Por caso Agronitrogenados, Emilio Lozoya tiene orden de capturarlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita


Ciudad de México.- Una juez federal negó amparar a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, contra la orden de capturarlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el caso Agronitrogenados.

La Juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México consideró justificado que un juez de control emitiera una orden para aprehender al ex funcionario porque cuenta con los medios para darse a la fuga.

"El juez de control responsable actuó apegado a derecho al tener por justificada la necesidad de cautela en la emisión de la orden de aprehensión porque de los datos probatorios que obran en la carpeta de investigación se advierte que el peticionario de amparo sí cuenta con los medios para evadir la acción de la justicia porque cuenta con recursos económicos, aunado a que cuenta con domicilios en el extranjero lo que demuestra que podría abandonar el país, aunado a que los hechos que se le imputan están previstos en la ley penal como el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita el cual tiene prevista una pena privativa de libertad lo que justifica la necesidad de la cautela con la finalidad de evitar que el quejoso evada la acción de la justicia", indica la sentencia.

"Tampoco le asiste la razón al quejoso cuando aduce que la orden de aprehensión reclamada transgrede sus derechos porque conforme con el nuevo sistema penal acusatorio tiene un carácter excepcional y de última razón, además que en el presente asunto el Ministerio Público vulneró el principio de lealtad porque ocultó información que le beneficia como es el hecho de que proporcionó un domicilio ante el Procurador General de la República para oír y recibir notificaciones".

La juez consideró que los datos anunciados por el ministerio público para obtener la orden de aprehensión contra Lozoya establecen la existencia del delito de "lavado" de dinero y que probablemente el ex director de Pemex participó en su ejecución.

Contra esta resolución, Emilio Lozoya presentó un recurso de revisión mismo que será enviado a un Tribunal Colegiado para que defina si la Fiscalía General de la República (FGR) puede o no aprehenderlo.

Según las indagatorias el 1 de diciembre de 2012, Emilio Lozoya fue nombrado Director de Pemex y que el 17 de diciembre de 2013, el Consejo de Administración de la paraestatal tomó conocimiento de que promocionó la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, entonces propiedad de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) de Alonso Ancira Elizondo.

Que dicha compraventa se dio con diversas irregularidades, razón por la que Lozoya y Ancira son investigados por "lavado" de dinero.

El Universal
Ciudad de México
Martes 19 de noviembre 2019.


Un reportaje de Flavia Morales


Capítulo 1. Falta de controles arrebata la ayuda social

Capítulo 2. El petróleo les gana a los dueños de las tierras

El estado recibió más de 9 mil millones de pesos, equivalentes a 450 millones de dólares, en fondos sociales para comunidades petroleras entre 2014 y 2018. Los recursos han sido manejados discrecionalmente o desviados y no han servido para paliar la pobreza que es de las más altas en México. Mientras tanto, la reforma energética implementada por el ex presidente Enrique Peña Nieto mantiene en incertidumbre las comunidades que empiezan a defender sus territorios.

Falta de controles arrebata la ayuda social

Los recursos para los veracruzanos que sufren afectaciones sociales y ambientales por la explotación de petróleo han sido manejados discrecionalmente. A los desvíos de fondos y las obras fantasmas, se suman violaciones de las normas creadas con la reforma energética para mejorar las condiciones de vida en las comunidades petroleras.

Era 2014 cuando el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma Energética en el Palacio Nacional. Entonces prometió que México contaría con más recursos, que habría más empleos y que los estados que producen petróleo, aceite y gas fortalecerían sus ingresos.

A las familias del campo les dijo que la reforma les daría otro horizonte. “Les ofrecerá una nueva y sustantiva fuente de ingresos en los casos donde se produzcan energéticos en sus tierras, recibiendo una contraprestación justa, equitativa, y transparente”, dijo en su discurso.

Veracruz era pieza clave en el proceso, que implicaba la apertura del negocio de hidrocarburos a la inversión privada. En el estado se producen 88 mil barriles diarios de petróleo que no han servido para que deje de ser uno de los cinco más pobres de México.

Lo que siguió después para cumplir la promesa de hacer justa la repartición de recursos fue la creación en 2015 del Fondo para Entidades Federativas y los Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), el cual se alimenta de los impuestos cobrados a las empresas por asignaciones y contratos.

A esa acción se sumaron una serie de modificaciones en las reglas de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la distribución de donativos y donaciones y para la ejecución de programas en las comunidades petroleras. Fue un intento de controlar los desembolsos con mayor rigor y de asegurar su efecto social.

Los resultados distan de lo planteado en los decretos firmados. Veracruz ha recibido en los últimos 6 años más de 9.000 millones de pesos, aproximadamente 450 millones de dólares, en fondos petroleros. Un total de 60 por ciento provinieron del FEFMPH y de donativos de Pemex, que sumaron 5.956 millones de pesos, alrededor de 297 millones de dólares.

Las cifras millonarias, sin embargo, no han servido para cumplir la misión principal: mitigar la afectación por la extracción de hidrocarburo, atender el rezago social y generar desarrollo en las comunidades petroleras que siguen siendo las de más alta marginación en Veracruz.

Esta investigación, realizada por la Agencia Veracruzana de Noticias (AVC Noticias), en alianza con el International Center for Journalists (ICFJ) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, siguió la ruta del dinero del FEFMPH y de Pemex. Los datos recopilados confirman que parte importante del dinero se ha transferido sin mecanismos de control, lo que ha generado desvíos y el uso discrecional de los fondos.

Para documentar la ruta del dinero, se recorrieron comunidades en las tres cuencas petroleras de Veracruz, se analizaron las bases de datos de recursos públicos, licitaciones, contratos de obras, auditorías, las bases estadísticas petroleras y se realizaron 26 solicitudes de información al gobierno estatal y federal sobre el uso de estos dos fondos.

Entre 2015 y 2016, cuando Javier Duarte, ex gobernador del estado hoy en preso por corrupción, controló los recursos, más de 1.000 millones de pesos quedaron sin que se comprobara su destino. En esta investigación además se encontraron obras abandonadas, con sobrecostos y fallas de construcción graves que suman más de 42 millones de pesos.

Con el nuevo gobierno panista de Miguel Ángel Yunes, las irregularidades continuaron con el uso discrecional de recursos con fines políticos- electorales en municipios donde ni siquiera hay extracción petrolera, lo que violentó la normatividad federal precisamente destinada para favorecer a comunidades petroleras.

El dinero fue controlado por la Secretaría de Infraestructura de Obras Públicas (SIOP) del estado, que concentró el 90 por ciento de los recursos en obras de pavimentación que fueron entregadas a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a grupos empresariales privilegiados.

Las irregularidades se repiten a nivel federal, en el Consejo de Administración de Pemex se decidió distribuir más de 1.800 millones de pesos en donativos y donaciones de dinero en efectivo sin mecanismos de fiscalización. Parte de estos recursos han sido desviados o manipulados por el gobierno estatal y municipal.

Además, la petrolera ha utilizado esquemas como el Programa de Apoyo a las Comunidades y Medio Ambiente (Pacma), cuyos fondos se originan del impuesto cobrado a empresas extranjeras y nacionales, para pagar obras y proyectos que están subutilizados, con fallas de operación y con graves acusaciones de corrupción.

Veracruz reparte a discreción fondo petrolero

Sub agente municipal de Reforma Escolín, en Papantla, Veracruz. Tiene 18 años solicitando un sistema de agua para las comunidades de la sierra.

Las comunidades indígenas de la sierra norte de Veracruz son un ejemplo de las fallas sistemáticas en la aplicación de estos fondos.

Hace 68 años, los pozos petroleros invadieron el territorio de cuatro de sus comunidades. Entre las parcelas de naranja y maíz de Escolín, Nueva Reforma, Ojital y Rancho Nuevo, se estableció el campo Escolín con más de 200 pozos, pero el boom no fue suficiente para cumplir la principal demanda de los habitantes: tener agua potable.

Pastora García, subagente municipal, recuerda que los manantiales se secaron cuando Pemex hizo exploraciones con detonaciones de dinamita en varias parcelas en busca de más petróleo.

Hace casi una década, unos 3.000 habitantes integraron un comité para conseguir el sistema de agua. Desde entonces han ido y venido con decenas de planos y proyectos, han conseguido permisos y comprado terrenos para la instalación de tanques que no llegan.

García recuerda que la única temporada cuando tuvieron agua fue gracias a una conexión clandestina que hicieron con los tubos que Pemex utiliza para enviar líquido hacia los pozos. Cuando estos fueron taponeados, el acceso al agua también se acabó.

El sistema que aliviaría a las comunidades tiene un costo de 18 millones de pesos. Si se construyera, las familias dejarían de pagar pipas para abastecerse que van desde los 150 pesos a los 300 pesos.

García y otros de sus compañeros fueron el año pasado al ayuntamiento de Papantla y allí les dieron la respuesta de siempre: no hay dinero, el proyecto fue rechazado y les pidieron un nuevo estudio de factibilidad, que deberá ser pagado con dinero de los habitantes de las comunidades.

García dice que a veces quisiera regresar el tiempo, cuando en su pueblo todo era bonito. “Había arroyos, peces, camarones, teníamos de dónde tomar agua y comer, pero las redes que tendió Pemex por las parcelas acabaron con todo”.

En 2011, indignados por la falta de respuestas, los pobladores bloquearon por dos días la vialidad principal en reclamo del sistema de agua y también de mejoras en los caminos, pero no obtuvieron ni lo uno ni lo otro, sino demandas judiciales federales de Pemex.

A la comunidad de Reforma Escolín los pozos petroleros llegaron hace 68 años, pero eso no bastó para tener agua potable

Pastora vivió escondida dos semanas para evitar ir a la cárcel. Al final tuvo que pagar una fianza de 41 mil pesos y durante dos años ir a firmar al penal cada domingo.

“No tengo miedo, porque exigimos algo justo, pero me da coraje porque estamos como coladera de Pemex, por tantos pozos, y para el agua tenemos que comprar, llenar cubetas, tinas, y seguimos aquí, nos han engañado tantas veces y nos dicen una y otra vez que no hay dinero para el agua”, se queja.

Su historia se repite en otras comunidades petroleras en Veracruz donde los beneficios de la reforma energética y los recursos que Pemex destina para paliar daños, no llegan a quienes necesitan asistencia o se utilizan discrecionalmente.

La comunidad de García forma parte de la cuenca petrolera Tampico-Misantla, la de mayor reserva de crudo del país. La zona fue asignada en agosto del 2014, a Pemex en la ronda cero para extracción de gas y aceite por 20 años como parte del campo Poza Rica dentro del proceso de reforma energética adelantado por Peña Nieto.

Esto, en teoría, colocó a su comunidad automáticamente entre las que pueden beneficiarse del FEFMPP destinado precisamente para asumir los pasivos sociales causados por la explotación petrolera y que han creado rezago.

Pero mientras a Pastora y al comité del que forma parte les niegan recursos para su pequeña obra, el gobierno de Veracruz ha invertido más de 1.300 millones de pesos en pavimentaciones y rehabilitaciones de asfalto en municipios donde no hay un solo pozo y la vocación petrolera es mínima, según se estableció en la presente investigación.

Fallas en el uso del millonario recurso fueron detectadas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando advirtió que la falta de vigilancia y control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resultaba en un incumplimiento de las reglas de operación, pues el dinero se usaba a conveniencia del mandatario en turno.

El FEFMPH es alimentado por el impuesto que deben pagar las empresas públicas y privadas que realizan actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con base en la extensión de las áreas contractuales y de asignación en áreas marítimas y terrestres.

Las reglas de operación obligan a los estados a transferir al menos el 20 por ciento de sus recursos a los municipios. El dinero puede dirigirse a tipos de obras que están descritas en las normas. Se pueden construir sistemas para almacenar y distribuir agua potable o para tratar las residuales; para rehabilitar ríos, arroyos y riachuelos; para para disponer de residuos sólidos; para proteger áreas naturales; para mejorar la iluminación pública y la protección civil; para reconstruir estructuras afectadas por desastres naturales o para mejorar la vialidad y la movilidad de las comunidades.

En Veracruz, sin embargo, 98 por ciento del fondo se ha invertido en más de 900 obras de pavimentación o de ampliación y reconstrucción de caminos. Apenas 28 obras han sido de equipamiento urbano, 26 de agua y saneamiento, 6 de preservación y protección ecológica y 1 de electrificación.

Las obras de pavimentación que han concentrado el uso de los fondos se han entregado a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Un grupo selecto de empresarios pertenecientes a la cúpula de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción han sido beneficiados con contratos directos por más de 800 millones de pesos, equivalentes a 40 millones de dólares.

Las principales fallas en la aplicación del fondo en 2016 persistieron en los siguientes años. De acuerdo con el análisis de las obras reportadas en la plataforma transparencia presupuestaría, 40 por ciento de los 3. 400 millones de pesos invertidos han sido distribuidos a seis municipios que están lejos de tener una vocación petrolera. Es un monto de aproximadamente 170 millones de dólares, que generaría alivio en otros lugares donde la industria ha provocado estragos.

El FEFMPH además no contempla mecanismos de participación para las poblaciones que habitan zonas impactadas, lo que genera inequidades. Así fue establecido en una investigación del Centro de Investigación y Análisis (Fundar), que se publicó en el anuario 2017 “Las actividades extractivas en México. Minería e Hidrocarburos hacia el fin de sexenio”.

Veracruz es el estado con mayor superficie destinada a la extracción de hidrocarburo con 47.300 kilómetros y hay serias dudas del porqué municipios sin áreas de asignación o contratación, reciben recursos de este fondo, lo cual constituye una irregularidad a los lineamientos de la legislación y la normatividad.

“Además resulta llamativo que estados o municipios donde la superficie afectada por asignaciones es menor reciban mayores montos que los que tienen superficie más comprometida”, señala Carla Flores, integrante de Carto Crítica, quien colaboró en la edición del anuario.

La investigadora coincide en que el escaso control de la aplicación del fondo deja la puerta abierta para que los gobiernos usen el dinero de manera discrecional o, incluso, para que se desvíe a otros fines o a bolsillos a los que no debería llegar.

Veracruz es claro ejemplo de esto. Mientras los bastiones electorales del PAN, partido del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, recibieron obras por casi 500 millones de pesos, otros tradicionalmente petroleros como Tihuatlán, Coatzintla, y Pánuco, suman apenas 157 millones de pesos en inversión.

Incluso el municipio de Molocán, donde se encuentra Villa Cuichapa, cuya área contractual fue entregada a la empresa Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México desde el 2016 en la ronda 2, y que produce alrededor de 2 mil barriles diarios de aceite y gas, tiene una inversión del fondo de apenas 12 millones de pesos, todos destinado a pavimentación.

El bulevar de Veracruz fue rehabilitado con una inversión de 7.5 millones de dólares, el dinero fue del Fondo de entidades productoras, aun cuando aquí no hay asignaciones petroleras.

Las obras se repartieron entre panistas y constructores favoritos

Apenas el sol da tregua en el Puerto de Veracruz y la tarde cae, los juegos recién instalados en el bulevar se llenan de paseantes que se refrescan con la brisa del mar.

La obra fue inaugurada en el último día de gobierno de Miguel Ángel Yunes como una de sus contribuciones más importantes, pues aseguró es uno de los bulevares más bellos y moderno del país. La inversión es millonaria: 149 millones de pesos para rehabilitar 10 kilómetros de paseo. Junto a la obra, se construirán tres hoteles privados de cadenas internacionales, una plaza comercial y un conjunto habitacional de lujo.

La obra es realizada con recursos del FEFMPH. Según la auditoría a la cuenta pública 2017, construyó esta obra con sobre costos, y sin la supervisión técnica adecuada.

Los municipios panistas recibieron fondos petroleros por casi 25 millones de dólares aun cuando no tienen asignaciones petroleras importantes.
Aunque el Puerto de Veracruz, gobernado por Fernando Yunes Márquez, hijo del gobernador, apenas tiene unos kilómetros de áreas de asignación, suma en dos años junto a Boca del Río, municipio colindante y también bastión panista, inversiones por 455 millones de pesos.

El dinero de este fondo fue controlado en su mayoría por la SIOP, dirigida por Julen Rementería, ex alcalde de Veracruz, ex diputado, ex candidato y ahora senador por el PAN.

Con Rementería al mando, la SIOP se convirtió en la cuarta secretaría más poderosa en el gobierno de Yunes. De tener un presupuesto de 468 millones de pesos, recibió ampliaciones presupuestales por 1.935 millones de pesos, la mayoría procedente del FEFMPH.

El aumento del presupuesto le permitió lanzarse como candidato al senado por la alianza PAN-PRD con un lema de campaña que no fue elegido al azar: “Manos a la obra”.

Durante su encargo, gran parte de la obra del fondo fue asignada vía adjudicación directa o con invitación restringida a tres personas. Pero Rementería se defiende y asegura que los recursos se repartieron conforme a ley, sin favoritismos y que se asignaron las obras a los empresarios más competitivos.

El Fondo petrolero fue controlado por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, a cargo del ahora senador Julen Rementería del Puerto. Las obras se entregaron por adjudicación directa y un sector de empresarios concentró el 30 % del fondo.

Este modus operandi lo detectó la ASF en 2016 cuando revisó por primera vez el fondo. Entonces alertó que había proyectos que excedían los montos para adjudicarse de forma directa, había disparidad en las inversiones aprobadas y ejercidas, y existían falta de comprobación y proyectos que no cumplían con objetivo principal del fondo.

Las mismas prácticas continuaron en los años siguientes. Al revisar la lista de proyectos aprobados en Veracruz a través de transparencia presupuestaria, se comprobó que la SIOP otorgó al menos 250 obras vía adjudicación directa e invitaciones restringidas.

Apenas en octubre pasado, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), sancionó y ordenó una investigación contra funcionarios de SIOP, porque detectó que en la cuenta pública 2017, se habían adjudicado obras de forma directa sin justificación y excediendo los montos establecidos por ley. Además, se detectaron deficiencias en la construcción.

Un análisis de las licitaciones realizado para este trabajo reveló que 15 grupos constructores se repartieron 811 millones de pesos de obras, lo que equivalió al 30 por ciento del fondo petrolero en Veracruz, es decir más de 40 millones de dólares.

De este grupo, diez empresas constructoras pertenecen a empresarios que integran el primer círculo de poder de la CMIC. En conjunto, recibieron 311 millones de pesos en asignaciones, 90 por ciento de las cuales fueron por vía de adjudicación directa. Los otros 500 millones de pesos fueron repartidos bajo el mismo esquema de adjudicación directa entre otros cinco grupos constructores.

Adicionalmente las empresas de esta lista fueron privilegiadas con obras de otros fondos federales durante el gobierno de Duarte y Miguel Ángel Yunes.

Algunos empresarios recibieron entre cuatro y cinco contratos relacionados con el FEFMPH, a través de varias empresas donde son socios o apoderados legales. Un caso destaca: el de Ramón Montano Hernández, vicepresidente de Infraestructura y Obras Públicas de CMIC, quien recibió seis contratos vía adjudicación directa por 28.9 millones de pesos. Esto a pesar de que un año antes, el Organismo de Fiscalización del Estado, le había hecho señalamientos por la mala calidad en una de las obras, que tuvo que ser suspendida.

En 2017 una acusación anónima prendió los focos rojos al interior de la CMIC, cámara de construcción. Según ella, las grandes obras se quedaban entre los miembros del comité directivo. El entonces presidente, Pedro Medina Amador negó la acusación.

Esta reportera buscó la opinión del actual Presidente de la cámara de la construcción en Veracruz, sin embargo, al cierre de este trabajo no respondió la petición de entrevista.

Gobernador decidió obras de los fondos petroleros

En entrevista, el ex funcionario y ahora senador aseguró que no repartió las obras a modo, pero reconoció que el gobernador Miguel Ángel Yunes decidió cómo y dónde se repartían los fondos petroleros.

Entrevistado sobre los cuestionamientos de esta investigación, Rementería expresó lo siguiente: “No era vamos a repartir, si no era un juego de cartas, no hubo favoritos”

Rementería reconoce que concentrar el cuarto presupuesto más grande del gobierno le sirvió para impulsar su candidatura. “Todo suma”, admite, pero niega que existiera discrecionalidad a la hora de aplicar el fondo de entidades productoras de hidrocarburos.

Alega que para realizar la asignación de obra se consultó una lista de municipios y que si el lugar tiene un ducto o alguna instalación petrolera era susceptible de ser beneficiado. Sin embargo, las reglas de operación son estrictas y dicen lo contrario: el fondo solo se aplica a las áreas con asignaciones o contratos de exploración y explotación, lo cual se incumplió para Veracruz.

Rementería dice que ha sido tanta la mala fama del gobierno, que cuesta creer que las cosas se hagan bien. “No hay truco, simplemente es hacer el proyecto, validarlo técnicamente y ocúpate de tener el dinero y haz el contrato bien a una buena empresa, y la obra sale”.

Cuestionado sobre el criterio utilizado para destinar recursos por casi 500 millones de pesos a Veracruz y Boca del Río, contra Papantla con 51 millones de pesos, señaló que las reglas operación no establecen monto a otorgar, por lo que fue el propio gobernador Yunes quien decidió cuáles son las prioridades del estado y las obras a realizarse. Ver Diario Oficial de la Federación

También justifica que la mayor parte del fondo se dirigiera a pavimentación: afirma que esa es la principal solicitud de los alcaldes: “Es la demanda número uno, incluso por encima del agua potable o la electrificación”.

Hay un grupo de constructores que concentran las obras, se le cuestionó.

“Hay grupos de empresarios que se agruparon para hacer consorcios. Es una situación natural de la competencia, se puso el piso parejo para todos, ganaron los que eran más competitivos”, respondió.

Rementería también justifica que una gran parte de los contratos se realizaran por vía adjudicación directa, pues está permitido en Ley.

“Las cámaras me dijeron ´ ¿Cuántas obras nos va a dar?’. Respondí ni una, ve y participa, gánatela, no voy a impedir que participes, esa fue la política, y eso nos sirvió”, relata.

Rementería cuenta que cuando llegó a la secretaría en diciembre del 2016, lo recibieron con una buena noticia: había casi 100 millones de pesos disponibles para gastar como parte del remanente del FEFMPH, la única condición era gastarlo antes del 31 de diciembre.

La obra se repartió vía adjudicación directa, pero cuando se iba a ejercer, las malas noticias llegaron porque se enteraron que el gobierno de Javier Duarte solo había dejado el dinero en papel, la caja estaba vacía. Las obras se tuvieron que cancelar, y con recursos del 2017 se volvieron a licitar, lo que duplicó el costo de la infraestructura.

Desvíos, obras sin operar y con sobrecostos

Esto es parte del desorden administrativo que la propia ASF documentó en 2016, cuando alertó que de los 1.030 millones de pesos que le correspondían a Veracruz por los fondos de entidades productoras, el gobierno de Duarte solo comprobó la entrega del 10 por ciento, unos 103 millones de pesos. Lo demás desapareció y nadie atina a saber dónde está o en qué se utilizó.

Veracruz no entregó información de la comprobación de las transferencias y, por tal situación, se solicitó la intervención de las contralorías para investigar y determinar responsabilidades a los funcionarios implicados, sin embargo, a la fecha no hay reporte de las sanciones.

La auditoría cuestionó que en general el fondo se aplica con escasa supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En algunas obras el monto aprobado y el ejercido no tienen correspondencia y, en general, no se entregan reportes del gasto.

La falta de control ha derivado principalmente en que los proyectos incumplen el propósito de resarcir las afectaciones al entorno social y ecológico en las comunidades de donde se extrae el petróleo, el gas y el aceite.

Otro de los hallazgos fue que algunas obras se licitaron y adjudicaron por lo menos dos veces. Entre 2014 y 2016, el Orfis también documentó desvíos por 42 millones de pesos en el uso del fondo.

El patrón fue común: proyectos abandonados, sin terminar, bitácoras de obra inexistentes, entrega de anticipos a empresas sin factura de comprobación, deficiencias en los proyectos ejecutivos y sobrecostos en la construcción.

En la cuenta pública 2016 del ORFIS, se emitieron 34 observaciones al gasto del FEFMPH, la mayoría a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas por mala calidad en la obra, e irregularidades en los contratos. Ver documento

Los desvíos duplicaron el monto de las obras, que estaban presupuestadas para 2016, y tuvieron que volverse a etiquetar para el presupuesto 2017 y 2018.

Por ejemplo, en el municipio de Papantla se detectaron desvíos por 6.6 millones de pesos.

La auditoría observó un desvío de 1.9 millones de pesos que se dio como anticipo para la rehabilitación de pavimento de una avenida. Para justificar la obra se enviaron fotografías y documentación que avalaban un supuesto avance físico. Sin embargo, cuando los auditores realizaron las visitas de inspección, se encontraron con que ni siquiera estaba iniciada.

En un paquete de 17 obras revisadas, la auditoría reveló que no existen bitácoras, ni se presentaron proyectos de obra, por lo cual se generaron atrasos, deficiente control y modificaciones a los términos contractuales.

En las visitas a las obras, los auditores revelaron irregularidades en Papantla, Tantoyuca, Chicontepec, Ayahualuco, Zongolica, Atzcan, Altotonga, San Juan Evangelista, San Andrés Tuxtla, Villa Azueta, Martínez de la Torre, Coatepec, Veracruz, Córdoba, Coscomatepec y Emiliano Zapata.

Los auditores también acusaron que la SIOP durante el gobierno de Duarte tenía deficiencias en el procedimiento de contratación. Las invitaciones se hicieron solo a un número reducido de empresarios, las adjudicaciones directas se realizaron sin dictámenes que justificaran y algunas empresas ni siquiera eran parte del padrón de proveedores del gobierno estatal, por lo que hubo irregularidades en su contratación.

Pemex, los recursos sin control

Cuando el alcalde de Castillo de Teayo – al norte de Veracruz-, Enrique Isidro Limas inauguró la construcción del sistema de agua potable en las localidades de Nuevo Naranjal y Teayo, hubo fiesta con cohetes y comida.

Era 2014 y la obra se realizaba con un donativo en efectivo de 7 millones de pesos de Pemex al municipio, donde se concentran 6 campos petroleros, algunos parte del ATG.

Pero la obra nunca funcionó correctamente porque el pozo de abastecimiento se colocó a escasos metros de donde escurren aguas residuales, lo que contaminó el tanque, que ahora es inservible.

El Orfis observó en la cuenta pública 2014, que la obra estaba concluida pero no operaba, porque además le faltaba un medidor, la validación de la Comisión Federal de Electricidad y las pruebas sanitarias según la normatividad.

No era la primera vez que ocurría algo así. En 2011 el entonces alcalde no comprobó el uso de 3 millones de pesos para apoyar la “Rehabilitación del Parque Central La Pirámide”.

Otro caso es el ayuntamiento de Papantla, que en 2014 recibió 2.5 millones de pesos en efectivo para la construcción del sistema de drenaje en la localidad de La Grandeza.

La promesa era que el sistema de agua podría abastecer a otras 13 comunidades indígenas de la región, sin embargo, las irregularidades en el proceso de construcción hicieron la obra inservible, que no soportó la presión y terminó por romperse.

En la cuenca petrolera del sureste la situación es la misma. El alcalde de Las Choapas, Renato Tronco, recibió en 2010, 4.6 millones de pesos en asfalto y combustible, que originalmente serían para reconstruir el mercado municipal Bicentenario Miguel Hidalgo y la carretera El Mulato-Ignacio Zaragoza, también conocida como “Tronconada”.

Pero el alcalde lo desvió para pavimentar el camino de la Cordobesa, para renovar el piso del salón de usos múltiples "El Titanic” y para el camino del Aserradero a Río Playas, donde tiene varias de sus propiedades.

Pemex interpuso una denuncia en contra del ayuntamiento y busca que le regrese el dinero. El litigió ya cumplió media década y ahora la nueva administración municipal pretende que el Congreso Local convierta este desvío en una deuda pública del ayuntamiento.

En Veracruz, Pemex ha repartido del 2013 al 2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de los cuales 113 millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en gasolina, diesel y asfalto. Las auditorías han revelado que los recursos se reparten sin control.
Con el sistema de donaciones y donativos, Pemex busca conseguir la licencia social en comunidades y municipios impactados por la explotación y extracción.

El fin es contribuir con el mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades localizadas en zonas petroleras, pero el objetivo dista mucho de cumplirse.

En Veracruz, la empresa ha repartido del 2013 al 2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de los cuales 113 millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en gasolina, diesel y asfalto.

Desde el consejo de administración general de Pemex, presidido por el entonces director, Emilio Lozoya Austin, ahora acusado en el caso de corrupción de Odebrecht, se decidieron los recursos y los proyectos que serían favorecidos con estos recursos.

Sin embargo, el dinero ha sido utilizado por el gobierno estatal y los propios municipios sin un control por parte de la empresa petrolera.

En 2013, durante el gobierno de Duarte, Pemex entregó por ejemplo en 2013, recursos millonarios en efectivo para generalidades como apoyar la realización de proyectos de asistencia social, salud, protección civil, desarrollo agropecuario, desarrollo social e infraestructura social, pero sin comprobar las obras.

En 2016, el último año de gobierno de Javier Duarte, la ASF detectó que, de los 259 millones de pesos donados a Veracruz, la mitad 110.7 millones de pesos, no fueron aplicados correctamente. También se detectaron anomalías en la entrega de combustible.
Revisiones a los recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación en 2010 y luego en 2016, revelaron que se carecen de los mecanismos para controlar el otorgamiento y la aplicación de los recursos.

Aroa Fuente, investigadora de Fundar quien ha seguido la pista de estas donaciones, revela que existen vacíos normativos. “Esto deja un amplio margen de discrecionalidad y dificulta el control de los mismos. De esta manera, estos lineamientos no presentan regulación sobre los plazos para la aplicación y comprobación de los donativos y donaciones otorgados, ni sobre la periodicidad y plazos de los reportes de aplicación de los mismos que deben entregar los beneficiarios”.

Además, alerta que Pemex no realiza un seguimiento de los acuerdos de autorización ni verifica la aplicación de los recursos y bienes para los fines otorgados.

“El hecho de que PEMEX no comprobara el uso final que los beneficiarios dieron a los recursos y bienes entregados impide que se conozca si los mismos fueron utilizados para los fines establecidos y si cumplieron con los correspondientes objetivos de desarrollo social para los que fueron entregados”, señala en el documento “Donativos y donaciones de Pemex: deficiencias e irregularidades”

Aunque los beneficiarios están obligados a entregar un reporte de la aplicación del dinero, estos no se realizan y pese a ello en algunas ocasiones Pemex sigue otorgando recursos.

La ASF observó en dos ocasiones que aun cuando tiene un manual de organización interna que vigila estos recursos, no está actualizado, por lo que es inexistente un marco normativo para cuidar la buena aplicación.

En 2013 el Consejo de Administración aprobó el Manual de Organización de la Gerencia de Desarrollo Social, pero este fue reconocido como legal hasta 2015, dos años después de acordado.

Para la auditoría 2016, la irregularidad existe pues apenas el 1 de marzo del 2017 se publicó el documento normativo para distribuir estos recursos.

Ejemplos de corrupción hay muchos: De los 259 millones de pesos, 12.9 millones de dólares, donados a Veracruz en 2016, que consistieron en gasolina, diesel y asfalto, se detectó un daño patrimonial de 110.7 millones de pesos, 5 millones de dólares, por la falta de comprobación en el uso y aplicación de los recursos. VER AUDITORÍA

También se detectó que los vehículos del gobierno eran de 80 litros, pero funcionarios reportaba el llenado de hasta 150 litros diarios.

La petrolera señaló que, ante la falta de comprobación de los recursos, era probable que el gobierno hubiera revendido el combustible o incluso lo desviara a otras actividades.

Por estas irregularidades y la falta de supervisión, la ASF ordenó a Pemex iniciar procedimientos administrativos en contra de los funcionarios omisos.

Para esta investigación se solicitó vía transparencia a Petróleos Mexicanos, la comprobación del uso de donativos y donaciones en Veracruz desde el 2013 a la fecha. También se le consultó si había irregularidades en sus gastos de parte de gobierno o municipios. La respuesta fue que tenía cero seguimiento al dinero y no sabía cómo y en qué se habían ejercido.

El argumento que utilizaron fue que cinco años después de entregados los recursos continuaban con la integración de la documentación, pues la normatividad había cambiado.

Pemex tampoco quiso informar si había denuncias penales o procesos administrativos sancionatorios en contra de funcionarios por la falta de comprobación en el uso de dinero en efectivo, combustible y asfalto.

La distribución de los donativos y donaciones también se realiza de forma discrecional en Veracruz, los recursos en efectivo y especie los concentra el Gobierno estatal y municipios como Coatzacoalcos o Minatitlán donde hay escasos pozos petroleros, pero sí refinerías, han recibido recursos millonarios por más de 150 millones de pesos. Lo que contradice el objetivo de este apoyo, que es contribuir al mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades localizadas en las zonas petroleras.

El PACMA, las migajas de PEMEX

Es la hora de la comida, y el comedor comunitario de Emiliano Zapata en Papantla, luce vacío y la razón es simple: el menú no le gusta a nadie. Huevo en polvo, carne enlatada, crema de zanahoria en bolsa, chilorio embotellado, son cosas que la gente en este lugar no está acostumbrada a comer.

“No vamos a comer eso, cuando en la parcela hay maíz y en los gallineros huevo fresco”, cuenta Felipe campesino del lugar.

La cuota de recuperación para la ración de comida es de 7 pesos, que sirven para la operación general del comedor, sin embargo, la gente de las comunidades petroleras integrada por campesinos, pescadores y ganaderos no acude a estos comedores.

Pemex lo inauguró como parte del Pacma y su alianza con la Secretaría de Desarrollo Social cuando el gobierno federal lanzó el programa Cruzada contra el Hambre.

Pero en la comunidad nunca preguntaron si eso era necesario.

La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que el programa de comedores opera con el 90 por ciento de deficiencias, pues no se demostró abatir la carencia alimentaria en las comunidades de alta marginación.

En Veracruz se han invertido más de 190 millones de pesos en obras como casas de salud, escuelas, domos y comedores en comunidades petroleras. Los campesinos dicen que son migajas en comparación con lo que las petroleras extraen de sus tierras.
El Pacma es un programa que busca obtener, ampliar y consolidar la licencia social para operar a través de programas, obras y acciones, que impulsen el desarrollo sustentable en las comunidades de las áreas de influencia de las empresas petroleras. Obliga al contratista a aportar un monto mínimo del 2 por ciento del contrato que tengan en las comunidades.

En Veracruz se han invertido 196 millones de pesos en obras de infraestructura financiada por 30 empresas nacionales y extranjeras, como Perfolat de México, Weatherford, Dowell Schlumberger, entre otras.

Bajo este programa, Pemex construyó en las comunidades petroleras, casa de salud, bachilleratos, secundarias y primarias, dotó de ambulancias, domos para escuelas y salones sociales, y apoyó la instalación de cientos de comedores comunitarios.

Pero algunas obras se realizaron sin preguntar a la gente si en realidad eran necesarias, ejemplo claro son los comedores comunitarios, cada uno fue construido con una inversión de 650 mil pesos, en total se invirtieron 42 millones de pesos en Veracruz.

Otro apoyo del Pacma fueron las casas de salud, pero la mayoría opera sin doctor ni medicamentos, por lo que la comunidad es quien tiene que pagar el servicio y mantenimiento del lugar.

Pero, además, los recursos que ejerce Pemex están bajo la lupa de esquemas graves de corrupción.

El programa ha sido objeto de señalamientos, el primero en 2013, cuando reportes periodísticos, indicaron que la Secretaría de la Función Pública había detectado diversas irregularidades en el ejercicio de recursos del fondo.

La dependencia guardó en secrecía el documento “Diagnóstico de los contratos de obra pública con contenido de Responsabilidad Social” que revelaba el desvío. En agosto de ese año, la entonces paraestatal emitió un comunicado en el que reconoció que hacían “falta soportes documentales vinculado a las obras, acciones y programas.”

Luego de esto, el programa fue relanzado en 2013, previo a la Reforma Energética, esta vez de la mano de la organización Transparencia Mexicana.

Pero en 2014, una investigación del periódico Reforma desató un nuevo escándalo: gestores ofrecían a gobiernos locales priístas negociar donativos a cambio de regresar el 20 por ciento para financiar campañas del PRI.

Sobre el tema, Bernardo Bosch Hernández, entonces titular de la Gerencia y Coordinador General del Pacma aseguró que el programa contaba con diversos candados a efecto de evitar este tipo de prácticas, ya que el programa realiza su gestión directamente con la empresa obligada.

Este reportaje fue realizado por Flavia Morales para AVC Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

AVC Noticias
Flavia Morales
Ciudad de México
Miércoles 13 de noviembre de 2019.


Crescencio Marín, padre Mario Marín Torres, falleció el jueves, pero el exmandatario no asistió a los servicios funerarios debido a la orden de aprehensión que hay en su contra por el caso de Lydia Cacho.

El velorio se llevó a cabo en la Funeraria de Valle de los Ángeles, en la colonia El Mirador, donde se pudo observar la presencia de militares y policías municipales que presuntamente vigilaban si Marín Torres se presentaba en el lugar, pero eso no ocurrió.

En abril, la magistrada María Elena Suárez, del primer Tribunal Unitario con sede en Quintana Roo, ordenó al Ministerio Público federal aprehender a Marín, al empresario Kamel Nacif, al exsubsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, y al excomandante, Juan Sánchez Moreno, por el delito de secuestro y tortura en contra de Lydia Cacho, ocurrida en 2005.

Aunque días antes el exmandatario poblano había aparecido públicamente en actos de campaña de su excolaborador y en ese momento candidato a gobernador por el PRI, Alberto Jiménez Merino, desde que se supo de la orden de aprehensión ya no se supo de su paradero.

En agosto, se manejó la versión de que el exgobernador había acudido a una fiesta en Atlixco ofrecida por el empresario Rafael Forcelledo, sin que fuera detenido.

Se preveía que el sepelio del padre de Marín Torres, quien murió a los 96 años de edad, se llevaría a cabo en Santa María Nativitas Cuautempan, junta auxiliar del municipio de Coyotepec, de donde es originaria la familia.

A la funeraria acudieron los exfuncionarios marinistas, como Valentín Menéses, y Alberto Jiménez Merino, entre otros.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 8 noviembre 2019.


Por otra parte, trabaja junto a SFP ante irregularidades en actual gobierno

    
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, informó que Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, está siendo investigado por la dependencia su cargo.

En breve entrevista, al término de una reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con integrantes de su Gabinete en Palacio Nacional, Nieto Castillo expresó que trabajan con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en casos de corrupción de la anterior administración respecto a OHL.

- "¿Investigarán a Gerardo Ruiz Esparza?", se le cuestionó.

- "Está siendo investigado en este momento", respondió el funcionario de Hacienda.

Santiago Nieto señaló que trabaja de la mano de la Secretaría de la Función Pública (SFP) "en casos donde hemos detectado en algún tipo de irregularidad, incluso en el actual gobierno".

"El objetivo es seguir trabajando ahora con una vertiente importante que tiene que ver con el combate al narcotráfico", destacó.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 6 noviembre de 2019.


El proceso al que es sometido el priista poblano está relacionado con la causa penal que se le sigue a Rosario Robles Berlanga, principal artífice de la Estafa Maestra, que supone el desvío de más de 7 mil 670 millones de pesos.


Ciudad de México. - El ex subsecretario federal, Juan Carlos Lastiri Quirós, colaborador cercano de Rosario Robles Berlanga, habría sido detenido por agentes de la Fiscalía General de la República   esta mañana y no secuestrado por un comando fuertemente armado, como inicialmente denunciaron personas cercanas al político priista.

La detención del funcionario habría sido ordenada por el juez Jesús Delgadillo Padierna y ya habría sido ingresado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Al parecer, el proceso al que será sometido el priista poblano es por la causa penal que se sigue a quien fue su jefa directa, Rosario Robles Berlanga, principal artífice de la Estafa Maestra.

Según las versiones dadas hasta ahora por fuentes cercanas a la familia de Lastiri, éste iba corriendo por el acceso norte del municipio con cinco personas más cuando sujetos armados se lo llevaron en una Jeep Cherokee color vino.

El cargo público más reciente ocupado por Juan Carlos Lastiri Quirós fue la Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social de México a cargo de Rosario Robles Berlanga, en el sexenio presidido por el priista, Enrique Peña Nieto.

De hecho, el político poblano de filiación priista es considerado uno de los colaboradores más cercanos a la ex funcionaria, ahora presa por la llamada “Estafa Maestra”, un entramado de corrupción entre entidades gubernamentales, universidades públicas y empresas inexistentes, que supone el desvío de más de 7 mil 670 millones de pesos.

Robles Berlanga y Lastiri Quirós se conocieron cuando, al principio de su sexenio, Enrique Peña Nieto designó a éste como subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social, de la cual la primera fue titular.

Lastiri Quirós también ha sido legislador federal y estatal, presidente municipal de Zacatlán y presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla.

La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Ciudad de Puebla, México.
Miércoles 30 octubre 2019.


La UIF presuntamente desbloqueó cuentas bancarias entre ellas varias ligadas al cártel de Sinaloa.


México.- El actual Gobierno denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) la devolución de dinero al narco en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Seis meses antes de concluir la administración del priista, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presuntamente desbloqueó de manera  por lo menos 722 cuentas bancarias, entre ellas varias ligadas al cártel de Sinaloa.

nte ello, dijeron fuentes del Gobierno a Reforma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acudió ante la Fiscalía, así como ante la Secretaría de la Función Pública para presentar la denuncia.

    Revisión exhaustiva

Las autoridades federales resaltaron a ese rotativo que luego de una revisión exhaustiva, se detectaron las anomalías, por lo que ahora son revisados cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares.

Fue en junio de 2018 cuando se liberaron todas las cuentas, dijeron los informantes.

Agregaron que se trata de recursos que, a pesar de que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado de dinero, jamás se denunciaron a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

    Ex director en la UIF,  bajo la mira

Las investigaciones se amplían a varios exfuncionarios, aunque hay uno que está en la mira de las autoridades.

Se trata de Mauricio Moreno Balbuena, ex director General de Procesos Legales de la UIF, pues, según la información, suscribió una parte importante de estos acuerdos ahora investigados por la SFP.

Abel Barajas destaca en su nota que el ex funcionario es hijo de Mauricio Moreno Vargas, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

    Ayuda a Javier Duarte

El nombre de Mauricio Moreno Balbuena comienza a hacer polémica pues este lunes 26 de agosto se reveló que cuando estaba al frente de la UIF ayudó a Javier Duarte.

El 21 de agosto de 2018, el exfuncionario solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) retirarle al ex gobernador de Veracruz la acusación del delito de delincuencia organizada.

Unos dos días después de la solicitud, Arturo Elías Beltrán, encargado de la PGR, «anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa para cometer peculado, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa» publicó el diario.

Reforma
Ciudad de México
Martes 27 de agosto de 2019.


El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, informó que el director de cine Francis Ford Coppola canceló su participación en la Feria Universitaria del Libro (FUL), que iniciará la próxima semana, luego de los señalamientos de corrupción contra la institución académica, a raíz del escándalo de la “estafa maestra”.

En conferencia de prensa, Pontigo Loyola lamentó que existan personajes mezquinos que incluso invierten dinero para denostar a una institución como la UAEH. “Esto no es un golpe a un individuo o a la institución, es un golpe al desarrollo cultural del estado y del país”, subrayó.

A causa de esos ataques, Coppola, por política y filosofía de vida, dijo, decidió cancelar su participación en la Feria.

Explicó que por diversos medios electrónicos el afamado cineasta recibió una serie de “mentiras e información falsa” que provocaron que desistiera de venir a México.

El rector de la UAEH enfatizó que la FUL es un sinnúmero de personas comprometidas con el desarrollo de la cultura, que participan entusiastas, y pese a este ataque –recalcó– “la feria camina bien y tendrá que seguir. Es nuestra y atañe a todos”.

Proceso
Ciudad de México
Viernes 16 de agosto de 2019.


Un juez de control dictó prisión preventiva justificada a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Enrique Peña Nieto, a quien se le acusar de ser “omisa” por no informar sobre el desvío 5 mil 73 millones de pesos conocido como la “Estafa Maestra”.

“Como han señalado mis abogados, yo me presente aquí de manera voluntaria. Vivo en la misma casa hace 24 años. He trabajado en la ciudad. Yo no tengo millones de pesos para vivir en Canadá y regresar impune. Mis cuentas están congeladas”, alegó en su defensa, minutos antes de que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó imponerle medidas precautorias.

La audiencia se extendió desde las 18:00 horas de este lunes hasta las 06:15 de este martes, al presentar cerca de 32 pruebas que intentaron librarla de la investigación y, posteriormente, convencer al juez de que no buscaría sustraerse a la justicia.

La resolución de Delgadillo Padierna fue dictada la mañana de este martes, quien determinó internarla dos meses –que se pueden extender a seis – al penal femenil de Santa Martha Acatitla en lo que duran las investigaciones.

Un par de horas antes, una vez que el juez determinó desechar los argumentos esgrimidos por los abogados Oscar Ramírez y Luis Hernández Barros, retó a la exfuncionaria federal a presentar pruebas de que el expresidente Enrique Peña Nieto, así como José Antonio Meade Kuribreña, fueron alertados del desvío de recursos.

Un equipo de cinco ministerios públicos de la Fiscalía General de la República (FGR), así como tres abogados de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), acusaron a la exfuncionaria federal de asumir una actitud “omisa” ante sus subalternos que se valieron de firmas falsas, triangulación de recursos y autonomía para firmar convenios con diversas universidades.

“El argumento que acusamos, no es que haya hecho posesión de ese dinero, como que ni siquiera se ha manifestado en esta audiencia, sino la pérdida de 5 mil millones de pesos que no fueron usados para los fines que fueron destinados en un inicio”, señaló uno de los ministerios públicos que formularon las acusaciones contra la exfuncionaria federal.

“Es inentendible cómo fue que esperó cuatro años para actuar”, reprocharon los abogados de la ASF.

A decir de la defensa de Robles Berlanga, del 2014 a 2015, fue informada mediante diversos pliegos de observaciones emitidos por la ASF sobre el desvió de recursos. Pero por el desfase de las cuentas públicas, sólo tuvo conocimiento hasta el año 2017, cuando comenzó a actuar en contra del robo de recursos.

Una licencia de conducir, crucial en la prisión preventiva a Robles

Una licencia de conducir que tramitó Rosario Robles con una dirección diferente a su domicilio en Coyoacán, ayudó al juez a dar prisión preventiva a la exfuncionaria.

Una licencia para conducir, sacada de un domicilio distinto al que originalmente reportó a las autoridades, fue una de las principales causas por las que el juez de control del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo, decidió dictaminar prisión preventiva en contra de Rosario Robles.

Eso sumado a que, de acuerdo con el juez, no hay forma de comprobar arraigo de Robles en la Ciudad de México y a que cuenta con la capacidad económica para poder esconderse o darse a la fuga.

En una audiencia que duró 12 horas, el juez Delgadillo vinculó a proceso a la exfuncionaria federal tras acreditar que cometió, al menos, un ilícito en dos dependencias diferentes: ejercicio indebido del servicio público en Sedesol y ejercicio indebido del servicio público en la Sedatu.

Aunque el delito no merece prisión preventiva, el juez decidió dictaminar dicha medida cautelar, la cual fue solicitada por la Fiscalía General de la República, debido a que existía un riesgo latente de que Robles pudiera darse a la fuga.

Hasta 23 años de prisión

Los agentes de la FGR expusieron, al solicitar la prisión preventiva, que, si bien Robles se presentó de manera voluntaria a las dos audiencias en el Reclusorio Sur, esa situación podía cambiar debido a que, al vincularla a proceso, podría recibir sentencia definitiva de 11 años con 6 meses por cada acusación, por lo que, en total, podría recibir hasta 23 años de prisión.

Esto porque, si bien el delito de ejercicio indebido del servicio público amerita una pena de dos años, en el caso de Robles se encuentra agravado el ilícito, porque hubo dolo directo y la conducta se repitió de manera sistemática y reiterada en las dos dependencias de las cuales fue titular.

Además, expuso la FGR, Robles tendría que reparar el daño cometido, el cual fue de 5,073 millones de pesos, algo que sería imposible para ella.

Para el juzgador, la exsecretaria de Estado cuenta con solvencia económica y la capacidad para esconderse de las autoridades o incluso darse a la fuga a otro país.

Hay ciertos datos para demostrar falsedad en las declaraciones, falsedad en el informe de domicilio: se tramitó una licencia de conducir en un domicilio diferente. Hay una falsedad en su domicilio y tiene facilidad para ocultarse; (el) pasaporte no le impide salir del país".

Por otra parte, el juez rechazó los argumentos de que Robles debería recibir prisión preventiva debido a que, si estuviera en libertad, podría amenazar a los testigos que declararon en su contra, además de que su propia seguridad podría estar en riesgo ante eventuales ataques de ciudadanos molestos con su actuar como secretaria de Estado.

Las razones del juez

El juez Delgadillo, al atender la petición y los argumentos de la Fiscalía, acreditó que no hay forma de comprobar un arraigo de Robles en la Ciudad de México, lo que impediría su eventual fuga, debido a que actualmente no cuenta con un empleo fijo.

Además, lo más importante, de acuerdo a la decisión del juez, hubo falsedad en la información presentada por Robles respecto a su domicilio, pues en la información entregada ante las autoridades el 7 de agosto pasado, afirmó que el mismo se encontraba en Los Reyes, Coyoacán; sin embargo, la Fiscalía acreditó que hace unos días, tramitó una licencia de conducir desde otro domicilio.

El juez expuso que en el domicilio de Los Reyes, Robles no fue encontrada por las autoridades cuando intentaron notificarle que tenía que acudir a audiencia al Reclusorio Sur.

Pese a ello, Delgadillo consideró que, aunque el delito de ejercicio indebido del servicio público no contempla la prisión preventiva, Robles debía recibir esa medida cautelar debido a la gravedad y dolo de sus acciones al frente de la Sedesol y Sedatu, por haber falseado información respecto a sus domicilios y por un riesgo latente de poderse dar a la fuga.

Toda la vida en la CDMX

Desesperada y con la voz entrecortada Robles pidió, infructuosamente, que no se le dictara prisión preventiva debido a que ella sí tiene arraigo en la Ciudad de México pues, si bien no cuenta con trabajo, su hija, Mariana Moguel, vive en dicha entidad.

Expuso que ella misma ha vivido toda su vida en la capital mexicana, fue Jefa de Gobierno y ha residido durante más de 24 años en el domicilio de Los Reyes, Coyoacán.

La exfuncionaria mencionó que tampoco cuenta con dinero para fugarse y escaparse al extranjero, pues nunca se enriqueció ilícitamente y actualmente todas sus cuentas y tarjetas están congeladas.

Robles manifestó que ella siempre ha dado la cara y no es como otras personalidades acusadas de corrupción que tienen los recursos para esconderse en Canadá y después regresan.

Pido que mi proceso se lleve a cabo en libertad, porque siempre he sido una mujer luchadora.

A pesar de esos argumentos, el juez Delgadillo consideró que la falsedad en las declaraciones de Robles respecto a su domicilio y su capacidad para fugarse eran argumentos necesarios para otorgar la medida cautelar de prisión preventiva.

“He vivido en la Ciudad de México en Los Reyes, Coyoacán, desde hace años”, interrumpió Robles brevemente, con la voz entrecortada y desesperada, al juez mientras dictaminaba que debía ser recluida en Santa Martha.

Proceso
Expansión
José Raúl Linares
Ciudad de México
Martes 13 de agosto de 2019.


La FGR indicó que Robles Berlanga es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en calidad de autora directa.

 
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Rosario Robles, ex titular de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano (Sedatu), un posible daño al erario por un monto de 5 mil 73 millones 358 mil pesos, derivado de la omisión en denunciar o impedir el desvío de recursos públicos a través de la llamada ‘Estafa Maestra’.

En la audiencia de imputación, la FGR explicó que Robles Berlanga es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en calidad de autora directa, con las agravantes de que el delito se cometió con dolo, de manera reiterada y con evidente omisión.

De acuerdo con el pliego de imputación, el daño al erario se registró a través de 27 convenios generales que firmaron Sedesol y Sedatu con universidades públicas y sistemas de televisión estatales, a pesar de que estos no tenían las condiciones para prestar los servicio contratados y sin que se acreditara en algunos casos el cumplimiento de lo contratado.

La fiscal Teresa Maldonado explicó que Rosario Robles fue omisa al no hacer uso de sus facultades legales para impedir dichas irregularidades y en no denunciar ante su superior jerárquico, es decir, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, las conductas ilícitas llevadas a cabo por funcionarios y funcionarias que estaban bajo su mando en Sedesol y Sedatu

La imputación también señala que la omisión persistió a pesar de que en junio de 2014 el entonces auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, le advirtió de los presuntos desvíos y convenios irregulares que habían firmado sus subordinados sin que actuara de alguna forma para impedirlo.

Además, la FGR dio cuenta de al menos una decena de oficios presentados por ex funcionarios de Sedesol y Sedatu para advertir del esquema ideado por servidores públicos para la subcontratación de servicios que no eran requeridos y que tampoco se prestaban, puesto que no existen documentos comprobatorios, es decir, que carecen de entregables.

“La conducta ilícita se hizo con pleno conocimiento, repito, con pleno conocimiento de la hoy imputada, provocando que se diera una afectación al erario al no actuar contra los terceros que de manera reiterada cometían las irregularidades, por lo que es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, de forma continuada, con dolo y en calidad de autora directa”, explicó la Fiscal.

La audiencia presidida por el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, entró en receso para que la Fiscalía General de la República aclare diversas peticiones de la defensa.

Aristegui Noticias
Juan Omar Fierro
Ciudad de México
Jueves 8 de agosto de 2019.


Las cuentas bancarias de ambos exfuncionarios fueron congeladas ante las sospechas de desvío de recursos cuando estuvieron al frente de la Sedesol y Sedatu


Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró las cuentas de la extitular de la Secretaría del Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles así como la de quien fuera su Oficial Mayor en dicha dependencia, Emilio Zebadúa por el caso de la Estafa Maestra.

Según información consultada por Excélsior, las cuentas bancarias de ambos exfuncionarios de la administración de Enrique Peña Nieto fueron congeladas ante las sospechas de desvío de recursos durante si paso por la Sedesol y la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Fuentes federales explicaron que se trata de un procedimiento realizado por la UIF para la recopilación de elementos que, de considerarlo, se podrán integran a la carpeta de investigación y presentarlos ante un juez federal.

Se detalló que investigaciones y los datos que esto arroje, se deben considerar reservados con motivo de la pesquisa, pero podrán conocerse durante el desarrollo de la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República busque imputar a Robles Berlanga.

Incluso la defensa de la también exjefa de Gobierno del Distrito Federal puede interponer una demanda de amparo ante un juez federal con el objetivo de evitar que se mantengan congeladas las cuentas de su cliente en caso de que el juzgador así lo considere o bien, le de una negativa.

Serpa este jueves a las 11:00 horas cuando Rosario Robles deba presentarse ante un juez de control federal con sede en el Reclusorio Sur para que el ministerio Público de la Federación formule su imputación por ejercicio indebido del servicio público y busque vincularla a proceso.

Los delitos por los que se le acusa no merecen prisión preventiva de oficio, por lo que podría llevar su proceso en libertad.

Excélsior
Juan Pablo Reyes
David Vicenteño
Ciudad de México
Domingo 4 de agosto de 2019.

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