Un camión del Ejército Mexicano volcó la tarde del domingo en la localidad Cuesta Blanca, perteneciente al municipio de Palmar de Bravo, cuando los militares perseguían a los tripulantes de una camioneta que era utilizada para transportar hidrocarburo robado de los ductos de Pemex.

Según un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, ocho elementos del Ejército resultaron con heridas “leves” por lo que tuvieron que ser trasladados a recibir atención médica.

Por la mañana algunos medios aseguraron que el percance de los militares se debió a que un grupo de pobladores de la comunidad de Cuesta Blanca había atacado al convoy del Ejército con palos, piedras y hasta armas de fuego.

Sin embargo, tanto la Sedena como la SSP desmintieron esa versión al asegurar que se trató de un accidente, luego de que los militares perseguían a una camioneta de supuestos “huachicoleros”.

De acuerdo con la versión oficial, el camión del Ejército chocó con la camioneta negra que era tripulada por los “huachicoleros”, lo que provocó que saliera del camino y volcara.

Para confirmar esto, la SSP proporcionó un video en el que se pueden observar las dos unidades, tanto la militar como la de los supuestos delincuentes, recién accidentadas, y los soldados lesionados en el suelo, que son auxiliados por sus compañeros.

Con esto la dependencia igual desmintió que las lesiones de los militares se hayan debido a disparos o piedras lanzadas por los supuestos pobladores de la comunidad Cuesta Blanca, que supuestamente estaban molestos por un operativo llevado a cabo contra ladrones de combustible.

De hecho, la SSP señala que elementos de la Policía Estatal Preventiva llegaron en esos momentos al lugar y que, al no estar en la unidad volcada, no sufrieron ninguna lesión.

En el comunicado no se menciona qué ocurrió con los tripulantes de la camioneta, sin embargo, algunos testimonios aseguran que los delincuentes abandonaron el vehículo y huyeron del lugar a pie, adentrándose en el monte.

Los medios locales habían divulgado que el percance de los soldados se debió a un ataque de pobladores, como ya han ocurrido otros en comunidades poblanas ubicadas en la llamada zona del “Triángulo Rojo”, donde prolifera el robo de combustibles a Pemex.

Primera versión

Habitantes de un municipio poblano que se encuentra en la zona de alta incidencia de chupaductos, atacaron un convoy del Ejército Mexicano e incluso volcaron un camión de transporte de tropa.

A pesar de los reportes policiacos, fuentes castrenses aseguraron que solo se trató de un incidente con el conductor de una camioneta que transportaba hidrocarburo robado, lo que originó la volcadura y la lesión a ocho militares.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer domingo en la comunidad de Cuesta Blanca del municipio de Palmar de Bravo, asentado en el llamado Triángulo Rojo, donde las bandas de la delincuencia organizada tienen el control total del territorio.

Los militares, que participan en un operativo especial de combate a los llamados huachicoleros, fueron atacados para evitar que se llevaran dos camionetas aseguradas con combustible hurtado.  

Los reportes policiacos, señalan que los pobladores armados con palos, machetes y una que otra arma de fuego emboscaron a los militares en un camino de terracería que conduce a la localidad de Guadalupe Piletas.

Los habitantes, quienes tienen como forma de vida el robo de combustible, detuvieron una pesada unidad y a los militares que viajaban en ella.

El Ejército mexicano se vio en la necesidad de enviar más efectivos y unidades para rescatar a sus compañeros y llevarse las unidades aseguradas.

El Universal / Proceso
Gabriela Hernández
Edgar Ávila Pérez / Corresponsal
Ciudad de Puebla, México
Lunes 27 de marzo de 2017.


El siniestro se registró durante la madrugada en el municipio poblano de Acatzingo, en un ducto que era utilizado por chupaductos para extraer hidrocarburo


Una  toma clandestina en un ducto de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó un fuerte incendio en el municipio poblano de Acatzingo. Fue durante la madrugada de hoy que inició la conflagración en el ducto que era utilizado por chupaductos para extraer hidrocarburo.

De acuerdo con las fuentes policiales, el incendio ocurrió en las cercanías de la comunidad de Progreso de Juárez, donde además dos camionetas utilizadas por los delincuentes quedaron consumidas por las llamas.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Policía Estatal y de Seguridad Física de Pemex acudieron a la zona para ayudar en las labores  de sofocamiento.

Los informes oficiales, señalan que durante el año pasado (2016) se registraron en territorio nacional un total de 6 mil 848 tomas  clandestinas en ductos de Pemex.

De ese total, mil 589 tomas ocurrieron en Puebla, lo que representó el 23 por ciento nacional.

Mediante su cuenta en Twitter @PC_Estatal, el organismo informó que “Por seguridad se evacuan a tres familias y se acordona área de trabajo mientras se controla incendio en la TC”.

PC y Policía de Acatzingo, PC_Estatal, Sedena y Pemex. Esta última cerrando válvulas para apagar el fuego en TC de Acatzingo y sellarla. pic.twitter.com/mKSBsGkd1D

— PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) 21 de marzo de 2017.

El Universal
Edgar Ávila Pérez / Corresponsal
Acatzingo, Puebla / Puebla, Mx.
Sábado 25 de marzo de 2017.


Antonio Gali Fayad anunció que su Gobierno presentó denuncias contra los huachicoleros ante la Procuraduría General de la República (PGR) por explotación de menores, ya que, presuntamente, utilizan a niños en acciones relacionadas con el robo de combustible.

El mandatario no especificó en contra de quién es la acción legal, pero refirió que se trata de una medida para recuperar a los niños de las bandas de la delincuencia.

Manifestó que el problema consiste en que introducen a los niños en el ámbito delincuencial y con ello cortan su libertad de desarrollarse personalmente y de obtener una preparación académica.

"Desgraciadamente aquí también hay familiares y amigos (que introducen a los niños en el robo de combustible), no sólo para la venta del producto sino para que echen agua (halcones) a los delincuentes", refirió el Mandatario estatal.

"En este momento (la denuncia) es por alrededor de 12 (casos) específicamente en cuestión de huachicoleros que están en Palmar de Bravo y no queremos que aumente y esa es la intención de presentar la denuncia", dijo el Gobernador.

Antonio Gali admitió que debido a la participación de menores de edad en actividades ilícitas hay inquietud en instituciones educativas por presuntas amenazas a maestros, quienes demandan la presencia de sus alumnos en aulas.

Aseguró que hay coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la 25 Zona Militar y otras instituciones, para asesorar a los profesores y puedan continuar con sus actividades en las escuelas de la región de influencia de las bandas de huachicoleros.

El titular del Ejecutivo estatal anunció que el próximo 16 de marzo llegarán a Puebla un total de 500 elementos de la Policía Militar para reforzar las acciones contra estos grupos criminales.

Gali llamó a los 217 presidentes municipales de Puebla, pero en particular a los que gobiernan el corredor de los huachicoleros a no vincularse con estos grupos.

Aceptó que los dos factores que provocan que crezca esa actividad es la corrupción y la impunidad, pero pidió a los alcaldes que no se dejen llevar por el dinero sino por el respeto a la ley y su vocación de servir.

"Hay que ver la desgracia de recibir un peso o más, un peso, 100 pesos, mil pesos, porque al tenerlos en la bolsa una vez, difícilmente van a poder dejarlo", manifestó el Mandatario.

Reforma
Francisco Rivas
Puebla, México
Martes 14 de marzo de 2017.


•    Detenido el edil de Atzitzintla y aseguradas 16 armas largas y 3 granadas de fragmentación


•    Asesinos de tres agentes FISDAI están ligados con Los Zetas


Un total de 87 personas fueron detenidas por las ejecuciones de los tres agentes de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), entre las que se encuentran policías de Atzitzintla, el edil y regidores de ese municipio, así como los autores materiales del triple homicidio y miembros de la banda de secuestradores denominada “Los Buchanans”, relacionados con Los Zetas.

Así lo dieron a conocer el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, y el fiscal general del estado, Víctor Carrancá Bourget, durante una rueda de prensa para informar los resultados del operativo que se implementó ayer en La Encrucijada, Atzitzintla y San José Cuyachapa, donde grupos armados intentaron rescatar a los detenidos.

Carrancá detalló que, aunado a las detenciones, fueron aseguradas 16 armas largas, 5 armas cortas, 3 granadas de fragmentación, uniformes tácticos, 4 mil 600 cartuchos útiles de armas largas, 30 vehículos utilizados para actividades ilícitas –como el robo de combustible- y 6 tomas clandestinas.

En su intervención, Diódoro Carrasco especificó que la mayoría de los detenidos son jóvenes, entre ellos, cinco son mujeres y tres menores de edad.

También dijo que el edil, regidores y policías de Atzitzintla fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para ser investigados por su presunta complicidad con los delincuentes, pero prefirió no afirmar que el alcalde, José Isaías Velázquez, tiene nexos con el crimen organizado o con bandas de huachicoleros.

En ese sentido, comentó que las autoridades investigadoras serán las encargadas de corroborarlo y, en caso de ser así, fincarán las responsabilidades que correspondan.

Por su parte, el fiscal agregó que el presidente municipal había dado órdenes a sus policías para que dejaran operar a los huachicoleros en la zona.

Ministeriales avisaron que eran vigilados por municipales

Carrancá explicó que los policías asesinados se encontraban realizando labores de investigación para capturar a la banda de “Los Buchanans”, proveniente del estado de Veracruz y vinculada con la organización criminal Los Zetas, y relacionada con varios delitos, como robo de combustible en el Triángulo Rojo y al menos cuatro secuestros –entre ellos un homicidio- en la zona de Ciudad Serdán.

Sin embargo, cuando los hoy occisos se encontraban en Atzitzintla, los policías municipales avisaron a los delincuentes que los ministeriales estaban en esa comunidad, por lo que posteriormente estos últimos fueron alcanzados, sometidos, levantados y asesinados por un grupo armado, ligado a Los Buchanans.

El fiscal precisó que se supo de la complicidad de los policías de Atzitzintla porque uno de los agentes de la FISDAI alcanzó a avisar por radio que los municipales viajaban en un vehículo Tsuru, y después se perdió toda comunicación con ellos.

Después del hallazgo de los cadáveres en Maltrata, Veracruz, se montó un operativo con apoyo de la Policía Estatal, Gendarmería Nacional, Ejército Mexicano y la Marina, lo que derivó en la desarticulación de la célula delictiva, cuyos integrantes realizaban distintas actividades dentro de la célula, como “halconear”, escoltar a sus líderes u operar directamente.

Carrancá mencionó que los tres sujetos que mataron a los elementos de la FISDAI pertenecían a este grupo delictivo y fueron capturados junto con sus líderes, mientras que el principal cabecilla, apodado “El Buchanans”, logró escapar mediante la protección que le brindaron sus escoltas.

Añadió que, recientemente, este sujeto asumió el liderazgo de la banda cuando se detuvo a su principal líder, alias “El Lalo”, en el municipio de Esperanza.

Al ser cuestionado sobre cuántas bandas del crimen organizado operan en esa parte del estado, el fiscal dijo desconocer el número.

Alcalde de Atzitzintla no presenta perfil delincuente: PRD

Sobre la detención del presidente municipal de Atzitzintla, Isaías Velázquez, la dirigente estatal del PRD, Socorro Quezada Tiempo envió un mensaje a los medios en donde establece que sin dudar de las investigaciones de la FGE, desde su punto de vista el edil no presenta un perfil que lo relacione con el delito organizado.

Quezada recordó que Velázquez es el presidente del PRD en ese municipio y es la segunda vez que gobierna gracias al voto de los ciudadanos.

La perredista señaló que no da cheques en blanco a nadie pero que preferiría que al final se produjera una disculpa de la Fiscalía antes que el alcalde resultara involucrado.

Anunció que intentará entrevistarse con el edil para conocer su situación legal y cerciorarse que no ha sido objeto de maltrato y no se le ha forzado.

e-consulta
Diana Jiménez  
Ciudad de Puebla
Viernes 10 de marzo de 2017.


El fuego se originó la víspera y permanece hasta esta mañana

Una toma clandestina en un ducto de la empresa gubernamental Pemex, provocó en el municipio de Acatzingo una explosión y posterior incendio que duró más de diez horas sin que dejará personas lesionadas o fallecidas.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes y toda la madrugada del martes en la comunidad de progreso de Juárez, donde dos camionetas de chupaductos se incendiaron en el lugar.

Lo aparatoso del incendio y de las llamadas, las cuales se podían apreciar desde comunidades cercanas, generó sicosis entre la población y una intensa movilización policiaca y de cuerpos de rescate.

Habitantes de media docena de viviendas cercanas al incidente fueron evacuados y llevados a un lugar seguro; en tanto el Ejército Mexicano y corporaciones acordonaron el área.

Personal de seguridad física de Pemex acudieron al lugar de los hechos a controlar y sofocar el incendio, los cuales son muy comunes en territorio poblado debido a la operación de bandas dedicadas al robo de hidrocarburo.

En los últimos dos años (2015 y 2016), la Procuraduría General de la República recibió un total de mil 199 denuncias por robo de hidrocarburo en el territorio poblano de la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos (Pemex).

Documentos de la Subprocuraduría de Control, Regional, Procedimientos Penales y Amparo  (SCRPPA) y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) dan cuenta del número exacto de denuncias penales presentadas por los representantes legales de Pemex.

Las querellas, según los documentos en poder de EL UNIVERSAL, son tanto por robo de hidrocarburo en la red de ductos que atraviesa por territorio poblano como por hurto en transporte carretero.

En el año 2015 se tuvo un registro de 608 denuncias penales por robo de combustible; mientras que para el 2016 la cifra llegó a las 587; y hay un apartado especial con cuatro carpetas de investigación, que en total suman mil 199.

La mayoría de denuncias penales se presentan en el llamado “Triángulo Dorado”, compuesto por los municipios de Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo y Acajete, donde operan las bandas más violentas y organizadas de robo de hidrocarburo, las cuales cuentan incluso cuentan con el apoyo social.

Los informes señalan que en el 2016 hay cuatro Averiguaciones Previas y 9 Carpetas de Investigación en el municipio de Izúcar de Matamoros iniciadas en la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, adscrita a la SEIDO.

El Universal
Edgar Ávila / Corresponsal
Acatzingo, Puebla, México
Martes 7 de marzo de 2017.


La investigación en Brasil sobre los sobornos que el gigante de la construcción Odebrecht para obtener contratos millonarios, conocido como caso “Lava Jato” alcanzó al expresidente Felipe Calderón, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).


Ciudad de México. - La investigación que lleva a cabo la justicia de Brasil sobre los sobornos que el gigante de la construcción Odebrecht repartió en América Latina y dos países africanos para obtener contratos millonarios, conocido como caso “Lava Jato” alcanzó al expresidente Felipe Calderón, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Según un reportaje realizado por los periodistas Raúl Olmos y Daniel Lizárraga, una de las evidencias que involucra a México es un correo electrónico entre dos ejecutivos de Odebrecht: Roberto Prisco Ramos y Alexandro Alencar, quienes gestionaron una reunión entre Calderón y el entonces presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva como parte de su estrategia de negocios en Pemex.

El mensaje, que forma parte del expediente al que MCCI ha tenido acceso, está fechado el 8 de diciembre de 2009, justo a la mitad del gobierno calderonista y cuando estaba por cerrar un negocio con Braskem, filial de Odebrecht, que le dejaría ventas estimadas en dos mil millones de dólares anuales: la planta Etileno XXI, que se encuentra en Coatzacoalcos, Veracruz.

Pemex le cedió a Braskem y a la compañía mexicana IDESA la construcción de la planta Etileno XXI. A cambio de esta inversión, México dejaría de importar polietileno y habría empleos, según las estimaciones oficiales.

Además, Pemex canceló tres proyectos de infraestructura propios, para no competir con la inversión de Odebrecht. A partir de 2010 la empresa dejó de invertir nueve mil 644 millones de pesos, para darle prioridad al proyecto Etileno XXI.

El mensaje entre Prisco y Alencar y que involucra a Calderón en el caso dice textual:

“Querido tricolor.
Necesito tu ayuda con respecto a este tema:
Hacer un esfuerzo para que LILS acepte una invitación especial de Calderón de ir a México a principios de febrero.
Cuando puedas, me llamas, para hablar al respecto.
Abrazo
R.”

“LILS”, es el acrónimo del expresidente Lula y era utilizado frecuentemente en los correos recuperados para el caso “Lava Jato”. Roberto Prisco Ramos, quien envió este mensaje y firmó como “R”, en ese momento era director de Braskem, la filial de Odebrecht que estaba por cerrar el negocio por la planta de Etileno XXI, en Veracruz.

Las relaciones políticas de Odebrecht en México le facilitaron llegar hasta la residencia oficial de Los Pinos.

El 23 de febrero del 2010, Calderón y Lula tuvieron un encuentro privado en México dentro de la Cumbre de la Unidad Latina y del Caribe organizada en Quintana Roo. Habían pasado dos meses y medio del correo entre Roberto Prisco Ramos y Alexandro Alencar quienes buscaban esa reunión.

Al final de la reunión los entonces mandatarios emitieron un comunicado en el que se felicitaron por la inversión de dos mil 500 millones de dólares que realizaría el grupo mexicano IDESA y la brasileña Braskem para la construcción de un complejo petroquímico en Veracruz.

Ese no fue todo el apoyo que recibió Odebrecht durante el gobierno de Calderón. Dos bancas de desarrollo otorgaron créditos a Braskem: Nacional Financiera (Nafin) les prestó 280 millones de dólares y el Banco Nacional de Comercio Exterior(Bancomext) otros 120 millones de dólares.

Para la edificación del complejo petroquímico de Etanol XXI, el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, hizo una gira de trabajo a Sao Paulo, Brasil, durante la cual tuvo reuniones con Marcelo Odebrecht.

De acuerdo con los testimonios de ejecutivos de Odebrecht difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos –de quienes no se conocen sus nombres-, los sobornos en México por 10.5 millones de dólares se repartieron en dos momentos distintos.

Primero fueron 4.5 millones de dólares entre los años 2010 y el 2012, en el último tramo del gobierno calderonista y posteriormente entregaron seis millones de dólares, entre 2013 y el 2014, ya con Enrique Peña Nieto habitando Los Pinos.

En octubre de 2011, un año y medio después de la reunión en la Riviera Maya, el entonces director de Odebrecht fue invitado a comer a la residencia oficial de Los Pinos.

Calderón encabezó una reunión del Consejo de Administración de la división petroquímica de Odebrecht, que en forma excepcional se realizaba fuera de Brasil. Ahí, el expresidente pidió que se investigara el papel que jugó Odebrecht en México durante su gobierno y aseguró que sus reuniones con los ejecutivos de este consorcio fueron parte de la agenda habitual de Los Pinos con inversionistas extranjeros, sin que ello implicara “compromisos indebidos”.

En aquella reunión, Odebrecht le compartió a Calderón los avances en Etileno XXI, proyecto que es señalado en el juicio que se lleva en Brasil, como resultado de un posible tráfico de influencias que involucra al expresidente Lula da Silva, según un comunicado de Los Pinos y el expediente del caso “Lava Jato”.

Calderón estuvo acompañado en esa uno de sus colaboradores de mayor confianza: Jordy Herrera Flores, quien en distintas etapas fue su secretario particular, y ya instalado en la presidencia, Calderón lo colocó como director de Pemex Gas y Petroquímica Básica en 2010. Luego lo nombró Secretario de Energía, y con esa investidura acudió a una reunión con Marcelo Odebrecht en octubre de 2011.

En febrero de 2010, los entonces presidentes de Brasil y de México, Lula da Silva y Felipe Calderón, atestiguaron la firma del convenio de Pemex con la división petroquímica de Odebrecht.

Los sobornos

Según la investigación de MCCI, Roberto Prisco Ramos, uno de los personajes mencionados en el intercambio de correos que involucraban a Lula, también negoció años después el pago de sobornos desde México.

La Policía Federal de Brasil tuvo acceso a los correos electrónicos en los que Prisco Ramos le pedía a un ejecutivo de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho (a quien llama ‘Tío Bel’), la entrega de más de 50 ‘acarajés’, que es el nombre coloquial con el que llamaban a los sobornos, y que hace referencia a unos panecillos típicos de Brasil, elaborados con frijol y rellenos de distintos ingredientes.

“Tío Bel, ¿puede usted conseguirme más de 50 acarajés el día 4 (de febrero) por la tarde (alrededor de las 15 horas) en la oficina de OOG en Río?”, preguntó Prisco en un mensaje enviado el 27 de enero de 2014, a las 14:33 horas. “Estoy en México, pero vuelvo por la mañana del día cuatro”.

“OK programado. Sus acarajés llegaron calientes”, respondió el ‘Tío Bel’.

Prisco Ramos estaba de visita en México en la supervisión de la planta Etileno XXI, construida y operada por la empresa Braskem, en la que él era directivo.

A partir de los mensajes que envió desde México, la Policía Federal de Brasil inició la ‘Operación Acarajé’, enfocada a detectar el pago de sobornos.

Otros dos de los principales personajes de la mayor trama de corrupción de Latinoamérica, actualmente presos en Brasil, extendieron su red de operaciones a México, según expedientes judiciales del caso consultados por MCCI.

Glauco Colepicolo Legatti, quien durante 35 años trabajó para Petrobras –la empresa petrolera de Brasil-, confesó que intervino como gestor de la empresa Odebrecht ante autoridades mexicanas.

En su declaración rendida el 9 de noviembre de 2016 ante la Policía Federal brasileña, reveló que había recibido siete millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014 de parte de Odebrecht, a cambio de contratos, asesoría e información privilegiada. Y al menos uno de sus servicios consistió en recomendar a Odebrecht en México, aunque no reveló el pago recibido esa vez ni los funcionarios mexicanos a los que contactó.

La obra en México a la que hizo referencia Legatti en su declaración, al parecer es Etileno XXI, la planta petroquímica que Odebrecht opera en Veracruz gracias a un contrato de suministro de gas etano a 20 años firmado con Pemex el 23 de febrero de 2010, ante los entonces presidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa, y Luiz Inacio Lula, de Brasil.

La planta fue inaugurada en junio del año pasado, con una capacidad anual de un millón de toneladas de petroquímicos, con la que se proyecta sustituir el 40% de las importaciones totales de polietilenos.

La meta anual de ventas propuesta era de dos mil millones de dólares y para alcanzarla Pemex debía suministrar 66 mil barriles diarios de gas etano a “precios preferenciales”, canalizados a la planta Etileno XXI.

Sin embargo, desde aquellos años el precio del gas etano es un secreto y así permanecerá por 20 años con posibilidad de prorrogarse por cinco más, al haberse clasificado como “información reservada”, según una respuesta oficial de Pemex ante una solicitud de acceso a la información hecha por MCCI.

El argumento para mantener en secreto la fórmula del precio del etano, es que si se hace público se causaría un daño comercial a Odebrecht y a su socia mexicana.

Además, un juzgado de distrito emitió sentencias, en las que concedió amparo a favor de Braskem e IDESA, para que se mantenga en secreto la información contenida en el contrato de suministro de etano suscrito con Pemex, y la fórmula del precio del gas.

Y en otro juicio promovido por la filial de Odebrecht, también se otorgó suspensión definitiva para que el IFAI se abstenga de requerir a Pemex a entregar información sobre el contrato y el precio del etano.

Tras una serie de solicitudes de acceso a la información, señaló MCCI, Pemex elaboró una versión pública del contrato, pero censuró toda la información sobre el precio al que vende el gas a Odebrecht, así como el volumen que suministra, las condiciones y características de las entregas programadas, el pago de costos, los términos de pago, y las obligaciones de compra-venta.

Proceso
Ciudad de México
Jueves 2 de marzo de 2017.


Una toma clandestina de hidrocarburo disfrazada en un altar a la Virgen de Guadalupe fue encontrada en San Martín Texmelucan y seis personas fueron detenidas.

La Policía Federal informó a través de un comunicado que, luego de detectar que un líquido corría de forma inusual sobre la Calle Ejido de Santa Catarina, comenzaron a realizar un recorrido para detectar qué pasaba.

Al ubicar el predio de donde salía el líquido confirmaron que se trataba de hidrocarburo.

Cuando los policías montaban el operativo un sujeto con arma de fuego intentó dispararles para evitar la revisión.

"Ante la flagrancia del ilícito, efectivos federales dieron seguimiento al imputado y una vez detenido le retiraron el arma", mencionó el comunicado.

Tras desarmarlo, lograron detener a cinco sujetos más quienes abastecían recipientes con el presunto hidrocarburo que sacaban con una manguera conectada a un altar a la Virgen de Guadalupe.

"En el lugar se encontraban otras cinco personas, quienes abastecían diversos recipientes con un líquido proveniente de una manguera que estaba conectada a una base de cemento, que simulaba un altar", se lee.

Policías federales notificaron a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que cancelara la toma clandestina.

La dependencia informó en el comunicado que tanto los vehículos como el inmueble fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales federales para continuar las investigaciones.

San Martín Texmelucan es uno de los Municipios donde mayor número de tomas clandestinas se registran en el Estado de Puebla, además de la zona denominada Triangulo Rojo.

Personal de PEMEX aseveró que en la demarcación se han intensificado los operativos en coordinación con el Ejército Mexicano y elementos policiacos de las diferentes corporaciones.

En 2010, se registró el incendio de un ducto de PEMEX en la colonia El Arenal, cerca de la Autopista México- Puebla y cerca de la carretera federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala donde hubo al menos 30 personas muertas.

Reforma
Puebla, México
Norma Herrera / Corresponsal
Martes 21 de febrero de 2017.


Una camioneta con combustible presuntamente robado explotó la tarde de hoy en el Municipio de San Cosme Xalostoc, Tlaxcala, dentro de un predio, que según vecinos operaba como una estación clandestina de gasolina.

El incidente ocurrió en el domicilio sin número de la calle Cuitláhuac, de la comunidad de La Sierra, a unos kilómetros de la cabecera municipal.

De acuerdo con elementos de la Policía Municipal, el servicio de Emergencia alertó de la explosión a las diferentes corporaciones de rescate que se trasladaron al lugar.

En el sitio, elementos policiales encontraron en un patio la camioneta consumida por las llamas en la que habían sido cargados contenedores con combustible.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) envió personal del Cuerpo Estatal de Bomberos para controlar el fuego que formó una negra columna de humo visible a kilómetros de distancia.

El incendio, del que se desconocen las causas, se registró a las 14:45 horas y sólo dejó daños materiales.

Según vecinos de la localidad, sabían que el inmueble operaba como un centro clandestino de almacenamiento y venta de gasolina.

Para realizar las investigaciones pertinentes, la zona quedó acordonada y resguardada por elementos de la Policía Municipal.

Explota polvorín clandestino

Dos horas después de haber atendido la explosión de una camioneta con contenedores de gasolina en el Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, la Policía Municipal reportó un segundo estallido en un domicilio que servía para almacenar cohetones sin los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Elementos policiales detallaron que l explosión ocurrió cerca de las 16:40 horas en la vivienda marcada con el número 54 de la Tercera Sección de Xalostoc. La onda expansiva provocó daños en las habitaciones aledañas.

Cuando las corporaciones de auxilio y rescate llegaron al lugar de la explosión, el inmueble estaba abandonado, motivo por el que no hubo personas lesionadas y tampoco detenidas.

Para atender la emergencia, el sitio fue acordonado y custodiado por elementos de la Policía Municipal y de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

Reforma
Ana Laura Vásquez/Corresponsal
Tlaxcala, México
Sábado 4 de febrero de 2017.


El robo de combustibles es resultado de la complicidad de las autoridades de todos los niveles, en particular del gobierno de Moreno Valle: PRD


Puebla. - En pocos días, el negocio del huachicol –como se le denomina popularmente al combustible robado de los ductos de Pemex– amplió sus horizontes en Puebla y ahora se ejerce en más de una veintena de municipios.

Desde principios de mes, Paco, un joven desempleado de esta ciudad, comenzó a ofrecer gasolina a 12 pesos el litro a vecinos y amigos. Armó su micronegocio invirtiendo sólo lo necesario: condujo su auto hacia la central de abasto de Huixcolotla y compró decenas de garrafas de 25 litros del llamado huachicol, que trasladó a su domicilio en varios viajes.

Hoy, él y su familia venden el combustible robado a los ductos de Pemex. Y les está yendo bien, pues en el estado el litro de Magna cuesta 16.59 pesos, mientras que el de Premium se cotiza en 18.36. Paco y los “huachicoleros” o “chupaductos” la consiguen entre ocho y 10 pesos.

En 2016 Puebla fue la entidad con mayor incidencia de robo de combustible del país. Los directivos de Pemex detectaron más tomas clandestinas que en ninguna otra parte: hasta septiembre pasado sumaban mil 145; en 2010, antes de que arrancara el sexenio de Rafael Moreno Valle, sólo había 49 tomas.

El antiguo “triángulo rojo” ahora se conoce como “la franja del huachicol”. La actividad delictiva se extendió a más de 20 municipios, entre ellos Tepeaca, ­Acatzingo, Quecholac, Tecamachalco, Palmar de Bravo, Tlacotepec de Benito Juárez, Esperanza, Amozoc, ­Xoxtla, ­Tochtepec, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca y el sur de la capital poblana.

En esa zona, el combustible ilegal se puede conseguir en múltiples puntos de venta a lo largo de las carreteras, así como en improvisadas tienditas o en casas.

En febrero de 2016, el titular de la Fiscalía General del Estado, Víctor Carrancá, dijo en una entrevista televisiva que Los Zetas operaban el robo de combustibles en Puebla.

La situación se agravó, pues, a decir de las autoridades federales y municipales, la comercialización a gran escala del combustible robado, así como la ordeña de ductos y la venta en tambos, involucran ya a comunidades enteras.

“Esto es un trabajo con el que damos de comer a nuestros hijos”, sostiene un huachicolero de Quecholac. Y acusa: “El petróleo es de todos. Lo que quiere el gobierno es dárselo a Estados Unidos. Lo que quieren los políticos es robar. Nosotros sólo sacamos para la familia”.

Hoy, dice a la reportera un alcalde que pide omitir su nombre, cualquier chamaco sabe por dónde pasan los ductos de Pemex y cómo se hace una perforación para extraer el combustible; actividad que no puede entenderse sin la complicidad de personal de Pemex.

Y se pregunta: “¿Cómo sabe esta gente por dónde pasan los ductos? ¿Quién les enseñó a hacer las perforaciones? ¿Cómo saben cuándo va a correr el combustible?”.

Pueblos huachicoleros

Pablo Morales Ugalde es un empresario gasolinero, pero desde 2014 funge como alcalde de Palmar de Bravo. En febrero de 2016, durante su segundo informe, sorprendió a la comunidad al declarar que, gracias a los huachicoleros que operan en su municipio, los ciudadanos compran gasolina más barata.

En la región algunos pobladores también los defienden. Por esas fechas, habitantes de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, corrieron a pedradas a elementos del Ejército que habían asegurado un vehículo cargado con combustible robado. En varias poblaciones incluso veneran al Santo Niño Huachicolero –una adaptación del Santo Niño de Atocha–, quien carga una garrafa de diesel y una manguera y está rodeado de tambos de combustible.

Para Isabel Allende, delegada de la Secretaría de Gobernación en Puebla, en numerosas comunidades de la entidad el robo a Pemex ya no es vista como un delito, sino como una “oportunidad” o “modo de vida”.

“Lo preocupante es que los niños de esa zona crecen con la visión de que el robo del combustible permite a sus padres sostener a la familia, o que en sus casas o tienditas las amas de casa estén al frente del negocio. Eso refuerza la percepción de que ser huachicolero es una actividad económica y no un delito”, dice la funcionaria.

Peor aún, algunos habitantes son cooptados con fiestas o regalos de electrodomésticos para que no delaten a los huachicoleros. “Hay complicidad, pero también hay miedo”, señala.

Pese a ello, la creciente ordeña de ductos disparó los índices de violencia en una zona. El gobierno federal ha tratado de impulsar campañas de concientización, pero no ha tenido resultados, pues la mayoría de los huachicoleros esconde en sus casas el hidrocarburo robado.

Violencia

El año pasado hubo 21 enfrentamientos entre presuntos chupaductos con tropas del Ejército y policías que dejaron cuatro muertos: un menor y tres uniformados.

El 27 de diciembre último, sujetos armados balearon una gasolinera en la población de Tochtepec, cuya concesionaria es la ex diputada federal perredista Aída Ramírez Torres y actual presidenta estatal de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas).

Los sicarios dejaron una cartulina en su negocio: “Síguete metiendo, esto es una advertencia. Cierra la boca o te la cerramos”.

Ramírez Torres había denunciado que los concesionarios de los municipios que integran el llamado “triángulo rojo” han resentido una caída de sus ventas en más de 80% debido a la venta de combustibles robados a Pemex.

También declaró que muchas de las gasolineras de Acatzingo, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Tepeaca, Quecholac y otros municipios están siendo vendidas por incosteables.

A principios de mes, un policía federal fue asesinado y tres militares resultaron heridos por presuntos huachicoleros. Además, se incrementaron los robos de autos y los asaltos.

En localidades como Palmar de Bravo, Palmarito Tochapan, San Bartolomé Hueyapan, la Magdalena Tetela, San Matías Tlalancaleca y Acatzingo grupos armados se disputan el territorio, según las autoridades.

La PGR admite que algunas gasolineras poblanas venden al público combustible robado; incluso los conductores de transporte de carga, camiones urbanos y taxis de la ciudad de Puebla lo compran para “bajar sus gastos”.

El PRI y el PAN aseguran que por lo menos cinco alcaldes, entre ellos los de Tochtepec de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Marcos Pérez Calderón y Francisco Palacios Lorenzo, respectivamente, han sido amenazados para que dejen operar a los huachicoleros.

A mediados de diciembre pasado, en San Miguel Xonacatepec, junta auxiliar de la ciudad de Puebla, un grupo delincuencial se llevó a dos policías estatales y pidió a las autoridades la liberación de una pipa decomisada con carburante robado y del chofer como intercambio.

Omisión o complicidad

La diputada perredista Socorro Quezada Tiempo sostiene que el robo de combustibles es resultado de la complicidad de las autoridades de todos los niveles, en particular del gobierno de Moreno Valle.

“Por proyectos personales y sueños casi inalcanzables de lograr la candidatura presidencial, el gobierno de Moreno Valle descuidó el tema de la seguridad. Eso desató la delincuencia”, comenta la legisladora local.

Según ella, las autoridades “dejaron que esto creciera al grado de que ahora tendrán que enfrentarse a comunidades enteras para combatirla”.

Y pone un ejemplo de esa complicidad: a mediados de julio de 2015, cuando detuvieron al director general de la Policía Estatal en Puebla, Marco Antonio Estrada López, y el encargado del Grupo de Operaciones Especiales, Tomás Méndez Lozano, por custodiar vehículos con hidrocarburo robado, la administración de Moreno Valle no actuó.

El jefe directo de ambos los dos detenidos, Facundo Rosas, entonces secretario de Seguridad del estado, se retiró del cargo sin ningún señalamiento por parte del gobierno estatal.

A Roxana Luna, exdiputada federal y candidata a la gubernatura, le resulta sospechoso que los índices delictivos se dispararan durante la gestión de Moreno Valle.

En su edición del martes 10, el diario local El Popular publicó que, de las 258 personas detenidas por el robo de hidrocarburos en Puebla de 2011 a noviembre de 2016, 204 fueron liberadas; sólo fueron procesadas 54, de las cuales la mitad obtuvieron libertad bajo caución.

Ciudadanos y alcaldes comentan a la corresponsal que las autoridades estatales son omisas cuando ellos presentan quejas o piden ayuda para atrapar a los chupaductos. Afirman que éstas siempre responden que no pueden actuar, pues se trata de un delito federal.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 30 de enero de 2017.


Se enfrentan pobladores de Cañada Morelos a policía federal

Cañada Morelos, Pue. - Alrededor de 200 habitantes de San José Ixtapa se enfrentaron a elementos de la Policía Federal ayer por la mañana, exigiendo la entrega de dos menores de edad que habían sido detenidos por supuestamente robar una camioneta sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca; los agentes fueron agredidos con piedras y terminaron entregando a los detenidos ya que los pobladores cerraron la autopista y no permitieron ingreso para confiscar la camioneta robada.

Este hecho se reportó cerca de las 11:00 horas, cuando los habitantes habían colocado piedras sobre la cinta asfáltica, a la altura del kilómetro 13+500, evitando el paso en ambos sentidos de la circulación, manteniendo un diálogo con elementos federales, exigiéndoles que, para evitar un conflicto mayor, entregaran a dos jóvenes, los cuales eran menores de edad, pues de lo contrario se atuvieran a las consecuencias.

A pesar de contar con el apoyo de la Gendarmería y de más elementos federales, los manifestantes dejaron en claro que no era negociable su exigencia, por lo que después de 2 horas, un convoy de la Policía Federal arribó a escasos 50 metros de donde se mantenía el bloqueo, entregando a los pobladores los dos jóvenes, por lo que inmediatamente liberaron la vialidad.

Se informó que esto fue provocado al intentar ingresar a la población para recuperar una Camioneta Ford Ranger, que transportaba champiñones, la cual había sido robada por un grupo de hombres cerca de las 07:00 horas, interceptando al propietario en el kilómetro 15, quien a través del localizador satelital detectó que a escasos 3 kilómetros ésta se encontraba.

Al solicitar el apoyo de la Policía Federal se realizó un recorrido en un tramo de terracería que comunica a la población de San José Ixtapa, logrando la detención de dos jóvenes, quienes de manera inmediata fueron trasladados a la comandancia de la policía federal, en esta ciudad, por lo que un grupo de elementos, se preparaba para ingresar a la población y recuperar la camioneta.

En tan solo unos minutos, los habitantes comenzaron a llegar a la intersección del camino de la población y la pista, bloqueando el paso de las autoridades y exigiéndoles la liberación de los dos detenidos por lo que al ver que los federales, no aceptaban estas condiciones, comenzaron a lanzar piedras contra una de las patrullas, logrando romper el vidrio de la parte trasera.

A pesar de que al lugar arribó un grupo de más de 30 elementos de la Gendarmería y al menos unas 10 patrullas de la Policía Federal, habiendo más de 200 habitantes, tomaron piedras y las colocaron sobre la carretera, evitando el paso en ambos sentidos, permaneciendo así, hasta las 13:00 horas, aceptando hacer la entrega de los menores para evitar un enfrentamiento mayor.

A pesar de que se confirmaba que la unidad estaba dentro de la población, el trato fue de no enfrentamientos, ya que entre el grupo de manifestantes, se encontraban mujeres y niños que evitó que se usara la fuerza pública para liberar esta carretera federal, por lo que federales aceptaron estas condiciones, retirándose del lugar sin detenidos y sin la unidad robada.

El Sol de Puebla
Iván Rodríguez Fierro
Cañada Morelos, Puebla
Jueves 19 de enero de 2017.

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