La investigación al exgobernador de Nayarit y a un magistrado de Jalisco desvelan la trama financiera


Una parte del entramado entre el poder político y el narcotráfico en México ha sido mostrado este viernes por las autoridades financieras de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, ha congelado las cuentas bancarias del exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval y del juez de Jalisco Isidro Avelar tras encontrar vínculos entre el origen de sus recursos y su relación con organizaciones criminales, principalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ambos países investigan, además, a nueve personas y 10 empresas relacionadas con Sandoval y Avelar que han recibido dinero de varias organizaciones criminales de México. “Se han enriquecido a expensas de los ciudadanos. Ya sea recibiendo sobornos de organizaciones que trafican narcóticos o comprometiéndose en diversas actividades ilícitas. Estos y otros funcionarios enfrentarán serias consecuencias que incluyen su exclusión del sistema financiero de Estados Unidos”, dijo Sigal Mandelker, subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera, en su visita a la capital mexicana.

Los dos exfuncionarios estuvieron al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación brindándoles protección en la región occidental de México. La organización ha crecido significativamente en los últimos años bajo el amparo de las autoridades locales. El CJNG es considerado por los estadounidenses como una de los cinco grupos criminales más peligrosos del mundo. Aunque el Gobierno mexicano ya detuvo a uno de sus líderes, Abigael González Valencia, todavía continúa la búsqueda de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, por el que Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.

Roberto Sandoval gobernó Nayarit entre 2011 y 2017. Durante ese periodo, el ahora exgobernador, recibió varios sobornos por parte del CJNG a cambio de protección e información. El político también fue alcalde de Tepic ––la capital del Estado–– de 2008 a 2011 y, según la investigación del Gobierno estadounidense, entonces también participó en el encubrimiento del cártel de los Beltrán Leyva. Su esposa y dos hijos están también bajo el escrutinio de Estados Unidos, así como cuatro empresas que presumiblemente sirvieron como fachada para el lavado de los recursos de origen ilícito.

Sandoval fue deshabilitado para ocupar un cargo público en febrero por el Congreso de Nayarit, al comprobarse que durante su Gobierno acumuló riqueza de un origen incierto. Hace un mes, el exgobernador compartía en redes sociales fotografías de su viaje a España en el que recorrió 940 kilómetros del Camino de Santiago en 35 días. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han ordenado su arresto, pese a la confirmación por parte de EE UU de su involucramiento con organizaciones criminales.

Por su parte el magistrado Isidro Avelar ha sido señalado por recibir sobornos por parte del CJNG y Los Cuinis a cambio de fallos en su favor en los tribunales, entre ellos la liberación del hijo de El Mencho. El Gobierno mexicano había anunciado la semana pasada que había congelado 50 millones de pesos de sus cuentas en instituciones bancarias de México. Ahora, las autoridades estadounidenses, además de añadirlo a su lista negra, han comenzado la investigación de seis personas más, entre ellas el líder del CJNG en Puerto Vallarta (Jalisco) Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo.

La información desvelada este viernes muestra una red en la que las organizaciones criminales se fortalecen a través de la protección de las autoridades mexicanas, a quienes someten a través cuantiosos pagos que terminan entrando a la economía formal por medio de empresas. “Trabajando con nuestra contraparte mexicana, el Departamento del Tesoro no dudará en sancionar a funcionarios, exfuncionarios y la redes de corrupción que desestabilizan a los sistemas financieros y a las instituciones democráticas”, añadió Mandelker.

El País
Sonia Corona
Ciudad de México
Domingo 19 de mayo de 2019.


Pemex reveló los nombres de funcionarios que participaron en la suscripción de tres contratos otorgados a la empresa brasileña Odebrecht.

Pemex reveló los nombres de los funcionarios que participaron en la suscripción de tres contratos otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, acusada de sobornar a los altos mandos de la empresa para ganar dichos convenios durante la gestión de Emilio Lozoya.

El lunes el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que llevará ante los tribunales el caso Odebrecht en un máximo de 60 días, y señaló que podría ser judicializado por el delito de delincuencia organizada, el cual impide la libertad provisional a los procesados.

Entre los contratos polémicos otorgados por Pemex a la empresa brasileña figura el PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 por mil 436 millones de pesos para distintas obras del proyecto de aprovechamiento de aguas residuales en la refinería en Tula, Hidalgo, que adjudicado de manera directa y avalado por siete funcionarios.

Se trata de Jesús Lozano Peña, ex subdirector de Proyectos de Pemex Refinación y quien promovió un amparo en contra de Pemex Transformación Industrial en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa desde marzo de 2018.

También Armando García Espinosa ex subdirector de Desarrollo de Negocios para Transformación Industrial; Leonardo Cornejo Serrano, ex coordinador de Proyectos de Modernización; Aarón Marrufo Ruíz, ex gerente de Procura; Conrado Claudio Cristian Nava Aguilar ex gerente de Contratos de Obra Pública; e Hiram Hinojosa González, subgerente de Ingeniería Legal y Normativa.

Además, se enlista a José Samuel Sánchez Reyes, ex gerente Jurídico de Convenio y Contratos y actual subdirector jurídico de Operaciones Regionales.

Los funcionarios que figuran en el contrato DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, fue adjudicado menos de tres meses antes de la salida de Emilio Lozoya de la dirección general de Pemex, también para obras en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

En enero la constructora brasileña Odebrecht demandó a Pemex el pago de mil 878 millones de pesos por la rescisión de ese contrato. En ella reclama trabajos realizados no pagados, más daños, perjuicios y gastos financieros por la rescisión del contrato adjudicado directamente en noviembre de 2015 por mil 811 millones de pesos.

Aquí se enlistan otra vez a Leonardo Cornejo e Hinojosa González, y se citan además a Gustavo Escobar Carré ex subdirector de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción; André Arthur Glorieux González, administrador del proyecto; José Luis Gómez Góngora; ex subdirector de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial y Sylvia Uribe Arredondo Cepeda, de la Gerencia Jurídica de Contratos.

Para el contrato DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14, para el desarrollo de la Fase I del Proyecto conversión de residuales de la Refinería de Salamanca aparecen también Escobar Carré, Hinojosa González, Nava Aguilar, Cornejo Serrano y Sánchez Reyes, además de Carlos Vinicio Morales Azpiroz, gerente de Proyectos de Ampliación.

Algunos de estos funcionarios figuran en la investigación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR por su presunta participación en los contratos entre Pemex y Odebrecht; hecho que se deriva de la investigación contra el ex director Emilio Lozoya por lavado de dinero y cohecho en la carpeta FED/SEIDF/CG-I-CDMX/117/2017.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 8 de mayo de 2019.


Puebla: Es uno de los estados más pobres del país y uno en los que más se germinó una cultura alrededor del huachicol.

Hasta Vicente Fox Quesada, las cifras del robo de combustible en México eran modestas; con Felipe Calderón se dio el salto en los índices y con Enrique Peña Nieto se llegó a cifras récord. Esta actividad se convirtió en una de las más importantes para los nueve estados donde más creció e impregnó en la economía, la cultura y la violencia.

Ciudad de México.- Son nueve los estados del país que vieron en la extracción ilegal de combustible una actividad económica viable. Durante 12 años, en que la incidencia de ese robo incrementó exponencialmente, la pobreza también lo hizo. Hoy esas entidades concentran el 50.2 por ciento de las personas en condiciones de pobreza de todo México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en diversas ocasiones que en los municipios del Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas y Sinaloa, se optó por el robo de combustible por las condiciones de pobreza, la falta de oportunidades y de olvido gubernamental.

De acuerdo con los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), esas nueve entidades tienen 26 millones 851 mil personas en condiciones de pobreza, lo que representa el 50.2 por ciento del nivel nacional.

El Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo informó que dentro de las principales actividades que el Gobierno de México implementará en esta estrategia contra el huachicol estará el reforzamiento de los programas sociales en todos los municipios y poblaciones aledañas a los ductos.

El Presidente dijo al respecto que la población que se dedica a eso lo hizo porque fueron abandonados por completo y eso los indujo a tomar el camino de la ilegalidad, “ahora vamos a aplicar un plan integral, todos van a tener trabajo, todos los jóvenes van a ser contratados, van a estar de aprendices en actividades productivas, tanto en el campo como en la ciudad”.

“Estoy seguro que vamos a contar con la gente, como ya estamos contando con la gente, también en esos lugares. Porque la gente se está replegando, están llegando los que se dedican a estos ilícitos, los traviesos a decirles: ‘A ver, aprovecha, trae tu cubeta. Aquí vas a tener combustible para vender’. Y ya la gente no les está haciendo caso, no los está protegiendo. Y vamos a lograr pronto que se tenga una forma justa de vivir, ese es el propósito principal”, agregó en conferencia de prensa.

Los datos del Coneval indican que de estos nueve estados, los tres con mayor número de pobres son Estado de México, Veracruz y Puebla.

El Presidente enlistó tres programas sociales que se reforzarán en los puntos detectados, sobre todo en los 30 municipios por donde cruza el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, con el objetivo, dijo, de que sus habitantes tengan alternativas de desarrollo.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) ha insistido en el tema de las políticas públicas. En un documento titulado “Hacia un desarrollo con inclusión social” señalan que “la exclusión, la violencia, la pobreza y la marginación son solo algunas de esas consecuencias, que dan paso a un deterioro social y económico extendido y persistente: intolerancia y rechazo a mujeres o grupos minoritarios en temas de escolaridad o trabajo, desigualdad de oportunidades para las personas con discapacidades o en edad avanzada, estigmatización y falta de respeto a los derechos de las personas por razones de diversidad sexual, y más”.

Los Estados del Huachicol

Estado de México: Los números de extracción ilícita de gasolina incrementaron durante la administración de Eruviel Ávila Villegas. En la entidad el 47.9 por ciento de la población es pobre, es decir, 8 millones 230 mil personas.

La cantidad de personas que no tienen seguridad social es incluso mayor a las que son consideradas pobres: 9 millones 535 mil personas. Y también es mayor la cifra de las personas con un ingreso inferior a la línea de bienestar: 9 millones 874 mil.

Veracruz: En la entidad, 5 millones 049 mil personas viven en condiciones de pobreza, mil 370 en pobreza extrema. En cuanto a sus carencias, Veracruz tiene a 2 millones 087 mil con rezago educativo, a 1 millón 422 mil con carencias en la calidad y espacios de vivienda y a 1 millón 578 mil sin acceso a los servicios de salud.

Puebla: Es uno de los estados más pobres del país y uno en los que más se germinó una cultura alrededor del huachicol. Ahí el 59 por ciento de la población es pobre, es decir, 3 millones 728 mil personas.

4 millones 340 mil poblanos no tienen acceso a la seguridad social, 1 millón 260 mil tienen carencias alimentarias y 4 millones 117 mil, un ingreso inferior a la línea de bienestar.

Jalisco: Este estado tiene el porcentaje más bajo de pobreza de la lista de nueve: 31.8 por ciento, o sea, 2 millones 560 mil habitantes en esa condición. Sobre sus carencias, en Jalisco hay 1 millón 313 mil con rezago educativo, 3 millones 952 mil sin seguridad social y 1 millón 239 mil con carencia de acceso a la alimentación.

Guanajuato: Esta es otra de las entidades donde el huachicol alcanzó grandes niveles y lo hizo en una población donde el 42.4 por ciento es pobre (2 millones 489 mil personas).

La carencia más marcada en esta entidad es la de acceso a la seguridad social, ya que 3 millones 203 mil no la tienen y le sigue la de acceso a la alimentación con 1 millón 162 mil. Cerca de 2 millones 971 mil reportaron a Coneval un ingreso inferior a la línea de bienestar.

Hidalgo: Este estado tiene al 50.6 por ciento de su población en pobreza. No tiene problemas mayores por carencias sino en ingresos: 1 millón 614 mil viven con lo mínimo indispensable y no les alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria.

Tabasco: Al igual que Hidalgo, Tabasco tiene a la mitad de su población en pobreza, es decir, al 50.9 por ciento: 1 millón 618 mil no tiene acceso a seguridad social, 1 millón 178 mil no tienen los servicios básicos en su vivienda y 1 millón 093 mil tienen carencia alimentaria.

Tamaulipas: Aunque el porcentaje de pobreza disminuye en esta entidad a 32.2 por ciento, con 1 millón 156 mil personas en esta condición, Tamaulipas enfrenta rezagos en el acceso a la seguridad social y al ingreso mínimo.

Sinaloa: Esta sería la entidad menos pobre de la lista de estados que crecieron en tomas clandestinas. Solo 929 mil personas son consideradas pobres de acuerdo a la medición del Coneval.

SinEmbargo
Daniela Barragán
Ciudad de México
Jueves 17 de enero 2019.


La Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) no sólo tienen bajo investigación al general brigadier Eduardo León Trauwitz, sino que ya le fueron congeladas sus cuentas bancarias, de acuerdo con información publicada por el semanario Proceso en su edición que empezó a circular este domingo.

León Trauwitz es hasta ahora el primer exfuncionario de alto nivel sujeto a investigación por robo de combustible.

En las carpetas de investigación de la PGR, derivadas de las acciones en Pemex, se consignan testimonios de funcionarios de la paraestatal que, en calidad de testigos, le atribuyen al general responsabilidad en el robo de combustible.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP investiga a 30 distribuidoras de gasolina presuntamente implicadas en la venta de combustible obtenido ilegalmente.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, informó que llevaron ante la PGR cinco casos relacionados con el robo de hidrocarburos, que incluyen a un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local y un exalcalde.

También se detalló que se han realizado bloqueos de cuenta a 15 personas y a 24 relacionadas.

León Trauwitz fue un hombre poderoso protegido por Peña Nieto, a quien había servido como escolta desde el Estado de México. Éste no le dio la jefatura del Estado Mayor Presidencial (EMP), pero a cambio, además de un ascenso a destiempo, lo colocó en una posición de seguridad nacional en la que llegó a manejar 5 mil millones de pesos y 2 mil 500 efectivos del Ejército, además de cientos de agentes civiles. Pese a esos cuantiosos recursos, el robo de combustibles se incrementó el sexenio pasado.

Peor aún, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex, que estuvo al mando de León Trauwitz, al final de la administración pasada presentó a la empresa petrolera como víctima de la expansión de la delincuencia organizada. Además, en el libro blanco sobre la “estrategia de salvaguardia” de Pemex 2012-2018, la oficina que estuvo a cargo del general también aseguró que el incremento registrado entre los años 2016 y 2017 “estaba proyectado” para, a partir de entonces, empezar a decrecer.

En diciembre, desde que anunció el inicio del combate al robo de combustibles –y pese a su insistencia en que el delito se comete con la participación de personal de la propia empresa–, y hasta principios de la semana pasada, López Obrador sólo había afirmado que se investigaba a tres funcionarios de la paraestatal.

Pero el martes 8, en su conferencia matutina y a pregunta expresa, mencionó a León Trauwitz: “Está en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya nada definitivo”. Sin abundar, el presidente también dijo: “Sí existe el general, pero no se sabía nada. Ahora se sabe porque se le menciona en asuntos que tienen que ver con la seguridad de Pemex. Él estaba a cargo de la seguridad de Pemex”.

Proceso
Álvaro Delgado
Ciudad de México
Lunes 14 de enero de 2019.


 Felipe Calderón renunció hoy a su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN), porque “la camarilla” que lo controla, es una fiel expresión de la corrupción, la mediocridad y la manipulación.

Sin embargo, la dirigencia le reprochó no asumir que muchos de los errores que señala se incubaron cuando él controló a ese partido mientras ostentaba la Presidencia de la República.

Justo el día de la elección interna, cuando se perfila la victoria de Marko Cortés –su enemigo desde hace dos décadas–, el PAN se adelantó a difundir la renuncia de Calderón, a un año de que lo hizo también su esposa Margarita Zavala, y a unos días de ratificar que fundará un nuevo partido político.

“Respetamos las razones de su decisión, la cual es propia de alguien que siente que una organización va por un camino distinto al que considera que debe seguir. En paralelo, miles de personas libres han solicitado su ingreso al partido desde que hace seis semanas se reactivara el proceso de afiliación”, respondió el PAN mediante un comunicado.

Y le reprocha: “Nos sorprende, sin embargo, que alguien con su capacidad no esboce la más mínima autocrítica por los errores que señala, muchos de los cuales comenzaron a incubarse y a potenciarse precisamente cuando él, como presidente de la República, tenía el control total del partido”.

Fue el propio PAN el que boletinó la carta de renuncia de Calderón, que durante el día sólo emitió un mensaje en su cuenta de Twitter, en la que dijo que votó por Manuel Gómez Morín Martínez del Río y su compañera de fórmula, Mirelle Montes, en reconocimiento al “último recurso para cambiar al partido, aunque la manipulación del padrón interno anula casi cualquier posibilidad de cambio”.

En su carta de renuncia, de dos cuartillas, Calderón, quien presidió el PAN de 1996 a 1999 y encabezó el Ejecutivo federal de 2006 a 2012, acusa que la “camarilla” que controla el PAN no tiene ningun compromiso con los principios del PAN y ha anulado su vida democrática.

Su renuncia al PAN, afirma, es “porque la destrucción de la democracia interna se ha hecho a través del uso indebido de los recursos que recibe el partido y el acceso privilegiado e inequitativo a la base de datos de la membresía en beneficio de dicho grupo, además del condicionamiento de apoyos políticos a legisladores, alcaldes, y gobernadores electos de Acción Naciooal, a quienes se les amenaza con el aislamiento y el abandono si no se ponen al servicio de ese consorcio”.

También “porque esa destrucción de la militancia interna es irreversible, dado que se ha hecho a través de la manipulación del padrón de militantes mediante exclusiones e inclusiones selectivas e ilegales, con lo que se ha dejado el control de la que fue la mejor alternativa política de los mexicanos en manos de los intereses de esa camarilla”.

Y “porque cancelada la democracia interna, es imposible revertir por mecanismos democráticos la actual situación, y la elección interna sólo corrobora ese control envilecedor, siendo la próxima dirigencia una fiel expresión de la corrupción, la mediocridad y la manipulación que la ciudadanía ha castigado severamente en las urnas”.

Proceso
Álvaro Delgado
Ciudad de México
Domingo 11 noviembre 2018.


La Sala Regional del TEPJF concluyó que el tribunal estatal asignó la regiduría como una “ilegal interpretación”, de un principio inexistente en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló por ilegal la regiduría que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla entregó al militante del PRI Edgar Chumacero Hernández, en medio de acusaciones de que esa posición se asignó como parte de una negociación política entre el Revolucionario Institucional y el PAN.

El diputado de Morena Héctor Alonso Granados denunció que el TEEP cedió una posición en el Cabildo de Puebla a Chumacero, para que el magistrado de ese organismo local Gerardo Saravia Rivera –que vinculó al tricolor-– votara a favor de la constancia de mayoría como gobernadora electa de la albiazul Martha Érika Alonso Hidalgo y fuera aprobada por unanimidad de votos, situación que aconteció el miércoles pasado.

Ayer, la Sala Regional del TEPJF con cabecera en la Ciudad de México concluyó que el tribunal estatal realizó una “ilegal interpretación”, pues asignó la regiduría bajo el principio de “resto mayor” pese a que no se encuentra previsto en el artículo 323 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado.

El TEEP vulneró de manera grave el principio de certeza en materia electoral contenido en la Constitución local, porque no apegó su resolución a las reglas que rigen los procesos comiciales, expuso la Sala en la sentencia.

Además, señaló que los resultados electorales en la capital del estado sólo alcanzaban a repartir seis regidurías y, aun así, el órgano jurisdiccional de Puebla asignó una séptima a Chumacero.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
Puebla, México
Domingo 14 de octubre de 2018.


Germán Sierra, ex dirigente estatal del tricolor, aseveró que él y varios de los firmantes del desplegado han sido amenazados por el operador del morenovallismo

El ex diputado Eukid Castañón Herrera ha enviado amenazas de cárcel al grupo de 36 priístas que han cuestionado a la dirigencia de su partido y se oponen a que pacte un gobierno de coalición con el PAN, según lo reveló este miércoles Germán Sierra Sánchez, ex coordinador de campaña de Enrique Doger Guerrero, quien advirtió que sus compañeros y él mismo se defenderán de los ataques.

“No es posible que Eukid Castañón haya amenazado a muchos, entre ellos a mí, lo hacemos responsable de cualquier cosa que pase”, sentenció el priísta en entrevista con e-consulta.

El lunes pasado, 36 militantes del Partido Revolucionario Institucional publicaron un desplegado en el que piden a María Esther Scherman Leaño, delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y a Javier Casique Zárate, presidente del partido, esperar el resolutivo sobre la elección en Puebla antes de reconocer a un gobernador electo y eventualmente formar un gobierno de coalición.

A dos días de ello, Sierra Sánchez reveló que parte de los firmantes han recibido amenazas, pero no de su partido, sino del exterior.

Expuso que se les amedrentó incluso con terminar en la cárcel, pero sostuvo que los priístas se van a defender y no bajarán las manos en cuanto a sus críticas por la forma en que se conduce el tricolor, “¿por qué el interés de quien es un operador de Rafael Moreno Valle, amenazando a los grupos que critican de forma constructiva, para que el partido surja y salga adelante?”.

El ex dirigente del PRI y ex delegado de Conagua en Puebla, indicó que los priístas evalúan con abogados qué pueden hacer ante las amenazas adjudicadas a Eukid Castañón, ya que conocen “los alcances de este personaje y los del grupo, no nos vamos a dejar, vamos a seguir con todo para adelante, que no se metan con nosotros”.

Sierra estimó que el PRI está dominado por Rafael Moreno Valle desde que fue gobernador, ya que a algunos los cooptó y otros se le “fueron a entregar”, incluso las dirigencias en una postura de sumisión.

Que no hay pelito con Doger sino con Casique

Germán Sierra sostuvo que no existe un “descalabro” en la relación con Enrique Doger y que el desplegado publicado no va dirigido a él. Expuso que si el ex candidato acepta participar en un gobierno emanado de otro partido lo puede hacer a título personal, pero lo criticaría si el partido lo impulsa sin consultarlo con sus militantes.

“Si alguien es invitado por Martha Erika o por quien sea el gobernador, y si Enrique Doger o cualquier otro quiere, a título personal, está en su derecho, pero no como una posición del PRI”.

Recalcó que durante su trabajo como coordinador de campaña de Enrique Doger hubo una actitud de lealtad, pero no de sumisión, y las diferencias sí existieron con el líder estatal Javier Casique Zárate.

“Con Javier Casique la diferencia consistía en que me fui dando cuenta de que ciertas personas en los órganos electorales que tenían instrucciones precisas de no informar a Doger de las cosas que iban mal”, recordó en entrevista.

Declaró además que fue el presidente estatal quien sembró los rumores sobre su supuesta inclusión en la nómina del gobierno actual, como una especie informante de lo que sucedía en el tricolor.

“Casique fue quien señaló que yo estaba en la nómina de Diódoro Carrasco, de Gali o de Moreno Valle”.

Aceptó que fue el enlace entre su partido y la Secretaría General de Gobierno durante la precampaña y campaña, debido a la relación de amistad que tiene con Diódoro Carrasco Altamirano, con quien trabajó desde joven, lo cual sirvió para que Doger tuviera un diálogo con la administración estatal.

Por otra parte, rechazó que durante la campaña a la gubernatura haya manejado información privilegiada, como señaló Enrique Doger este martes, y reiteró que por el contrario él le informó de temas que no le notificaban a tiempo.

Al cuestionarle sobre el respaldo del ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, al grupo de priístas inconformes, Germán Sierra Sánchez rechazó su presencia, sin embargo, reconoció que hay personas cercanas al ex mandatario como Valentín Meneses Rojas.

“Es una forma de tratar de deslegitimar el movimiento (el señalar al ex gobernador), éste es un grupo que nació de manera autónoma, sí hay gente de Mario Marín, es muy difícil que encuentres a alguien puro. No hay nadie atrás, somos nosotros los que damos la cara”.

e-consulta
Carina Hernández
Puebla, México
Miércoles 10 octubre 2018.


Luego de que el Ejecutivo vetara de última hora la abrogación de la llamada Ley Bala y la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para el nombramiento de su titular, el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, aseguró que no se trata de un revanchismo político en contra del Poder Legislativo.

En entrevista, Carrasco Altamirano indicó que respetan el trabajo hecho por los legisladores del Congreso del Estado, sin embargo, recalcó que no entrarán en una discusión con el Legislativo ya que están en su derecho de hacer las observaciones necesarias que de detecten dentro del lapso de 15 días.

"Lo hace (el Ejecutivo) con absoluto respeto a la soberanía y facultades del Congreso del Estado, no se quiere discutir con nadie, simplemente se hace cuidando la institucionalidad en la aplicación de lo que el Congreso aprueba o abroga y se están haciendo las observaciones", sostuvo el secretario General de Gobierno.

Detalló que además las observaciones que se están haciendo son dos: en el caso de la abrogación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el uso de la fuerza pública por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, conocida como la Ley Bala, se pide crear una figura que la sustituya para no dejar un vacío.

Mientras que en lo que hace a la reforma del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, destacó que la ley no será retroactiva, motivo por el cual no aplicaría a la licencia de Víctor Carrancá Bourget que permitió la llegada de Gilberto Higuera Bernal, por lo que el Congreso del Estado seguiría sin facultades para elegir a alguien distinto.

e-consulta
Alberto Melchor
Puebla, México
Martes 2 de octubre de 2018.


Martha Erika Alonso libraría con una reforma el rendir protesta ante Congreso dominado por Morena

Diputados locales aprobaron este día una reforma constitucional que permitirá a Martha Erika Alonso, de confirmarse su triunfo electoral en los tribunales, el que rinda protesta ante el Poder Judicial estatal y no ante el próximo Congreso, el cual será dominado por la bancada de Morena.

Cuando sólo falta mes y medio para que concluyan su gestión, los actuales diputados aprobaron una reforma que permitiría a Alonso Hidalgo evitar la posibilidad de una manifestación de protesta de quienes llegarán al Congreso local por la coalición Juntos Haremos Historia y que serán mayoría en la próxima legislatura.

Esto, en caso de que no prosperen las impugnaciones que presentó el candidato Luis Miguel Barbosa, postulado por Morena, en contra de la entrega de la constancia de mayoría y del cómputo estatal, por lo que Alonso Hidalgo rendiría protesta el 14 de diciembre.

Antes de esto, el 15 de septiembre entrará en funciones la nueva legislatura, en donde la coalición Juntos Haremos Historia tendrá 22 de las 41 curules que conforman el Congreso de Puebla.

La reforma planteada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política se refiere al artículo 75 de la Constitución local para quedar como sigue:

“El gobernador, al tomar posesión de su cargo, protestará ante el Congreso o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél. En caso de que, por cualquier circunstancia, el gobernador no pudiere rendir la protesta ante el Congreso o ante la Comisión Permanente, lo hará de inmediato ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado”.

Durante la sesión, el diputado independiente Julián Peña pidió a sus compañeros legisladores tomar la tribuna para impedir que se consumara el proceso para reformar “a modo” la Constitución, sin embargo, sólo la diputada experredista Socorro Quezada acudió a su llamado.

Quezada Tiempo igual se sumó al llamado para que los legisladores evitaran esta reforma que, aseguró, vulnera la Constitución política estatal y sólo responde a los intereses de la esposa de Moreno Valle.

“No podemos vulnerar nuevamente la Constitución en aras de solamente proteger a una persona que, ahora sí lo diré con nombre y apellido, no podemos legislar a modo de Martha Erika Alonso de Moreno Valle, lo hicimos durante cuatro años para beneficiar a Rafael, pero hoy por favor compañeros seamos prudentes”, pidió la diputada.

Sin embargo, la reforma constitucional fue aprobada por las fracciones de PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, PVEM, Compromiso por Puebla y Movimiento Ciudadano (MC).

El diputado panista Franco Rodríguez, enlace institucional de la oficina de transición de la gobernadora electa, aseguró que la aprobación de la reforma tiene el objetivo de armonizar la ley local con la federal respecto de la toma de protesta del titular del Ejecutivo estatal.

También indicó que la modificación genera un clima de gobernabilidad en el estado y que es una reforma que estaba pendiente en el ámbito local, conforme a lo que prevé el artículo 87 de la Constitución federal desde agosto de 2012.

Nombran magistrados

En la misma sesión, los diputados poblanos aprobaron por mayoría designar magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa a Gilberto Suárez Machado, quien en el gobierno de Moreno Valle recibió el aval como notario público en Tepeaca, y a María Esther Torreblanca Cortés, quien hasta hace unos días era síndico del ayuntamiento de Puebla capital.

De nueva cuenta, los nombramientos en el Tribunal encargado de sancionar actos de corrupción, se hace a unos días de que el morenovallismo pierda la mayoría en el Congreso estatal.

También los diputados acordaron designar como director general de Ciudad Modelo Audi a Gabriel Alejandro Martínez Parente Rangel, quien fue subsecretario de Desarrollo Económico y Promoción de Negocios en el sexenio de Moreno Valle Rosas, y secretario de Infraestructura en el actual gobierno de Antonio Gali.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 1 de agosto de 2018.


La Fiscalía General del Estado (FGE) liberó una orden de aprehensión contra el dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, por participar en la incursión de un centro de operación del PAN ubicado en el hotel MM de la ciudad de Puebla, donde se acumulaba material electoral.

El candidato a la gubernatura de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena, PT y PES), Luis Miguel Barbosa Huerta, responsabilizó de esa acción al ex mandatario local Rafael Moreno Valle Rosas, debido a que Regeneración Nacional denunció que en esa oficina se puso en marcha un fraude electoral para imponer a la esposa del panista, Martha Érika Alonso Hidalgo, como gobernadora electa.

“Con esta y otras probables órdenes de aprehensión, el morenovallismo muestra su cara más autoritaria y ruin, al utilizar a las instituciones públicas, como es la Fiscalía General, para perseguir a disidentes políticos”, fustigó.

La FGE, que encabeza Víctor Antonio Carrancá Bourget, abrió por lo menos 18 carpetas de investigación contra integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena, PT y PES) que estuvieron presentes en la irrupción en el hotel MM el 3 de julio pasado, de acuerdo con fuentes de este diario.

Otros informantes indicaron que la fiscalía actuó a raíz de denuncias por delitos de motín, privación ilegal de la libertad, lesiones calificadas y daño en propiedad ajena dolosa, interpuestas por el dirigente del PAN poblano, Jesús Giles Carmona; la responsable de comunicación de ese partido, Sandra Izcoa, así como los ciudadanos José Román Alzado, Gabriela Reyes Hernández y Juan Alberto Domínguez Vázquez, presentes en el centro de operación.

Otros de los imputados serían el diputado electo por el distrito local 20 de Puebla capital, José Juan Espinosa Torres, así como el defensor de derechos humanos Misraim Hernández Fernández y los senadores electos Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta.

Biestro notificó a La Jornada de Oriente la orden de aprehensión que se giró en su contra, previo a su participación en el programa “Aquí Vamos” de esta casa editorial, la cual tuvo que cancelar para buscar la protección de la justicia.

Minutos después de que se hizo público el intento de detención, el equipo de Miguel Barbosa emitió un comunicado en el que afirmó que Moreno Valle tomó revancha contra Morena, porque ha aportado pruebas para la posible anulación de la elección de mandatario local.

“Sabe que después de esto (la denuncia del centro de operación), la elección para gobernador tendrá que anularse irremediablemente; por eso recurre al expediente de la represión”, agregó el senador con licencia de cargo, al tiempo de hacer un llamado al titular del Poder Ejecutivo local, Antonio Gali Fayad, a que “de inmediato detenga la persecución” contra Biestro.

“Nosotros no vamos a admitir que se procese penalmente a nuestros compañeros, lo decimos claramente, no lo vamos a admitir”, advirtió el candidato a gobernador el lunes pasado en conferencia de medios, en la que anticipó la intervención de la FGE contra liderazgos de Morena.

Nancy de la Sierra confirmó que Poder Judicial giró órdenes de aprehensión contra  activistas de Morena

La senadora electa Nancy de la Sierra Arámburo confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial llevaron a cabo una audiencia donde se solicitó se giraran ordenes de aprehensión derivadas de los sucesos en el Grand Hotel MM.

A través de un comunicado, la ex delegada federal de Prospera en Puebla lamentó profundamente el uso faccioso de las instituciones que pretenden sostener el actual régimen de corrupción y privilegios, enmarcado por el grupo de poder que encabeza el ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Asimismo, condenó que las instancias públicas operen en contra los opositores al morenovallismo y acusó a la Fiscalía General del Estado de ser una “oficina de trámite”, contrario a su espíritu constitucional.

La senadora electa señaló que el actual gobierno “son regímenes autoritarios los que utilizan la procuración de justicia en contra de sus ciudadanos”.

De la Sierra dijo que los conflictos electorales no pueden terminar en sed de venganza en ningún estado que se jacte en ser democrático.

Ante lo expuesto, dijo, “esta es una muestra más que la Fiscalía, contrario a su espíritu constitucional, lejos de ser autónoma, es una oficina de trámite de la Secretaria General de Gobierno”.

Señaló que “están equivocados quienes pretenden mediante intimidaciones que nos hagan desistir de la lucha por democratizar el estado de Puebla y levantar la voz en contra del fraude electoral”.

Sobre Nancy de la Sierra, al igual que su esposo José Juan Espinosa, diputado electo por Puebla, su compañero de fórmula al Senado, Alejandro Armenta, y el dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro, pesa una orden de aprehensión por los hechos registrados en el Grand Hotel MM, en el que se habría descubierto una mapachera electoral a favor de Martha Érika Alonso Hidalgo.

La denuncia fue presentada por Eukid Castañón Herrera, el principal operador político de Moreno Valle; Sandra Izcoa Reyes, vocera de la panista Martha Érika Alonso; Jesús Christian Giles Carmona, dirigente estatal del PAN en Puebla; además Jorge Leal Rodríguez, Juan Alberto Domínguez Vázquez, José Román Alzado y Gabriela Reyes Hernández.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
Yadira Llaven Anzures
Ciudad de Puebla, México
Miércoles 11 de julio de 2018.

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