certeza la medición de los diferentes parámetros que marca la normatividad para los automotores.

El Economista
Ciudad de Puebla
Jueves 8 de diciembre de 2016.

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