Pablo Gómez

Fideicomiso es un mecanismo de administración. Las clases propietarias lo inventaron para proteger el patrimonio acumulado o simplemente administrar herencias. Ahora se usa para realizar algunos negocios, especialmente inmobiliarios. Por otra parte, algunos gobiernos rompen sus propias estructuras mediante fideicomisos como forma de repartir fondos y mandos sobre los mismos.


En México los fideicomisos públicos se han usado para muchas cosas, entre ellas la de quitar responsabilidades directas mediante la asignación de un fondo para atender ciertas obligaciones oficiales sin tener que dar la cara. También se han utilizado para crear islotes administrativos en favor de determinadas personas allegadas al poder. Bajo el Estado corrupto, los fideicomisos eran parte de lo mismo en alguna medida.

El rey de los fideicomisos era uno de carácter privado, sí, privado, no hay error; creado por una ley, sí, por una ley, tampoco hay error. Se llamó Fondo Bancario de Protección del Ahorro, mejor conocido como Fobaproa. Este instrumento administraba cuotas de los bancos por parte de administradores nombrados por la Secretaría de Hacienda, los cuales tenían plena personalidad y capacidad jurídica para asistir a los bancos. Llegada la gran crisis del “error de diciembre” suscribió obligaciones públicas reconocidas inconstitucionalmente por el gobierno federal (Ernesto Zedillo) en favor de bancos privados por la friolera de 100 mil millones de dólares. El PAN terminó apoyando todo el esquema. Aún se pagan anualmente los intereses de esa deuda.

Han existido muchos fideicomisos, la mayoría de los cuales son hoyos negros que tienen a su cargo ciertas funciones, desde pagar pensiones, indemnizaciones, ayudas, promociones, anuncios, etc., hasta hacerse cargo de muy importantes objetivos como la atención a las zonas en desastre natural. Éste, el Fonden, debe más de lo que tiene y nunca ha logrado atender por completo ninguna emergencia. El gobierno federal sigue realizando todavía, pero directamente, obras de reconstrucción relacionadas con los últimos terremotos.

Los fideicomisos son también maneras de privatizar fondos públicos para ciertas actividades que podrían ser llevadas a cabo por el gobierno. Por lo regular, son dirigidos por personas nombradas por los funcionarios para asumir funciones que en realidad son de carácter público.

Lo que ahora se discute en el Congreso no es el objeto del gasto, sino la forma de canalizarlo, es decir, usar o no fideicomisos para los destinos que hasta ahora han sido cubiertos por esa anómala forma de administración pública.

La forma de analizar este asunto por parte de las oposiciones es que al eliminar los fideicomisos desaparecerá también la asignación de recursos. Sin embargo, no existe base alguna para suponer tal cosa. Los fondos hacia cultura, ciencia, tecnología, protección de personas, pensiones, promociones, etc., no se van a suspender con la eliminación de los fideicomisos. Se trata de regularizar la administración pública conforme a un solo sistema de asignaciones y gastos, con los necesarios controles y, ante todo, con la debida responsabilidad directa de los gobernantes.

Además, en realidad nada justifica contar con recursos inactivos depositados en bancos, con los cuales éstos compran valores del mismo gobierno.

Las oposiciones y algunos aliados de la 4T están pidiendo que se analice uno por uno de los fideicomisos, lo cual es imposible hacerlo en el Congreso porque una de las características de éstos es su opacidad. Además, lo que en realidad se está proponiendo es superar esa forma de administración.

Luego vendrán nuevas disposiciones administrativas y algunas de carácter legislativo para dar nuevo orden a las actividades que hasta ahora han estado a cargo de esas administradoras de fondos públicos. Esto se hará sin interrumpir pagos y otras obligaciones ya contraídas.

Los fideicomisos tienen sentido, en algunos casos, cuando se realizan obras o programas que tienen día de inicio y de terminación, para evitar la convergencia desordenada de diferentes dependencias, o cuando se administran grandes ingresos provenientes de terceros que se convierten en patrimonio público o social, con el fin de dar cuenta exacta a los aportantes.

El gobierno federal, sin embargo, se fue convirtiendo en un inventor compulsivo de fideicomisos públicos, es decir, de formas de administración de recursos de origen presupuestal que eran manejados como casa aparte y con reparto de utilidades. Tenía que llegar el día en que todo eso fuera desmontado.

Los mejores críticos que puede tener la 4T son quienes exigen que se cumplan los ofrecimientos, como este en materia de fideicomisos, y se avance aún más lejos en la transformación de la vida pública de México.

Proceso
Pablo Gómez
Ciudad de México
Lunes 5 de octubre de 2020.


Pablo Gómez

Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, Roger Bartra, Julio Frenk, Soledad Loaeza, Enrique Serna, Javier Sicilia y Angeles Mastretta, entre los intelectuales que firmaron el desplegado.

Los intelectuales de la neoderecha nacional, aliados a los de la rancia, han entrado en demencia política. Ponen en duda la legitimidad del resultado de las elecciones legislativas de 2018, pero dos años después de los comicios. Niegan que exista una mayoría legítima en el Congreso y lo hacen a través de una inserción pagada para que sea leída.

Héctor Aguilar Camín y sus compañeros de viaje desconocen la Constitución y se lanzan a tratar de deslegitimar a la única mayoría parlamentaria auténtica que ha tenido México desde hace muchos años. La 4T obtuvo el 47% de la votación efectiva. Si hubiera sido un  solo partido, que no lo fue, pues era una coalición de tres, su representación hubiera sido del 55% de la Cámara, suficiente para ser mayoría absoluta.

El Partido del Trabajo (PT) sólo obtuvo tres diputados plurinominales (se aplicó severamente la cláusula de sobrerepresentación) y ninguno le fue asignado al Partido Encuentro Social (no alcanzó derecho al reparto). Morena tuvo derecho a 85 curules de representación proporcional según determinó el INE, luego de hacer sus propias cuentas, sin que hubiera litigio al respecto. Los tres partidos en conjunto alcanzaron 307 legisladores, 221 de los cuales son de mayoría relativa de un total de 300 distritos electorales que existen en el país, es decir, la 4T no alcanzó la mayoría sólo en 79.

En cuanto al Senado, la demencia política es de igual gravedad, ya que el grupo de Aguilar Camín no sabe que en cada entidad federativa se eligen tres senadores, dos de mayoría y uno de minoría, además de 32 de cociente nacional. No había manera de que la 4T fuera minoría en esa cámara del Congreso si fue mayoría en casi todos los estados.

Aguilar Camín y socios no conocen las leyes del país que dicen defender. En la Cámara, la Constitución permite a los partidos, en lo individual, una sobrerepresentación hasta de ocho puntos porcentuales respecto de su votación. Este precepto se conoce como “cláusula de gobernabilidad”, según le llamaron los amigos de Aguilar Camín, priistas y panistas, cuando la llevaron a la Carta Magna. Durante años, el PRI y el PAN la ejercieron con entera normalidad. Pero los neoconservadores no tienen ojos para el pasado en el que les iba muy bien, sino sólo en el presente que ya no les simpatiza. Viven en la angustia.

¿Por qué tendría que ser desaconsejable que una fuerza política tenga una mayoría parlamentaria? ¿Habría que hostigar a Emmanuel Macron, presidente de Francia, sólo por contar con suficiencia en la Asamblea Nacional? No, allá no, porque aquel gobierno es de la banda de Aguilar y compañía. Si éste y sus amigos quieren cambiar las reglas –no se sabe, luego de su carta pagada, cuáles serían las nuevas—, que se postulen para el Congreso; ese es el método.

La fuerza gobernante puede o no tener mayoría legislativa, pero, cuando la tiene, debe ejercerla porque para eso existe como expresión ciudadana. En México tuvimos tiempos en que el presidente carecía de mayoría y le era necesario acordar con otro u otros. Así se formó el PRIAN y el PANPRI, según a quien le tocaba el turno en el Ejecutivo.

Si en un futuro cercano el resultado de la elección legislativa no otorgara a ninguna fuerza política la mayoría parlamentaria, no habría ningún problema nuevo, pero esa no puede ser una exigencia democrática sino una aspiración de las oposiciones actuales. Son dos cosas diferentes.

La democracia, como la conocemos, es un sistema competencial con relativa tolerancia. La atomización en la representación política no le es consustancial, pues ésta es solamente expresión del  voto ciudadano.

El llamado equilibrio de poderes siempre ha sido una falacia porque no hay equilibrio en la Constitución. Lo que existe es un sistema con ramas del poder, cada cual con facultades diferentes, pero no en competencia. Lo normal en esas democracias es que la fuerza política mayoritaria ocupe el Legislativo y el Ejecutivo. Cuando este último carece de respaldo suficiente, tiene que llegar arreglos con otros. Así de sencillo.

Pero Aguilar Camín y socios creen que el “equilibrio” consiste en que el pueblo vote de la manera en que a ellos les conviene, es decir, que elija una mayoría parlamentaria que no sea de la misma fuerza política que la del Ejecutivo. Lo plantearon cuando íbamos a votar en junio de 2018; pidieron que, por favor, los electores que estaban a favor de AMLO votaran por diferente partido en las boletas de senadores y diputados. ¿Cuáles era los “otros partidos”?, pues los mismos de antes: si el triunfo de AMLO era inevitable, había que buscar acotar el cambio, el nuevo rumbo. El diferencial de votos se produjo por sí mismo porque el fenómeno era al revés: no pocos que por lo regular votan por otros partidos lo hicieron por AMLO en la boleta presidencial. Iban a lo seguro y querían un cambio. Pero no fueron tantos porque en la votación de diputados la suma de los partidos de la 4T alcanzó el 47%.

Los intelectuales orgánicos de la derecha funcional de nuestro tiempo se inventan un nuevo prototipo democrático. El punto central ya no es que cada quien vote como quiera y se respete la votación, tal como hemos llegado a pensar al respecto, sino que lo haga de tal manera que se logre el “equilibrio”, es decir, que Ejecutivo y Legislativo correspondan a fuerzas políticas diferentes. Esta novísima teoría, como “obligación democrática”, podría conducir al perpetuo conflicto irresoluble entre ramas del poder político. Nada nuevo, a menos que se restablezca el PRIAN, el partido de Aguilar Camín y compañía. De eso ya tuvimos bastante. En cuanto a demencias políticas neoconservadoras, ya estamos teniendo suficiente.

Proceso
Pablo Gómez
Ciudad de México
Viernes 17 de julio de 2020.


Pablo Gómez

El hecho de que este no sea tiempo de matices como objeto de la disputa política se debe a la convergencia conservadora frente a la irrupción de la izquierda en el poder. En este momento las oposiciones se están oponiendo y punto. Si hubiera algún partido de oposición que planteara negociaciones sobre la base del respeto a la mayoría surgida de las urnas, pero con campo abierto hacia otras propuestas, la situación política del país sería algo diferente.

Cuando los conservadores dominaban la política hacían todo tipo de acuerdos abiertos y encubiertos, pero discrepaban a menudo sobre temas menores y de reparto de canonjías. Aquel era tiempo de matices, pero neoliberales casi todos ellos. Ahora que esos conservadores se encuentran en la oposición, se han ido acomodando entre sí, pero se van a enfrentar pronto al difícil reto de crear una coalición.

El objetivo concreto opositor es derrotar a Morena en 2021 y a Andrés Manuel en 2022. Cambiar la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados y revocar el mandato del presidente de la República. Quien de manera más directa lo ha cifrado es Héctor Aguilar Camín en su conversatorio telemático fechado el reciente 23 de mayo: que Morena pierda la mayoría en 2021 y que en 2022 se revoque en las urnas a López Obrador… "por pendejo", según dijo.

Esa vulgaridad denominada Proyecto BOA (víbora que estruja a sus víctimas para tragarlas), repite aquellos dos objetivos con la misma claridad con que lo hacen otros conservadores. Su convocatoria busca la unidad de los importantes, el "círculo rojo", dice Aguilar Camín: partidos opositores, gobiernos locales, jueces, medios de comunicación, toda clase de organizaciones patronales, empresarios, intelectuales, etc. Nadie ha respondido por BOA, pero muchos no desconocen el objetivo. No tendrían por qué, es del todo verdadero. El mismísimo presidente del PAN recién lo ha dicho claramente.

No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador afirma que los adversarios de la transformación que él encabeza están a favor de conservar el viejo sistema de injusticias, privilegios y corrupción. Esto se debe al rechazo de plano que manifiestan los opositores a toda la política del gobierno, es decir, justamente a la ausencia de matices.

Al mismo tiempo, como complemento, en el ambiente político no sólo está presente la crítica del gobierno, de la política de éste y de sus actos concretos, sino también una considerable cantidad de mentiras e insultos que se pueden leer a diario en medios de difusión de toda clase. La convergencia conservadora no es sólo de los líderes sino también de las bases.

En condiciones normales sería un error político que el gobierno del cambio respondiera a los conservadores como si casi todos ellos fueran un solo bloque consolidado, pero bajo la situación política actual de México se ha vuelto inevitable, ya que del lado de los opositores la tarea es repudiar en bloque el programa de la 4T y tratar de cambiar de rumbo político; lo demás ya se verá, ahora no discuten entre sí.

El carácter reactivo de ese plan es otro elemento más que confirma la ausencia de matices en la política mexicana, mientras que la rispidez y la maledicencia son fórmulas que contribuyen a la ausencia de diálogo político.

Por ejemplo, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, fraguó la maniobra de responsabilizar al presidente de la República de choques de la policía local contra jóvenes manifestantes que exigían esclarecimiento y castigo por la detención y asesinato de Giovanni López. La idea de ese político conservador es que entre más logre confrontarse con el presidente, mejor será su propio prestigio personal, pero resulta ser otra cosa acusar sin motivo al titular del Ejecutivo federal de provocar la represión de manifestantes. Justificar la violencia mediante el infundio es viejo recurso de los déspotas mexicanos.

Hay que aclarar que la causa de fondo de que este no sea tiempo de matices no radica en las malquerencias, las cuales no parecen tener remedio, sino a que, frente a una hilada de cambios y nuevos enfoques, los opositores carecen por el momento de propuestas puntuales que pudieran discutirse en paralelo. Lo que proponen es volver a lo de antes en materia económica, social y administrativa (corrupción pública), lo cual sería el suicidio de la 4T.

Si Andrés Manuel se la pasara llamando al diálogo perdería tiempo y consistencia porque se ha estrechado demasiado el terreno de las interlocuciones entre grandes bandos políticos contrarios. No es una cuestión de personalidades o de opciones a la carta sino de hechos políticos duros.

En todo momento esto podría empezar a cambiar, pero es poco probable que sea pronto. En cambio, luego de las elecciones de 2021, dentro de un año, sí habrá cambios, tanto si Morena confirma su mayoría política como si la pierde. Eso lo saben los conservadores, a pesar de lo cual ellos no han optado por preparar una contienda de programas sino de desgaste de la Presidencia de la República mediante el ataque, la burla y el insulto sistemáticos.
Entonces, estamos peor que antes porque, antes de votar, no parece haber materia para el diálogo aunque ambos alineamientos se sigan culpando mutuamente de la ausencia del mismo y afirmen que sería bueno. Círculo vicioso podría denominarse la coyuntura.

Si no hay campo para arreglos puntuales mientras votamos, después quizá se abra, pero no es seguro.

Puebl@Media
Pablo Gómez
Ciudad de México
Jueves 11 de junio de 2020.


Pablo Gómez


El neoliberalismo no es una teoría ni una ideología sino un programa político de contenido social y económico. Es un proyecto para lograr un capitalismo más puro sin que la burguesía tenga que pagar tasas fiscales para financiar las rémoras del sistema.

Para ser neoliberal se requiere una doctrina, un conocimiento, una forma de analizar la realidad y un lugar desde donde ver, cierto, pero el neoliberalismo no busca otra cosa que capitalismo, el original, por decirlo de esa manera. Se quiere volver al pasado. Mas que conservadores, los neoliberales son reaccionarios.

Esa gran corriente internacional no busca eliminar al Estado, claro está, pero ni siquiera quitarle autoridad sino gasto social, lo que es otra cosa complemente diferente. Aún más, el neoliberalismo tiende a un Estado autoritario como forma de disciplinar a los trabajadores y pequeños propietarios, es decir, a todos los demás.

En el mundo, el neoliberalismo avanzó con rapidez ante la caída de los regímenes de socialismo de Estado y de la crisis del Estado social en los países capitalistas. En el llamado Tercer Mundo, los neoliberales se colgaron del desastre de la deuda, las recesiones, las inflaciones y otras muchas calamidades que ellos, en su mayoría, habían gestionado, como fue el célebre Fobaproa, cuyos intereses se siguen pagando a los bancos, mes tras mes, luego de 25 años.

Cancelado en la Constitución mexicana el derecho a la tierra y permitida la privatización legal de ejidos y comunidades, el combate se trasladó a las pensiones, la educación, la salud y la energía, las cuales también deben ser privadas, según el canon neoliberal. En México, esas grandes esferas han estado bajo un fuego cruzado entre quienes buscan su privatización y los que defienden su socialización.

El 1º. de mayo de 1992 (día internacional de los trabajadores) nació el llamado Sistema de Ahorro para el Retiro que privatiza la administración de los fondos de pensión y elimina el sistema solidario. Se condenó a millones a jubilarse para empobrecerse.
También cundió en el Estado mexicano la idea de que éste no debería "impartir" obligatoriamente educación superior. Así quedó en 1993 el nuevo texto en la Constitución, el cual sólo hablaba de "promover y alentar" ese nivel educativo, para dar entrada al cobro generalizado y amplio de colegiaturas.

Ante la imposibilidad de crear universidades privadas rentables, los neoliberales buscaban llevar a las instituciones públicas a operar dentro de un sistema restringido a quienes pudieran pagar y a becarios de escasos recursos y altos promedios. Las colegiaturas universitarias fueron derrotadas por el movimiento estudiantil de 1986-87 y, después, por la prolongada huelga de la UNAM de 1999-2000. Sin embargo, el gobierno respondió con una disminución del ritmo de crecimiento real de la educación superior pública, la cual era considerada como de imposible financiamiento en su totalidad por parte del Estado.

El turno le llegó también a los servicios de salud cuando en la primera Presidencia panista se creó el Seguro Popular como vía de canalizar recursos a los estados que se hacían cargo de las unidades médicas con un sistema de aseguración de tipo privado y cuotas familiares. El planteamiento neoliberal era que el sistema de gastos médicos privados podía funcionar en el campo de la medicina pública. Los resultados fueron muy malos, incluyendo la reducción en términos reales de la capacidad del Estado de prestar atención médica.

Pero la intervención neoliberal en la medicina fue más lejos. Los hospitales debían en alguna medida contratar servicios médicos con empresas privadas y, además, hacer subrogaciones, como aquellas realizadas en masa por el IMSS para el servicio de "guarderías infantiles". La venta al Estado de medicamentos e insumos quedó en manos de unos cuantos comerciantes quienes imponían sus precios.

No estaba permitido a las empresas privadas la distribución de energía eléctrica, pero el gobierno autorizó a productores privados que se instalaran para vender fluido a la Comisión Federal de Electricidad, la cual se encarga de distribuirlo prácticamente por cuenta de aquellos. Así fue como se profundizó la privatización de esta rama estratégica y la ruina del organismo público.

El último presidente panista intentó una reforma petrolera para entregar en concesión los nuevos yacimientos de crudo y gas del Golfo de México. Durante meses, el Congreso discutió nuevas leyes sin que al final hubiera una clara victoria de nadie. El presidente priista que llegó al relevo, puesto de acuerdo con el PAN, logró la reforma de la Constitución para la privatización de la industria petrolera, sueño dorado de los neoliberales.
El saldo de las principales reformas del neoliberalismo difícilmente podría ser más deficitario. Todo está en crisis o a punto de estarlo.

El sistema de retiro no será capaz de otorgar una pensión mayor al 70% del salario que hoy recibe cada trabajador y trabajadora; muchas y muchos no alcanzarán siquiera un salario mínimo y tendrá que haber subsidio público. La jubilación ya no será un descanso y una recreación después de una vida de trabajo sino el momento de una aguda depauperación de los trabajadores de México.

La educación superior no abarca más del 30% de los jóvenes y, por tanto, sigue estancada, por lo que hay muchos miles de rechazados cada año, legiones de jóvenes hacia el resentimiento social.

El sistema de salud tiene que ser reconstruido en sus bases organizativas y en muchas de sus unidades médicas. Lograr una medicina universal tardará todavía unos diez años.

Los concesionarios de petróleo y gas no han hecho las inversiones a las que se comprometieron y ahora será peor por la baja del precio del crudo; mientras, Pemex ha sido saqueada y arruinada, por lo cual durante un tiempo será una carga sobre las finanzas públicas. La CFE, por otro lado, tiene que recuperar su función de organismo productivo rector de la industria eléctrica.

El neoliberalismo mexicano hizo muchas promesas al país, pero no cumplió ninguna como no fuera despojar, entregar, desmantelar, arruinar.

Mas, a diferencia de otros países, los gobernantes neoliberales en México han sido unos corruptos que robaron y desfalcaron lo que pudieron, convirtiendo en negocio la función pública.
Después de 40 años, México tiene una sociedad más desigual y con mayor número de personas en pobreza y en pobreza extrema. A esto se le puede llamar el saldo del desastre neoliberal.

El país en su mayoría ha dicho no más; ahora faltaría que pudiera decir nunca más.

Puebl@Media
Pablo Gómez
Ciudad de México
Jueves 9 de abril de 2020.


Pablo Gómez

Hace 94 años que no se abría en México un juicio político. Muchos podrían pensar que durante ese lapso gozamos de los mejores gobernantes jamás vistos en el mundo: ninguno de ellos fue juzgado en el Congreso. Todos se presentaban como impolutos, los más honrados.

Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó acusar ante el Senado a una ex secretaria de Estado, Rosario Robles, por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, concepto éste contenido en la Constitución y que quiere decir acusar a alguien por ejercer un mal gobierno en contravención de las leyes.

El presidente de la República no es sujeto de juicio político pero sí lo son las y los secretarios. A su vez, las órdenes presidenciales no deben ser obedecidas si no van firmadas por el secretario o secretaria del ramo; esto se llama refrendo. Tal sistema permite que el Congreso pueda ejercer control sobre la política gubernamental y sancionar a los gobernantes con la destitución y la inhabilitación.

Este juicio no es de carácter penal y ni siquiera del ámbito administrativo, sino que tiene un espacio propio que consiste en juzgar la función gubernamental.

La acción parlamentaria de reclamar responsabilidad política fue eliminada en los hechos, mas no en las leyes, desde el maximato de Plutarco Elías Calles, a partir del cual los presidentes se volvieron la única instancia para impartir justicia a los demás gobernantes. Por esto casi nadie entiende en qué consiste el hasta ahora arrumbado juicio político y porqué la Cámara de Diputados acusa ante el Senado, el cual sentencia.

No hay tampoco que confundir el juicio político con el procedimiento de censura a los ministros o a todo el gobierno, el cual existe en los países con sistema parlamentario. En México es otra cosa: un enjuiciamiento por actos y omisiones políticos, así como su correspondiente sanción. Esto implica que el Congreso mexicano se convierte en una instancia jurisdiccional cuyas declaraciones y resoluciones son inatacables, según deja muy en claro el artículo 110 de la Constitución.

La reciente acusación de la Cámara contra una ex secretaria del Despacho es vigente no obstante que ella ya no se encuentra en ejercicio, pues el procedimiento se inició antes de cumplido un año de que aquella hubiera dejado el cargo, como lo prescribe la ley. Asimismo, el juicio procede aunque dicha ex secretaria se encuentra bajo proceso penal y en sede administrativa se le ha impuesto una sanción por omitir datos en su declaración patrimonial. La responsabilidad política corre por cuerda propia, lo cual es lógico, porque si no fuera así cualquier multa interrumpiría la función del Congreso de la Unión de vigilar al gobierno. Pero, además, todas esas son conductas diferentes.

El juicio político se realiza contra una persona pero no contiene sólo lo que ésta hizo o dejó de hacer, sino abarca la política que el gobierno practicó. La Estafa Maestra no fue obra de una secretaria de la Sedesol y luego de la Sedatu. Ese mecanismo de desvío de recursos públicos se ha observado en otras dependencias. El hecho que sólo a esa funcionaria se le hubiera abierto el juicio se debe a que muchos denunciados no son sujetos del mismo, a la ausencia de denuncias contra otros servidores públicos o a que varios dejaron sus cargos más de un año antes de la llegada de la nueva mayoría parlamentaria.
El principal argumento de defensa de la ahora acusada consiste en que la existencia del juicio político viola los derechos humanos, lo cual no podría ser resuelto dentro del mismo procedimiento porque las cámaras del Congreso no se pueden negar a obedecer la Constitución. Ya no es como antes. Otros argumentos, como la existencia simultánea de un proceso penal y de una sanción administrativa carecen de bases legales para impedir el juicio político, por los motivos antes expuestos. En fin, durante la instrucción y en sus alegatos, la ahora acusada objetó varias cosas pero nunca negó los hechos ni las conductas y omisiones que se le atribuyen.

Sin embargo, personas ignorantes de este procedimiento constitucional histórico, suspendido durante casi 100 años, se han permitido atacar a la mayoría parlamentaria de la Cámara de Diputados. Si esas personas han condenado alguna vez la impunidad; si han reclamado la sustitución del ejercicio de facultades del Congreso por mandatos presidenciales; si han criticado a los legisladores por no ejercer sus funciones a cabalidad y con independencia de criterio; si se han sumado al repudio de la corrupción y se han lamentado de que las leyes no se aplican; entonces aquello que han dicho se les ha venido abajo por condenar ahora la conducta de la Cámara de Diputados que consiste en cumplir con su deber.

La Estafa Maestra se conoció por investigaciones de medios de comunicación pero se documentó por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano de la Cámara de Diputados. Si no se hubiera abierto el procedimiento de juicio político, la propia Cámara se encontraría en grave situación de incongruencia, simulación, encubrimiento; como antes era.
Las conclusiones de la Sección Instructora han puesto de relieve la creación de redes de desvío de recursos como forma de gobernar, no sólo para beneficiar a unos cuantos funcionarios. También se ha desvelado el método de incorporar a entidades públicas que no son de gobierno y a empresas privadas, reales o fantasmas, que operaban como dispersores de dinero dentro y fuera del país, tal como ha quedado demostrado. Asimismo, se ha reportado lo sencillo que fue la falta de comprobación contable, consuetudinaria e impune, de erogaciones de recursos presupuestales: durante años, la Auditoría le exigió a la Sedesol y luego a la Sedatu que solventara las observaciones pero no obtuvo la menor respuesta.

No hubo venganza en las conclusiones de la Sección Instructora porque no habría motivo alguno para aquélla. Mucho menos hubo inexplicables miedo y odio. Quienes votaron a favor de presentar la acusación al Senado cumplieron sencillamente con un deber y rescataron una facultad constitucional histórica del Congreso que le fue arrebatada por el presidencialismo despótico mexicano durante casi 100 años.

No hay el menor aspecto personal en la acusación. Si ha de continuar la nueva transformación de la vida pública de México, no puede haber concesiones políticas a la vieja forma de gobernar. El pasado no está pisado. Los grandes cambios requieren el concurso de todos los que en verdad pueden contribuir a tan elevados propósitos. El Congreso es una pieza vital en ese proceso, tal como poco a poco se ha venido acreditando ante la conciencia política de la nación.

Puebl@Media
Pablo Gómez
Ciudad de México
Viernes 27 de marzo de 2020.


Pablo Gómez

Está claro que Emilio Lozoya no es exponente de “la peor corrupción estructural mexicana”. Hay episodios, sistemas, tramas, personajes y fortunas mucho peores. Nomás pensemos en el imperio corrupto de Carlos Salinas de Gortari. Pero el papel que jugó el hoy perseguido de la justicia es ocasión para que el país se asome a uno de los episodios de la historia de su Estado corrupto.

Lozoya viene de la alta burocracia política mexicana, toda ella corrompida, en línea con uno de los elementos básicos del poder. Su padre fue uno de esos burócratas empoderados. Pero, luego de un adecuado entrenamiento, ese personaje se proyecta en el momento en que le podía ser útil a una causa política concreta que era la recuperación de la Presidencia de la República por parte del PRI, a partir del gobierno del Estado de México y de la candidatura de Enrique Peña Nieto.

El antes fue la precampaña y campaña del abanderado priista, con todo el impresionante apoyo mediático de Televisa. El después fue la llegada de Peña a la Presidencia de la República. El hoy es la oportunidad de averiguar más sobre las tramas corruptas.

Conseguir apoyos mediáticos y económicos tuvo que ser el primer paso. Emilio Lozoya no era un político operativo. Sus tareas tenían que ver con relaciones, especialmente entre empresarios y poderosos de la esfera pública. Hizo bien su trabajo en tanto que logró obtener financiamientos. Así, tuvo que estar vinculado a Luis Videgaray.

El primer cargo penal que se le hace es obtener de la trasnacional brasileña Odebrecht fondos para la campaña de Peña Nieto. ¿Cuánto entregó al PRI y cuánto retuvo? No lo sabemos, pero supongamos que todo se lo dio a Videgaray.

Ya como director de Pemex, Lozoya había de beneficiar a la empresa donante. Según la acusación, así fue, pero con nuevos y mayores sobornos.

Hoy, se tiene que saber dónde está el dinero, cuál fue su ruta y destino. Es un laberinto.

Pero hay más. Pemex tuvo participación en la llamada Estafa Maestra, es decir, fondos entregados a organismos públicos como pago de algún servicio pero que no se aplicaban al objeto establecido en el convenio sino se canalizaban a través de empresas fantasmas. Aquí, el hoy tendría que ser el conocimiento del propósito de tal estafa y del destino final del dinero.

Más lo que supera la relación de Lozoya con Odebrecht y la versión petrolera de la Estafa Maestra es la compra de Pemex de la planta de Nitrogenados por 500 millones de dólares a la empresa privada Altos Hornos de México. Se ha calculado que esa “chatarra”, como la definió la Auditoría Superior de la Federación, podría haber tenido un valor de unos 15 millones de dólares, si acaso.

Los privatizadores neoliberales en el gobierno no sólo vendían y entregaban propiedades públicas sino también estatizaban chatarra. Todo, para hacer negocios corruptos.

El jefe de Altos Hornos, también perseguido, no hubiera podido quedarse con la totalidad del dinero. Eso hubiera sido imposible. Así que ya no fueron sólo 10 millones de dólares procedentes de Odebrecht. Después cayeron otros 500 millones volando entre las sombras de los forajidos. ¿Cuál fue la distribución? ¿Dónde está ahora el dinero?

Qué pequeño se antoja, comparativamente, aquel robo a Pemex de mil millones de pesos para financiar la campaña de Francisco Labastida como candidato del PRI en el año 2000, por órdenes de Ernesto Zedillo a través de Romero Deschamps y Rogelio Montemayor, a la sazón líder sindical y director de la paraestatal, respectivamente, ambos connotados y muy activos priistas de estrellato salinista. Entonces hubo total impunidad penal gracias a la capitulación en la activación del aparato de justicia por parte, directamente, de Vicente Fox y su partido, el PAN. Se otorgó un perdón de facto. Sólo se logró una multa electoral contra el PRI, justamente de esa misma cantidad.

Quizá en algún momento, el mismo Peña Nieto y su administrador y operador político, Luis Videgaray, entre otros, tuvieran que ser interrogados si el fiscal careciera de otra opción. Habría que esperar que, llegada la situación, no fuera sólo un espectáculo mediático.

Lo peor de este periodo de la historia del Estado corrupto mexicano sería que el desempeño de Emilio Lozoya resultara haber sido algo marginal. Poca cosa en términos comparativos al gran total. Entonces tendríamos un hoy desgarrador. Puede ser.

Proceso
Pablo Gómez
Ciudad de México
Sábado 15 de febrero de 2020.

Pablo Gómez  

Hemos tenido durante 20 años grandes y pequeñas reformas al sistema de justicia penal, pero, durante ese tiempo, la incidencia delictiva ha seguido en aumento como nunca en la historia. ¿De qué nos habla eso? Pues de que tanto el postulado punitivista dominante, como la tesis de que las reformas legislativas pueden contener la delincuencia, son ideas falsas.

Aunque parezca increíble, seguimos en lo mismo. Nuevos proyectos de leyes punitivas van y vienen de un lado para otro. Aunque ya dijo Andrés Manuel López Obrador que él no tiene proyecto alguno en esta materia, muchos senadores, algunos diputados, el fiscal y el secretario de Seguridad traen las alforjas llenas, como si no pudieran analizar qué cosa ha sucedido con tantas reformas que no han servido.

La declaratoria de guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico y, en general, contra el crimen organizado, con excepción del que existía dentro del Estado, llevó a la confrontación histórica más grande entre las bandas criminales.

Todos los carteles se pusieron a disputar entre ellos los territorios y las rutas; reclutaron sicarios entre jóvenes desempleados y resentidos, así como entre desertores del Ejército; al tiempo, se empezaron a subdividir y, así, de unos cuantos carteles, un día México se encontró con varias decenas, enfrentados entre sí, pero sin que el gobierno pudiera frenarlos en lo más mínimo. Hoy son más que antes, tienen más reclutas y están mejor pertrechados, a pesar de sus miles de muertos y encarcelados. ¡Qué desastre!

El aumento de penas, el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, la extradición antes de terminar juicios en el país, la incomunicación de reos, la creación del delito constitucional de delincuencia organizada, la extinción de dominio, etcétera, han fracasado porque no eran respuestas adecuadas ni efectivas: a nadie detienen. Además, el Sistema Nacional de Seguridad Pública es más un precepto constitucional en el papel que algo funcional y efectivo.

Ahora se quiere extender el arraigo a otros delitos, seguir aumentando penas, incorporar nuevos ilícitos al sistema de prisión preventiva oficiosa, crear un código penal nacional, establecer una ley de justicia cívica para todo el país, regular el funcionamiento de los antros directamente por parte de la Federación (sic), más otras ideas que no son más que la prolongación de lo que ya fracasó.

Sin duda tiene razón Andrés Manuel cuando dice que la guerra de Calderón fue algo así como revolver el avispero. Mas tendríamos que agregar dos cosas: las reformas no calmaron a las avispas y ahora tenemos mayor cantidad, las cuales están más furiosas.

Hace años, Felipe Calderón nombró a una persona como procuradora y, en su comparecencia en el Senado, le pregunté sobre cuál iba a ser su plan estratégico frente a la delincuencia organizada. Me respondió que consistiría en “aplicar la ley” y nada más. Los presentes volteamos a vernos a los ojos. Ella no se inmutó en lo más mínimo. Nada hizo. Duró poco. Creo que así habían estado antes las cosas y así siguieron.

El mayor problema de la política criminológica o, como se dice, criminal, es que ninguna ha funcionado bien porque no existen cuerpos capaces de ponerla en marcha, cualquiera que ésta fuera.  Parece un chiste, pero es una realidad cotidiana, inicua.

Sabemos que lo principal son las reformas sociales, el cambio en el patrón de distribución del ingreso, el aumento de salarios, el empleo formal, el acceso a los servicios de salud y la educación pública para todos, en un marco de incremento de la productividad del trabajo social. Pero, de cualquier manera, se requiere una estrategia de lucha contra el crimen organizado.

Las matanzas entre delincuentes afectan al país en muchas formas, pero lo que más perjudica directamente son los delitos contra cualquier persona: el robo en sus muchas modalidades, especialmente con arma; la extorsión, que va en aumento; los feminicidios (homicidio de mujeres por motivos de género), que también son más; las violaciones y otros delitos sexuales, cuyos números totales se desconocen; el secuestro; la trata de personas; entre otros.

Si los carteles hicieran un pacto y dejaran de matarse entre sí, la estadística de homicidios dolosos y violentos bajaría mucho, pero, en realidad, para la sociedad, poco habría ocurrido. No es el número de esos homicidios violentos el que afecta directamente a la gente, pues en su mayoría son producto de disputas por el negocio criminal que sigue adelante sobre montones de cadáveres y cementerios clandestinos regados por casi todo el país. El mayor problema de los cárteles es que sus integrantes se dedican paralelamente a cometer delitos contra el común de la gente. Eso sí duele mucho.

Sin embargo, en ese mismo sentido, urge legalizar y reglamentar la producción, comercio, posesión y consumo de mariguana, el cual podría ser algo positivo. El prohibicionismo nos ha inundado de homicidios y de asociaciones criminales, además de corromper al Estado, pero no solo en México, sino en todo el mundo.

Son pocos los delitos registrados del orden federal. La mayor persecución está a cargo, principalmente, de las autoridades de los estados. El problema es que éstas son extremadamente débiles y corruptas: la macabra mancuerna mexicana.

Sin embargo, no ha de ser con una disminución de potestades de las entidades federativas como se podría encarar la crisis delincuencial. Sería mejor fortalecer a los estados con una severa vigilancia y control, en el marco de la lucha efectiva contra la corrupción. De otra manera, terminaríamos en un Estado centralista, al estilo de los tiempos de Santa Anna, pero sin resolver ningún problema sino con unos nuevos, tal vez peores.

La estrategia criminológica debe ser precisada y planteada como obligatoria para todas las entidades federativas, al tiempo que éstas cuenten con los recursos suficientes para llevarla a cabo realmente, sin las simulaciones que se vieron desde Fox hasta Peña Nieto.

El camino del punitivismo legislativo está cerrado. Grande ha sido la experiencia. Sería el colmo que no se vieran los macabros errores de aquellos políticos de antes y que los de ahora cayeran en su repetición. Por ejemplo, con algunos toques de comicidad involuntaria, ha surgido inopinadamente la propuesta del control federal de todos los antros del país, bajo el argumento de que en éstos se han cometido muchos asesinatos con arma de fuego. Sin comentarios.

Si Andrés Manuel se ha deslindado de paquetes de reformas punitivistas, habría que aprovechar la coyuntura para insistir en otras posibles soluciones que están planteadas pero ignoradas.

Proceso
Pablo Gómez
Ciudad de México
Domingo 2 de febrero de 2020.


Pablo Gómez  

Titulares de organismos autónomos de la Federación se han rebelado contra el precepto constitucional que les impide ganar más que el presidente de la República.

Es la segunda vez que lo hacen y, por ahora, sólo la Suprema Corte de Justicia los puede frenar y obligarles a acatar los textos de los artículos 75, 126 y 127 de la Constitución, antes de que tuvieran que intervenir otras autoridades.

El Banco de México (Banxico) considera que es falso el sueldo del presidente de la República fijado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El argumento consiste en que no incluye elementos pagados en especie. Sin embargo, los gobernadores de esa institución omiten que no forman parte de la remuneración "los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo", como tampoco los "gastos de viaje en actividades oficiales" (Art. 127.I).

En las casas de los embajadores de cualquier país, incluso de México, se ejerce un presupuesto que no se contabiliza como sueldo del representante diplomático. Lo mismo ocurre en otras residencias oficiales, en especial de jefes de Estado y de Gobierno. La alimentación de las tropas no es parte de los haberes, como tampoco, por cierto, el café que beben en sus reuniones los gobernadores del mismo Banco de México. Hay muchas más erogaciones de esta clase, las cuales forman parte de los gastos de operación, cuyos montos se encuentran señalados en el presupuesto federal, con la única excepción de los del Banxico que no está sujeto al control presupuestal directo.

El argumento de que el sueldo presidencial es falso porque debería contener una parte en especie es mendaz a la luz de la norma, ya que en ésta no se dice que siempre debe incluir un componente no monetario.

Mas todo eso tiene poca importancia. El verdadero planteamiento del Banxico no es jurídico, sino que tiende a combatir la política de salarios que ha sostenido la nueva fuerza gobernante. La acusación consiste en que López Obrador se ha rebajado el sueldo para poder reducir los de todos los jefes, pero no incluye –así lo insinúan-- lo que él come en Palacio Nacional y, quizá, el costo del albergue, cuyos montos, por lo visto, deberían ser adicionados para lograr una fijación más alta del sueldo de cada miembro de la Junta de Gobernadores del Banco de México.

Por lo demás, la controversia planteada por el Banxico es inoperante porque los salarios de los integrantes de la Junta son fijados por un comité especial ajeno al banco. Luego, si ellos lograran la invalidez del sueldo presidencial como "referente normativo", ésta no podría tener efectos generales y, por tanto, no sería obligatoria para dicho comité especial ya que éste no es parte del litigio ni recibe órdenes del Poder Ejecutivo. Entonces, las remuneraciones de los gobernadores del Banxico para 2020, que ya están legalmente fijados, serían el tope para todos los demás funcionarios de dicha institución. Todo quedaría igual.

En síntesis, lo que el Banco de México quiere es echar abajo el monto del sueldo del Presidente de la República por la vía de la controversia constitucional, aunque eso a fin de cuentas no sirva para nada porque la resolución de la Suprema Corte solo tendría efectos respecto de las partes de dicha controversia (Art. 105, tercer párrafo) y, además, el banco no figura en el presupuesto federal.

La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones han presentado también sus propias controversias a la Suprema Corte para reclamar remuneraciones mayores al del Presidente de la República con variados argumentos, pero sin tomar en cuenta la Carta Magna.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha logrado que el ministro instructor le conceda una prórroga de la suspensión que le otorgó el año pasado para evitar la aplicación del presupuesto de 2019. Ahora, por lo visto, se otorgan prórrogas suspensivas contra la vigencia de un ordenamiento nuevo que no existía cuando se otorgó la suspensión de otro decreto muy diverso, anterior, que ya no tiene vigencia, sino que es la representación fantasmagórica del pasado.

De cualquier manera, por un lado, la ley reglamentaria no permite conceder suspensiones cuando se trata de "normas generales" (Art. 14, segundo párrafo); por el otro, el Presupuesto de Egresos ha sido varias veces considerado por la Suprema Corte como una norma general.

Al mismo tiempo, pudiera afectar al interés público conceder suspensiones judiciales sobre los sueldos presupuestales fijados para 2020, con el propósito de mantener remuneraciones anteriores que eran más altas que las ahora señaladas. Si tales controversias fueran declaradas infundadas al término del procedimiento, el Estado mexicano habría pagado durante meses salarios indebidos que ya no podría recuperar. Tendríamos entonces una pérdida de patrimonio público, pero sin responsabilidad para nadie. Si, por el contrario, estas controversias se siguen sin suspensiones, conforme lo marca claramente la ley, en el caso de que la Corte declarara fundada la controversia, ella misma tendría que ordenar que se completaran los sueldos hasta llegar al nivel señalado en su propia resolución, con los naturales efectos retroactivos.

El Instituto Nacional Electoral no ha recurrido ahora a la Suprema Corte, sino que ha decidido, a través de su Junta General Ejecutiva, que los altos funcionarios ganen mucho más que el Presidente de la República porque –dice-- su trabajo es "especializado".

Ese acuerdo es enteramente inconstitucional, ilegal e inmoral. La Carta Magna señala que las personas que realicen trabajos técnicos especializados pueden tener un sueldo mayor al de su superior jerárquico, pero siempre que sea parte de un "contrato colectivo o condiciones generales de trabajo", pero no "podrá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República" (Art. 127.III).

En el extremo de la rebelión burocrática del INE, se desconoce en el acuerdo de su Junta General Ejecutiva que los sueldos de sus integrantes los fija la Cámara de Diputados (Art. 75), como ya lo hizo, y que "no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior" (Art. 126).

Este litigio no se terminará, como en el beisbol, hasta que se termine. Esto quiere decir que en cada entrada puede seguir el empate en el marcador. Así lo ven los titulares de varios organismos autónomos. Más la cuestión de fondo es que tales entidades públicas se han convertido en trincheras de los enemigos de la moderación de las percepciones en la alta burocracia.

La política de remuneraciones de la 4T no es un capricho sino una respuesta a las largas décadas en las que el Estado corrupto se expresó en casi todo, incluyendo la práctica con la que los sueldos podían ser tan altos como lo decidieran los gobernantes, mientras el salario medio nacional disminuía. Así, las remuneraciones de la burocracia dorada eran una forma integrada al sistema de gobierno: reparto de prebendas y privilegios.

Si el país ha repudiado por la vía de los votos esa práctica, resulta inmoral querer mantenerla desde instituciones públicas, en desobediencia del mandato popular. Esa inmoralidad empeora si se considera que lo pretendido consiste en conservar el magnífico y desproporcionado sueldo propio.

Frente a la arrogancia de unos cuantos funcionarios investidos de poder, es obligatorio defender la democracia, la austeridad republicana y la Constitución.

Puebl@Media
Pablo Gómez
Ciudad de México
Jueves 16 de enero de 2020.


Pablo Gómez

A la memoria de Ricardo García Sáenz, quien advirtió desde un principio el inevitable colapso del inicuo sistema de las Afores

Las pensiones y jubilaciones del viejo sistema de seguridad social estuvieron durante años castigadas porque se ligaban al salario mínimo general (SMG). En tanto éste disminuía en términos reales, aquellas bajaban en la misma proporción. Sólo en 1999, para el presupuesto de 2000, se logró un aumento por la vía directa, luego de lo cual se regularizó en ley dicho incremento en la pensión mínima.

Cuando se eliminó el SMG como instrumento de cálculo de casi todo, se creó la UMA (Unidad de Medida y Actualización) para indexar muchas cosas a la tasa inflacionaria anual. De esa forma, las pensiones y jubilaciones pierden día tras día algo de su capacidad adquisitiva según el ritmo inflacionario, pero, al término del año, recuperan de un solo golpe lo que se deteriora durante 365 días para volver a empezar el ciclo. El pensionado o jubilado pierde algo, aunque se lo abonen al final del año. En otras palabras, le resarcen lo erosionado en su ingreso con un año de retraso.

Lo que se ha logrado con el UMA es que el salario mínimo general pueda aumentar sin hacer repercutir su elevación hacia otros ámbitos. Sin embargo, mientras que el salario sube, la pensión y jubilación se actualiza en forma anual conforme a la UMA, es decir, además de perder algo con el simple transcurrir inflacionario de los meses, se rezaga cada año respeto al SMG.

Esto ha llevado a muchos pensionados y jubilados a exigir el mismo trato que antes les perjudicaba, es decir, que sus incrementos se lleven a cabo según la subida anual del salario mínimo general.

Para 2020, habrá un aumento del SMG de 20%, así como de 8% para el llamado salario fronterizo, el cual es bastante mayor que el general.

Si todas las pensiones y jubilaciones del viejo sistema solidario que estuvieran por debajo del SMG de 2020 se pagaran con un 20% de aumento no habría manera de cubrir tan fuerte incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que es de donde salen esas erogaciones.

Hay que recordar que con la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) la Federación asumió el pago de pensiones y jubilaciones ya concedidas o en dirección de otorgase a trabajadoras y trabajadores en activo al momento de la reforma.
Desde entonces, el PEF sufre una sangría anual, es decir, como no hay fondo social, la recaudación fiscal se usa para cubrir el retiro.

Aunque el gobierno federal no podría ahora mismo aumentar en 20% las pensiones y jubilaciones más bajas, la Federación está obligada a elaborar un plan para mejorarlas. No es admisible que mientras trabajadoras y trabajadores en activo se ven beneficiadas por una nueva política salarial que, aunque se exprese en la fijación del mínimo general, las personas que tienen jubilación o pensión sólo sean apoyadas con el ajuste inflacionario (UMA). Claro, es mejor ahora que antes, cuando sufrían un fuerte deterioro, pero no es suficiente.

Este asunto debe ser atendido directamente por la Secretaría de Hacienda en las primeras semanas del nuevo año. Más lo que tendrá que verse con mucho mayor detalle es la reforma del sistema mexicano de retiro.

El SAR y sus administradoras privadas constituyen un inicuo sistema creado bajo el programa neoliberal para privatizar las pensiones, hacer depender éstas del ahorro personal de cada cual durante toda su vida laboral y construir un formidable negocio, uno de los más rentables del mundo porque tiene bajísimos costos, ningún riesgo y elevadísimas tasas de ganancia. Todos los ingresos propios de las Afores como empresas privadas provienen del dinero que cobran a las personas aportantes, es decir, las que ahorran. No hay comercio sino sólo esquilmo.

En México, ese sistema de retiro conlleva a que el ingreso del 75% de los que se jubilen o pensionen no puedan obtener más de dos tercios del salario mínimo general. Si éste sigue subiendo, como se anuncia, aquel porcentaje de trabajadores en retiro sería aún mayor.

El primer punto que es preciso dejar en claro es que el SAR no tiene remedio. Es y seguiría siendo un negocio redondo de unos cuantos y la ruina de millones. Hay que crear un nuevo sistema antes de que empiecen a jubilarse quienes están sujetos al Sistema de Ahorro para el Retiro.

El segundo punto es que, sin menoscabo de admitir que los empleados muy bien pagados sigan con el sistema SAR, todos los demás --damnificados del neoliberalismo-- puedan optar por un sistema solidario de pensiones y jubilaciones que el Congreso expida mediante una nueva ley.

El tercer punto es que los recursos acumulados de quienes así lo decidan, pasen a formar parte de la bolsa general de retiro, como la que existe en muchos países desarrollados donde jamás se toleró el control privado de las aportaciones de trabajadoras y trabajadores.

El sistema de Afores, como se le conoce en México, fue una copia directa del chileno, hijo de la dictadura pinochetista, el cual ahora está completamente colapsado y es una de las causas directas de las grandes protestas sociales y políticas que se han realizado en ese país y probablemente conduzcan a la redacción de una nueva Carta Magna, la cual podría resolver, entre otros muchos, el inmenso problema del retiro.

Los neoliberales en Argentina también impusieron el mismo sistema de privatización del manejo de fondos individuales de retiro, pero hace algunos años se revirtió para construir un método solidario de pensiones.

En la Francia convulsa de estos días que tiene en su centro el tema de las pensiones, lo que se discute se ubica en las modalidades de los sistemas solidarios y el tema de la edad. Nadie propone privatizar su administración.

México seguirá siendo un país con bajos salarios durante los próximos 15 años, aún si no se bloquea la nueva política de redistribución directa del ingreso de la 4T y aún si se profundiza como muchos buscamos. Si continuara el mismo sistema pensionario, por más que se elevaran las cuotas, no se garantizarían para la mayoría jubilaciones por arriba de la mitad del último salario. ¿Qué clase de país puede ser ese que no se propone jubilar para liberar sino para castigar?

No tendría ningún sentido para el Estado mexicano empezar a destinar de nueva cuenta crecientes fondos presupuestales para completar la pensión mínima garantizada a centenares de miles y, luego, a millones de personas en retiro, con tal de mantener un sistema inservible y oneroso de administración del ahorro para el retiro.

Mejor cambiar. Para millones de personas, para el Estado y para todo el país es indispensable abrir un nuevo camino antes del inminente colapso.

Puebl@Media
Pablo Gómez
Ciudad de México
Jueves 2 de enero de 2020.


Pablo Gómez

La estabilidad política y económica lograda por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene tres patas: la mayoría legislativa, la firmeza de la moneda y la baja inflación, así como la ausencia de grandes movimientos sociales opositores.

Es un buen escenario, pero sus costos han sido el estancamiento de la inversión productiva y el nulo incremento de la economía, vista en su conjunto, ya que sí hay sectores en crecimiento. Ambos factores se encuentran íntimamente ligados.

Hasta ahora, la estabilidad cambiaria y de precios se ha convertido en una plataforma sobre la cual es posible promover la expansión económica, pero aquella no suele ser suficiente, como ya se observa, debido a que la inversión no está en dependencia del capital-dinero disponible sino de dos factores: la ampliación del campo de las inversiones privadas y la capacidad del Estado para emprender proyectos autofinanciables efectivamente. Estos dos elementos no están todavía presentes.

El gobierno ha dicho que no hará una reforma fiscal con el fin de aumentar la inversión pública, al menos antes del año 2021. Ya ha mencionado Carlos Slim que, en sus propios cálculos, hay lugar para nuevas infraestructuras por un monto de 600 mil millones de pesos. En este marco pareciera que la única solución consiste en fomentar sólo las inversiones privadas. Sin embargo, eso no es posible en el México de nuestros días. No hay proyecto de infraestructura, aunque sea privado, sin financiamiento público. Como grandes proyectos del Estado, hoy sólo se tienen el Tren Maya y la vía del Istmo, ambos iniciados en el siglo XIX, los cuales también tendrán capital privado aunque sin estar bajo el control de éste.

Los proyectos de infraestructura tienen que darse en la ampliación acelerada de la red de carreteras de cuota, los trenes de alta velocidad, la producción de electricidad, todos ellos a cargo del Estado, al menos en su mayor parte, porque esas inversiones carecen de rápidos retornos exigidos por la mayoría de las empresas privadas.

Sin embargo, la masa mayor de infraestructuras viables se conforma con proyectos de las entidades federativas y municipios. Para su financiamiento se requiere un fondo del gobierno federal, exclusivamente destinado a atender los requerimientos de infraestructura precisamente de carácter local o de conurbaciones.

Hace unos diez años, propuse en el Senado la creación de ese fondo, dotado con 300 mil millones de pesos anuales, y controlado directamente por la Presidencia de la República, entonces en manos del PAN. Sólo algunos pocos priistas se interesaron en el proyecto pero no pudieron hacer nada. A los neoliberales les parece que esa es una mala jugada estatista pero nunca generaron propuestas alternativas. Las infraestructuras locales siguieron financiándose precariamente dentro del presupuesto federal a través del conocido sistema de moches que arrimaron dinero mal habido a políticos gestores.

La cuestión consiste entonces en hacer un plan para disponer de esos 600 mil millones anuales para inversión, casi 10% del gasto público total. El primer paso debería ser eliminar el superávit primario, es decir, el uso de recurso fiscal para contener la deuda pública en términos relativos, el cual costará en el año 2020 el 0.75 del PIB. El segundo paso tendría que ser el cancelar algunos de los gastos fiscales, los más inicuos e insostenibles, ya que representan otra cantidad aproximadamente igual. El tercer paso sería que el Banco de México tuviera su propio fondo para proyectos especiales de infraestructuras altamente garantizadas.

El campo de las inversiones privadas no se expandirá con rapidez, ya sea porque existe una línea de defensa de las tasas de ganancia ya consolidadas, o porque las estructuras oligopólicas no favorecen la concurrencia de capitales hacia nuevos proyectos.

Hay que seguir pagando costos de tan apreciable estabilidad del país, pero sin alimentar ilusiones ni caer en exageraciones. El PIB debe alcanzar pronto un crecimiento de 2% anual y, para ello, las nuevas inversiones, entre ellas las infraestructuras, podrían llevarse a cabo principalmente bajo la conducción del Estado. No es que así se quiera, es que así se puede.

Puebl@Media
Pablo Gómez
Ciudad de México
Sábado 28 de diciembre 2019.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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