Habrá una reducción de 100 mil barriles diarios en la producción


El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este viernes que su país se reembolsará más adelante la ayuda prestada a México para reducir la producción petrolera, después de que la OPEP, Rusia y otros productores alcanzan un acuerdo para disminuir su oferta.

El mandatario indicó que EUA está intentando que México supere esta situación: "México se está comprometiendo a 100,000 barriles menos... Estados Unidos ayudará a México y nos lo reembolsarán en el futuro".

"Están de acuerdo (los mexicanos) en hacer algo para compensarnos en el futuro", dijo Trump en la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo de COVID-19 de la Casa Blanca.

El presidente indicó que anoche habló sobre este asunto con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien, recordó, "ayuda" a EUA en la frontera; y agregó que ha mantenido conversaciones al respecto con Rusia y con Arabia Saudí.

López Obrador aseguró este viernes que su país se ha sumado al pacto de la OPEP para reducir la producción, pero con una disminución de solo 100.000 barriles diarios y tras pactar también con EUA, que en compensación bajará un poco más su producción.

"Estados Unidos se compromete a reducir adicionalmente lo que él iba a entregar. Son 250.000 (barriles diarios), dice el presidente (Donald) Trump que es por México, para compensar", destacó el mandatario mexicano desde el Palacio Nacional.

El jueves, la OPEP, Rusia y otros productores de crudo alcanzaron un acuerdo básico para reducir su oferta petrolera en un 23 % ante la crisis en el sector causada por la pandemia del COVID-19.

No obstante, según fuentes cercanas a la negociación, la entrada en vigor del pacto había quedado condicionada a la participación de México, e incluso su ministra de Energía, Rocío Nahle, había abandonado la reunión telemática.

Durante su rueda de prensa, Trump fue preguntado sobre el motivo de que México tenga que compensar a EUA y destacó que el vecino del sur no estaba de acuerdo con el acuerdo inicial de la reunión de la OPEP+, con lo que aceptó intervenir para solucionar el problema.

"Ellos nos lo compensarán de distintas maneras", aseguró.

Por su parte, López Obrador quitó importancia a la supuesta tensión que sus negociadores causaron en la reunión.

"México va a contribuir a estabilizar los precios que se desplomaron en los últimos días", afirmó el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

De esta manera, y según informó este jueves la ministra de Energía de México, la producción del país pasará de 1,781 millones de barriles diarios en marzo de 2020 hasta 1,681 millones de barriles.

EFE
Washington, EUA
Viernes 10 de abril de 2020.


Durante esta tarde el precio de la Magna presentó una caída de hasta 34 centavos


Ciudad Juárez— El precio de la gasolina Magna bajó este martes a 8.30 pesos por litro en algunas estaciones de servicio en Ciudad Juárez.

La gasolina Magna o Regular inició el día con un precio de 8.64 pesos por litro, mientras que el combustible Premium se vendía a 10.29 pesos por litro.

Durante la tarde de este día, el precio del combustible Regular presentó una caída de hasta 34 centavos en estaciones como GazPro; en tanto que la gasolina Premium tuvo un descenso de hasta 54 centavos.

La gasolina de alto octanaje se cotizó desde antes de las 17:00 horas del martes en los 9.75 pesos por litro, mientras que el precio del diésel se ubicó en 16.26 pesos en esta frontera.

El Diario de Juárez
Ciudad Juárez, Chihuahua
Martes 24 de marzo de 2020.


De acuerdo con fuentes allegadas al caso, Lozoya contrató los servicios del ex juez y ex Magistrado de la Audiencia Nacional de España


Ciudad de México. - El ex juez y ex Magistrado de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, será el abogado de Emilio Lozoya en el juicio de extradición por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, delitos por los cuales se le pretende juzgar en México.

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) contrató los servicios del jurista ibérico, con el propósito de litigar e impedir su entrega a las autoridades mexicanas.

Garzón es conocido por prohibir la operación del Partido Batasuna, dada su vinculación con la organización terrorista vasca ETA, así como por instruir las causas por los crímenes del franquismo y delitos de lesa humanidad contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, e integrantes de la última dictadura argentina como Ricardo Miguel Cavallo, quien fue detenido en México en el año 2000.

Sin embargo, en el 2012 fue destituido e inhabilitado por 11 años para desempeñar la carrera judicial, tras hallársele responsable de prevaricato en la instrucción del llamado Caso Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción política de los últimos años en España y que involucró a varios integrantes del Partido Popular.

Tras la separación del cargo, asumió la defensa del australiano Julián Assange, fundador del sitio de internet Wikileaks, que ha difundido documentos de las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos.

El pasado 12 de febrero Lozoya fue detenido en Málaga, España, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por el Gobierno de México, con el propósito de llevarlo a proceso por dos causas penales.

En una le imputan recibir recursos de procedencia ilícita para adquirir 38 millones de pesos su casa de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.

En la segunda, le atribuyen recibir sobornos de Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA), así como de la compra que hizo su esposa Marielle Helen Eckes de una casa en Ixtapa por una suma de 1.9 millones de dólares.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Miércoles 04 de marzo de 2020.


ASF detecta presunto fraude de Lozoya por más de mil 228 mdp en beneficio de OHL


Ciudad de México. - A través de sus opacas estructuras offshore, encabezadas por su filial PMI, Petróleos Mexicanos (Pemex) benefició a la empresa española OHL con una planta solidificadora de azufre en Coatzacoalcos, Veracruz, en un presunto fraude de más de mil 228 millones de pesos que se gestó durante la gestión de Emilio Lozoya Austin al frente de la petrolera y continuó a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto.

El contrato inicial, que nunca fue sometido al conocimiento del Consejo de Administración de Pemex, establecía que la planta debía arrancar a finales de 2016 con un costo de 43 millones de dólares. Sin embargo, la empresa productiva del Estado se endeudó por 75 millones, de los cuales gastó al menos 64 millones 321 mil dólares en la planta, que hasta la fecha no funciona.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó, en un informe publicado el pasado jueves 20, que esto se debe a vicios ocultos de OHL en la construcción –una bodega sufre hundimiento– y a “la inexistencia de oferta del principal insumo, que es el azufre”; por si fuera poco, la petrolera desembolsó más de 26 millones de pesos en la contratación de expertos para determinar los daños.

Este presunto fraude se suma a la amplia lista de irregularidades documentadas en las operaciones de OHL, corporativo del que Lozoya fue consejero entre 2010 y 2012, durante las administraciones de Enrique Peña Nieto, tanto en el Estado de México como en el gobierno federal: la constructora española recibió contratos públicos por más de 43 mil millones de pesos, además de concesiones carreteras que le generan rendimientos multimillonarios.

Durante su labor, la ASF se enfrentó a la negativa de Pemex a entregarle las cédulas de reportes y avances de OHL que justificaron los pagos millonarios de PMI, por lo que el órgano fiscalizador determinó que hubo “riesgos y posibles faltas administrativas graves a cargo de servidores públicos de Pemex y particulares”.

El pasado 20 de enero, la ASF solicitó la intervención de la Unidad de Responsabilidades de Pemex para investigar el caso y fincar las responsabilidades correspondientes; además, a raíz de la fiscalización, PMI demandó a OHL para pedir una garantía, y en agosto de 2019 reclamó una fianza por la bodega hundida.

La ASF observó que al menos cuatro filiales de PMI participaron en el fraude, en el que “se observó la inexistencia de controles, la falta de transparencia y la discrecionalidad (…) debido a que Pemex no acreditó la evidencia de las instrucciones, los criterios y mecanismos de instrumentación, así como los empleados responsables de cada proceso de las empresas prestadoras de servicios”.

El 9 de diciembre de 2013, PMI Norteamérica autorizó la creación la empresa PMI Azufre Industrial, S.A. de C.V. para desarrollar un proyecto de hasta 45 millones de dólares, que consistía en construir una planta solidificadora en Coatzacoalcos, a fin de transformar y comercializar el azufre que Pemex producía en ese puerto veracruzano.

En aquel entonces José Manuel Carrera Panizzo, director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios en Pemex, presidía el Consejo de Administración de PMI; Mario Beauregard Álvarez era director de Finanzas, y Víctor Díaz Solís fungía como director Corporativo de Administración y Servicios en la petrolera. Esos tres funcionarios, cercanos a Lozoya Austin, participaron en la integración del esquema.

En julio pasado, Carrera fue inhabilitado 10 años por la Secretaría de la Función Pública y multado con 4 mil 206 millones de pesos debido a su papel en la adquisición de la planta chatarra de Agronitrogenados, en la que Lozoya presuntamente cobró sobornos a Altos Hornos de México.

El 21 de febrero de 2014, PMI Azufre otorgó un contrato de 43 millones 311 mil dólares más IVA a Escolaire España, S.A., filial de OHL, para construir la planta en un plazo de 19 meses. Para ello PMI contrató créditos por 50 millones de dólares, cuyo monto creció en los años siguientes a través de diversos convenios modificatorios.

La operación continuó hasta 2018, en la gestión de Carlos Treviño Medina al frente de Pemex, e “implicó la obtención de financiamientos por 75,098.1 miles de dólares, la emisión de acciones por la capitalización de su deuda, pagos a la empresa constructora OHL, la validación de los avances de obra y las gestiones de transferencia a otras empresas filiales de Pemex, operaciones que no fueron sujetas de un proceso de administración de riesgos implícito”, abunda la ASF en el informe citado.

De acuerdo con éste, en junio de 2018 PMI transfirió la planta con vicios ocultos a Mex Gas Internacional S.L. y MGI Asistencia Integral, S. de R.L. de C.V., dos empresas filiales de Pemex Transformación Industrial (PTRI); a pesar de los vicios ocultos, el 28 de julio de 2018 estas empresas y la filial de OHL firmaron el Acta de Recepción de la planta, “con trabajos pendientes de concluir por la constructora”.

La ASF observó que a estas irregularidades se sumó el hecho de que desde años antes era “improcedente” continuar con el proyecto, dado que “ya no existía la oferta de azufre que motivó la construcción de la Planta Solidificadora”.

El contrato con la empresa española se pactó durante la gestión de Lozoya, quien había sido consejero de OHL en 2010 –con apenas 35 años de edad–, una época en la que el grupo español entró en la Bolsa Mexicana de Valores e implementó un elaborado esquema financiero que le permitió inflar sus cifras, multiplicar sus ingresos y presuntamente prestarse al financiamiento de campañas políticas (Proceso 2259).

OHL se encuentra actualmente en el centro de una tormenta judicial en España, donde se le acusa de haber pagado sobornos a funcionarios; las autoridades ibéricas incluso sospechan que parte de los recursos usados para estos fines incluso provienen de México, donde la empresa opera concesiones carreteras, otorgadas principalmente en las administraciones de Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto.

Durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex, OHL incursionó en el sector energético mexicano: Escolaire España construyó una planta de hidrogeno en la refinería de Cadereyta por 13 mil 141 millones de pesos; otro por 689 millones de pesos para construir un turbogenerador en la Refinería Madero, y otro más para supervisar la construcción del gasoducto Los Ramones –a cargo de la empresa Odebrecht–, que posteriormente fue operado por IEnova, una empresa dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, quien entró en el consejo de administración de OHL el mismo día que Lozoya.

Lozoya renunció a la dirección general de Pemex escasos días después de que se filtraran audios de Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, en los cuales se evidenciaban reuniones secretas y conflictos de interés con Lozoya; años más tarde, las autoridades españolas descubrieron que el exdirector de Pemex era socio del yerno de Villar Mir en una empresa española que canalizó presuntos sobornos.

Proceso
Mathieu Tourliere
Ciudad de México
Lunes 24  de febrero de 2020.


La investigación contra el expresidente Peña Nieto forma parte de las indagatorias realizadas a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra en un proceso de extradición en Málaga, España, según el diario estadounidense

La justicia mexicana está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto como parte del caso de corrupción de más alto perfil en el país en años, dijo un funcionario mexicano, según reportó el diario estadounidense The Wall Street Journal.
Las indagatorias sobre el exmandatario forman parte de la investigación realizada a Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex durante parte del gobierno previo, quien fue detenido la semana pasada en Málaga, España.

El exlíder de Pemex, quien se encuentra en un proceso de extradición, está acusado por autoridades mexicanas de recibir millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, así como de la acerera mexicana Altos Hornos.

"La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en la planta de Agronitrogenados (comprada a Altos Hornos) y Odebrecht llega al más alto nivel", dijo el alto funcionario a The Wall Street Journal, refiriéndose a Peña Nieto.

"La extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el expresidente será acusado en el futuro", agregó.

El prestigioso diario dijo que Peña, quien ha negado haber realizado cualquier acto de corrupción, no pudo ser contactado de inmediato.

Reuters
Ciudad de México
Miércoles 19 de febrero de 2020.


El exdirector de Pemex llevaba documentación falsa y asegura que llegó a España “hace dos días"

El que fuera director de Pemex se suma a un grupo de antiguos funcionarios cercanos al exmandatario que son investigados por corrupción

La caída de Emilio Lozoya se suma a los esfuerzos de la cruzada anticorrupción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lograda por policías españoles este miércoles en Málaga es un argumento que rompe con la sospecha del supuesto pacto de impunidad que el actual Ejecutivo mantenía con sus antecesores. Lozoya aguarda su extradición a México para sumarse a un coro de exfuncionarios y personajes muy cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto que son investigados por lavado de dinero y desvío de recursos.

Aunque la Fiscalía aún tiene que sustentar las acusaciones que penden sobre Lozoya en los tribunales, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ya ha dado una narrativa al caso. “Yo lo considero como algo que está vinculado a una forma de abusar del poder y de los bienes de la nación. Esto se tiene que entender como parte de un todo”, dijo Gertz al diario La Jornada. El todo al que hace referencia el funcionario es la estructura de poder que cobijaba al exdirectivo de Pemex durante su gestión, de 2012 a 2016.

Lozoya fue capturado en Europa en cumplimiento de dos órdenes de arresto emitidas por jueces mexicanos. Una de ellas le acusa de recibir al menos 9,1 millones de dólares en sobornos pagados por Odebrecht para asegurar contratos una vez que el político fuera nombrado director de la petrolera pública. Tres exdirectivos de la constructora brasileña afirmaron en declaraciones judiciales juramentadas en 2017 que el pago de mordidas comenzó en abril de 2012, cuando Lozoya era director de la campaña internacional de Peña Nieto. Los sobornos continuaron hasta 2016, cuando el exfuncionario habría cobrado cuatro millones de dólares en una transferencia. La Fiscalía mexicana conecta uno de estos depósitos con la compra en 2013 de una lujosa residencia en el balneario de Ixtapa, en el Pacífico mexicano, con valor de 1,9 millones de dólares. Lozoya desmintió estas acusaciones en una rueda de prensa en agosto de 2017.

Las investigaciones periodísticas sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por la cúpula de Pemex también han salpicado al expresidente. Mexicanos contra la Corrupción, una organización civil que documenta los abusos del poder, reveló en 2017 que un exdirector de Braskem, una filial petroquímica de Odebrecht, presumía de haber acompañado a "tiempo completo” la campaña presidencial del PRI. Este acompañamiento se habría hecho con cuantiosos depósitos mientras Braskem construía una planta de polietileno en el Estado de Veracruz.

El constructor Marcelo Odebrecht, quien reveló el mayor escándalo de corrupción de América Latina, se entrevistó cuatro veces en privado con Enrique Peña Nieto. El primer encuentro se dio en 2010 en Brasil, cuando el político mexicano hizo una gira al país sudamericano como gobernador del Estado de México. El segundo fue en la capital de ese Estado, Toluca, en octubre de 2011, cuando Peña Nieto aún preparaba su asalto presidencial. En noviembre de 2012, ya siendo ganador de las elecciones y presidente electo, ambos se reunieron en el Estado de Querétaro. El último encuentro se llevó a cabo en octubre de 2013 en Los Pinos, la residencia oficial del mandatario.

El procedimiento contra Lozoya se suma al que ya se lleva a cabo en contra de Rosario Robles, quien ocupó dos ministerios en la Administración de Peña Nieto. La extitular de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es investigada por su participación en el desfalco de más de 7.700 millones de pesos (420 millones de dólares) de dinero público desviados a través de universidades públicas y Pemex. Lozoya también ha negado haber formado parte de esta trama de corrupción, conocida popularmente como estafa maestra, a pesar de que parte de los desvíos se hicieron mientras ocupaba la dirección general. Juan Collado, el letrado de Peña Nieto, también está tras las rejas acusado de lavado de dinero. El abogado, que ha defendido a altos perfiles del PRI, movió más de 120 millones de dólares entre 2006 y 2015 en Andorra, un país protegido por el secreto bancario hasta 2017.

Los astilleros gallegos

Uno de los encargados de sustentar la investigación en contra de Lozoya ha dejado caer que el antiguo responsable de Pemex también es investigado por el fiasco que protagonizó la petrolera con el astillero gallego Barreras y Navantia. “Nosotros todavía seguimos investigando el caso de un astillero en España donde hay pérdidas por 50 millones de euros”, ha dicho Santiago Nieto, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera del ministerio de Hacienda y responsable del congelamiento de las cuentas bancarias del exdirectivo. Este caso aún tiene que ser justificado ante un juez para que dicte la orden de aprehensión.

En noviembre de 2013 el consejo de administración de Pemex, a propuesta de Lozoya, aprobó la compra del 51% de las acciones del astillero privado Hijos de J. Barreras cuando estaba cerca de la quiebra. La operación fue aplaudida por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien había llevado las negociaciones, como un resurgimiento de la industria naval gallega, agobiada por la crisis. Sin embargo, la empresa pública mexicana nunca se involucró en la gestión de esta sociedad a pesar de haber desembolsado 5,1 millones de euros (5,5 millones de dólares) por ella. Tres años después, en 2016, la mala administración generó pérdidas al astillero de 5,5 millones de euros (casi seis millones de dólares). En octubre de 2019 Barreras solicitó el preconcurso de acreedores.

El exdirector de Pemex llevaba documentación falsa y asegura que llegó a España “hace dos día

La Audiencia Nacional envía a prisión al ejecutivo, detenido en una urbanización de lujo de Málaga, por riesgo de fuga

La decisión de Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, apenas ha tardado 24 horas en llegar. El magistrado ha acordado este mismo jueves mandar a prisión a Emilio Lozoya, el ex director general de la petrolera estatal mexicana Pemex señalado en el caso Odebrecht y detenido el miércoles en una lujosa urbanización de Benahavís (Málaga). Tras tomarle declaración por videoconferencia desde los juzgados de Marbella, Moreno ha dictado su ingreso en la cárcel al apreciar un "fundado" riesgo de fuga. Lozoya, reclamado por su país, estaba en paradero desconocido desde hace casi un año.

El juez instructor ha adoptado esta medida, solicitada por la Fiscalía, tras considerar que Lozoya no tiene arraigo laboral y domicilio en España; además de que se ha evidenciado "su intención de sustraerse a la acción de la justicia". Según ha escrito en un auto, cuando fue arrestado, portaba una licencia de conducir mexicana falsificada: tenía su fotografía, pero estaba a nombre de un tal Jonathan Solís Fuentes. Además, el magistrado también destaca que el delito por el que se le reclama —similar al blanqueo de capitales— lleva aparejada una pena de hasta 15 años de cárcel.

El ejecutivo, que ha ingresado en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) sobre las siete de la tarde, dice que llegó al país hace "solo dos días". Pero su versión no coincide con la de la Policía, que lo sitúa en Málaga desde mucho antes. La investigación final para arrestarle arrancó a principios de 2020, cuando se recabaron los primeros indicios de que podía ocultarse en la Costa del Sol. La Fiscalía mexicana había lanzado en mayo de 2019 una orden de detención internacional tras conocerse la fuga del director general de la petrolera Pemex, pero su "alto poder adquisitivo y sus lazos internacionales complicaban su localización", según admitió este miércoles el Ministerio del Interior.

Es más, los investigadores creían que pasó por Alemania antes de aterrizar en España. Entre otros motivos, porque su esposa es nacional de ese país; la madre de Lozoya, Gilda Austin, fue detenida allí el pasado julio. Y porque, desde la clandestinidad, Lozoya se defendió de las acusaciones a través del diario alemán Süddeutsche Zeitung, el conglomerado de medios suizo Tamedia, y Quinto Elemento Lab, de México. "Todo esto es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia. En ningún momento, como funcionario público, ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción", dijo entonces en respuesta a los periodistas.

Pese a esas pistas, los agentes españoles fijaron la diana en La Zagaleta, una urbanización de lujo cercana a Marbella. Estaban seguros de que Lozoya, uno de los hombres de confianza del presidente Enrique Peña Nieto durante su mandato, se ocultaba en una de sus villas. Pero apenas salía. Por lo que decidieron retrasar el arresto hasta este miércoles, cuando lo cazaron al aprovechar que abandonó el complejo residencial en un vehículo que había acudido a recogerlo. Según fuentes policiales, no opuso resistencia durante su detención.

Los agentes sospechan, además, que detrás de Lozoya iba su guardia pretoriana, un séquito de "personal de seguridad ruso" que le ha dado cobertura durante su estancia en España. Los investigadores creen incluso que Lozoya —un avezado economista de 45 años, con estudios en Harvard— podía estar blanqueando dinero para alguna organización mafiosa procedente de ese país, según fuentes próximas a la investigación.

Fuentes del residencial de lujo aseguran que en sus registros no aparece el nombre de Jonathan Solis que consta en el carné falso intervenido. Ni tampoco el de Emilio Lozoya. "Si ha accedido al interior de la urbanización ha sido con documentación falsa y como invitado de residentes", explican desde la gerencia, donde subrayan que el mexicano no tiene ni ha tenido "jamás" vivienda en propiedad o alquiler.

Los investigadores españoles también analizan si, frente a la sospecha inicial de que Lozoya había pasado por Alemania antes de llegar a España, hubiese ido directamente a Rusia, a San Petersburgo, y desde allí volado a la Península. En tal caso, el empresario mexicano, que lideró la campaña internacional de Peña Nieto en sus últimas elecciones por sus grandes contactos con empresas y políticos a escala mundial, habría simulado que tomaba un vuelo con destino a Frankfurt en el que realmente nunca se habría subido.

Las acusaciones

Lozoya, que ha sido inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años en su país, está acusado de fraude a gran escala y corrupción en 2012 y 2013. Según la documentación enviada a España, el antiguo director de la petrolera adjudicó supuestamente contratos públicos a cambio de sobornos millonarios. Las autoridades mexicanas cifran el fraude en 280 millones de dólares (257 millones de euros). Por su parte, la Audiencia Nacional destaca que supuestamente adquirió una vivienda en México con dinero "procedente de una actividad ilícita" tras diseñar un entramado financiero para ocular el origen de esos fondos.

Entre otras pruebas recabadas contra el exdirector general de Pemex se encuentra el testimonio de tres exdirectivos de la constructora brasileña que aseguran que recibió más de 10 millones de dólares en sobornos para ayudar en la firma de contratos. También una reconstrucción realizada por la justicia brasileña con decenas de documentos —copias de las transferencias electrónicas, órdenes de pago de los bancos, vídeos…— vincula a Lozoya con varias operaciones irregulares. Según esta investigación, Odebrecht le pagó para asegurarse el favor de alguien cercano a Peña Nieto.

Moreno ha abierto ahora un plazo de 45 días para que las autoridades mexicanas entreguen toda la documentación que sustente la extradición. Eso sí, la decisión de enviar a Lozoya no es firme y el exdirectivo de Pemex puede recurrirla ante el propio juez y ante la Sala de lo Penal de la Audiencia.

El País
Luis Pablo Beauregard
J. J. Gálvez/ Nacho Sánchez
Ciudad de México/Madrid/Málaga
Viernes 14 de febrero de 2020.


Por caso Agronitrogenados, Emilio Lozoya tiene orden de capturarlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita


Ciudad de México.- Una juez federal negó amparar a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, contra la orden de capturarlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el caso Agronitrogenados.

La Juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México consideró justificado que un juez de control emitiera una orden para aprehender al ex funcionario porque cuenta con los medios para darse a la fuga.

"El juez de control responsable actuó apegado a derecho al tener por justificada la necesidad de cautela en la emisión de la orden de aprehensión porque de los datos probatorios que obran en la carpeta de investigación se advierte que el peticionario de amparo sí cuenta con los medios para evadir la acción de la justicia porque cuenta con recursos económicos, aunado a que cuenta con domicilios en el extranjero lo que demuestra que podría abandonar el país, aunado a que los hechos que se le imputan están previstos en la ley penal como el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita el cual tiene prevista una pena privativa de libertad lo que justifica la necesidad de la cautela con la finalidad de evitar que el quejoso evada la acción de la justicia", indica la sentencia.

"Tampoco le asiste la razón al quejoso cuando aduce que la orden de aprehensión reclamada transgrede sus derechos porque conforme con el nuevo sistema penal acusatorio tiene un carácter excepcional y de última razón, además que en el presente asunto el Ministerio Público vulneró el principio de lealtad porque ocultó información que le beneficia como es el hecho de que proporcionó un domicilio ante el Procurador General de la República para oír y recibir notificaciones".

La juez consideró que los datos anunciados por el ministerio público para obtener la orden de aprehensión contra Lozoya establecen la existencia del delito de "lavado" de dinero y que probablemente el ex director de Pemex participó en su ejecución.

Contra esta resolución, Emilio Lozoya presentó un recurso de revisión mismo que será enviado a un Tribunal Colegiado para que defina si la Fiscalía General de la República (FGR) puede o no aprehenderlo.

Según las indagatorias el 1 de diciembre de 2012, Emilio Lozoya fue nombrado Director de Pemex y que el 17 de diciembre de 2013, el Consejo de Administración de la paraestatal tomó conocimiento de que promocionó la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, entonces propiedad de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) de Alonso Ancira Elizondo.

Que dicha compraventa se dio con diversas irregularidades, razón por la que Lozoya y Ancira son investigados por "lavado" de dinero.

El Universal
Ciudad de México
Martes 19 de noviembre 2019.


Un reportaje de Flavia Morales


Capítulo 1. Falta de controles arrebata la ayuda social

Capítulo 2. El petróleo les gana a los dueños de las tierras

El estado recibió más de 9 mil millones de pesos, equivalentes a 450 millones de dólares, en fondos sociales para comunidades petroleras entre 2014 y 2018. Los recursos han sido manejados discrecionalmente o desviados y no han servido para paliar la pobreza que es de las más altas en México. Mientras tanto, la reforma energética implementada por el ex presidente Enrique Peña Nieto mantiene en incertidumbre las comunidades que empiezan a defender sus territorios.

Falta de controles arrebata la ayuda social

Los recursos para los veracruzanos que sufren afectaciones sociales y ambientales por la explotación de petróleo han sido manejados discrecionalmente. A los desvíos de fondos y las obras fantasmas, se suman violaciones de las normas creadas con la reforma energética para mejorar las condiciones de vida en las comunidades petroleras.

Era 2014 cuando el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma Energética en el Palacio Nacional. Entonces prometió que México contaría con más recursos, que habría más empleos y que los estados que producen petróleo, aceite y gas fortalecerían sus ingresos.

A las familias del campo les dijo que la reforma les daría otro horizonte. “Les ofrecerá una nueva y sustantiva fuente de ingresos en los casos donde se produzcan energéticos en sus tierras, recibiendo una contraprestación justa, equitativa, y transparente”, dijo en su discurso.

Veracruz era pieza clave en el proceso, que implicaba la apertura del negocio de hidrocarburos a la inversión privada. En el estado se producen 88 mil barriles diarios de petróleo que no han servido para que deje de ser uno de los cinco más pobres de México.

Lo que siguió después para cumplir la promesa de hacer justa la repartición de recursos fue la creación en 2015 del Fondo para Entidades Federativas y los Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), el cual se alimenta de los impuestos cobrados a las empresas por asignaciones y contratos.

A esa acción se sumaron una serie de modificaciones en las reglas de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la distribución de donativos y donaciones y para la ejecución de programas en las comunidades petroleras. Fue un intento de controlar los desembolsos con mayor rigor y de asegurar su efecto social.

Los resultados distan de lo planteado en los decretos firmados. Veracruz ha recibido en los últimos 6 años más de 9.000 millones de pesos, aproximadamente 450 millones de dólares, en fondos petroleros. Un total de 60 por ciento provinieron del FEFMPH y de donativos de Pemex, que sumaron 5.956 millones de pesos, alrededor de 297 millones de dólares.

Las cifras millonarias, sin embargo, no han servido para cumplir la misión principal: mitigar la afectación por la extracción de hidrocarburo, atender el rezago social y generar desarrollo en las comunidades petroleras que siguen siendo las de más alta marginación en Veracruz.

Esta investigación, realizada por la Agencia Veracruzana de Noticias (AVC Noticias), en alianza con el International Center for Journalists (ICFJ) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, siguió la ruta del dinero del FEFMPH y de Pemex. Los datos recopilados confirman que parte importante del dinero se ha transferido sin mecanismos de control, lo que ha generado desvíos y el uso discrecional de los fondos.

Para documentar la ruta del dinero, se recorrieron comunidades en las tres cuencas petroleras de Veracruz, se analizaron las bases de datos de recursos públicos, licitaciones, contratos de obras, auditorías, las bases estadísticas petroleras y se realizaron 26 solicitudes de información al gobierno estatal y federal sobre el uso de estos dos fondos.

Entre 2015 y 2016, cuando Javier Duarte, ex gobernador del estado hoy en preso por corrupción, controló los recursos, más de 1.000 millones de pesos quedaron sin que se comprobara su destino. En esta investigación además se encontraron obras abandonadas, con sobrecostos y fallas de construcción graves que suman más de 42 millones de pesos.

Con el nuevo gobierno panista de Miguel Ángel Yunes, las irregularidades continuaron con el uso discrecional de recursos con fines políticos- electorales en municipios donde ni siquiera hay extracción petrolera, lo que violentó la normatividad federal precisamente destinada para favorecer a comunidades petroleras.

El dinero fue controlado por la Secretaría de Infraestructura de Obras Públicas (SIOP) del estado, que concentró el 90 por ciento de los recursos en obras de pavimentación que fueron entregadas a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a grupos empresariales privilegiados.

Las irregularidades se repiten a nivel federal, en el Consejo de Administración de Pemex se decidió distribuir más de 1.800 millones de pesos en donativos y donaciones de dinero en efectivo sin mecanismos de fiscalización. Parte de estos recursos han sido desviados o manipulados por el gobierno estatal y municipal.

Además, la petrolera ha utilizado esquemas como el Programa de Apoyo a las Comunidades y Medio Ambiente (Pacma), cuyos fondos se originan del impuesto cobrado a empresas extranjeras y nacionales, para pagar obras y proyectos que están subutilizados, con fallas de operación y con graves acusaciones de corrupción.

Veracruz reparte a discreción fondo petrolero

Sub agente municipal de Reforma Escolín, en Papantla, Veracruz. Tiene 18 años solicitando un sistema de agua para las comunidades de la sierra.

Las comunidades indígenas de la sierra norte de Veracruz son un ejemplo de las fallas sistemáticas en la aplicación de estos fondos.

Hace 68 años, los pozos petroleros invadieron el territorio de cuatro de sus comunidades. Entre las parcelas de naranja y maíz de Escolín, Nueva Reforma, Ojital y Rancho Nuevo, se estableció el campo Escolín con más de 200 pozos, pero el boom no fue suficiente para cumplir la principal demanda de los habitantes: tener agua potable.

Pastora García, subagente municipal, recuerda que los manantiales se secaron cuando Pemex hizo exploraciones con detonaciones de dinamita en varias parcelas en busca de más petróleo.

Hace casi una década, unos 3.000 habitantes integraron un comité para conseguir el sistema de agua. Desde entonces han ido y venido con decenas de planos y proyectos, han conseguido permisos y comprado terrenos para la instalación de tanques que no llegan.

García recuerda que la única temporada cuando tuvieron agua fue gracias a una conexión clandestina que hicieron con los tubos que Pemex utiliza para enviar líquido hacia los pozos. Cuando estos fueron taponeados, el acceso al agua también se acabó.

El sistema que aliviaría a las comunidades tiene un costo de 18 millones de pesos. Si se construyera, las familias dejarían de pagar pipas para abastecerse que van desde los 150 pesos a los 300 pesos.

García y otros de sus compañeros fueron el año pasado al ayuntamiento de Papantla y allí les dieron la respuesta de siempre: no hay dinero, el proyecto fue rechazado y les pidieron un nuevo estudio de factibilidad, que deberá ser pagado con dinero de los habitantes de las comunidades.

García dice que a veces quisiera regresar el tiempo, cuando en su pueblo todo era bonito. “Había arroyos, peces, camarones, teníamos de dónde tomar agua y comer, pero las redes que tendió Pemex por las parcelas acabaron con todo”.

En 2011, indignados por la falta de respuestas, los pobladores bloquearon por dos días la vialidad principal en reclamo del sistema de agua y también de mejoras en los caminos, pero no obtuvieron ni lo uno ni lo otro, sino demandas judiciales federales de Pemex.

A la comunidad de Reforma Escolín los pozos petroleros llegaron hace 68 años, pero eso no bastó para tener agua potable

Pastora vivió escondida dos semanas para evitar ir a la cárcel. Al final tuvo que pagar una fianza de 41 mil pesos y durante dos años ir a firmar al penal cada domingo.

“No tengo miedo, porque exigimos algo justo, pero me da coraje porque estamos como coladera de Pemex, por tantos pozos, y para el agua tenemos que comprar, llenar cubetas, tinas, y seguimos aquí, nos han engañado tantas veces y nos dicen una y otra vez que no hay dinero para el agua”, se queja.

Su historia se repite en otras comunidades petroleras en Veracruz donde los beneficios de la reforma energética y los recursos que Pemex destina para paliar daños, no llegan a quienes necesitan asistencia o se utilizan discrecionalmente.

La comunidad de García forma parte de la cuenca petrolera Tampico-Misantla, la de mayor reserva de crudo del país. La zona fue asignada en agosto del 2014, a Pemex en la ronda cero para extracción de gas y aceite por 20 años como parte del campo Poza Rica dentro del proceso de reforma energética adelantado por Peña Nieto.

Esto, en teoría, colocó a su comunidad automáticamente entre las que pueden beneficiarse del FEFMPP destinado precisamente para asumir los pasivos sociales causados por la explotación petrolera y que han creado rezago.

Pero mientras a Pastora y al comité del que forma parte les niegan recursos para su pequeña obra, el gobierno de Veracruz ha invertido más de 1.300 millones de pesos en pavimentaciones y rehabilitaciones de asfalto en municipios donde no hay un solo pozo y la vocación petrolera es mínima, según se estableció en la presente investigación.

Fallas en el uso del millonario recurso fueron detectadas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando advirtió que la falta de vigilancia y control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resultaba en un incumplimiento de las reglas de operación, pues el dinero se usaba a conveniencia del mandatario en turno.

El FEFMPH es alimentado por el impuesto que deben pagar las empresas públicas y privadas que realizan actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con base en la extensión de las áreas contractuales y de asignación en áreas marítimas y terrestres.

Las reglas de operación obligan a los estados a transferir al menos el 20 por ciento de sus recursos a los municipios. El dinero puede dirigirse a tipos de obras que están descritas en las normas. Se pueden construir sistemas para almacenar y distribuir agua potable o para tratar las residuales; para rehabilitar ríos, arroyos y riachuelos; para para disponer de residuos sólidos; para proteger áreas naturales; para mejorar la iluminación pública y la protección civil; para reconstruir estructuras afectadas por desastres naturales o para mejorar la vialidad y la movilidad de las comunidades.

En Veracruz, sin embargo, 98 por ciento del fondo se ha invertido en más de 900 obras de pavimentación o de ampliación y reconstrucción de caminos. Apenas 28 obras han sido de equipamiento urbano, 26 de agua y saneamiento, 6 de preservación y protección ecológica y 1 de electrificación.

Las obras de pavimentación que han concentrado el uso de los fondos se han entregado a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Un grupo selecto de empresarios pertenecientes a la cúpula de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción han sido beneficiados con contratos directos por más de 800 millones de pesos, equivalentes a 40 millones de dólares.

Las principales fallas en la aplicación del fondo en 2016 persistieron en los siguientes años. De acuerdo con el análisis de las obras reportadas en la plataforma transparencia presupuestaría, 40 por ciento de los 3. 400 millones de pesos invertidos han sido distribuidos a seis municipios que están lejos de tener una vocación petrolera. Es un monto de aproximadamente 170 millones de dólares, que generaría alivio en otros lugares donde la industria ha provocado estragos.

El FEFMPH además no contempla mecanismos de participación para las poblaciones que habitan zonas impactadas, lo que genera inequidades. Así fue establecido en una investigación del Centro de Investigación y Análisis (Fundar), que se publicó en el anuario 2017 “Las actividades extractivas en México. Minería e Hidrocarburos hacia el fin de sexenio”.

Veracruz es el estado con mayor superficie destinada a la extracción de hidrocarburo con 47.300 kilómetros y hay serias dudas del porqué municipios sin áreas de asignación o contratación, reciben recursos de este fondo, lo cual constituye una irregularidad a los lineamientos de la legislación y la normatividad.

“Además resulta llamativo que estados o municipios donde la superficie afectada por asignaciones es menor reciban mayores montos que los que tienen superficie más comprometida”, señala Carla Flores, integrante de Carto Crítica, quien colaboró en la edición del anuario.

La investigadora coincide en que el escaso control de la aplicación del fondo deja la puerta abierta para que los gobiernos usen el dinero de manera discrecional o, incluso, para que se desvíe a otros fines o a bolsillos a los que no debería llegar.

Veracruz es claro ejemplo de esto. Mientras los bastiones electorales del PAN, partido del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, recibieron obras por casi 500 millones de pesos, otros tradicionalmente petroleros como Tihuatlán, Coatzintla, y Pánuco, suman apenas 157 millones de pesos en inversión.

Incluso el municipio de Molocán, donde se encuentra Villa Cuichapa, cuya área contractual fue entregada a la empresa Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México desde el 2016 en la ronda 2, y que produce alrededor de 2 mil barriles diarios de aceite y gas, tiene una inversión del fondo de apenas 12 millones de pesos, todos destinado a pavimentación.

El bulevar de Veracruz fue rehabilitado con una inversión de 7.5 millones de dólares, el dinero fue del Fondo de entidades productoras, aun cuando aquí no hay asignaciones petroleras.

Las obras se repartieron entre panistas y constructores favoritos

Apenas el sol da tregua en el Puerto de Veracruz y la tarde cae, los juegos recién instalados en el bulevar se llenan de paseantes que se refrescan con la brisa del mar.

La obra fue inaugurada en el último día de gobierno de Miguel Ángel Yunes como una de sus contribuciones más importantes, pues aseguró es uno de los bulevares más bellos y moderno del país. La inversión es millonaria: 149 millones de pesos para rehabilitar 10 kilómetros de paseo. Junto a la obra, se construirán tres hoteles privados de cadenas internacionales, una plaza comercial y un conjunto habitacional de lujo.

La obra es realizada con recursos del FEFMPH. Según la auditoría a la cuenta pública 2017, construyó esta obra con sobre costos, y sin la supervisión técnica adecuada.

Los municipios panistas recibieron fondos petroleros por casi 25 millones de dólares aun cuando no tienen asignaciones petroleras importantes.
Aunque el Puerto de Veracruz, gobernado por Fernando Yunes Márquez, hijo del gobernador, apenas tiene unos kilómetros de áreas de asignación, suma en dos años junto a Boca del Río, municipio colindante y también bastión panista, inversiones por 455 millones de pesos.

El dinero de este fondo fue controlado en su mayoría por la SIOP, dirigida por Julen Rementería, ex alcalde de Veracruz, ex diputado, ex candidato y ahora senador por el PAN.

Con Rementería al mando, la SIOP se convirtió en la cuarta secretaría más poderosa en el gobierno de Yunes. De tener un presupuesto de 468 millones de pesos, recibió ampliaciones presupuestales por 1.935 millones de pesos, la mayoría procedente del FEFMPH.

El aumento del presupuesto le permitió lanzarse como candidato al senado por la alianza PAN-PRD con un lema de campaña que no fue elegido al azar: “Manos a la obra”.

Durante su encargo, gran parte de la obra del fondo fue asignada vía adjudicación directa o con invitación restringida a tres personas. Pero Rementería se defiende y asegura que los recursos se repartieron conforme a ley, sin favoritismos y que se asignaron las obras a los empresarios más competitivos.

El Fondo petrolero fue controlado por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, a cargo del ahora senador Julen Rementería del Puerto. Las obras se entregaron por adjudicación directa y un sector de empresarios concentró el 30 % del fondo.

Este modus operandi lo detectó la ASF en 2016 cuando revisó por primera vez el fondo. Entonces alertó que había proyectos que excedían los montos para adjudicarse de forma directa, había disparidad en las inversiones aprobadas y ejercidas, y existían falta de comprobación y proyectos que no cumplían con objetivo principal del fondo.

Las mismas prácticas continuaron en los años siguientes. Al revisar la lista de proyectos aprobados en Veracruz a través de transparencia presupuestaria, se comprobó que la SIOP otorgó al menos 250 obras vía adjudicación directa e invitaciones restringidas.

Apenas en octubre pasado, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), sancionó y ordenó una investigación contra funcionarios de SIOP, porque detectó que en la cuenta pública 2017, se habían adjudicado obras de forma directa sin justificación y excediendo los montos establecidos por ley. Además, se detectaron deficiencias en la construcción.

Un análisis de las licitaciones realizado para este trabajo reveló que 15 grupos constructores se repartieron 811 millones de pesos de obras, lo que equivalió al 30 por ciento del fondo petrolero en Veracruz, es decir más de 40 millones de dólares.

De este grupo, diez empresas constructoras pertenecen a empresarios que integran el primer círculo de poder de la CMIC. En conjunto, recibieron 311 millones de pesos en asignaciones, 90 por ciento de las cuales fueron por vía de adjudicación directa. Los otros 500 millones de pesos fueron repartidos bajo el mismo esquema de adjudicación directa entre otros cinco grupos constructores.

Adicionalmente las empresas de esta lista fueron privilegiadas con obras de otros fondos federales durante el gobierno de Duarte y Miguel Ángel Yunes.

Algunos empresarios recibieron entre cuatro y cinco contratos relacionados con el FEFMPH, a través de varias empresas donde son socios o apoderados legales. Un caso destaca: el de Ramón Montano Hernández, vicepresidente de Infraestructura y Obras Públicas de CMIC, quien recibió seis contratos vía adjudicación directa por 28.9 millones de pesos. Esto a pesar de que un año antes, el Organismo de Fiscalización del Estado, le había hecho señalamientos por la mala calidad en una de las obras, que tuvo que ser suspendida.

En 2017 una acusación anónima prendió los focos rojos al interior de la CMIC, cámara de construcción. Según ella, las grandes obras se quedaban entre los miembros del comité directivo. El entonces presidente, Pedro Medina Amador negó la acusación.

Esta reportera buscó la opinión del actual Presidente de la cámara de la construcción en Veracruz, sin embargo, al cierre de este trabajo no respondió la petición de entrevista.

Gobernador decidió obras de los fondos petroleros

En entrevista, el ex funcionario y ahora senador aseguró que no repartió las obras a modo, pero reconoció que el gobernador Miguel Ángel Yunes decidió cómo y dónde se repartían los fondos petroleros.

Entrevistado sobre los cuestionamientos de esta investigación, Rementería expresó lo siguiente: “No era vamos a repartir, si no era un juego de cartas, no hubo favoritos”

Rementería reconoce que concentrar el cuarto presupuesto más grande del gobierno le sirvió para impulsar su candidatura. “Todo suma”, admite, pero niega que existiera discrecionalidad a la hora de aplicar el fondo de entidades productoras de hidrocarburos.

Alega que para realizar la asignación de obra se consultó una lista de municipios y que si el lugar tiene un ducto o alguna instalación petrolera era susceptible de ser beneficiado. Sin embargo, las reglas de operación son estrictas y dicen lo contrario: el fondo solo se aplica a las áreas con asignaciones o contratos de exploración y explotación, lo cual se incumplió para Veracruz.

Rementería dice que ha sido tanta la mala fama del gobierno, que cuesta creer que las cosas se hagan bien. “No hay truco, simplemente es hacer el proyecto, validarlo técnicamente y ocúpate de tener el dinero y haz el contrato bien a una buena empresa, y la obra sale”.

Cuestionado sobre el criterio utilizado para destinar recursos por casi 500 millones de pesos a Veracruz y Boca del Río, contra Papantla con 51 millones de pesos, señaló que las reglas operación no establecen monto a otorgar, por lo que fue el propio gobernador Yunes quien decidió cuáles son las prioridades del estado y las obras a realizarse. Ver Diario Oficial de la Federación

También justifica que la mayor parte del fondo se dirigiera a pavimentación: afirma que esa es la principal solicitud de los alcaldes: “Es la demanda número uno, incluso por encima del agua potable o la electrificación”.

Hay un grupo de constructores que concentran las obras, se le cuestionó.

“Hay grupos de empresarios que se agruparon para hacer consorcios. Es una situación natural de la competencia, se puso el piso parejo para todos, ganaron los que eran más competitivos”, respondió.

Rementería también justifica que una gran parte de los contratos se realizaran por vía adjudicación directa, pues está permitido en Ley.

“Las cámaras me dijeron ´ ¿Cuántas obras nos va a dar?’. Respondí ni una, ve y participa, gánatela, no voy a impedir que participes, esa fue la política, y eso nos sirvió”, relata.

Rementería cuenta que cuando llegó a la secretaría en diciembre del 2016, lo recibieron con una buena noticia: había casi 100 millones de pesos disponibles para gastar como parte del remanente del FEFMPH, la única condición era gastarlo antes del 31 de diciembre.

La obra se repartió vía adjudicación directa, pero cuando se iba a ejercer, las malas noticias llegaron porque se enteraron que el gobierno de Javier Duarte solo había dejado el dinero en papel, la caja estaba vacía. Las obras se tuvieron que cancelar, y con recursos del 2017 se volvieron a licitar, lo que duplicó el costo de la infraestructura.

Desvíos, obras sin operar y con sobrecostos

Esto es parte del desorden administrativo que la propia ASF documentó en 2016, cuando alertó que de los 1.030 millones de pesos que le correspondían a Veracruz por los fondos de entidades productoras, el gobierno de Duarte solo comprobó la entrega del 10 por ciento, unos 103 millones de pesos. Lo demás desapareció y nadie atina a saber dónde está o en qué se utilizó.

Veracruz no entregó información de la comprobación de las transferencias y, por tal situación, se solicitó la intervención de las contralorías para investigar y determinar responsabilidades a los funcionarios implicados, sin embargo, a la fecha no hay reporte de las sanciones.

La auditoría cuestionó que en general el fondo se aplica con escasa supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En algunas obras el monto aprobado y el ejercido no tienen correspondencia y, en general, no se entregan reportes del gasto.

La falta de control ha derivado principalmente en que los proyectos incumplen el propósito de resarcir las afectaciones al entorno social y ecológico en las comunidades de donde se extrae el petróleo, el gas y el aceite.

Otro de los hallazgos fue que algunas obras se licitaron y adjudicaron por lo menos dos veces. Entre 2014 y 2016, el Orfis también documentó desvíos por 42 millones de pesos en el uso del fondo.

El patrón fue común: proyectos abandonados, sin terminar, bitácoras de obra inexistentes, entrega de anticipos a empresas sin factura de comprobación, deficiencias en los proyectos ejecutivos y sobrecostos en la construcción.

En la cuenta pública 2016 del ORFIS, se emitieron 34 observaciones al gasto del FEFMPH, la mayoría a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas por mala calidad en la obra, e irregularidades en los contratos. Ver documento

Los desvíos duplicaron el monto de las obras, que estaban presupuestadas para 2016, y tuvieron que volverse a etiquetar para el presupuesto 2017 y 2018.

Por ejemplo, en el municipio de Papantla se detectaron desvíos por 6.6 millones de pesos.

La auditoría observó un desvío de 1.9 millones de pesos que se dio como anticipo para la rehabilitación de pavimento de una avenida. Para justificar la obra se enviaron fotografías y documentación que avalaban un supuesto avance físico. Sin embargo, cuando los auditores realizaron las visitas de inspección, se encontraron con que ni siquiera estaba iniciada.

En un paquete de 17 obras revisadas, la auditoría reveló que no existen bitácoras, ni se presentaron proyectos de obra, por lo cual se generaron atrasos, deficiente control y modificaciones a los términos contractuales.

En las visitas a las obras, los auditores revelaron irregularidades en Papantla, Tantoyuca, Chicontepec, Ayahualuco, Zongolica, Atzcan, Altotonga, San Juan Evangelista, San Andrés Tuxtla, Villa Azueta, Martínez de la Torre, Coatepec, Veracruz, Córdoba, Coscomatepec y Emiliano Zapata.

Los auditores también acusaron que la SIOP durante el gobierno de Duarte tenía deficiencias en el procedimiento de contratación. Las invitaciones se hicieron solo a un número reducido de empresarios, las adjudicaciones directas se realizaron sin dictámenes que justificaran y algunas empresas ni siquiera eran parte del padrón de proveedores del gobierno estatal, por lo que hubo irregularidades en su contratación.

Pemex, los recursos sin control

Cuando el alcalde de Castillo de Teayo – al norte de Veracruz-, Enrique Isidro Limas inauguró la construcción del sistema de agua potable en las localidades de Nuevo Naranjal y Teayo, hubo fiesta con cohetes y comida.

Era 2014 y la obra se realizaba con un donativo en efectivo de 7 millones de pesos de Pemex al municipio, donde se concentran 6 campos petroleros, algunos parte del ATG.

Pero la obra nunca funcionó correctamente porque el pozo de abastecimiento se colocó a escasos metros de donde escurren aguas residuales, lo que contaminó el tanque, que ahora es inservible.

El Orfis observó en la cuenta pública 2014, que la obra estaba concluida pero no operaba, porque además le faltaba un medidor, la validación de la Comisión Federal de Electricidad y las pruebas sanitarias según la normatividad.

No era la primera vez que ocurría algo así. En 2011 el entonces alcalde no comprobó el uso de 3 millones de pesos para apoyar la “Rehabilitación del Parque Central La Pirámide”.

Otro caso es el ayuntamiento de Papantla, que en 2014 recibió 2.5 millones de pesos en efectivo para la construcción del sistema de drenaje en la localidad de La Grandeza.

La promesa era que el sistema de agua podría abastecer a otras 13 comunidades indígenas de la región, sin embargo, las irregularidades en el proceso de construcción hicieron la obra inservible, que no soportó la presión y terminó por romperse.

En la cuenca petrolera del sureste la situación es la misma. El alcalde de Las Choapas, Renato Tronco, recibió en 2010, 4.6 millones de pesos en asfalto y combustible, que originalmente serían para reconstruir el mercado municipal Bicentenario Miguel Hidalgo y la carretera El Mulato-Ignacio Zaragoza, también conocida como “Tronconada”.

Pero el alcalde lo desvió para pavimentar el camino de la Cordobesa, para renovar el piso del salón de usos múltiples "El Titanic” y para el camino del Aserradero a Río Playas, donde tiene varias de sus propiedades.

Pemex interpuso una denuncia en contra del ayuntamiento y busca que le regrese el dinero. El litigió ya cumplió media década y ahora la nueva administración municipal pretende que el Congreso Local convierta este desvío en una deuda pública del ayuntamiento.

En Veracruz, Pemex ha repartido del 2013 al 2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de los cuales 113 millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en gasolina, diesel y asfalto. Las auditorías han revelado que los recursos se reparten sin control.
Con el sistema de donaciones y donativos, Pemex busca conseguir la licencia social en comunidades y municipios impactados por la explotación y extracción.

El fin es contribuir con el mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades localizadas en zonas petroleras, pero el objetivo dista mucho de cumplirse.

En Veracruz, la empresa ha repartido del 2013 al 2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de los cuales 113 millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en gasolina, diesel y asfalto.

Desde el consejo de administración general de Pemex, presidido por el entonces director, Emilio Lozoya Austin, ahora acusado en el caso de corrupción de Odebrecht, se decidieron los recursos y los proyectos que serían favorecidos con estos recursos.

Sin embargo, el dinero ha sido utilizado por el gobierno estatal y los propios municipios sin un control por parte de la empresa petrolera.

En 2013, durante el gobierno de Duarte, Pemex entregó por ejemplo en 2013, recursos millonarios en efectivo para generalidades como apoyar la realización de proyectos de asistencia social, salud, protección civil, desarrollo agropecuario, desarrollo social e infraestructura social, pero sin comprobar las obras.

En 2016, el último año de gobierno de Javier Duarte, la ASF detectó que, de los 259 millones de pesos donados a Veracruz, la mitad 110.7 millones de pesos, no fueron aplicados correctamente. También se detectaron anomalías en la entrega de combustible.
Revisiones a los recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación en 2010 y luego en 2016, revelaron que se carecen de los mecanismos para controlar el otorgamiento y la aplicación de los recursos.

Aroa Fuente, investigadora de Fundar quien ha seguido la pista de estas donaciones, revela que existen vacíos normativos. “Esto deja un amplio margen de discrecionalidad y dificulta el control de los mismos. De esta manera, estos lineamientos no presentan regulación sobre los plazos para la aplicación y comprobación de los donativos y donaciones otorgados, ni sobre la periodicidad y plazos de los reportes de aplicación de los mismos que deben entregar los beneficiarios”.

Además, alerta que Pemex no realiza un seguimiento de los acuerdos de autorización ni verifica la aplicación de los recursos y bienes para los fines otorgados.

“El hecho de que PEMEX no comprobara el uso final que los beneficiarios dieron a los recursos y bienes entregados impide que se conozca si los mismos fueron utilizados para los fines establecidos y si cumplieron con los correspondientes objetivos de desarrollo social para los que fueron entregados”, señala en el documento “Donativos y donaciones de Pemex: deficiencias e irregularidades”

Aunque los beneficiarios están obligados a entregar un reporte de la aplicación del dinero, estos no se realizan y pese a ello en algunas ocasiones Pemex sigue otorgando recursos.

La ASF observó en dos ocasiones que aun cuando tiene un manual de organización interna que vigila estos recursos, no está actualizado, por lo que es inexistente un marco normativo para cuidar la buena aplicación.

En 2013 el Consejo de Administración aprobó el Manual de Organización de la Gerencia de Desarrollo Social, pero este fue reconocido como legal hasta 2015, dos años después de acordado.

Para la auditoría 2016, la irregularidad existe pues apenas el 1 de marzo del 2017 se publicó el documento normativo para distribuir estos recursos.

Ejemplos de corrupción hay muchos: De los 259 millones de pesos, 12.9 millones de dólares, donados a Veracruz en 2016, que consistieron en gasolina, diesel y asfalto, se detectó un daño patrimonial de 110.7 millones de pesos, 5 millones de dólares, por la falta de comprobación en el uso y aplicación de los recursos. VER AUDITORÍA

También se detectó que los vehículos del gobierno eran de 80 litros, pero funcionarios reportaba el llenado de hasta 150 litros diarios.

La petrolera señaló que, ante la falta de comprobación de los recursos, era probable que el gobierno hubiera revendido el combustible o incluso lo desviara a otras actividades.

Por estas irregularidades y la falta de supervisión, la ASF ordenó a Pemex iniciar procedimientos administrativos en contra de los funcionarios omisos.

Para esta investigación se solicitó vía transparencia a Petróleos Mexicanos, la comprobación del uso de donativos y donaciones en Veracruz desde el 2013 a la fecha. También se le consultó si había irregularidades en sus gastos de parte de gobierno o municipios. La respuesta fue que tenía cero seguimiento al dinero y no sabía cómo y en qué se habían ejercido.

El argumento que utilizaron fue que cinco años después de entregados los recursos continuaban con la integración de la documentación, pues la normatividad había cambiado.

Pemex tampoco quiso informar si había denuncias penales o procesos administrativos sancionatorios en contra de funcionarios por la falta de comprobación en el uso de dinero en efectivo, combustible y asfalto.

La distribución de los donativos y donaciones también se realiza de forma discrecional en Veracruz, los recursos en efectivo y especie los concentra el Gobierno estatal y municipios como Coatzacoalcos o Minatitlán donde hay escasos pozos petroleros, pero sí refinerías, han recibido recursos millonarios por más de 150 millones de pesos. Lo que contradice el objetivo de este apoyo, que es contribuir al mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades localizadas en las zonas petroleras.

El PACMA, las migajas de PEMEX

Es la hora de la comida, y el comedor comunitario de Emiliano Zapata en Papantla, luce vacío y la razón es simple: el menú no le gusta a nadie. Huevo en polvo, carne enlatada, crema de zanahoria en bolsa, chilorio embotellado, son cosas que la gente en este lugar no está acostumbrada a comer.

“No vamos a comer eso, cuando en la parcela hay maíz y en los gallineros huevo fresco”, cuenta Felipe campesino del lugar.

La cuota de recuperación para la ración de comida es de 7 pesos, que sirven para la operación general del comedor, sin embargo, la gente de las comunidades petroleras integrada por campesinos, pescadores y ganaderos no acude a estos comedores.

Pemex lo inauguró como parte del Pacma y su alianza con la Secretaría de Desarrollo Social cuando el gobierno federal lanzó el programa Cruzada contra el Hambre.

Pero en la comunidad nunca preguntaron si eso era necesario.

La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que el programa de comedores opera con el 90 por ciento de deficiencias, pues no se demostró abatir la carencia alimentaria en las comunidades de alta marginación.

En Veracruz se han invertido más de 190 millones de pesos en obras como casas de salud, escuelas, domos y comedores en comunidades petroleras. Los campesinos dicen que son migajas en comparación con lo que las petroleras extraen de sus tierras.
El Pacma es un programa que busca obtener, ampliar y consolidar la licencia social para operar a través de programas, obras y acciones, que impulsen el desarrollo sustentable en las comunidades de las áreas de influencia de las empresas petroleras. Obliga al contratista a aportar un monto mínimo del 2 por ciento del contrato que tengan en las comunidades.

En Veracruz se han invertido 196 millones de pesos en obras de infraestructura financiada por 30 empresas nacionales y extranjeras, como Perfolat de México, Weatherford, Dowell Schlumberger, entre otras.

Bajo este programa, Pemex construyó en las comunidades petroleras, casa de salud, bachilleratos, secundarias y primarias, dotó de ambulancias, domos para escuelas y salones sociales, y apoyó la instalación de cientos de comedores comunitarios.

Pero algunas obras se realizaron sin preguntar a la gente si en realidad eran necesarias, ejemplo claro son los comedores comunitarios, cada uno fue construido con una inversión de 650 mil pesos, en total se invirtieron 42 millones de pesos en Veracruz.

Otro apoyo del Pacma fueron las casas de salud, pero la mayoría opera sin doctor ni medicamentos, por lo que la comunidad es quien tiene que pagar el servicio y mantenimiento del lugar.

Pero, además, los recursos que ejerce Pemex están bajo la lupa de esquemas graves de corrupción.

El programa ha sido objeto de señalamientos, el primero en 2013, cuando reportes periodísticos, indicaron que la Secretaría de la Función Pública había detectado diversas irregularidades en el ejercicio de recursos del fondo.

La dependencia guardó en secrecía el documento “Diagnóstico de los contratos de obra pública con contenido de Responsabilidad Social” que revelaba el desvío. En agosto de ese año, la entonces paraestatal emitió un comunicado en el que reconoció que hacían “falta soportes documentales vinculado a las obras, acciones y programas.”

Luego de esto, el programa fue relanzado en 2013, previo a la Reforma Energética, esta vez de la mano de la organización Transparencia Mexicana.

Pero en 2014, una investigación del periódico Reforma desató un nuevo escándalo: gestores ofrecían a gobiernos locales priístas negociar donativos a cambio de regresar el 20 por ciento para financiar campañas del PRI.

Sobre el tema, Bernardo Bosch Hernández, entonces titular de la Gerencia y Coordinador General del Pacma aseguró que el programa contaba con diversos candados a efecto de evitar este tipo de prácticas, ya que el programa realiza su gestión directamente con la empresa obligada.

Este reportaje fue realizado por Flavia Morales para AVC Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

AVC Noticias
Flavia Morales
Ciudad de México
Miércoles 13 de noviembre de 2019.


En el sitio se registró un incendio que dejó heridas a dos personas, según informa la Coordinación Nacional de Protección Civil


La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que los servicios de emergencia lograron cerrar el ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde se registró un incendio la madrugada de este lunes en el estado de Tlaxcala y causó heridas a dos personas.

Reportó que ya sólo se quema el remanente de gas que había en el ducto, por lo que se mantiene el perímetro de seguridad a 300 metros del ducto Cactus Zapotlanejo, en el municipio de Nativitas.

A través de su cuenta @CNPC_MX en Twitter, la dependencia federal agregó que en el lugar labora personal de Protección Civil, Pemex, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Estatal.

En su reporte, Protección Civil federal agregó que actualmente ya no hay riesgo para la población del lugar, de donde fueron evacuados aproximadamente 80 habitantes.

Este lunes, en el municipio de Nativitas, Tlaxcala, se registró la explosión de un ducto de Pemex que presentaba una fuga de gas LP, y generó un incendio por el que, hasta el momento, se reportan dos personas heridas.

Notimex
Ciudad de México
Lunes 4 de noviembre de 2019.


Un juez federal dictamina que Gilda Margarita Austin estará bajo arraigo domiciliario debido a su edad


Luego de nueve horas de audiencia, un juez federal decidió vincular a proceso a Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.  

Sin embargo, como Gilda Austin tiene 71 años de edad, el juzgador también decidió que la acusada llevará su proceso bajo arraigo domiciliario. Durante la audiencia la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que la mamá de Emilio Lozoya recibió en una cuenta bancaria de al menos 185 mil dólares provenientes de los presuntos sobornos que la compañía brasileña Odebrecht entregaba al ex director de Pemex a cambio de obtener contratos.  

Las autoridades indicaron que los 185 mil dólares, que fueron depositados el 26 de noviembre del 2015, no podían ser justificados con el sueldo de maestra particular que percibía la mamá del ex funcionario.  

La FGR también apuntó que si bien por ahora sólo se acusó a Gilda Austin por este depósito, hay otras transacciones anormales ocurridas entre el 2010 y 2015, y que seguirán siendo investigadas para fincar o deslindar responsabilidades.

Indagan más pagos sospechosos a Lozoya Austin

'Usaron cuenta de Gilda Austin para transferir sobornos de Odebrecht'


Señalan que recibieron al menos 185 mil dólares entre 2010 y 2015

La situación de Emilio Lozoya Austin tiende a empeorar: ahora la Unidad de Inteligencia Financiera lo investiga por un oscuro pago –uno más– que habría recibido de OHL, luego de una complicada triangulación financiera que implica a la constructora española, a la empresa Infoglobal, al exdirector de Pemex y hasta a algún miembro de su familia.

Se complica cada día más la situación de Emilio Lozoya Austin ante las autoridades mexicanas y españolas. Ahora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda indaga un pago que habría recibido entre 2011 y 2012 de la firma española OHL y otros que habría realizado desde una de sus cuentas en Suiza hacia otra empresa de España: Infoglobal.

De los documentos en poder de Proceso, pareciera que una gran suma de dinero salió de OHL-México, pasó por Suiza con empresas presuntamente ligadas con Emilio Lozoya y terminó en Infoglobal.

Ambas empresas han estado ligadas al gobierno del Estado de México desde que Arturo Montiel fue gobernador, pero con mayor fuerza y recursos económicos durante el paso de Enrique Peña Nieto por el ejecutivo estatal. Lozoya Austin fue consejero de ambas empresas en los años mencionados.

Los documentos de la UIF no establecen en calidad de qué se realizaron los pagos directos de OHL a Lozoya, ni de los movimientos bancarios que pasaron por Suiza y recayeron en España nuevamente.

Al haber sido Lozoya consejero de OHL y de Infloglobal, bien pudo tratarse de un pago de utilidades. Para despejar las dudas de por qué se entrecruzan los movimientos bancarios y ante la serie de acusaciones que tuvo en su momento OHL de haber sobornado a funcionarios federales para obtener obras durante la administración de Peña Nieto, es que la UIF realiza la investigación.

Por otro lado, en España se le sigue la pista al dinero relacionado con presuntos sobornos para la ejecución de obras en México y adjudicadas a la empresa Infoglobal, SA, de la que es accionista Javier López Madrid, yerno del accionista mayoritario de OHL, Juan Miguel Villar Mir, según reveló el portal español Vozpopuli el pasado 18 de septiembre.

'Usaron cuenta de Gilda Austin para transferir sobornos de Odebrecht'

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), los delitos por los cuales se le acusa y también la autoridad pidió que se le vincule a proceso.

La FGR señaló que una cuenta bancaria de Gilda Lozoya fue utilizada para recibir dinero de presuntos sobornos que la empresa brasileña Odebrecht hacía a Emilio Lozoya durante su gestión como director de Pemex. Se señaló que Gilda Lozoya recibió al menos 185 mil dólares entre el 2010 y el 2015.

El juez que está llevando el proceso en los juzgados del Reclusorio Norte mandó a un receso de 45 minutos. Después de que el tiempo se agote, será el turno de Gilda Lozoya y de sus abogados para exponer su defensa.

A Gilda Austin se le acusa de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Será en unas horas cuando se sepa si el juez vincula a proceso a la mamá del exdirector de Pemex, y si es así la manera en que llevaría el proceso.

Proceso
El Universal,
Jesusa Cervantes
Ciudad de México
Sábado 2 noviembre 2019.

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