De los 3.000 millones de dólares que gastó el Ejecutivo en seis años, la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong y Navarrete empleó 2.200


Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el último del PRI, (2012-2018), las secretarías del ramo de seguridad gastaron 52.750 millones de pesos -unos 3.000 millones de dólares- de una partida secreta del presupuesto, conocida como Gastos de Seguridad Pública y Nacional. La naturaleza de la partida dificulta su fiscalización, pero los intentos realizados por diferentes instancias del Estado señalan irregularidades e incluso posibles esquemas de desvío de fondos.

La actual Fiscalía General de la República investiga la supuesta malversación de dinero esta partida en una unidad de la extinta PGR, en tiempos del procurador Jesús Murillo Karam, en 2013 y 2014, como adelantaba este miércoles EL PAÍS. El aumento de los gastos de seguridad pública y nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la discrecionalidad y opacidad en su uso apuntan, sin embargo, a un problema mayor.

La partida presupuestaria “33701 Gastos de Seguridad Pública y Nacional” empezó a usarse durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), pero su empleo se disparó en la Administración de Peña Nieto. Si en los últimos dos años de Calderón el gasto fue de 5.500 millones de pesos, en los dos últimos de su sucesor superó los 21.500. En 2019, primer año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, volvió a niveles de 2011.

Esta partida ampara “programas, investigaciones y actividades” en materia de “seguridad pública y nacional” cuya realización implica “riesgo, urgencia o confidencialidad”, según la nomenclatura que usa la Secretaría de Hacienda. Pero dependencias que accedieron a este dinero, caso por ejemplo de la Policía Federal o la agencia que administra las prisiones federales, lo emplearon muchas veces en asuntos distintos, que además no implicaban ninguna urgencia o confidencialidad.

Para Vidal Llerenas, que fue diputado por Morena durante la anterior legislatura y fungió de secretario de la comisión de presupuestos de la Cámara, el uso de esta partida fue siempre un misterio. “El reporte del desglose del gasto en México es muy bueno”, explica, “pero en esto todo el mundo era muy hermético”. Durante años, Llerenas pidió información al Gobierno sobre el uso de esta partida, pero nunca le hicieron caso. “Nos llamaba mucho la atención que cada año hubiera miles de millones de pesos de esta partida que no sabíamos dónde iban”, cuenta.

Alejandro García, investigador del programa de Gasto Público de la organización México Evalúa, añade que “esta partida es un reflejo de la deficiencia en el sistema presupuestario mexicano y la falta de instituciones capaces”. García argumenta que su uso responde a un mecanismo que puso en marcha el Gobierno de Calderón para evitar el bloqueo de un Congreso de signo contrario al Ejecutivo. Pero con Peña, el gasto se disparó y fue usado, explica, de forma política. “Lo que pasa al final”, matiza García, “es que el uso de esta partida y de muchas otras similares es que te da margen para hacer los gastos que necesitas, sin pasar por el Congreso y sin dar a conocer el plan de gastos del Gobierno. Eso rompe la lógica de los contrapesos institucionales”.

De 2013 a 2018, el grueso del gasto lo concentró la Secretaría de Gobernación, que dirigieron Miguel Ángel Osorio Chong de 2013 a 2017 y Alfonso Navarrete en 2018. De Gobernación dependía la Policía Federal, el centro de inteligencia federal, CISEN y la agencia que administra las prisiones, el órgano de Prevención y Readaptación Social. Entre esas tres dependencias gastaron más de 40.000 millones de pesos -2.200 millones de dólares de la época-, principalmente la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social.

La segunda dependencia que más gastó fue la PGR, con 6.817 millones de pesos, seguida de la Secretaría de Marina, con 5.541 millones de pesos. La Secretaría de la Defensa apenas gasto 134 millones de pesos. En la PGR, la administración de Jesús Murillo Karam elevó exponencialmente los Gastos de Seguridad Pública y Nacional. Si en 2012, antes de su llegada, la dependencia gastó 424 millones, en el primer año de Murillo, 2013, esa suma ascendió a 1.793 millones de pesos. Desde el entorno de Murillo aseguran que el dinero se gastó en compra y reparación de aeronaves, formación e investigaciones varias, como Ayotzinapa o Tlatlaya y subida de sueldos.

Auditorías

Durante el sexenio anterior y el primer año de López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano estatal que fiscaliza las cuentas de la administración, realizó al menos seis informes sobre el uso de esta partida en años de Peña Nieto. En tres estudiaron el desempeño de Prevención y Readaptación Social, en uno el de la extinta Procuraduría General de la República, en otro al CISEN y en uno más el de la Policía Federal.

El más reciente y exhaustivo es el que examina el uso que hizo la Policía Federal de estos fondos en 2018. Los auditores examinaron cuatro contratos, un convenio y varios cheques. Todo por valor de 2.031 millones de pesos, prácticamente dos tercios del total que gastó la dependencia con cargo a la partida de seguridad pública y nacional ese año. La conclusión preliminar de los auditores es que al menos 1.532 millones de pesos de los 2.031 analizados no fueron empleados en lo que dijo la dependencia.

El caso del convenio, por ejemplo. En 2018, la división de Seguridad Regional de la Policía Federal acordó pagar 801 millones de pesos a una empresa para servicios de patrullaje en sedes e infraestructuras durante 103 días. Primero, los auditores dijeron que no tenía sentido que la corporación contratara vigilancia privada, ya que la matriz de la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación, dispone de un órgano para este tipo de servicios. Y segundo, que no había pruebas de que el servicio se había prestado porque en los archivos de la dependencia no existían “bitácoras, reportes de supervisión o programas de trabajo”.

En el caso de los contratos, en tres de los cuatro analizados los auditores identificaron un posible esquema de desvío de recursos de la partida. En los tres casos, la Policía Federal contrató con un proveedor unos servicios. El proveedor subcontrató esos servicios con un tercero. Y ese tercero subcontrató de nuevo con diferentes empresas israelíes, que eran las que en realidad vendían lo que quería la Policía Federal. Cuando los auditores visitaron primero a los proveedores y luego a los intermediarios -los que supuestamente contrataban con las empresas israelíes- descubrían, primero, que los intermediarios no habían firmado nada en realidad con los proveedores y segundo, que el dinero que la Policía Federal había pagado a los proveedores acababa en empresas distintas a las israelíes, que eran en realidad las que vendían el producto.

La ASF hizo públicos estos informes en febrero y algunos medios en México publicaron parcialmente los resultados de los auditores. Es el caso de uno de los contratos descritos en el párrafo anterior. Lo firmó la División Científica de la Policía Federal con una empresa, Dizoal, para la “adquisición de una solución integral de inteligencia”. El esquema fue el descrito arriba. Dizoal contrató a un tercero y a través del tercero a una empresa israelí, que era en realidad la que vendía el software. Dizoal aseguraba tener un acuerdo con la empresa israelí para distribuir sus productos en México. Pero los auditores probaron que el dinero que la Federal pagó a Dizoal nunca llegó a la empresa israelí, sino que fue a parar a otras empresas.

Los auditores probaron además que el software en cuestión no valía los 499 millones de pesos que se pagaron por él, sino 20. Y también porque involucraba a la titular de la División Científica de la Policía Federal, Patricia Trujillo, fundadora de la unidad, muy respetada dentro del cuerpo. Con el cambio de Gobierno y la desaparición de la Policía Federal, Trujillo se incorporó a la Guardia Nacional como comisaria. Con la divulgación de esta información, Trujillo dejó su cargo, al menos temporalmente.

Fuentes de los primeros escalones de mando de la Policía Federal consultadas por EL PAÍS indican que lo sucedido con Trujillo es injusto, porque en realidad todas las compras y contrataciones de la corporación las decidía Jorge Márquez, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Márquez llegó al puesto con el primer secretario de Gobernación de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong. Márquez y Osorio ya habían trabajado juntos: fue coordinador de asesores de Osorio Chong cuando este fue gobernador de Hidalgo.

La Secretaría de la Función Pública, que complementa el trabajo de la ASF, también ha señalado irregularidades en el uso que hizo la Policía Federal de esta partida. En su Informe de Fiscalización de 2019, le dependencia señala que “existe “falta de transparencia y certeza de que los recursos hayan sido utilizados en actividades oficiales”.

Irregularidades

Además del esquema de desvíos, el uso de la partida de gastos de seguridad estuvo marcada por irregularidades administrativas en los años de Peña Nieto. En los informes de la ASF sobre la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social, los auditores señalan constantemente que la urgencia, el riesgo o la confidencialidad requerida para acceder a estos fondos no está justificada y que por tanto hay contratos, convenios y cheques que se cargaron a esta partida sin motivo.

Los analistas apuntan también que ambas dependencias no buscaron las mejores opciones a la hora de contratar y que no verificaron ante la Secretaría de la Función Pública si las empresas proveedoras estaban sancionadas o inhabilitadas. Y también -y esto ocurre sobre todo con los contratos de la Policía Federal- que los titulares de unidad o división que aparecen en la firma de los contratos carecen de facultades para tal efecto.

En los informes de la ASF sobre Prevención y Readaptación Social son constantes los pagos extraños a la naturaleza de esta partida, como medicinas y productos farmacéuticos, obras, rentas de generadores eléctricos, recibos de la luz, incluso la impresión y encuadernación de manuales “en materia de capacitación penitenciaria”.

Y también hay casos de dinero perdido. Es el caso de los manuales de capacitación penitenciaria. Los auditores explican que Prevención y Readaptación Social pagó en 2014 algo más de tres millones de pesos a la empresa como parte del contrato. Cuando analizaron los pagos, se dieron cuenta de que el órgano de Gobernación carecía del material que por contrato debía tener. Los auditores concluyeron que este contrato podría suponer un “daño o perjuicio a la Hacienda Pública” de 3,1 millones de pesos.

Informes como los mencionados tienen un recorrido largo en la administración. La ASF les da seguimiento por un tiempo, esperando que las dependencias auditadas den explicaciones convincentes a sus señalamientos. En caso de que esto no ocurra, la ASF puede presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Viernes 3 de julio de 2020.


La Fiscalía anuncia que inicia las gestiones para que el director de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto vuelva al país "en un plazo inmediato"

Emilio Lozoya, el director de Petróleos Mexicanos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, ha aceptado ser extraditado a México. Alejando Gertz, el fiscal general, ha informado este martes de que el exfuncionario público presentó este lunes ante la Audiencia Nacional de España la solicitud para ser entregado a las autoridades mexicanas y ofreció “su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados”. Lozoya, un hombre muy cercano al exmandatario del PRI, fue detenido en Málaga en febrero después de haber sido acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude por la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

El Gobierno mexicano ha comenzado las gestiones para que Lozoya vuelva a México “en un plazo inmediato”. “Esta Fiscalía ha realizado las diligencias necesarias para trasladar a este individuo, desde España hasta México, en una aeronave de bandera mexicana”, ha anunciado el fiscal general sin dar a conocer detalles sobre el vuelo. Lozoya estuvo prófugo ocho meses. Las autoridades mexicanas e internacionales lo buscaron en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia, Rusia. Finalmente lograron ubicarlo en una lujosa mansión propiedad de un magnate ruso dentro en una exclusiva zona residencial del sur de España. El nombre del empresario ruso que dio cobijo a uno de los hombres más buscados de México no ha sido revelado.

El fiscal Gertz ha reaparecido después de cuatro meses fuera de los reflectores. En un mensaje grabado en vídeo dejó caer una bomba noticiosa que vuelve a poner sobre la pista las investigaciones de corrupción del entorno cercano a Peña Nieto. El fiscal ha explicado que en enero de 2017 la entonces Procuraduría General, aún durante el Gobierno del PRI, puso en marcha pesquisas sobre presuntos delitos cometidos por la constructora brasileña Odebrecht en México. La intención era investigar el supuesto pago de millonarios sobornos con los que la empresa se benefició con contratos, un modus operandi utilizado en varios países de América. La investigación se dejó morir durante dos años sobre los escritorios de la Administración priista. “Tuvimos que retomar este caso para establecer, con toda precisión, los delitos cometidos y los posibles responsables”, ha dicho Gertz esta mañana en su primer mensaje público desde el 12 de febrero.

La investigación de la Fiscalía llevó al congelamiento y “aseguramiento” de los bienes de Emilio Lozoya vinculados con un presunto delito de lavado de dinero. Esto incluyó algunas cuentas de su madre, Gilda Austin. En mayo y junio de 2019 llegaron las primeras órdenes de aprehensión. El expediente en contra del exfuncionario siguió abultándose. La petrolera estatal, Pemex, acudió ante la justicia a denunciar la multimillonaria compra de una planta de fertilizantes en estado de chatarra realizada durante la gestión de Lozoya. Alonso Ancira, el empresario mexicano al frente de Altos Hornos de México, conocido como el rey del acero, fue el beneficiado por esta transacción. Ancira también espera la extradición desde España, donde fue detenido en mayo de 2019.

Después del anuncio de la Fiscalía, la defensa de Lozoya ha hecho pública su decisión, tomada hace un mes, de abandonar el caso del ex directivo de Pemex. “Debido a la divergencia sobre las decisiones en las estrategias jurídicas tomadas es que decidimos apartarnos de la defensa”, señala un comunicado firmado por el letrado mexicano Javier Coello. El exjuez Baltasar Garzón se sumó en marzo a la defensa de Lozoya en España, pero no se ha pronunciado tras el anuncio de la Fiscalía mexicana.

Desde hace varios meses, las autoridades mexicanas habían ofrecido a Lozoya el criterio de oportunidad. Esta figura, contemplada dentro del Código de Procedimientos Penales, plantea para los imputados la posibilidad de cooperar con la justicia para dar información sobre los superiores jerárquicos en hechos de corrupción. “La verdad es que solo nos quedan dos superiores jerárquicos [en el caso de Lozoya]: Luis Videgaray [exsecretario de Hacienda] y Enrique Peña Nieto”, aseguró recientemente a este periódico Santiago Nieto, el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, una pieza clave en la investigación en contra de Lozoya. El retorno del exdirector de Pemex a México abre de nuevo la puerta a una investigación de corrupción de alto calibre.

El País
Luis Pablo Beauregard
Ciudad de México / Madrid
Martes 30 de junio de 2020.


Durante 7 meses solicitó los servicios de una de las chefs más exclusivas de México


A raíz del amparo solicitado por Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la AIC (Agencia de Investigación Criminal), para no ser detenido por delitos que se derivan del caso de los 43 normalistas en Iguala, ha salido a la luz la cantidad que el funcionario empleó en comida gourmet mientras se dedicaba a la 'búsqueda' de los desaparecidos.

Zaida González, una de las chefs más reconocidas de México y dueña de Banquetes Les Croissants y Gastronómica Zayda, que se distingue por su incomparable menú, fue la encargada de brindarle sus exclusivos servicios a Zerón, ofreciéndole un festín en su oficina mientras éste supuestamente se dedicaba a la búsqueda de los normalistas que desaparecieron durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en el estado de Guerrero.

Es así que desde mayo hasta diciembre del 2016, Zaida fue la encargada de brindar los alimentos diarios que incluían desayuno, comida y cena para Zerón y su equipo, así como para el personal de la Policía Federal Ministerial. Dicho servicio tuvo un costo total de 14 millones 990 mil 440 pesos.

Sin embargo, los millonarios gastos de Zerón no terminan ahí, pues al estar la AIC bajo su mando, éste desembolsó 3 millones 761 mil 788 pesos para servirse a él y al personal del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, del menú de Gastronómica Zayda.

Además, empleó otros 2 millones 996 mil 268 pesos de la AIC, en servicios de cafetería, box lunch y menús ejecutivos para los empleados de la Policía Federal Ministerial.

La información anterior corresponde a los contratos por Adjudicación Directa que fueron otorgados mientras Zerón estuvo a cargo de la AIC, por un periodo de 3 años, de 2013 a 2016.

Parte del contenido de sus contrataciones fue puesto bajo reserva por cinco años, poco antes de presentar su renuncia e Enrique Peña Nieto, Presidente de la República en aquel tiempo.

Siglo de Torreón
Ciudad de México
Viernes 19 de junio de 2020.


•    García Luna utilizó red de empresas para transferir 50 mdd a paraísos fiscales


Una red de empresas relacionadas a Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, ocultó más de 50 millones de dólares en paraísos fiscales.

La información, revelada por la cadena Univisión, se basa en dos denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, en la que se asegura que “muy probablemente” dichos recursos provienen de los presuntos sobornos entregados por grupos criminales a García Luna, cuando este era secretario de Seguridad Pública, entre 2006 y 2012.

Al ser entrevistado por dicho medio, Nieto aseguró que cuando García Luna fue detenido en Estados Unidos en diciembre de 2019 ya habían concluido la investigación, y estaban preparando dos denuncias: una ante la Fiscalía General de la República y otra ante la Secretaría de la Función Pública.

Ante ese escenario, la UIF pudo congelar de forma inmediata las cuentas bancarias de García Luna, su esposa y su hermana Esperanza, así como la de sus asociados de negocios Samuel Weinberg, su hijo Alexis Weinberg y José Luis Castilla.

Se congeló también la cuenta de la compañía de seguridad de García Luna, llamada Glac; más tres empresas de los Weinberg: Icit Private Security, Icit Holding y Nunvav.

Dos semanas después, el 24 de diciembre de 2019, la UIF presentó una denuncia penal por lavado de dinero, además de otra ante la Secretaría de la Función Pública.

“Encontramos todo el esquema de lavado de dinero de García Luna. Los gobiernos contrataban empresas fachada. Se hacían las transferencias de los depósitos en las cuentas de las empresas fachada, que después sacaban el dinero en efectivo.

“Una vez depositado el dinero del Estado mexicano en las cuentas de la empresa, la empresa los transfería”, detalló Nieto.

Según la investigación, el dinero en cuestión se movió a cuentas de Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.

La pesquisa halló que el dinero se movió a cuentas de Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.

Nieto aseguró que casi medio año después, las cuentas continúan congeladas.

Genaro García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Texas. Ahora espera juicio en Nueva York, acusado de cargos de narcotráfico por haber recibido sobornos de los carteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, más un tercer cargo de falsedad en declaraciones.

Proceso
Ciudad de México
Martes 19 de mayo de 2020.


Gobierno estatal emite un decreto

La administración estatal asumirá el control de la seguridad pública en la capital de Puebla, informó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien indicó que la acción se realizará primero por la vía jurídica y posteriormente se procederá a la inspección de las instalaciones.

El mandatario indicó que su decisión fue publicada en la edición de este miércoles del Periódico Oficial del Estado, por lo que con ello inicia el procedimiento jurídico para que sea el estado el que esté al frente de la Policía capitalina.

Barbosa dio a conocer su determinación en su conferencia de prensa de este miércoles, en la que fue cuestionado sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para negar al ayuntamiento de Puebla una solicitud para detener cualquier acto que el gobierno del estado realizara en relación con las fuerzas policiales.

Atienden demanda por controversia constitucional

El gobernador detalló que con la determinación de la Corte, su gobierno iniciará un procedimiento legal para asumir el control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y después se realizarían acciones como la supervisión del personal y las instalaciones.

Barbosa recordó que la SCJN aún analiza una demanda de controversia constitucional que el ayuntamiento inició para que sea esta instancia la que determine si el Ejecutivo del estado tiene o no facultades para designar a un delegado de seguridad pública en la capital, que seguirá su curso.

Mientras tanto, señaló que hará valer la designación de Carla Morales Aguilar como delegada de seguridad pública, nombramiento que realizó hace 15 días y que, aseguró, fue consensuado con Rivera Vivanco.

El nombramiento fue rechazado por la presidenta municipal, quien ante el rumor de que Barbosa asumiría por la fuerza el control de la policía, decidió recurrir a la SCJN.

El mandatario hizo un llamado a Claudia Rivera para que actúe con “prudencia”, pues aseveró que el objetivo de su decisión es mejorar la seguridad en la ciudad, a raíz de la inacción de la policía capitalina.  

En su conferencia de este miércoles, el gobernador reiteró sus señalamientos de inacción y negligencia de la SSC, pues dijo que si hay reducciones en el índice delictivo del municipio se deben a que su gobierno intervino y realiza operativos en la Zona Metropolitana.

“… están a la baja los índices delictivos y la evidencia clara es que bajaron en agosto cuando nosotros entramos y ellos nada han hecho, se dedican sólo a administrar los asuntos de seguridad pública pero no a resolverlos. Estoy obligado porque así me lo pidió el pueblo y no voy a detenerme; con mando o sin mando no voy a detenerme”, refirió.

Instruye Claudia Rivera a titular de la SSC alinearse con el Gobierno del Estado

Celebró poder nombrar y remover a la secretaria de Seguridad Ciudadana

Tras la publicación del decreto del Gobierno del Estado para asumir por la vía jurídica el control de la seguridad pública en la capital poblana, la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, instruyó a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales Martínez, para que alinee a la corporación a las instrucciones del gobierno del estado.

En un comunicado de prensa, la alcaldesa expresó que leyó con detenimiento el decreto publicado por el gobierno del Estado y “coincido con el gobernador, Luis Miguel Barbosa, en la necesidad de una coordinación total de los órdenes del gobierno en materia de seguridad”.

Es así que el Ejecutivo de Puebla asumirá la seguridad de la capital, no obstante, este proceso se hará en conjunto con el municipio.

De igual forma, celebro el respeto de la autonomía municipal para nombrar y remover a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Instruyo a la titular, Lourdes Rosales Martínez para alinear a la policía municipal a las instrucciones del Estado y que en total apego a la libre hacienda municipal se coordine con este gobierno
dijo Rivera Vivanco en el comunicado.

Para finalizar, la alcaldesa recalcó su obligación de reservarse el derecho a defender la autonomía municipal constitucional conforma a la ley en éste y en todos los casos que sea vulnerada.

Lo anterior se dio luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación negara al Ayuntamiento su solicitud para frenar que el gobierno del estado tomara el mando de seguridad en la capital. Incluso el gobernador Miguel Barbosa informó que emitirá un decreto para asumir las funciones, que ya le había solicitado a la presidenta municipal para el mando coordinado.

El gobernador rechazó tomar de manera física la Policía Municipal, ya que asumir la seguridad en la capital no implicará las mismas acciones que realizaron los gobiernos anteriores que tomaron por la fuerza el control de las corporaciones.

e-consulta
Patricia Méndez
El Sol de Puebla
Alba Espejel
Ciudad de Puebla
Miércoles 25 de marzo de 2020.


Los pobres estarían inmunes, señala en conferencia de prensa


“Los pobres estamos inmunes” al coronavirus, señaló el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta al señalar que la mayoría de contagios en Puebla corresponden a personas “ricas” que cuentan con la capacidad económica para viajar al extranjero.

Hasta este miércoles, la Secretaría de Salud del estado reportó 38 casos de transmisión del virus, de los que dos son comunitarios y el resto “importados”, es decir, de personas que viajaron a lugares de riesgo como España, Italia y Estados Unidos.

En conferencia de prensa este miércoles, el gobernador fue cuestionado sobre qué tipo de apoyos se analizan para jefes de familia que pudieran verse incapacitados por un contagio, a lo que señaló que muchos de los casos están en esa situación, pero son adinerados.

“… la mayoría son gente acomodada, eh, ¿si lo saben o no?, si ustedes son ricos tienen el riesgo, si ustedes son pobres, no, los pobres estamos inmunes”, declaró.

Entre los casos “importados” a los que Barbosa hizo referencia, destacan por lo menos cinco personas que viajaron a un torneo de snowboard en Vail, Estados Unidos, y algunas viven en el fraccionamiento La Vista.

Un grupo de seis jóvenes con contagio regresó de Europa, a donde visitaron ciudades como Amsterdam.

Barbosa Huerta reprochó previamente que quienes regresaron del extranjero no tomaron las medidas sanitarias necesarias como permanecer en aislamiento domiciliario, pues hicieron vida social sin tomar en cuenta que provenían de lugares con alta circulación del patógeno.

Cabe señalar que la declaración del mandatario poblano ya no se encuentra en el video que el gobierno del estado difunde a través de sus plataformas digitales como Youtube y Facebook.

Suman 38 casos

De las 38 personas con el virus, ocho están en un hospital y de estos, siete están estables y una persona tiene un estado de salud delicado, pero se encuentra en un nosocomio de la Ciudad de México.

De la suma de casos, dos corresponden a personas que no tuvieron contacto con alguien que viajó al extranjero, por lo que las autoridades ya los ubican como transmisión local u “horizontal”.

José Fernando Huerta Romano, subdirector de Vigilancia Epidemiológica, indicó que es inevitable que surjan contagios por transmisión comunitaria, al tratarse de la dispersión de un virus, por lo que recomendó a los poblanos seguir medidas de prevención de forma estricta a fin de evitar más contagios.

Por su parte, el secretario de Salud de Puebla, Jorge Humberto Uribe Téllez, refirió que hay ocho personas hospitalizadas: 1 en el Hospital de Cholula, 3 en el Hospital de Puebla; 1 en Hospital Los Ángeles, 2 en el ISSSTEP y uno que se trasladó a la Ciudad de México.

Barbosa Huerta rechazó que haya sospecha de contagio en la Academia Ignacio Zaragoza que se encuentra en Amozoc, pues dijo que las clases se suspendieron porque es una recomendación a nivel federal.

En cuanto al primer día de operaciones de la aplicación Covid-19 para celulares, comentó que se registraron 535 visitas de las que 413 se ubicaron en color verde, que representa un riesgo nulo; otros 53 fueron amarillos por tener algún indicio de prevención, y 69 son casos de alerta por lo que corresponden al color rojo.

De los casos de alerta, cinco fueron positivos. El IMSS identificó a cuatro personas y salud del estado uno.

e-consulta
Patricia Méndez
Ciudad de Puebla
Miércoles 25 de marzo de 2020.


•    Se trata de dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas

•    Son cuatro convenios por un presunto desvío de más de 186 millones de pesos

Ciudad de México. - La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la justicia federal una audiencia para imputar a dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas por un presunto desvío de más de 186 millones de pesos, por el caso de la llamada "Estafa Maestra".

Se trata de Rafael Zozaya Nucamendi, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapa, secretario administrativo de la institución, quienes ya fueron requeridos para una audiencia de imputación.

Los presuntos implicados iban a comparecer esta semana en el Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, pero debido a la cancelación de actividades del Poder Judicial de la Federación (PJF), por el Covid-19, la audiencia fue pospuesta para después del 20 de abril.

De acuerdo con informes del PJF, será el primer caso en el que la FGR fincará el delito de peculado, ya que en los anteriores sólo ha imputado ilícitos como ejercicio o uso ilícito de atribuciones y facultades.

Este caso corresponde a cuatro convenios específicos suscritos en octubre de 2015 entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la UPCH, por un monto de 186 millones 113 mil 374 pesos.

La Universidad debía entregar a la Sedatu un análisis de zonas económicamente exclusivas y diagnósticos de ordenamiento territorial y asentamientos de Puerto Chiapas; municipios de Michoacán y Guerrero, colindantes con Lázaro Cárdenas y del Corredor Inter-oceánico, en el Istmo de Tehuantepec.

En marzo y abril de 2016, la Sedatu pagó la totalidad de los convenios con recursos presupuestales de ese año y del anterior, cuando fueron suscritos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Argumentado que no tenía el tiempo suficiente para un procedimiento de licitación, la UPCH subcontrató los servicios mediante adjudicación directa con la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., por una suma de 81 millones 642 mil 800 pesos.

La empresa subcontratada por la Universidad cobró sin prestar un servicio y, además, la UPCH se quedó con más de 104 millones de pesos, el 56 por ciento de los recursos que recibió de Sedatu.

Según las pesquisas, la empresa también subcontrató a otras cuatro razones sociales que dispersaron los recursos con 11 compañías y 9 personas físicas.

De acuerdo con la imputación, los más de 104 millones no sólo no fueron utilizados para la ejecución de los servicios con Sedatu, sino que la UPCH usó ese dinero para adquirir una solución tecnológica Big Data y dos camionetas, lo que presuntamente evidencia que los recursos públicos fueron destinados a fines distintos para los que fueron autorizados, es decir, constituye el desvío o peculado.

El 6 de abril de 2017 el Rector de la UPCH comunicó por escrito a la ASF que no se habían realizado antes estudios similares a los prestados a la Sedatu, por lo que no tenían experiencia y manifestó que "fueron invitados a participar en el proyecto directamente por la titular de la Sedatu (Rosario Robles)".

Reforma
Ciudad de México
Sábado 21 de marzo 2020.


Tecomatlán, Pue. - Nadie sabe para quién trabaja… El Movimiento Antorcha Nacional realiza una especie de juegos nacionales a los que llama “Espartaqueada” y en los cuales participan atletas de alto rendimiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Es decir, son talentos desarrollados con dinero federal que compiten para una de las organizaciones que más ha cuestionado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y van por más: en entrevista con Proceso, un dirigente antorchista adelanta que vía la presión social pretenden conseguir 300 millones de pesos para concluir un complejo deportivo.

Una veintena de atletas del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar), que se preparan con dinero del gobierno federal, participó en la Espartaqueada, una competencia que cada dos años realiza el Movimiento Antorcha Nacional, la organización civil que más ha protestado contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El grupo encabezado por el entrenador Alejandro Salvador Cruz salió de dicha instalación (federal) en el transporte que los dirigentes deportivos antorchistas del Estado de México pusieron a su disposición para viajar durante cinco horas hasta Tecomatlán, Puebla, en plena Sierra Mixteca, para competir el 2 de febrero último.

Con las medallas que obtuvieron los atletas del Cnar, el Estado de México terminó en el primer lugar de la justa, con 728 puntos, delante de Puebla (619), Veracruz (495) y Michoacán (433).

Pero no sólo los deportistas del Cnar participaron, también lo hicieron otros que ya han visto acción en la Olimpiada Nacional –ahora Juegos Nacionales– que cada año organiza la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). En la categoría de Primera Fuerza y también en las juveniles compiten quienes son entrenados por los institutos del deporte de los estados.

A la Espartaqueada –realizada del 1 al 9 de febrero último– también asistió el subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Israel Benítez, quien acompañó a su hijo a competir y aprovechó para reunirse con su amigo Samuel Aguirre Ochoa, presidente de la Comisión Nacional Deportiva del Movimiento Antorchista.

“Vino en calidad de padre de familia y de amigo mío desde hace 15 años. Estuvo aquí viendo las competencias porque antes de trabajar en la Conade ya había participado en varias Espartaqueadas con nosotros”, explica Aguirre.

–¿No le cuestionó qué hacen aquí los atletas del Cnar, dado que el gobierno federal no quiere darle nada a las asociaciones civiles?

–La amistad está por arriba de las cuestiones políticas. Él conoce la Espartaqueada desde hace años. Hay muchos muchachos que están en el Cnar que han participado en nuestra competencia. Vinieron varios jóvenes del Cnar y por eso ayer (2 de febrero) el Estado de México se fue arriba en puntos. Ellos compiten por el Estado de México porque en los selectivos municipales, regionales y estatales representaron a esa entidad y esas son las reglas que pusimos.

“Nosotros hacemos una convocatoria abierta en la que asistieron los muchachos del Cnar y vienen a ayudar a ganar. El reto que tenemos es que aquí a dos años los deportistas de nuestro movimiento le ganen a los del Cnar. Nuestra meta también es pasar al alto rendimiento. En un principio buscamos masificar el deporte, pero también estar en la Olimpiada Nacional, ahora Juegos Nacionales, y pensar en alcanzar competencias internacionales.”

Quieren dinero de la Conade

Samuel Aguirre pidió a Israel Benítez que lo ayude a gestionar un encuentro con la titular de la Conade, Ana Guevara, para pedirle que la dependencia del deporte nacional le otorgue al movimiento antorchista los 300 millones de pesos que necesitan para concluir un complejo deportivo que están construyendo en Xalapa, Veracruz.

Se trata de la Escuela Nacional del Deporte que creó Antorcha Nacional. Es una universidad para formar a los futuros entrenadores de México. El terreno se los dio el gobierno del estado; el municipio de Xalapa les otorgó otra parte para construir aulas y una villa deportiva. Sin embargo, el complejo acuático se quedó a medias: hay una alberca olímpica y una fosa de clavados en obra negra. Como los recursos que generan son insuficientes, ven como única alternativa que el gobierno federal financie la conclusión del proyecto.

“Se requiere hacer un techo caro y la cimentación. Ya están las albercas, pero no están techadas y no las hemos podido poner a funcionar. Queremos que la Conade nos dé el dinero para terminarlas. Si formamos buenos entrenadores vamos a contribuir para el deporte de México.”

–Guevara le dirá que ya existe la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), que no se necesita otra…

–Pues esa escuela ya tiene mucho tiempo y no ha resuelto el problema de tener más y mejores entrenadores.

Justamente un egresado del Cnar y de la ENED es –desde hace dos años– el responsable de coordinar el atletismo a nivel nacional en Antorcha. Se llama Miguel Patiño, un medio fondista que vivió cinco años en dicha instalación deportiva donde recibió hospedaje, alimentación y entrenamiento hasta que las lesiones y la indiferencia del presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, Antonio Lozano, lo empujaron al retiro.

Este exatleta mexiquense fue reclutado y entrenado por Alejandro Salvador Cruz. Después de egresar de la ENED en 2010 fue invitado a sumarse al movimiento antorchista para trabajar en los clubes populares llamados Espartaco, para desarrollar y masificar el atletismo entre los niños y jóvenes de más bajos recursos de los municipios de La Paz y Chimalhuacán, en el oriente del Estado de México.

Patiño también funge como el director del Deporte del municipio de Chimalhuacán, que gobierna el PRI, y combina su labor como coordinador nacional de atletismo de Antorcha, de ahí que fue el responsable de convocar a los atletas del Cnar para el campeonato estatal en el que ganaron su lugar para la Espartaqueada.

“Al campeonato estatal en Chimalhuacán fueron los atletas del Cnar y también los del Instituto del Deporte del Estado de México. Los que quedaron en los primeros lugares obtuvieron su pase para la Espartaqueada.

“Los jóvenes se convencen de venir a competir cuando ven las instalaciones, las excelentes condiciones que tenemos en el municipio de Tecomatlán, a una altura de 900 metros sobre el nivel del mar. Como vienen deportistas de primera fuerza de todo el país les beneficia (estar aquí) para mejorar marcas y complementar su preparación”, agrega Patiño.

Quienes califican a la Espartaqueada tienen transporte, que los recogerá en las puertas del Cnar y ahí mismo los regresará. Tendrán hospedaje y alimentación en uno de los cuatro hoteles que hay en Tecomatlán.

“Los 10 años que llevo con Antorcha siempre los hemos regresado sanos y salvos. Este año participaron unos 21 o 22 muchachos del Cnar en las diferentes pruebas de pista y campo, y entiendo que también vendrán algunos de ciclismo”, dice.

–¿Tuvieron que tramitar un permiso en la Conade o en el Cnar para que pudieran venir?

–Más que el permiso de la Conade, el permiso es con los entrenadores, porque ellos son responsables de esos deportistas. Ellos no vienen solos, vienen con su entrenador. En el caso de atletismo vino Alejandro Salvador Cruz. Vienen todos los entrenadores que hayan calificado a sus deportistas en cualquier disciplina. Del Cnar vinieron unos cinco entrenadores, pero van a venir más.

–¿Les pagan algún seguro para traerlos en caso de una lesión o accidente?

–No, no hacemos ese compromiso. No tenemos para pagarles un seguro, pero el transporte en el que vienen sí tiene seguro.

–¿Si los atletas del Cnar no participaran con ustedes, el Estado de México podría terminar en primer lugar?

–También nos respaldan las otras categorías y tenemos atletas como Miguel Canto Alfaro, nativo de Chimalhuacán que entrena en el club Espartaco y que hace dos años fue campeón de la Olimpiada Nacional en los 800 metros. A él nosotros lo hicimos y no se quiso ir al Cnar. Su hermano Marco también fue campeón nacional en los 400 metros y ellos les ganaron ahora a los del Cnar en esas pruebas y en el relevo 4×400. Son ejemplos de que también hay talento detectado por Antorcha.

“Hemos venido teniendo mejores atletas por la labor de masificación que hacemos como organización, porque tenemos un sistema, una metodología que aplicamos en las colonias donde está la gente que menos tiene. En Chimalhuacán también se desarrollaron en boxeo Lupita Ayala, campeona de la Universiada Nacional; Xóchitl y Citlalli Hernández, medallistas de la Olimpiada Nacional, y Fernando Bautista, de los Juegos Escolares Nacionales. Hay ejemplos de que nuestro proyecto de deportes da resultados.”

Dormir en la escuela

Movilizar a los casi 21 mil deportistas que este año participaron en la Espartaqueada en siete disciplinas deportivas costó 30 millones de pesos. El número de participantes se asemeja a los que anualmente asisten a la Olimpiada Nacional que organiza la Conade y que a partir de 2020 se llamarán Juegos Nacionales. El dinero para financiarla salió de los comités estatales de Antorcha Nacional, quienes obtienen el recurso mediante colectas y rifas.

En el caso del estado de Veracruz, donde Samuel Aguirre Ochoa es el líder antorchista, trasladar y alimentar a su delegación deportiva representó una inversión de 2 millones de pesos. Asimismo, cada comité estatal está obligado a generar sus recursos para construir sus propias instalaciones deportivas, atender a la población que necesita hacer deporte, dotarlas de entrenadores y del material deportivo que requieren.

Aguirre dice que el complejo deportivo de Tecomatlán es el más grande de todos los que tienen, pues cuenta con canchas de basquetbol y voleibol techadas, alberca olímpica, estadio de beisbol, cancha de futbol y pista de atletismo.

Ante la falta de infraestructura hotelera de esta ciudad, donde habitan 5 mil personas, los deportistas que participan en la Espartaqueada se alojan en las aulas de las escuelas: un jardín de niños, una primaria, una secundaria, una preparatoria, así como en las villas del Instituto Tecnológico.

Cada delegación viaja con las colchonetas, bolsas de dormir, cobijas y almohadas, así como con un grupo de cocineras que se instala donde sus deportistas y los familiares que los acompañan se alimentan; pagan los autobuses que los trasladan desde estados como Jalisco, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Chihuahua, Colima y la Ciudad de México, entre otros.

“Nadie nos da un presupuesto. Se pide ayuda a los gobiernos estatales, municipales y al federal y lo que hemos logrado mediante la presión social son algunos terrenos para las instalaciones deportivas, a veces el pago de algunos entrenadores y un poco de material deportivo.

“Antorcha nunca ha tenido subsidio de gobiernos ni de partidos, ni siquiera del PRI, que es el partido con el que hemos participado”, dice Aguirre.

“Vamos a pelear por recursos”

Fernando González, otro de los líderes antorchistas en el oriente del Estado de México, concretamente en el municipio de La Paz, recuerda que cuando fue diputado local por el Estado de México Antorcha tuvo un acercamiento con el exdirector de la Conade Alfredo Castillo, quien aceptó hacer un recorrido por los distintos estados donde tienen instalaciones deportivas.

Después se comprometió a ayudarlos con recursos económicos para operación y mantenimiento, pero nada pasó.

“Como no cumplió le hicimos una marcha en Periférico e Insurgentes y un mitin en la Conade. Había cerca de mil 500 deportistas y nos manifestamos porque se había comprometido a establecer un programa de pago de entrenadores en nuestras instalaciones de Michoacán, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas. Se negó a darnos lo que prometió y al final logramos sacarle algunos recursos.

“Logramos que asignara 100 mil pesos para el pago de entrenadores en Chimalhuacán. Logramos que se inaugurara la alberca olímpica Noé Hernández, que está en el mero cerro, donde nadie espera encontrar unas instalaciones así. Lo hicimos vía la presión al gobierno federal; a Hacienda y a la Conade las obligamos a cumplir”, detalla González.

De acuerdo con el dirigente, la dependencia no implementa un programa de deporte social. El trabajo a ras de suelo, donde está la gente que verdaderamente necesita instalaciones y programas deportivos, está abandonado porque ese tipo de acciones no lucen ni dejan derrama económica, como sí ocurre con espectáculos deportivos como la Fórmula 1, los juegos de la NFL y de Grandes Ligas.

“Hay un desorden administrativo en el gobierno federal. Tenemos derecho a esos y otros recursos. No podemos caer en la tranquilidad y la mesura y vamos a luchar por esos recursos. No queremos que nos lo den, pero sí queremos decirle al gobierno dónde lo aplique, porque no pueden negar que nuestro esfuerzo está plasmado en algo concreto.

–Guevara podría decir que ustedes ya usan a sus atletas del Cnar, que no pidan más.

–No se vale ese argumento.

–Es una orden presidencial no dar recursos públicos a las asociaciones civiles, Antorcha es una de ellas. Además, ha sido muy combativa con el gobierno de López Obrador.

–Ojalá eso no ocurra porque no hacemos nada malo. Esos jóvenes del Cnar vienen a competir contra otros que tienen hambre de ganar. Un joven a nivel estatal ve a otros que nos representan en el extranjero, les sirve a ambos para comparar capacidades. Además, los atletas del Cnar no se llevaron sólo los primeros lugares, hubo muchos segundos. Eso dice que lo que hacemos está bien, que nuestros atletas que no tienen todo les puedan ganar a los del Cnar, eso aporta a la sociedad. Si no llega la solución, buscaremos presión social.

González pone como ejemplo el deportivo Soraya Jiménez en el municipio de La Paz, que costó 280 millones de pesos y que está en el abandono, con excepción de la cancha de futbol que se renta a una liga. La alberca es un pantano, los niños de la colonia juegan en la arena de la cancha de voleibol de playa.

“El municipio de La Paz tendría que estar destinando 800 mil pesos anuales para esa instalación y no lo hace. No se hace deporte ahí y sirve para que duerman los miembros de la Guardia Nacional. Entonces, sólo por la fuerza social y con la gente organizada vamos a exigirle a los gobernantes que destinen los recursos para lo que son. Si no lo hacemos, seríamos simples espectadores. Como no lo somos, vamos a pelear”, puntualiza.

Proceso
Beatriz Pereyra
Tecomatlán, Puebla
Sábado 7 de  marzo de 2020.


De acuerdo con fuentes allegadas al caso, Lozoya contrató los servicios del ex juez y ex Magistrado de la Audiencia Nacional de España


Ciudad de México. - El ex juez y ex Magistrado de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, será el abogado de Emilio Lozoya en el juicio de extradición por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, delitos por los cuales se le pretende juzgar en México.

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) contrató los servicios del jurista ibérico, con el propósito de litigar e impedir su entrega a las autoridades mexicanas.

Garzón es conocido por prohibir la operación del Partido Batasuna, dada su vinculación con la organización terrorista vasca ETA, así como por instruir las causas por los crímenes del franquismo y delitos de lesa humanidad contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, e integrantes de la última dictadura argentina como Ricardo Miguel Cavallo, quien fue detenido en México en el año 2000.

Sin embargo, en el 2012 fue destituido e inhabilitado por 11 años para desempeñar la carrera judicial, tras hallársele responsable de prevaricato en la instrucción del llamado Caso Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción política de los últimos años en España y que involucró a varios integrantes del Partido Popular.

Tras la separación del cargo, asumió la defensa del australiano Julián Assange, fundador del sitio de internet Wikileaks, que ha difundido documentos de las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos.

El pasado 12 de febrero Lozoya fue detenido en Málaga, España, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por el Gobierno de México, con el propósito de llevarlo a proceso por dos causas penales.

En una le imputan recibir recursos de procedencia ilícita para adquirir 38 millones de pesos su casa de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.

En la segunda, le atribuyen recibir sobornos de Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA), así como de la compra que hizo su esposa Marielle Helen Eckes de una casa en Ixtapa por una suma de 1.9 millones de dólares.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Miércoles 04 de marzo de 2020.


El exdirector de Pemex llevaba documentación falsa y asegura que llegó a España “hace dos días"

El que fuera director de Pemex se suma a un grupo de antiguos funcionarios cercanos al exmandatario que son investigados por corrupción

La caída de Emilio Lozoya se suma a los esfuerzos de la cruzada anticorrupción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lograda por policías españoles este miércoles en Málaga es un argumento que rompe con la sospecha del supuesto pacto de impunidad que el actual Ejecutivo mantenía con sus antecesores. Lozoya aguarda su extradición a México para sumarse a un coro de exfuncionarios y personajes muy cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto que son investigados por lavado de dinero y desvío de recursos.

Aunque la Fiscalía aún tiene que sustentar las acusaciones que penden sobre Lozoya en los tribunales, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ya ha dado una narrativa al caso. “Yo lo considero como algo que está vinculado a una forma de abusar del poder y de los bienes de la nación. Esto se tiene que entender como parte de un todo”, dijo Gertz al diario La Jornada. El todo al que hace referencia el funcionario es la estructura de poder que cobijaba al exdirectivo de Pemex durante su gestión, de 2012 a 2016.

Lozoya fue capturado en Europa en cumplimiento de dos órdenes de arresto emitidas por jueces mexicanos. Una de ellas le acusa de recibir al menos 9,1 millones de dólares en sobornos pagados por Odebrecht para asegurar contratos una vez que el político fuera nombrado director de la petrolera pública. Tres exdirectivos de la constructora brasileña afirmaron en declaraciones judiciales juramentadas en 2017 que el pago de mordidas comenzó en abril de 2012, cuando Lozoya era director de la campaña internacional de Peña Nieto. Los sobornos continuaron hasta 2016, cuando el exfuncionario habría cobrado cuatro millones de dólares en una transferencia. La Fiscalía mexicana conecta uno de estos depósitos con la compra en 2013 de una lujosa residencia en el balneario de Ixtapa, en el Pacífico mexicano, con valor de 1,9 millones de dólares. Lozoya desmintió estas acusaciones en una rueda de prensa en agosto de 2017.

Las investigaciones periodísticas sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por la cúpula de Pemex también han salpicado al expresidente. Mexicanos contra la Corrupción, una organización civil que documenta los abusos del poder, reveló en 2017 que un exdirector de Braskem, una filial petroquímica de Odebrecht, presumía de haber acompañado a "tiempo completo” la campaña presidencial del PRI. Este acompañamiento se habría hecho con cuantiosos depósitos mientras Braskem construía una planta de polietileno en el Estado de Veracruz.

El constructor Marcelo Odebrecht, quien reveló el mayor escándalo de corrupción de América Latina, se entrevistó cuatro veces en privado con Enrique Peña Nieto. El primer encuentro se dio en 2010 en Brasil, cuando el político mexicano hizo una gira al país sudamericano como gobernador del Estado de México. El segundo fue en la capital de ese Estado, Toluca, en octubre de 2011, cuando Peña Nieto aún preparaba su asalto presidencial. En noviembre de 2012, ya siendo ganador de las elecciones y presidente electo, ambos se reunieron en el Estado de Querétaro. El último encuentro se llevó a cabo en octubre de 2013 en Los Pinos, la residencia oficial del mandatario.

El procedimiento contra Lozoya se suma al que ya se lleva a cabo en contra de Rosario Robles, quien ocupó dos ministerios en la Administración de Peña Nieto. La extitular de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es investigada por su participación en el desfalco de más de 7.700 millones de pesos (420 millones de dólares) de dinero público desviados a través de universidades públicas y Pemex. Lozoya también ha negado haber formado parte de esta trama de corrupción, conocida popularmente como estafa maestra, a pesar de que parte de los desvíos se hicieron mientras ocupaba la dirección general. Juan Collado, el letrado de Peña Nieto, también está tras las rejas acusado de lavado de dinero. El abogado, que ha defendido a altos perfiles del PRI, movió más de 120 millones de dólares entre 2006 y 2015 en Andorra, un país protegido por el secreto bancario hasta 2017.

Los astilleros gallegos

Uno de los encargados de sustentar la investigación en contra de Lozoya ha dejado caer que el antiguo responsable de Pemex también es investigado por el fiasco que protagonizó la petrolera con el astillero gallego Barreras y Navantia. “Nosotros todavía seguimos investigando el caso de un astillero en España donde hay pérdidas por 50 millones de euros”, ha dicho Santiago Nieto, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera del ministerio de Hacienda y responsable del congelamiento de las cuentas bancarias del exdirectivo. Este caso aún tiene que ser justificado ante un juez para que dicte la orden de aprehensión.

En noviembre de 2013 el consejo de administración de Pemex, a propuesta de Lozoya, aprobó la compra del 51% de las acciones del astillero privado Hijos de J. Barreras cuando estaba cerca de la quiebra. La operación fue aplaudida por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien había llevado las negociaciones, como un resurgimiento de la industria naval gallega, agobiada por la crisis. Sin embargo, la empresa pública mexicana nunca se involucró en la gestión de esta sociedad a pesar de haber desembolsado 5,1 millones de euros (5,5 millones de dólares) por ella. Tres años después, en 2016, la mala administración generó pérdidas al astillero de 5,5 millones de euros (casi seis millones de dólares). En octubre de 2019 Barreras solicitó el preconcurso de acreedores.

El exdirector de Pemex llevaba documentación falsa y asegura que llegó a España “hace dos día

La Audiencia Nacional envía a prisión al ejecutivo, detenido en una urbanización de lujo de Málaga, por riesgo de fuga

La decisión de Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, apenas ha tardado 24 horas en llegar. El magistrado ha acordado este mismo jueves mandar a prisión a Emilio Lozoya, el ex director general de la petrolera estatal mexicana Pemex señalado en el caso Odebrecht y detenido el miércoles en una lujosa urbanización de Benahavís (Málaga). Tras tomarle declaración por videoconferencia desde los juzgados de Marbella, Moreno ha dictado su ingreso en la cárcel al apreciar un "fundado" riesgo de fuga. Lozoya, reclamado por su país, estaba en paradero desconocido desde hace casi un año.

El juez instructor ha adoptado esta medida, solicitada por la Fiscalía, tras considerar que Lozoya no tiene arraigo laboral y domicilio en España; además de que se ha evidenciado "su intención de sustraerse a la acción de la justicia". Según ha escrito en un auto, cuando fue arrestado, portaba una licencia de conducir mexicana falsificada: tenía su fotografía, pero estaba a nombre de un tal Jonathan Solís Fuentes. Además, el magistrado también destaca que el delito por el que se le reclama —similar al blanqueo de capitales— lleva aparejada una pena de hasta 15 años de cárcel.

El ejecutivo, que ha ingresado en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) sobre las siete de la tarde, dice que llegó al país hace "solo dos días". Pero su versión no coincide con la de la Policía, que lo sitúa en Málaga desde mucho antes. La investigación final para arrestarle arrancó a principios de 2020, cuando se recabaron los primeros indicios de que podía ocultarse en la Costa del Sol. La Fiscalía mexicana había lanzado en mayo de 2019 una orden de detención internacional tras conocerse la fuga del director general de la petrolera Pemex, pero su "alto poder adquisitivo y sus lazos internacionales complicaban su localización", según admitió este miércoles el Ministerio del Interior.

Es más, los investigadores creían que pasó por Alemania antes de aterrizar en España. Entre otros motivos, porque su esposa es nacional de ese país; la madre de Lozoya, Gilda Austin, fue detenida allí el pasado julio. Y porque, desde la clandestinidad, Lozoya se defendió de las acusaciones a través del diario alemán Süddeutsche Zeitung, el conglomerado de medios suizo Tamedia, y Quinto Elemento Lab, de México. "Todo esto es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia. En ningún momento, como funcionario público, ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción", dijo entonces en respuesta a los periodistas.

Pese a esas pistas, los agentes españoles fijaron la diana en La Zagaleta, una urbanización de lujo cercana a Marbella. Estaban seguros de que Lozoya, uno de los hombres de confianza del presidente Enrique Peña Nieto durante su mandato, se ocultaba en una de sus villas. Pero apenas salía. Por lo que decidieron retrasar el arresto hasta este miércoles, cuando lo cazaron al aprovechar que abandonó el complejo residencial en un vehículo que había acudido a recogerlo. Según fuentes policiales, no opuso resistencia durante su detención.

Los agentes sospechan, además, que detrás de Lozoya iba su guardia pretoriana, un séquito de "personal de seguridad ruso" que le ha dado cobertura durante su estancia en España. Los investigadores creen incluso que Lozoya —un avezado economista de 45 años, con estudios en Harvard— podía estar blanqueando dinero para alguna organización mafiosa procedente de ese país, según fuentes próximas a la investigación.

Fuentes del residencial de lujo aseguran que en sus registros no aparece el nombre de Jonathan Solis que consta en el carné falso intervenido. Ni tampoco el de Emilio Lozoya. "Si ha accedido al interior de la urbanización ha sido con documentación falsa y como invitado de residentes", explican desde la gerencia, donde subrayan que el mexicano no tiene ni ha tenido "jamás" vivienda en propiedad o alquiler.

Los investigadores españoles también analizan si, frente a la sospecha inicial de que Lozoya había pasado por Alemania antes de llegar a España, hubiese ido directamente a Rusia, a San Petersburgo, y desde allí volado a la Península. En tal caso, el empresario mexicano, que lideró la campaña internacional de Peña Nieto en sus últimas elecciones por sus grandes contactos con empresas y políticos a escala mundial, habría simulado que tomaba un vuelo con destino a Frankfurt en el que realmente nunca se habría subido.

Las acusaciones

Lozoya, que ha sido inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años en su país, está acusado de fraude a gran escala y corrupción en 2012 y 2013. Según la documentación enviada a España, el antiguo director de la petrolera adjudicó supuestamente contratos públicos a cambio de sobornos millonarios. Las autoridades mexicanas cifran el fraude en 280 millones de dólares (257 millones de euros). Por su parte, la Audiencia Nacional destaca que supuestamente adquirió una vivienda en México con dinero "procedente de una actividad ilícita" tras diseñar un entramado financiero para ocular el origen de esos fondos.

Entre otras pruebas recabadas contra el exdirector general de Pemex se encuentra el testimonio de tres exdirectivos de la constructora brasileña que aseguran que recibió más de 10 millones de dólares en sobornos para ayudar en la firma de contratos. También una reconstrucción realizada por la justicia brasileña con decenas de documentos —copias de las transferencias electrónicas, órdenes de pago de los bancos, vídeos…— vincula a Lozoya con varias operaciones irregulares. Según esta investigación, Odebrecht le pagó para asegurarse el favor de alguien cercano a Peña Nieto.

Moreno ha abierto ahora un plazo de 45 días para que las autoridades mexicanas entreguen toda la documentación que sustente la extradición. Eso sí, la decisión de enviar a Lozoya no es firme y el exdirectivo de Pemex puede recurrirla ante el propio juez y ante la Sala de lo Penal de la Audiencia.

El País
Luis Pablo Beauregard
J. J. Gálvez/ Nacho Sánchez
Ciudad de México/Madrid/Málaga
Viernes 14 de febrero de 2020.

Página 1 de 45

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Síguenos en Twitter