Pemex registra 28 hurtos al día durante este año en su infraestructura de transporte de gasolina. La empresa pierde cerca de 23,000 barriles diarios de combustible.

El número de tomas clandestinas a los ductos en los que Pemex transporta combustibles lleva un ritmo que puede romper el récord del año pasado, cuando llegó a las 6,873 'picaduras', según estimaciones de la consultora AT Kearney.

“Las cifras publicadas por Pemex muestran que el fenómeno se está volviendo cada vez más grave. Durante 2016, la empresa perdió aproximadamente 23,000 barriles diarios de combustible, lo cual equivale a un valor cercano a 500 millones de dólares (mdd). Reportes preliminares de 2017 registran más de 5,000 tomas en la primera mitad del año, cerca de 28 por día, acelerándose aún más el crecimiento del problema”, explica el reporte de la consultora.

Los casos de intentos de robos a la infraestructura de la petrolera nacional crecieron en 3,127%, al pasar de 213 en 2006 a 5,873 en 2016, dice el estudio.

Las empresas que quieren invertir en el segmento de las gasolineras en México deberán prestar cada vez más atención a este tema, teniendo en cuenta que, una vez que puedan importar productos y los precios se liberen, las pérdidas de combustible pueden verse reflejadas en el precio consumidor final, apunta Raymundo Sánchez, socio de AT Kearney.

La liberación gradual de los precios del combustible a lo largo de este año ha atraído la inversión de gigantes energéticas como Exxon, Shell, Chevron y Texaco, así como de grupos nacionales como G500, Oxxo o 7-Eleven.

“Si pierden el combustible por las tomas clandestinas, y eso les cuesta, al final van a reflejarlo al cliente. Por eso les debe importar a los inversores”, dice el experto.

El estudio pone el ejemplo de Nigeria, como un caso a evitar. El país africano pierde cerca de 1,500 mdd al mes por daños causados por el robo de petróleo crudo, que luego se refina en plantas 'caseras' y que generan daños a la infraestructura y al medioambiente.

“El caso de Nigeria representa un ejemplo de la escala a la cual puede llegar este problema cuando no se abordan de manera holística las circunstancias que lo facilitan”, destaca el estudio.

En cambio, el caso de Colombia es un ejemplo a seguir, que muestra que es necesario atender el problema no sólo desde la contención del delito, a través de la vigilancia de la infraestructura, sino también 'atacando' la comercialización ilegal de combustibles.

“A partir de 2004, las acciones del gobierno y de Ecopetrol llevaron a una reducción del robo en un 95%, desde más de 8,000 barriles diarios en 2002 hasta aproximadamente 440 en 2014”, agrega el estudio.

Expansión
Edgar Sigler
Ciudad de México
Martes 5 de septiembre de 2017.


Al menos dos gasolineras, propiedad de Othón Muñoz Bravo, fueron clausuradas por el Ayuntamiento de Puebla luego de que se efectuó la audiencia en su contra en la que se le vinculó a proceso por tres delitos.

El área de Normatividad colocó sellos de clausura en la estación ubicada en el Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu 927.

Mientras que en la estación de Servicio Rápido y Furioso SA de CV, ubicada en la Diagonal Defensores de la República, personal del Ayuntamiento confirmó la clausura.

Sin embargo, personal de la estación negó los hechos al asegurar que frenaron operaciones tras una decisión de la empresa, mientras que las bombas las cubrieron con bolsas de plástico.

El operativo de clausura se llevó a cabo mientras la audiencia de vinculación a proceso del empresario se realizaba en la Casa de Justicia de Cholula.

El juez lo vinculó por los delitos de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y delitos contra la salud en su modalidad de comercio.

También determinó prisión preventiva necesaria por el tiempo que dure su proceso para garantizar que el empresario enfrente los delitos que se le imputaron.

Reforma
Norma Herrera/Corresponsal
Ciudad de Puebla, México
Msrtes 29 de agosto de 2017.


Pemex argumenta que está sin fondos económicos para indemnizar a campesinos con terrenos siniestrados por derrames de combustible

Hace tres años, en 2014, las tierras de José Luis Agustín, un campesino del municipio de Tepeaca, Puebla, fueron de las tantas hectáreas que se afectaron por un derrame a causa de una ordeña en uno de los gasoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Toda su cosecha de betabel de ese año, una de las que más ganancias le dejaría a él y a su familia, se perdió por el crudo que recorrió esas tierras, producto de una ordeña que él no hizo.  El daño no quedó ahí.

A los pocos días, el gestor de Pemex, Julián Carrera Márquez, se presentó a elaborar la cotización del total de las pérdidas. Según narró el propio trabajador, el funcionario sólo le ofreció un pago de 10 mil pesos por siembra, cuando José Luis aseguró que lo mínimo que podía obtener en el mercado por su producción eran 50 mil pesos. Pese a todo, lo aceptó.

Pero las violaciones a sus derechos y su propiedad continuaron: “Tengo tres años con ese documento en mis manos y no he recibido ni un pago. Mi terreno no lo puedo cultivar porque quedó infértil. Yo solamente les pedí que me dieran un terreno para poder trabajar. Ellos me dijeron que me iban a pagar, pero que me esperara, porque por el momento no tenía fondos Pemex”.

Al menos otros 500 campesinos de 13 municipios de Puebla padecen la misma situación que José Luis, según denunció hoy en conferencia de prensa la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural.

Cecilia García Sánchez, directora de la organización Anauatlali, explicó que desde hace más de 30 años Pemex “ha faltado en su promesa de indemnización” a los campesinos del llamado “Triángulo Rojo”, los 30 kilómetros por donde pasan los gasoductos de la empresa estatal y por donde prolifera el problema de la ordeña por los llamados “huachicoleros”.

La activista también evidenció que Puebla es el estado más afectado. Sin embargo, Querétaro, el Estado de México y Tabasco son otras de las regiones con más daños ocasionados por el robo de hidrocarburos que provoca derrames, incendios y la falta de indemnización de Pemex.

“No podemos precisar una cantidad, pero de las 500 hectáreas de las que tenemos registrado dañadas, el costo asciende a millones de pesos, porque no se trata sólo de cultivos, sino de daños que se cuentan por años a las tierras de los campesinos, contaminación de mantos acuíferos, afectaciones a la salud por metales pesado”, detalló García Sánchez.

Salvador Briseño Ramírez dijo que a pesar de los más de 200 escritos de queja y solicitudes de pago que la asociación ha hecho llegar a la Subdirección de Administración Patrimonial, a cargo de José Antonio Negroe Ortega, “no hay respuesta”. Por el contrario, Pemex ha pedido a los campesinos y la misma asociación que sean “indulgentes”.

Los campesinos también acusaron que cuando los gestores elaboran las cotizaciones de reparación de daño, lo hacen con base en precios mínimos, que no alcanzan a cubrir la totalidad de los daños.

Además, señalaron que cuando sus tierras llegan estar cerca de los gasoductos, son presionados por las autoridades locales y los mismos trabajadores de Pemex para que emitan declaraciones falsas sobre presunta responsabilidad por el robo de combustible.

Sin trabajo, cansados de los oídos sordos de Pemex, los campesinos además acusaron:

“El ejército y las brigadas de Pemex dañan nuestros caminos. Eso debe considerado el gobierno porque con esos daños a los cultivos nos cuesta más trabajo sacar nuestros productos al mercado. Cuando yo voy a ofrecerlo no me lo quieren comprar porque nuestras hortalizas ya están muy dañadas”.

La asociación Anauatlali, que además lleva la representación legal del caso, finalizó al decir adelantar que interpondrán denuncias en la Procuraduría General de la República (PGR) por la falta de pagos y que, de no obtener respuesta, iniciarán movilizaciones en la capital.

“Estamos hartos. Sólo queremos trabajar, queremos comer”, concluyó Marco Martínez, otro de los campesinos afectados.

Proceso
Areli Villalobos
Ciudad de México
Martes 29 de agosto de 2017.


El INAI ordena a Hacienda dar nombre de empresas fantasma vinculadas con robo de combustible


La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá buscar y dar a conocer el nombre y giro de 70 mil empresas fachada o “fantasma” que emiten facturas falsas para la compra y venta de gasolina robada, así como las cantidades facturadas, según instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos indicó que “de enero a junio del presente año, se han reportado en todo el país un total de 5 mil 75 tomas clandestinas, de las cuales 991 están en el estado de Guanajuato, entidad federativa que reporta el mayor número de las mismas. Pero el robo de hidrocarburos no es exclusivo de Guanajuato, y el ilícito se ha reportado o se ha evidenciado en otros lugares, entre ellos Puebla, en el llamado triángulo rojo, en Tamaulipas, Veracruz, Estado de México e Hidalgo, según datos que Pemex mismo reporta”.

Kurczyn Villalobos señaló que, según datos de la Consultora BMI Research, el robo de combustibles en la red de ductos de Pemex, ha generado pérdidas por 7 mil 800 millones de dólares, en los últimos 10 años.

En respuesta al particular que solicitó esa información, el sujeto obligado se declaró incompetente, sugiriéndole presentar su petición ante la Unidad de Transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Inconforme con la incompetencia declarada, el particular presentó recurso de revisión ante el INAI.

En alegatos, la SHCP precisó que turnó el requerimiento a la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual, reiteró la incompetencia, toda vez que carece de facultades de investigación de ilícitos; de igual forma, indicó que entregó la solicitud a la Dirección General de Delitos Fiscales, misma que dijo no contar con la información, ya que no está a cargo de la investigación de interés del particular.

En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada Kurczyn Villalobos, en principio, determinó que la SHCP sí es competente para conocer de la información, ya que, través de su Dirección General de Delitos Fiscales, su Unidad de Inteligencia Financiera y su Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, conoce de la materia de la solicitud.

Se expuso que si bien, la solicitud se turnó a la Dirección General de Delitos Fiscales, ésta señaló que no se encuentra a cargo de la investigación de interés del particular.

Sin embargo, se advirtió que el particular no requirió un reporte de la investigación o la investigación en general, y sólo quiere conocer el nombre y giro de las empresas “fantasma”, así como las cantidades facturadas.

En ese sentido, se consideró que la Dirección General de Delitos Fiscales realizó la búsqueda de la información bajo un criterio restrictivo, ya que ciñó la misma a la investigación de manera general.

Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera únicamente precisó que no cuenta con facultades para la investigación de delitos, omitiendo realizar la búsqueda.

Al respecto, la ponencia localizó el Reglamento Interior del SAT, mismo que, establece que cuenta con la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, la cual se encarga de manera específica, de llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos en el Código Fiscal de la Federación, relacionados con la emisión de comprobantes que amparen operaciones inexistentes.

Además, dicha Administración General adscrita al SAT, se encarga de informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, respecto de los asuntos que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y supervisión, que estén o pudieran estar relacionados con los delitos referidos en el Código Penal Federal, lo que genera su competencia para conocer de lo requerido.

Por otra parte, en el portal electrónico del sujeto obligado, se localizó un comunicado de prensa, en el cual se establece que la Unidad de Inteligencia Financiera participó en un operativo conjunto con distintas dependencias, para llevar a cabo la suspensión de actividades de siete gasolineras que se presume presentaron irregularidades e inconsistencias fiscales; asimismo, se encontró que el objetivo de la estrategia fue combatir el mercado ilícito de gasolina y la evasión fiscal, entre otros.

De igual forma, la secretaría cuenta con la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, encargada de investigar los hechos relacionados con la probable comisión de delitos fiscales y defraudación fiscal y equiparables; además, recaba y analiza las constancias, documentos, informes, declaraciones y cualquier otra prueba, relacionada con esos ilícitos. Sin embargo, a pesar de su competencia, la dependencia omitió realizar la búsqueda en sus archivos.

En ese contexto, aun cuando existe competencia concurrente por parte de la SHCP y el SAT, para conocer de lo solicitado, esto no exime a la dependencia de realizar una búsqueda exhaustiva de la información, ya que cuenta con unidades administrativas que pueden conocer de la misma.

En suma, se consideró fundado el agravio del particular, toda vez que la SHCP es competente para conocer de lo requerido; asimismo, se determinó que no cumplió con el procedimiento de búsqueda, previsto en la Ley Federal de Transparencia.

Por lo anterior, a propuesta de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la SHCP y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información en su Dirección General de Delitos Fiscales, su Unidad de Inteligencia Financiera y su Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, y entregarla al particular, en los términos referidos.

Proceso
Ciudad de México
Lunes 28 de agosto de 2017.

Durante los tres años en los que Emilio Lozoya ocupó la dirección de Pemex, la producción de la empresa pasó de 2.55 millones de barriles de petróleo a 2.15 millones.

Durante los tres años en los que Emilio Lozoya ocupó la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex), la producción de la empresa pasó de 2.55 millones de barriles de petróleo promedio diario a 2.15 millones, una diferencia de 4.1% entre el 2012 y el 2016. En sentido contrario, el número de tomas clandestinas de combustible en la infraestructura de la petrolera creció más de 40%, en el mismo periodo, al pasar de 1,635 tomas clandestinas detectadas en el 2012 a 6,873 tomas clandestinas, en el 2016.

Emilio Lozoya Austin fue uno de los mayores impulsores de la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada a finales del 2013 por el Congreso de la Unión y por al menos la mitad de los congresos locales. De acuerdo con Lozoya, la desaparición de la distinción legal entre petroquímica básica y petroquímica permitiría que los particulares pudieran desarrollar ambas actividades, lo que podría desarrollar nuevas inversiones dentro del sector.

Durante casi todo el 2014, el trabajo de Lozoya se orientó a la restructuración de la petrolera estatal mexicana, misma que no se oficializó hasta el 2015 y con la que quedó constituida como una empresa compuesta por dos subsidiarias: Exploración y Producción y Transformación Industrial; así como otras cinco filiales: Perforación, Logística, Fertilizantes, Etileno y Cogeneración y servicios.

A finales del 2014, antes de que se completara la restructuración de Pemex, comenzaron a caer precipitadamente los precios del petróleo a nivel internacional, hasta llegar a un precio mínimo de 26 dólares por barril, para después estabilizarse en un aproximado de 40 dólares por barril. Para hacer frente a esta situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decretó un primer recorte de 62,000 millones de pesos del presupuesto de la petrolera que después alcanzó los 100,000 millones de pesos.

Esta medida afectó a muchos trabajadores de la compañía, que sufrió importantes recortes de personal; además de que la estatal dejó de realizar inversiones que le dieran continuidad a sus proyectos y dejó de pagar a proveedores y contratistas, con lo que acumuló una deuda de 147,000 millones de pesos, que la dirección actual ha ido saldando en distintos momentos.

Durante la gestión de Lozoya Austin, Pemex reactivó además su negocio de fertilizantes, con un gasto de 1,395 millones de dólares para la compra de la planta de Agro Nitrogenados y Fertinal, las cuales no han generado ingresos para la empresa hasta el momento. La gestión de Lozoya también fue responsable de la instalación de un laboratorio en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; además de que también ocurrió el relanzamiento de la franquicia Pemex.

A mediados del 2015, Lozoya anticipó, durante una exposición de temas relacionados con la industria energética mexicana en Houston, Estados Unidos, que México alcanzaría una producción de 3 millones de barriles diarios en el 2018, una meta que ahora se antoja difícil de alcanzar cuando la producción es casi 1 millón de barriles menor que la meta esperada a tan sólo un año.

Lozoya presumió de nuevo a finales del 2015, al afirmar que la restructuración de Pemex se había llevado a cabo en un tiempo récord de tan sólo ocho meses, además de que es considerada la más grande renovación de la petrolera en los últimos 20 años. Sin embargo, apenas un año después de esta renovación, con la llegada de José Antonio González Anaya, el nuevo plan de negocios de la compañía implicó la desaparición de al menos dos de las subsidiarias creadas por Lozoya: Fertilizantes y Etileno.

El Economista.
Luis Carriles, Karol García,
Jesús Vázquez y Mauricio Rubí
Ciudad de México
Domingo 20 de agosto de 2017.

  • La detección de tomas clandestinas pasó de 324 en 2007, a 6 mil 873 en 2016; Puebla es el nuevo líder y rompe récord, pero le siguen Guanajuato, Tamaulipas y Edomex
  • Según datos obtenidos por transparencia, hasta 2012 Veracruz lideraba la ordeña de ductos, pero en los últimos años los huachicoleros han puesto a Puebla a la cabeza

Apenas tocó el timbre y desde el segundo piso del inmueble se asomaron a la calle para gritar: “¿Quién?”. No hubo necesidad de esperar respuesta al ver el garrafón. Sabían a qué iba. Enseguida entreabrieron la puerta de metal, un brazo requemado por el sol se asomó para tomar el recipiente y la orden de litros de combustible. Él pidió de “la verde”, le dijeron que esperara un momento y cerraron.

Esa fue la primera vez que José acudió a comprar gasolina robada. Eran los primeros días de 2017 y los primeros gasolinazos del mes. Sus amigos —otros operadores de transporte público como él—, le dijeron dónde comprar a siete pesos el litro, en un lugar ubicado en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Tras cinco minutos, un sujeto regordete, de tez morena y de alrededor de 40 años, salió para entregarle su mercancía. El conductor nunca se preguntó de dónde provenía el combustible, sólo regresó a su vehículo y lo vació en el tanque. Es muy probable que haya salido de una de las 23 mil 237 tomas clandestinas que localizó Petróleos Mexicanos (Pemex) en el país, del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con datos obtenidos a través de transparencia en poder de EL UNIVERSAL.

La ordeña de ductos no para de crecer desde 2007, cuando se detectaron 324 tomas clandestinas; luego se registraron 392, en 2008; 462, en 2009; 691, en 2010; mil 361, en 2011; mil 635, en 2012; 2 mil 612, en 2013; 3 mil 635, en 2014; 5 mil 252, en 2015, hasta llegar a 6 mil 873, en 2016.

La Puebla del PAN a la cabeza de la ordeña

El foco de atención se ha situado en Puebla, donde los enfrentamientos y operativos contra huachicoleros han sacado a la luz que este estado lidera la localización de tomas clandestinas: el año pasado detectaron mil 533, la cifra más alta en la historia. Hasta 2012, Veracruz encabezaba la ordeña de ductos, pero en los últimos años ha sido superado por Tamaulipas y Guanajuato. El Estado de México casi ha cuadriplicado su presencia en este deshonroso ranking. Y Jalisco “no canta mal las rancheras”.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ha declarado que este delito le cuesta al país entre 15 mil y 20 mil millones de pesos al año.

Para poner en contexto lo que representa esta cifra, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 se le destinó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 26 mil 121 millones 176 mil 542 pesos: una cifra similar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt): más de 26 mil mdp.

Empleados de Pemex involucrados

Martín Gabriel Barrón Cruz, profesor e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), destaca que este delito está vinculado a tres vertientes: primero, “para poder mover las unidades que utiliza la delincuencia organizada; luego, en el uso de la gasolina para producción de drogas sintéticas, y en tercera instancia, para su venta”. Pero el fenómeno, destaca, data de años atrás.

“La extracción siempre ha estado ahí y ha sido una constante”, aunque para 2006 “se le sumó la delincuencia organizada”. Para hacer una extracción alguien debe conocer dónde se ubican, dónde pasan y cómo funcionan los ductos, puesto que algunos son para gas natural, gasolina, etcétera, y no se pueden mezclar.

“Los empleados de Pemex son los que conocen cómo controlar, qué herramientas usar para que no te estalle la extracción de hidrocarburos, aunque ha habido casos donde se ha presentado esto por una mala práctica, por no contar con las herramientas necesarias para poder hacer esto. Hay que vincular el fenómeno también con la propia empresa petrolera”, señala.

Tan sólo 144 trabajadores de Pemex fueron detenidos por robo de hidrocarburos de enero de 2007 a enero de 2017, según datos otorgados vía transparencia. Las entidades con mayor participación de empleados en este ilícito son: Veracruz, con 44; Tabasco, con 31; Tamaulipas, con 17; Hidalgo, con 11, y Guanajuato, con 10.

Señala que existen 164 “denuncias en las que participaron trabajadores en delitos de robo de hidrocarburo” en el mismo periodo. Es decir, en esta red de saqueos parte del enemigo está dentro de sus filas.

La Policía Federal (PF) detuvo a 2 mil 969 personas en toda la República por el robo de hidrocarburos del 1 de enero de 2007 al 8 de enero de 2017. En primer lugar, se posiciona el Estado de México, con 417, le siguen Guanajuato, con 337; Puebla, con 221; Tamaulipas, con 200, y Veracruz, con 149.

El atlas de ductos

Luis Alarcón —quien pide usar nombre ficticio por seguridad—, ingeniero petroquímico y ex trabajador de Pemex del complejo Pajaritos, Veracruz, dice que la información de ductos de la paraestatal está en el “atlas de redes de ductos”. Son archivos donde vienen los planos, contienen información cifrada en códigos y también con los nombres de los productos que se manejan. Esta información no es absolutamente confidencial —añade—, son casi públicos a nivel gubernamental en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, explica el ex empleado. Además, cuenta, a éstos también han tenido acceso empresas privadas que han construido parte de la infraestructura de los ductos de Pemex en los 15 años recientes.

La ruta del hurto de hidrocarburos

Una vez localizada la toma de Pemex, el soldador acompañado de su equipo y el material especial para evitar una ignición, comienza con la perforación para después colocar una válvula por donde va a estar circulando el combustible. A esto se le llama tapping y como mínimo de tiempo requiere de 6 a 8 horas de trabajo, pero el resultado generará jugosas ganancias para ordeñas a futuro. Tan sólo entre una y dos horas —depende la presión del ducto— la extracción será de 10 mil litros, promedio, según los cálculos del ingeniero petroquímico. Una vez extraído el combustible, se transporta en diversos vehículos hasta el consumidor final. Aunque los que tuvieron otro destino, fueron 3 mil 994 “vehículos involucrados en la posible sustracción ilícita de probable hidrocarburo” que aseguró la PF de enero de 2007 a diciembre de 2016.

Las entidades que se posicionan en los primeros lugares son: Guanajuato, con 693; Tamaulipas, con 547; Puebla, con 353; Estado de México, con 345, y Jalisco, con 212.

Alarcón explica que los ductos de la paraestatal también tienen “drenes” de una pulgada que sirve para la ordeña.

Pocos detenidos por venta ilegal de gasolina

Las ocasiones que José acudió a la casa para abastecerse de gasolina para su vehículo fueron contadas. Quien lo atendía era el mismo tipo o una señora de alrededor de 45 años. El trato con ambos era distante, buscaban interactuar lo menos posible con los clientes.

A finales de febrero fue una vez más. Al tocar la puerta nadie se asomó, tampoco le abrieron. Días después volvió, pero al llamar sólo escuchó una voz del interior que dijo “ya no hay”. Desde ese día no regresó, algo no marchaba bien, aunque nunca se enteró si los habían detenido, como ocurrió con las 615 personas arrestadas por la Policía Federal por venta ilegal de gasolina en el país de 2007 a diciembre de 2016, de acuerdo con datos de Infomex.

Por la misma causa, la PGR detuvo a 187 personas de enero de 2010 a diciembre de 2016. El chofer tampoco supo si en el lugar hubo un operativo como pasó con los 516 inmuebles asegurados por Pemex, por la venta ilegal de hidrocarburos en estos últimos 10 años. La PGR, hizo lo mismo con 46 en los 5 años recientes.

La empresa del Estado también localizó otros 62 inmuebles que fueron asegurados por el delito de “robo de hidrocarburos en su modalidad de toma clandestina” de 2007 a 2015.

El dueño no sabe que es gasolina robada

El operador de transporte público cuenta que, si encontrará de nuevo lugares clandestinos para adquirir gasolina, lo pensaría dos veces. Puesto que a partir de lo que ha leído, escuchado en las noticias y las experiencias con sus amigos, la gasolina robada y a un bajo precio, no le garantiza que esté refinada. Entonces, no arriesgaría su vehículo, del que es dueño y representa la fuente de sus ingresos para mantener a su familia, porque lo podría dañar.

Prefiere pagar en una gasolinería, a comprarla en un establecimiento ilegal, aunque otros choferes como él sí lo harían, porque no tienen una obligación, no son dueños de los carros que trabajan: “Les vale, la cosa es sacar más dinero para ellos y no cuidar el bienestar del automóvil”, dice. Al final, a quien le costará arreglarlo será al dueño, y éste nunca se va a enterar que le están poniendo gasolina robada.

El Universal
Andrés M Estrada
Periodismo de investigación
Ciudad de México / Puebla
Sábado 19 de agosto de 2017.


Emilio Lozoya Austin pagó de contado una casa de 38.1 millones de pesos semanas antes de que arrancara la Administración de Enrique Peña Nieto y de que asumiera la dirección de Pemex.

De acuerdo con la primera declaración patrimonial que presentó como titular de la empresa, compró una casa con valor de 38 millones 175 mil pesos el 14 de noviembre de 2012.

En esa fecha, Lozoya era coordinador de asuntos internacionales del equipo de transición de Peña Nieto.

REFORMA publicó que durante las campañas electorales de 2012, Odebrecht habría transferido 3.1 millones de dólares a una empresa en Islas Vírgenes, presuntamente ligada a Lozoya.

La declaración patrimonial del ex director de Pemex, fechada el 10 de enero de 2013, indica que la forma de operación de la propiedad fue "contado".

Detalla que el bien tiene una extensión mil 165 metros cuadrados de terreno, donde hay una superficie construida de mil metros cuadrados.

En la misma declaración, Lozoya informó que posee distintas joyas, como cuatro relojes Patek Philippe con valor acumulado de 160 mil dólares.

También un reloj Frank Muller de 40 mil dólares, obras diversas con valor de 300 mil dólares, un cuadro de Salvador Dalí valuado en 50 mil dólares, y 4 cuadros de Luis Zárate de 400 mil dólares.

Lozoya reportó que también poseía un cuadro de Picasso de 500 mil dólares americanos, aunque aclaró que se trata de una herencia que data de octubre de 2008.

En los datos patrimoniales de la declaración, el ex funcionario investigado por presuntos sobornos de Odebrecht reportó que tenía 10 distintas cuentas bancarias e inversiones.

"El servidor público no proporcionó información de adeudos a su nombre", agrega la versión pública.

En su siguiente declaración, fechada el 30 de mayo de 2013, volvió a reportar la posesión de la casa de mil 165 metros cuadrados, pero en la versión pública ya no aparece el valor de la misma, como tampoco el de los bienes muebles.

El 27 de mayo de 2014, Lozoya añadió a sus datos patrimoniales la adquisición de un vehículo Acura modelo 2013 que, según la declaración, adquirió a crédito.

De acuerdo con registros públicos, en su declaración de 2015 prácticamente no hizo cambios, mientras que en la de 2016 -de conclusión- no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.

"No estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés", se lee en la declaración patrimonial fechada el 5 de abril de 2016.

Tras una gestión marcada por el deterioro en la producción de crudo y acusaciones de corrupción, el 8 febrero de 2016 Lozoya dejó la dirección de Pemex.

Puebl@Media
Antonio Baranda
Ciudad de México
Martes 15 de agosto de 2017.

Exhibe Odebrecht finanzas turbias de EPN: PRD

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano pidió al gobierno federal una investigación a fondo y aplicar todo el rigor de la ley en el caso Odebrecht, en el que se ha implicado al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, con presuntos sobornos por 10 millones de dólares.

Tras un evento de la asociación Por México Hoy con académicos, el ex candidato presidencial dijo en entrevista que se deberá proceder conforme a la ley.

"Que se investigue a fondo y que se sancione a quien haya que sancionar si es que así procede conforme a la ley".

"Lo importante sería que se aplique la ley con todo rigor, que se cumpla con la ley y que no se afecte a quienes no tengan que ver con estas cuestiones", expresó.

Criticó que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido afectado durante muchos años.

"Sobre todo se ha buscado deteriorar al organismo, ahora se le ha cambiado la condición desde el punto de vista legal, me parece que ha sido un error, pero es parte de la política entreguista que ha seguido el gobierno de México durante muchos años", afirmó.

Exhibe Odebrecht finanzas turbias de EPN: PRD

La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga, exigió a la PGR investigar el destino de los 10 millones de dólares que presuntamente recibió Emilio Lozoya, ex director de Pemex, como sobornos de ejecutivos de Odebrecht.

"Esto que ha surgido en los medios deja al descubierto las finanzas turbias del entonces candidato Peña Nieto.

"Nosotros exigimos que el Presidente de la República explique qué hay detrás de estas declaraciones que han hecho los empresarios de Odebrecht en torno a que aportaron recursos a la campaña de Peña Nieto", expuso en conferencia de prensa.

La dirigente señaló que las prácticas de sobornos y malos manejos de recursos forman parte de los usos y costumbres del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Mojica dijo ser optimista y creer que la Procuraduría investigará de manera transparente el actuar de Lozoya en Petróleos Mexicanos.

"Pese a que en todo el continente ha habido detenciones al respecto, aquí, en México, lo que se ha hecho es una ocultación de información a la sociedad mexicana", reprochó.

La secretaria general perredista aseguró que la implicación de Lozoya en el caso Odebrecht es una vergüenza para México.

En la conferencia estuvieron presentes Juan Andrés Mora, subsecretario de relaciones internacionales del PRD; Ángel Ávila, presidente del consejo nacional; Irán Moreno, secretario de relaciones internacionales; Mary Telma Guajardo, secretaria de política de alianzas, y Octavio Martínez, secretario de asuntos electorales.

El Universal / Reforma
Arcelia Maya
Ciudad de México
Lunes 14 de agosto de 2017.


La empresa brasileña Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares a una compañía ligada a Emilio Lozoya

En plena contienda electoral de 2012, la constructora Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares a una empresa establecida en Islas Vírgenes, ligada a Emilio Lozoya Austin, quien en aquellos días fungía como Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) obtuvo copia de estados de cuenta del Meinl Bank de Antigua -propiedad de Odebrecht- en los que aparecen siete transferencias a favor de Latin American Asia Capital Holding, la cual ha sido señalada por un delator de la constructora brasileña como la empresa a través de la cual se pagaban sobornos a Lozoya.

Las transferencias equivalen a 40 millones de pesos, al tipo de cambio de aquel entonces.

El dinero fue enviado desde la cuenta 244006 del Meinl Bank, ubicado en la isla de Antigua, a nombre de la compañía 'fachada' Innovation Research Engineering and Development Ltd. (IRED), que era utilizada por Odebrecht para ocultar el pago de sobornos a políticos latinoamericanos.

La misma cuenta había sido utilizada entre octubre de 2010 y febrero de 2011 para transferir casi un millón de dólares a una compañía fantasma establecida en Poza Rica, Veracruz, de nombre Blunderbuss Company SA de CV, detrás de la cual opera una red de prestanombres vinculada al Gobierno veracruzano cuando fue encabezado por Javier Duarte, según constató MCCI.

El diario brasileño O'Globo y la organización mexicana El Quinto Elemento Lab revelaron ayer el contenido de la delación premiada del exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll, en la que éste aseguró que en marzo de 2012 se reunió con Emilio Lozoya, y que en ese encuentro el entonces integrante de la campaña presidencial de Peña Nieto le solicitó cinco millones de dólares como pago por haberlo auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz, en donde Odebrecht asentó su base de operaciones.

Odebrecht aceptó pagarle sólo cuatro millones de dólares. Según el delator, Lozoya le dio el nombre de Latin American Asia Capital Holding, establecida en las Islas Vírgenes, para que le hicieran las transferencias a una cuenta que tenía en el banco suizo Gonet et Cie.

Según Weyll, aceptaron pagar el soborno porque Lozoya se perfilaba como un funcionario influyente en el próximo Gobierno de Peña.

"A principios de 2012, constaté que Emilio Lozoya había alcanzado una posición destacada en el PRI, que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012, cuyo candidato era el favorito en las encuestas electorales. Lozoya se había convertido en uno de los líderes del comité de campaña, por lo que probablemente se convertiría en una persona influyente en la administración pública del país", declaró Weyll a los fiscales brasileños, según la delación difundida por O'Globo.

Una vez que Peña asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2012, Lozoya fue designado director de Pemex y desde esa posición negoció otros 6 millones de dólares en sobornos, a cambio de obras en Tula, de acuerdo con la versión del delator citada por El Quinto Elemento.

A LA PAR DE LA CAMPAÑA

La campaña presidencial de 2012 en México inició el 30 de marzo, y a las tres semanas empezaron a fluir los depósitos de Odebrecht, según los estados de cuenta del Meinl Bank obtenidos por MCCI.

Una primera transferencia por 250 mil dólares a favor de Latin American Asia Capital Holding se realizó el 20 de abril de 2012; el 25 y el 27 del mismo mes hubo otros dos depósitos, uno por 495 mil y otro por 505 mil dólares.

En suma, tan sólo en una semana, Odebrecht transfirió un millón 250 mil dólares, equivalentes a 16 millones de pesos al tipo de cambio de entonces.
Pasó casi un mes para que se reiniciaran los depósitos, el 23 de mayo, con medio millón de dólares; luego, el 31 del mismo mes, hubo otra transferencia por 490 mil dólares.

En junio siguieron fluyendo los recursos, uno el día 8 por 510 mil dólares y otro el 18 del mismo mes, por 400 mil dólares.

El plazo para hacer proselitismo concluyó el 27 de junio y casi a la par se frenaron los envíos de dinero a la empresa ligada al Coordinador de Vinculación Internacional de la campaña del candidato del PRI.

En el reporte de la cuenta 244006 del Meinl Bank -del cual MCCI tiene copia- consta que las transferencias a favor de Latin American Asia Capital Holding se frenaron abruptamente; ya no hubo movimientos el resto del año.

Los depósitos de Odebrecht reiniciaron hasta el 7 de noviembre de 2012, pero a una segunda empresa ligada a Lozoya, de nombre Zecapan SA, también con base en Islas Vírgenes Británicas.

En esa ocasión la transferencia del Meinl Bank se realizó desde la cuenta 244001, a nombre de Klienfeld Services Ltd., otra empresa 'fachada' que era utilizada por Odebrecht para encubrir sobornos. Ese depósito fue por 137 mil 478 dólares.

Unos días después de esa transferencia, el 12 de noviembre de 2012, el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto se reunió con Marcelo Odebrecht, de acuerdo con una relación de correos electrónicos interceptados por la Policía Federal de Brasil, a los que tuvo acceso MCCI.

 PRÁCTICA COMÚN

El dinero que se transfirió a la empresa ligada a Lozoya salió de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el llamado departamento de sobornos, y a través del cual se financiaron campañas políticas en todo el continente.

Fernando Migliaccio, quien ocupaba la posición dos en el citado departamento de sobornos, confesó ante las autoridades brasileñas que Odebrecht financió elecciones en El Salvador, Venezuela, Brasil, República Dominicana y Panamá. Otros delatores han sumado a la lista de financiamiento electoral a Colombia y Perú.

Eduardo Cunha, presidente de Odebrecht Ambiental, en su acuerdo de delación premiada aseguró que el acercamiento en campañas se daba en todos los países donde la constructora tenía presencia.

"Odebrecht actuaba en un sinnúmero de países, estados y ciudades, a través de diversos negocios, con diversos ejecutivos, los cuales, por estar más cerca de los agentes políticos, representaban a Odebrecht en las relaciones político-estratégicas locales e identificando candidatos y campañas de interés del grupo", dijo en la delación de la que MCCI tiene copia.

"Las donaciones se distorsionaron y pasaron a ser vistas por la empresa como una forma de participación del proceso electoral, como forma de promover candidatos cuyas plataformas se acercaban a nuestros intereses en el sector de la construcción y como forma de "protección", especialmente en los negocios de inversión".

Rechaza Procuraduría 'acuerdo reparatorio'

La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó el acuerdo reparatorio que le propuso Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción investigado por presuntos sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex). En un comunicado, la PGR informó que descartó dicho acuerdo, del cual dio cuenta en mayo pasado.

"Representantes de las empresas brasileñas ofrecieron un acuerdo reparatorio, mismo que no fue aceptado y que bajo ningún supuesto inhibirá sancionar administrativa y penalmente a los exfuncionarios y/o funcionarios públicos involucrados", indicó la PGR en su mensaje. Se publicó el 18 de mayo que Odebrecht México ofreció a la PGR un acuerdo de reparación económica y su colaboración para aportar información en la indagatoria que lleva a cabo sobre los presuntos sobornos millonarios.

Como parte de dicho acuerdo, pidió no utilizar contra sus empleados y exempleados la información que revelen y respetar la inmunidad que tienen ante la justicia de Brasil y Estados Unidos, donde han llegado a acuerdos conciliatorios.

En diciembre 2016, Odebrecht y su filial Braskem se declararon culpables ante una corte de los Estados Unidos por haber pagado sobornos a funcionarios de varios países, entre ellos México, donde habría entregado al menos 10.5 millones de dólares entre 2010-2014. En México las "mordidas" a los funcionarios sumarían unos 10.5 millones de dólares, y Odebrecht logró al menos 39 millones de dólares de beneficios con los contratos que aseguró como consecuencia de sus sobornos.
Acusa PGR información lenta

La PGR acusó a las autoridades de Brasil de retrasar la entrega de información relativa a los presuntos sobornos que pagaron directivos de Pemex a funcionarios mexicanos, como el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. La PGR informó que, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, ha estado en comunicación con las autoridades de Brasil, no obstante señaló que la Fiscalía de aquel país ha cambiado la fecha de entrega de la información correspondiente, con el argumento de que el caso se está desahogando ante el Tribunal Superior.

"Esta semana en la reunión de fiscales latinoamericanos, que se realizará en la Ciudad de Puebla, esperábamos a la representación brasileña, pero hoy (ayer) ha cancelado su asistencia.

"En esta reunión, varios de los fiscales que investigan el caso de corrupción de referencia tendrán oportunidad para intercambiar información", añade el informe de avances.

Destacó que se han recabado las declaraciones de 10 servidores públicos y 9 exfuncionarios de Pemex que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra asignados al conglomerado brasileño. La PGR garantizó que a pesar de no contar con la información de la Fiscalía brasileña, el caso Odebrecht será llevado hasta "sus últimas consecuencias" y actuará directamente contra el o los responsables. "(Ello), dada la asistencia internacional con otros países y en particular las diligencias que se están llevando a cabo con funcionarios de Pemex y con los más altos directivos de la empresa brasileña", añade el informe.

La PGR anunció que llevará su investigación del caso Odebrecht hasta "las últimas consecuencias", a raíz de que una investigación periodística en Brasil implicara al exdirector Emilio Lozoya en la trama corrupta.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 14 de agosto de 2017.


En declaraciones juramentadas, altos ex ejecutivos de Odebrecht colocan fechas, nombres, cantidades, cuentas bancarias. Ahí aparece Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos.

Cuando el poderoso empresario brasileño Marcelo Odebrecht no tuvo más remedio que colaborar con la justicia, confesar y exhibir la cauda de corrupción sembrada en una decena de países de tres continentes, se produjo un ligero terremoto: presidentes, ministros, diputados, prominentes figuras políticas y todo tipo de hombres ambiciosos de Latinoamérica y otras latitudes se cimbraron. En México ocurrió que se mencionó en ese momento muchas veces el nombre de un hombre modelo de la tecnocracia: Emilio Lozoya Austin.

Se escucharon rumores, el rechazo de Lozoya Austin a cualquier imputación y especulaciones de varios tipos y calibres. Rumores y especulaciones.

Hoy, en declaraciones juramentadas, altos ex ejecutivos de Odebrecht colocan fechas, nombres, cantidades, cuentas bancarias. Y ahí aparece, de nuevo, Emilio Lozoya Austin, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), el político al que la dirección de la constructora brasileña asegura haber sobornado y entregado “propinas” por 10 millones de dólares a cambio de su apoyo para obtener indebidamente contratos de obra pública.

Eso es lo que sostienen los testimonios de tres inculpados por la justicia brasileña. Eso dicen Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva. Y dicen mucho más, según las delaciones secretas de esos altos funcionarios de Odebrecht contenidas en el proceso penal 6655, radicado en el Supremo Tribunal de Brasil, y obtenidas por El Quinto Elemento Lab como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.

Toda la información incluida en este texto está contenida en las aproximadamente 10 carpetas electrónicas, 50 cuartillas de transcripciones y resúmenes de testimonios jurados, copias de los registros de transferencias electrónicas, órdenes de pago expedidas por los bancos de donde salían los recursos, los videos con las delaciones de los tres altos ejecutivos del gigante brasileño y documentos adicionales de la Procuraduría General de la República de Brasil. Todos están catalogados como confidenciales y algunos como secretos.

Y lo que dicen ante el Ministerio Público Federal de Brasil los máximos responsables de Odebrecht para México, para Latinoamérica y el cerebro del “Departamento de Sobornos”, como lo calificó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es lo siguiente:

Que Emilio Lozoya solicitó y recibió, primero, 4 millones 100 mil dólares entre abril y noviembre de 2012. Cuentan que era una manera de asegurar los favores de quien se había colocado como una figura prominente en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Que en marzo de 2012 Emilio Lozoya se reunió con Luis Alberto de Meneses, el director superintendente de Odebrecht en México, y que en ese encuentro quien sería futuro director de Pemex le proporcionó el nombre de una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas: Latin American Asia Capital Holding, cuyo número de cuenta en el banco privado suizo Gonet et Cie es el CH 46 0483 5090 3745 3400 7.

Que les pidió que ahí le enviaran las transferencias bancarias. Y que a partir del 20 de abril de 2012 llegarían en cascada: primero, de 250 mil dólares, luego de 495 mil dólares, y un día después 505 mil dólares.

Que la relación creció y que una vez que Lozoya Austin llegó a la Dirección General de Pemex las cosas se mantuvieron en un buen tono, que lo buscaron y le pidieron ayuda para ganar contratos y que éste les respondió positivamente.

Que ese grado de comunicación se armó tan sólidamente que acordaron hacerle otros pagos por un total de seis millones de dólares: dos millones de dólares sin condición alguna, garantizados plenamente; y cuatro millones adicionales si llegaban a ganar el contrato de uno de los proyectos de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

Que luego de que Odebrecht obtuvo ese contrato, la oleada de transferencias a cuentas de empresas offshore proporcionadas por Emilio Lozoya se produjo de nuevo. Empezó el 3 de diciembre de 2013, unos días después de la asignación del contrato, cuando de la oficina de Hilberto da Silva se dio la orden de transferir un millón de dólares a la cuenta que Zecapan SA —otra empresa instalada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas— mantenía en un banco del Principado de Liechtenstein.

Que las transferencias siguieron en diciembre de 2013 y en varios meses de 2014: algunas de un millón 350 mil dólares, otras de un millón 170 mil dólares y varias más, hasta sumar cinco millones de dólares.
Y delataron muchas más cosas, según se aprecia en el expediente judicial 6655. Pero retrocedamos y contemos las cosas como las escucharon los fiscales.

* * *

El 16 de diciembre de 2016, y con sus 59 años a cuestas, Luis Alberto de Meneses Weyll acudió a la cita pactada para proporcionar su delación sobre sus “aventuras criminales” en México. Si quería participar en el programa debería contar todo lo que sabía sobre cómo Odebrecht había logrado insertar la corrupción en el primer círculo del gobierno mexicano.

Hijo de Manuel Weyll y Selene Meneses, Luis Alberto de Meneses no tenía ya mucho que perder. Los fiscales brasileños habían ido deshebrando esa compleja trama de corrupción y se encontraba acorralado. Muchos hilos llevaban a él y a sus compañeros.

Así que De Meneses se presentó una tarde de la semana previa a la Navidad de 2016 a la sede de la Procuraduría en el municipio de Guarulhos. Aún vivía en la Ciudad de México, en específico en el complejo de Rubén Darío 115, en Polanco, un lujoso condominio en el que la renta mensual no es menor de 5 mil dólares.

Durante unos 50 minutos ratificó lo que había declarado por escrito y aclaró algunas dudas de los fiscales. Lo acompañaban sus cuatro abogados. Estaba a punto de firmar formalmente su “colaboración premiada” y ayudar a desentrañar el complejo esquema de “propinas” (así les dicen en Brasil) para “agentes políticos”.

De Meneses se descargó: contó que conocía a Emilio Lozoya Austin desde 2009, en una época en que éste era director para América Latina del Foro Económico Mundial. Y que cuando se enteró de que había planes del gobierno para construir una nueva refinería de Pemex en Hidalgo, decidió retomar el contacto con Lozoya, con las perspectivas de “obtener contratos” para Odebrecht. Era el 2011 y su apuesta era que llegarían buenos tiempos.

Lozoya y De Meneses se reunieron y, dado que los proyectos se desarrollarían en Hidalgo, el futuro director de Pemex le dio un “consejo” clave: le recomendó asociarse con Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Industriales Tapia, empresa con sede en Tula, Hidalgo.

Tapia, según la versión del brasileño, era un empresario que en opinión de Lozoya poseía un “buen tránsito” en los tres niveles de gobierno y muy buenos contactos con PRI, PAN y PRD.

Así que el director superintendente de Odebrecht en México le hizo caso a Lozoya y se asoció con esa empresa mexicana, con la perspectiva de ganar contratos en Pemex, CFE, SCT y Conagua. Tenían en mente una meta conjunta: obtener contratos por unos 2 mil 500 millones de pesos.

Construcciones Industriales Tapia confirmó a Quinto Elemento Lab que participó como subcontratista de Odebrecht, pero rechazó que haya tenido conocimiento de los presuntos sobornos y que “tiene 20 años de operación y no requiere facilitadores u otra interpósita persona para ese tipo de efectos”.

Los meses transcurrieron y sus contactos colocaron de nuevo a Lozoya Austin en la ruta que parecía correcta.

De hecho, para algunos ya lo estaba. Era entonces miembro del Consejo de Administración de OHL, la enorme firma española que obtuvo la concesión para construir las carreteras de peaje en el Estado de México durante el gobierno de Peña Nieto y que hoy es investigada en España por financiamiento ilegal a políticos.

Luis Videgaray, entonces coordinador de la precampaña presidencial de Peña Nieto, lo había llevado antes al primer círculo. Por ello no fue extraño que el 11 de enero de 2012 fuera designado como vicecoordinador de Vinculación Internacional de la campaña del candidato priista.

De Meneses no perdió de vista ese detalle: “En esa misma época (inicios de 2012) constaté que Emilio Lozoya había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en el país (el PRI), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito”.

Los ojos del brasileño apreciaban un futuro promisorio. Para marzo de 2012 lo veía como uno de los líderes de la campaña, “razón por la cual se convertiría probablemente en una persona influyente dentro de la administración pública del país”.

Luis Alberto no se cruzó de brazos. Llamó telefónicamente y concertó una cita con Lozoya, ese hombre de facciones angulosas y cabello marcado por ligeras ondas. Se vieron en un hotel de la Ciudad de México (el cual, dice De Meneses, podría indicar, pero que en el testimonio jurado no es mencionado) y conversaron sobre la posición política de Lozoya, quien le aseguró que, si el PRI conquistaba el poder, él asumiría un cargo de relevancia en el gobierno federal.

En esa ocasión, recordó De Meneses ante los fiscales, Lozoya hizo un movimiento que el brasileño esperaba ya. “Con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor del orden de cinco millones de dólares”.

De Meneses concluyó en ese instante que “sería positivo estrechar las relaciones con él”, pues en un futuro gobierno podría tener extensos beneficios. Así que le respondió a Lozoya que evaluaría el tema del pago y lo contactaría a la brevedad posible.

No lo pensó mucho. Consideró “el potencial que Emilio Lozoya representaba”, por lo que le propuso a su superior directo en Brasil, Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, que se hiciera un pago de cuatro millones de dólares. Era cuestión de ver hacia el futuro. Apostaban a que Lozoya se consolidaría como un “agente público” de relevancia. La transferencia fue autorizada.

Así que, ya con la aprobación en la mano, se encontró de nuevo con Lozoya Austin. “Nos reunimos en un café en las inmediaciones de Lomas, un Café El Globo. Y le dije que haríamos el esfuerzo de contribuir con cuatro millones de dólares a título de su, digamos, atención dedicada en los últimos años”, contó De Meneses al fiscal André Bueno esa tarde del 16 de diciembre de 2016.

Le proporcionó más detalles: le pagarían los cuatro millones en varias transferencias que harían a lo largo de 2012. Lozoya quedó de darle los datos de las cuentas bancarias a las que deberían realizarse los depósitos.

Días después, Lozoya acudió al edificio de Odebrecht en México en Lomas Virreyes. Le entregó, según detalló ampliamente De Meneses, las cuentas a nombre de dos compañías offshore para que ahí se depositaran los pagos: Latin American Asia Capital Holding y Zecapan SA, ambas empresas registradas en Tortola, una de las Islas Vírgenes Británicas.

Luis de Meneses sabía entonces qué hacer. Contactó a Hilberto da Silva, el jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas de la firma, el eufemismo con que Marcelo Odebrecht bautizó a la oficina encargada de concretar y armar los sobornos para los políticos brasileños y extranjeros.

Da Silva, poseedor de una mente financiera estratégica, apretó los botones adecuados y dio las órdenes precisas para que las transferencias llegaran a las empresas mencionadas por Lozoya, aunque el destino final no le consta a Meneses. “No tengo conocimiento del destino final de los recursos pagados a Emilio Lozoya”, comentó a los fiscales.

Era marzo de 2012 y Lozoya Austin se preparaba para el primer minuto del último día de ese mes, cuando Enrique Peña Nieto, acompañado de su familia y de la dirigencia nacional del PRI, se subió a un templete y comenzó su campaña rumbo a la Presidencia.

Era marzo de 2012 y la danza de dinero comenzaba. De los recursos que Innovation Research Engineering and Development Ltd –empresa fachada usada por Odebrecht para distribuir los sobornos– mantenía en el banco Meinl Bank salieron ráfagas de dólares a la cuenta de Latin American Asia Capital Holding, la firma a la que Lozoya pidió que le enviaran su dinero, según los documentos judiciales en los que quedó registrada la delación,

Apenas un mes después de que Lozoya visitó a De Meneses en Las Lomas, llegó el primer vendaval de billetes: el 20 de abril se transfirió un cuarto de millón de dólares a esa cuenta; cinco días después una transferencia de doble intensidad: casi medio millón de dólares. Veinticuatro horas después, una nueva sacudida en el balance de Latin American Asia Capital Holding: otro medio millón de dólares.

Y no era todo. Pasó alrededor de un mes para que esa cuenta registrara un nuevo incremento: el 23 de mayo le llegó otro medio millón de dólares. Una semana exacta después, 490 mil dólares más.

Los altos ejecutivos de Odebrecht cumplían su palabra porque decían tener la certeza de que con Lozoya colocado en lugares clave del nuevo gobierno el horizonte de la firma brasileña en México estaría afianzado. Así que el 8 de junio de 2012, de la misma cuenta de origen y a la misma de destino, llegó otro medio millón de dólares. Esta primera feria millonaria acabaría con otra transferencia hecha el 18 de junio: ahora sería de 400 mil dólares.

Sólo escribir el total de la “propina” asombra. Porque no es común que, si las imputaciones de los colaboradores de la justicia brasileña se corroboran, como hasta ahora ha ocurrido en países como en Brasil, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Perú y Panamá, el director de Pemex hubiera recibido una cifra así en sólo dos meses: 4 millones 100 mil dólares.

* * *

Cuando los fiscales brasileños André Bueno y Daniel Sampaio tomaron la declaración de Luis de Meneses le advirtieron sobre las condiciones que debía cumplir para concederle el beneficio de la “colaboración premiada” y, así, reducir los años en prisión.

De Meneses expresó, como han hecho todos los 78 ejecutivos y ex ejecutivos de Odebrecht que han participado en los acuerdos, que estaba consciente de que los beneficios de la colaboración dependían de que se obtuvieran uno o más de los siguientes resultados: 1) La identificación de los demás coautores y partícipes de la organización criminal y las violaciones a la ley que cometieron, 2) la revelación de la estructura jerárquica y de división de tareas dentro de la organización criminal, 3) la prevención de las infracciones penales derivadas de las actividades criminales, y 4) la recuperación total o parcial del producto de las actividades de la organización criminal.

Ingeniero civil que cumplirá 60 años en unos días, De Meneses accedió y además entregó información para corroborar sus dichos. Por ejemplo, y sólo como muestra, el jefe de Odebrecht en México proporcionó a los fiscales los registros que comprueban las 15 transferencias hechas a las cuentas que, según afirma, le fueron indicadas por Lozoya.

* * *

Llegó el 1 de diciembre de 2012 y se iluminaron los rostros de los brasileños a cargo de las operaciones en México y de la máquina global de sobornos. Lozoya Austin, licenciado por el ITAM y maestro por la Universidad de Harvard, llegaba a una posición muy relevante: la Dirección General de Pemex, una empresa que en 2013 contó con un presupuesto tan grande como su importancia en la economía nacional: poco más de 326 mil millones de pesos, unos 25 mil millones de dólares de esa época.

Luego de las vacaciones de fin de año, y al empezar a correr 2013, De Meneses dice que creyó oportuno hacer una visita a Lozoya en sus nuevas oficinas de Pemex. Llegó a la sede central y se registró, por lo que su presencia ahí puede ser corroborada.

Al estar con Lozoya, según contó a los fiscales, le informó que en asociación con Juan Carlos Tapia, el constructor con el que el propio Lozoya le había recomendado trabajar, la compañía buscaba contratos en Pemex, por lo que “le gustaría su apoyo para conquistar nuevos negocios con la petrolera”.

Lozoya fue receptivo. Le confirmó su disposición a buscar que el Consejo de Administración de Pemex “reconociera la actuación” de Odebrecht, no sin antes advertirle algo: que la constructora brasileña debía ser competitiva tanto en términos técnicos y comerciales para tener una oportunidad.

El jefe de Odebrecht aprovechó y reviró: “Le aseguré que la compañía haría propuestas competitivas y que, en caso de que tuviéramos éxito, el apoyo de Emilio Lozoya sería retribuido”, se lee en la tercera de las cuatro páginas que resumen las delaciones del brasileño, incluidas en el anexo 4 del “Termo de Colaboração No. 5”, término empleado por el sistema judicial de Brasil para referirse a los testimonios penales acordados.

Los siguientes meses fueron de trabajo y planeación entre De Meneses y su socio local. Estaban cazando la oportunidad de ganar uno de los contratos que Pemex otorgaría en los trabajos de readecuación de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo.

Para octubre de 2013 ya estaban listos. Un hecho renovaba la confianza de los funcionarios sudamericanos: Marcelo Odebrecht, su máximo jefe, hoy en prisión, se reunió en privado con el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia de Los Pinos el 1 de octubre. Un comunicado de la Presidencia de la República dio cuenta de ello en 20 líneas.

Luis de Meneses buscó de nueva cuenta a Lozoya. Abiertamente, le solicitó “su apoyo para influir sobre los miembros del Consejo de Administración y le asignaran contratos” a Odebrecht.

El alto ejecutivo de la firma brasileña partía de una premisa: “Dado el poder de influencia que tenía en el consejo… Emilio Lozoya se colocaría en favor de los proyectos que buscábamos, influenciando a los demás miembros para que ratificaran nuestra contratación”.

De Meneses sabía lo que hacía, en qué momento actuar. Ya había desarrollado esa capacidad para corromper a altos funcionarios públicos en Perú, en donde había ocupado en Odebrecht un cargo similar.

El poderoso vicepresidente de la constructora, Luiz Mameri, recordó ante los fiscales ese momento: “En 2013, Luis de Meneses me informó que estaba participando en la licitación de un proyecto para ampliar la refinería Miguel Hidalgo, promovida por Pemex, cuyo presidente (sic) era Emilio Lozoya. Me dijo que a petición de Emilio Lozoya se fijó un pago de seis millones de dólares para apoyar a la compañía a ganar el concurso. Autoricé los pagos”.

Así que De Meneses no esperó más. Le soltó, según su testimonio, un caramelo a Lozoya: le daría seis millones de dólares. Dos de esos millones estarían garantizados. Se los entregaría, independientemente del resultado de la licitación. Y los otros cuatro millones estarían condicionados a que les asignara el contrato.

Luis Alberto de Meneses se retiró de la Torre Ejecutiva ubicada en la calle de Marina Nacional. Un mes más tarde, en noviembre de ese 2013, Odebrecht presentó a Pemex Refinación una propuesta con costo de 115 millones de dólares para “el acondicionamiento y movimiento de tierras para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo”.

Al arranque de diciembre le dieron una buena nueva: Odebrecht había ganado la licitación de mil 364 millones de pesos. “La influencia de Lozoya en el Consejo (de Administración de Pemex) fue determinante para conquistar el contrato. En función de eso, y en cumplimiento del acuerdo con Emilio Lozoya, autoricé al Sector de Operaciones Estructuradas el pago de seis millones de dólares”.

La muestra de agradecimiento por haber ganado el contrato no tardó demasiado. El 3 de diciembre se hizo la primera transferencia. Un millón de dólares. Clinc. Una semana después, otra transferencia. Ahora de un millón 350 mil dólares. Clinc. Buen cierre de año.

* * *

Cómo no tener un buen arranque de año, sin cuestas de enero que agobien. El día 15 de febrero de 2014 se hizo una reunión protocolaria para oficializar la firma del contrato buscado por la constructora brasileña.

Por Pemex Refinación dos funcionarios firmaron las 61 páginas: Jesús Lozano Peña y Armando García Espinosa, subdirectores de Proyectos y de Administración, respectivamente. Por la Constructora Norberto Odebrecht, lo hicieron el ya conocido Luis Alberto de Meneses Weyll y Gleiber José de Faria, ambos apoderados legales de la empresa.

Tuvieron que estampar su firma en hojas y hojas saturadas de detalles administrativos y técnicos, de puntualizaciones sobre los mecanismos de conciliación y de solución de controversias, la recepción de los trabajos y un número largo de aspectos bastante aburridos.

Sin embargo, la página 5 del contrato es peculiar. Aparte de unos pequeños garabatos al margen del texto, llaman la atención unos párrafos que se agrupan bajo el subtítulo de “declaración conjunta”.

Dice a la letra: “Las partes reconocen tener una política de cero tolerancia hacia el soborno y la corrupción; y sus empleados, proveedores y filiales se encuentran sujetos a dicha política y expresan que en el procedimiento de contratación, sus actos previos y en la celebración del presente contrato se han conducido cumpliendo con la Ley Federal Anticorrupción…”.

Manifestaron expresamente, además, que tenían conocimiento de que el Estado mexicano ha suscrito y es parte de instrumentos internacionales en materia de anticorrupción, como los de la OCDE, la OEA, la ONU y otros.

“Expresan que conocen los ordenamientos legales en materia administrativa y penal en México, que sancionan severamente actos de corrupción, entre otros: el cohecho, establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos en las contrataciones públicas, la extorsión, el tráfico de influencia y la simulación…”.

* * *

El contrato ya había quedado en firme, así que había que continuar con el envío de recursos a las empresas offshore que fueron designadas por Lozoya Austin, de acuerdo con las delaciones. Y el Departamento de Operaciones Estructuradas encabezado por Hilberto da Silva hizo lo suyo.

Una semana después de la firma del contrato con Pemex, del Meinl Bank, localizado en Antigua, salieron un millón 350 mil dólares hacia la cuenta que la empresa Zecapan SA tenía en el Neue Bank AG, con sede en el Principado de Liechtenstein. La operación quedó registrada con el número 394652. Y la cuenta era la 1001.560.103.

Habría otros dos pagos más, ambos autorizados en marzo de 2014, aunque su entrega se demoró más de lo debido a un factor inesperado: las cuentas tenían mucho dinero. “En un momento determinado, Lozoya solicitó cambiar el procedimiento de transferencia… A mediados de 2014 se cambió la forma de pago por el recelo de que se rebasaran los límites de capacidad de las cuentas en que se hacían los depósitos”, explicó Luis de Meneses.

La experiencia de Hilberto da Silva entró en acción entonces para encontrar una salida. Creó una estructura para hacer viables los pagos restantes “y se utilizó a un operador para hacer posibles las transferencias”. La razón: Emilio Lozoya ya no quería recibir más dinero en cuentas a partir de las cuales podría vincularse su nombre, argumentó Da Silva ante los fiscales un día antes que De Meneses.

Ahí es donde aparece el nombre de Rodrigo Tacla Durán, hoy en libertad provisional en España. “Él entraba en contacto con los beneficiarios y negociaba la gestión de los recursos como su financial advisor, manteniendo el dinero en estructuras en las cuales el propio Rodrigo era el ultimate beneficial owner”, explicó el ex jefe del departamento encargado de los sobornos.

Eso es lo que hizo Rodrigo en México. La operación se armó los primeros días de noviembre de 2014. “Le presenté a Emilio Lozoya a Rodrigo Durán para que Rodrigo recibiese el dinero en su nombre”, detalló Da Silva durante una comparecencia en la que no dejaba de gesticular y mover la quijada, lo que hacía que los lunares que bordean su boca subieran y bajaran rítmicamente, según el video en el que se registró la misma y que forma parte del expediente armado por el equipo del procurador Rodrigo Janot Monteiro.

“Esa cuenta fue abierta en el HSBC de Mónaco. Esa información la conozco porque yo estaba con Rodrigo y participé en la reunión que ocurrió el día siguiente a mi reunión en Pemex. Luis (de Meneses), yo y Rodrigo fuimos a casa de Emilio Lozoya en la Ciudad de México, y en esa ida le presenté a Rodrigo, tomamos un café en la mañana en la casa de él”.

El testimonio de Hilberto da Silva es inusual porque, por lo general, él nunca se enteraba de quiénes recibían los pagos indebidos. “Aunque la estructura de mi área estaba diseñada para que yo no tuviese conocimiento de quién era el destinatario final de los pagos, en situaciones excepcionales sí supe quiénes eran”.

Una de esas situaciones fue la de Lozoya. Da Silva tuvo que visitar México porque Luis de Meneses le solicitó que le ayudara a “operacionalizar el pago de la propina al presidente (sic) de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, que no quería recibir dinero en sus cuentas bancarias”, se lee en una declaración escrita entregada por Da Silva a la Procuraduría General de Brasil, documento que es parte del proceso penal llevado en el Supremo Tribunal Federal.

La carta, de unos tres párrafos con mucho contenido, sigue: “Tuve una reunión con Emilio Austin (sic) en su casa, ocasión en que le presenté a Rodrigo Durán para que Rodrigo recibiese el dinero en su nombre, como laranja [un agente que trabaja en una empresa “non related”, proveedores independientes residentes fuera de Brasil que eran parte de la red financiera para lavar los sobornos montada por Da Silva.)

Esa visita a México tuvo un buen final, según la carta: “En ese encuentro (con Lozoya) quedó acordado un pago de dos millones de dólares para la semana siguiente y otros pagos por tres millones para semanas después, totalizando cinco millones de dólares”.

* * *
Un cuarto como el de cualquier edificio burocrático promedio de cualquier país latinoamericano. Un hombre escucha con atención, la mirada hacia abajo. Se bambolea ligeramente cada tanto. Se nota preocupado. Resignado, en realidad, a enfrentar su suerte de la mejor manera posible. La actitud de alguien que tuvo la fortuna de su lado y ahora entiende la gravedad del momento en que es protagonista. Es el semblante de alguien que sabe que de lo que ocurra en ese pequeño cuarto dependerá vivir más o menos años en una cárcel.
Luis de Meneses Weill lo sabe. Por eso está ahí

–¿En qué tiempo y cuántos pagos le hizo a Lozoya? –pregunta uno de los fiscales.

–En 2012 como miembro de la campaña, y en 2013 y 2014 ya como director general de Pemex –responde y “corta” con las manos el aire, para mostrar cómo se iban sucediendo los momentos.

–¿Él recibía los favores ya como director general de Pemex?

–Seis millones –asiente Meneses.

–¿Cómo sabía que efectivamente los recibió? –quiere averiguar el fiscal, sentado a un par de metros del ex funcionario de Odebrecht.

–El me indicaba las cuentas y después me confirmaba (que se había recibido el depósito).

–¿Entonces recibió seis millones de dólares ya como director general de Pemex? –repregunta el fiscal. Lo hará en varias ocasiones. Desea entender con exactitud cómo ocurrieron los hechos.

Meneses endurece ligeramente el rostro. Se balancea y sus dos pequeños mechones de cabello blanco brincan sobre el pelo negro y rebotan en la frente. Muestra fastidio.

–Sí –murmura y su mano muestra en un primer plano un reloj de acero inoxidable. Las manecillas marcan unos minutos antes de las seis.

Es el minuto 41 de la audiencia. Aún faltan unos 10 minutos de grabación, de la cual está consciente Meneses y a la cual ha accedido después de renunciar, en presencia de sus abogados, a su derecho a permanecer en silencio y ha autorizado el registro audiovisual de su colaboración premiada.

–¿Esas negociaciones, las del dinero, se dieron dentro de Pemex?

–No. Las reuniones para tratar la presentación de la empresa, nuestra cualificación, la elaboración de un proyecto para Pemex, eran en su escritorio. Las negociaciones más específicas, de nuestro ofrecimiento, eran afuera… en unas dos o tres veces en mi casa, en Polanco… –se detiene y bebe agua. Se hace un larguísimo silencio–. O en la casa de él también, en Santa Fe. También en restaurantes. Éramos él y yo. Nadie más.

–¿Tiene algún comprobante de los depósitos que se hicieron en las cuentas? –desea saber el fiscal, quien luego recibirá los documentos aportados por Meneses.

–Las cuentas no sé de quién eran. Él me las daba y después me confirmaba que había recibido los pagos.

–¿Hubo otros funcionarios públicos (implicados)?
–Era sólo con él. Si él dividía el pago, no tengo conocimiento.

—-

* Este reportaje es parte de las publicaciones de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por periodistas de Armando.info en Venezuela; La Nación de Argentina; La Prensa de Panamá; Sudestada de Uruguay; Quinto Elemento Lab de México, e IDL-Reporteros de Perú.

Aristegui Noticias
Ignacio Rodríguez Reyna
y Alejandra Xanic
Reportaje Especial
Quinto Elemento Lab*
Ciudad de México
Lunes 14 de agosto de 2017.

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