"Que se defina en las urnas el futuro del país", manifestó el presidente en un discurso leído desde el Palacio de Gobierno.


El presidente de Perú, Martín Vizcarra, resolvió este lunes la disolución del Congreso de la República, al considerar denegada la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, aunque la misma fue aprobada en el mismo momento en que el mandatario anunciaba la decisión.

En respuesta, el Congreso comenzó una discusión sobre declarar la vacancia en la Presidencia del país, en lo que el director para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, Daniel Zovatto, definió como “un choque de poderes”.

Mientras la discusión se desarrollaba en el Congreso, simpatizantes del presidente salieron a las calles de algunas ciudades a manifestar su apoyo al mandatario

“Se viene un choque de poderes”, comentó Zovatto y añadió: “Si el Congreso vota la vacancia y consigue los 87 votos, la discusión de mañana es si el Congreso está disuelto y hay elecciones legislativas en 4 meses para completar el periodo o el presidente está vacado y jura la vicepresidenta para completar el periodo”.

El Congreso eligió este lunes a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional (TC) sin debatir el recurso constitucional presentado por el mandatario, con el objetivo de intentar frenar ese proceso.

El Parlamento tenía previsto elegir a seis de los siete miembros de ese organismo, y ya había avanzado en la designación de uno, Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien logró los 87 votos para ser magistrado.

La cuestión de confianza proponía la modificación del proceso de elección de candidatos al TC, bajo el argumento de que, de lo contrario, no se realizaría de manera transparente.

El fujimorismo, opositor a Vizcarra, tiene mayoría absoluta. Más de 70 congresistas pertenecen a esa fuerza, y junto con aliados reúne más de 80 miembros, en un congreso unicameral de 130 legisladores.

Para Vizcarra, entonces, en esa elección los parlamentarios buscarían designar a magistrados “que respondan a sus intereses, que no son los intereses de la nación”.

“Que sea finalmente el pueblo el que decida. El cierre que dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Constitución. Dando fin a esta etapa de entrampamiento político. Que se defina en las urnas el futuro del país”, manifestó el presidente en un discurso leído desde el Palacio de Gobierno.

En el mismo momento en que Vizcarra se dirigía a la nación, el Congreso aprobó otorgarle la cuestión de confianza planteada en la mañana por el primer ministro, Salvador del Solar.

La votación tuvo el respaldo de 50 congresistas, mientras que 31 se posicionaron en contra y hubo 13 abstenciones. De acuerdo con el presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, la decisión sería comunicada en breve al jefe de Estado.

Respaldan gobernadores al presidente

Por su parte, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) respaldó la disolución constitucional del Congreso, anunciada por el presidente de la República.

A través de un pronunciamiento emitido la noche del lunes, los gobernadores regionales mostraron además su desacuerdo con la moción de vacancia presidencial presentada por la congresista Yeni Vilcatoma, al considerar que es un acto “inconstitucional”.

RT/Perfil
Lima, Perú
Lunes 30 de septiembre 2019.



En una sola sesión, el grupo de trabajo abordó investigaciones sobre Chinchero y Conirsa. El mandatario criticó “actitud de intimidación” del Congreso


La Comisión de Fiscalización acordó ayer solicitar al pleno del Congreso facultades para investigar por 120 días presuntas irregularidades cometidas por el consorcio Conirsa en la construcción de la carretera Interoceánica Sur.

También decidió pedir una ampliación de 90 días al pleno para continuar con la investigación de la concesión del proyecto del aeropuerto de Chinchero (Cusco).

Ambos casos involucran al mandatario Martín Vizcarra por gestiones que realizó antes de llegar a Palacio.

El presidente de Fiscalización, Segundo Tapia (Fuerza Popular), detalló que ha presentado una moción de orden del día para que el pleno autorice la investigación de Conirsa, consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales.

Entre el 2006 y el 2008, Conirsa contrató como proveedora a la empresa CyM Vizcarra, que le perteneció al jefe del Estado y a su hermano, César Vizcarra.

Fiscalización también decidió citar por tercera vez a César Vizcarra, debido a que no se presentó a la sesión de ayer. El grupo parlamentario quiere interrogarlo por los contratos de CyM Vizcarra con Conirsa por el alquiler de maquinarias para la construcción de los tramos II y III de la Interoceánica Sur.

El hermano del presidente envió una carta a la comisión ayer, en la que cuestionó el tenor de la citación. Dijo que el grupo le ha solicitado que presente documentación que no guardaría relación con los hechos materia de investigación. “[Esto] torna en ilegal el requerimiento de información”, señaló.

Mauricio Mulder (Apra) planteó que César Vizcarra sea citado de grado o fuerza si no acude la próxima semana y si el pleno acepta darle a Fiscalización la facultad investigadora. El grupo de trabajo también aprobó por mayoría convocar a 22 personas involucradas en el caso, mientras espera la respuesta del pleno.

En la lista se encuentra el jefe de Estado en su calidad de ex gerente de CyM Vizcarra; Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, y otros exfuncionarios y empresarios.

–Adenda en la mira–

Segundo Tapia informó que ha solicitado al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, que añada en la agenda del pleno el debate del informe preliminar sobre la indagación de la concesión del aeropuerto de Chinchero.

El informe preliminar está listo desde el 23 de agosto del 2017, cuando Fiscalización era presidida por Rolando Reátegui.

La comisión solicitó un plazo adicional de 90 días para continuar con las investigaciones, que se realizarían en paralelo a las de la fiscalía.

Tapia precisó que el grupo indagará sobre la adenda al contrato a favor de Kuntur Wasi. Por este punto, la fiscal Zoila Sueno solicitó al Poder Judicial que dicte comparecencia restringida a la exviceministra de Transportes Fiorella Molinelli y a otros 12 investigados.

La comisión tiene planeado citar a la fiscal Sueno, a Molinelli y al presidente Vizcarra, entre otros.

–Respuesta presidencial–

La Comisión de Fiscalización también aprobó investigar cómo se elaboró el mensaje del 28 de julio. En la noche, el presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre las últimas acciones del Congreso.

“Esta actitud de intimidación de todos estos actos del Congreso pretenden dañar al Ejecutivo, pero no lo logran, a quien están dañando es al Perú”, declaró a la prensa. Agregó que por esa razón la población dice “basta” y se ha convocado a una movilización “plenamente justificada”.

El mandatario señaló que con estas actitudes el Congreso “no hace otra cosa que justificar día a día el pedido de adelanto de elecciones”.

Remarcó que en la actual legislatura se sigue buscando la confrontación y “no se ha aprobado ninguna ley”. Vizcarra pidió a los congresistas escuchar a la población y hacer un análisis objetivo de la propuesta del Ejecutivo.

El gobernante dijo que la situación de entrampamiento es tal que “se amerita esta decisión que hemos pedido” al Poder Legislativo.

La periodista y analista política Mabel Huertas señaló que los casos Conirsa y Chinchero ameritan investigarse, aunque “obviamente habrá intención política [por parte del Congreso]”.

En tanto, el analista político Jeffrey Radzinsky comentó que evidentemente hay una respuesta política y confrontacional, nuevamente, del Legislativo al Ejecutivo. Agregó que el caso de Chinchero es un tema que amerita una investigación, pero a cargo de la fiscalía.

El Comercio
Lima, Perú.
Martín Calderón
Jueves 05.09.2019.


El Ministerio Público de Perú informó que "el exmandatario se encuentra en su primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas".

El expresidente peruano Alejandro Toledo Manrique fue arrestado la mañana de este martes en EE.UU., por pedido de Perú, que lo ha solicitado en extradición.

El Ministerio Público de Perú informó que "el exmandatario se encuentra en su primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas", como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país.

Ministerio Público

@FiscaliaPeru


 #Urgente | El Ministerio Público, a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, informa que el expresidente, Alejandro Toledo Manrique, fue arrestado esta mañana por mandato de extradición, en Estados Unidos.

Toledo se encuentra prófugo de la Justicia peruana, donde está acusado por los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.

En abril de 2017, un juez ordenó "prisión preventiva" para Toledo y su esposa Eliane Karp. Meses antes, se había librado una primera orden de captura para el exmandatario, tras ser acusado de recibir un soborno de 20 millones de dólares por parte de Odebrecht durante su mandato (2001-2006), a cambio de obras como el Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil.

El empresario de Odebrecht, Jorge Barata, durante una entrevista con AFP, el 18 de septiembre del 2015. Los presuntos sobornos de Odebrecht a expresidentes de Perú explicados por su antiguo director
Antes de hacerse efectiva su captura, el expresidente huyó a EE.UU., y reside en California desde entonces. En mayo de 2018, el Gobierno peruano pidió oficialmente a EE.UU. su extradición.

Además de este caso de Odebrecht, en junio pasado, el fiscal superior Rafael Vela formalizó su acusación, con fines de extradición, contra Toledo y Karp, esta vez por el caso Ecoteva.

En este caso se le juzga por las costosas adquisiciones de inmuebles a nombre de su suegra Eva Fernenbug a través de Ecoteva Consuting Group.

Ecoteva es una empresa fundada en Costa Rica por Fernenbug, presuntamente a pedido del expresidente. En esa firma se usaron dos cuentas en el banco ScotiaBank de Costa Rica, en el que presuntamente se movilizó dinero que recibió de Odebrechet.

RT
Washington/Lima
Martes 16 de julio de 2019.


Tras cuatro años de investigación, la fiscalía formalizó pedido de 20 años de prisión para el ex presidente y 26 años y 6 meses para la ex primera dama. Se les imputa lavado de activos agravado.


El fiscal del equipo especial Lava Jato Germán Juárez Atoche solicitó ayer 20 años de prisión para el ex presidente Ollanta Humala, y 26 años y 6 meses para su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia. El magistrado formalizó la acusación contra la ex pareja presidencial por el presunto delito de lavado de activos agravado en el ámbito de la Ley de Crimen Organizado.

La acusación, que se presentó ante el despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, tiene 1.500 folios. A ello se le suman 160 tomos del expediente principal y otros 388 cuadernos auxiliares a la investigación fiscal que contienen informes de cooperación internacional de otros países, informes de levantamiento de secreto de las comunicaciones y secreto bancario, según informó el fiscal Juárez Atoche.

1-    Odebrecht y el dinero venezolano

Según la acusación fiscal, el delito de lavado de activos agravado se habría configurado a través del ingreso del dinero del Gobierno Venezolano para la campaña electoral de Humala en el 2006.
Este dinero, de acuerdo con la fiscalía, fue lavado a través de contratos simulados con la empresa Apoyo Total y contratos con el diario venezolano “The Daily Journal” por un total de US$215 mil.

Otro monto de dinero ilícito que habrían recibido serían los US$3 millones de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña electoral del 2011.

2-    Las imputaciones directas contra Humala y Heredia

Según la acusación del fiscal Juárez, a Humala se le sindica como coautor de dos actos de lavado de activos: participar en la “conversión” del presunto dinero ilícito, tanto en la campaña electoral del 2006 como en la del 2011. Por ello, la pena que solicitó la fiscalía es de 20 años. “El dinero fue introducido en el circuito económico en las campañas electorales”, sostuvo el fiscal.

En el caso de Heredia Alarcón, quien también fue considerada coautora, se le imputan tres actos ilícitos: su participación en la “conversión” del dinero para las campañas del 2006 y del 2011 y el “ocultamiento” del mismo a través de la compra de inmuebles y otros actos. Por ello, bajo el concurso real de delitos, la pena solicitada para ella se elevó a 26 años y 6 meses.

Juárez anunció que se encuentra evaluando solicitar alguna medida restrictiva, entre ellas la prisión preventiva, con la finalidad de asegurar la permanencia de Humala y Heredia en el proceso.

 Ollanta Humala

3- Disolución del partido. Belaunde Lossio y otros acusados

El fiscal también incluyó como responsables al Partido Nacionalista Peruano (PNP) y a la empresa Todo Graph, para los que solicitó su disolución y liquidación. Según Juárez “el Partido Nacionalista fue instrumentalizado por los investigados Ollanta Humala y Nadine Heredia Alarcón”.

En la acusación también se comprendió a Rocío Calderón, amiga de Heredia, para quien se pide 26 años y 6 meses de cárcel. Ella habría intervenido en ocultar el presunto dinero ilícito de la campaña electoral del 2006 y, luego, habría adquirido con este joyas y otros bienes. También habría ayudado a ocultar el dinero que ingresó a la campaña del 2011.

La acusación comprende además a Martín Belaunde Lossio, Antonia Alarcón Cubas (madre de Heredia), Ilan Heredia (hermano de Heredia), Eladio Mego, Santiago Gastañaduí, Maribel Vela, Julio Torres y Carlos Arenas.

4- El juez Concepción efectuará el control de la acusación

La abogada penalista Sophia Icaza, del estudio Linares Abogados, sostuvo que lo que sigue una vez formalizada la acusación es que el juez Concepción Carhuancho deberá analizar los requisitos formales, declararlos admitidos y señalar fecha para una audiencia de control.

En esta sesión, se analizará la base de los elementos de convicción, la participación de los acusados, excepciones y medios probatorios. “Si hay un error, se puede observar y el fiscal puede subsanarlo”, dijo.

Según el ex fiscal superior Pedro Angulo, existe un plazo de 20 días para que el juez fije la fecha para el inicio de la audiencia de control de acusación.

Esta etapa, denominada intermedia, podría tomar algunos meses teniendo en cuenta que el caso es complejo.

Por ello, indicó que recién a finales de año podría estarse iniciando el juicio oral. Este proceso ya no estará a cargo del juez Concepción Carhuancho, sino de un órgano colegiado integrado por tres magistrados.

5- La defensa rechaza pruebas

César Nakazaki, abogado de Humala y Heredia, dijo que solo aceptarán “que el fiscal acuse con pruebas producidas en la etapa de investigación preparatoria” y no con documentos o testimonios introducidos después de cerrarse la misma.

Julio Espinoza, abogado de Heredia, estimó que el caso podría tardar hasta tres años para llegar hasta la última instancia en la Corte Suprema. “El gran dilema jurídico será decidir si un aporte para una campaña política es un delito de lavado de activos y nosotros tenemos desarrollada toda una teoría de que ello no es posible”, dijo.

El Comercio
Karem Barboza Quiroz
Lima, Perú
Miércoles 08.05.2019.


El juez Jorge Chávez considera probado que el exmandatario peruano cometió actos de conversión de activos y ocultó información, además de ofrecer datos falsos.

La Justicia de Perú dictó este viernes 3 años de prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de dinero en agravio del Estado relacionado con el caso Odebrecht, informa la agencia Andina.

En cuanto a su secretaria personal y su chofer, Gloria Kisic y José Luis Bernaola, respectivamente, se desestimó la solicitud de prisión preventiva que el ministerio público había solicitado.

El juez Jorge Chávez considera que el exmandatario peruano, que se halla ingresado en una clínica de Lima por una afección cardíaca, cometió actos de conversión de activos y ocultó información, además de ofrecer datos falsos. Por otro lado, defendió la decisión judicial argumentando que no cuenta con arraigo en el país, pues su esposa y familia residen en EE.UU.

Cuatro expresidentes de Perú han sido objeto de investigación en los últimos años por supuestos delitos de corrupción, soborno o lavado de activos, vinculados a una trama de irregularidades en contratos con la constructora brasileña Odebrecht: Alejandro Toledo (2001-2006); Alan García (2006-2011), que se suicidó este miércoles dispararándose cuando iba a ser detenido; Ollanta Humala (2011-2016) y Kuczynski (2016-2018).

RT
Lima, Perú
Viernes 19 de abril de 2019.


El ex presidente de la República Alan García falleció hoy, luego de que esta mañana se disparara en la cabeza, cuando la Policía Nacional ingresó a su casa, en el distrito de Miraflores, para ejecutar una orden de detención preliminar por 10 días en su contra en medio de acusaciones de haber recibido pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.

Así lo informó Ricardo Pinedo, secretario personal de García Pérez, a las afueras del hospital Casimiro Ulloa, donde el ex jefe de Estado fue trasladado de emergencia.

“Compañeros, ha fallecido Alan García. ¡Viva el Apra!”, expresó dirigiéndose a los simpatizantes apristas reunidos en los exteriores del centro médico.

El congresista aprista Mauricio Mulder calificó como “un acto de honor” la decisión de Alan García de quitarse la vida frente a lo que llamó “una persecución fascista” y “enfermiza” de parte de un sector del Ministerio Público y los enemigos políticos del ex mandatario.

“Han buscado el escarnio, los insultos, la agresión permanente contra Alan García, [el ex presidente] ha tomado la decisión de un hombre libre, la decisión que ha tomado es de dignidad y de honor, no permitiendo, quien ha sido ungido dos veces presidentes de la República, ser humillado y vejado”, subrayó.

Mulder también dijo que el Partido Aprista sabe del “sacrificio y gesta de unidad” que ha hecho el ex presidente.

“Alan García ha dado su contribución de sangre para que el Perú sea un país democrático y no un país dominado por el apetito de los enemigos”, acotó.

Previamente, la ministra de Salud, Zulema Tomas, informó que García se encontraba en una "situación muy crítica y muy grave".

También refirió que el ex jefe de Estado sufrió tres paros cardio-respiratorios.

"Es la tercera vez que le hemos hecho la reanimación. Ha hecho tres paros cardíacos. La situación es grave", comentó Tomas, quien dijo que ingresó al quirófano.

El ministro del Interior, Carlos Morán, afirmó que la diligencia realizada por la Policía Nacional y el Ministerio Público en la vivienda de García se hizo en cumplimiento estricto de una orden judicial de detención preliminar por diez días solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.

“Quiero puntualizar que la intervención de la Policía Nacional se ha pegado estrictamente a protocolos establecidos apoyado en una diligencia judicial dictada por un juez en un caso emblemático como es el caso Lava Jato”, subrayó Morán en conferencia de prensa.

Por su parte, el congresista aprista Mauricio Mulder criticó que la fiscalía haya solicitado la detención preliminar del ex presidente sin esperar a la declaración del ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, programada para la próxima semana.

“El ex presidente Alan García se encuentra en esta situación sin que le hayan imputado nada, ni siquiera han esperado que el señor Barata hablé. ¿Será porque ya saben que el señor Barata no va a decir nada? Entonces, necesitaban de todas maneras hacer este circo”, expresó.

La investigación contra García

Antes de emitirse la orden de detención, Alan García había declarado el martes que no se asilaría ni escondería, en tácita alusión al frustrado asilo que pidió a Uruguay en noviembre.

La justicia dictó en ese mes 18 meses de impedimento de salida del país.

La detención ordenada a Alan García este jueves es por 10 días y busca, según la fiscalía, recoger nuevos elementos en la investigación ante un eventual riesgo de fuga.

A fines de 2018 Alan García, tras abandonar la embajada uruguaya, dijo que estaba a disposición de la fiscalía de lavado de activos que lo investiga por corrupción.

El ex mandatario permaneció durante 16 días en la embajada uruguaya, donde solicitó asilo "ante la inminencia de una orden de detención". El pedido fue rechazado por el gobierno de Uruguay tras revisar la documentación entregada por Lima y por el solicitante.

En las últimas semanas García ha reiterado que "no existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con la empresa Odebrecht o la realización de alguna de sus obras".

Alan García está bajo la lupa además por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para la línea 1 del metro de Lima durante su segundo mandato.

El año pasado alegó ser "perseguido político", pero su versión fue desmentida por la justicia y el gobierno peruano.

Por el escándalo de Odebrecht en el Perú también están investigados los ex mandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), este último bajo detención preliminar hasta el 20 de abril, así como la opositora Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien está en prisión preventiva.

 AFP
El Comercio
Lima, Perú.
Miércoles 17 de abril de 2019.

   
El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski salió este miércoles de su casa en Lima detenido por la Policía Nacional en cumplimiento a una orden de detención preliminar por diez días, a raíz de una investigación por presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

Kuczynski, de 80 años, salió de la cochera de su casa en un automóvil manejado por oficiales de la Policía Nacional rumbo a la sede de Medicina Legal y posteriormente será trasladado a la oficina de la Prefectura de la Policía en Lima.

Mientras era trasladado a las oficinas de la Policía, Kuczynski publicó en su cuenta de Twitter que hoy miércoles recibió la disposición del Poder Judicial de "detenerme preliminarmente por diez días".

"Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades judiciales", anotó.

"Nunca rehuí de la justicia", remarcó el exgobernante, que fue elegido a la Presidencia de Perú en 2016 y renunció en 2018 por sus presuntos vínculos con Odebrecht.

"Me allané absolutamente a todas las investigaciones. Nunca me opuse ni opongo a ninguna investigación", agregó a raíz de las pesquisas iniciadas por las obras adjudicadas durante el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), en el que fue primer ministro y titular de Economía.

Kuczynski admitió que es "un momento muy duro para mí pero lo afrontaré con la entereza de quien solo tuvo el anhelo de tener un mejor país".

Su defensa ha anunciado que apelará la medida porque el exmandatario siempre ha colaborado con las investigaciones de la Fiscalía y ha aceptado el impedimento de salida del país dictado tras su renuncia a la Presidencia de Perú.

De acuerdo a la resolución publicada por medios locales, el juez Jorge Luis Chávez señala que el Ministerio Público presentó como "hecho precedente" los "actos de blanqueo de capital en los que ha incurrido" el expresidente como consecuencia de "su intervención en presuntos actos de corrupción" vinculados a dos proyectos que fueron concesionados a Odebrecht.

Los proyectos son la Carretera Interoceánica tramos 2 y 3, y el proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos, adjudicados en el Gobierno de Toledo, prófugo de la justicia por un millonario soborno entregado por Odebrecht y con pedido de detención.

La resolución de detención preliminar del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a solicitud del fiscal José Domingo Pérez, agregó que la misma medida se extiende a su exsecretaria Gloria Kisic y a su asistente José Luis Bernaola.

Asimismo, el juez ordenó el allanamiento e incautación en los inmuebles de Kuczynski, Kisic y Bernaola, así como de la oficina del exmandatario.

El objetivo de los allanamientos es la "detención y la incautación de cosas relevantes para la citada investigación (vouchers de cuentas bancarias, depósitos electrónicos, documentos de compra venta de bienes muebles, escrituras públicas, entre otros objetos del delito)", señaló la resolución judicial.

Kuczynski renunció a la Presidencia de Perú en marzo de 2018, debido a los vínculos que mantuvo con Odebrecht, durante su paso por el Gobierno de Toledo y a su salida de este, a través de sus empresas de asesoría financiera.

El Congreso, dominado por el fujimorismo, promovió dos pedidos de destitución contra Kuczynski, uno de los cuales fue superado con el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel, pero que reveló una presunta compra de votos de legisladores por parte del Gobierno.

EFE
LIMA, PERÚ
Miércoles 10 de abril 2019.


Fue llevado de la clínica donde estaba hospitalizado hasta una cárcel para que termine de purgar los 25 años impuestos por crímenes contra la humanidad.

El exgobernante, de 80 años, fue sacado en la noche desde la clínica en un vehículo todoterreno blanco y llevado a la misma prisión policial donde permaneció recluido durante una década, en cumplimento del fallo judicial que revocó el indulto que consiguió en la Navidad de 2017.

"Siento que el final está cerca", dijo horas antes Fujimori en un manuscrito enviado a la AFP desde la soledad de la Clínica Centenario Peruano Japonesa, donde estuvo internado casi cuatro meses después de que fue anulado su indulto.

"Es por eso que volver a prisión es una condena de muerte lenta y segura", agregó Fujimori, un ingeniero y matemático formado en Estados Unidos y Francia, que gobernó Perú con mano dura de 1990 a 2000.

Vestido con camisa clara y pantalón oscuro, el exmandatario viajó en el vehículo desde la clínica a la prisión acompañado por su hijo menor, Kenji Fujimori.

"Agradezco las muestras de solidaridad a mi padre", escribió Kenji en su cuenta de Twitter, lamentando que volviera a prisión "a pesar de sus dolencias y su edad".

El vehículo fue escoltado por motocicletas y varios autos policiales en un trayecto de 40 minutos hasta la prisión policial en Barbadillo, al este de Lima.

Hospitalizado el 3 de octubre tras sufrir una crisis cardíaca que le sobrevino cuando le comunicaron que la justicia había anulado su indulto, Fujimori salió de la clínica en medio de una gran cantidad de periodistas y de decenas de simpatizantes, bajo fuerte vigilancia policial.

El expresidente de ancestros japoneses pasó de manera austera los 10 meses que estuvo en libertad (antes de ingresar a la clínica), retirado de la política, viviendo solo en una casa alquilada del barrio acomodado de La Molina, al este de Lima, donde escribía sus memorias.

La autoridad penitenciaria lo recluyó nuevamente en la base de las fuerzas especiales de la policía en Lima para que complete los 15 años restantes de su condena por crímenes contra la humanidad cometidos durante su gobierno. Debe permanecer en prisión hasta mayo de 2033.

Fujimori estuvo preso en la misma base policial entre 2007 y 2017, luego de llegar extraditado desde Chile. Es el único recluso en ese lugar, donde dispondrá de cuidados médicos permanentes, según las autoridades.

Partidarios acudieron a apoyarlo

Decenas de seguidores del expresidente se congregaron en la clínica en las horas previas a su traslado a prisión.

"Es una venganza contra un gran presidente que derrotó al terrorismo y a la corrupción", dijo a la AFP una mujer que se identificó solamente como Martha.

"¡Fuerza chino, Alberto Fujimori eres el mejor presidente del Perú! ¡El pueblo está contigo!", rezan carteles alzados por los manifestantes.

Fujimori recibió el alta de la clínica luego que una junta médica determinó hace una semana que se encontraba estable y podía recibir tratamiento ambulatorio para sus dolencias.

Apelación pendiente

Sin embargo, la suerte de Fujimori no está aún sellada a nivel judicial, pues la Corte Suprema debe decidir un recurso contra la anulación del indulto.

"El indulto se justificó por varias enfermedades entre ellas la fibrilación auricular paroxística. El diagnóstico actual no es el mismo, pues se ha agregado ahora otro mal coronario", alegó Fujimori en su manuscrito enviado a la AFP.

"La combinación de estos dos problemas con el trauma y el estrés que produce la cárcel es un camino seguro a un infarto cardíaco", agregó.

Una sala de la Corte Suprema anuló el indulto el pasado 3 de octubre debido a irregularidades cometidas por el entonces presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski.    

El tribunal peruano revisó el indulto a raíz de un fallo de julio de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En febrero de ese año, familiares de las víctimas de los dos casos que llevaron a prisión a Fujimori pidieron a ese tribunal que revirtiera el indulto.

Fujimori purgaba su sentencia por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde escuadrones de la muerte integrados por militares asesinaron a 25 personas en una supuesta operación antiterrorista. Las víctimas, entre las que había un niño de 8 años, no eran guerrilleros.

AFP
Lima, Perú
Domingo 27 de enero 2019.


El ex mandatario peruano presentó este pedido horas después de que se dicte su impedimento de salida del país por 18 meses

El ex presidente Alan García solicitó asilo a la embajada de Uruguay anoche, según informó el embajador de ese país al Ministerio de Relaciones Exteriores.

"El ex presidente ha solicitado asilo a ese país, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay", informó la cancillería mediante un comunicado.

La cancillería detalló que el embajador de Uruguay le comunicó que Alan García ingresó anoche a su residencia.

Cancillería Perú??

@CancilleriaPeru
 La @CancilleriaPeru hace de conocimiento de la opinión pública que el Embajador de la República Oriental del Uruguay le comunicó esta mañana que el ex presidente del Perú @AlanGarciaPeru ingresó en horas de la noche de ayer a su residencia.

►https://bit.ly/2Beo4Jx

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12:33 - 18 nov. 2018
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La solicitud, como indica la citada convención, deberá ser evaluada por el gobierno uruguayo. El Perú, por su parte, tendrá que presentar información a las autoridades uruguayas de acuerdo al artículo IX de la Convención sobre Asilo.

Cabe resaltar que el Poder Judicial dictó ayer 18 meses de impedimento de salida contra García.

El expresidente peruano Alan García pide asilo político a Uruguay en su embajada en Lima

La justicia había ordenado el arraigo en Perú por 18 meses para ser investigado por lavado de activos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha informado este domingo de que el expresidente Alan García Pérez ha solicitado asilo político a Uruguay. El dos veces exmandatario peruano (1985-1990 y 2006-2011) ingresó la noche del sábado a la residencia del embajador uruguayo en Lima para pedir protección. Eso sucedió horas después de que un juez impidiera abandonar el país al líder del Partido Aprista por 18 meses para permitir diligencias fiscales en una investigación por colusión, lavado de dinero y tráfico de influencias ligadas a la concesión de la Línea 1 del Metro a la constructora brasileña Odebrecht, que ha obligado a abrir varias causas por corrupción en varios países de América Latina.

García dijo ayer por la tarde, después de que se hiciera pública la resolución judicial, que "no es un ningún castigo ni deshonor estar 18 meses en el Perú" y que estaría "a disposición para presentar las contrapruebas". La decisión judicial impide al expresidente regresar a Madrid, ciudad en la que residía desde hace meses. "Es una triquiñuela para ganar espectacularidad. Necesitan hacer una hoguera y quemar como una vieja bruja a Alan García”, dijo el exmandatario sobre la orden de arraigo.

En la década de los 90, Alan García permaneció asilado en Colombia nueve años mientras era investigado por corrupción en la obra del tren eléctrico. Regresó a Perú en 2001 cuando prescribieron los cargos en su contra por enriquecimiento ilícito, cohecho y colusión.

El jueves, el fiscal provincial José Domingo Pérez –que integra el equipo especial Lava Jato en el Ministerio Público– solicitó el impedimento de salida de García al magistrado especializado en corrupción de funcionarios, Juan Carlos Sánchez, debido a nuevas pruebas respecto del expresidente.

En una audiencia realizada la tarde de este sábado, Pérez sostuvo que Odebrecht proporcionó a la Fiscalía mensajes –de julio de 2012- de su sistema de comunicación encriptada llamado Drousys, en los cuales el área de sobornos de la empresa le pedía a un abogado externo firmar un contrato con una fecha anterior –mayo 2012– y transferir 100.000 dólares a la cuenta bancaria de García como pago por una conferencia realizada en mayo en São Paulo.

El abogado José Américo Spinola, identificado con el pseudónimo de Joe en el sistema Drousys del Sector de Operaciones no Estructuradas (el área de sobornos), recibía 15.000 dólares de la transnacional brasileña por gestionar el pago al político peruano como si fuera a nombre de la Federación Industrial del Estado de São Paulo (FIESP), lugar donde fue la conferencia. Spinola preguntó si podría pagar vía una firma offshore desde Nevis en el Caribe para ahorrar, pero el área rechazó ese canal. “El pago tiene que ser hecho en Brasil, de la empresa que intermedió la invitación”, respondió el administrador de la caja paralela de la constructora, Marcos Grillo.

El fiscal Pérez explicó que en 2009 el entonces presidente Alan García firmó cinco decretos de urgencia y dos decretos supremos para modificar el marco legal a favor de la constructora brasileña Odebrecht, y que la concesión de la línea 1 del metro de Lima pasara de la municipalidad de Lima al Ministerio de Transportes. Tres exfuncionarios de ese ministerio están presos por haber recibido dinero de Odebrecht en paraísos fiscales: uno de ellos mantuvo una cuenta por siete millones de dólares.

El representante del Ministerio Público aseguró que en varias oportunidades citó a García para diligencias y este se excusó debido a “actividades en Madrid”. “Otros se venden, yo no”, ha repetido García desde que en enero de 2017 fueron detenidos exfuncionarios de su Administración por este caso. Sin embargo, el pasado viernes dijo que podría haber recibido dinero de Odebrecht como otras entidades en Lima. “¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”, escribió en Twitter. Su versión en el pasado había sido que el gremio empresarial paulista le había pagado la conferencia.

El ex procurador anticorrupción Iván Meini refirió a EL PAÍS que ninguna norma prohíbe a expresidentes contratar con una empresa que fue proveedor del Estado durante su gestión, pero aludió a una práctica corrupta en esa situación.

“Para funcionarios de primer nivel no hay imposibilidad legal, pero hay que notar que los casos de corrupción pretendan ser camuflados y que cuando el funcionario público deja de serlo recién se le paga la contraprestación o el soborno. Esa es una buena forma de complicar la actividad probatoria del fiscal. En este caso, los decretos de urgencia –a favor de la empresa– fueron un mecanismo excepcional en el derecho peruano. Por otro lado, el valor de las conferencias de 100.000 dólares es sospechoso, ni Bill Clinton ni Bill Gates cobran así”, comentó el abogado penalista Meini a este diario.

El País
El Comercio
Jacqueline Fowks
Lima, Perú / España
Domingo 18 noviembre de 2018.


La poderosa líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida este miércoles acusada de recibir aportes ilegales de la brasileña Odebrecht, una semana después de que la justicia anulara el indulto a su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

La hija mayor de Alberto Fujimori (1990-2000) quedó detenida preventivamente por un periodo de 10 días después que acudió a declarar ante un juez, señaló su abogada Giuliana Loza, quien calificó de “atropello y abuso” la decisión judicial.

La detención ocurrió a pedido de la fiscalía al final de la audiencia de Keiko, de 43 años, ante el juez Richard Concepción Carhuancho.

“Ella se ha puesto a disposición de la fiscalía”, agregó la abogada tras señalar que la medida los tomó por sorpresa.

La orden de prisión contra la líder del partido Fuerza Popular (derecha populista) incluye a otras 19 personas, entre ellas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, investigados por supuestamente recibir fondos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de Keiko en 2011.

Keiko quedó detenida al acudir a la sede de la Fiscalía tras ser citada para declarar por los aportes recibidos por su partido en la campaña de 2011, ganada por su rival Ollanta Humala. Ella acudió acompañada de su esposo, Mark Vito Villanella.

El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, atribuyó a Keiko el liderar una “organización criminal” al interior de su partido, que domina el Congreso peruano, por recibir aportes ilícitos.

El pedido de detención se basa en nueva información recibida por la fiscalía peruana de su par brasileña, en que se probaría que el partido de Keiko recibió aportes por 1,2 millones de dólares para su campaña de 2011.

“La detención preliminar se produce en una investigación, sin que aún exista proceso, no responde a pruebas, sino a necesidad de realizar actos, investigaciones que solo pueden efectuarse con investigado detenido”, tuiteó el abogado César Naksaki, ex defensor de Alberto Fujimori.

Aporte de cúpula empresarial

Según un exjefe de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, los dirigentes fujimoristas Yoshiyama y Bedoya fueron los intermediarios. Sus viviendas fueron allanadas en marzo por la fiscalía.

Barata confesó además a fiscales peruanos en Sao Paulo que también había hecho aportes a las campañas de otros candidatos en 2011: Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski.

Todos los exmandatarios y Keiko negaron haber recibido dinero de Odebrecht, empresa acusada de entregar dádivas a políticos y funcionarios en diferentes países latinoamericanos.

El exjefe de Odebrecht dijo que además del millón de dólares entregado a Yoshiyama y Bedoya, hizo otro aporte de 200.000 dólares para Keiko a través de la organización de cúpula de los empresarios peruanos, la Confiep.

La cúpula del sector privado, que habría coordinado el aporte de varias empresas para impedir infructuosamente que ganara Humala en 2011, rechazó las declaraciones del exjefe de Odebrecht afirmando que “la Confiep, siendo un gremio empresarial, no apoya campañas ni partidos políticos”.

El patriarca debe volver a prisión

Hace una semana, la Corte Suprema peruana anuló el indulto y ordenó que el expresidente Fujimori vuelva a prisión tras 10 meses de libertad, después de lo cual fue ingresado a una clínica de Lima, donde permanece bajo custodia policial.

A pesar de haber sido condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad y corrupción, Fujimori siguió gozando de gran popularidad en Perú por haber acabado con el terrorismo de Sendero Luminoso y la hiperinflación.

Ese legado político se disputan sus hijos Keiko y Kenji, pues ambos quieren ser presidentes, y no han logrado superar sus profundas diferencias.

El fujimorismo vive un cisma desde junio cuando el partido de Keiko consiguió quitarle su escaño parlamentario a Kenji, quien se opuso a la cruzada de su hermana para destituir al entonces presidente Kuczynski, quien renunció en marzo pasado.

AFP
Luis Jaime
CISNEROS
Lima, Perú
Miércoles 10 octubre 2018.

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