En entrevista, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entidad creada por el mismo gobierno, cuentan cómo se les ha impedido investigar diversos casos y participar en discusiones sobre el combate a la impunidad en el país.

‘Es un mal chiste’: Miembros del organismo anticorrupción mexicano denuncian que el gobierno los obstaculiza


Ciudad de México. - Los esfuerzos del combate a la corrupción en México con un nuevo sistema, establecido por el gobierno de Enrique Peña Nieto ante la presión para reaccionar a diversos escándalos, están siendo obstaculizados por las mismas autoridades al rehusarse a colaborar en algunos de los principales casos que enfrenta el país, según denuncian los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que forma parte del sistema.

Los miembros de esa instancia denuncian que sus intentos de investigar el uso de herramientas de espionaje adquiridas por el gobierno en contra de civiles, el desfalco de decenas de millones de dólares por medio de universidades públicas y acusaciones de sobornos por contratos de construcción han sido bloqueados a cada paso del camino.

Peña Nieto, afectado por escándalos en el seno de su gobierno con señalamientos a aliados políticos y a integrantes de su familia, acordó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en 2016, el cual fue promulgado por medio de reformas a la Constitución de México e incluye un mecanismo para la participación ciudadana, en un parteaguas para el país.

Sin embargo, nueve meses después de que fueron nombrados los integrantes de ese mecanismo con la misión de trabajar en proyectos para el combate a la corrupción —como la que llevó a que se creara el mismo sistema—, estos dicen que no han podido hacer ni los más mínimos avances.

Señalan que el SNA fue anunciado con bombo y platillo pero, desde entonces, las autoridades no han dejado que se efectúen verdaderas investigaciones sobre sus decisiones.

“Están apanicados de que quizá le demos con fuerza y encontremos algo o hallemos a individuos responsables de actos corruptos”, dijo José Octavio López Presa, uno de los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC), exdirector ejecutivo del capítulo mexicano de Transparencia Internacional y quien trabajó en la Contraloría mexicana (ahora Secretaría de la Función Pública) en los años noventa, la última vez que el partido de Peña Nieto, el PRI, estuvo en el poder.

“Están acostumbrados a nombrar a alguien que pueden controlar”, dijo López respecto al gobierno. Cuando los funcionarios se dieron cuenta de que él y los demás miembros del comité ciudadano planeaban fungir con imparcialidad e independencia, López afirma que eso “no les gustó”.

“Quieren sabotear todo lo que hacemos”.

LUIS PÉREZ DE ACHA, ABOGADO E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El esfuerzo detrás del SNA empezó hace más de un año, cuando los activistas le presentaron al gobierno más de 600.000 firmas ciudadanas en respaldo a una iniciativa de transparencia y combate a la corrupción, conocida como 3de3. El presidente cedió ante los cuestionamientos sobre la situación en esta materia y sobre posibles conflictos de interés propios —como la compra multimillonaria de una casa por parte de la primera dama a un contratista del gobierno—.

En teoría, los ciudadanos, vía el CPC, son quienes están a la cabeza del sistema anticorrupción por medio del Comité Coordinador, lo que los empodera a asegurarse de que esté funcionando a favor de la población y no de los funcionarios.

Sin embargo, en entrevistas con los cinco miembros del CPC, estos ofrecieron un recuento de los diversos obstáculos que han enfrentado por parte del gobierno.

El congreso aún no ha designado ni a uno de los dieciocho magistrados en materia de justicia administrativa que deberían revisar las acusaciones que surjan. El fiscal anticorrupción que el SNA establece como figura para la investigación independiente de casos de corrupción no ha sido nombrado. Y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana dicen que frecuentemente no los convocan para las discusiones de los grandes casos de corrupción.

“Es un mal chiste”, dijo Luis Manuel Pérez de Acha, un abogado que forma parte del comité ciudadano. “Fui ingenuo cuando arrancó el sistema; creía y tenía la esperanza de que iba a funcionar”.

“Ahora sé que quieren sabotear todo lo que hacemos”, añadió.

Los integrantes del CPC señalan que, en buena medida, el problema es que sus poderes solo están en el papel. Todas las decisiones significativas tienen que tomarse en el Comité Coordinador, que junta a los encargados de siete entidades, de las cuales seis son de diferentes ramas del gobierno.

“Me dieron toda la responsabilidad y nada del poder”, dijo Jacqueline Peschard, presidenta del CPC y del Comité Coordinador.

El gobierno rechaza esas acusaciones. Asegura que ha respaldado a los integrantes del comité ciudadano y que más bien ellos han malinterpretado cuál es su mandato.

Según el gobierno, no se supone que deben investigar la corrupción, sino que deben ayudar a establecer políticas y coordinarse con varias autoridades que sí tienen la competencia para indagar los delitos relacionados.

Sin embargo, Peschard y otros integrantes del CPC señalan que les han impedido hacer justamente eso porque les retienen información, como cuando intentaron discutir el escándalo por el espionaje que cimbró al poder ejecutivo este año.

Un sofisticado programa espía que fue vendido al gobierno con la finalidad de buscar a terroristas y redes criminales fue utilizado en contra de periodistas, académicos, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción y antiobesidad, en una posible violación de las leyes.

Cuando Peschard y el CPC solicitaron información sobre el tema, dijeron, los representantes de las seis agencias gubernamentales en el sistema lo impidieron.

Una de las personas que votó en contra de discutir la situación fue Arely Gómez, actualmente secretaria de la Función Pública y quien era la procuradora general cuando se usó el programa espía contra la sociedad civil.

“Diría que sí hay mucha coordinación en el comité”, dijo Peschard con una risa irónica. “Son ellos contra mí”.

En un comunicado, la presidencia reconoció que cualquier “intervención ilegal de las comunicaciones” es un tema de importancia. Pero añadió que la ley mexicana no establece que el espionaje sea un “delito de corrupción”, por lo que los representantes del gobierno en el Comité Coordinador argumentaron que no era un tema para discutirse en el SNA.

Peschard y otros integrantes del CPC dicen que han intentado, sin éxito, revisar otros casos que han generado críticas desde la población.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que Odebrecht, la constructora brasileña acusada de dar unos 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios de toda América Latina, había pagado 10,5 millones de dólares a servidores públicos mexicanos para asegurarse contratos. El departamento indicó que 6 millones de esa cantidad habían terminado en manos de un solo “oficial de alto nivel de una empresa estatal mexicana”.

Documentos jurídicos de la investigación sobre Odebrecht en Brasil señalan a Emilio Lozoya, ex directivo de la petrolera estatal Pemex y un aliado cercano del presidente, de haber recibido sobornos por parte de la empresa. Lozoya, quien niega las acusaciones, también estuvo a cargo de la coordinación internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto, en 2012.

La intriga creció aún más después de que el fiscal que estaba investigando el posible origen ilícito de los fondos de esa campaña fue despedido, lo que sucedió unos días después de que indicara que Lozoya intentó presionarlo para que lo eximiera.

Los miembros del CPC dijeron que solicitaron varios informes sobre el caso, mientras que el gobierno afirmó que esas solicitudes no fueron hechas. Sin embargo, en entrevistas, los integrantes del comité ciudadano citaron las cartas que enviaron a la Procuraduría General de la República para pedir actualizaciones del caso.

Según ellos, en cada oportunidad les dijeron que no podía haber informes porque la investigación estaba en curso; eso los hizo cuestionarse sobre cómo pueden hacer su trabajo si está prohibido compartir información sobre pesquisas.

“Igual y el sistema no está roto: está funcionando a la perfección para permitir la impunidad”.

JUAN PARDINAS, ACTIVISTA QUE AYUDÓ A IDEAR EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y AHORA ACUSA QUE ESTÁ DESPEDAZADO

Peschard y los demás decidieron intentarlo de otro modo. Cuando una investigación periodística mostró que unos 200 millones de dólares habían sido desviados por medio de universidades públicas, el comité le mandó solicitudes a 99 de las agencias gubernamentales para intentar conseguir la información de manera directa.

Hasta el momento solo ha respondido una de esas entidades.

En otro caso, el CPC intentó que se creara un fondo único para el reparto de la ayuda monetaria destinada a las víctimas de los recientes terremotos en el país, con el fin de intentar asegurar que la rendición de cuentas fuera más sencilla. De nuevo les dijeron que desistieran.

Dado que el comité ciudadano no es técnicamente parte del gobierno, según señaló el comunicado de la presidencia, no puede coordinar recursos públicos.

Para muchos mexicanos, el SNA —y, sobre todo, la posibilidad de que los ciudadanos tuvieran voz directa dentro de esa instancia— fue una muestra de que, enfrentado a una acción concertada a partir de la indignación, el gobierno por fin tendría que luchar contra la impunidad que define tantos elementos del día a día en México.

Pero líderes de la sociedad civil, incluidos algunos que ayudaron en la creación del sistema anticorrupción, dicen que cayeron en un viejo truco: el gobierno crea un órgano para lidiar con algún tema importante solo para dejarlo sin fondos, impedir sus acciones o ignorarlo.

 “El gobierno mexicano nos da placebos y creen que nos van a curar”, dijo Juan Pardinas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad y uno de los arquitectos del SNA. “Me tomé lo que vendían y le pasé el frasco a mucha gente creyendo que era el camino para el cambio”.

Pardinas ha sido una de las figuras públicas más prominentes en la lucha anticorrupción en el país; ha denunciado el efecto nocivo de la corrupción en las instituciones democráticas y que, a veces, resulta en la pérdida de vidas. Él también fue blanco del programa espía Pegasus.

“Me maté por tres años para lograr todo esto y ahora está básicamente despedazado”, dijo sobre el esfuerzo anticorrupción. “Bueno, igual y el sistema no está roto: está funcionando a la perfección para permitir la impunidad”.

Al sistema todavía le falta una pieza clave, el fiscal anticorrupción; posiblemente el cargo más importante de toda la operación. El nombramiento está atorado en el congreso, donde recientemente se detuvo ante el furor por el nombramiento de Raúl Cervantes para la futura Fiscalía General de la República —que, a diferencia de la actual procuraduría, no sería parte del poder ejecutivo en un intento de asegurar su autonomía— al considerar que era demasiado cercano a Peña Nieto. Cervantes fue el encargado del área jurídica del gobernante Partido Revolucionario Institucional y en 2012 defendió la campaña del actual presidente ante las denuncias de otros partidos de que había superado los topes de gastos.

La propuesta de Cervantes fue retirada después de una larga batalla en el Congreso de México y de reportes periodísticos que señalaban, entre otras cosas, que era dueño de un Ferrari que fue emplacado en un domicilio en el que no vive y que estaba ubicado en un estado en el que no se paga la tenencia vehicular.

Muchos estados del país tampoco han establecido los sistemas para duplicar el SNA a nivel local.

Pérez de Acha, el abogado que forma parte del CPC, dice que presentó demandas contra los gobiernos estatales que no han cumplido con esa obligación. Los sistemas debían haber sido establecidos el pasado 19 de julio, a un año de la promulgación del SNA federal. Pérez de Acha también presentó mociones contra el Senado mexicano para que avance el nombramiento de los dieciocho magistrados de justicia administrativa.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados”, dijo. “Tenemos legitimidad constitucional”.

Otros integrantes del comité ciudadano recalcaron lo mismo.

“No nos vamos a rendir”, dijo Mariclaire Acosta, también directora de la oficina en México de la organización de defensa de libertad de expresión Freedom House. “No va a haber chapuzas”.

The New York Times
Azam Ahmed
Ciudad de México
Martes 5 de diciembre de 2017.


Pegasus tiene la capacidad de espiar más de 1 mil teléfonos celulares a la vez; fue adquirido por la Sedena, y es el elemento central de toda una modernización de la Inteligencia Militar que costó más de 10 mil millones de pesos, revelan los contratos, de los cuales Contralínea posee copia


La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue la entidad del gobierno federal mexicano que adquirió, por más de 2 mil millones de pesos, la Plataforma Pegasus, el más sofisticado programa de espionaje que existe hoy en el mundo, desarrollado por la firma israelí NSO Group Technologies y comercializado por la estadunidense Security Tracking Devices.

El software malicioso fue uno de los elementos centrales de toda una reestructuración del “Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la S-2 [Sección Segunda] (Intl) [Inteligencia] EMDN [Estado Mayor de la Defensa Nacional]”, como se lee en los contratos, de los cuales Contralínea posee copia. La otra adquisición central fue un Sistema Táctico de Imágenes para “ver” a través de paredes.

La modernización de toda la Sección Segunda –encargada de las labores de inteligencia militar– se llevó a cabo en tres fases, al final del sexenio de Felipe Calderón, y tuvo un costo superior a los 10 mil millones de pesos. Se trató de una restructuración del Centro de Comando y Control, sus subcentros, módulos y la instalación de la Plataforma Pegasus.

Los contratos señalan que hoy Inteligencia Militar –y, a través de licencias, otros organismos de seguridad nacional, seguridad pública y procuración de justicia– pueden intervenir, al mismo tiempo, 400 Iphone, 400 BlackBerry, 100 Nokia y 100 smartphones con sistema operativo Android.

La adquisición del “Módulo Central de la Plataforma NSO Pegasus de Monitoreo de Smartphones” se realizó por adjudicación directa a la compañía Security Tracking Devices. De acuerdo con fuentes de la Sedena, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, tuvo que aprobar personalmente que una compañía estadunidense vendiera tal sistema a un gobierno extranjero.

A la letra, uno de los contratos señala las capacidades de espionaje de Pegasus. Logra el control total del teléfono infectado con el software: “extracción de SMS/MSM; lista de contactos; registros de agenda; monitores de e-mail; intercepción de voz; extracción de mensajería instantánea; información de ubicación GPS/Cell ID; captura de imágenes de pantalla y de la cámara; acceso y manipulación del sistema de archivos; información y estado del sistema; información de la tarjeta SIM; información del hardware, sistema operativo y software; denegación de capacidades de servicio, y detener el funcionamiento del dispositivo”.

Es decir, toda la información procesada por el aparato es recopilada y almacenada por los operadores de Pegasus. Más aún, el dispositivo telefónico se convierte en micrófono y cámara permanentes, y ubica en todo momento dónde se encuentra el usuario espiado.

El mismo documento destaca que el control del smartphone vía remota es un hecho, aunque el aparato esté encriptado y esté protegido por antivirus y antiespías. Además, todo ocurre sin que la persona se percate de ello: una de las características de los sistemas adquiridos es “ser indetectables en los dispositivos de hardware y por programas de software (antivirus, antispyware) existentes en el mercado”, dice textualmente.

La adquisición de los equipos y servicios para la modernización de las capacidades de la Sección Segunda del Ejército estuvo a cargo de la Dirección General de Administración.

Formalmente, los nuevos sistemas se utilizarían para apoyar las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la Sección Segunda (dirigidas especialmente contra los movimientos subversivos), pero también las de la Sección Séptima, encargada de las operaciones contra el narcotráfico.

Todos los contratos se adjudicaron de manera directa “por tratarse de asuntos de seguridad nacional”, como explicó a Contralínea el entonces director de Comunicación Social de la Sedena, el general Ricardo Trevilla Trejo.

Cuestionado por Contralínea sobre el uso que se le daría a la Plataforma Pegasus, el general Trevilla dijo en julio de 2012 que se utilizaría contra “determinados grupos criminales. Contra delincuentes en general, no. Es contra grupos armados. El equipo es para cumplir con nuestras misiones, establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. En este caso nos referimos a la segunda misión: garantizar la seguridad interior”.

Además de Security Tracking Devices, la otra empresa a través de la cual se adquirieron los equipos y servicios –sobre todo para la Fuerza Aérea– fue la también estadunidense AV y D Solutions.

Fueron 18 los contratos y convenios que entre 2010 y 2012 celebró la Sedena para adquirir equipos y servicios que modernizarían las capacidades de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Contralínea obtuvo ocho de ellos: tres contratos y cinco convenios modificatorios por 5 mil 628 millones de pesos, aquellos que en 2012 eran auditados por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la propia Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. Entre ellos se encuentran los de la Plataforma Pegasus.

La primera fase del Sistema de Inteligencia para Sección Segunda de la Sedena se adquirió a Security Tracking Devices el 10 de septiembre de 2010, mediante la firma del contrato 4550000033 (folio SAITE-1203/2010) por 650 millones de pesos. Se trató de la remodelación física del Centro de Comando y Control y su preparación técnica para albergar los equipos que se instarían y garantizar su funcionamiento. La Sedena pagó por medio de transferencia bancaria a la cuenta 65500952869 con número Clabe 014320655009528691, radicada en Guadalajara, Jalisco, del banco Santander.

El contrato 4550000007 (folio SAITE-539/2012) da cuenta de la adquisición de la segunda fase del Sistema. Security Tracking Devices comenzó la instalación del Pegasus: el módulo central desde donde se opera esta plataforma de intervención de comunicaciones con sus ocho unidades de monitoreo de teléfonos inteligentes y sus estaciones de trabajo. Sólo el módulo central de Pegasus tiene la capacidad de intervenir al mismo tiempo 400 equipos son sistemas BlackBerry, 100 con Symbian (de teléfonos Nokia) y 100 Android (de Google). La Sedena pagó por estos servicios y equipos 1 mil millones de pesos a la cuenta antes citada.

La tercera fase también tuvo un costo de 1 mil millones de pesos. El contrato 4550000006 (folio SAITE-540/2012) da cuenta de la finalización de la instalación y el licenciamiento del software y puesta en operación de Pegasus Mobile Comunication Solution. A las capacidades de intervención de comunicaciones se agregó la de intervenir 400 teléfonos de Iphone.

En esta tercera fase quedó también instalado el Sistema Táctico de Imágenes a través de Paredes. Un radar que permite ubicar personas y objetos en inmuebles objetivos.

A los 2 mil 650 millones de pesos que suman los montos de estos contratos se agregan otros cinco para adquirir productos y servicios relacionados con la modernización de las actividades de inteligencia de la Sección Segunda, por casi 3 mil millones de pesos.

Se trata de cinco convenios –también adjudicados a Security Tracking Devices– para adquirir, entre otros equipos y servicios, dos sistemas de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular; un sistema procesador electromagnético; ocho estaciones remotas móviles de radiocomunicación y sistemas de inteligencia. Estos documentos se firmaron entre el 21 de diciembre de 2010 y el 3 de noviembre de 2011, bajo los números 4500006718 (folio SAITE-1462/2010), 04500006876 (folio SAITE-520/2011), 4500006908 (folio SAITE-556/2011), 4500000147 (folio SAITE-782/2011), 4500000525 (folio SAITE-135/2011) y 4550000007 (folio SAITE-539/2012).

Contralínea publicó el 22 de julio de 2012 los contratos que eran escudriñados por auditores civiles y militares, por denuncias de supuestos hechos de corrupción cometidos a lo largo de todo el proceso de adquisición de los sistemas. Antes, la columna Oficio de papel, de Miguel Badillo, en estas mismas páginas, dio la primicia de los contratos, los montos y las capacidades del sistema desde el 1 de julio de ese año.

El actual secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, se desempeñaba en esos días como Oficial Mayor del Ejército y Fuerza Aérea.

El pasado 19 de junio, The New York Times dio a conocer los resultados de una investigación técnica realizada a cargo de Citizen Lab –the Munk School of Global Affairs de la Universidad de Toronto, Canadá–. Los resultados arrojaron que 10 periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, seleccionados para la investigación, fueron víctimas de espionaje gubernamental.

Además, el informe Gobierno espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos –elaborado por Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social Tic–, confirma el espionaje por medio de un análisis técnico forense.

La investigación técnica comprobó que los smartphones de los personajes espiados habían sido infectados con el software malicioso de la plataforma Pegasus.

La instalación del malware en los teléfonos la concretó el propio usuario al dar clic a un enlace recibido en su teléfono inteligente. Para ello, los mensajes con el software malicioso se hicieron pasar por cuentas del servicio informativo Uno Tv o de la Embajada de Estados Unidos en México. En algunos casos, se utilizaron como señuelo mensajes de supuestos contactos de los usuarios que buscaban advertirlos de información de su vida privada.

Contralínea
Zósimo Camacho
Ciudad de México
Jueves 22 de junio de 2017.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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