El Gobierno de México protegerá a quienes con su pluma o con su voz denuncien cuando la dignidad humana corra peligro o el silencio sea cómplice de la injusticia, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Estableció que el quehacer periodístico no es ajeno a las condiciones de desigualdad existentes, una de las tantas grandezas del periodismo radica en la oportunidad para dar voz a los niños de la sierra, a las niñas, niños y mujeres en condiciones de trata, a indígenas que enfrentan procesos judiciales sin traductores o a menores abusados sexualmente.

Durante la ceremonia de Reconocimiento Público de Responsabilidad del Estado Mexicano y Disculpa Pública a la periodista y defensora de los derechos humanos, Lydia María Cacho Ribeiro, señaló que además de las disculpas a la también activista, también es preciso reiterar que el gobierno federal no estará supeditado a intereses particulares.

En el acto, en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación (Segob), la funcionaria federal advirtió que los poderes político y público no estarán subordinados al económico.

Por ello, garantizó protección a quienes con su pluma o con su voz denuncien cuando la dignidad humana corra peligro o cuando el silencio sea cómplice de la injusticia.

La titular de la política interior del país consideró indispensable asegurar el ejercicio periodístico. “Lo que en algún momento fue un espacio de censura, como fue la Secretaria de Gobernación, defendemos que siempre se exprese la oportunidad de disentir y contrastar y no la homogeneidad institucionalizada".

Casos como el de Lydia Cacho, subrayó, recuerda lo complicado que ha sido escribir alejados del periodismo mágico e irreal, el que pregona que las cosas van bien cuando no es así.

Expuso que México fue el país con más periodistas asesinados, por lo que el acto de este jueves representa el inicio de una política de Estado comprometida con quienes se dedican a informar.

Se trata, enfatizó la funcionaria federal, de un momento adecuado para reflexionar sobre el valor que para la democracia mexicana y para la Cuarta Transformación representa la libertad de expresión, por lo que aseguró que “nunca más en esta Secretaria de Gobernación la censura ha de tener cabida”.

En su oportunidad, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que con el evento de hoy se da cumplimiento a la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 31 de julio de 2018, respecto de las violaciones a los derechos humanos de Cacho Ribeiro.

Ello, añadió, derivado de los hechos ocurridos en diciembre de 2005 y a raíz de su labor como periodista y defensora de los derechos humanos, violaciones cometidas a manos de distintas autoridades del Estado mexicano.

Recordó que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que se violaron los artículos 3, 7, 9 y 19 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Con ello violentaron entre otros derechos humanos el de la libertad de expresión, el respeto a la integridad personal, el derecho a no ser sometida a tortura, así como el de salud, acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia de la periodista.

Apuntó que el Comité calificó que los tratos a los que Lydia Cacho fue sujeta por diversas autoridades del Estado mexicano, en el marco de su detención fueron arbitrarios y tuvieron un objeto discriminatorio por razón de género; señalando que el Estado incumplió con sus obligaciones de proveer de un recurso efectivo para investigar y sancionar a los culpables de tales arbitrariedades.

Por lo tanto, enfatizó, "asumimos la responsabilidad del Estado sobre hechos ocurridos hace poco más de 13 años".

De acuerdo con Encinas Rodríguez, el país ha cambiado y el Gobierno de México dejará atrás la simulación y enfrentará de manera firme la crisis humanitaria y de los derechos humanos que encara el país para alcanzar la paz y la tranquilidad entre los mexicanos, garantizando a todas y cada una de las personas que viven o transitan por el país, a los periodistas y defensores de derechos humanos de esa nación, el ejercicio libre de sus derechos.

Notimex
Ciudad de México
Jueves 10 de enero 2019.

La Congregación para la Doctrina de la Fe ha recibido en una década 6.000 demandas, según datos a los que ha tenido acceso eldiario.es

Solo la mitad de las demandas acaba llegando a juicio en la Iglesia. La Santa Sede ha expulsado en este tiempo a casi un millar de curas

Francisco ha creado una nueva secretaría judicial dedicada exclusivamente a agilizar estos procesos. "Tenemos trabajo para 50 años", reconocen

Es la mayor lacra en la Iglesia católica de las últimas décadas. Desde que estallara el caso de abusos sexuales en la diócesis de Boston en 2001 - retratado con maestría por la oscarizada "Spotlight"-, las denuncias contra sacerdotes y religiosos se han extendido como la pólvora. Según los datos de la propia Santa Sede a los que ha tenido acceso eldiario.es, en la última década han llegado más de 6.000, a una media de cerca de 600 casos por año.

Entre 2004 -año en que se recibieron casi 800 denuncias- a la actualidad, la maquinaria canónica ha procesado miles de causas, y casi un millar de curas -848- han sido expulsados del sacerdocio, "reducidos al estado laical", según datos de la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores, creada por el Papa Francisco y que intenta coordinar la respuesta de la Iglesia frente a este cáncer. Algo más de la mitad de las denuncias acaba llegando a juicio por la vía canónica y alrededor de tres de cada cuatro concluyen con la condena del acusado. Al margen del proceso religioso bajo las leyes canónicas del Estado vaticano, hay casos por la vía civil en cada país.

De las casi 6.000 denuncias presentadas ante la Santa Sede, entre 2004 y 2013, la Congregación para la Doctrina de la Fe estudió "3.420 casos creíbles de abusos a menores de 18 años". Es decir, la mitad de las presentadas. El año 2004 tiene muchas más demandas que el resto porque recogía conductas delictivas cometidas desde 1950. De estos más de 3.000 casos, se expulsó a 848 sacerdotes. En el resto de casos, los sacerdotes fueron simplemente sancionados con distintas penas, que el informe vaticano no especifica, pero que podrían ir desde una sanción temporal a un traslado, o a evitar su trato con menores.

Casos "creíbles" estudiados por la Santa Sede sobre abusos a menores

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Fuente: Santa Sede | gráfico: Raúl Sánchez

Sacerdotes apartados de su condición clerical por la Iglesia

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Fuente: Santa Sede | gráfico: Raúl Sánchez

En el aspecto puramente jurídico, la responsabilidad recae en la Congregación para la Doctrina de la Fe. En las oficinas de la antigua Inquisición los informes se amontonan. Una causa contra un sacerdote por pederastia, o contra religiosos u obispos por encubrimiento, tarda años en sustanciarse, pues el sistema vaticano es sumamente garantista. De hecho, el Papa Francisco tuvo que nombrar hace unos meses un tercer secretario adjunto de la Congregación para que se ocupara única y exclusivamente de estos casos.

"No dan abasto", reconocía Bergoglio en el vuelo de vuelta de México, donde dejó claro que no hay lugar en la Iglesia para los abusadores y sus cómplices.

"Un obispo que cambia a un sacerdote de parroquia cuando se detecta una pederastia es un inconsciente y lo mejor que puede hacer es presentar la renuncia. ¿Clarito?", apuntó entonces el Papa, tal vez pensando en su ministro de Finanzas, George Pell, que acaba de declarar respecto a su papel en la gestión de casos de abusos sexuales hace décadas en Australia.

Bergoglio, quien ya dijo en su día sobre el caso de abusos en Granada que "la verdad es la verdad, y tiene que salir a la luz", añadía en la última entrevista: "Doy gracias a Dios de que se haya destapado esta olla y hay que seguir destapándola. Y tomar conciencia. Y lo último que quiero decir es que es una monstruosidad, porque un sacerdote es consagrado para llevar a un niño a Dios y ahí se lo come en un sacrificio diabólico. Lo destruye".

"Tenemos trabajo para 30 ó 50 años"

Mientras tanto, las denuncias continúan llegando a Roma, y los papeles amontonándose. En España hay alrededor de una decena de casos en la actualidad, de los que los más conocidos son los relativos a Granada, el colegio Gaztelueta del Opus Dei o los maristas de Barcelona.

Un eclesiástico español, bien informado de los casos que conciernen a nuestro país admite en privado que "desgraciadamente, y pese a la buena voluntad del Papa y del G9 (grupo de cardenales que asesoran al Papa en la reforma de la Curia), habrá muchos casos de abusos que se resuelvan cuando víctima y agresor hayan fallecido, o que se cierren en falso".

Algunos casos de abusos sexuales en el mundo

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Fuente: elaboración propia | gráfico: Raúl Sánchez

Las razones son muchas: falta de personal, el hecho de que muchas denuncias se hacen cuando pasan hasta 30 y 40 años y, sobre todo, la sensación de que tanta denuncia puede sembrar el caldo de cultivo para pensar que toda la Iglesia está infectada. "Muchos no denuncian porque quieren seguir con su vida y olvidarse. Hay que comprenderles, pero también resaltar la valentía de tantas personas que han dado un paso adelante, y que con su denuncia pueden contribuir a evitar nuevos abusos, y a poner coto a los que se estén dando".

Hans Zollner, jesuita y miembro de la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores, es claro al respecto. "Tenemos trabajo como para 30 ó 50 años más". Porque las denuncias continúan llegando. Las condenas, aunque con cuentagotas, también.

eldiario.es
Jesús Bastante
Madrid, España
Domingo 6 de marzo de 2016.

 

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