La investigación por presunto lavado de activos y otros delitos a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.


Lima.- El equipo especial Lava Jato del Ministerio Público allana el local partidario de Fuerza Popular en la cuadra 9 de la avenida 9 de Diciembre (ex Av. Paseo Colón), en el Cercado de Lima. La medida, autorizada por el juez Víctor Zúñiga, tiene como objetivo la incautación de información sobre la campaña electoral del 2016.

La resolución judicial, a la que tuvo acceso El Comercio, autoriza al despacho del fiscal José Domingo Pérez incautar en un plazo de 48 horas información financiera contable de los años 2015 y 2016, en especial: el libro de inventarios y balances y de caja; así como los registros de compras, ventas e ingresos y gastos.

El documento también indica que Pérez está autorizado para decomisar voucher, contratos y cualquier tipo de documentos vinculada a la investigación por presunto lavado de activos y otros delitos a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. En esta pesquisa está incluido el partido naranja como persona jurídica.

El fiscal José Domingo Pérez, en declaraciones a la prensa, precisó que en el primer allanamiento en el local fujimorista, que fue el 7 de diciembre de 2017, solo fue para incautar documentos relacionados a la campaña de 2011. Agregó que la actual diligencia, inicialmente, era para tener acceso a información sobre las elecciones de 2016.

“Hemos solicitado información de la campaña de 2016, ha habido oposición o rechazo a entregar la documentación que se estaba solicitando a los representantes de la persona jurídica de Fuerza Popular. Y en ese sentido, hemos solicitado la autorización judicial para hacer el registro correspondiente”, remarcó.

El fiscal también dijo que ha encontrado “documentación relevante”, pero que corresponde al 2011.

“Es por ese motivo que estoy regresando a la oficial fiscal para solicitar la ampliación al señor juez, es información de 2011 que no había sido exhibida o no había sido ubicada”, refirió.

El Comercio
Lima, Perú
Miércoles 5 de febrero de 2020.


La decisión tomada se apoyó en los argumentos expuestos por el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, quien sustentó peligro de fuga y obstrucción de la justicia.
Keiko Fujimori


El juez Víctor Zúñiga dictó quince meses de prisión preventiva en contra de la política peruana Keiko Fujimori, quien de antemano había preparado un video en caso de que esto ocurriera.

En el material indicó que “frente a todo este abuso e injusticia estoy tomando tres decisiones”, una de ellas “pedir a mi esposo Mark Vitto que presente mi caso a Gobiernos extranjeros y a organismos internacionales”.

Las otras dos decisiones tomadas por la líder del partido Fuerza Popular son entregarse “inmediatamente porque jamás dejaré de dar la cara” y “romper el silencio y dar una respuesta política a esta persecución política”. Indicó además que están intentando desaparecerla “y usan como instrumento a un grupo de fiscales cegados por su ego y por una inexplicable obsesión”.

Keiko Fujimori considera que Zúñiga la envió “injustamente de regreso a la cárcel a pesar de que el fiscal no pudo entregar ni un solo elemento nuevo en mi contra. Me manda a prisión a pesar de que el Tribunal Constitucional ya descartó todos los argumentos del Ministerio Público. Me manda a prisión a pesar de que el pleno casatorio del Poder Judicial ha reiterado que la cárcel es la excepción y no la regla”.

Ante esta decisión, la abogada de la acusada, Giulliana Loza, anunció que acudirán a instancias internacionales a fin de conseguir que se anule dicha orden preventiva. “No tengan la menor duda de que vamos a ir a todas las instancias nacionales e internacionales porque esto no tiene nombre, se le están negando todos los derechos”, señaló.

Fujimori, quien llegó a la Sala Penal Nacional casi al final de la audiencia, fue detenida en el sitio por la Policía a fin de ejecutar el mandato judicial que el magistrado consideró razonable y proporcional.

Recordemos que Keiko Fujimori actualmente es investigada por lavado de activos de la constructora brasileña Odebrecht.
 
En un video, preparado en caso fuera dictada prisión preventiva en su contra, Keiko Fujimori señaló que todo se trata de una “venganza política” y que no se quedaría de brazos cruzados. En ese sentido, dijo haber pedido a su esposo Mark Vitto que recurra a la justicia internacional si vuelve a ser encarcelada, como finalmente sucedió, luego que el juez Víctor Zúñiga dictó 15 de meses de prisión preventiva en contra de la lideresa fujimorista.

“Todos ellos se han movido para intentar desaparecerme y usan como instrumento a un grupo de fiscales cegados por su ego y por una inexplicable obsesión. Es frente a todo este abuso e injusticia que estoy tomando 3 decisiones. Primero, entregarme inmediatamente porque jamás dejaré de dar la cara. […] Segundo, romper mi silencio y dar una respuesta política a esta persecución política. […] Tercero, pedir a mi esposo que presente a mi caso a gobiernos extranjero y a organismos internacionales”, detalló Keiko Fujimori.

“Si ustedes están viendo ese video es porque el juez Víctor Zuñiga decidió enviarme injustamente de regreso a la cárcel por un segundo pedido de prisión preventiva. Me manda a prisión a pesar de que el fiscal no pudo entregar ni un solo elemento nuevo en mi contra. Me manda a prisión a pesar de que el Tribunal Constitucional ya descartó todos los argumentos del Ministerio Público. Me manda a prisión a pesar de que el pleno casatorio del Poder Judicial ha reiterado que la cárcel es la excepción y no la regla”, sostuvo.

Asimismo, acusó a periodista, Ong's y al Ejecutivo de chantejear y manipular información dentro del Poder Jucidial. “Esto no es justicia, esto es ajusticiamiento y venganza político promovidos por muchos intereses que se suman. Ong’s que manipulan y chantajean al Poder Judicial; ciertos miembros del Ministerio Público que promueven la judicialización. Algunos medios y periodistas que viven de la persecución y un gobierno que quiere seguir concentrando todo el poder para evitar a toda costa su fiscalización”, afirmó Keiko Fujimori.

Giulliana Loza, abogada de Fujimori, anunció que recurrirán a instancias nacionales e internacionales para conseguir que se anule la orden de 15 meses de prisión preventiva impuesta por el Poder Judicial contra su patrocinada como parte de la investigación que se le sigue por el Caso Odebrecht.  

"No tengan la mejor duda de que vamos a ir a toda las instancias nacionales e internacionales porque esto no tiene nombre, se le están negando todos los derechos. No es posible que ella sin haber sido gobierno se le haya impuesto prisión preventiva”, dijo Loza a su salida de la Sala Penal Nacional en donde se llevó a cabo la audiencia.

Como se sabe, el presidente del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, Víctor Zúñiga Urday, aprobó en su resolución el nuevo requerimiento de la fiscalía de prisión preventiva contra la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, pero determinó que sea por 15 meses y no 18 como solicitó el Ministerio Público.

Tras 11 audiencias, el referido juez inició la lectura de su decisión desde las 09:00 horas de este martes, en la que apoyó los argumentos que expuso el fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez, al sustentar el peligro de fuga y de obstrucción de la justicia de la jefa de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori llegó a la sala casi al final de la audiencia, junto a su esposo, Mark Vito, cuando su suerte ya estaba echada. Poco después de escuchar el veredicto, la Policía la detuvo para ejecutar el mandato judicial que el magistrado consideró razonable y proporcional. El video en mención se hizo público casi en paralelo a la lectura de la sentencia.

Keiko Fujimori ya fue trasladada al Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos a cumplir prisión preventiva

Jefa de Fuerza Popular regresa la misma cárcel donde cumplió 13 de los 18 meses de medida coercitiva que le impuso el juez Richard Concepción, que luego fue declarada nula por el Tribunal Constitucional.

Keiko Fujimori fue traslada este miércoles por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) hasta Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumplirá los 15 meses de prisión preventiva que dispuso en la víspera el juez Víctor Zúñiga, al declarar fundado el pedido del equipo especial Lava Jato.

La jefa de Fuerza Popular, que pasó la noche en la carceleta del Ministerio Público, regresa al mismo penal donde cumplió 13 de los 18 meses de prisión preventiva que el impuso el juez Richard Concepción Carhuancho, medida que fue declarada nula por el Tribunal Constitucional.

Una evaluación de la Junta de Clasificación del INPE determinó que sea el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos donde la dos veces candidata presidencial sea recluida hasta el 27 de abril del 2021, fecha en que se cumple el mandato del juez Zúñiga.

Antes de su traslado, Keiko Fujimori recibió la visita de su abogada, Giulliana Loza, y de la excongresista Milagros Salazar.

Al acoger el pedido de la fiscalía, el juez Zúñiga Urday consideró que la medida es idónea, necesaria, adecuada y proporcional para asegurar la presencia de la investigada por los aportes ilícitos que recibió para sus campañas de 2011 y 2016 en las que tentó, sin éxito, la Presidencia de la República.

El magistrado consideró que hay graves y fundados elementos de convicción que ayudan a concluir que se cometieron delitos como lavado de activos agravado bajo la modalidad de organización criminal y de obstrucción a la justicia, por lo que la prognosis de la pena de cárcel mínima es de 15 años.

El juez Zúñiga también consideró que, además de obstrucción, existe una alta posibilidad de fuga, debido a la falta de arraigo laboral y económico por parte de Keiko Fujimori, al carecer de trabajo y bienes.

Para el abogado César Azabache, la fiscalía ha demostrado que tiene un caso más que sólido contra la jefa de Fuerza Popular. "Ahora presenta, además de los fondos de Odebrecht, una maquinaria que recibía y licuaba casi sistemáticamente fondos de diverso origen, sin importar de dónde venían. La defensa se ha quedado sin explicaciones. Todas sus coartadas están desmontadas. Entonces, la condena se hace cada vez más probable", dijo en El Comercio.

La Mula.Pe
El Comercio
Lima, Perú
Viernes 31 de enero de 2020.


Ante juez declaró que US$30 millones eran de Odebrecht y casi US$4 millones de Camargo Correa. Precisó que al exjefe del Estado solo llegaron US$21 millones

Ante el juez Richard Concepción Carhuancho, el empresario israelí Josef Maiman Rapaport confirmó ayer que las constructoras brasileñas le entregaron en total US$34 millones para el expresidente Alejandro Toledo.

Esta es la primera vez que Maiman declara ante el Poder Judicial. Antes solo lo había hecho al fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato.

El empresario declaró –por videoconferencia desde Israel– en una audiencia de prueba anticipada, dirigida ayer por el juez Concepción. La diligencia buscó asegurar su testimonio ante un futuro juicio oral a Toledo por el Caso Odebrecht.

En la audiencia, Maiman respondió preguntas de Pérez y de Roberto Su, abogado del exmandatario. También contestó las interrogantes de la defensa de Abraham Dan On, quien fue asesor de seguridad del exjefe del Estado.

—Entregas—

Maiman declaró que las entregas de dinero de Odebrecht comenzaron en el segundo semestre del 2006. “Barata me indica que va a empezar el proceso, yo se lo comunicó a Toledo y empiezo a recibir los fondos. Cuando empiezo a recibir, los comienzo a transferir a las cuentas costarricenses que ellos me dijeron”, sostuvo.

El empresario ratificó que entre Odebrecht y Camargo Correa recibió entre US$34 millones y US$35 millones, “pero toda la documentación fue entregada y certificada por los bancos, era el acuerdo de pago a Toledo”. Especificó que de Odebrecht recibió en sus cuentas “alrededor de 30 y 31 millones”, mientras que de Camargo Correa recibió US$4 millones.

En su última declaración ante la fiscalía, en junio del 2019, precisó las cifras. Como informó este Diario, Maiman declaró que Odebrecht entregó US$30’268.386. El monto de Camargo Correa fue de US$3’984.335. Estas cantidades suman US$34’252.721, según lo revelado por el empresario.

Sin embargo, casi al finalizar la audiencia, Maiman indicó que de los US$34 millones recibidos en sus cuentas, solo US$21 millones fueron para Alejandro Toledo. Sostuvo que el resto del dinero correspondía a una compensación de Odebrecht por la ruptura del contrato de un proyecto en Colombia, que no se llegó a concretar. Dijo que se ha comprometido a devolver ese dinero.

El 26 de diciembre pasado, el Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre Josef Maiman, el equipo especial de la fiscalía y la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato. En el convenio, Maiman se comprometió a devolver unos US$14 millones al Estado Peruano, entre repatriación de dinero y pago de la reparación civil.

—Coordinó con Barata—

Maiman también relató que a fines del 2004 Toledo le mencionó su interés por desarrollar un “plan político”, y que para ello esperaba recibir contribuciones de brasileños. El empresario le respondió que estaba dispuesto a ayudarlo con la recepción de fondos.

Maiman señaló que en noviembre del 2004 recibió a Barata en su departamento de Barranco. Ahí, el exejecutivo de Odebrecht le entregó un borrador de un contrato ficticio para justificar las transacciones para Toledo.

“Yo no le pedí permiso a Toledo para tener la reunión, pero después de la reunión le debo haber reportado que sí me reuní con Barata, él tuvo conocimiento de las reuniones que sostuve con Jorge Barata”, dijo.

Para el fiscal Pérez, lo dicho por Maiman confirma la declaración de Barata sobre el trato al que llegó con Toledo respecto a los sobornos por la licitación de la carretera Interoceánica.

Roberto Su, abogado de Toledo, consideró que Maiman miente y no ha podido explicar el destino del dinero que no se habría entregado al expresidente que está detenido en EE.UU.

—Situación de Toledo—

La fiscalía investiga a Toledo por tres casos: los presuntos sobornos de Odebrecht por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, las presuntas coimas de Camargo Correa por el tramo 4 de la misma obra y por el Caso Ecoteva.

Actualmente, hay un proceso para extraditar a Toledo de Estados Unidos por el Caso Odebrecht. El 30 de enero está prevista una audiencia en la que se revisará un pedido de su defensa por documentos incluidos en los acuerdos de colaboración de Maiman y Barata.

El 5 de febrero se revisará la apelación de Alejandro Toledo al fallo que confirmó su detención mientras se sigue el proceso de extradición.

El Comercio
María Isabel Álvarez
Lima / Estados Unidos
Domingo 26 de enero de 2020.


"Que se defina en las urnas el futuro del país", manifestó el presidente en un discurso leído desde el Palacio de Gobierno.


El presidente de Perú, Martín Vizcarra, resolvió este lunes la disolución del Congreso de la República, al considerar denegada la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, aunque la misma fue aprobada en el mismo momento en que el mandatario anunciaba la decisión.

En respuesta, el Congreso comenzó una discusión sobre declarar la vacancia en la Presidencia del país, en lo que el director para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, Daniel Zovatto, definió como “un choque de poderes”.

Mientras la discusión se desarrollaba en el Congreso, simpatizantes del presidente salieron a las calles de algunas ciudades a manifestar su apoyo al mandatario

“Se viene un choque de poderes”, comentó Zovatto y añadió: “Si el Congreso vota la vacancia y consigue los 87 votos, la discusión de mañana es si el Congreso está disuelto y hay elecciones legislativas en 4 meses para completar el periodo o el presidente está vacado y jura la vicepresidenta para completar el periodo”.

El Congreso eligió este lunes a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional (TC) sin debatir el recurso constitucional presentado por el mandatario, con el objetivo de intentar frenar ese proceso.

El Parlamento tenía previsto elegir a seis de los siete miembros de ese organismo, y ya había avanzado en la designación de uno, Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien logró los 87 votos para ser magistrado.

La cuestión de confianza proponía la modificación del proceso de elección de candidatos al TC, bajo el argumento de que, de lo contrario, no se realizaría de manera transparente.

El fujimorismo, opositor a Vizcarra, tiene mayoría absoluta. Más de 70 congresistas pertenecen a esa fuerza, y junto con aliados reúne más de 80 miembros, en un congreso unicameral de 130 legisladores.

Para Vizcarra, entonces, en esa elección los parlamentarios buscarían designar a magistrados “que respondan a sus intereses, que no son los intereses de la nación”.

“Que sea finalmente el pueblo el que decida. El cierre que dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Constitución. Dando fin a esta etapa de entrampamiento político. Que se defina en las urnas el futuro del país”, manifestó el presidente en un discurso leído desde el Palacio de Gobierno.

En el mismo momento en que Vizcarra se dirigía a la nación, el Congreso aprobó otorgarle la cuestión de confianza planteada en la mañana por el primer ministro, Salvador del Solar.

La votación tuvo el respaldo de 50 congresistas, mientras que 31 se posicionaron en contra y hubo 13 abstenciones. De acuerdo con el presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, la decisión sería comunicada en breve al jefe de Estado.

Respaldan gobernadores al presidente

Por su parte, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) respaldó la disolución constitucional del Congreso, anunciada por el presidente de la República.

A través de un pronunciamiento emitido la noche del lunes, los gobernadores regionales mostraron además su desacuerdo con la moción de vacancia presidencial presentada por la congresista Yeni Vilcatoma, al considerar que es un acto “inconstitucional”.

RT/Perfil
Lima, Perú
Lunes 30 de septiembre 2019.



En una sola sesión, el grupo de trabajo abordó investigaciones sobre Chinchero y Conirsa. El mandatario criticó “actitud de intimidación” del Congreso


La Comisión de Fiscalización acordó ayer solicitar al pleno del Congreso facultades para investigar por 120 días presuntas irregularidades cometidas por el consorcio Conirsa en la construcción de la carretera Interoceánica Sur.

También decidió pedir una ampliación de 90 días al pleno para continuar con la investigación de la concesión del proyecto del aeropuerto de Chinchero (Cusco).

Ambos casos involucran al mandatario Martín Vizcarra por gestiones que realizó antes de llegar a Palacio.

El presidente de Fiscalización, Segundo Tapia (Fuerza Popular), detalló que ha presentado una moción de orden del día para que el pleno autorice la investigación de Conirsa, consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales.

Entre el 2006 y el 2008, Conirsa contrató como proveedora a la empresa CyM Vizcarra, que le perteneció al jefe del Estado y a su hermano, César Vizcarra.

Fiscalización también decidió citar por tercera vez a César Vizcarra, debido a que no se presentó a la sesión de ayer. El grupo parlamentario quiere interrogarlo por los contratos de CyM Vizcarra con Conirsa por el alquiler de maquinarias para la construcción de los tramos II y III de la Interoceánica Sur.

El hermano del presidente envió una carta a la comisión ayer, en la que cuestionó el tenor de la citación. Dijo que el grupo le ha solicitado que presente documentación que no guardaría relación con los hechos materia de investigación. “[Esto] torna en ilegal el requerimiento de información”, señaló.

Mauricio Mulder (Apra) planteó que César Vizcarra sea citado de grado o fuerza si no acude la próxima semana y si el pleno acepta darle a Fiscalización la facultad investigadora. El grupo de trabajo también aprobó por mayoría convocar a 22 personas involucradas en el caso, mientras espera la respuesta del pleno.

En la lista se encuentra el jefe de Estado en su calidad de ex gerente de CyM Vizcarra; Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, y otros exfuncionarios y empresarios.

–Adenda en la mira–

Segundo Tapia informó que ha solicitado al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, que añada en la agenda del pleno el debate del informe preliminar sobre la indagación de la concesión del aeropuerto de Chinchero.

El informe preliminar está listo desde el 23 de agosto del 2017, cuando Fiscalización era presidida por Rolando Reátegui.

La comisión solicitó un plazo adicional de 90 días para continuar con las investigaciones, que se realizarían en paralelo a las de la fiscalía.

Tapia precisó que el grupo indagará sobre la adenda al contrato a favor de Kuntur Wasi. Por este punto, la fiscal Zoila Sueno solicitó al Poder Judicial que dicte comparecencia restringida a la exviceministra de Transportes Fiorella Molinelli y a otros 12 investigados.

La comisión tiene planeado citar a la fiscal Sueno, a Molinelli y al presidente Vizcarra, entre otros.

–Respuesta presidencial–

La Comisión de Fiscalización también aprobó investigar cómo se elaboró el mensaje del 28 de julio. En la noche, el presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre las últimas acciones del Congreso.

“Esta actitud de intimidación de todos estos actos del Congreso pretenden dañar al Ejecutivo, pero no lo logran, a quien están dañando es al Perú”, declaró a la prensa. Agregó que por esa razón la población dice “basta” y se ha convocado a una movilización “plenamente justificada”.

El mandatario señaló que con estas actitudes el Congreso “no hace otra cosa que justificar día a día el pedido de adelanto de elecciones”.

Remarcó que en la actual legislatura se sigue buscando la confrontación y “no se ha aprobado ninguna ley”. Vizcarra pidió a los congresistas escuchar a la población y hacer un análisis objetivo de la propuesta del Ejecutivo.

El gobernante dijo que la situación de entrampamiento es tal que “se amerita esta decisión que hemos pedido” al Poder Legislativo.

La periodista y analista política Mabel Huertas señaló que los casos Conirsa y Chinchero ameritan investigarse, aunque “obviamente habrá intención política [por parte del Congreso]”.

En tanto, el analista político Jeffrey Radzinsky comentó que evidentemente hay una respuesta política y confrontacional, nuevamente, del Legislativo al Ejecutivo. Agregó que el caso de Chinchero es un tema que amerita una investigación, pero a cargo de la fiscalía.

El Comercio
Lima, Perú.
Martín Calderón
Jueves 05.09.2019.


El Ministerio Público de Perú informó que "el exmandatario se encuentra en su primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas".

El expresidente peruano Alejandro Toledo Manrique fue arrestado la mañana de este martes en EE.UU., por pedido de Perú, que lo ha solicitado en extradición.

El Ministerio Público de Perú informó que "el exmandatario se encuentra en su primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas", como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país.

Ministerio Público

@FiscaliaPeru


 #Urgente | El Ministerio Público, a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, informa que el expresidente, Alejandro Toledo Manrique, fue arrestado esta mañana por mandato de extradición, en Estados Unidos.

Toledo se encuentra prófugo de la Justicia peruana, donde está acusado por los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.

En abril de 2017, un juez ordenó "prisión preventiva" para Toledo y su esposa Eliane Karp. Meses antes, se había librado una primera orden de captura para el exmandatario, tras ser acusado de recibir un soborno de 20 millones de dólares por parte de Odebrecht durante su mandato (2001-2006), a cambio de obras como el Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil.

El empresario de Odebrecht, Jorge Barata, durante una entrevista con AFP, el 18 de septiembre del 2015. Los presuntos sobornos de Odebrecht a expresidentes de Perú explicados por su antiguo director
Antes de hacerse efectiva su captura, el expresidente huyó a EE.UU., y reside en California desde entonces. En mayo de 2018, el Gobierno peruano pidió oficialmente a EE.UU. su extradición.

Además de este caso de Odebrecht, en junio pasado, el fiscal superior Rafael Vela formalizó su acusación, con fines de extradición, contra Toledo y Karp, esta vez por el caso Ecoteva.

En este caso se le juzga por las costosas adquisiciones de inmuebles a nombre de su suegra Eva Fernenbug a través de Ecoteva Consuting Group.

Ecoteva es una empresa fundada en Costa Rica por Fernenbug, presuntamente a pedido del expresidente. En esa firma se usaron dos cuentas en el banco ScotiaBank de Costa Rica, en el que presuntamente se movilizó dinero que recibió de Odebrechet.

RT
Washington/Lima
Martes 16 de julio de 2019.


Tras cuatro años de investigación, la fiscalía formalizó pedido de 20 años de prisión para el ex presidente y 26 años y 6 meses para la ex primera dama. Se les imputa lavado de activos agravado.


El fiscal del equipo especial Lava Jato Germán Juárez Atoche solicitó ayer 20 años de prisión para el ex presidente Ollanta Humala, y 26 años y 6 meses para su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia. El magistrado formalizó la acusación contra la ex pareja presidencial por el presunto delito de lavado de activos agravado en el ámbito de la Ley de Crimen Organizado.

La acusación, que se presentó ante el despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, tiene 1.500 folios. A ello se le suman 160 tomos del expediente principal y otros 388 cuadernos auxiliares a la investigación fiscal que contienen informes de cooperación internacional de otros países, informes de levantamiento de secreto de las comunicaciones y secreto bancario, según informó el fiscal Juárez Atoche.

1-    Odebrecht y el dinero venezolano

Según la acusación fiscal, el delito de lavado de activos agravado se habría configurado a través del ingreso del dinero del Gobierno Venezolano para la campaña electoral de Humala en el 2006.
Este dinero, de acuerdo con la fiscalía, fue lavado a través de contratos simulados con la empresa Apoyo Total y contratos con el diario venezolano “The Daily Journal” por un total de US$215 mil.

Otro monto de dinero ilícito que habrían recibido serían los US$3 millones de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña electoral del 2011.

2-    Las imputaciones directas contra Humala y Heredia

Según la acusación del fiscal Juárez, a Humala se le sindica como coautor de dos actos de lavado de activos: participar en la “conversión” del presunto dinero ilícito, tanto en la campaña electoral del 2006 como en la del 2011. Por ello, la pena que solicitó la fiscalía es de 20 años. “El dinero fue introducido en el circuito económico en las campañas electorales”, sostuvo el fiscal.

En el caso de Heredia Alarcón, quien también fue considerada coautora, se le imputan tres actos ilícitos: su participación en la “conversión” del dinero para las campañas del 2006 y del 2011 y el “ocultamiento” del mismo a través de la compra de inmuebles y otros actos. Por ello, bajo el concurso real de delitos, la pena solicitada para ella se elevó a 26 años y 6 meses.

Juárez anunció que se encuentra evaluando solicitar alguna medida restrictiva, entre ellas la prisión preventiva, con la finalidad de asegurar la permanencia de Humala y Heredia en el proceso.

 Ollanta Humala

3- Disolución del partido. Belaunde Lossio y otros acusados

El fiscal también incluyó como responsables al Partido Nacionalista Peruano (PNP) y a la empresa Todo Graph, para los que solicitó su disolución y liquidación. Según Juárez “el Partido Nacionalista fue instrumentalizado por los investigados Ollanta Humala y Nadine Heredia Alarcón”.

En la acusación también se comprendió a Rocío Calderón, amiga de Heredia, para quien se pide 26 años y 6 meses de cárcel. Ella habría intervenido en ocultar el presunto dinero ilícito de la campaña electoral del 2006 y, luego, habría adquirido con este joyas y otros bienes. También habría ayudado a ocultar el dinero que ingresó a la campaña del 2011.

La acusación comprende además a Martín Belaunde Lossio, Antonia Alarcón Cubas (madre de Heredia), Ilan Heredia (hermano de Heredia), Eladio Mego, Santiago Gastañaduí, Maribel Vela, Julio Torres y Carlos Arenas.

4- El juez Concepción efectuará el control de la acusación

La abogada penalista Sophia Icaza, del estudio Linares Abogados, sostuvo que lo que sigue una vez formalizada la acusación es que el juez Concepción Carhuancho deberá analizar los requisitos formales, declararlos admitidos y señalar fecha para una audiencia de control.

En esta sesión, se analizará la base de los elementos de convicción, la participación de los acusados, excepciones y medios probatorios. “Si hay un error, se puede observar y el fiscal puede subsanarlo”, dijo.

Según el ex fiscal superior Pedro Angulo, existe un plazo de 20 días para que el juez fije la fecha para el inicio de la audiencia de control de acusación.

Esta etapa, denominada intermedia, podría tomar algunos meses teniendo en cuenta que el caso es complejo.

Por ello, indicó que recién a finales de año podría estarse iniciando el juicio oral. Este proceso ya no estará a cargo del juez Concepción Carhuancho, sino de un órgano colegiado integrado por tres magistrados.

5- La defensa rechaza pruebas

César Nakazaki, abogado de Humala y Heredia, dijo que solo aceptarán “que el fiscal acuse con pruebas producidas en la etapa de investigación preparatoria” y no con documentos o testimonios introducidos después de cerrarse la misma.

Julio Espinoza, abogado de Heredia, estimó que el caso podría tardar hasta tres años para llegar hasta la última instancia en la Corte Suprema. “El gran dilema jurídico será decidir si un aporte para una campaña política es un delito de lavado de activos y nosotros tenemos desarrollada toda una teoría de que ello no es posible”, dijo.

El Comercio
Karem Barboza Quiroz
Lima, Perú
Miércoles 08.05.2019.


El juez Jorge Chávez considera probado que el exmandatario peruano cometió actos de conversión de activos y ocultó información, además de ofrecer datos falsos.

La Justicia de Perú dictó este viernes 3 años de prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de dinero en agravio del Estado relacionado con el caso Odebrecht, informa la agencia Andina.

En cuanto a su secretaria personal y su chofer, Gloria Kisic y José Luis Bernaola, respectivamente, se desestimó la solicitud de prisión preventiva que el ministerio público había solicitado.

El juez Jorge Chávez considera que el exmandatario peruano, que se halla ingresado en una clínica de Lima por una afección cardíaca, cometió actos de conversión de activos y ocultó información, además de ofrecer datos falsos. Por otro lado, defendió la decisión judicial argumentando que no cuenta con arraigo en el país, pues su esposa y familia residen en EE.UU.

Cuatro expresidentes de Perú han sido objeto de investigación en los últimos años por supuestos delitos de corrupción, soborno o lavado de activos, vinculados a una trama de irregularidades en contratos con la constructora brasileña Odebrecht: Alejandro Toledo (2001-2006); Alan García (2006-2011), que se suicidó este miércoles dispararándose cuando iba a ser detenido; Ollanta Humala (2011-2016) y Kuczynski (2016-2018).

RT
Lima, Perú
Viernes 19 de abril de 2019.


El ex presidente de la República Alan García falleció hoy, luego de que esta mañana se disparara en la cabeza, cuando la Policía Nacional ingresó a su casa, en el distrito de Miraflores, para ejecutar una orden de detención preliminar por 10 días en su contra en medio de acusaciones de haber recibido pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.

Así lo informó Ricardo Pinedo, secretario personal de García Pérez, a las afueras del hospital Casimiro Ulloa, donde el ex jefe de Estado fue trasladado de emergencia.

“Compañeros, ha fallecido Alan García. ¡Viva el Apra!”, expresó dirigiéndose a los simpatizantes apristas reunidos en los exteriores del centro médico.

El congresista aprista Mauricio Mulder calificó como “un acto de honor” la decisión de Alan García de quitarse la vida frente a lo que llamó “una persecución fascista” y “enfermiza” de parte de un sector del Ministerio Público y los enemigos políticos del ex mandatario.

“Han buscado el escarnio, los insultos, la agresión permanente contra Alan García, [el ex presidente] ha tomado la decisión de un hombre libre, la decisión que ha tomado es de dignidad y de honor, no permitiendo, quien ha sido ungido dos veces presidentes de la República, ser humillado y vejado”, subrayó.

Mulder también dijo que el Partido Aprista sabe del “sacrificio y gesta de unidad” que ha hecho el ex presidente.

“Alan García ha dado su contribución de sangre para que el Perú sea un país democrático y no un país dominado por el apetito de los enemigos”, acotó.

Previamente, la ministra de Salud, Zulema Tomas, informó que García se encontraba en una "situación muy crítica y muy grave".

También refirió que el ex jefe de Estado sufrió tres paros cardio-respiratorios.

"Es la tercera vez que le hemos hecho la reanimación. Ha hecho tres paros cardíacos. La situación es grave", comentó Tomas, quien dijo que ingresó al quirófano.

El ministro del Interior, Carlos Morán, afirmó que la diligencia realizada por la Policía Nacional y el Ministerio Público en la vivienda de García se hizo en cumplimiento estricto de una orden judicial de detención preliminar por diez días solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.

“Quiero puntualizar que la intervención de la Policía Nacional se ha pegado estrictamente a protocolos establecidos apoyado en una diligencia judicial dictada por un juez en un caso emblemático como es el caso Lava Jato”, subrayó Morán en conferencia de prensa.

Por su parte, el congresista aprista Mauricio Mulder criticó que la fiscalía haya solicitado la detención preliminar del ex presidente sin esperar a la declaración del ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, programada para la próxima semana.

“El ex presidente Alan García se encuentra en esta situación sin que le hayan imputado nada, ni siquiera han esperado que el señor Barata hablé. ¿Será porque ya saben que el señor Barata no va a decir nada? Entonces, necesitaban de todas maneras hacer este circo”, expresó.

La investigación contra García

Antes de emitirse la orden de detención, Alan García había declarado el martes que no se asilaría ni escondería, en tácita alusión al frustrado asilo que pidió a Uruguay en noviembre.

La justicia dictó en ese mes 18 meses de impedimento de salida del país.

La detención ordenada a Alan García este jueves es por 10 días y busca, según la fiscalía, recoger nuevos elementos en la investigación ante un eventual riesgo de fuga.

A fines de 2018 Alan García, tras abandonar la embajada uruguaya, dijo que estaba a disposición de la fiscalía de lavado de activos que lo investiga por corrupción.

El ex mandatario permaneció durante 16 días en la embajada uruguaya, donde solicitó asilo "ante la inminencia de una orden de detención". El pedido fue rechazado por el gobierno de Uruguay tras revisar la documentación entregada por Lima y por el solicitante.

En las últimas semanas García ha reiterado que "no existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con la empresa Odebrecht o la realización de alguna de sus obras".

Alan García está bajo la lupa además por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para la línea 1 del metro de Lima durante su segundo mandato.

El año pasado alegó ser "perseguido político", pero su versión fue desmentida por la justicia y el gobierno peruano.

Por el escándalo de Odebrecht en el Perú también están investigados los ex mandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), este último bajo detención preliminar hasta el 20 de abril, así como la opositora Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien está en prisión preventiva.

 AFP
El Comercio
Lima, Perú.
Miércoles 17 de abril de 2019.

   
El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski salió este miércoles de su casa en Lima detenido por la Policía Nacional en cumplimiento a una orden de detención preliminar por diez días, a raíz de una investigación por presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

Kuczynski, de 80 años, salió de la cochera de su casa en un automóvil manejado por oficiales de la Policía Nacional rumbo a la sede de Medicina Legal y posteriormente será trasladado a la oficina de la Prefectura de la Policía en Lima.

Mientras era trasladado a las oficinas de la Policía, Kuczynski publicó en su cuenta de Twitter que hoy miércoles recibió la disposición del Poder Judicial de "detenerme preliminarmente por diez días".

"Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades judiciales", anotó.

"Nunca rehuí de la justicia", remarcó el exgobernante, que fue elegido a la Presidencia de Perú en 2016 y renunció en 2018 por sus presuntos vínculos con Odebrecht.

"Me allané absolutamente a todas las investigaciones. Nunca me opuse ni opongo a ninguna investigación", agregó a raíz de las pesquisas iniciadas por las obras adjudicadas durante el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), en el que fue primer ministro y titular de Economía.

Kuczynski admitió que es "un momento muy duro para mí pero lo afrontaré con la entereza de quien solo tuvo el anhelo de tener un mejor país".

Su defensa ha anunciado que apelará la medida porque el exmandatario siempre ha colaborado con las investigaciones de la Fiscalía y ha aceptado el impedimento de salida del país dictado tras su renuncia a la Presidencia de Perú.

De acuerdo a la resolución publicada por medios locales, el juez Jorge Luis Chávez señala que el Ministerio Público presentó como "hecho precedente" los "actos de blanqueo de capital en los que ha incurrido" el expresidente como consecuencia de "su intervención en presuntos actos de corrupción" vinculados a dos proyectos que fueron concesionados a Odebrecht.

Los proyectos son la Carretera Interoceánica tramos 2 y 3, y el proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos, adjudicados en el Gobierno de Toledo, prófugo de la justicia por un millonario soborno entregado por Odebrecht y con pedido de detención.

La resolución de detención preliminar del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a solicitud del fiscal José Domingo Pérez, agregó que la misma medida se extiende a su exsecretaria Gloria Kisic y a su asistente José Luis Bernaola.

Asimismo, el juez ordenó el allanamiento e incautación en los inmuebles de Kuczynski, Kisic y Bernaola, así como de la oficina del exmandatario.

El objetivo de los allanamientos es la "detención y la incautación de cosas relevantes para la citada investigación (vouchers de cuentas bancarias, depósitos electrónicos, documentos de compra venta de bienes muebles, escrituras públicas, entre otros objetos del delito)", señaló la resolución judicial.

Kuczynski renunció a la Presidencia de Perú en marzo de 2018, debido a los vínculos que mantuvo con Odebrecht, durante su paso por el Gobierno de Toledo y a su salida de este, a través de sus empresas de asesoría financiera.

El Congreso, dominado por el fujimorismo, promovió dos pedidos de destitución contra Kuczynski, uno de los cuales fue superado con el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel, pero que reveló una presunta compra de votos de legisladores por parte del Gobierno.

EFE
LIMA, PERÚ
Miércoles 10 de abril 2019.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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