Contingentes ciudadanos de cinco regiones de Puebla emprendieron una caravana hacia esta capital a fin de pronunciarse contra la reforma al artículo 12 de la Constitución local que abre la posibilidad de privatizar el servicio de agua potable en toda la entidad.

La caravana considera tres días de manifestación contra la reforma, hasta que todos los grupos ciudadanos se concentren en el Congreso del estado el próximo 22 de marzo.

Una de las rutas partió este día de Cuetzalan, e incluye a habitantes de los municipios de Jonotla, Zoquiapan, Xochitlan, Nauzontla, Huahuaxtla, Zacapoaxtla y San Miguel Tenextatiloyan.

En la ruta dos participan manifestantes de los municipios de Ayotoxco, Hueytamalco, Teziutlan, Chignautla, Tacopan, Atempan, Teteles, Tlatlauqui y Zaragoza; mientras que a la tercera se suman lugareños de Tlapacoya, Tlaola, Necaxa, Xicotepec, Huauchinango, Zacatlan y Chignahuapan.

En la cuarta ruta, que tuvo como punto de partida Tehuacán, participan ciudadanos de Tepanco, Tlacotepec de Juárez, Tecamachalco, Huixcolotla, Tepeaca y Amozoc; mientras que en  la cinco, de Ocotepec, Libres-Oriental, San José Chiapa, Grajales, Nopalucan y Acajete.

De acuerdo con los organizadores, esta caravana tiene como objetivo insistir ante el Congreso del estado para que se deroguen las reformas aprobadas durante el sexenio de Rafael Moreno Valle que permiten la privatización del servicio de agua potable en Puebla.

El 6 de enero, a unos días de concluir la administración de Rafael Moreno Valle, el Congreso local aprobó una reforma constitucional que permite al gobierno estatal quitar a los municipios el control del servicio de agua potable, supuestamente con el fin de garantizar el abasto a la población.

Sin embargo, autoridades municipales se han pronunciado contra esta reforma pues consideran que abriría paso a que el gobierno estatal determine privatizar la prestación del servicio a una empresa privada, tal como lo hizo en Puebla capital en 2014.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió 13 controversias constitucionales que fueron interpuestas por los municipios de Chiautla de Tapia, Izucar de Matamoros, Altepexi, Zinacatepec, Tehuacán, San Gabriel Chilac,  Tlaltenango, Zoquitlán, Ajalpan, Coxcatlán, Coronango, Juan C. Bonilla y San Pedro Cholula.

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, aseguró que se falsificaron siete actas de Cabildo para avalar la reforma al artículo 12 de la Constitución de Puebla, la cual fue promulgada el 27 de enero, antes de que venciera el plazo para declararla constitucional.

Indicó que en el Periódico Oficial del Estado aparecen enlistados municipios que no avalaron el decreto como San Martín Texmelucan, Tepeyahualco, Libres, Cuautlancingo, Xoxtla, Juan C. Bonilla y Coronango.

El diputado federal por Morena, Miguel Alva y Alva, indicó que de las 142 actas de cabildo que respaldaron la reforma para la privatización del agua, se han detectado ocho falsas, ya que en esos municipios no se efectuaron sesiones de cabildo para aprobar el decreto legislativo.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 21 de marzo de 2017.


El presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres dijo que Alarcón es parte del grupo de culpables de la crisis económica que padece el país; él aprobó la Reforma Energética.


Cholula.- Ante la amenaza de cárcel que le hizo el vocero del gobierno del estado Javier Lozano Alarcón, el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres le respondió: “Yo no soy Zhenli Ye Gon, a mí no me dan miedo sus amagos”, con lo cual recordó el episodio en el que el hoy funcionario estatal, siendo secretario del Trabajo y Previsión Social en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, intentó amedrentar al empresario chino, quien fue procesado por la posesión de metanfetamina.

El alcalde cholulteca ofreció este mediodía una rueda de prensa para darle contestación a los señalamientos que por la mañana le hizo el senador con licencia.

Por principio de cuentas, Espinosa Torres aseveró que Lozano Alarcón miente al decir que no se ha privatizado el servicio del agua potable y puso como ejemplo el caso de la ciudad de Puebla -donde el manejo ya está en manos particulares-, además de exhibir un par de recibos de cobro de los municipios de San Andrés Cholula y Cuatlancingo, emitidos por Concesiones Integrales, la empresa que desde el sexenio pasado administra el recurso.

El edil del Partido Movimiento Ciudadano, agregó que la redacción de la reforma hecha al Artículo 12 sección 6 de la Constitución local, establece claramente facultades para que el Estado controle el suministro y saneamiento del agua en la entidad.

Ante el señalamiento hecho por Lozano Alarcón, en el sentido de que el ayuntamiento de San Pedro está cobrando el servicio de saneamiento del recurso sin pagarlo al SOAPAP – instancia que en realidad limpia el agua-, Espinosa Torres advirtió que se trata de un distractor y expreso que hay presiones para que los municipios acaten una privatización que es anticonstitucional y con la que no están de acuerdo.

El munícipe también reviró al panista, que ésta mañana lo acusó de tratar de capitalizar políticamente el enojo de la gente por el alza de la gasolina y otros insumos, introduciendo el tema de la privatización del agua. Espinosa indicó que en todo caso Lozano Alarcón es parte del grupo de culpables de la crisis económica que padece el país por haber aprobado la Reforma Energética.

Fue entonces cuando el edil de San Pedro recordó el pasado polémico de Javier Lozano Alarcón y concretamente aludió al episodio ocurrido en marzo de 2007, cuando el panista amenazó a Zhenli Ye Gon.

También rememoró que el hoy portavoz gubernamental es uno de los culpables de la salida de la periodista Carmen Aristegui de la empresa MVS Multivisión.

José Juan Espinosa Torres pidió al gobernador José Antonio Gali Fayad dé la cara y dijo que “si en verdad está tendiendo una mano conciliadora, una muestra de su buena voluntad sería la erogación de la reforma que privatiza el agua de Puebla y el retiro de la concesión del líquido a la empresa Concesiones Integrales”, hoy llamada Aguas de Puebla.

La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
San Pedro Cholula, Puebla, Mx
Miércoles 15 de febrero de 2017.


El presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, presentó este lunes una controversia constitucional contra los poderes ejecutivo y legislativo estatal por la reforma al Artículo 12 de la Constitución del estado que abre la posibilidad de privatizar el servicio del agua potable en todo Puebla.

Espinosa Torres aseguró que la reforma aprobada por el Congreso estatal el 6 de enero, representa una clara violación a la autonomía de los municipios, por lo que espera que otros Ayuntamientos de la entidad igual recurran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo este supuesto intento de lucrar con el servicio básico.

En Puebla capital, el suministro de agua potable, el alcantarillado y drenaje fue privatizado por el gobierno de Rafael Moreno Valle desde 2013, pero de acuerdo con Espinosa Torres, con esta nueva reforma el gobierno estatal podría entregar en concesión el servicio en el resto de los 217 municipios de la entidad.

“Tratan de confundir al asegurar que la reforma trata sobre el derecho al agua, pero es sólo una forma de disfrazarlo, ya que en un segundo párrafo hablan acerca de que el Estado es quien determinará las normas”, señaló el edil.

La reforma aprobada el 6 de enero, y promulgada el 27, indica en su fracción 6: “El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.

Espinosa Torres afirmó que pese a que con esto, los Ayuntamientos tendrían que ceder al estado el control del servicio, lo cual es violatorio del Artículo 115 Constitucional, hubo alcaldes que apoyaron la reforma porque fueron presionados, algunos de ellos por la dirigencia estatal del PAN, en la cual la esposa de Moreno Valle, Martha Erika Alonso, es secretaria general.

La semana pasada, habitantes del municipio de Juan C. Bonilla retuvieron a funcionarios del Ayuntamiento para exigirles que se opongan a esta reforma legislativa por el riesgo que representa que pueda privatizarse el servicio del agua como ocurrió en Puebla capital.

Autoridades y ciudadanos de otros municipios como San Miguel Xoxtla, Huejotzingo, San Andrés Cholula, Coronango y Cuautlancingo igual se han pronunciado en contra.

Pese al descontento social, la reforma ya fue publicada en el Periódico Oficial del Estado desde el 27 de enero, a cuatro días de que concluyera el sexenio de Moreno Valle, luego de que supuestamente fue aprobada por la mayoría de los 217 Cabildos de la entidad.

El servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje de Puebla capital fue concesionado a la empresa Concesiones Integrales, formada por Grupo Agua de México, Tecnología Intercontinental (Ticsa) y Epccor Servicios (Epccor), pero igual participa otro accionista mayoritario a través de un fideicomiso que es manejado por Grupo Financiero Monex, cuya identidad se desconoce.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mex.
Martes 14 de febrero de 2017.

Se atienden a 35 personas por jornada, cuando las recomendaciones de la OMS son de 24

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron la sobrecarga de pacientes que tienen los médicos de esa dependencia, lo que atenta contra la calidad de atención que merecen los derechohabientes.

"Actualmente, se atienden a 35 personas por jornada, cuando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud [OMS] indican un máximo de 24", detalló Víctor Ortega, representante de los jubilados del IMSS.

De acuerdo con datos mostrados durante una conferencia de prensa convocada por distintos movimientos de trabajadores, en el 2005 el IMSS atendía a 54 millones de derechohabientes con 377 mil laboristas. Lo que representaba que había un trabajador para 144 afiliados.

Nueve años después las condiciones han empeorado. Para el año 2014 la cantidad de derechohabientes ascendió a 71 millones, pero la cantidad de médicos no subió al mismo nivel, dando como resultado que cada trabajador del IMSS deba atender 159 pacientes.

Los trabajadores mostraron su preocupación puesto que las autoridades de la institución han confirmado que no habrá una aumentó de personal para el próximo año. Este aumento de la carga será mayor, ya que se prevé que más derechohabientes se sumen a la institución.

"Esta es la razón por la que hay un mal servicio, y los pacientes sólo son atendidos durante cinco minutos", explicó Ortega. Quien advirtió que esos número son conservadores si se considera que no todos los médicos cumplen con sus funciones a cabalidad.

"Si yo quito los trabajadores de confianza que no atienden y que están atrás de un escritorio sin hacer nada y nos quedamos con los 407 mil 732 trabadores de base, resulta que estamos atendido a 174.5 derechohabientes por trabajador", detalló.

Estas condiciones, de acuerdo con los trabajadores, obedecen a una política de privatización que ya sufre el sector salud. En la que la cantidad de trabajadores no aumentará para que los servicios puedan ser subrogados a servicios de salud privados.

Mario Flores, representante de Resistencia IMSS dio fe de que en el área de Laboratorio Clínico se inició una subrogación de servicios, "hoy licitan el servicio, todo el conjunto de equipos. Por un año o dos, se lo dan a una empresa".

El Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS expuso que por medio de un acuerdo publicado el 23 de abril del 2014 en el Diario Oficial de la Federación sobre modificaciones al Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social (PIIMSS) 2014-2018. Las autoridades fortalecieron las subrogaciones y se cedió cobertura médica al Seguro Popular, mediante convenios para que afiliados del Programa IMSS-Oportunidades pasen al Seguro Popular.

Los trabajadores acusaron al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Manuel Vallejo Barra, de excluirlos de participar en el Congreso Nacional del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) que se llevará mañana a cabo en Monterrey.

"Hoy se inició trabajo para un congreso general que es la máxima representación del Seguro Social con el fin de revisar el contrato colectivo del trabajo. Esto prueba totalmente la ilegalidad y la pérdida de derechos, porque nos excluyeron", dijo José Arturo Calva Pérez, fundador de la Coordinadora Nacional en Defensa de los derechos Humanos de los Trabajadores Activos y Jubilados del Seguro Social.

Por su parte, Ismael Bautista Orzuna, miembro del Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS, detalló que el contrato colectivo se ve afectado por la realización de convenios. "Eso sucederá en el Congreso pero no abiertamente, nadie se va levantar a increparlo [a Vallejo], porque saben que pueden ser castigados".

Las sanciones abarcan suspensiones a derechos sindicales, laborales y despidos sin expediente, refirieron. "El estatuto no recoge que se deba sancionar de esta manera, lo que ellos hacen es sancionar por 5 años, y 10 años [con suspensiones], pero esa figura no existe. Manuel Vallejo se convirtió en el policía del Estado mexicano", agregó Bautista.

De esta cuenta los trabajadores, se realizó una marcha, que inició enfrente de las instalaciones del IMSS y concluyó en el Monumento de la Revolución. Informaron que a la marcha se sumaron los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sindicatos, para expresar su rechazo a los procesos de privatización que está sufriendo el país.

Sin embargo / Economía Hoy
Juan Luis García Hernández
Ciudad de México
domingo 11 de octubre de 2015.

 

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