•    Empresarios, activistas y ONG califican cese de Nieto como represalia política y acto de cinismo

•    Oposición advierte que corresponde al Senado objetar o ratificar a Santiago Nieto en la FEPADE

Dos días después de que Santiago Nieto Castillo reveló que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI, la Procuraduría General de la República (PGR) lo cesó de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

En un escueto comunicado y sin dar detalles de qué motivo el despido, la PGR refirió que Santiago Nieto Castillo “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta” de la dependencia que se encuentra acéfala tras la renuncia de Raúl Cervantes.

Fue el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, quien “actuando en suplencia del Procurador General de la República”, informó de la decisión.

El miércoles pasado, el diario Reforma publicó una entrevista con el hasta hoy titular de la FEPADE en la que afirmó que Lozoya le envió una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012.

Y es que en agosto pasado la dependencia abrió una carpeta para investigar si una parte de los 10 millones de dólares que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de la brasileña Odebrecht se destinó al financiamiento de la campaña del PRI.

“Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en donde estudió. Nunca entendí esta parte.

“Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar’. Esto es lo que me parecía particularmente grave”, dijo Nieto al diario Reforma.

Según Nieto Castillo, la FEPADE prepara una acción penal contra quienes resulten responsables si se comprueba un posible financiamiento de Odebrecht a campañas electorales del PRI.

Entre los elementos de esa investigación estarían cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht ubicadas en las Islas Caimán, Suiza y Brasil.

Empresarios, activistas y ONG califican cese de Nieto como represalia política y acto de cinismo

Empresarios, activistas e integrantes de organizaciones ciudadanas reprobaron la destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), y calificaron la decisión como vergonzosa, cínica y sospechosa.

“Huele, y mucho, a represalia política, y confirma por qué necesitamos fiscalías independientes”, expresó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, quien dijo que se trata de una decisión muy delicada.

La medida pone en evidencia la dimensión de la corrupción que existe en el caso Odebrecht, secundó la presidenta del Consejo Rector de la organización, María Marván Laborde.

“El nivel de cinismo es intolerable. Primera vez que un Fiscal electoral servía para algo. No lo quieren ahí para el 2018”, denunció en sus redes sociales la exconsejera del Instituto Nacional Electoral.

Añadió: “Qué vergüenza y qué tristeza de País. Se cesa a un Fiscal por proteger la corrupción al más alto nivel ¿de qué tamaño es Odebrecht?”.

Por su parte, el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, fundador de AHORA, destacó que la remoción de Nieto es “una vuelta más a la tuerca de la impunidad, corrupción y cinismo”.

Es muy grave porque se registra después de que el fiscal de delitos electorales reveló las presiones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012, subrayó.

A su vez, el activista Alfredo Lecona acusó al “carnalismo” de haber removido a Nieto, en lo que podría considerarse como “la semana de la impunidad”.

Y el empresario Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sostuvo que la destitución del fiscal es un signo de intolerancia y del “neoautoritarismo” que está surgiendo en el país.

Oposición advierte que corresponde al Senado objetar o ratificar a Santiago Nieto en la FEPADE

Senadores de oposición cuestionaron la destitución de Santiago Nieto Castillo al frente de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), ya que corresponde al Senado objetar o ratificar a quien desempeñe ese cargo en un plazo de 10 días hábiles, según lo establece la Constitución en el artículo 102, párrafo VI.

El propio Nieto Castillo afirmó en su cuenta de Twitter que acudirá al Senado “en términos de la Constitución”.

“Soy un hombre de leyes. Creo en el Estado Constitucional de Derecho. Acudiré al Senado en términos de la Constitución”, advirtió el abogado, designado por la mayoría de los senadores como titular de la FEPADE a raíz de la reforma constitucional de 2014.

El coordinador de la bancada del PAN, Fernando Herrera, subrayó que el gobierno debe dar una “explicación puntual” de la remoción de Santiago Nieto, quien se convirtió en un funcionario “incómodo” por haber actuado contra personajes ligados al PRI en las elecciones del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.

Herrera recordó que también por la acción de Santiago Nieto, el exsenador del Partido Verde y entonces subsecretario de Participación Ciudadana, Arturo Escobar, fue consignado ante un juez en 2015 acusado de repartir tarjetas Premium Platino en los comicios de ese año.

A su vez, el vicecoordinador de la bancada del PT-Morena, Miguel Barbosa, aclaró que la destitución de Nieto Castillo se inscribe “en un conjunto de hechos que pronto irán corroborándose”.

Entre esos hechos señalados por Barbosa Huerta destacan la averiguación previa en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, e implicados en el presunto desvío de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial del 2012.

“De todos es conocida la cercana amistad de Emilio Lozoya con el presidente Enrique Peña Nieto y sus vínculos políticos y económicos que ponen a Lozoya como uno de los hombres más poderosos del sexenio y por tanto su condición de intocable”, fustigó Barbosa.

El senador poblano también vinculó el caso Odebrecht con la dimisión del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade.

“No presentó su renuncia voluntariamente, sino que se la pidieron por haber avanzado en la investigación de los sobornos de Odebrecht”, reveló Barbosa.

La senadora Dolores Padierna recordó que el fiscal Santiago Nieto llevaba “casos emblemáticos” de corrupción vinculados a los comicios y presunta triangulación de recursos públicos, como fueron el caso de OHL en el Estado de México, el caso de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua acusado de desviar recursos de la burocracia a la campaña del PRI, o el caso de la diputada local veracruzana Eva Cadena, que recibió sobornos presuntamente para Morena.

Proceso
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Viernes 20 de octubre de 2017.


Emilio Lozoya exigió que lo exoneraran y una disculpa pública por el ‘caso Odebrecht’

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, presionó para que se le declarara inocente y se le ofreciera una disculpa pública. Así lo asegura Santiago Nieto, el fiscal especializado en delitos electorales, en una entrevista publicada este martes por el periódico Reforma. Lozoya había sido señalado en agosto pasado por supuestamente recibir 10 millones de dólares en sobornos, según el testimonio de tres ex directivos de Odebrecht a la Justicia brasileña. Nieto investiga si parte de ese dinero terminó en la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, en la que Lozoya participaba como jefe de asuntos internacionales.

"Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en donde estudió. Nunca entendí esta parte", relata Nieto. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) abrió el expediente sobre Lozoya en agosto, el mismo mes que los reportes periodísticos lo acusaban de corrupción.

"Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que 'soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar'. Esto es lo que me parecía particularmente grave", recoge Reforma. Lozoya, uno de los hombres de confianza de Peña Nieto, desmintió en su momento las acusaciones y negó que existieran evidencias en su contra. "Mi consciencia está tranquila", dijo Lozoya, quien dejó la dirección de Pemex en 2016. "Es falso. En ningún momento se pide impunidad, se pide aclaración o se pide que lo liberen. Solamente se pide que lo citen para que se aclare lo que la Fiscalía imputó", ha dicho a El Financiero Javier Coello Trejo, el abogado de Lozoya, sobre los dichos de Nieto.

Nieto afirma que hay indicios de un supuesto financiamiento de Odebrecht a campañas del Partido Revolucionario Institucional y que prepara una denuncia contra los responsables. Reforma cita como elementos de la investigación cuentas bancarias ligadas a Lozoya y Odebrecht en las islas Caimán, Suiza y Brasil.

Raúl Cervantes, extitular de la Procuraduría General de la República (el equivalente a la Fiscalía nacional), dijo tras presentar su renuncia este lunes que había concluido "las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se hayan visto".

El titular de la FEPADE, ocupado de la deriva electoral del caso, ha optado por la cautela y no ha dado más detalles sobre la pesquisa en curso. "Es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas", sentenció Nieto.

El País
Reforma
Ciudad de México
Miércoles 18 de octubre de 2017.


La petición está registrada con el número 839/2017 en el Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal

Un informe oficial indica que, por pedido de la PGR, también la Secretaría de la Función Pública le abrió una investigación de evolución patrimonial

Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, interpuso una solicitud de amparo en contra de actuaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

En diciembre del año pasado Estados Unidos dio a conocer que la firma brasileña Odebrecht repartió sobornos millonarios en distintos países para obtener contratos de obra pública, entre ellos México.

Según las acusaciones de directivos de la empresa, le fueron entregados 10.5 millones de dólares al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien ha respondido que las imputaciones son falsas y difamatorias.

La Fepade indaga si parte de estos recursos fueron usados como financiamiento ilegal en la elección de 2012.

La solicitud de amparo está radicada en el Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México bajo el número 839/2017, y se argumenta que Lozoya no ha tenido acceso a la averiguación, y tampoco se le ha solicitado rendir declaración.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 11/10/2017.


Pemex registra 28 hurtos al día durante este año en su infraestructura de transporte de gasolina. La empresa pierde cerca de 23,000 barriles diarios de combustible.

El número de tomas clandestinas a los ductos en los que Pemex transporta combustibles lleva un ritmo que puede romper el récord del año pasado, cuando llegó a las 6,873 'picaduras', según estimaciones de la consultora AT Kearney.

“Las cifras publicadas por Pemex muestran que el fenómeno se está volviendo cada vez más grave. Durante 2016, la empresa perdió aproximadamente 23,000 barriles diarios de combustible, lo cual equivale a un valor cercano a 500 millones de dólares (mdd). Reportes preliminares de 2017 registran más de 5,000 tomas en la primera mitad del año, cerca de 28 por día, acelerándose aún más el crecimiento del problema”, explica el reporte de la consultora.

Los casos de intentos de robos a la infraestructura de la petrolera nacional crecieron en 3,127%, al pasar de 213 en 2006 a 5,873 en 2016, dice el estudio.

Las empresas que quieren invertir en el segmento de las gasolineras en México deberán prestar cada vez más atención a este tema, teniendo en cuenta que, una vez que puedan importar productos y los precios se liberen, las pérdidas de combustible pueden verse reflejadas en el precio consumidor final, apunta Raymundo Sánchez, socio de AT Kearney.

La liberación gradual de los precios del combustible a lo largo de este año ha atraído la inversión de gigantes energéticas como Exxon, Shell, Chevron y Texaco, así como de grupos nacionales como G500, Oxxo o 7-Eleven.

“Si pierden el combustible por las tomas clandestinas, y eso les cuesta, al final van a reflejarlo al cliente. Por eso les debe importar a los inversores”, dice el experto.

El estudio pone el ejemplo de Nigeria, como un caso a evitar. El país africano pierde cerca de 1,500 mdd al mes por daños causados por el robo de petróleo crudo, que luego se refina en plantas 'caseras' y que generan daños a la infraestructura y al medioambiente.

“El caso de Nigeria representa un ejemplo de la escala a la cual puede llegar este problema cuando no se abordan de manera holística las circunstancias que lo facilitan”, destaca el estudio.

En cambio, el caso de Colombia es un ejemplo a seguir, que muestra que es necesario atender el problema no sólo desde la contención del delito, a través de la vigilancia de la infraestructura, sino también 'atacando' la comercialización ilegal de combustibles.

“A partir de 2004, las acciones del gobierno y de Ecopetrol llevaron a una reducción del robo en un 95%, desde más de 8,000 barriles diarios en 2002 hasta aproximadamente 440 en 2014”, agrega el estudio.

Expansión
Edgar Sigler
Ciudad de México
Martes 5 de septiembre de 2017.


Al menos dos gasolineras, propiedad de Othón Muñoz Bravo, fueron clausuradas por el Ayuntamiento de Puebla luego de que se efectuó la audiencia en su contra en la que se le vinculó a proceso por tres delitos.

El área de Normatividad colocó sellos de clausura en la estación ubicada en el Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu 927.

Mientras que en la estación de Servicio Rápido y Furioso SA de CV, ubicada en la Diagonal Defensores de la República, personal del Ayuntamiento confirmó la clausura.

Sin embargo, personal de la estación negó los hechos al asegurar que frenaron operaciones tras una decisión de la empresa, mientras que las bombas las cubrieron con bolsas de plástico.

El operativo de clausura se llevó a cabo mientras la audiencia de vinculación a proceso del empresario se realizaba en la Casa de Justicia de Cholula.

El juez lo vinculó por los delitos de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y delitos contra la salud en su modalidad de comercio.

También determinó prisión preventiva necesaria por el tiempo que dure su proceso para garantizar que el empresario enfrente los delitos que se le imputaron.

Reforma
Norma Herrera/Corresponsal
Ciudad de Puebla, México
Msrtes 29 de agosto de 2017.


Pemex argumenta que está sin fondos económicos para indemnizar a campesinos con terrenos siniestrados por derrames de combustible

Hace tres años, en 2014, las tierras de José Luis Agustín, un campesino del municipio de Tepeaca, Puebla, fueron de las tantas hectáreas que se afectaron por un derrame a causa de una ordeña en uno de los gasoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Toda su cosecha de betabel de ese año, una de las que más ganancias le dejaría a él y a su familia, se perdió por el crudo que recorrió esas tierras, producto de una ordeña que él no hizo.  El daño no quedó ahí.

A los pocos días, el gestor de Pemex, Julián Carrera Márquez, se presentó a elaborar la cotización del total de las pérdidas. Según narró el propio trabajador, el funcionario sólo le ofreció un pago de 10 mil pesos por siembra, cuando José Luis aseguró que lo mínimo que podía obtener en el mercado por su producción eran 50 mil pesos. Pese a todo, lo aceptó.

Pero las violaciones a sus derechos y su propiedad continuaron: “Tengo tres años con ese documento en mis manos y no he recibido ni un pago. Mi terreno no lo puedo cultivar porque quedó infértil. Yo solamente les pedí que me dieran un terreno para poder trabajar. Ellos me dijeron que me iban a pagar, pero que me esperara, porque por el momento no tenía fondos Pemex”.

Al menos otros 500 campesinos de 13 municipios de Puebla padecen la misma situación que José Luis, según denunció hoy en conferencia de prensa la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural.

Cecilia García Sánchez, directora de la organización Anauatlali, explicó que desde hace más de 30 años Pemex “ha faltado en su promesa de indemnización” a los campesinos del llamado “Triángulo Rojo”, los 30 kilómetros por donde pasan los gasoductos de la empresa estatal y por donde prolifera el problema de la ordeña por los llamados “huachicoleros”.

La activista también evidenció que Puebla es el estado más afectado. Sin embargo, Querétaro, el Estado de México y Tabasco son otras de las regiones con más daños ocasionados por el robo de hidrocarburos que provoca derrames, incendios y la falta de indemnización de Pemex.

“No podemos precisar una cantidad, pero de las 500 hectáreas de las que tenemos registrado dañadas, el costo asciende a millones de pesos, porque no se trata sólo de cultivos, sino de daños que se cuentan por años a las tierras de los campesinos, contaminación de mantos acuíferos, afectaciones a la salud por metales pesado”, detalló García Sánchez.

Salvador Briseño Ramírez dijo que a pesar de los más de 200 escritos de queja y solicitudes de pago que la asociación ha hecho llegar a la Subdirección de Administración Patrimonial, a cargo de José Antonio Negroe Ortega, “no hay respuesta”. Por el contrario, Pemex ha pedido a los campesinos y la misma asociación que sean “indulgentes”.

Los campesinos también acusaron que cuando los gestores elaboran las cotizaciones de reparación de daño, lo hacen con base en precios mínimos, que no alcanzan a cubrir la totalidad de los daños.

Además, señalaron que cuando sus tierras llegan estar cerca de los gasoductos, son presionados por las autoridades locales y los mismos trabajadores de Pemex para que emitan declaraciones falsas sobre presunta responsabilidad por el robo de combustible.

Sin trabajo, cansados de los oídos sordos de Pemex, los campesinos además acusaron:

“El ejército y las brigadas de Pemex dañan nuestros caminos. Eso debe considerado el gobierno porque con esos daños a los cultivos nos cuesta más trabajo sacar nuestros productos al mercado. Cuando yo voy a ofrecerlo no me lo quieren comprar porque nuestras hortalizas ya están muy dañadas”.

La asociación Anauatlali, que además lleva la representación legal del caso, finalizó al decir adelantar que interpondrán denuncias en la Procuraduría General de la República (PGR) por la falta de pagos y que, de no obtener respuesta, iniciarán movilizaciones en la capital.

“Estamos hartos. Sólo queremos trabajar, queremos comer”, concluyó Marco Martínez, otro de los campesinos afectados.

Proceso
Areli Villalobos
Ciudad de México
Martes 29 de agosto de 2017.


El INAI ordena a Hacienda dar nombre de empresas fantasma vinculadas con robo de combustible


La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá buscar y dar a conocer el nombre y giro de 70 mil empresas fachada o “fantasma” que emiten facturas falsas para la compra y venta de gasolina robada, así como las cantidades facturadas, según instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos indicó que “de enero a junio del presente año, se han reportado en todo el país un total de 5 mil 75 tomas clandestinas, de las cuales 991 están en el estado de Guanajuato, entidad federativa que reporta el mayor número de las mismas. Pero el robo de hidrocarburos no es exclusivo de Guanajuato, y el ilícito se ha reportado o se ha evidenciado en otros lugares, entre ellos Puebla, en el llamado triángulo rojo, en Tamaulipas, Veracruz, Estado de México e Hidalgo, según datos que Pemex mismo reporta”.

Kurczyn Villalobos señaló que, según datos de la Consultora BMI Research, el robo de combustibles en la red de ductos de Pemex, ha generado pérdidas por 7 mil 800 millones de dólares, en los últimos 10 años.

En respuesta al particular que solicitó esa información, el sujeto obligado se declaró incompetente, sugiriéndole presentar su petición ante la Unidad de Transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Inconforme con la incompetencia declarada, el particular presentó recurso de revisión ante el INAI.

En alegatos, la SHCP precisó que turnó el requerimiento a la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual, reiteró la incompetencia, toda vez que carece de facultades de investigación de ilícitos; de igual forma, indicó que entregó la solicitud a la Dirección General de Delitos Fiscales, misma que dijo no contar con la información, ya que no está a cargo de la investigación de interés del particular.

En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada Kurczyn Villalobos, en principio, determinó que la SHCP sí es competente para conocer de la información, ya que, través de su Dirección General de Delitos Fiscales, su Unidad de Inteligencia Financiera y su Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, conoce de la materia de la solicitud.

Se expuso que si bien, la solicitud se turnó a la Dirección General de Delitos Fiscales, ésta señaló que no se encuentra a cargo de la investigación de interés del particular.

Sin embargo, se advirtió que el particular no requirió un reporte de la investigación o la investigación en general, y sólo quiere conocer el nombre y giro de las empresas “fantasma”, así como las cantidades facturadas.

En ese sentido, se consideró que la Dirección General de Delitos Fiscales realizó la búsqueda de la información bajo un criterio restrictivo, ya que ciñó la misma a la investigación de manera general.

Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera únicamente precisó que no cuenta con facultades para la investigación de delitos, omitiendo realizar la búsqueda.

Al respecto, la ponencia localizó el Reglamento Interior del SAT, mismo que, establece que cuenta con la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, la cual se encarga de manera específica, de llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos en el Código Fiscal de la Federación, relacionados con la emisión de comprobantes que amparen operaciones inexistentes.

Además, dicha Administración General adscrita al SAT, se encarga de informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, respecto de los asuntos que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y supervisión, que estén o pudieran estar relacionados con los delitos referidos en el Código Penal Federal, lo que genera su competencia para conocer de lo requerido.

Por otra parte, en el portal electrónico del sujeto obligado, se localizó un comunicado de prensa, en el cual se establece que la Unidad de Inteligencia Financiera participó en un operativo conjunto con distintas dependencias, para llevar a cabo la suspensión de actividades de siete gasolineras que se presume presentaron irregularidades e inconsistencias fiscales; asimismo, se encontró que el objetivo de la estrategia fue combatir el mercado ilícito de gasolina y la evasión fiscal, entre otros.

De igual forma, la secretaría cuenta con la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, encargada de investigar los hechos relacionados con la probable comisión de delitos fiscales y defraudación fiscal y equiparables; además, recaba y analiza las constancias, documentos, informes, declaraciones y cualquier otra prueba, relacionada con esos ilícitos. Sin embargo, a pesar de su competencia, la dependencia omitió realizar la búsqueda en sus archivos.

En ese contexto, aun cuando existe competencia concurrente por parte de la SHCP y el SAT, para conocer de lo solicitado, esto no exime a la dependencia de realizar una búsqueda exhaustiva de la información, ya que cuenta con unidades administrativas que pueden conocer de la misma.

En suma, se consideró fundado el agravio del particular, toda vez que la SHCP es competente para conocer de lo requerido; asimismo, se determinó que no cumplió con el procedimiento de búsqueda, previsto en la Ley Federal de Transparencia.

Por lo anterior, a propuesta de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la SHCP y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información en su Dirección General de Delitos Fiscales, su Unidad de Inteligencia Financiera y su Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, y entregarla al particular, en los términos referidos.

Proceso
Ciudad de México
Lunes 28 de agosto de 2017.

Durante los tres años en los que Emilio Lozoya ocupó la dirección de Pemex, la producción de la empresa pasó de 2.55 millones de barriles de petróleo a 2.15 millones.

Durante los tres años en los que Emilio Lozoya ocupó la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex), la producción de la empresa pasó de 2.55 millones de barriles de petróleo promedio diario a 2.15 millones, una diferencia de 4.1% entre el 2012 y el 2016. En sentido contrario, el número de tomas clandestinas de combustible en la infraestructura de la petrolera creció más de 40%, en el mismo periodo, al pasar de 1,635 tomas clandestinas detectadas en el 2012 a 6,873 tomas clandestinas, en el 2016.

Emilio Lozoya Austin fue uno de los mayores impulsores de la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada a finales del 2013 por el Congreso de la Unión y por al menos la mitad de los congresos locales. De acuerdo con Lozoya, la desaparición de la distinción legal entre petroquímica básica y petroquímica permitiría que los particulares pudieran desarrollar ambas actividades, lo que podría desarrollar nuevas inversiones dentro del sector.

Durante casi todo el 2014, el trabajo de Lozoya se orientó a la restructuración de la petrolera estatal mexicana, misma que no se oficializó hasta el 2015 y con la que quedó constituida como una empresa compuesta por dos subsidiarias: Exploración y Producción y Transformación Industrial; así como otras cinco filiales: Perforación, Logística, Fertilizantes, Etileno y Cogeneración y servicios.

A finales del 2014, antes de que se completara la restructuración de Pemex, comenzaron a caer precipitadamente los precios del petróleo a nivel internacional, hasta llegar a un precio mínimo de 26 dólares por barril, para después estabilizarse en un aproximado de 40 dólares por barril. Para hacer frente a esta situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decretó un primer recorte de 62,000 millones de pesos del presupuesto de la petrolera que después alcanzó los 100,000 millones de pesos.

Esta medida afectó a muchos trabajadores de la compañía, que sufrió importantes recortes de personal; además de que la estatal dejó de realizar inversiones que le dieran continuidad a sus proyectos y dejó de pagar a proveedores y contratistas, con lo que acumuló una deuda de 147,000 millones de pesos, que la dirección actual ha ido saldando en distintos momentos.

Durante la gestión de Lozoya Austin, Pemex reactivó además su negocio de fertilizantes, con un gasto de 1,395 millones de dólares para la compra de la planta de Agro Nitrogenados y Fertinal, las cuales no han generado ingresos para la empresa hasta el momento. La gestión de Lozoya también fue responsable de la instalación de un laboratorio en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; además de que también ocurrió el relanzamiento de la franquicia Pemex.

A mediados del 2015, Lozoya anticipó, durante una exposición de temas relacionados con la industria energética mexicana en Houston, Estados Unidos, que México alcanzaría una producción de 3 millones de barriles diarios en el 2018, una meta que ahora se antoja difícil de alcanzar cuando la producción es casi 1 millón de barriles menor que la meta esperada a tan sólo un año.

Lozoya presumió de nuevo a finales del 2015, al afirmar que la restructuración de Pemex se había llevado a cabo en un tiempo récord de tan sólo ocho meses, además de que es considerada la más grande renovación de la petrolera en los últimos 20 años. Sin embargo, apenas un año después de esta renovación, con la llegada de José Antonio González Anaya, el nuevo plan de negocios de la compañía implicó la desaparición de al menos dos de las subsidiarias creadas por Lozoya: Fertilizantes y Etileno.

El Economista.
Luis Carriles, Karol García,
Jesús Vázquez y Mauricio Rubí
Ciudad de México
Domingo 20 de agosto de 2017.

  • La detección de tomas clandestinas pasó de 324 en 2007, a 6 mil 873 en 2016; Puebla es el nuevo líder y rompe récord, pero le siguen Guanajuato, Tamaulipas y Edomex
  • Según datos obtenidos por transparencia, hasta 2012 Veracruz lideraba la ordeña de ductos, pero en los últimos años los huachicoleros han puesto a Puebla a la cabeza

Apenas tocó el timbre y desde el segundo piso del inmueble se asomaron a la calle para gritar: “¿Quién?”. No hubo necesidad de esperar respuesta al ver el garrafón. Sabían a qué iba. Enseguida entreabrieron la puerta de metal, un brazo requemado por el sol se asomó para tomar el recipiente y la orden de litros de combustible. Él pidió de “la verde”, le dijeron que esperara un momento y cerraron.

Esa fue la primera vez que José acudió a comprar gasolina robada. Eran los primeros días de 2017 y los primeros gasolinazos del mes. Sus amigos —otros operadores de transporte público como él—, le dijeron dónde comprar a siete pesos el litro, en un lugar ubicado en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Tras cinco minutos, un sujeto regordete, de tez morena y de alrededor de 40 años, salió para entregarle su mercancía. El conductor nunca se preguntó de dónde provenía el combustible, sólo regresó a su vehículo y lo vació en el tanque. Es muy probable que haya salido de una de las 23 mil 237 tomas clandestinas que localizó Petróleos Mexicanos (Pemex) en el país, del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con datos obtenidos a través de transparencia en poder de EL UNIVERSAL.

La ordeña de ductos no para de crecer desde 2007, cuando se detectaron 324 tomas clandestinas; luego se registraron 392, en 2008; 462, en 2009; 691, en 2010; mil 361, en 2011; mil 635, en 2012; 2 mil 612, en 2013; 3 mil 635, en 2014; 5 mil 252, en 2015, hasta llegar a 6 mil 873, en 2016.

La Puebla del PAN a la cabeza de la ordeña

El foco de atención se ha situado en Puebla, donde los enfrentamientos y operativos contra huachicoleros han sacado a la luz que este estado lidera la localización de tomas clandestinas: el año pasado detectaron mil 533, la cifra más alta en la historia. Hasta 2012, Veracruz encabezaba la ordeña de ductos, pero en los últimos años ha sido superado por Tamaulipas y Guanajuato. El Estado de México casi ha cuadriplicado su presencia en este deshonroso ranking. Y Jalisco “no canta mal las rancheras”.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ha declarado que este delito le cuesta al país entre 15 mil y 20 mil millones de pesos al año.

Para poner en contexto lo que representa esta cifra, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 se le destinó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 26 mil 121 millones 176 mil 542 pesos: una cifra similar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt): más de 26 mil mdp.

Empleados de Pemex involucrados

Martín Gabriel Barrón Cruz, profesor e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), destaca que este delito está vinculado a tres vertientes: primero, “para poder mover las unidades que utiliza la delincuencia organizada; luego, en el uso de la gasolina para producción de drogas sintéticas, y en tercera instancia, para su venta”. Pero el fenómeno, destaca, data de años atrás.

“La extracción siempre ha estado ahí y ha sido una constante”, aunque para 2006 “se le sumó la delincuencia organizada”. Para hacer una extracción alguien debe conocer dónde se ubican, dónde pasan y cómo funcionan los ductos, puesto que algunos son para gas natural, gasolina, etcétera, y no se pueden mezclar.

“Los empleados de Pemex son los que conocen cómo controlar, qué herramientas usar para que no te estalle la extracción de hidrocarburos, aunque ha habido casos donde se ha presentado esto por una mala práctica, por no contar con las herramientas necesarias para poder hacer esto. Hay que vincular el fenómeno también con la propia empresa petrolera”, señala.

Tan sólo 144 trabajadores de Pemex fueron detenidos por robo de hidrocarburos de enero de 2007 a enero de 2017, según datos otorgados vía transparencia. Las entidades con mayor participación de empleados en este ilícito son: Veracruz, con 44; Tabasco, con 31; Tamaulipas, con 17; Hidalgo, con 11, y Guanajuato, con 10.

Señala que existen 164 “denuncias en las que participaron trabajadores en delitos de robo de hidrocarburo” en el mismo periodo. Es decir, en esta red de saqueos parte del enemigo está dentro de sus filas.

La Policía Federal (PF) detuvo a 2 mil 969 personas en toda la República por el robo de hidrocarburos del 1 de enero de 2007 al 8 de enero de 2017. En primer lugar, se posiciona el Estado de México, con 417, le siguen Guanajuato, con 337; Puebla, con 221; Tamaulipas, con 200, y Veracruz, con 149.

El atlas de ductos

Luis Alarcón —quien pide usar nombre ficticio por seguridad—, ingeniero petroquímico y ex trabajador de Pemex del complejo Pajaritos, Veracruz, dice que la información de ductos de la paraestatal está en el “atlas de redes de ductos”. Son archivos donde vienen los planos, contienen información cifrada en códigos y también con los nombres de los productos que se manejan. Esta información no es absolutamente confidencial —añade—, son casi públicos a nivel gubernamental en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, explica el ex empleado. Además, cuenta, a éstos también han tenido acceso empresas privadas que han construido parte de la infraestructura de los ductos de Pemex en los 15 años recientes.

La ruta del hurto de hidrocarburos

Una vez localizada la toma de Pemex, el soldador acompañado de su equipo y el material especial para evitar una ignición, comienza con la perforación para después colocar una válvula por donde va a estar circulando el combustible. A esto se le llama tapping y como mínimo de tiempo requiere de 6 a 8 horas de trabajo, pero el resultado generará jugosas ganancias para ordeñas a futuro. Tan sólo entre una y dos horas —depende la presión del ducto— la extracción será de 10 mil litros, promedio, según los cálculos del ingeniero petroquímico. Una vez extraído el combustible, se transporta en diversos vehículos hasta el consumidor final. Aunque los que tuvieron otro destino, fueron 3 mil 994 “vehículos involucrados en la posible sustracción ilícita de probable hidrocarburo” que aseguró la PF de enero de 2007 a diciembre de 2016.

Las entidades que se posicionan en los primeros lugares son: Guanajuato, con 693; Tamaulipas, con 547; Puebla, con 353; Estado de México, con 345, y Jalisco, con 212.

Alarcón explica que los ductos de la paraestatal también tienen “drenes” de una pulgada que sirve para la ordeña.

Pocos detenidos por venta ilegal de gasolina

Las ocasiones que José acudió a la casa para abastecerse de gasolina para su vehículo fueron contadas. Quien lo atendía era el mismo tipo o una señora de alrededor de 45 años. El trato con ambos era distante, buscaban interactuar lo menos posible con los clientes.

A finales de febrero fue una vez más. Al tocar la puerta nadie se asomó, tampoco le abrieron. Días después volvió, pero al llamar sólo escuchó una voz del interior que dijo “ya no hay”. Desde ese día no regresó, algo no marchaba bien, aunque nunca se enteró si los habían detenido, como ocurrió con las 615 personas arrestadas por la Policía Federal por venta ilegal de gasolina en el país de 2007 a diciembre de 2016, de acuerdo con datos de Infomex.

Por la misma causa, la PGR detuvo a 187 personas de enero de 2010 a diciembre de 2016. El chofer tampoco supo si en el lugar hubo un operativo como pasó con los 516 inmuebles asegurados por Pemex, por la venta ilegal de hidrocarburos en estos últimos 10 años. La PGR, hizo lo mismo con 46 en los 5 años recientes.

La empresa del Estado también localizó otros 62 inmuebles que fueron asegurados por el delito de “robo de hidrocarburos en su modalidad de toma clandestina” de 2007 a 2015.

El dueño no sabe que es gasolina robada

El operador de transporte público cuenta que, si encontrará de nuevo lugares clandestinos para adquirir gasolina, lo pensaría dos veces. Puesto que a partir de lo que ha leído, escuchado en las noticias y las experiencias con sus amigos, la gasolina robada y a un bajo precio, no le garantiza que esté refinada. Entonces, no arriesgaría su vehículo, del que es dueño y representa la fuente de sus ingresos para mantener a su familia, porque lo podría dañar.

Prefiere pagar en una gasolinería, a comprarla en un establecimiento ilegal, aunque otros choferes como él sí lo harían, porque no tienen una obligación, no son dueños de los carros que trabajan: “Les vale, la cosa es sacar más dinero para ellos y no cuidar el bienestar del automóvil”, dice. Al final, a quien le costará arreglarlo será al dueño, y éste nunca se va a enterar que le están poniendo gasolina robada.

El Universal
Andrés M Estrada
Periodismo de investigación
Ciudad de México / Puebla
Sábado 19 de agosto de 2017.


Emilio Lozoya Austin pagó de contado una casa de 38.1 millones de pesos semanas antes de que arrancara la Administración de Enrique Peña Nieto y de que asumiera la dirección de Pemex.

De acuerdo con la primera declaración patrimonial que presentó como titular de la empresa, compró una casa con valor de 38 millones 175 mil pesos el 14 de noviembre de 2012.

En esa fecha, Lozoya era coordinador de asuntos internacionales del equipo de transición de Peña Nieto.

REFORMA publicó que durante las campañas electorales de 2012, Odebrecht habría transferido 3.1 millones de dólares a una empresa en Islas Vírgenes, presuntamente ligada a Lozoya.

La declaración patrimonial del ex director de Pemex, fechada el 10 de enero de 2013, indica que la forma de operación de la propiedad fue "contado".

Detalla que el bien tiene una extensión mil 165 metros cuadrados de terreno, donde hay una superficie construida de mil metros cuadrados.

En la misma declaración, Lozoya informó que posee distintas joyas, como cuatro relojes Patek Philippe con valor acumulado de 160 mil dólares.

También un reloj Frank Muller de 40 mil dólares, obras diversas con valor de 300 mil dólares, un cuadro de Salvador Dalí valuado en 50 mil dólares, y 4 cuadros de Luis Zárate de 400 mil dólares.

Lozoya reportó que también poseía un cuadro de Picasso de 500 mil dólares americanos, aunque aclaró que se trata de una herencia que data de octubre de 2008.

En los datos patrimoniales de la declaración, el ex funcionario investigado por presuntos sobornos de Odebrecht reportó que tenía 10 distintas cuentas bancarias e inversiones.

"El servidor público no proporcionó información de adeudos a su nombre", agrega la versión pública.

En su siguiente declaración, fechada el 30 de mayo de 2013, volvió a reportar la posesión de la casa de mil 165 metros cuadrados, pero en la versión pública ya no aparece el valor de la misma, como tampoco el de los bienes muebles.

El 27 de mayo de 2014, Lozoya añadió a sus datos patrimoniales la adquisición de un vehículo Acura modelo 2013 que, según la declaración, adquirió a crédito.

De acuerdo con registros públicos, en su declaración de 2015 prácticamente no hizo cambios, mientras que en la de 2016 -de conclusión- no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.

"No estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés", se lee en la declaración patrimonial fechada el 5 de abril de 2016.

Tras una gestión marcada por el deterioro en la producción de crudo y acusaciones de corrupción, el 8 febrero de 2016 Lozoya dejó la dirección de Pemex.

Puebl@Media
Antonio Baranda
Ciudad de México
Martes 15 de agosto de 2017.

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