El SAT determinó que tales operaciones fueron simuladas con empresas fantasma


El desfalco al IMSS en el sexenio de Enrique Peña Nieto abarcó el desvío de recursos públicos a empresas fantasma que supuestamente vendieron ventiladores, uniformes quirúrgicos y medicamentos; sin embargo, el SAT determinó que tales operaciones
fueron simuladas, porque las compañías no contaban con empleados ni infraestructura para llevarlas a cabo.

Entre 2014 y 2018, el IMSS contrató a 133 empresas fantasma a las que pagó 320.9 millones de pesos que debieron emplearse para fortalecer la infraestructura hospitalaria del instituto, que ahora enfrenta uno de sus mayores retos ante el COVID-19.

La mayor parte de los recursos se destinaron a la supuesta compra de al menos 15 ventiladores, 250 mil uniformes quirúrgicos, 80 mil 377 batas para aislamiento, 114 mil 746 colchas y sábanas para camas hospitalarias, así como cientos de equipos médicos, instrumental quirúrgico y miles de artículos como agujas, gasas y medicinas.

En marzo, Impunidad Cero y Justicia Justa dieron a conocer en un estudio que entre 2014 y 2018 los sectores de Salud federal y estatales desviaron 4 mil 179 millones de pesos a empresas fantasma. El IMSS fue la segunda institución con el mayor desfalco.

Este diario hizo una búsqueda en CompraNet y en el portal de compras del IMSS de los contratos que se otorgaron a los 133 proveedores señalados como fantasma por el SAT y exhibidos en el estudio. Así, se encontró que una parte de los recursos se usaron para la supuesta adquisición de insumos que hoy necesitan los hospitales.

Por ejemplo, uno de los contratos supuestamente fue para la adquisición de nueve ventiladores en 2017. La empresa beneficiada con 4.7 millones de pesos fue Interacción Biomédica, que cuando firmó el contrato con el IMSS el 28 de noviembre de 2017 ya tenía cuatro meses de haber sido exhibida en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el SAT como una empresa fantasma.

Denise Dron, investigadora de Justicia Justa, explica que "la consecuencia más grave son todas las deficiencias que hay en los servicios de salud y que se agravan en zonas marginadas.

"Estamos viendo, ahora con el coronavirus, que no tenemos un sistema de salud que pueda hacer frente y atender a la población como esperaríamos".

El Universal
Ciudad de México
Lunes 04 de mayo de 2020.


Trece años después del asesinato de la indígena Ernestina Ascencio, uno de los peritos revela que el expresidente Felipe Calderón y el exgobernador de Veracruz Fidel Herrera acordaron cambiar el dictamen médico sobre su muerte y ocultar la violación sexual. Antes de morir, Ernestina señaló a militares como sus agresores.


Ernestina Ascencio Rosario, originaria de Soledad Atzompa, Veracruz, presuntamente violada y asesinada por elementos del Ejército mexicano, sigue sin recibir justicia. A 13 años de distancia, el médico legista Juan Pablo Mendizábal sostiene que la indígena fue agredida sexualmente y que los gobiernos de Felipe Calderón y Fidel Herrera acordaron modificar la versión de los peritos.

Mendizábal dice que no cambiaría nunca el dictamen pericial que le hizo a Ernestina Ascencio Rosario.

“Por honestidad, por justicia, no lo cambiaría. Ernestina fue agredida sexualmente. Por todos los indicios que se encontraron, por todos los hallazgos físicos, los desgarres, el antígeno prostático encontrado en el recto y la vagina es exclusivo de los hombres. Todas esas cosas en conjunto fueron determinantes para estar completamente seguros de la agresión sexual de la señora Ernestina”.

El perito que hizo la necropsia de Ernestina Ascencio sostiene que la mujer de 73 años, originaria de Tetlatzingo, municipio de Soledad Atzompa, “fue violada por tres personas”. Es el resultado de cromosomas de al menos tres personas. Pero hubo un acuerdo entre los gobiernos federal y estatal. Y Fidel Herrera les dijo que “al gobierno del estado no le convenía tener en contra al presidente de la República y que por eso se tenía que cambiar el dictamen”.

Pablo Mendizábal narra cómo en un principio Fidel Herrera les obligaba a defender los dictámenes. Después, con Felipe Calderón y los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en reuniones en Xalapa y Ciudad de México, acordaron sostener que Ernestina falleció a causa de anemia.

El perito señala que lo obligaban a cambiar las evidencias y el dictamen. Por negarse, dos años antes de salir jubilado lo cesaron de su trabajo diciendo que “reprobó los exámenes de confiabilidad”.  Ante la violación a sus derechos, acudió al Tribunal de Contencioso Administrativo y ganó el laudo, pero el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se amparó para no reinstalarlo en su fuente laboral. Hoy sigue con ese problema.

Fueron “los hombres de verde”

Las últimas palabras de Ernestina Ascencio fueron que “Pinome Xoxome (hombres de verde)” la habían violado. Y los dictámenes periciales confirmaron el delito. Desde el 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido el caso y ha realizado algunas recomendaciones al Estado Mexicano. Pero la impunidad continúa.

El 25 de febrero de 2007, Ernestina habría sido agredida sexualmente por miembros del 63 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. La noche del 24 de febrero de ese año, los militares instalaron un campamento en la comunidad de Tetlatzinga del municipio de Soledad Atzompa. Aún no iniciaba el programa “México Seguro”, pero los militares ya patrullaban las zonas indígenas de Veracruz. Eran acusados de cometer abusos contra mujeres y niñas en la Huasteca.

Sus familiares encontraron a Ernestina gravemente herida a 300 metros del campamento militar. Antes de perder el conocimiento, pronunció en náhuatl “Pinome Xoxome”, “los vestidos de verde”, como les dicen en la sierra de Zongolica a los soldados.

Por la distancia que hay en esta parte de la sierra de Zongolica para llegar a las ciudades próximas, ingresaron al Hospital Regional de Río Blanco transcurridas seis horas, sin traductores del náhuatl. Ernestina falleció en la madrugada del 26 de febrero debido a las graves lesiones que incluían “múltiples desgarros”, confirmadas en la necropsia realizada en el hospital, en conjunto con la ginecóloga de la Agencia Especializada en delitos Sexuales de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV).

Ese 25 de febrero los familiares de Ernestina y funcionarios del hospital denunciaron el ataque sexual, por el que se abrió la investigación ministerial 140/2007/AE por violación y posterior homicidio.

Fidel Herrera Beltrán gobernaba Veracruz. En un principio declaró ante los medios de comunicación que se iba a hacer justicia ante la violación y muerte sufrida por Ernestina. Sin embargo, después, el 13 de marzo, se unió al pronunciamiento de Felipe Calderón. El entonces presidente afirmó que Ernestina murió por “gastritis crónica”.

El 30 de abril, la PGJV concluyó que la muerte de Ernestina Ascencio no se debió a “factores externos”. Dictaminó el no ejercicio de la acción penal el 17 de mayo de 2007.

El 27 de junio de 2007, la procuraduría determinó el archivo de su investigación, por no acreditarse ninguna responsabilidad del personal militar. No se dio a conocer la investigación 26Zm/04/2007 realizada por la Procuraduría Penal Militar.

El entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes también asumió la causa de muerte por “gastritis”.

Las autoridades de Veracruz cuestionaron y sancionaron a los peritos que habían dado fe de la violación sexual. El propio ex procurador de Justicia, Emeterio López Márquez, había afirmado que los militares no estaban a salvo del fuero común, declaraciones que de un día para otro las cambiaron.

Primeros testimonios

La Procuraduría del Estado, a través del IVAI, entregó un expediente que incluye las declaraciones de los primeros testigos con datos protegidos.

“Que fueron a un lugar de Mixtonca, Soledad Atzompa, Veracruz, que aproximadamente a las tres y media de la tarde cuando regresaron, de ese lugar como a las cinco de la tarde, pasaron por un lugar sólido de Tetlatzinga y cuando estaban cerca de una curva encontraron a una señora que se paraba con dos niños o niñas, que no supo por qué uno lo tenía en los brazos y otro en el piso, que cuando se pararon les dijo que una anciana se estaba rodando y José dijo ‘vamos a ver qué le pasa a esa anciana’; que subieron a la loma, que calcula que estaba como a cien metros, que no se veía desde donde estaban parados porque estaba atrás, que cuando llegaron a donde estaba la anciana, esta estaba tirada de su lado derecho, tenía sus manos juntas metidas en sus piernas, su ropa la tenía levantada”.

Continúa: “Sus guaraches de color negro estaban tirados como a metro y medio o dos metros,  que no sabía qué hacer, si avisarles a las autoridades o a familiares, que él ya conocía, porque somos familiares lejanos, que se pusieron de acuerdo la señora y el de la voz en levantarla, que cuando la levantaron le dieron agua porque ella tenía un traste con agua y que de ahí les empezó a decir que la habían asustado los soldados, que les dijo que se le pusieron encima y la amarraron, que llevaban en el pecho unos clavos, que cree que eran cartuchos, que no dijo cuántos eran porque la señora ya estaba grande y que le quebraron su cintura y que ya no podía parar y que fue ahí donde llegó su hija, donde estaba la difunta”.

La voz de los médicos legistas: agresión sexual

La primera necropsia firmada por tres médicos legistas (folio 070276634), el dictamen del subprocurador estatal, Miguel Mina Rodríguez, y las declaraciones del procurador estatal, Emeterio López Márquez, daban cuenta de la muerte violenta y la violación sexual de la anciana.

La Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia en Orizaba y la Agencia del Ministerio Público, con sede en Ciudad Mendoza, iniciaron las averiguaciones 140/07 y 471/07. Incluso la Procuraduría General de Justicia de Veracruz anunció que iniciaría una investigación contra cuatro militares del campamento asentado en Tetlatzinga, que contaba con 90 elementos. Este destacamento depende del 63 Batallón de Infantería, con sede en El Lencero.

“En el cuerpo de doña Ernestina había características que indican violación. Son los desgarros a nivel rectal, hora 12 y hora 6; la presencia de líquido seminal, la fractura de los arcos costales, derechos e izquierdos. Tenía hematomas en la cabeza, golpes en los brazos, las piernas. La mujer fue sometida en las piernas y posteriormente los dictámenes que emite la clínica médico forense. Mi intervención obedeció a la solicitud que el Hospital Regional de Río Blanco hizo para la intervención del médico legista, de un médico forense de la agencia del Ministerio Público, después que la señora había muerto”, dijo Pablo Mendizábal en entrevista.

Los doctores, señala, no asumieron su responsabilidad para decidir cuáles fueron las causas de muerte, porque tenían plena certeza que la mujer fue agredida sexualmente. Si hubiesen estado completamente seguros que la mujer había muerto por causas naturales, lo hubieran puesto en el acta de defunción.

En un procedimiento normal, cuando una persona fallece en un hospital, explica Mendizábal, los médicos le otorgan su certificado de defunción.

“La Procuraduría de Justicia del Estado me da instrucciones que yo me constituya en el hospital de Río Blanco para retirar el cuerpo, trasladarlo a la funeraria correspondiente y realizar el estudio solicitado por el Ministerio Público”, sostiene Mendizábal.

El médico señala que del hospital se trasladaron a la funeraria y realizaron la necrocirugía de ley. Después de hacer un reconocimiento del cuerpo hallaron evidencias de lesiones.

“Desde el reconocimiento exterior se pudo ver que existían las evidencias que la persona había sido golpeada. Tenía golpes en los brazos, en los antebrazos, tenía golpes en la cabeza. En el reconocimiento genital se aprecia claramente el escurrimiento de los que en ese momento presumimos fuese líquido seminal. Con la toma de muestras en el laboratorio de la capital del estado, se comprobó y demostró que se trataba de líquido seminal, eso le correspondió al departamento de química forense. Lo recuerdo porque ellos manifestaron que se habían encontrado tres cromosomas del al menos tres tipos, eso implicaba el acceso de por lo menos tres personas”.

El acuerdo de Calderón y Herrera

“Fidel Herrera, gobernador de aquel momento nos presionaba para que defendiésemos nuestros dictámenes. Posteriormente se reunió con nosotros y nos pidió que nos sumáramos a las nuevas conclusiones que se estaban presentando, que se había cambiado todo el expediente. En las cuales ya se manifestaba que doña Ernestina no había sido abusada sexualmente y que había muerto de causas naturales, que al gobierno del estado no le convenía tener en contra al presidente de la república.

Mendizábal continúa: “un laboratorio de la Ciudad de México hizo estudios y el resultado fue igual a lo que nosotros dictaminamos…Pero de momento nos citaron a la Ciudad de México en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde nos reunimos. Percibimos que ya había un arreglo entre el gobierno federal y el gobierno del estado, ahí se inició la conversión de la resolución de la Procuraduría a asumir que la señora no había sido violentada.

“En una reunión en el World Center, Fidel Herrera dijo: ‘al gobierno de Veracruz no le conviene tener en contra al presidente de la República, no vamos a hacer nada que sepamos que hubo delito, les pido su colaboración y discreción, nadie los va tocar, nadie’”.

En esa reunión, señala, estuvieron presentes el secretario de Gobierno Reynaldo Escobar; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nohemí Querusco, el subprocurador de la zona centro Córdoba Miguel Mina, el jefe de la Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica.

La reunión se llevó a cabo en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El caso en la CIDH

Patricia Benítez, integrante del Centro de Estudios y Servicios Municipalistas (CESEM), después de agotar las instancias nacionales para solicitar se dé a conocer la versión pública del expediente de investigación sobre el crimen de Ernestina, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo internacional denunció que Ernestina en su condición de mujer indígena, pobre, adulta mayor, no tuvo acceso a atención médica oportuna. Fue estigmatizada y se determinó el cierre de la investigación deficiente y quedó el caso en la impunidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera que en casos donde se alega que se cometió un delito perseguible de oficio, se debe agotar la investigación penal, por impulso del Estado.

Considera que las autoridades tenían conocimiento de la muerte de la señora Ascencio y de los alegatos de la violación sexual a manos del 63 Batallón.

El organismo advierte que las agresiones físicas y sexuales por agentes del Estado representarían violaciones a los derechos a la vida, integridad, garantías judiciales, honra, protección judicial, entre otros.

Pie de Página
Norma Trujillo Báez
Ciudad de México
Martes 25 de febrero de 2020.


El ex Comisario de la Policía Federal Preventiva durante el sexenio de Felipe Calderón afirmó que, desde el 2008, le informó a través de dos cartas al exmandatario sobre la corrupción del entonces secretario de seguridad federal, Genaro García Luna, y de otros miembros del círculo cercano presidencial.


El expresidente Felipe Calderón supo de los vínculos de su Secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, con el crimen organizado, reveló Javier Herrera Valles, quien fungió como Comisario General de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el sexenio calderonista.

En entrevista con Aristegui en Vivo, Herrera Valles, quien fungió como Comisario general de la PFP del 2006 al 2008 durante el gobierno de Calderón, dijo que él denunció a García Luna a través de dos cartas que le envió al entonces presidente en febrero y en mayo del 2008.

García Luna fue detenido este martes por autoridades estadounidenses en la localidad de Grapevine, en Texas, acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York de haber recibido “sobornos multimillonarios” del Cártel de Sinaloa.

Los fiscales imputaron a García Luna tres cargos por conspirar con organizaciones criminales para llevar cocaína a Estados Unidos y uno más por mentir a las agencias de migración de ese país para obtener la ciudadanía.

Por su parte, Herrera Valles dijo que la primera carta, enviada en febrero a Calderón, le fue entregada a García Luna por “una traición” del entonces Secretario de Turismo federal, Rodolfo Elizondo, a quien Herrera Valles le había entregado una copia.

Sin embargo, esa primera misiva también le fue entregada a Calderón, a través de César Nava, entonces secretario particular del Presidente, aseguró el ex mando policíaco.

Luego, Herrera Valles sostuvo que envió en mayo una segunda carta a Calderón, con evidencia de los presuntos vínculos entre García Luna y grupos del crimen organizado.

“En mayo le mando una nueva carta el presidente con anexos en donde pruebo mis dichos, no nada más son señalamientos sin fundamento, y no pone atención, realmente el presidente sí estuvo enterado desde el 2008 de todas las irregularidades en que estaba incurriendo esta gente, y de los hechos posibles constitutivos de delito en que estuvo metida toda su gente”, dijo el ex funcionario federal.

Entre los funcionarios denunciados en sus misivas por el entonces mando policíaco de la PFP por presuntos vínculos con el crimen organizado estaban altos funcionarios de la Secretaria de Seguridad Pública federal como Luis Cárdenas Palomino, Víctor Garay Cadena, Armando Espinosa de Benito y Facundo Rosas.

“Genaro García Luna protegió a todo su equipo, a toda su camarilla y obviamente con el visto bueno del presidente, y con la complicidad de Eduardo Medina Mora (entonces Procurador General de la República) que se prestó para fincarme cargos de delincuencia organizada, de lo que yo estaba acusando a Genaro García Luna y a su gente”, dijo el ex Comisario.

Tras sus denuncias, Herrera Valles fue detenido en noviembre de 2008 acusado de estar vinculado con el Cártel de Sinaloa. Fue sentenciado en diciembre del 2011 a 10 años y tres días de prisión por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Herrera Valles fue absuelto en septiembre del 2012 del delito de delincuencia organizada por un Juez de Nayarit, tras considerar que los elementos con los cuales fue acusado por el Ministerio Público Federal no tenían sustento.

En la entrevista, el ex Comisario añadió que también Marisela Morales, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), “se prestó” para proteger a García Luna.

Herrera Valles recordó que, otra de las razones por las que escribió la primera carta a Calderón fue que los operativos y retenes federales se realizaban sin estrategia ni capacitación.

Sin embargo, esto ocasionó su despido como jefe de la División de Seguridad Regional, así como una persecución en su contra.

Ante esto, el ex policía envió la segunda carta en mayo del mismo año, pero tampoco obtuvo una respuesta.

“El presidente Calderón estaba debidamente enterado, no nada más de las irregularidades administrativas sino de los delitos en los que estaba inmiscuido este personal, desde que venía de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), con Genaro García Luna. Traían problemas de ventas de plazas, secuestros, homicidios, narcotráfico, protección a delincuencia organizada, entre otros”, recalcó.

El ex funcionario dijo que, a pesar de que entregó copia de la segunda carta a la Procuraduría Federal de la República, a la Secretaría de la Función Pública, a las Comisiones de Seguridad del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solo la diputada Layda Sansores y algunos legisladores cercanos a ella lo apoyaron.

“Posteriormente fui detenido el 17 de noviembre de 2008 y me presentaron cargos de delincuencia organizada, con testimonios de un delincuente, de un secuestrador”.

Sobre la aprehensión de García Luna en Estados Unidos Herrera Valles lamentó que sean las autoridades de Estados Unidos las que juzguen al ex secretario de Seguridad y no las mexicanas.

Tras destacar que durante su gestión como secretario de Seguridad en Nayarit se logró fortalecer la seguridad, comentó que hay elementos muy comprometidos y muy capacitados para hacer frente a la delincuencia, tanto común como organizada.

“Hay muchos policías comprometidos que es cuestión de estimularlos, darles el sueldo correcto, los estímulos, la preparación, la capacitación y ellos saben hacer las cosas”, afirmó.

Aristegui noticias
Ciudad de México
Viernes 13 de diciembre 2019.


Hay una coyuntura propicia con la detención de Genaro García Luna en los EU


El gobierno del estado podría abrir una investigación en contra de Facundo Rosas Rosas, quien fue secretario de Seguridad Pública en el estado entre abril de 2013 y julio de 2015, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

La posibilidad surgió a raíz de la detención de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, y está acusado de vínculos con el narcotráfico, pues Rosas fue uno de sus colaboradores más cercanos.

De acuerdo con información de medios estadounidenses, García fue aprehendido el martes en Dallas, Texas, acusado de recibir sobornos de cárteles del narcotráfico.

Podrían abrir una indagatoria

Cuestionado sobre el tema, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta indicó que la aprehensión de Luna es muestra de que la lucha contra el narcotráfico que Calderón inició durante su sexenio, se trató de una farsa y que, por el contrario, el Cártel de Sinaloa fue favorecido por ese gobierno.

Dijo que no debe descartarse que su gobierno emprenda una investigación sobre Facundo Rosas Rosas, quien fue coordinador de inteligencia de la Policía Federal, y posteriormente fue nombrado subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos durante la gestión de Luna.

En Puebla, Rosas renunció como secretario de Seguridad Pública en julio de 2015, dos semanas después que el ex director de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, y el ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Tomás Mendoza Lozano, fueran detenidos por el Ejército Mexicano en el municipio de Tepeaca, por vínculos con ladrones de combustible.

Después de esta captura efectuada el 14 de julio de 2015, se puso al descubierto una extensa red de corrupción, conformada por Estrada López y diversos policías estatales, de la cual la entonces Contraloría del Estado y la Secretaría de Seguridad tenían pleno conocimiento, pero sin tomar cartas en el asunto.

Rosas también fue señalado por incurrir en violaciones graves a los derechos humanos de pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, en un operativo que realizó el 9 de julio de 2014 para dispersar una protesta social, hecho del que resultaron heridas más de medio centenar de personas y un niño de nombre José Luis Tehuatlie, fue herido de muerte.

Anteriormente, Barbosa Huerta indicó que también promoverá la reapertura del caso de Chalchihuapan, pues nunca hubo una sanción en contra de Facundo Rosas.

e-consulta
Patricia Méndez
Miércoles 11 de diciembre 2019.


Genaro García Luna ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, tiene cargos por conspiración de tráfico de cocaína, así como falsedad de declaraciones ante la justicia de EE.UU, según el Departamento de Justicia.

El exfuncionario mexicano fue señalado de recibir sobornos millonarios del narcotráfico, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.


Las autoridades estadounidenses detuvieron el lunes a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, por presuntos vínculos con el narcotráfico y haber recibido millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa entre 2006 y 2012.

El Departamento de Justicia informó que presentó tres cargos por conspiración de tráfico de cocaína contra García Luna, así como falsedad de declaraciones ante la justicia de EE.UU., según un comunicado emitido por la fiscalía de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

"A cambio de sobornos multimillonarios, el acusado supuestamente permitió que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en México. García Luna fue arrestado ayer por agentes federales en Dallas, Texas, y el Gobierno buscará su traslado al Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos", explica el texto.

Richard P. Donoghue, fiscal de los EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, dijo que el arresto demuestra la determinación de "llevar ante la justicia a quienes ayudan a los carteles a infligir un daño devastador en los EE.UU. y México, independientemente de las posiciones que sostuvieron mientras cometían sus crímenes".

De acuerdo a la Fiscalía, en dos ocasiones "el Cartel entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines que contenían entre tres y cinco millones de dólares. Además, según los registros financieros obtenidos por las autoridades, cuando García Luna se mudó a los EE.UU., en 2012, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares".

De ser hallado culpable por los delitos que se le imputan, García Luna podría alcanzar una condena de entre 10 años de prisión y cadena perpetua, según el Departamento de Justicia.

La reacción de Calderón

Tras enterarse de la detención, el expresidente Felipe Calderón señaló que su postura "será siempre en favor de la justicia y la ley".

"Estoy conociendo por redes sociales la versión del presunto arresto de Genaro García Luna. Desconozco detalles y estoy pendiente de la información que confirme el hecho, como de los cargos que, en su caso, se le imputen. Mi postura será siempre en favor de la justicia y la ley", dijo en un tuit.

García Luna fue el principal encargado de desarrollar la estrategia de la llamada "guerra contra el narcotráfico", que decretó el expresidente Calderón a partir de diciembre de 2006, que provocó un aumento significativo de la violencia en ese país.

Un negro historial

Los vínculos entre García Luna y el narcotráfico fueron documentados por la periodistaAnabel Hernández en su libro 'Los señores del narco', además de orquestar una conspiración en su contra para asesinarla por develar dicha información.

"A finales de 2010, una persona que trabajaba cerca del círculo del jefe policiaco me informó que había un plan para asesinarme. Esa advertencia fue precedida por varios atentados contra mi familia, fuentes de información, contra mí, contra mi casa. Un infierno. Hace pocos meses un funcionario del gobierno americano me dijo que ellos habían confirmado que García Luna y su gente habían hechoun complot para matarme", escribió Hernández en su más reciente libro, 'El traidor'.

Durante el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York, un testigo de la fiscalía, Jesús 'el Rey' Zambada, quien era el contador del Cártel de Sinaloa, aseguró que la organización criminal creó un fondo de 50 millones de dólares para Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el mandato del presidente mexicano Felipe Calderón.

El 'Rey' Zambada informó también que, en 2005, le entregó personalmente a García Luna tres millones de dólares en un maletín cuando el funcionario estaba a cargo de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

A lo largo de su gestión al frente de la política de seguridad mexicana, el exfuncionario fue señalado de crear un montaje televisivo durante la detención de la francesa Florence Cassez, que detonó una crisis diplomática entre México y Francia durante el sexenio de Calderón.

En octubre de 2019, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, admitió que la administración del expresidente Felipe Calderón lo presionó durante la resolución judicial que decretó la liberación de Cassez, quien fue acusada de narcotráfico con pruebas manipuladas por la secretaría encabezada por García Luna.

Tras dejar su cargo, al término del mandato de Calderón, García Luna se fue a vivir a un millonario complejo habitacional en Miami, Florida, en una casa propiedad del empresario de seguridad Mauricio Samuel Weinberg,quien obtuvo millonarios contratos con el Gobierno mexicano en la venta de equipo de seguridad durante la gestión de García Luna.

RT
AFP
Alfredo Estrella
Washington, EU
Martes 10 de diciembre de 2019.


Eduardo Medina Mora ingresó a la SCJN en marzo de 2015 y su cargo vencería en 2030; su dimisión es un hecho inédito desde la reforma constitucional de 1994, que conformó la Corte actual.

 
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, presentó su renuncia al cargo el cual finalizaría en 2030.

Esta dimisión se da en el marco de las investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda le realiza debido a transferencias bancarias, que de acuerdo con el periódico El Universal ascienden a más de 107 millones de pesos.

Medina Mora Icaza presentó su carta de renuncia al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

Eduardo Medina Mora fue propuesto por el expresidente Enrique Peña Nieto en 2015.

De acuerdo con el Artículo 98 de la Constitución, las renuncias de los ministros de la Corte proceden por causas graves y una vez presentadas se someten para su aceptación al presidente de la República, quien en caso de aceptarla, la envía al Senado para su aprobación.

Medina Mora niega información que le atribuye transferencias “sospechosas”

El pasado 18 de junio, Eduardo Medina Mora afirmó que los montos de las transferencias bancarias referidas en notas periodísticas publicadas a principios de junio, son en pesos y no en dólares o libras esterlinas, como se difundió. La suma dijo, es 20 veces menor que la señalada, por lo tanto, es consistente con sus ingresos como servidor público.

A través de una carta de siete cuartillas, Medina Mora acusó al periódico El Universal de incurrir en “manipulación informativa” para generar una falsa apreciación sobre sus finanzas, alterando el tipo de divisa en una docena de transferencias, para aparentar que suman más de 107 millones de pesos, cuando en realidad rondan los 4.5 millones de pesos.

También acusa al diario de violar el secreto bancario, al difundir, sin su consentimiento, documentos financieros, así como violentar su derecho al honor, “modificando dolosamente la expresión de las divisas en las que se efectuaron 12 de las 32 transferencias, lo que incrementó significativamente el monto total de las mismas”.

“Como integrante del Poder Judicial de la Federación, y especialmente como ciudadano, me parece alarmante que se efectúen señalamientos en los que se tergiverse información que, además, fue obtenida de manera ilegal”.


Suprema Corte

@SCJN
 Carta del Ministro Eduardo Medina Mora

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464
11:11 AM - Jun 18, 2019
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Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, afirmó que en caso de que existan indicios de una actividad ilícita, “una vez analizada la información de sede nacional e internacional, se procederá en consecuencia”.


Santiago Nieto

@SNietoCastillo
 La #UIF recibió una solicitud proveniente del Senado para analizar la información de transferencias financieras de un ministro. Se actuará conforme a Derecho. Mi reconocimiento perenne al Poder Judicial de la Federación, los hechos de una persona no trascienden a la institución

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7:03 PM - Jun 6, 2019
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Santiago Nieto

@SNietoCastillo
 En caso de que existan indicios de una actividad ilícita, una vez analizada la información de sede nacional e internacional, se procederá en consecuencia. La política del Gobierno de México es cero tolerancia a la corrupción.

3,906
7:16 PM - Jun 6, 2019
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Aristegui Noticias
Ciudad de México
Jueves 3 de octubre 2019.


Pelean panistas tras elección de Zaldívar como líder en Puebla


A empujones y manotazos se enfrentaron panistas de Puebla en su elección de dirigente municipal por la supuesta compra de votos a favor de Jesús Zaldívar Benavides y la desaparición de boletas marcadas a favor de Eduardo Alcántara Montiel.

Después de darse a conocer el virtual triunfo de Zaldívar Benavides, operadores del exsecretario de Gobernación del ayuntamiento de Puebla riñeron con miembros de la Comisión Organizadora y el Comité Directivo Municipal (CDM).

El representante del PAN ante el IEE, Óscar Pérez Córdoba Amador, llegó al salón Country Club con boletas supuestamente marcadas a favor de Alcántara Montiel.

Entre las sillas del salón Country Club aparecen tirados más folios de las boletas de la elección del @PANPUEBLA. Se repartieron 2,634 y en las urnas aparecieron 2,433.

Estalla conflicto en elección interna del @PANPUEBLA; en inmediaciones del Country Club hallan boletas tiradas que supuestamente estaban marcadas a favor de @alcantaraedu.

El exdiputado local Mario Riestra Piña y el secretario General del PAN a nivel estatal, Francisco Fraile García, lo retuvieron y le exigieron presentar su inconformidad por la vía legal.

El representante del Instituto Electoral del Estado (IEE) encaró a Zaldívar Benavides y acusó que los votos fueron hallados en el baño del Italian Coffee ubicado a 300 metros del salón en el que se llevó a cabo la votación.

Acusa Pedro Gutiérrez a @pabloRregordosa y al @CDMPAN de operar en favor de @JesusZaldivarB a través de compra de votos.

Denuncian hallazgo de boletas marcadas a favor de @alcantaraedu en el baño del Italian Cofee ubicado a unos metros del salón Country Club.

En medio de los jaloneos al que se sumaron brigadistas, le arrebataron las boletas y lo replegaron para que bajara del presidium.

Pérez Córdoba denunció un fraude orquestado por el CDM que encabeza el exdiputado local Pablo Rodríguez Regordosa; la Comisión Organizadora, que preside el exlegislador local Jorge Aguilar Chedraui y la dirigencia estatal de Genoveva Huerta Villegas.

Acusan compra de votos

A la par llegó Pedro Gutiérrez Varela, exdirector del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), para también encarar a Zaldívar Benavides y acusar compra de votos.

Mostró un video en el que supuestamente se entregó dinero a los votantes y responsabilizó de esto a las dirigencias municipal y estatal.  

Estalla conflicto en elección interna del @PANPUEBLA; en inmediaciones del Country Club hallan boletas tiradas que supuestamente estaban marcadas a favor de @alcantaraedu.

Acusa el exdirector del Conalep, Pedro Gutiérrez, supuesta compra de votos dirigida por el @CDMPAN, que preside @pabloRregordosa, para favorecer a @JesusZaldivarB.

Fraile García y Riestra Piña también le pidieron tranquilizarse y presentar sus inconformidades por escrito, mientras brigadistas y simpatizantes de Zaldívar Benavides le gritaban “fuera”.

Acusa el exdirector del Conalep, Pedro Gutiérrez, supuesta compra de votos dirigida por el @CDMPAN, que preside @pabloRregordosa, para favorecer a @JesusZaldivarB.

Desaparición de boletas

Los reclamos se fundaban en que el cómputo de votos concluyó con un total de 2 mil 433 votos emitidos.

Sin embargo, minutos antes se había anunciado la participación de 2 mil 634 panistas, es decir, que desapareció el voto de 201 personas.

Los votos que no se hallaron superan la ventaja de 198 votos con la que Zaldívar Benavides rebasó a Alcántara Montiel, ya que el primero obtuvo mil 294 votos y el segundo mil 96.

Los 2 mil 634 militantes que acudieron a votar representaron el 52.7 por ciento de los 4 mil 995 que integraban el listado nominal.

Dirigencia pide “saber perder”

A pesar de la desaparición de boletas —de la que no se dio ninguna explicación— Fraile García reprobó los conatos de violencia, pero en lugar de mediar el asunto, señaló a los simpatizantes de Alcántara Montiel que en la democracia “hay que saber perder”.

Sugirió a los inconformes presentar sus quejas por escrito ante la Comisión Nacional de Justicia para denunciar cualquier acto que consideren ilícito.

Antes de concluir la asamblea con el himno del partido, se dijo “dolido” por la riña y achacó falta de civilidad a los derrotados.

De acuerdo con la convocatoria del partido, el plazo para impugnar los resultados de la elección vence el jueves a las 6 de la tarde.

e-consulta
Héctor Llorame
Ciudad de Puebla
Domingo 25 de agosto 2019.


El secretario Jorge Humberto Uribe señala que hay una instrucción clara del gobernador para indagar actos al margen de la ley


El secretario de Salud en Puebla, Jorge Humberto Uribe Téllez, reveló que ya cuenta con un diagnóstico preliminar sobre actos de corrupción en ese sector, sin embargo, pidió calma para ahondar en el mismo y hacer señalamientos concretos y con fundamento.

El funcionario estatal confirmó que hay una instrucción clara del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para indagar actos al margen de la ley actuales o pasados a fin de sancionarlos, tal y como lo anunció en su discurso tras rendir protesta al cargo.

Cuestionado sobre el tema en el marco de su asistencia a la gira de este viernes del presidente Andrés Manuel López Obrador a Xicotepec, Uribe insistió en que los señalamientos de corrupción son delicados por lo que pidió paciencia para indagar en los casos y que la información sea firme cuando esta se haga pública.

“Ya hay un –diagnóstico- preliminar y nosotros tenemos un encargo muy particular del señor gobernador, en donde nosotros vamos a poner toda nuestra atención y ya estamos trabajando en esto para identificar focos rojos y poderlos atender”, puntualizó el funcionario.

El secretario pidió esperar a consolidar el informe para señalar casos concretos, pues indicó que es necesario contar con todos los elementos para darlos a conocer

Hay que recordar que en junio pasado, el líder de Congreso local Gabriel Biestro Medinilla anunció que se revisarían las finanzas del panista Jorge Aguilar Chedraui, quien durante el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle se desempeñó como secretario de Salud, al denunciar un posible desfalco de mil millones de pesos en ese sector.

e-consulta
Patricia Méndez
Viernes 2 de agosto de 2019.


José Alfredo Arango García, exsecretario de Salud en la administración de Mario Marín Torres y quien se convirtió en el primer marinista detenido por la administración de Rafael Moreno Valle, tras siete años de persecución, ganó la batalla legal que lo llevó a estar encarcelado cerca de un año.

Este miércoles, a unas horas de que tome protesta Miguel Barbosa Huerta, se confirmó que el exfuncionario obtuvo una sentencia definitiva del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con lo publicado por el periodista poblano Armando Álvarez, la sentencia quita a Alfredo Arango la sanción de mil 904 millones 448 mil y su inhabilitación para ejercer como funcionario público.

Lo anterior debido a violaciones a los derechos humanos a retrasar injustificadamente la emisión de la sanción por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La historia

Durante su campaña el primer gobernador emanado del PAN en Puebla prometió combatir la impunidad, por lo que tres días antes de que rindiera su primer informe de gobierno, durante la madrugada del 12 de enero de 2012 el exfuncionario fue detenido en su domicilio.

Horas más tarde, Víctor Carrancá Bourget, entonces procurador y aún hoy fiscal (con licencia) general del estado, anunciaba que la orden de aprehensión se libró desde el jueves 5 de enero y se hizo efectiva luego de que el juez octavo otorgó una orden de registro.

Dentro del proceso judicial 11/2012 al marinista se le acusaba de un enriquecimiento ilícito por un monto de 54 millones de pesos, desfalco por el cual también podría ser castigado con dos o hasta 11 años de prisión por no comprobar el origen de sus propiedades.

Con un Arango detenido, conforme continuaba el proceso siguieron apareciendo acusaciones en su contra, según comprobó la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Uno de ellos fue por el uso de 60 millones de pesos del Seguro Popular para el pago de la seguridad social, retiro y seguros privados de la burocracia.

El informe también advirtió del pago a aviadores por 26 millones de pesos, y la compra de medicamentos no autorizados y con sobreprecio. En total, la ASF estima un daño probable al erario por un total de 89 millones de pesos.

Al informe se le sumaría el señalamiento por el subejercicio del 43 por ciento de los recursos destinados al cuidado de la salud de los poblanos, “ya que al 31 de diciembre de 2010 no había ejercido 1 mil 084 millones 263 mil pesos”.

El funcionario pasaría más de un año en prisión y conforme continuaba el proceso, el exfuncionario acumularía sanciones por daño patrimonial y administrativo en su cuenta pública de 2010, hasta llegar a sumar 13 mil 317 millones de pesos.

Sin embargo, a través de varios recursos Arango García lograría reducir y ajustar las sanciones, siendo en 2017, casi al finalizar el periodo de Moreno Valle cuando lograría el reajuste más significativo gracias a un recurso de revocación que interpuso en octubre de 2016.

Ante un Congreso morenovallista, el marinista logró que la sanción económica se redujera a 1 mil 723 millones 743 mil 143 pesos, quedando obligado a restituir 2 mil 585 millones 614 mil 715 pesos, más una inhabilitación de 12 años.

Pese a ello y tras el fallecimiento de Moreno Valle y la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, este miércoles la autoridad judicial determinó que los injustificados retrasos de la Auditoria Superior el Estado (ASE) -que hasta hace unos días encabezó el morenovallista David Villanueva Lomelí-, para emitir una sanción constituyeron una violación a los derechos humanos de Arango por lo que las sanciones quedan sin efecto.

Cabe recordar que después de Arango, continuó la “limpia” morenovallista la cual apuntó a Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública; David Villa Issa, ex subsecretario de Finanzas y Administración; Francisco Castillo Montemayor, exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante la administración marinista e incluso Víctor Manuel Hernández Quintana, entre otros.

De todos ellos Javier García Ramírez fue el único que libró cualquier proceso en su contra pues hasta la fecha es un prófugo de la justicia.

Periodismo Hoy
Ciudad de Puebla
Miércoles 31 de julio de 2019.


Peña favoreció las corruptelas de Moreno Valle y Gali con 30 mil mdp del ramo 23


La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señaló que el estado es el tercero en el país que más recursos recibió de este fondo que es usado de forma discrecional

Puebla es el tercer estado del país que más dinero recibió a través del Ramo 23 entre 2013 y 2018, fondo que es utilizado a discreción de los gobiernos en turno, de acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCC).

Los recursos recibidos suman 30 mil 375 millones de pesos y el periodo corresponde al sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, así como a la gestión de los exgobernadores Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revisados por e-consulta refieren que sólo entre enero y mayo de este año, Puebla recibió 191.2 millones de pesos mediante el mismo fondo. La cifra es 93 por ciento menor a la reportada el mismo periodo del año pasado, cuando aún gobernaba Peña Nieto.

El presupuesto del Ramo 23 se utiliza en pavimentaciones, obras hidráulicas, de infraestructura educativa, carretera, hospitalaria, incluso para zonas metropolitanas como la Puebla-Tlaxcala.

Tercero en el país con más presupuesto

De acuerdo con la investigación “Ramo general 23. De la discrecionalidad al abuso”, entre 2013 y 2018, la entidad obtuvo 30 mil 375 millones de pesos a través de ese rubro, tercera cifra más alta en el país.

A Puebla la superaron la Ciudad de México, con 32 mil 37 millones de pesos y el Estado de México, con 68 mil 952 millones de pesos. Este último concentra el 12 por ciento del total de los recursos que se entregaron en los últimos seis años.

En tanto, la capital del país, Puebla, Chiapas y Guerrero acumularon cada uno alrededor de 5 por del total de la bolsa repartida, situación que a decir que MCCI llama la atención, pues no hay un criterio que respalde la concentración del dinero para esos estados.

En contraste, 19 entidades alcanzaron menos del tres por ciento del total del presupuesto, entre las que se encuentran Tabasco, Querétaro, Nayarit, Campeche, Chihuahua, Morelos, Quintana Roo y Aguascalientes.

Partida cae, pero no desaparece

Como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador propuso en 2018 desaparecer el Ramo 23, al tratarse de una bolsa discrecional de recursos, propuesta que fue respaldada por los legisladores de Morena.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) no se asignaron recursos para el estado mediante ese renglón, lo que generó que alcaldes de Puebla se sumaran a una protesta para exigir que no desapareciera, la cual se llevó a cabo frente a Palacio Nacional el 20 de diciembre pasado.

Sin embargo, datos de la SHCP refieren que en los primeros cinco meses de este año, Puebla recibió 191.2 millones de pesos del Ramo 23, mientras que en el mismo periodo del año pasado captó 2 mil 680 millones, lo que implica una baja del 93 por ciento.

A nivel nacional, Hacienda estima que en 2019 se dispersarán 114 mil millones de pesos del Ramo 23, según el documento.

Hacienda define partida a discreción

De acuerdo con la investigación de MCCI, el Ramo 23 se dedica a distintos fines, pero ninguno de ellos es precisamente para la atención a las necesidades de la población, pues pueden gastarse con gran discrecionalidad, poca vigilancia y rendición de cuentas, debido a que la SHCP puede modificar la cifra a criterio propio.

De los 20 fondos detectados dentro del Ramo 23 que dispersan recursos a las entidades federativas, cuatro son los más relevantes: el Fondo de Fortalecimiento Financiero, Contingencias Económicas, Programas Regionales y Proyectos de Desarrollo Regional.

Mediante esas partidas se asignan recursos para todo tipo de proyectos como pavimentaciones, obras hidráulicas, de infraestructura educativa, carretera, hospitalaria, en municipios e incluso para zonas metropolitanas como la Puebla-Tlaxcala.

e-consulta
Patricia Méndez
Ciudad de Puebla
Jueves 4 de julio de 2019.

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