San Matías Tlalancaleca, Puebla– Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Federal (PF) efectúan varios operativos y cateos contra el robo de combustible en distintos municipios.

La presencia de las autoridades federales se dio desde las primeras horas del sábado en los municipios de San Martín Texmelucan y San Matías Tlalancaleca y hasta el momento continúa.

En Texmelucan, el operativo se realiza en la colonia La Purísima, así como en la zona denominada Las Piñas, donde los uniformados resguardan las inmediaciones de varios inmuebles.

Mientras que en Tlalancaleca, los cateos son en domicilios de las juntas auxiliares de Juárez Coronaco y de San Francisco Tláloc.

En cada uno de los puntos referidos se han dado aseguramientos importantes de combustible robado, localización de tomas clandestinas, incendios de ductos y enfrentamientos entre bandas dedicadas al robo de combustible.

Hasta el momento, ninguna corporación ha reportado si hay personas detenidas o vehículos e inmuebles asegurados.

Reforma
Puebla, México
Domingo 12 / 11 / 2017.


Ciudad de México.- Aún no concluye el año, pero 2017 ya tiene un récord asegurado: el de mayores tomas clandestinas a manos del crimen organizado en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para sustraer gasolinas, diesel, turbosina y toda clase de hidrocarburos.

De acuerdo con información de la empresa productiva del Estado, entre enero y septiembre de este año se reportaron 7 mil 642 perforaciones ilegales, cifra que supera, en nueve meses, los 6 mil 873 casos registrados en todo 2016.

Los datos de la petrolera muestran que los grupos criminales cada vez perforan en tramos más cortos. En 2016, los huachicoleros realizaron perforaciones cada 2.47 kilómetros, en promedio, para colocar aditamentos y robar combustibles. En este año cada 2.22 kilómetros.

También el ritmo con el que los chupaductos realizan las perforaciones es más acelerado. Mientras el promedio de tomas clandestinas fue de 18.8 diarias en 2016, durante este año es de 27.9.

Pemex informó que Guanajuato es el lugar preferido de los huachicoleros. En los primeros nueve meses del año se registraron mil 393 tomas clandestinas en la entidad. Le siguió Puebla, con mil 92; Tamaulipas, con 880; Veracruz, con 769; Hidalgo, con 727; Estado de México, con 726, y Jalisco, con 401.

Tan sólo estas siete entidades suman 5 mil 983 del total de perforaciones ilegales, lo que significa que casi ocho de cada 10 tomas clandestinas se llevaron a cabo en esos sitios.

El Universal
ciudad de México
Martes 7 noviembre 2017.



Odebrecht acompañó al PRI y a Peña Nieto en toda la campaña presidencial, revela delator

Ciudad de México. - La filial petroquímica de Odebrecht, Braskem, acompañó “de tiempo completo” la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, de acuerdo con Carlos Fadigas, en ese tiempo director de la compañía y hoy delator ante la justicia brasileña para esclarecer el gigantesco caso de corrupción internacional conocido como Lava Jato.

“Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI, del partido PRI, y del actual presidente Enrique Peña Nieto. No sólo de él, sino también de su equipo”, expresó Fadigas en una reunión privada con inversionistas realizada en febrero de 2013, según consta en la transcripción del encuentro.

De acuerdo con nuevos documentos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Braskem intervino durante los días de la campaña presidencial con tres transferencias por 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes, que ha sido vinculada por delatores o testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya Austin, entonces coordinador de Vinculación Internacional del candidato del PRI.

Lozoya ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con esa empresa y ha asegurado que demandará a los delatores por dañar su honor. Braskem, por su lado, se ha deslindado de actos ilícitos cometidos por Odebrecht en sus operaciones en México.

El pasado 14 de agosto, MCCI publicó que en plena contienda electoral de 2012, la constructora Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares en siete depósitos a la empresa ligada por los delatores a Lozoya, en pago por supuestos favores.

Con los nuevos documentos, ahora se sabe que tres de esas transferencias por 1.5 millones provenían de Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht, que en aquellos días construía la planta Etileno XXI en el estado de Veracruz, en alianza con la empresa mexicana Idesa.

Los documentos revelados por MCCI –que incluyen estados de cuenta de transferencias desde el Meinl Bank- fueron integrados a la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 que tiene abierta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Esta no es la primera vez que Braskem es investigada por financiamiento de campañas electorales. En la pesquisa del caso Lava Jato, se descubrió que la firma petroquímica financió a candidatos y partidos políticos en Brasil, mientras que en Argentina aportó dinero para la campaña del actual presidente Mauricio Macri.

Reuniones, desde 2010

De acuerdo con la información de MCCI, el seguimiento de Braskem y de Odebrecht a la trayectoria de Peña Nieto se dio desde antes de que éste fuera candidato a la Presidencia.

En la primera semana de abril de 2010, el entonces gobernador del Estado de México viajó a Brasil para reunirse con Marcelo Odebrecht y luego, en octubre de 2011 –cuando ya se perfilaba como candidato presidencial-, se agendó otra cita de ambos personajes en Toluca.

Esta es la primera vez que se conoce de este segundo encuentro, el cual es mencionado en una cadena de correos electrónicos interceptados por la Policía Federal de Brasil como parte de la investigación del caso Lava Jato.

Según estos correos –de los que MCCI tiene copia-, el 25 de octubre de 2011 Marcelo Odebrecht agendó un encuentro de dos horas con Peña Nieto; ese mismo día voló de Toluca a Xalapa para reunirse con el entonces gobernador Javier Duarte, y por la noche acudiría a la entrega de un reconocimiento que una fundación presidida por Cuauhtémoc Cárdenas le otorgó al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva. El día anterior visitó en Los Pinos al presidente Felipe Calderón, en compañía de Carlos Fadigas, el director de Braskem. En dos días, Odebrecht se reunió con personajes de tres partidos (PRI, PAN y PRD).

Peña Nieto se volvió a encontrar con Marcelo Odebrecht en la ciudad de Querétaro el 12 de noviembre de 2012, a unos días de tomar protesta, de acuerdo con otra cadena de correos obtenida para esta investigación. Por esos mismos días habló con Carlos Fadigas sobre el proyecto Etileno XXI, según relató el director de Braskem en otra reunión con inversionistas efectuada el 9 de noviembre de 2012, de cuya transcripción MCCI también tiene copia.

“Tenemos el pleno apoyo (para el proyecto Etileno XXI), no sólo del actual presidente Calderón, sino que también hemos tenido contacto con el presidente electo, Enrique Peña Nieto. Conoce el proyecto. Lo hemos discutido con él, y también apoya 100%”, aseguró Fadigas en aquella reunión.

Apenas asumió la Presidencia, dice MCCI, Peña Nieto se reunió de nuevo con Fadigas, quien actualmente está procesado en Brasil por corrupción.

“Ya hemos tenido conversaciones con el gobierno de México, no sólo con el presidente Enrique Peña Nieto, también con Emilio Lozoya, actual presidente de Pemex, y me parece que la dirección en la que quieren ir es muy coherente con la campaña”, dijo Fadigas a inversionistas en febrero de 2013 en la reunión en la que reveló que Braskem había acompañado “de tiempo completo” al candidato priista.

En octubre de 2013, Peña tuvo una cuarta reunión privada con Marcelo Odebrecht en la residencia oficial de Los Pinos.

De Braskem a Latin America Asia Capital

Las planillas de pagos de Braskem a la empresa ligada a Lozoya aparecen en un expediente que forma parte de la investigación del caso Lava Jato.

En esas planillas se detalla que un primer pago de Braskem a Latin America Asia Capital se efectuó el 23 de mayo de 2012 por 500 mil dólares a través del Meinl Bank de Antigua; a los siete días (el 30 de mayo) hubo otra transferencia por 490 mil dólares y una semana después (el 8 de junio) una más por 510 mil dólares. En suma, 1.5 millones en dos semanas.

Las fechas en que se hicieron estos pagos coinciden con los días en que transcurría la campaña del entonces candidato a la Presidencia por el PRI, Enrique Peña Nieto.

En cada transacción aparece la clave o código con el que se identifica al supuesto operador de los pagos o sobornos.

En el caso de la empresa ligada a Lozoya, aparece la clave “Salvador”, mientras que en las de sobornos pagados en Petrobras el código es “Volley” y “Competitivo”, que era la identidad oculta de Bernardo Freiburghaus, operador de Odebrecht en Suiza y Alexandrino Alencar, exdirector de Braskem.

La cercanía con la campaña de Peña

Luis Alberto de Meneses Weyll, quien durante siete años se desempeñó como director de Odebrecht en México, confirmó en su delación premiada rendida el 16 de diciembre de 2016 ante autoridades de justicia de Brasil, que la empresa había seguido la campaña presidencial de 2012, y que su trato había sido con Emilio Lozoya, quien se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional.

“A principios de 2012, constaté que Emilio Lozoya había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en el país (el PRI), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito en las encuestas”, dijo Weyll a los fiscales brasileños, de acuerdo con el expediente revelado el pasado 13 de agosto por la organización El Quinto Elemento Lab.

“Lozoya se había convertido en uno de los líderes del comité de campaña, por lo que probablemente se convertiría en una persona influyente en la administración pública del país”, añade el expediente.

Según el expediente citado, Weyll concertó un par de citas con Lozoya en marzo de 2012, justo cuando iniciaba la contienda electoral.

De acuerdo con el delator, en una de las reuniones se acordó transferir cuatro millones de dólares a Lozoya, quien en aquel entonces no desempeñaba ningún cargo público y sólo colaboraba en la campaña. Los depósitos se harían a dos empresas: Latin America Asia Capital Holding y Zecapan SA, ambas afincadas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.

Rodrigo Tacla, quien trabajó en el Departamento de sobornos de Odebrecht, declaró al diario El País de España el pasado 28 de julio que la compañía brasileña le había apostado a futuro a Lozoya, a quien veían como futuro presidente, y confesó que una práctica común era invertir en las campañas en Latinoamérica para después conseguir contratos gubernamentales.

“El primer contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos. (…) La constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno”, declaró Tacla, quien está en libertad provisional en España acusado de soborno y lavado de dinero.

Se deslinda Emilio Lozoya

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, deslindó a su cliente de cualquier transferencia realizada a favor de la empresa Latin American Asia Capital Holding, en Islas Vírgenes.

“Esa cuenta no pertenece al señor Emilio Lozoya Austin y no tiene relación con ese dinero a que hace referencia”, expresó al preguntársele sobre las transferencias realizadas por Braskem entre mayo y junio de 2012.

“Hasta el momento la PGR no ha hecho del conocimiento información alguna que se obtuviera de la Fiscalía de Brasil, siguiendo en espera de la misma para poder ejercer el debido derecho de defensa”, añadió.

Proceso
Reforma
Raúl Olmos
Lunes 23/10/2017.


•    Empresarios, activistas y ONG califican cese de Nieto como represalia política y acto de cinismo

•    Oposición advierte que corresponde al Senado objetar o ratificar a Santiago Nieto en la FEPADE

Dos días después de que Santiago Nieto Castillo reveló que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI, la Procuraduría General de la República (PGR) lo cesó de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

En un escueto comunicado y sin dar detalles de qué motivo el despido, la PGR refirió que Santiago Nieto Castillo “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta” de la dependencia que se encuentra acéfala tras la renuncia de Raúl Cervantes.

Fue el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, quien “actuando en suplencia del Procurador General de la República”, informó de la decisión.

El miércoles pasado, el diario Reforma publicó una entrevista con el hasta hoy titular de la FEPADE en la que afirmó que Lozoya le envió una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012.

Y es que en agosto pasado la dependencia abrió una carpeta para investigar si una parte de los 10 millones de dólares que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de la brasileña Odebrecht se destinó al financiamiento de la campaña del PRI.

“Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en donde estudió. Nunca entendí esta parte.

“Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar’. Esto es lo que me parecía particularmente grave”, dijo Nieto al diario Reforma.

Según Nieto Castillo, la FEPADE prepara una acción penal contra quienes resulten responsables si se comprueba un posible financiamiento de Odebrecht a campañas electorales del PRI.

Entre los elementos de esa investigación estarían cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht ubicadas en las Islas Caimán, Suiza y Brasil.

Empresarios, activistas y ONG califican cese de Nieto como represalia política y acto de cinismo

Empresarios, activistas e integrantes de organizaciones ciudadanas reprobaron la destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), y calificaron la decisión como vergonzosa, cínica y sospechosa.

“Huele, y mucho, a represalia política, y confirma por qué necesitamos fiscalías independientes”, expresó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, quien dijo que se trata de una decisión muy delicada.

La medida pone en evidencia la dimensión de la corrupción que existe en el caso Odebrecht, secundó la presidenta del Consejo Rector de la organización, María Marván Laborde.

“El nivel de cinismo es intolerable. Primera vez que un Fiscal electoral servía para algo. No lo quieren ahí para el 2018”, denunció en sus redes sociales la exconsejera del Instituto Nacional Electoral.

Añadió: “Qué vergüenza y qué tristeza de País. Se cesa a un Fiscal por proteger la corrupción al más alto nivel ¿de qué tamaño es Odebrecht?”.

Por su parte, el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, fundador de AHORA, destacó que la remoción de Nieto es “una vuelta más a la tuerca de la impunidad, corrupción y cinismo”.

Es muy grave porque se registra después de que el fiscal de delitos electorales reveló las presiones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012, subrayó.

A su vez, el activista Alfredo Lecona acusó al “carnalismo” de haber removido a Nieto, en lo que podría considerarse como “la semana de la impunidad”.

Y el empresario Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sostuvo que la destitución del fiscal es un signo de intolerancia y del “neoautoritarismo” que está surgiendo en el país.

Oposición advierte que corresponde al Senado objetar o ratificar a Santiago Nieto en la FEPADE

Senadores de oposición cuestionaron la destitución de Santiago Nieto Castillo al frente de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), ya que corresponde al Senado objetar o ratificar a quien desempeñe ese cargo en un plazo de 10 días hábiles, según lo establece la Constitución en el artículo 102, párrafo VI.

El propio Nieto Castillo afirmó en su cuenta de Twitter que acudirá al Senado “en términos de la Constitución”.

“Soy un hombre de leyes. Creo en el Estado Constitucional de Derecho. Acudiré al Senado en términos de la Constitución”, advirtió el abogado, designado por la mayoría de los senadores como titular de la FEPADE a raíz de la reforma constitucional de 2014.

El coordinador de la bancada del PAN, Fernando Herrera, subrayó que el gobierno debe dar una “explicación puntual” de la remoción de Santiago Nieto, quien se convirtió en un funcionario “incómodo” por haber actuado contra personajes ligados al PRI en las elecciones del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.

Herrera recordó que también por la acción de Santiago Nieto, el exsenador del Partido Verde y entonces subsecretario de Participación Ciudadana, Arturo Escobar, fue consignado ante un juez en 2015 acusado de repartir tarjetas Premium Platino en los comicios de ese año.

A su vez, el vicecoordinador de la bancada del PT-Morena, Miguel Barbosa, aclaró que la destitución de Nieto Castillo se inscribe “en un conjunto de hechos que pronto irán corroborándose”.

Entre esos hechos señalados por Barbosa Huerta destacan la averiguación previa en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, e implicados en el presunto desvío de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial del 2012.

“De todos es conocida la cercana amistad de Emilio Lozoya con el presidente Enrique Peña Nieto y sus vínculos políticos y económicos que ponen a Lozoya como uno de los hombres más poderosos del sexenio y por tanto su condición de intocable”, fustigó Barbosa.

El senador poblano también vinculó el caso Odebrecht con la dimisión del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade.

“No presentó su renuncia voluntariamente, sino que se la pidieron por haber avanzado en la investigación de los sobornos de Odebrecht”, reveló Barbosa.

La senadora Dolores Padierna recordó que el fiscal Santiago Nieto llevaba “casos emblemáticos” de corrupción vinculados a los comicios y presunta triangulación de recursos públicos, como fueron el caso de OHL en el Estado de México, el caso de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua acusado de desviar recursos de la burocracia a la campaña del PRI, o el caso de la diputada local veracruzana Eva Cadena, que recibió sobornos presuntamente para Morena.

Proceso
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Viernes 20 de octubre de 2017.


Emilio Lozoya exigió que lo exoneraran y una disculpa pública por el ‘caso Odebrecht’

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, presionó para que se le declarara inocente y se le ofreciera una disculpa pública. Así lo asegura Santiago Nieto, el fiscal especializado en delitos electorales, en una entrevista publicada este martes por el periódico Reforma. Lozoya había sido señalado en agosto pasado por supuestamente recibir 10 millones de dólares en sobornos, según el testimonio de tres ex directivos de Odebrecht a la Justicia brasileña. Nieto investiga si parte de ese dinero terminó en la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, en la que Lozoya participaba como jefe de asuntos internacionales.

"Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en donde estudió. Nunca entendí esta parte", relata Nieto. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) abrió el expediente sobre Lozoya en agosto, el mismo mes que los reportes periodísticos lo acusaban de corrupción.

"Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que 'soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar'. Esto es lo que me parecía particularmente grave", recoge Reforma. Lozoya, uno de los hombres de confianza de Peña Nieto, desmintió en su momento las acusaciones y negó que existieran evidencias en su contra. "Mi consciencia está tranquila", dijo Lozoya, quien dejó la dirección de Pemex en 2016. "Es falso. En ningún momento se pide impunidad, se pide aclaración o se pide que lo liberen. Solamente se pide que lo citen para que se aclare lo que la Fiscalía imputó", ha dicho a El Financiero Javier Coello Trejo, el abogado de Lozoya, sobre los dichos de Nieto.

Nieto afirma que hay indicios de un supuesto financiamiento de Odebrecht a campañas del Partido Revolucionario Institucional y que prepara una denuncia contra los responsables. Reforma cita como elementos de la investigación cuentas bancarias ligadas a Lozoya y Odebrecht en las islas Caimán, Suiza y Brasil.

Raúl Cervantes, extitular de la Procuraduría General de la República (el equivalente a la Fiscalía nacional), dijo tras presentar su renuncia este lunes que había concluido "las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se hayan visto".

El titular de la FEPADE, ocupado de la deriva electoral del caso, ha optado por la cautela y no ha dado más detalles sobre la pesquisa en curso. "Es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas", sentenció Nieto.

El País
Reforma
Ciudad de México
Miércoles 18 de octubre de 2017.


La petición está registrada con el número 839/2017 en el Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal

Un informe oficial indica que, por pedido de la PGR, también la Secretaría de la Función Pública le abrió una investigación de evolución patrimonial

Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, interpuso una solicitud de amparo en contra de actuaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

En diciembre del año pasado Estados Unidos dio a conocer que la firma brasileña Odebrecht repartió sobornos millonarios en distintos países para obtener contratos de obra pública, entre ellos México.

Según las acusaciones de directivos de la empresa, le fueron entregados 10.5 millones de dólares al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien ha respondido que las imputaciones son falsas y difamatorias.

La Fepade indaga si parte de estos recursos fueron usados como financiamiento ilegal en la elección de 2012.

La solicitud de amparo está radicada en el Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México bajo el número 839/2017, y se argumenta que Lozoya no ha tenido acceso a la averiguación, y tampoco se le ha solicitado rendir declaración.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 11/10/2017.


Pemex registra 28 hurtos al día durante este año en su infraestructura de transporte de gasolina. La empresa pierde cerca de 23,000 barriles diarios de combustible.

El número de tomas clandestinas a los ductos en los que Pemex transporta combustibles lleva un ritmo que puede romper el récord del año pasado, cuando llegó a las 6,873 'picaduras', según estimaciones de la consultora AT Kearney.

“Las cifras publicadas por Pemex muestran que el fenómeno se está volviendo cada vez más grave. Durante 2016, la empresa perdió aproximadamente 23,000 barriles diarios de combustible, lo cual equivale a un valor cercano a 500 millones de dólares (mdd). Reportes preliminares de 2017 registran más de 5,000 tomas en la primera mitad del año, cerca de 28 por día, acelerándose aún más el crecimiento del problema”, explica el reporte de la consultora.

Los casos de intentos de robos a la infraestructura de la petrolera nacional crecieron en 3,127%, al pasar de 213 en 2006 a 5,873 en 2016, dice el estudio.

Las empresas que quieren invertir en el segmento de las gasolineras en México deberán prestar cada vez más atención a este tema, teniendo en cuenta que, una vez que puedan importar productos y los precios se liberen, las pérdidas de combustible pueden verse reflejadas en el precio consumidor final, apunta Raymundo Sánchez, socio de AT Kearney.

La liberación gradual de los precios del combustible a lo largo de este año ha atraído la inversión de gigantes energéticas como Exxon, Shell, Chevron y Texaco, así como de grupos nacionales como G500, Oxxo o 7-Eleven.

“Si pierden el combustible por las tomas clandestinas, y eso les cuesta, al final van a reflejarlo al cliente. Por eso les debe importar a los inversores”, dice el experto.

El estudio pone el ejemplo de Nigeria, como un caso a evitar. El país africano pierde cerca de 1,500 mdd al mes por daños causados por el robo de petróleo crudo, que luego se refina en plantas 'caseras' y que generan daños a la infraestructura y al medioambiente.

“El caso de Nigeria representa un ejemplo de la escala a la cual puede llegar este problema cuando no se abordan de manera holística las circunstancias que lo facilitan”, destaca el estudio.

En cambio, el caso de Colombia es un ejemplo a seguir, que muestra que es necesario atender el problema no sólo desde la contención del delito, a través de la vigilancia de la infraestructura, sino también 'atacando' la comercialización ilegal de combustibles.

“A partir de 2004, las acciones del gobierno y de Ecopetrol llevaron a una reducción del robo en un 95%, desde más de 8,000 barriles diarios en 2002 hasta aproximadamente 440 en 2014”, agrega el estudio.

Expansión
Edgar Sigler
Ciudad de México
Martes 5 de septiembre de 2017.


Al menos dos gasolineras, propiedad de Othón Muñoz Bravo, fueron clausuradas por el Ayuntamiento de Puebla luego de que se efectuó la audiencia en su contra en la que se le vinculó a proceso por tres delitos.

El área de Normatividad colocó sellos de clausura en la estación ubicada en el Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu 927.

Mientras que en la estación de Servicio Rápido y Furioso SA de CV, ubicada en la Diagonal Defensores de la República, personal del Ayuntamiento confirmó la clausura.

Sin embargo, personal de la estación negó los hechos al asegurar que frenaron operaciones tras una decisión de la empresa, mientras que las bombas las cubrieron con bolsas de plástico.

El operativo de clausura se llevó a cabo mientras la audiencia de vinculación a proceso del empresario se realizaba en la Casa de Justicia de Cholula.

El juez lo vinculó por los delitos de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y delitos contra la salud en su modalidad de comercio.

También determinó prisión preventiva necesaria por el tiempo que dure su proceso para garantizar que el empresario enfrente los delitos que se le imputaron.

Reforma
Norma Herrera/Corresponsal
Ciudad de Puebla, México
Msrtes 29 de agosto de 2017.


Pemex argumenta que está sin fondos económicos para indemnizar a campesinos con terrenos siniestrados por derrames de combustible

Hace tres años, en 2014, las tierras de José Luis Agustín, un campesino del municipio de Tepeaca, Puebla, fueron de las tantas hectáreas que se afectaron por un derrame a causa de una ordeña en uno de los gasoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Toda su cosecha de betabel de ese año, una de las que más ganancias le dejaría a él y a su familia, se perdió por el crudo que recorrió esas tierras, producto de una ordeña que él no hizo.  El daño no quedó ahí.

A los pocos días, el gestor de Pemex, Julián Carrera Márquez, se presentó a elaborar la cotización del total de las pérdidas. Según narró el propio trabajador, el funcionario sólo le ofreció un pago de 10 mil pesos por siembra, cuando José Luis aseguró que lo mínimo que podía obtener en el mercado por su producción eran 50 mil pesos. Pese a todo, lo aceptó.

Pero las violaciones a sus derechos y su propiedad continuaron: “Tengo tres años con ese documento en mis manos y no he recibido ni un pago. Mi terreno no lo puedo cultivar porque quedó infértil. Yo solamente les pedí que me dieran un terreno para poder trabajar. Ellos me dijeron que me iban a pagar, pero que me esperara, porque por el momento no tenía fondos Pemex”.

Al menos otros 500 campesinos de 13 municipios de Puebla padecen la misma situación que José Luis, según denunció hoy en conferencia de prensa la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural.

Cecilia García Sánchez, directora de la organización Anauatlali, explicó que desde hace más de 30 años Pemex “ha faltado en su promesa de indemnización” a los campesinos del llamado “Triángulo Rojo”, los 30 kilómetros por donde pasan los gasoductos de la empresa estatal y por donde prolifera el problema de la ordeña por los llamados “huachicoleros”.

La activista también evidenció que Puebla es el estado más afectado. Sin embargo, Querétaro, el Estado de México y Tabasco son otras de las regiones con más daños ocasionados por el robo de hidrocarburos que provoca derrames, incendios y la falta de indemnización de Pemex.

“No podemos precisar una cantidad, pero de las 500 hectáreas de las que tenemos registrado dañadas, el costo asciende a millones de pesos, porque no se trata sólo de cultivos, sino de daños que se cuentan por años a las tierras de los campesinos, contaminación de mantos acuíferos, afectaciones a la salud por metales pesado”, detalló García Sánchez.

Salvador Briseño Ramírez dijo que a pesar de los más de 200 escritos de queja y solicitudes de pago que la asociación ha hecho llegar a la Subdirección de Administración Patrimonial, a cargo de José Antonio Negroe Ortega, “no hay respuesta”. Por el contrario, Pemex ha pedido a los campesinos y la misma asociación que sean “indulgentes”.

Los campesinos también acusaron que cuando los gestores elaboran las cotizaciones de reparación de daño, lo hacen con base en precios mínimos, que no alcanzan a cubrir la totalidad de los daños.

Además, señalaron que cuando sus tierras llegan estar cerca de los gasoductos, son presionados por las autoridades locales y los mismos trabajadores de Pemex para que emitan declaraciones falsas sobre presunta responsabilidad por el robo de combustible.

Sin trabajo, cansados de los oídos sordos de Pemex, los campesinos además acusaron:

“El ejército y las brigadas de Pemex dañan nuestros caminos. Eso debe considerado el gobierno porque con esos daños a los cultivos nos cuesta más trabajo sacar nuestros productos al mercado. Cuando yo voy a ofrecerlo no me lo quieren comprar porque nuestras hortalizas ya están muy dañadas”.

La asociación Anauatlali, que además lleva la representación legal del caso, finalizó al decir adelantar que interpondrán denuncias en la Procuraduría General de la República (PGR) por la falta de pagos y que, de no obtener respuesta, iniciarán movilizaciones en la capital.

“Estamos hartos. Sólo queremos trabajar, queremos comer”, concluyó Marco Martínez, otro de los campesinos afectados.

Proceso
Areli Villalobos
Ciudad de México
Martes 29 de agosto de 2017.


El INAI ordena a Hacienda dar nombre de empresas fantasma vinculadas con robo de combustible


La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá buscar y dar a conocer el nombre y giro de 70 mil empresas fachada o “fantasma” que emiten facturas falsas para la compra y venta de gasolina robada, así como las cantidades facturadas, según instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos indicó que “de enero a junio del presente año, se han reportado en todo el país un total de 5 mil 75 tomas clandestinas, de las cuales 991 están en el estado de Guanajuato, entidad federativa que reporta el mayor número de las mismas. Pero el robo de hidrocarburos no es exclusivo de Guanajuato, y el ilícito se ha reportado o se ha evidenciado en otros lugares, entre ellos Puebla, en el llamado triángulo rojo, en Tamaulipas, Veracruz, Estado de México e Hidalgo, según datos que Pemex mismo reporta”.

Kurczyn Villalobos señaló que, según datos de la Consultora BMI Research, el robo de combustibles en la red de ductos de Pemex, ha generado pérdidas por 7 mil 800 millones de dólares, en los últimos 10 años.

En respuesta al particular que solicitó esa información, el sujeto obligado se declaró incompetente, sugiriéndole presentar su petición ante la Unidad de Transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Inconforme con la incompetencia declarada, el particular presentó recurso de revisión ante el INAI.

En alegatos, la SHCP precisó que turnó el requerimiento a la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual, reiteró la incompetencia, toda vez que carece de facultades de investigación de ilícitos; de igual forma, indicó que entregó la solicitud a la Dirección General de Delitos Fiscales, misma que dijo no contar con la información, ya que no está a cargo de la investigación de interés del particular.

En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada Kurczyn Villalobos, en principio, determinó que la SHCP sí es competente para conocer de la información, ya que, través de su Dirección General de Delitos Fiscales, su Unidad de Inteligencia Financiera y su Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, conoce de la materia de la solicitud.

Se expuso que si bien, la solicitud se turnó a la Dirección General de Delitos Fiscales, ésta señaló que no se encuentra a cargo de la investigación de interés del particular.

Sin embargo, se advirtió que el particular no requirió un reporte de la investigación o la investigación en general, y sólo quiere conocer el nombre y giro de las empresas “fantasma”, así como las cantidades facturadas.

En ese sentido, se consideró que la Dirección General de Delitos Fiscales realizó la búsqueda de la información bajo un criterio restrictivo, ya que ciñó la misma a la investigación de manera general.

Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera únicamente precisó que no cuenta con facultades para la investigación de delitos, omitiendo realizar la búsqueda.

Al respecto, la ponencia localizó el Reglamento Interior del SAT, mismo que, establece que cuenta con la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, la cual se encarga de manera específica, de llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos en el Código Fiscal de la Federación, relacionados con la emisión de comprobantes que amparen operaciones inexistentes.

Además, dicha Administración General adscrita al SAT, se encarga de informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, respecto de los asuntos que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y supervisión, que estén o pudieran estar relacionados con los delitos referidos en el Código Penal Federal, lo que genera su competencia para conocer de lo requerido.

Por otra parte, en el portal electrónico del sujeto obligado, se localizó un comunicado de prensa, en el cual se establece que la Unidad de Inteligencia Financiera participó en un operativo conjunto con distintas dependencias, para llevar a cabo la suspensión de actividades de siete gasolineras que se presume presentaron irregularidades e inconsistencias fiscales; asimismo, se encontró que el objetivo de la estrategia fue combatir el mercado ilícito de gasolina y la evasión fiscal, entre otros.

De igual forma, la secretaría cuenta con la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, encargada de investigar los hechos relacionados con la probable comisión de delitos fiscales y defraudación fiscal y equiparables; además, recaba y analiza las constancias, documentos, informes, declaraciones y cualquier otra prueba, relacionada con esos ilícitos. Sin embargo, a pesar de su competencia, la dependencia omitió realizar la búsqueda en sus archivos.

En ese contexto, aun cuando existe competencia concurrente por parte de la SHCP y el SAT, para conocer de lo solicitado, esto no exime a la dependencia de realizar una búsqueda exhaustiva de la información, ya que cuenta con unidades administrativas que pueden conocer de la misma.

En suma, se consideró fundado el agravio del particular, toda vez que la SHCP es competente para conocer de lo requerido; asimismo, se determinó que no cumplió con el procedimiento de búsqueda, previsto en la Ley Federal de Transparencia.

Por lo anterior, a propuesta de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la SHCP y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información en su Dirección General de Delitos Fiscales, su Unidad de Inteligencia Financiera y su Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, y entregarla al particular, en los términos referidos.

Proceso
Ciudad de México
Lunes 28 de agosto de 2017.

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