Por caso Agronitrogenados, Emilio Lozoya tiene orden de capturarlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita


Ciudad de México.- Una juez federal negó amparar a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, contra la orden de capturarlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el caso Agronitrogenados.

La Juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México consideró justificado que un juez de control emitiera una orden para aprehender al ex funcionario porque cuenta con los medios para darse a la fuga.

"El juez de control responsable actuó apegado a derecho al tener por justificada la necesidad de cautela en la emisión de la orden de aprehensión porque de los datos probatorios que obran en la carpeta de investigación se advierte que el peticionario de amparo sí cuenta con los medios para evadir la acción de la justicia porque cuenta con recursos económicos, aunado a que cuenta con domicilios en el extranjero lo que demuestra que podría abandonar el país, aunado a que los hechos que se le imputan están previstos en la ley penal como el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita el cual tiene prevista una pena privativa de libertad lo que justifica la necesidad de la cautela con la finalidad de evitar que el quejoso evada la acción de la justicia", indica la sentencia.

"Tampoco le asiste la razón al quejoso cuando aduce que la orden de aprehensión reclamada transgrede sus derechos porque conforme con el nuevo sistema penal acusatorio tiene un carácter excepcional y de última razón, además que en el presente asunto el Ministerio Público vulneró el principio de lealtad porque ocultó información que le beneficia como es el hecho de que proporcionó un domicilio ante el Procurador General de la República para oír y recibir notificaciones".

La juez consideró que los datos anunciados por el ministerio público para obtener la orden de aprehensión contra Lozoya establecen la existencia del delito de "lavado" de dinero y que probablemente el ex director de Pemex participó en su ejecución.

Contra esta resolución, Emilio Lozoya presentó un recurso de revisión mismo que será enviado a un Tribunal Colegiado para que defina si la Fiscalía General de la República (FGR) puede o no aprehenderlo.

Según las indagatorias el 1 de diciembre de 2012, Emilio Lozoya fue nombrado Director de Pemex y que el 17 de diciembre de 2013, el Consejo de Administración de la paraestatal tomó conocimiento de que promocionó la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, entonces propiedad de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) de Alonso Ancira Elizondo.

Que dicha compraventa se dio con diversas irregularidades, razón por la que Lozoya y Ancira son investigados por "lavado" de dinero.

El Universal
Ciudad de México
Martes 19 de noviembre 2019.


Un reportaje de Flavia Morales


Capítulo 1. Falta de controles arrebata la ayuda social

Capítulo 2. El petróleo les gana a los dueños de las tierras

El estado recibió más de 9 mil millones de pesos, equivalentes a 450 millones de dólares, en fondos sociales para comunidades petroleras entre 2014 y 2018. Los recursos han sido manejados discrecionalmente o desviados y no han servido para paliar la pobreza que es de las más altas en México. Mientras tanto, la reforma energética implementada por el ex presidente Enrique Peña Nieto mantiene en incertidumbre las comunidades que empiezan a defender sus territorios.

Falta de controles arrebata la ayuda social

Los recursos para los veracruzanos que sufren afectaciones sociales y ambientales por la explotación de petróleo han sido manejados discrecionalmente. A los desvíos de fondos y las obras fantasmas, se suman violaciones de las normas creadas con la reforma energética para mejorar las condiciones de vida en las comunidades petroleras.

Era 2014 cuando el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma Energética en el Palacio Nacional. Entonces prometió que México contaría con más recursos, que habría más empleos y que los estados que producen petróleo, aceite y gas fortalecerían sus ingresos.

A las familias del campo les dijo que la reforma les daría otro horizonte. “Les ofrecerá una nueva y sustantiva fuente de ingresos en los casos donde se produzcan energéticos en sus tierras, recibiendo una contraprestación justa, equitativa, y transparente”, dijo en su discurso.

Veracruz era pieza clave en el proceso, que implicaba la apertura del negocio de hidrocarburos a la inversión privada. En el estado se producen 88 mil barriles diarios de petróleo que no han servido para que deje de ser uno de los cinco más pobres de México.

Lo que siguió después para cumplir la promesa de hacer justa la repartición de recursos fue la creación en 2015 del Fondo para Entidades Federativas y los Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), el cual se alimenta de los impuestos cobrados a las empresas por asignaciones y contratos.

A esa acción se sumaron una serie de modificaciones en las reglas de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la distribución de donativos y donaciones y para la ejecución de programas en las comunidades petroleras. Fue un intento de controlar los desembolsos con mayor rigor y de asegurar su efecto social.

Los resultados distan de lo planteado en los decretos firmados. Veracruz ha recibido en los últimos 6 años más de 9.000 millones de pesos, aproximadamente 450 millones de dólares, en fondos petroleros. Un total de 60 por ciento provinieron del FEFMPH y de donativos de Pemex, que sumaron 5.956 millones de pesos, alrededor de 297 millones de dólares.

Las cifras millonarias, sin embargo, no han servido para cumplir la misión principal: mitigar la afectación por la extracción de hidrocarburo, atender el rezago social y generar desarrollo en las comunidades petroleras que siguen siendo las de más alta marginación en Veracruz.

Esta investigación, realizada por la Agencia Veracruzana de Noticias (AVC Noticias), en alianza con el International Center for Journalists (ICFJ) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, siguió la ruta del dinero del FEFMPH y de Pemex. Los datos recopilados confirman que parte importante del dinero se ha transferido sin mecanismos de control, lo que ha generado desvíos y el uso discrecional de los fondos.

Para documentar la ruta del dinero, se recorrieron comunidades en las tres cuencas petroleras de Veracruz, se analizaron las bases de datos de recursos públicos, licitaciones, contratos de obras, auditorías, las bases estadísticas petroleras y se realizaron 26 solicitudes de información al gobierno estatal y federal sobre el uso de estos dos fondos.

Entre 2015 y 2016, cuando Javier Duarte, ex gobernador del estado hoy en preso por corrupción, controló los recursos, más de 1.000 millones de pesos quedaron sin que se comprobara su destino. En esta investigación además se encontraron obras abandonadas, con sobrecostos y fallas de construcción graves que suman más de 42 millones de pesos.

Con el nuevo gobierno panista de Miguel Ángel Yunes, las irregularidades continuaron con el uso discrecional de recursos con fines políticos- electorales en municipios donde ni siquiera hay extracción petrolera, lo que violentó la normatividad federal precisamente destinada para favorecer a comunidades petroleras.

El dinero fue controlado por la Secretaría de Infraestructura de Obras Públicas (SIOP) del estado, que concentró el 90 por ciento de los recursos en obras de pavimentación que fueron entregadas a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a grupos empresariales privilegiados.

Las irregularidades se repiten a nivel federal, en el Consejo de Administración de Pemex se decidió distribuir más de 1.800 millones de pesos en donativos y donaciones de dinero en efectivo sin mecanismos de fiscalización. Parte de estos recursos han sido desviados o manipulados por el gobierno estatal y municipal.

Además, la petrolera ha utilizado esquemas como el Programa de Apoyo a las Comunidades y Medio Ambiente (Pacma), cuyos fondos se originan del impuesto cobrado a empresas extranjeras y nacionales, para pagar obras y proyectos que están subutilizados, con fallas de operación y con graves acusaciones de corrupción.

Veracruz reparte a discreción fondo petrolero

Sub agente municipal de Reforma Escolín, en Papantla, Veracruz. Tiene 18 años solicitando un sistema de agua para las comunidades de la sierra.

Las comunidades indígenas de la sierra norte de Veracruz son un ejemplo de las fallas sistemáticas en la aplicación de estos fondos.

Hace 68 años, los pozos petroleros invadieron el territorio de cuatro de sus comunidades. Entre las parcelas de naranja y maíz de Escolín, Nueva Reforma, Ojital y Rancho Nuevo, se estableció el campo Escolín con más de 200 pozos, pero el boom no fue suficiente para cumplir la principal demanda de los habitantes: tener agua potable.

Pastora García, subagente municipal, recuerda que los manantiales se secaron cuando Pemex hizo exploraciones con detonaciones de dinamita en varias parcelas en busca de más petróleo.

Hace casi una década, unos 3.000 habitantes integraron un comité para conseguir el sistema de agua. Desde entonces han ido y venido con decenas de planos y proyectos, han conseguido permisos y comprado terrenos para la instalación de tanques que no llegan.

García recuerda que la única temporada cuando tuvieron agua fue gracias a una conexión clandestina que hicieron con los tubos que Pemex utiliza para enviar líquido hacia los pozos. Cuando estos fueron taponeados, el acceso al agua también se acabó.

El sistema que aliviaría a las comunidades tiene un costo de 18 millones de pesos. Si se construyera, las familias dejarían de pagar pipas para abastecerse que van desde los 150 pesos a los 300 pesos.

García y otros de sus compañeros fueron el año pasado al ayuntamiento de Papantla y allí les dieron la respuesta de siempre: no hay dinero, el proyecto fue rechazado y les pidieron un nuevo estudio de factibilidad, que deberá ser pagado con dinero de los habitantes de las comunidades.

García dice que a veces quisiera regresar el tiempo, cuando en su pueblo todo era bonito. “Había arroyos, peces, camarones, teníamos de dónde tomar agua y comer, pero las redes que tendió Pemex por las parcelas acabaron con todo”.

En 2011, indignados por la falta de respuestas, los pobladores bloquearon por dos días la vialidad principal en reclamo del sistema de agua y también de mejoras en los caminos, pero no obtuvieron ni lo uno ni lo otro, sino demandas judiciales federales de Pemex.

A la comunidad de Reforma Escolín los pozos petroleros llegaron hace 68 años, pero eso no bastó para tener agua potable

Pastora vivió escondida dos semanas para evitar ir a la cárcel. Al final tuvo que pagar una fianza de 41 mil pesos y durante dos años ir a firmar al penal cada domingo.

“No tengo miedo, porque exigimos algo justo, pero me da coraje porque estamos como coladera de Pemex, por tantos pozos, y para el agua tenemos que comprar, llenar cubetas, tinas, y seguimos aquí, nos han engañado tantas veces y nos dicen una y otra vez que no hay dinero para el agua”, se queja.

Su historia se repite en otras comunidades petroleras en Veracruz donde los beneficios de la reforma energética y los recursos que Pemex destina para paliar daños, no llegan a quienes necesitan asistencia o se utilizan discrecionalmente.

La comunidad de García forma parte de la cuenca petrolera Tampico-Misantla, la de mayor reserva de crudo del país. La zona fue asignada en agosto del 2014, a Pemex en la ronda cero para extracción de gas y aceite por 20 años como parte del campo Poza Rica dentro del proceso de reforma energética adelantado por Peña Nieto.

Esto, en teoría, colocó a su comunidad automáticamente entre las que pueden beneficiarse del FEFMPP destinado precisamente para asumir los pasivos sociales causados por la explotación petrolera y que han creado rezago.

Pero mientras a Pastora y al comité del que forma parte les niegan recursos para su pequeña obra, el gobierno de Veracruz ha invertido más de 1.300 millones de pesos en pavimentaciones y rehabilitaciones de asfalto en municipios donde no hay un solo pozo y la vocación petrolera es mínima, según se estableció en la presente investigación.

Fallas en el uso del millonario recurso fueron detectadas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando advirtió que la falta de vigilancia y control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resultaba en un incumplimiento de las reglas de operación, pues el dinero se usaba a conveniencia del mandatario en turno.

El FEFMPH es alimentado por el impuesto que deben pagar las empresas públicas y privadas que realizan actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con base en la extensión de las áreas contractuales y de asignación en áreas marítimas y terrestres.

Las reglas de operación obligan a los estados a transferir al menos el 20 por ciento de sus recursos a los municipios. El dinero puede dirigirse a tipos de obras que están descritas en las normas. Se pueden construir sistemas para almacenar y distribuir agua potable o para tratar las residuales; para rehabilitar ríos, arroyos y riachuelos; para para disponer de residuos sólidos; para proteger áreas naturales; para mejorar la iluminación pública y la protección civil; para reconstruir estructuras afectadas por desastres naturales o para mejorar la vialidad y la movilidad de las comunidades.

En Veracruz, sin embargo, 98 por ciento del fondo se ha invertido en más de 900 obras de pavimentación o de ampliación y reconstrucción de caminos. Apenas 28 obras han sido de equipamiento urbano, 26 de agua y saneamiento, 6 de preservación y protección ecológica y 1 de electrificación.

Las obras de pavimentación que han concentrado el uso de los fondos se han entregado a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Un grupo selecto de empresarios pertenecientes a la cúpula de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción han sido beneficiados con contratos directos por más de 800 millones de pesos, equivalentes a 40 millones de dólares.

Las principales fallas en la aplicación del fondo en 2016 persistieron en los siguientes años. De acuerdo con el análisis de las obras reportadas en la plataforma transparencia presupuestaría, 40 por ciento de los 3. 400 millones de pesos invertidos han sido distribuidos a seis municipios que están lejos de tener una vocación petrolera. Es un monto de aproximadamente 170 millones de dólares, que generaría alivio en otros lugares donde la industria ha provocado estragos.

El FEFMPH además no contempla mecanismos de participación para las poblaciones que habitan zonas impactadas, lo que genera inequidades. Así fue establecido en una investigación del Centro de Investigación y Análisis (Fundar), que se publicó en el anuario 2017 “Las actividades extractivas en México. Minería e Hidrocarburos hacia el fin de sexenio”.

Veracruz es el estado con mayor superficie destinada a la extracción de hidrocarburo con 47.300 kilómetros y hay serias dudas del porqué municipios sin áreas de asignación o contratación, reciben recursos de este fondo, lo cual constituye una irregularidad a los lineamientos de la legislación y la normatividad.

“Además resulta llamativo que estados o municipios donde la superficie afectada por asignaciones es menor reciban mayores montos que los que tienen superficie más comprometida”, señala Carla Flores, integrante de Carto Crítica, quien colaboró en la edición del anuario.

La investigadora coincide en que el escaso control de la aplicación del fondo deja la puerta abierta para que los gobiernos usen el dinero de manera discrecional o, incluso, para que se desvíe a otros fines o a bolsillos a los que no debería llegar.

Veracruz es claro ejemplo de esto. Mientras los bastiones electorales del PAN, partido del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, recibieron obras por casi 500 millones de pesos, otros tradicionalmente petroleros como Tihuatlán, Coatzintla, y Pánuco, suman apenas 157 millones de pesos en inversión.

Incluso el municipio de Molocán, donde se encuentra Villa Cuichapa, cuya área contractual fue entregada a la empresa Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México desde el 2016 en la ronda 2, y que produce alrededor de 2 mil barriles diarios de aceite y gas, tiene una inversión del fondo de apenas 12 millones de pesos, todos destinado a pavimentación.

El bulevar de Veracruz fue rehabilitado con una inversión de 7.5 millones de dólares, el dinero fue del Fondo de entidades productoras, aun cuando aquí no hay asignaciones petroleras.

Las obras se repartieron entre panistas y constructores favoritos

Apenas el sol da tregua en el Puerto de Veracruz y la tarde cae, los juegos recién instalados en el bulevar se llenan de paseantes que se refrescan con la brisa del mar.

La obra fue inaugurada en el último día de gobierno de Miguel Ángel Yunes como una de sus contribuciones más importantes, pues aseguró es uno de los bulevares más bellos y moderno del país. La inversión es millonaria: 149 millones de pesos para rehabilitar 10 kilómetros de paseo. Junto a la obra, se construirán tres hoteles privados de cadenas internacionales, una plaza comercial y un conjunto habitacional de lujo.

La obra es realizada con recursos del FEFMPH. Según la auditoría a la cuenta pública 2017, construyó esta obra con sobre costos, y sin la supervisión técnica adecuada.

Los municipios panistas recibieron fondos petroleros por casi 25 millones de dólares aun cuando no tienen asignaciones petroleras importantes.
Aunque el Puerto de Veracruz, gobernado por Fernando Yunes Márquez, hijo del gobernador, apenas tiene unos kilómetros de áreas de asignación, suma en dos años junto a Boca del Río, municipio colindante y también bastión panista, inversiones por 455 millones de pesos.

El dinero de este fondo fue controlado en su mayoría por la SIOP, dirigida por Julen Rementería, ex alcalde de Veracruz, ex diputado, ex candidato y ahora senador por el PAN.

Con Rementería al mando, la SIOP se convirtió en la cuarta secretaría más poderosa en el gobierno de Yunes. De tener un presupuesto de 468 millones de pesos, recibió ampliaciones presupuestales por 1.935 millones de pesos, la mayoría procedente del FEFMPH.

El aumento del presupuesto le permitió lanzarse como candidato al senado por la alianza PAN-PRD con un lema de campaña que no fue elegido al azar: “Manos a la obra”.

Durante su encargo, gran parte de la obra del fondo fue asignada vía adjudicación directa o con invitación restringida a tres personas. Pero Rementería se defiende y asegura que los recursos se repartieron conforme a ley, sin favoritismos y que se asignaron las obras a los empresarios más competitivos.

El Fondo petrolero fue controlado por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, a cargo del ahora senador Julen Rementería del Puerto. Las obras se entregaron por adjudicación directa y un sector de empresarios concentró el 30 % del fondo.

Este modus operandi lo detectó la ASF en 2016 cuando revisó por primera vez el fondo. Entonces alertó que había proyectos que excedían los montos para adjudicarse de forma directa, había disparidad en las inversiones aprobadas y ejercidas, y existían falta de comprobación y proyectos que no cumplían con objetivo principal del fondo.

Las mismas prácticas continuaron en los años siguientes. Al revisar la lista de proyectos aprobados en Veracruz a través de transparencia presupuestaria, se comprobó que la SIOP otorgó al menos 250 obras vía adjudicación directa e invitaciones restringidas.

Apenas en octubre pasado, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), sancionó y ordenó una investigación contra funcionarios de SIOP, porque detectó que en la cuenta pública 2017, se habían adjudicado obras de forma directa sin justificación y excediendo los montos establecidos por ley. Además, se detectaron deficiencias en la construcción.

Un análisis de las licitaciones realizado para este trabajo reveló que 15 grupos constructores se repartieron 811 millones de pesos de obras, lo que equivalió al 30 por ciento del fondo petrolero en Veracruz, es decir más de 40 millones de dólares.

De este grupo, diez empresas constructoras pertenecen a empresarios que integran el primer círculo de poder de la CMIC. En conjunto, recibieron 311 millones de pesos en asignaciones, 90 por ciento de las cuales fueron por vía de adjudicación directa. Los otros 500 millones de pesos fueron repartidos bajo el mismo esquema de adjudicación directa entre otros cinco grupos constructores.

Adicionalmente las empresas de esta lista fueron privilegiadas con obras de otros fondos federales durante el gobierno de Duarte y Miguel Ángel Yunes.

Algunos empresarios recibieron entre cuatro y cinco contratos relacionados con el FEFMPH, a través de varias empresas donde son socios o apoderados legales. Un caso destaca: el de Ramón Montano Hernández, vicepresidente de Infraestructura y Obras Públicas de CMIC, quien recibió seis contratos vía adjudicación directa por 28.9 millones de pesos. Esto a pesar de que un año antes, el Organismo de Fiscalización del Estado, le había hecho señalamientos por la mala calidad en una de las obras, que tuvo que ser suspendida.

En 2017 una acusación anónima prendió los focos rojos al interior de la CMIC, cámara de construcción. Según ella, las grandes obras se quedaban entre los miembros del comité directivo. El entonces presidente, Pedro Medina Amador negó la acusación.

Esta reportera buscó la opinión del actual Presidente de la cámara de la construcción en Veracruz, sin embargo, al cierre de este trabajo no respondió la petición de entrevista.

Gobernador decidió obras de los fondos petroleros

En entrevista, el ex funcionario y ahora senador aseguró que no repartió las obras a modo, pero reconoció que el gobernador Miguel Ángel Yunes decidió cómo y dónde se repartían los fondos petroleros.

Entrevistado sobre los cuestionamientos de esta investigación, Rementería expresó lo siguiente: “No era vamos a repartir, si no era un juego de cartas, no hubo favoritos”

Rementería reconoce que concentrar el cuarto presupuesto más grande del gobierno le sirvió para impulsar su candidatura. “Todo suma”, admite, pero niega que existiera discrecionalidad a la hora de aplicar el fondo de entidades productoras de hidrocarburos.

Alega que para realizar la asignación de obra se consultó una lista de municipios y que si el lugar tiene un ducto o alguna instalación petrolera era susceptible de ser beneficiado. Sin embargo, las reglas de operación son estrictas y dicen lo contrario: el fondo solo se aplica a las áreas con asignaciones o contratos de exploración y explotación, lo cual se incumplió para Veracruz.

Rementería dice que ha sido tanta la mala fama del gobierno, que cuesta creer que las cosas se hagan bien. “No hay truco, simplemente es hacer el proyecto, validarlo técnicamente y ocúpate de tener el dinero y haz el contrato bien a una buena empresa, y la obra sale”.

Cuestionado sobre el criterio utilizado para destinar recursos por casi 500 millones de pesos a Veracruz y Boca del Río, contra Papantla con 51 millones de pesos, señaló que las reglas operación no establecen monto a otorgar, por lo que fue el propio gobernador Yunes quien decidió cuáles son las prioridades del estado y las obras a realizarse. Ver Diario Oficial de la Federación

También justifica que la mayor parte del fondo se dirigiera a pavimentación: afirma que esa es la principal solicitud de los alcaldes: “Es la demanda número uno, incluso por encima del agua potable o la electrificación”.

Hay un grupo de constructores que concentran las obras, se le cuestionó.

“Hay grupos de empresarios que se agruparon para hacer consorcios. Es una situación natural de la competencia, se puso el piso parejo para todos, ganaron los que eran más competitivos”, respondió.

Rementería también justifica que una gran parte de los contratos se realizaran por vía adjudicación directa, pues está permitido en Ley.

“Las cámaras me dijeron ´ ¿Cuántas obras nos va a dar?’. Respondí ni una, ve y participa, gánatela, no voy a impedir que participes, esa fue la política, y eso nos sirvió”, relata.

Rementería cuenta que cuando llegó a la secretaría en diciembre del 2016, lo recibieron con una buena noticia: había casi 100 millones de pesos disponibles para gastar como parte del remanente del FEFMPH, la única condición era gastarlo antes del 31 de diciembre.

La obra se repartió vía adjudicación directa, pero cuando se iba a ejercer, las malas noticias llegaron porque se enteraron que el gobierno de Javier Duarte solo había dejado el dinero en papel, la caja estaba vacía. Las obras se tuvieron que cancelar, y con recursos del 2017 se volvieron a licitar, lo que duplicó el costo de la infraestructura.

Desvíos, obras sin operar y con sobrecostos

Esto es parte del desorden administrativo que la propia ASF documentó en 2016, cuando alertó que de los 1.030 millones de pesos que le correspondían a Veracruz por los fondos de entidades productoras, el gobierno de Duarte solo comprobó la entrega del 10 por ciento, unos 103 millones de pesos. Lo demás desapareció y nadie atina a saber dónde está o en qué se utilizó.

Veracruz no entregó información de la comprobación de las transferencias y, por tal situación, se solicitó la intervención de las contralorías para investigar y determinar responsabilidades a los funcionarios implicados, sin embargo, a la fecha no hay reporte de las sanciones.

La auditoría cuestionó que en general el fondo se aplica con escasa supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En algunas obras el monto aprobado y el ejercido no tienen correspondencia y, en general, no se entregan reportes del gasto.

La falta de control ha derivado principalmente en que los proyectos incumplen el propósito de resarcir las afectaciones al entorno social y ecológico en las comunidades de donde se extrae el petróleo, el gas y el aceite.

Otro de los hallazgos fue que algunas obras se licitaron y adjudicaron por lo menos dos veces. Entre 2014 y 2016, el Orfis también documentó desvíos por 42 millones de pesos en el uso del fondo.

El patrón fue común: proyectos abandonados, sin terminar, bitácoras de obra inexistentes, entrega de anticipos a empresas sin factura de comprobación, deficiencias en los proyectos ejecutivos y sobrecostos en la construcción.

En la cuenta pública 2016 del ORFIS, se emitieron 34 observaciones al gasto del FEFMPH, la mayoría a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas por mala calidad en la obra, e irregularidades en los contratos. Ver documento

Los desvíos duplicaron el monto de las obras, que estaban presupuestadas para 2016, y tuvieron que volverse a etiquetar para el presupuesto 2017 y 2018.

Por ejemplo, en el municipio de Papantla se detectaron desvíos por 6.6 millones de pesos.

La auditoría observó un desvío de 1.9 millones de pesos que se dio como anticipo para la rehabilitación de pavimento de una avenida. Para justificar la obra se enviaron fotografías y documentación que avalaban un supuesto avance físico. Sin embargo, cuando los auditores realizaron las visitas de inspección, se encontraron con que ni siquiera estaba iniciada.

En un paquete de 17 obras revisadas, la auditoría reveló que no existen bitácoras, ni se presentaron proyectos de obra, por lo cual se generaron atrasos, deficiente control y modificaciones a los términos contractuales.

En las visitas a las obras, los auditores revelaron irregularidades en Papantla, Tantoyuca, Chicontepec, Ayahualuco, Zongolica, Atzcan, Altotonga, San Juan Evangelista, San Andrés Tuxtla, Villa Azueta, Martínez de la Torre, Coatepec, Veracruz, Córdoba, Coscomatepec y Emiliano Zapata.

Los auditores también acusaron que la SIOP durante el gobierno de Duarte tenía deficiencias en el procedimiento de contratación. Las invitaciones se hicieron solo a un número reducido de empresarios, las adjudicaciones directas se realizaron sin dictámenes que justificaran y algunas empresas ni siquiera eran parte del padrón de proveedores del gobierno estatal, por lo que hubo irregularidades en su contratación.

Pemex, los recursos sin control

Cuando el alcalde de Castillo de Teayo – al norte de Veracruz-, Enrique Isidro Limas inauguró la construcción del sistema de agua potable en las localidades de Nuevo Naranjal y Teayo, hubo fiesta con cohetes y comida.

Era 2014 y la obra se realizaba con un donativo en efectivo de 7 millones de pesos de Pemex al municipio, donde se concentran 6 campos petroleros, algunos parte del ATG.

Pero la obra nunca funcionó correctamente porque el pozo de abastecimiento se colocó a escasos metros de donde escurren aguas residuales, lo que contaminó el tanque, que ahora es inservible.

El Orfis observó en la cuenta pública 2014, que la obra estaba concluida pero no operaba, porque además le faltaba un medidor, la validación de la Comisión Federal de Electricidad y las pruebas sanitarias según la normatividad.

No era la primera vez que ocurría algo así. En 2011 el entonces alcalde no comprobó el uso de 3 millones de pesos para apoyar la “Rehabilitación del Parque Central La Pirámide”.

Otro caso es el ayuntamiento de Papantla, que en 2014 recibió 2.5 millones de pesos en efectivo para la construcción del sistema de drenaje en la localidad de La Grandeza.

La promesa era que el sistema de agua podría abastecer a otras 13 comunidades indígenas de la región, sin embargo, las irregularidades en el proceso de construcción hicieron la obra inservible, que no soportó la presión y terminó por romperse.

En la cuenca petrolera del sureste la situación es la misma. El alcalde de Las Choapas, Renato Tronco, recibió en 2010, 4.6 millones de pesos en asfalto y combustible, que originalmente serían para reconstruir el mercado municipal Bicentenario Miguel Hidalgo y la carretera El Mulato-Ignacio Zaragoza, también conocida como “Tronconada”.

Pero el alcalde lo desvió para pavimentar el camino de la Cordobesa, para renovar el piso del salón de usos múltiples "El Titanic” y para el camino del Aserradero a Río Playas, donde tiene varias de sus propiedades.

Pemex interpuso una denuncia en contra del ayuntamiento y busca que le regrese el dinero. El litigió ya cumplió media década y ahora la nueva administración municipal pretende que el Congreso Local convierta este desvío en una deuda pública del ayuntamiento.

En Veracruz, Pemex ha repartido del 2013 al 2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de los cuales 113 millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en gasolina, diesel y asfalto. Las auditorías han revelado que los recursos se reparten sin control.
Con el sistema de donaciones y donativos, Pemex busca conseguir la licencia social en comunidades y municipios impactados por la explotación y extracción.

El fin es contribuir con el mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades localizadas en zonas petroleras, pero el objetivo dista mucho de cumplirse.

En Veracruz, la empresa ha repartido del 2013 al 2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de los cuales 113 millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en gasolina, diesel y asfalto.

Desde el consejo de administración general de Pemex, presidido por el entonces director, Emilio Lozoya Austin, ahora acusado en el caso de corrupción de Odebrecht, se decidieron los recursos y los proyectos que serían favorecidos con estos recursos.

Sin embargo, el dinero ha sido utilizado por el gobierno estatal y los propios municipios sin un control por parte de la empresa petrolera.

En 2013, durante el gobierno de Duarte, Pemex entregó por ejemplo en 2013, recursos millonarios en efectivo para generalidades como apoyar la realización de proyectos de asistencia social, salud, protección civil, desarrollo agropecuario, desarrollo social e infraestructura social, pero sin comprobar las obras.

En 2016, el último año de gobierno de Javier Duarte, la ASF detectó que, de los 259 millones de pesos donados a Veracruz, la mitad 110.7 millones de pesos, no fueron aplicados correctamente. También se detectaron anomalías en la entrega de combustible.
Revisiones a los recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación en 2010 y luego en 2016, revelaron que se carecen de los mecanismos para controlar el otorgamiento y la aplicación de los recursos.

Aroa Fuente, investigadora de Fundar quien ha seguido la pista de estas donaciones, revela que existen vacíos normativos. “Esto deja un amplio margen de discrecionalidad y dificulta el control de los mismos. De esta manera, estos lineamientos no presentan regulación sobre los plazos para la aplicación y comprobación de los donativos y donaciones otorgados, ni sobre la periodicidad y plazos de los reportes de aplicación de los mismos que deben entregar los beneficiarios”.

Además, alerta que Pemex no realiza un seguimiento de los acuerdos de autorización ni verifica la aplicación de los recursos y bienes para los fines otorgados.

“El hecho de que PEMEX no comprobara el uso final que los beneficiarios dieron a los recursos y bienes entregados impide que se conozca si los mismos fueron utilizados para los fines establecidos y si cumplieron con los correspondientes objetivos de desarrollo social para los que fueron entregados”, señala en el documento “Donativos y donaciones de Pemex: deficiencias e irregularidades”

Aunque los beneficiarios están obligados a entregar un reporte de la aplicación del dinero, estos no se realizan y pese a ello en algunas ocasiones Pemex sigue otorgando recursos.

La ASF observó en dos ocasiones que aun cuando tiene un manual de organización interna que vigila estos recursos, no está actualizado, por lo que es inexistente un marco normativo para cuidar la buena aplicación.

En 2013 el Consejo de Administración aprobó el Manual de Organización de la Gerencia de Desarrollo Social, pero este fue reconocido como legal hasta 2015, dos años después de acordado.

Para la auditoría 2016, la irregularidad existe pues apenas el 1 de marzo del 2017 se publicó el documento normativo para distribuir estos recursos.

Ejemplos de corrupción hay muchos: De los 259 millones de pesos, 12.9 millones de dólares, donados a Veracruz en 2016, que consistieron en gasolina, diesel y asfalto, se detectó un daño patrimonial de 110.7 millones de pesos, 5 millones de dólares, por la falta de comprobación en el uso y aplicación de los recursos. VER AUDITORÍA

También se detectó que los vehículos del gobierno eran de 80 litros, pero funcionarios reportaba el llenado de hasta 150 litros diarios.

La petrolera señaló que, ante la falta de comprobación de los recursos, era probable que el gobierno hubiera revendido el combustible o incluso lo desviara a otras actividades.

Por estas irregularidades y la falta de supervisión, la ASF ordenó a Pemex iniciar procedimientos administrativos en contra de los funcionarios omisos.

Para esta investigación se solicitó vía transparencia a Petróleos Mexicanos, la comprobación del uso de donativos y donaciones en Veracruz desde el 2013 a la fecha. También se le consultó si había irregularidades en sus gastos de parte de gobierno o municipios. La respuesta fue que tenía cero seguimiento al dinero y no sabía cómo y en qué se habían ejercido.

El argumento que utilizaron fue que cinco años después de entregados los recursos continuaban con la integración de la documentación, pues la normatividad había cambiado.

Pemex tampoco quiso informar si había denuncias penales o procesos administrativos sancionatorios en contra de funcionarios por la falta de comprobación en el uso de dinero en efectivo, combustible y asfalto.

La distribución de los donativos y donaciones también se realiza de forma discrecional en Veracruz, los recursos en efectivo y especie los concentra el Gobierno estatal y municipios como Coatzacoalcos o Minatitlán donde hay escasos pozos petroleros, pero sí refinerías, han recibido recursos millonarios por más de 150 millones de pesos. Lo que contradice el objetivo de este apoyo, que es contribuir al mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades localizadas en las zonas petroleras.

El PACMA, las migajas de PEMEX

Es la hora de la comida, y el comedor comunitario de Emiliano Zapata en Papantla, luce vacío y la razón es simple: el menú no le gusta a nadie. Huevo en polvo, carne enlatada, crema de zanahoria en bolsa, chilorio embotellado, son cosas que la gente en este lugar no está acostumbrada a comer.

“No vamos a comer eso, cuando en la parcela hay maíz y en los gallineros huevo fresco”, cuenta Felipe campesino del lugar.

La cuota de recuperación para la ración de comida es de 7 pesos, que sirven para la operación general del comedor, sin embargo, la gente de las comunidades petroleras integrada por campesinos, pescadores y ganaderos no acude a estos comedores.

Pemex lo inauguró como parte del Pacma y su alianza con la Secretaría de Desarrollo Social cuando el gobierno federal lanzó el programa Cruzada contra el Hambre.

Pero en la comunidad nunca preguntaron si eso era necesario.

La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que el programa de comedores opera con el 90 por ciento de deficiencias, pues no se demostró abatir la carencia alimentaria en las comunidades de alta marginación.

En Veracruz se han invertido más de 190 millones de pesos en obras como casas de salud, escuelas, domos y comedores en comunidades petroleras. Los campesinos dicen que son migajas en comparación con lo que las petroleras extraen de sus tierras.
El Pacma es un programa que busca obtener, ampliar y consolidar la licencia social para operar a través de programas, obras y acciones, que impulsen el desarrollo sustentable en las comunidades de las áreas de influencia de las empresas petroleras. Obliga al contratista a aportar un monto mínimo del 2 por ciento del contrato que tengan en las comunidades.

En Veracruz se han invertido 196 millones de pesos en obras de infraestructura financiada por 30 empresas nacionales y extranjeras, como Perfolat de México, Weatherford, Dowell Schlumberger, entre otras.

Bajo este programa, Pemex construyó en las comunidades petroleras, casa de salud, bachilleratos, secundarias y primarias, dotó de ambulancias, domos para escuelas y salones sociales, y apoyó la instalación de cientos de comedores comunitarios.

Pero algunas obras se realizaron sin preguntar a la gente si en realidad eran necesarias, ejemplo claro son los comedores comunitarios, cada uno fue construido con una inversión de 650 mil pesos, en total se invirtieron 42 millones de pesos en Veracruz.

Otro apoyo del Pacma fueron las casas de salud, pero la mayoría opera sin doctor ni medicamentos, por lo que la comunidad es quien tiene que pagar el servicio y mantenimiento del lugar.

Pero, además, los recursos que ejerce Pemex están bajo la lupa de esquemas graves de corrupción.

El programa ha sido objeto de señalamientos, el primero en 2013, cuando reportes periodísticos, indicaron que la Secretaría de la Función Pública había detectado diversas irregularidades en el ejercicio de recursos del fondo.

La dependencia guardó en secrecía el documento “Diagnóstico de los contratos de obra pública con contenido de Responsabilidad Social” que revelaba el desvío. En agosto de ese año, la entonces paraestatal emitió un comunicado en el que reconoció que hacían “falta soportes documentales vinculado a las obras, acciones y programas.”

Luego de esto, el programa fue relanzado en 2013, previo a la Reforma Energética, esta vez de la mano de la organización Transparencia Mexicana.

Pero en 2014, una investigación del periódico Reforma desató un nuevo escándalo: gestores ofrecían a gobiernos locales priístas negociar donativos a cambio de regresar el 20 por ciento para financiar campañas del PRI.

Sobre el tema, Bernardo Bosch Hernández, entonces titular de la Gerencia y Coordinador General del Pacma aseguró que el programa contaba con diversos candados a efecto de evitar este tipo de prácticas, ya que el programa realiza su gestión directamente con la empresa obligada.

Este reportaje fue realizado por Flavia Morales para AVC Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

AVC Noticias
Flavia Morales
Ciudad de México
Miércoles 13 de noviembre de 2019.


En el sitio se registró un incendio que dejó heridas a dos personas, según informa la Coordinación Nacional de Protección Civil


La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que los servicios de emergencia lograron cerrar el ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde se registró un incendio la madrugada de este lunes en el estado de Tlaxcala y causó heridas a dos personas.

Reportó que ya sólo se quema el remanente de gas que había en el ducto, por lo que se mantiene el perímetro de seguridad a 300 metros del ducto Cactus Zapotlanejo, en el municipio de Nativitas.

A través de su cuenta @CNPC_MX en Twitter, la dependencia federal agregó que en el lugar labora personal de Protección Civil, Pemex, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Estatal.

En su reporte, Protección Civil federal agregó que actualmente ya no hay riesgo para la población del lugar, de donde fueron evacuados aproximadamente 80 habitantes.

Este lunes, en el municipio de Nativitas, Tlaxcala, se registró la explosión de un ducto de Pemex que presentaba una fuga de gas LP, y generó un incendio por el que, hasta el momento, se reportan dos personas heridas.

Notimex
Ciudad de México
Lunes 4 de noviembre de 2019.


Un juez federal dictamina que Gilda Margarita Austin estará bajo arraigo domiciliario debido a su edad


Luego de nueve horas de audiencia, un juez federal decidió vincular a proceso a Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.  

Sin embargo, como Gilda Austin tiene 71 años de edad, el juzgador también decidió que la acusada llevará su proceso bajo arraigo domiciliario. Durante la audiencia la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que la mamá de Emilio Lozoya recibió en una cuenta bancaria de al menos 185 mil dólares provenientes de los presuntos sobornos que la compañía brasileña Odebrecht entregaba al ex director de Pemex a cambio de obtener contratos.  

Las autoridades indicaron que los 185 mil dólares, que fueron depositados el 26 de noviembre del 2015, no podían ser justificados con el sueldo de maestra particular que percibía la mamá del ex funcionario.  

La FGR también apuntó que si bien por ahora sólo se acusó a Gilda Austin por este depósito, hay otras transacciones anormales ocurridas entre el 2010 y 2015, y que seguirán siendo investigadas para fincar o deslindar responsabilidades.

Indagan más pagos sospechosos a Lozoya Austin

'Usaron cuenta de Gilda Austin para transferir sobornos de Odebrecht'


Señalan que recibieron al menos 185 mil dólares entre 2010 y 2015

La situación de Emilio Lozoya Austin tiende a empeorar: ahora la Unidad de Inteligencia Financiera lo investiga por un oscuro pago –uno más– que habría recibido de OHL, luego de una complicada triangulación financiera que implica a la constructora española, a la empresa Infoglobal, al exdirector de Pemex y hasta a algún miembro de su familia.

Se complica cada día más la situación de Emilio Lozoya Austin ante las autoridades mexicanas y españolas. Ahora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda indaga un pago que habría recibido entre 2011 y 2012 de la firma española OHL y otros que habría realizado desde una de sus cuentas en Suiza hacia otra empresa de España: Infoglobal.

De los documentos en poder de Proceso, pareciera que una gran suma de dinero salió de OHL-México, pasó por Suiza con empresas presuntamente ligadas con Emilio Lozoya y terminó en Infoglobal.

Ambas empresas han estado ligadas al gobierno del Estado de México desde que Arturo Montiel fue gobernador, pero con mayor fuerza y recursos económicos durante el paso de Enrique Peña Nieto por el ejecutivo estatal. Lozoya Austin fue consejero de ambas empresas en los años mencionados.

Los documentos de la UIF no establecen en calidad de qué se realizaron los pagos directos de OHL a Lozoya, ni de los movimientos bancarios que pasaron por Suiza y recayeron en España nuevamente.

Al haber sido Lozoya consejero de OHL y de Infloglobal, bien pudo tratarse de un pago de utilidades. Para despejar las dudas de por qué se entrecruzan los movimientos bancarios y ante la serie de acusaciones que tuvo en su momento OHL de haber sobornado a funcionarios federales para obtener obras durante la administración de Peña Nieto, es que la UIF realiza la investigación.

Por otro lado, en España se le sigue la pista al dinero relacionado con presuntos sobornos para la ejecución de obras en México y adjudicadas a la empresa Infoglobal, SA, de la que es accionista Javier López Madrid, yerno del accionista mayoritario de OHL, Juan Miguel Villar Mir, según reveló el portal español Vozpopuli el pasado 18 de septiembre.

'Usaron cuenta de Gilda Austin para transferir sobornos de Odebrecht'

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), los delitos por los cuales se le acusa y también la autoridad pidió que se le vincule a proceso.

La FGR señaló que una cuenta bancaria de Gilda Lozoya fue utilizada para recibir dinero de presuntos sobornos que la empresa brasileña Odebrecht hacía a Emilio Lozoya durante su gestión como director de Pemex. Se señaló que Gilda Lozoya recibió al menos 185 mil dólares entre el 2010 y el 2015.

El juez que está llevando el proceso en los juzgados del Reclusorio Norte mandó a un receso de 45 minutos. Después de que el tiempo se agote, será el turno de Gilda Lozoya y de sus abogados para exponer su defensa.

A Gilda Austin se le acusa de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Será en unas horas cuando se sepa si el juez vincula a proceso a la mamá del exdirector de Pemex, y si es así la manera en que llevaría el proceso.

Proceso
El Universal,
Jesusa Cervantes
Ciudad de México
Sábado 2 noviembre 2019.


La Fiscalía pidió la intervención de Interpol

Romero Deschamps acumula denuncias

El ex líder del sindicato petrolero puede estar en el país, pero hasta el momento no es localizable, dijo una fuente del gobierno.


La Fiscalía General de la República (FGR) pidió ayuda a Interpol para dar con el paradero de Carlos Romero Deschamps, ex líder sindical de Pemex, quien renunció al sindicato petrolero en medio de investigaciones en su contra por corrupción, dijo el sábado a Reuters una fuente del gobierno.

A mediados de octubre, Carlos Romero Deschamps dejó la secretaría general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), un cargo que ocupó desde 1993.

Autoridades confirmaron a MILENIO que Carlos Romero Deschamps dejó el país en los cinco días posteriores a su renuncia.

"La Fiscalía pidió la intervención de Interpol", aseguró a Reuters el funcionario que solicitó el anonimato por no estar autorizado a declarar. La fuente no confirmó que Romero haya abandonado el país: "Puede estar aquí pero no está localizable", dijo.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) no estuvo inmediatamente disponible para comentar el asunto. En la página web de Interpol aún no aparecía Romero Deschamps como buscado.

¿De qué se le acusa a Carlos Romero Deschamps?

Sobre Romero, de 76 años, pesan al menos dos denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Por años, el ex diputado y ex senador del PRI ha sido señalado de presunta corrupción y de usar los fondos del sindicato para enriquecerse. Sin embargo, nunca fue acusado formalmente.

Romero Deschamps acumula denuncias

Además de las dos denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Carlos Romero Deschamps, a las que se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay decenas más acumuladas durante los 26 años que estuvo al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Una de tantas y la única contra Romero Deschamps, el Comité Ejecutivo General y los 36 secretarios seccionales, fue presentada y ratificada el 15 de marzo de 2018 por Raúl Romero Maldonado y José Vega Barragán, dos jubilados sindicalizados quienes acusan al dos veces senador (1994-2000 y 2012-2018) y tres veces diputado federal (1979-1982, 1991-1994 y 2000-2003) de prevaricato y fraude.

Año y medio después siguen esperando que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, dé curso a esta querella, pese a haber sido presentada el año pasado ante el entonces encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Díaz Beltrán.

Las acusaciones contra Romero Deschamps son por violaciones sistemáticas a la ley interna del STPRM, la desaparición del Fideicomiso para la Construcción de Vivienda y el Fondo Laboral Petrolero, la disminución laboral y la pérdida de los derechos adquiridos.

Desde entonces han pedido respuesta por parte de la visitadora general de la FGR, Adriana Campos López, a quien presentaron su denuncia por escrito, radicada con el número 390/2018. Le expusieron que “no se ha dado el debido seguimiento en el proceso de investigación”.

Entre las denuncias más escandalosas contra Romero Deschamps está la presentada por sindicalistas en enero de 2002, a poco más de un año de que arrancara el sexenio de Vicente Fox, por presunto desvío irregular de mil 500 millones de pesos de Pemex vía el STPRM, a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa en el año 2000. Al caso se le conoce como el Pemexgate, del cual Romero Deschamps y coacusados salieron exonerados en 20016, por falta de pruebas.

“¿Qué pasó en el Pemexgate? Que Romero Deschamps pacta con la administración de Vicente Fox para evitar ir a la cárcel y le mienten al juez porque elaboran un mecanismo en el que resulta que el dinero que le dieron en el Pemexgate acepta Romero Deschamps que no era un pago indebido sino un préstamo al sindicato. Para esto modificaron el contrato, la cláusula 271, para que pudiera Pemex prestarle al sindicato los mil 500 millones de pesos”, dice Romero Maldonado a Proceso.

“Con eso consigue liberarse de la detención y vuelve a ser senador de la República, junto a Ricardo Aldana y Manuel Limón –a quien nombraron sustituto tras la renuncia de Romero Deschamps–. Estamos hablando de más de 20 mil funcionarios sindicales involucrados”, añade.

Para el jubilado del STPRM, con el Pemexgate Romero Deschamps logró que lo protegieran los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a quienes también citan en su denuncia.

Según Romero Maldonado, Pemex debió cobrarle los mil 500 millones desviados en el Pemexgate a Romero Deschamps e implicados y no al STPRM, que al final le pagó a Pemex a cambio de que los aludidos no pisaran la cárcel.

“Pero ¿qué hicieron? Permitieron que Pemex embargara las cuotas sindicales hasta 2031. Entonces ¿de qué vive el sindicato?”, inquiere.

Para Romero Maldonado, Vega Barragán y su abogado, José Gilberto Salazar Velasco, López Obrador “no tiene la información precisa” sobre las denuncias contra Romero Deschamps.

Salazar Velasco cuenta que el 19 de enero de 2019 le presentó una carta a López Obrador, en calidad de asesor jurídico de Romero Maldonado y Vega Barragán, y tenía 90 días para dar respuesta a la carta que alude a la carpeta de investigación 390/2018, que se abrió, precisamente, con motivo de su denuncia.

El fondo perdido

Los denunciantes y su abogado cuentan que en 1938, tras la expropiación petrolera, se acordó darle 4% de las ganancias a los petroleros, pero en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, con el entonces secretario general del STPRM, Salvador Barragán Camacho, se acordó reducirlo a 2% con la condición de que comenzara la privatización de Pemex.

“¿Qué pasó? Pues le pagaban al sindicato una cuota como si fueran trabajadores. Ese era el 2%.  Ese dinero es patrimonio sindical y los propietarios son los socios sindicales, no los funcionarios sindicales”, señala el litigante.

A esto le suma que en 1989, cuando Barragán Camacho estaba en la secretaría general del STPRM, Joaquín Hernández Galicia, La Quina, anunció que ya no pagarían cuotas sindicales porque el STPRM tenía 50 mil millones de pesos en sus arcas.

“Ese patrimonio, que fue el pago de los contratistas para poder laborar en Pemex, les corresponde a sus legítimos propietarios, que son los socios sindícales. El dinero sí existe, pero no los pudo cobrar ni Carlos Romero Deschamps”, asegura Salazar Velasco.

“Está en varios países. Está en Inglaterra, Estados Unidos y México, pero desde hace 30 años que eran 50 mil millones de pesos, ahorita estamos hablando de 250 mil millones de pesos. De ahí, los socios sindicales tienen solvencia económica para financiar a Pemex con 70 mil millones de pesos sin ningún problema y a las demás empresas filiales que necesiten”, añade.

Por eso el abogado recalca que están pidiendo una audiencia con López Obrador, para entregarle la información sobre ese dinero.

“Si hace poco financiaron a Pemex con 5 mil millones de pesos, aquí se tiene la capacidad de financiarlo con 70 mil millones de pesos, que es lo que necesita para transformarse, ponerse a la vanguardia a nivel mundial y transformar al país”, considera.

Las dos denuncias

El 23 de julio de 2019 el periódico Reforma informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias contra Romero Deschamps, su esposa Blanca Rosa Durán, sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, la esposa de éste, María Fernanda Ocejo Garrido, así como la hijastra de María Esther Romero Deschamps, hermana de Carlos, la señora Ana Luisa Aguinaco Romero.

Las acusaciones son por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, incluidas en la carpeta de investigación FED/FECC7FECC-CDMX/66/2019 de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR.

Según la información, difundida a cuenta gotas desde el viernes 11, el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Sandro García Rojas, recibió el oficio 110/E/445/2019, congeló las cuentas bancarias de Romero Deschamps y su parentela desde el lunes 14.

La UIF informó que encontraron depósitos, operaciones con cheques y transferencias electrónicas mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios entre los familiares de Romero Deschamps, sin que se pueda justificar el origen o el destino de los mismos.

Las demandas contra Romero Deschamps y sus parientes fueron presentadas durante la reestructuración del contrato colectivo de trabajo y del aumento salarial anual con Pemex. Este año fue la primera vez que no hubo negociación contractual, principalmente económica y en beneficio de Romero Deschamps y sus huestes.

El pasado 31 de julio Romero Deschamps se despidió de sus agremiados sin decirles que el contrato colectivo de trabajo para 2019-2021 es el mismo que el acordado para el periodo 2017 -2019, con una modificación: la eliminación de la controvertida cláusula 251 bis, mediante la cual se entregaban 188 millones 764 mil 800 pesos a 73 miembros del Comité Ejecutivo General del STPRM (Proceso 2231).

Reuters
Proceso
Ciudad de México
Sábado 26 octubre 22019.


Durante los trabajos para el cierre y contención de una fuga de gas LP en Puebla, seis trabajadores de Pemex resultaron lesionados con quemaduras de primer grado.

Un reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, indica que los servidores públicos fueron trasladados al Hospital MAC de Puebla, y las heridas que sufrieron no ponen en riesgo su vida.

El informe señala que a las 3:30 horas se reportó una fuga de gas LP en el ducto Cactus-Guadalajara, en el Municipio de Cuautlancingo, Puebla.

La fuga se inició por una probable manipulación de toma clandestina.

El asentamiento más próximo se encuentra a 500 metros, por lo que no fue necesario evacuar el lugar.

No obstante, por seguridad para la población, las autoridades locales y federales mantienen la zona restringida y acordonada a 200 metros alrededor de la fuga.

Según el reporte, emitido esta mañana, el incidente está controlado y no representa riesgo a la población.

“Desde el primer momento, la Coordinación Nacional de Protección Civil se mantiene en comunicación con las distintas instituciones de los tres niveles de gobierno que laboran en este incidente, para coordinar acciones que ayuden a salvaguardar a la población”, agrega.

En el lugar laboran la Coordinación Nacional de Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional, Seguridad Física de Pemex, Protección Civil Estatal y Municipal, Policía Municipal y Bomberos.

Reforma
Ciudad de Puebla
Lunes 16 de septiembre de 2019.


Quinto Elemento Lab*


Emilio Lozoya Austin rompió el silencio. El exdirector de Pemex calificó las acusaciones como “un ataque político cobarde y sin fundamentos” contra él y su familia. Desde una locación no identificada, Lozoya responde por primera vez a la prensa desde que las autoridades giraron dos órdenes de aprehensión en su contra el 28 de mayo y el 4 de julio pasados.

El exfuncionario, quien es buscado a escala global por la Interpol, contestó a través de su abogado Javier Coello un cuestionario de nueve preguntas que le hicieron llegar el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el medio suizo Tamedia, como parte de una investigación periodística realizada en conjunto con Quinto Elemento Lab.

Coello entregó las respuestas el sábado 27 de julio, tres días después de la captura de Gilda Austin, madre de Lozoya, en una pequeña isla al norte de Alemania. “A mi madre se le acusa de que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese?”, dijo el exdirector de Pemex, investigado en México por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho ligados con la trama de Odebrecht.

Süddeutsche Zeitung, Tamedia y Quinto Elemento Lab publicaron que Lozoya y su familia tienen intereses empresariales y financieros en Alemania y Suiza, y las autoridades europeas están iniciando investigaciones.

A continuación, se reproducen íntegramente las respuestas de Lozoya, con varios comentarios y precisiones hechas por su abogado Javier Coello.

Pregunta: Las autoridades mexicanas lo acusan de corrupción y lavado de dinero. ¿Desea hacer algún comentario?

Emilio Lozoya: Es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia, en ningún momento como funcionario público ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción.

P: ¿Es correcto que a partir de 2016 participó en dos empresas registradas en la misma dirección en Múnich, ELMO Wolfsburg GmbH y ALL-Me Hamburg GmbH? ¿Cuáles fueron las razones para participar en estas dos empresas?

EL: Las inversiones en las empresas que usted menciona, ELMO y ALLME son inversiones inmobiliarias que fueron declaradas ante la Secretaría de la Función Pública cada año, mientras fui funcionario público. Todas, producto de mi trabajo empresarial antes de ser funcionario público.

P: En diciembre de 2016, tres entonces altos funcionarios de la empresa brasileña Odebrecht confesaron a la justicia brasileña que le sobornaron entre 2012 y 2014 con pagos por un total de 10.5 millones de dólares utilizando empresas offshore con cuentas bancarias en paraísos fiscales. Como contrapartida, dicen que usted les ayudó a consolidarse en México y ganar contratos con Pemex. ¿Es verdad lo que confesaron? ¿Usted quiere comentar o corregir algo?

EL: He negado categóricamente los supuestos dichos de los brasileños. A cambio de sentencias reducidas pueden haber inventado lo que les convenía. Por motivos profesionales los conocí, como a las principales empresas de la región, antes de ser funcionario público.

P: La justicia mexicana le acusa como entonces director de Pemex de haber comprado una planta de fertilizantes a sobreprecio. Quinto Elemento Lab escribe que Pemex pagó casi 100 millones de dólares más que el valor de la planta. ¿Es verdad? ¿Usted quiere comentar o corregir algo?

Javier Coello: La acusación sobre el sobreprecio no tiene sustento. Mi cliente nunca participó en los comités de aprobación de dicha transacción, ya que anualmente representaba menos del 1% del monto total a invertir.

En los comités de aprobación hubo consejeros independientes y de áreas de personas involucradas, White & Case, AT Kearney y empresas de consultoría global.

Las valuaciones las hicieron consultores globales reconocidos y el INDAABIN, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda.

EL: El problema real es que desde que salí de Pemex, mis sucesores y la actual administración han propiciado una caída de más de 30% en la producción de gas en el país, por decisiones propias y erróneas, intentar culpar a alguien cuatro años después, es absurdo.

P: En diciembre de 2012 usted compró una casa en la Cuidad de México por 2.58 millones de francos suizos a través de la empresa offshore Tochos Holding. Se dice que parte del dinero proviene de los sobornos de los ejecutivos de Odebrecht. ¿Quiere comentar algo?

EL: Mi casa en la Ciudad de México se compró en noviembre de 2012, un mes antes de ser funcionario público. ¿Cómo se puede acusar de sobornos a una persona que no es funcionario público? Todo el dinero que se usó para la compra de dicho inmueble es producto de actividad empresarial de años de trabajo antes de ser funcionario público.

P: En agosto de 2013 su esposa Marielle Eckes compró una residencia en la costa pacífico de México a través de un abogado que trabajaba para Altos Hornos. El dinero para la compra provino de una cuenta bancaria de la empresa Tochos. ¿Qué relación tienen la adquisición de la residencia, la compra de la planta de fertilizantes a sobreprecio y el hecho de que la misma empresa offshore en que según los ejecutivos de Odebrecht le depositaron los sobornos recibiera pagos millonarios por parte de Altos Hornos?

EL: Su información es incorrecta, el abogado que asesoró la transacción es un abogado con cientos de clientes que lleva un despacho privado; que haya asesorado otras empresas o individuos lo desconozco, pero dicho despacho tiene más de una década ayudando a mi familia con su consejería jurídica.

No hay relación en absoluto entre la adquisición de dicha casa y cualquier otro negocio. Igualmente, todos los recursos utilizados de dicha compra fueron producto de dinero que se tenía, tanto mi esposa como yo antes de que fuera funcionario.

Sobre los tratos de Odebrecht y AHMSA, debe preguntarles a ellos. Ambas empresas facturan miles de millones de dólares y desconozco sus tratos empresariales. Aunque es del conocimiento público declaraciones de AHMSA que habían contratado a Odebrecht para algún proyecto de expansión, más allá de eso no tengo detalles.

P: En el registro de empresas de Luxemburgo se puede comprobar que entre noviembre de 2009 y julio de 2013 usted fue miembro del consejo de administración de Cormus Holding S.A., que a partir de octubre de 2010 se llamó JF Holding S.A. Además, entre 2013 y 2014 usted invirtió aproximadamente 10 millones de euros en tres fracciones en JF Holding S.A. y por eso recibió acciones. ¿De dónde vienen esos 10 millones de euros? ¿Vienen de los pagos de los cuales hablan los ejecutivos de Odebrecht?

EL: No puedo dar detalles de esto por no tener los documentos a la mano, pero es absurdo ligar a Odebrecht con esto.

JC: Todas las inversiones que tenía el Sr. Lozoya fueron declaradas ante la Secretaría de la Función Pública, incluyendo cualquier participación en empresas extranjeras.

Asimismo, su información es incorrecta, el Sr. Lozoya dejó cualquier Consejo de Administración de empresas privadas antes de entrar al gobierno. Se cuentan con pruebas de eso y cualquier omisión puede ser un error de la administración de dichas empresas.

P: Según los Panama Papers usted recibió un poder legal en marzo de 2011 para abrir una cuenta bancaria y una caja fuerte a nombre de la offshore panameña Balerg Associates Inc. En emails que pudimos leer se ve que el representante del beneficiario final de la empresa Balerg se niega a revelar el nombre del dueño de la compañía. Así que el despacho Mossack Fonseca renuncia como agente registrado. ¿Es verdad que usted fue beneficiario final de la sociedad? ¿Para qué fue utilizada esta empresa?

EL: Sobre el despacho de Mossack Fonseca, es mentira que yo haya aperturado alguna empresa ahí. Es posible, y ya lo he dicho antes, que le hayan tratado de vender algún servicio a mis empresas y hayan intentado abrir una cuenta para mí, pero jamás tuve mi empresa ni dinero con dicho despacho, ni recuerdo haberlos conocido. Pudo haber tenido contacto con algún empleado mío sin que yo lo supiera, pero de cualquier forma el negocio no se concretó.

P: Su madre fue detenida en Alemania bajo sospecha de blanqueo de dinero. ¿Desea hacer algún comentario?

EL: En dicha persecución política atacan a mi familia, a mi madre se le acusa de que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese? Además de los delitos que se nos imputan no ameritan prisión preventiva en México, pero a pesar de eso el gobierno le mintió o se coludió con un juez en México para generar órdenes de aprehensión.

JC: Finalmente al defender a una Sra. de 71 años, que no ha cometido delito alguno y que al momento de la detención contaba en México con una orden que frenaba cualquier intento de detención, ¿qué clase de justicia política se está promoviendo en México?

* * *

Aunque Lozoya no se ha dejado ver en público y su paradero oficial es desconocido, la última vez que el exdirector de Pemex habló sobre el caso fue el 10 de junio pasado cuando publicó en Twitter que había decidido no presentarse ante la Fiscalía mexicana debido a que no confiaba en un juicio imparcial.

Hace tres días su abogado Javier Coello reveló que dentro de dos semanas Lozoya reaparecerá en un video en el que dará a conocer su versión sobre las compras de las plantas de Agronitrogenados y Fertinal, así como el saqueo a Pemex que, asegura, cometieron el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Una investigación de Quinto Elemento Lab, Süddeutsche Zeitung y Tamedia, publicada el 26 de julio, encontró que Emilio Lozoya entró a Alemania vía el aeropuerto internacional de Frankfurt hace unas semanas. La Fiscalía de Múnich, Alemania, inició una investigación preliminar en torno al mexicano y su esposa alemana, Marielle Eckes.

Una de las líneas de investigación que persigue apunta a que el exdirector de Pemex abandonó Alemania y se encuentra en Suiza.

*Este texto es parte de la investigación colaborativa de Quinto Elemento Lab, el diario alemán Süddeutsche Zeitung y Tamedia, de Suiza.

Quinto Elemento
Ciudad de México
Viernes 02 de agosto de 2019.


La Secretaría de Seguridad Pública informó que 13 personas fueron detenidas en Tepeaca, Puebla, tras agresión a Guardia Nacional.

Un total de 13 presuntos huachicoleros que agredieron este viernes a personal de Pemex y de la Guardia Nacional (GN), en el Municipio de Tepeaca, en Puebla, fueron detenidos, reportó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyPC).).

La dependencia indicó que por la agresión tres elementos de la GN resultaron heridos.

Esta tarde agentes de Seguridad Física de Pemex atendieron una denuncia anónima que alertó una toma clandestina de gas LP en el poblado de San José Carpintero.

A su arribo al lugar los funcionarios de Pemex fueron retenidos, por lo que solicitaron el apoyo de la GN.

No obstante, los elementos federales fueron agredidos de forma física y verbal por parte de los pobladores, por lo que desplegaron un operativo de disuación, de acuerdo con el reporte oficial.

"Durante la gresca fueron lesionados un civil y tres elementos de escala básica de esta corporación, por lo que el personal policial trató de evacuar al civil lesionado para su atención médica, sin embargo, en represalia la población civil dañó e incendió dos vehículos oficiales de Pemex, y fueron los propios civiles quienes trasladaron al herido a una clínica de Tepeaca, Puebla", detalló en un comunicado la dependencia.

"Con el fin de apoyar las acciones que se realizan en el lugar en estricto respeto a los derechos humanos, arribaron efectivos necesarios para contener a la población y evitar que se generaran mayores daños. Estos se percataron que dos vehículos de Pemex se encontraban incendiados, y dispersaron a la población civil, logrando la evacuación de los elementos de la paraestatal y personal de la Guardia Nacional".

Añadió que tras los hechos violentos personal de la GN realizó reconocimientos y patrullajes en las inmediaciones de la comunidad con el fin de localizar a los agresores de los integrantes de la Guardia Nacional, los efectivos lograron la detención de 13 civiles relacionados con los hechos.

"Los sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad competente con el objeto de llevar a cabo las indagatorias del caso y proceder conforme a derecho", abundó la dependencia.

Reforma
Puebla, México
Viernes 26 de julio de 2019.


Autoridades de Múnich, al sur de Alemania, confirmaron el inicio de una investigación en ese país contra Emilio Lozoya y su esposa, Marielle Helene Eckes.


“En Alemania, actualmente hay una investigación preliminar relacionada con Lozoya y su esposa”, confirmó la oficina del fiscal de Múnich.

Una investigación conjunta del diario alemán Süddeutsche Zeitung, el grupo suizo de medios Tamedia y el mexicano Quinto Elemento Lab descubrió que el exdirector de Pemex ingresó a Alemania hace varias semanas vía el aeropuerto internacional de Frankfurt.

Aunque las autoridades están impedidas de comentar los detalles de las pesquisas, fuentes cercanas a la investigación indicaron que averiguan si la pareja Lozoya-Eckes pudo lavar dinero a través de diversas compañías alemanas.

La última vez que Lozoya fue visto por la prensa fue en Cuidad de México, en octubre de 2017, cuando se defendió de las acusaciones por supuestas irregularidades financieras cometidas antes y durante la campaña presidencial del priista Enrique Peña Nieto. Los actos de presunta corrupción continuaron durante su encargo como director de Petróleos Mexicanos y están relacionados con la firma brasileña Odebrecht, señalada de sobornar funcionarios en varios países de América Latina.

La investigación de Quinto Elemento Lab, Süddeutsche Zeitung y Tamedia revela las conexiones familiares y empresariales de Lozoya en Alemania y Suiza. Las autoridades europeas sospechan que Lozoya probablemente se encuentre en Suiza.

Una búsqueda en el registro empresarial alemán arrojó que Emilio Lozoya aparece como copropietario de dos empresas que tienen su sede en el distrito financiero de Múnich: ELMO Wolfsburg y All-ME Hamburg GmbH.

Luego de que la Interpol emitiera una alerta internacional para encontrar al exdirector de Pemex, investigadores alemanes especializados en la captura de criminales se interesaron en los domicilios de ambas compañías; pero Lozoya nunca se presentó en las oficinas.

Una fuente cercana a la investigación confirmó que funcionarios de México también solicitaron a la oficina federal de la Policía Criminal en Alemania (BKA) información sobre Lozoya en los millones de documentos y registros que guardan del despacho Mossack Fonseca, vinculado con los Panama Papers, la indagación que fue revelada en 2016 y donde también apareció mencionado el nombre del exdirector de Pemex.

Alemania era un destino natural para Lozoya. En ese país estudió la preparatoria y ahí fue donde nació y creció su esposa, Marielle Eckes, una internacionalista que en México se dedicó a la filantropía. El padre de ella proviene de la familia fundadora de Eckes Granini Deutschland, la más grande empresa europea de jugos que tiene su corporativo en Mainz, al suroeste de Alemania.

La mañana del miércoles pasado, policías alemanes arrestaron a la madre de Lozoya, Gilda Austin, de unos 70 años, en la paradisiaca isla de Juist, al norte de Alemania. Así fue como el caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Latinoamérica, salpicó a la diminuta isla de 17 kilómetros cuadrados, donde su población de mil 700 habitantes se desplaza sin automóviles.

Pese al tamaño de la isla, la noticia de la captura se mantuvo prácticamente en secreto. Nadie se percató del arresto: ni el periódico local Ostfriesen-Zeitung lo imprimió en sus planas ni el mayor hotel de la zona conocieron la noticia. La recepcionista del Friesenhof dijo al teléfono: “No tenemos mexicanos aquí”.

La captura de Gilda Austin ocurrió 11 días después de que el padre de Lozoya fuera dado de alta del hospital ABC de la Ciudad de México a donde, según informaciones de medios, ingresó por complicaciones cardiacas. Al otro lado del Atlántico, la madre y los hijos de Lozoya se encontraban “de vacaciones” en la isla alemana, según la versión del abogado Javier Coello.

Una fuente cercana a la familia de Lozoya, confirmó que sus hijos tenían más de un ciclo escolar fuera del país.

El abogado Coello dijo a la prensa que la señora Austin se encuentra en un centro de detención a la espera de comparecer ante el juez. Su único delito, aseguró, es que su hijo le depositó dinero para que pagara a abogados e impuestos. La Fiscalía General de México ha confirmado que se le investiga por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, en el caso Odebrecht.

Aunque Lozoya no se ha dejado ver en público y su paradero oficial se desconoce, el exdirector de Pemex ha mantenido cierta actividad en sus redes sociales. El 10 de junio pasado publicó en Twitter que había decidido rehuir de la justicia debido a que no confiaba en un juicio imparcial.

“No obstante que mi deseo es comparecer para defenderme, ante la defenestración pública de la que he sido objeto, he decidido conjuntarme con mi familia, no presentarme ante el Juez Federal de Control, por considerar que no existen las condiciones ni garantías legales para hacerlo”, escribió Lozoya en un comunicado a la opinión pública.

Casi un mes después de que Lozoya emitió ese mensaje, su abogado afirmó que su cliente se encontraba en México. “No está en Alemania, está en México; en el momento en que tengamos las condiciones se tendrá que presentar (a comparecer)”, dijo Coello el 4 de julio en entrevista con Milenio.

La pista conduce a Suiza

La detención de Gilda Austin en la isla de Juist disparó las dudas sobre el paradero de Emilio Lozoya. La hipótesis de las autoridades europeas es que el exfuncionario prófugo se escondió en Suiza a mediados de este mes.

Una de las líneas de investigación que persigue la policía europea apunta a que Lozoya abandonó su refugio en Alemania y huyó a Suiza, que es la tierra de sus bisabuelos.

De 2006 a 2010, Lozoya fue director para América Latina del Foro Económico Mundial. En esos años mantuvo su residencia en la ciudad de Ginebra, sede de organismos internacionales y representaciones diplomáticas. En esa ciudad rodeada de las montañas de los Alpes nacieron dos de sus hijos Luca y Amaya. También los familiares de su esposa Marielle residen en ese país y son dueños de una compañía internacional de aviones.

Además, en Suiza está asentada la cuenta bancaria de Tochos Holding Limited, que tiene como beneficiarios a Emilio Lozoya y a su hermana Gilda Susana. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que desde esta cuenta salieron los recursos para pagar la residencia de Lozoya en el exclusivo fraccionamiento de Lomas de Bezares en la Ciudad de México.

De esa misma cuenta en el banco Gonet & Cie se presume que salieron las transferencias con las que la esposa de Lozoya adquirió una mansión en las playas de Ixtapa, valuada en 1.9 millones de dólares. Estas transferencias son investigadas por las autoridades mexicanas como parte de los casos Odebrecht y Altos Hornos.

Portavoces del banco Gonet & Cie declinaron hacer comentarios tras invocar el secretario bancario.

Por otra parte, esta semana se filtraron a la prensa los nombres de dos empresas vinculadas con Lozoya y que tienen su sede en Ginebra: TMF Services S.A. y Lobnek. Ambas compañías aparecen en la causa abierta contra Gilda Austin.

“TMF Group toma estos asuntos muy en serio. Estamos investigando esto con urgencia”, dijo un empleado consultado para la investigación de Quinto Elemento Lab, Süddeutsche Zeitung y Tamedia. Lobnek, por su parte, dijo que ya envió información sobre Lozoya a las autoridades helvéticas.

En relación con el caso Odebrecht, la Fiscalía mexicana ha pedido el apoyo de su contraparte suiza para obtener información bancaria y de empresas. Desde septiembre de 2017 y hasta abril de este año, ha enviado siete peticiones de asistencia jurídica. La oficina Federal de Justicia de Suiza confirmó que en agosto de 2018 entregó la información solicitada por las autoridades mexicanas.

Lozoya renunció en 2010 a su cargo en el Foro Económico Mundial, pero asistió durante los siguientes siete años cada enero al evento internacional que se celebra en Davos. El organismo internacional declinó proporcionar información sobre las actividades de Lozoya.

A través de sus abogados en Múnich, la esposa de Lozoya, buscada por este equipo de reporteros, pidió comprensión y respondió que por el momento no hará comentarios. Se intentó contactar a Lozoya pero no fue posible localizarlo en los teléfonos que registró en Suiza.


* Frederik Obermaier (Süddeutsche Zeitung, Alemania) y Bernhard Odehnal (Tamedia Media Group, Suiza) contribuyeron a esta investigación.

Proceso
Andrea Cárdenas
Quinto Elemento Lab
Ciudad de México / Munich
Viernes 26 de julio de 2019.


Gilda Margarita Austin es señalada de presuntamente por lavado de dinero y asociación delictuosa, la captura tiene fines de extradición confirma abogado a Ciro Gómez Leyva


Ciudad de México.- Por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa fue detenida en Alemania con fines de extradición Gilda Margarita Austin, madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, el abogado de la sospechosa, Javier Coello Trejo, confirmó la aprehensión con fines de extradición por parte de la Interpol.

Ciro Gómez Leyva

@CiroGomezL
 · 33min
 #ÚltimaHora El abogado Javier Coello Trejo confirmó a #PorLaMañana que fue detenida en Alemania la señora Gilda Margarita Austin, madre del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.


Ciro Gómez Leyva

@CiroGomezL
Las acusaciones contra Gilda Margarita Austin, madre del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, son lavado de dinero y asociación delictuosa. Fue detenida con fines de extradición.

96
9:41 - 24 jul. 2019
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De acuerdo con el jurista, desde hace un mes la mujer se encontraba de vacaciones en el país europeo junto con sus nietos.

Coello Trejo defendió a Margarita Austin al aseverar que “su único delito” fue recibir dinero de su hijo para solventar los gatos de abogados e impuestos relacionados con el caso del aseguramiento de una mansión en Ixtapa, la cual fue asegurada por la Fiscalía General de la República.

Es una persona de 71 años de edad y su único delito es que su hijo le mandó dinero para pagar abogados e impuestos (de caso Ixtapa). Vamos a ver que más conviene jurídicamente. Está en un lugar de detención y vamos a esperar. Tendrá que comparecer ante un juez allá para justificar su detención”, expuso afirmó Coello.

El pasado 6 de julio el mismo abogado se dijo “sorprendido” por la orden de detención obtenida por la FGR, contra su cliente, como contra su esposa, su madre, y su hermana, por el caso Odebrecht.

En conferencia dejó ver que no existía un vínculo entre la familia de Emilio Lozoya y los cargos de corrupción de la empresa brasileña, motivo por el cual interpuso un amparo para defender a los familiares del sospechoso.

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Además, a principios de este mes una información divulgada por la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que incluso la esposa del exfuncionario se asoció con una abogada de Altos Hornos de México (AHMSA) para crear una empresa que se intervino por supuesto lavado de dinero y defraudación fiscal.

Yacani fue creada el 25 de noviembre de 2014 por Marielle Helene Eckes, la esposa de Lozoya, como una sociedad mexicana con inversión extranjera, proveniente de Alemania, de donde es originaria. Su objeto social es de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.

Excélsior
Ciudad de México
Miércoles 24 de julio de 2019.

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