Romero Deschamps tiene 30 años reeligiendose como lider petrolero, es senador por el PRI y forma parte del comité ejecutivo de Petróleos Mexicanos.

El líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps tiene una mansión valorada en más de 6 millones de dólares en Acapulco, reveló hoy una investigación del diario Reforma.
De acuerdo con el rotativo, que publica la noticia en portada, el influyente secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) goza de una enorme casa en una de las zonas más exclusivas del balneario de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero.

Hace tres años, la casa estaba valorada en 4.5 millones de dólares y contaba con un terreno de 5,000 metros cuadrados, 11 habitaciones, un comedor para 18 personas, terraza, piscina, bar y cancha de tenis, entre otros.

Según el periódico, parte de la casa fue derribada y se están acometiendo importantes obras en al menos mil metros cuadrados, por lo que las construcciones aumentarían el precio de la vivienda en hasta 6.4 millones de dólares.

Además de líder petrolero por casi 30 años, Romero Deschamps es senador y forma parte del comité ejecutivo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Reforma señala que para hacerse con esta casa, llamada Teifaros, el influyente sindicalista realizó una maniobra financiera.

El inmueble se puso a la venta en 2015 y en diciembre de ese año se formalizó la compra de la residencia por parte de una inmobiliaria dirigida por el abogado Juan Ramón Collado, amigo de Romero Deschamps.

Dicha firma inmobiliaria se constituyó apenas unos días antes de la compraventa y la escritura de la vivienda se registro en febrero del 2016, donde se especificaba un valor de 2.5 millones de dólares.

No obstante, ese mismo año la casa se valuó en 4.5 millones de dólares, un precio que ahora subiría a más de 6 millones con las modificaciones que estaría ejecutando el líder petrolero.

Da la casualidad de que este fin de semana, Romero Deschamps se reunió en un acto público con el candidato a la Presidencia de México el próximo 1 de julio del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade.

En dicho evento, Meade destacó la importancia de tener un sector petrolero robusto, prometió un aumento de la producción de barriles y elogió la figura del sindicalista.

Reforma
Ciudad de México
Domingo 17 de junio de 2018.


El partido encabeza la lista de acusaciones por compra y coacción del voto


Ciudad de México. - El PRI encabeza la lista de acusaciones por compra y coacción del voto, de acuerdo con la plataforma democraciasinpobreza.mx, desarrollada por la organización Acción Ciudadana contra la Pobreza y 60 asociaciones civiles más.

Desde el mes de marzo, cuando iniciaron las campañas políticas federales, se han recibido 311 denuncias por este tipo de prácticas y, de ellas, más del 49 por ciento son en contra del tricolor.

Dichos casos se registran en 28 entidades del País, pero es el Estado de México en donde se concentra el mayor número, seguidas por las denuncias de Puebla, la Ciudad de México, Veracruz y Jalisco.

La plataforma -cuya principal fuente de información son las denuncias de ciudadanos que fueron testigos directos de la compra del voto- indica que la práctica en la que más incurre dicho partido político es la coacción a través de programas sociales.

También documenta cómo hay casos en los que se pide que se junten paquetes de hasta 10 credenciales de elector, y a quien lo haga se le entrega un pago de hasta 10 mil pesos.

El monto es similar al que se ha documentad en los últimos días sobre pagos del tricolor a coordinadores regionales de la CDMX y el Edomex tanto en la sede nacional tricolor como en oficinas de la CNOP en la Colonia Tabacalera, también en la capital del País.

'Filas eran por encuesta'

El líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, añadió una explicación distinta a la presunta compra de votos en la sede nacional de este partido, en la Ciudad de México.

Dijo que los ciudadanos hicieron fila para llenar una encuesta de necesidades que lleva a cabo el candidato presidencial del partido tricolor, José Antonio Meade.

"Se está llenando un documento que se llama '¿Qué es lo que tú necesitas?', y dices: 'Necesito una silla de ruedas, necesito que me suban la pensión, soy un hombre de edad avanzada', y está viendo Meade, junto con todo un equipo de trabajo, qué es lo que requiere la gente para ayudarlos", afirmó.

Gamboa rechazó que su partido haya pagado algo a los ciudadanos a pesar de que las dirigencias nacional y estatal ya lo había aceptado.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 14 de junio de 2018.


 Al frente de la Dirección General de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn sacó a la luz los esquemas de desvío de recursos públicos conocidos como “la Estafa Maestra”, a través de los cuales dependencias federales desaparecieron más de siete mil 700 millones de pesos a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto.

A pesar de que exhibió uno de los casos más sonados de corrupción del sexenio, el pasado 23 de mayo, Buchahin Abulhosn fue notificada de su despido en condiciones “tan sorpresivas como improcedentes”: la única explicación fue que la orden vino de David Rogelio Colmenares Páramo, el recién nombrado titular de la ASF, señalado por sus vínculos con el PRI.

En una carta dirigida al mismo Colmenares, la doctora, quien lleva 13 años en la ASF, pidió su derecho a “saber con precisión sus razones para separarme del cargo” y señaló que ella queda ahora en estado de vulnerabilidad, pues encabezó “investigaciones que afectan intereses que podrían poner en riesgo mi integridad”.

Fechada el 30 de mayo, en la misiva que dio a conocer hoy el portal Aristegui Noticias, Buchahin Abulhosn informó que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF se negó a autorizar auditorías con base en denuncias “documentadas” que advierten de nuevos desvíos por 275.2 millones de pesos, operados por el equipo de Rosario Robles Berlanga.

Esta aparente maniobra para frenar las investigaciones, que salpican a prácticamente todo el gabinete de Peña Nieto, parece confirmar los temores expresados por organizaciones de la sociedad civil, según los cuales la ASF fue “capturada” por el gobierno federal.

Dichas agrupaciones denunciaron la cercanía de Colmenares -nombrado al frente de la ASF en diciembre pasado- con José Antonio Meade Kuribreña: ambos coincidieron en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, fue asesor de Peña Nieto y del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Las auditorías forenses que encabezó Buchahin Abulhosn a los convenios celebrados por las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante los mandatos de Rosario Robles Berlanga determinaron que cinco mil 251 millones de pesos fueron desviados entre 2013 y 2015, mediante esquemas de “simulación de servicios” que involucraron universidades públicas y empresas fantasmas.

La ASF empezó a documentar los desvíos en la Sedesol en febrero de 2015. Desde entonces, señaló que la dependencia había desviado 845 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. José Antonio Meade Kuribreña tomó el control de la Sedesol ocho meses después y durante su gestión, de poco menos de un año al frente de la dependencia, nunca se pronunció sobre el fraude.

Robles Berlanga no fue la única integrante del primer círculo del gabinete de Peña Nieto señalada en prácticas de desvío: también lo fueron Gerardo Ruiz Esparza, Emilio Lozoya Austin –vinculado con el escándalo de sobornos de Odebrecht–, Alfredo Del Mazo Maza –ahora gobernador del Estado de México– y Enrique Martínez y Martínez.

En su carta la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn le recordó a Colmenares Páramo, titular de la ASF, que él mismo le había expresado su reconocimiento por su conducta e insistió en que sus investigaciones fueron “premiadas incluso a nivel internacional”.

Luego, añadió: “Por ello me extraña que, en los hechos, mi labor no sea reconocida y valorada en su dimensión y sea tratada de manera poco digna por esta institución que, desde su creación, se ha caracterizado por un trato respetuoso a su estructura”.

Y advirtió: “Las consecuencias de este tipo de actuaciones deberían ser motivo de preocupación y foco de atención prioritaria para la ASF al ir en contra de las mejores prácticas internacionales y los principios de legalidad y transparencia que la institución representa, afectando de esta manera su credibilidad”.

Proceso
Mathieu Tourliere
Ciudad de México
Viernes 1 de junio de 2018.


Con Karime al frente, el DIF-Veracruz entregó más de 415 millones a red de 33 empresas fantasma

El monto cuadriplica lo revelado oficialmente hasta ahora. El DIF fue la primera dependencia en la que comenzó el desvío con empresas fantasma que luego se extendió a ocho dependencias más.

Entre 2011 y 2016, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Veracruz –que de manera honoraria presidía Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte-- entregó más de 415 millones de pesos en contratos con 33 empresas fantasma.

Esta cifra representa un monto casi cuatro veces superior a los 112 millones de pesos de presuntos desvíos que permitieron a la Fiscalía de Veracruz obtener una orden de aprehensión contra Karime Macías Tubilla, acusada de desviar esta cantidad a seis empresas fantasma por productos y servicios que no se entregaron.

Datos obtenidos de centenares de solicitudes de acceso a la información, enviadas a diferentes dependencias del estado de Veracruz, permitieron a Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentar que el DIF-Veracruz entregó estos 415 millones 78 mil 432 pesos en contratos a 33 empresas fachada, todos durante la gestión de Macías Tubilla.

Pero, además, Animal Político y MCCI han podido documentar que, en realidad, la red de empresas fantasma está conformada por 400, sobre las que se abundará en siguientes entregas periodísticas.

A este grupo de 400 empresas pertenecen las 33 empresas fachada que sirvieron para presuntamente desviar recursos del DIF-Veracruz.

Entre esas compañías se encuentran las seis que la Fiscalía de Veracruz identificó para pedir la orden de aprehensión contra Karime Macías: Grupo Balcano SA de CV ; Prefraco SA de CV; Abastecedora Romcru SA de CV; Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV; Ravsan Servicios Múltiples SA de CV; y ANZARA.

Se trata de empresas fachada o fantasma, es decir, legalmente constituidas pero que carecen de los recursos humanos y materiales para proporcionar cualquier servicio, más allá de emitir una factura. De las 33 empresas que recibieron dinero del DIF el SAT ya investigó a 19 y concluyó, en definitiva, que eran empresas inexistentes que simulaban operaciones.

Aunque el nombre de Karime Macías no aparece en ninguno de los contratos firmados, pues de hecho el puesto de presidenta del DIF es honorífico, la investigación de la Fiscalía de Veracruz consignada a un juez apunta a que ella presuntamente ordenaba y coordinaba los pagos a las empresas fachada para desviar los recursos públicos.

Los contratos

Los montos otorgados a estas empresas empezaron de mayor a menor. En el año 2011, el DIF-Veracruz otorgó a este grupo de empresas 159 millones 527 mil pesos.

Para el año 2012, el monto fue de 110 millones 737 mil pesos y en 2013 bajaron a 43 millones 633 mil pesos. Sin embargo, en 2014 los recursos repuntaron a 92 millones 918 mil pesos.

Los totales más bajos se otorgaron en los años 2015 y 2016, con 3 millones 261 mil pesos y 5 millones de pesos, respectivamente.

En total el DIF Veracruz firmó 119 contratos con este grupo de empresas fantasma. El monto mayor se otorgó a la empresa Maedason SA de CV, que había sido reportada por el SAT como inexistente desde el primero de octubre de 2016. A esta compañía le destinó más 42 millones 112 mil pesos por concepto de compra de picos, palas, triciclos de carga, chamarras, impermeables y materiales e insumos para estéticas.

Con la empresa Solución Legarc SA de CV el DIF firmó 6 contratos por más de 38 millones de pesos, entre los que destacan las compras de “juguetes para niños de escasos recursos de 211 municipios”.

La empresa Comergut, también boletinada como inexistente y simuladora de operaciones por el SAT en 2016, fue la tercera con el mayor monto en contratos. Siendo favorecida con más de 24 millones de pesos. Contratos que suponían la compra de regalos para el 10 de mayo, maquinas de coser y juguetes.

Los que aparecen como accionistas de las compañías son en realidad prestanombres, en muchos casos personas de bajos recursos y en algunos casos militantes del PRI, sin ningún perfil empresarial, como se ha confirmado en la investigación periodística de campo que han realizado estos medios y en las propias investigaciones oficiales.

Para adjudicar los pagos, el DIF-Veracruz simuló procesos legales de contratación bajo la modalidad “licitaciones simplificadas” en donde llegaba a invitar de 3 a 5 empresas, todas ellas fantasma y pertenecientes a la misma red. O en algunos casos, simplemente pactó “adjudicaciones directas” con cualquiera de las excepciones que la ley permite e incluso se hicieron pagos sin contratos.

Cabe resaltar que en las respuestas a las solicitudes de transparencia no se entregó, a pesar de haberse solicitado expresamente, ningún tipo de documento que respaldara la existencia de los servicios y/o productos contratados.

Los conceptos de los contratos abarcaban de todo: desde sillas de ruedas para personas de la tercera edad hasta juguetes para niños de bajos recursos, impermeables, chamarras, sanitarios ecológicos, botiquines, medicinas… Hoy no hay evidencia legal de algo de eso se haya entregado.

Todos estos pagos ocurrieron con Karime Macías al frente del DIF, pero con distintos funcionarios a cargo de la dirección de Finanzas de dicha dependencia, área directamente responsable del manejo de los recursos. Primero fue con Antonio Tarek Abdalá quien estuvo en el cargo desde el arranque de dicha administración hasta febrero de 2012, cuando fue promovido como tesorero de la Secretaría de Finanzas del estado.

Después fue con Astrid Elías Mansur como directora de finanzas en el resto de 2012, mientras que a partir de 2013 fue con Miguel Ángel Ortíz Romero en dicho puesto.

El DIF- Veracruz fue, además, la primera de nueve dependencias del gobierno de Javier Duarte a través de las cuales se entregaron miles de millones de pesos a la misma red de empresas fantasma, como se detallará posteriormente en este reportaje. El modus operandi fue el mismo: simulando procesos legales de contratación para transferir el dinero a dichas compañías por servicios que en la realidad no se llevaron a cabo.

Animal Político
Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad
Valeria Durán y Arturo Ángel
Ciudad de México /Xalapa.
Viernes 1 de junio de 2018.



El PRI intenta reeditar el modelo de fraude del Edomex


Ante la inminencia de un fraude el 1 de julio próximo –que se estaría instrumentando a partir de un debilitamiento de las instituciones electorales–, Santiago Nieto, el ex titular de la Fepade, propone crear un blindaje que tenga como ejes principales el mapeo por casillas donde operan los programas sociales, el despliegue en campo y la utilización de las estructuras institucionales, así como mayor vinculación con las organizaciones no gubernamentales. El nuevo aliado del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, denuncia que el operativo es similar al que se aplicó en el Estado de México en 2017.

Ciudad de México. “Se está operando el fraude electoral”, sentencia Santiago Nieto Castillo, el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que recientemente se sumó a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador con un propósito definido: crear “un modelo de blindaje”.

El fraude, puntualiza, se está realizando a partir del “debilitamiento institucional” de la propia FEPADE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del propio Instituto Nacional Electoral (INE).

Nieto Castillo cita a Germán Castillo Banuet como uno de los que participan en ese “debilitamiento institucional”. El actual director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Fepade, dice, antes operó como vicefiscal en el Estado de México y participó en el polémico proceso electoral de 2017 en esa entidad, pero “es una persona que no generó procuración de justicia ni colaboración con la Fepade” cuando él, Nieto Castillo, estuvo al frente de la fiscalía.

–¿Utilizarán el modelo del Estado de México para la compra, coacción e inhibición del voto? –se le cuestiona.

–Tengo confianza en el actual titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, pero no en Castillo Banuet. Él fue mi contraparte durante el proceso mexiquense y no avanzó en nada. Nosotros habíamos integrado 300 carpetas de investigación y se habían judicializado 26 expedientes en el caso del Estado de México, pero él no avanzó ni generó procuración de justicia. Su presencia ahí no abona en la confianza ni hace prever que busque frenar los delitos electorales.

El martes 8, el propio Castillo Banuet reveló que la Fepade había recibido 200 denuncias en lo que va del proceso electoral, de las cuales sólo cuatro están relacionadas con los comicios presidenciales y ninguna por presunta compra del voto.

Para todo el país, la Fepade desplegará desde el 28 de junio próximo a 263 policías, 97 agentes del Ministerio Público y 40 peritos, cifra insuficiente para atender los 300 distritos electorales del país y el gran número de irregularidades que se prevén en los comicios federales.

Nieto Castillo menciona otros ejemplos de funcionarios que están operando en el modelo del fraude electoral: el titular de la Sedesol, Eviel Pérez Magaña, militante priista y operador electoral de este partido, sin experiencia previa en política social; el ex titular de Sedesol Luis Enrique Miranda Nava, operador del PRI en Chiapas y candidato a senador; la ex coordinadora del programa Prospera Paula Hernández, quien busca una diputación federal, y Héctor Pablo Ramírez Puga, ex director general de Liconsa y aspirante a senador por el PRI.

El “blindaje electoral” tendrá como ejes principales “el mapeo por casillas donde operan los programas sociales”, el “despliegue en campo” y “la utilización de las estructuras institucionales”, así como una “mayor vinculación con las organizaciones no gubernamentales”.

En operación, los 6 mil programas sociales

Nieto Castillo cita el reciente informe de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), según el cual en el primer trimestre de 2018 hubo un incremento real de 71.2% en el presupuesto de las delegaciones de dependencias como Sagarpa, Sedesol, Sedatu, Semarnat, Sectur, SE, SEP, STPS y la PGR, en relación con el mismo periodo de 2017.

Así, la coordinación nacional del programa Prospera pasó de ejercer 14 mil 307 millones de pesos en el primer trimestre de 2017 a 20 mil 532 millones en los primeros tres meses de 2018, en plena campaña electoral, y con incrementos superiores en las delegaciones donde habrá elecciones para gobernador o donde el PRI busca defender su “voto duro”.

En la delegación del Estado de México, por ejemplo, el monto de recursos se incrementó 219%; en Chiapas, 172%; en Oaxaca, 152%, y en Yucatán, 114.6%.

El reporte de ACFP destaca que entre el 5 de abril y el 22 de mayo de este año recibió 151 reportes de 25 entidades, de los cuales 41% corresponde a entrega de productos, principalmente despensas; 36% al condicionamiento para tener o dejar de recibir los beneficios de los programas sociales, especialmente Prospera; 18% a la entrega de dinero en efectivo, y 5% al reparto de tarjetas electrónicas con promesas de pago diferido.

De 101 reportes recibidos sobre condicionamiento del voto, 58% son a cambio de entregar la credencial para votar o sacarle fotocopia; 25% a cambio de votar por un candidato, y 10% a cambio de acudir a un mitin. Todos estos casos violan la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

La opacidad en la que opera la mayoría de los programas sociales del gobierno federal y de las entidades incrementa el riesgo de fraude, insiste Nieto Castillo. Y cita las cifras del informe de ACFP: hay 6 mil 491 programas sociales en el país operados por el gobierno federal, por los gobiernos estatales y los ayuntamientos, muchos de ellos duplicados e incluso triplicados.

De 152 programas de subsidios, transferencias y prestación de servicios sociales federales, 85 no cuentan con reglas de operación y 66 carecen de padrón de beneficiarios.

“El condicionamiento de los programas sociales fue lo que permitió operar el fraude en el Estado de México, donde 31 municipios que tuvieron el beneficio de Prospera registraron una votación de entre 70 y 80% a favor del PRI en los comicios de 2017”, recuerda Nieto Castillo.

“Se ha incrementado el recurso de Prospera y se está utilizando en tiempos electorales”, puntualiza.

También califica como “lamentables” las recientes sentencias aprobadas por mayoría de votos en el TEPJF, especialmente la que revocó el acuerdo del INE del 5 de septiembre de 2017 que pedía garantizar equidad en el uso de recursos públicos y en la contienda.

El TEPJF también invalidó el acuerdo del INE que pedía la suspensión de los programas sociales que no cuentan con reglas de operación, de aquellos sin padrón de beneficiarios que no notifiquen al INE la convocatoria para su integración, así como de aquellos que modificaron el padrón de beneficiarios con fines distintos a los establecidos en sus normas de funcionamiento.

La mayoría de los magistrados del tribunal también desautorizó el acuerdo del INE que pidió suspender la entrega de tarjetas durante el proceso electoral que implique el ofrecimiento de un beneficio personal directo o la incorporación a un programa social “en un futuro mediato o inmediato condicionado a un determinado resultado electoral”.

El informe de ACFP también destacó que para este 2018 los fondos para la observación electoral disminuyeron 81%: en 2012 fueron de 93.6 millones de pesos; este año se destinarán sólo 18 millones.

Otros datos importantes del documento, en cuya presentación estuvo Nieto Castillo, revela que la mayor opacidad en el funcionamiento de los programas sociales coincide con las entidades donde habrá elecciones concurrentes para gobernador.

En Puebla son 26 los programas y acciones sociales estatales, de los cuales 84% no reportan cuál fue su presupuesto aprobado, mientras que 65% carecen de padrón de beneficiarios.

En Morelos, de los 53 que están en operación, 98.11% no reportan a cuánto ascendió su presupuesto, en tanto que 87% carecen de reglas de operación.

En Veracruz, ninguno de los 31 programas y acciones sociales estatales tiene padrón de beneficiarios ni reglas de operación.

El peor panorama está en Chiapas, donde ninguno de los 46 programas tiene padrón de beneficiarios estatal ni presupuesto identificado ni reglas de operación.

En Jalisco, de los 50 programas, 88% no se ubicaron en la cuenta pública estatal, a pesar de que 100% reporta el monto de su presupuesto aprobado, en tanto que 40% no tiene padrón de beneficiarios.

En Guanajuato existen 123 programas y acciones estatales, pero 81% no cuenta con padrón de beneficiarios y 36% carece de reglas de operación.

En Tabasco, de los 31 programas ninguno tiene reglas de operación ni padrón de beneficiarios, y 81% no se ubicó en la cuenta pública.

En Yucatán, ninguno de los 14 programas estatales tiene padrón de beneficiarios; 57% no se ubican en la cuenta pública, y 21% carece de reglas de operación.

Proceso
Jenaro Villamil
Reportaje especial
Ciudad de México
Martes 29 de mayo de 2018.


Suman ya 20 las fincas incautadas al ex gobernador del PRI

La Fiscalía General del Estado aseguró cuatro ranchos del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, que se suman a las 20 fincas incautadas derivadas de investigaciones por enriquecimiento ilícito.

La dependencia informó, en un comunicado, que en cumplimiento a una orden de cateo librada por un Tribunal de Control, se efectuaron las diligencias en los predios ubicados en el municipio de Balleza.

Expuso que los ranchos asegurados son: “El Molino”, con una superficie de 28.74 hectáreas, “Las Granjas”, con una superficie de 9.35 hectáreas, “Loma Alta”, con una superficie de 133.28 hectáreas y “El Molino de los Nogales”, con una superficie de 951 metros cuadrados.

Indicó que los primeros tres inmuebles cateados son de predios rústicos, mientras que el último es una huerta nogalera; además, en las indagatorias ministeriales se pudo establecer que estos ranchos son propiedad de César Horacio Duarte Jáquez.

Precisó que los predios fueron asegurados por la Fiscalía General, con el propósito de culminar con las diligencias de investigación necesarias, entre estas, peritajes en materia criminalística, topográfica y de valuación.

Notimex
Ciudad de México
Domingo 27 de mayo de 2018.



•    Andrés Manuel López Obrador, puntero de las todas las encuestas, no mencionó el nombre de Carlos Romero Deschamps. Pero claramente prometió el fin de su reinado al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros, en donde lleva tres décadas a pesar de los señalamientos de corrupción.

•    El candidato de izquierda dijo hoy, en la región petrolera de Minatitlán, Veracruz, que una de sus labores como Presidente de la República será rescatar a Pemex del abandono en el que se encuentra.

•    Apenas el 11 de diciembre del año pasado, Romero Deschamps se reeligió al frente del STPRM hasta el año 2024. Con esta reelección, el cuestionado Senador planea permanecer 31 años al frente de una organización que ha garantizado votos y dinero al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ciudad de México. - Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró desde la región petrolera de Minatitlán, Veracruz, que acabará con el cacicazgo en el sindicato petrolero, en donde Carlos Romero Deschamps, Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha fincado su reino desde hace tres décadas.

“Se acabó el cacicazgo en el manejo del sindicato petrolero, llegó a su fin. Sí me entienden, ¿verdad?”, dijo en un mitin en el que además prometió revitalizar la industria petrolera, que hoy pasa por un proceso de privatización gracias a la Reforma Energética impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto y aprobada por su partido, el PRI, y por Acción Nacional (PAN).

El candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que una de sus labores como Presidente de la República será rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) del abandono en el que se encuentra. “Va a ser ahora exactamente lo mismo con los trabajadores en activo, con su experiencia: vamos a levantar a Pemex”, dijo.

Romero Deschamps ha pasado décadas como Diputado federal y como Senador, y nunca ha presentado una sola iniciativa. Ha estado al servicio de los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Todos han respetado su cacicazgo, con todos se ha tomado la foto.

Dos de los últimos presidentes de México han sido de Acción Nacional.

Apenas el 11 de diciembre del año pasado, Romero Deschamps se reeligió al frente del STPRM hasta el año 2024. Con esta reelección, el cuestionado Senador planea permanecer 31 años al frente de una organización que ha garantizado votos y dinero al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Romero Deschamps, cuyos hijos se hicieron famosos en años pasados por presumir viajes por todo el mundo en aeronaves particulares, logró permanecer los 12 años que duraron los gobiernos de Acción Nacional (PAN): todos los presidentes, incluidos Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, se han tomado la foto con él.

La reelección es para el periodo 2019-2024.

En 1993 se convirtió en el Secretario General del STPRM, luego de que Joaquín Hernández Galicia, “La Quina” fuera detenido y encarcelado.

El entonces Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, felicitó a su compañero de partido. Ahora, Navarrete es Secretario de Gobernación del Presidente Enrique Peña Nieto.

Sin haberse sometido en toda su vida a una elección, Romero Deschamps ha sido dos veces Senador de la República [1994-2000 y 2012-2018] y tres veces Diputado federal [1979-1982, 1991-1994 y 2000-2003].

Pese a las acusaciones sobre corrupción, Deschamps no ha pisado la cárcel como Elba Esther Gordillo, quien también llegó a lo alto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en tiempos del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y quien se mantuvo al frente de su organización sindical por alrededor de 25 años.

LUJOS Y EXCESOS

El poder de Romero Deschamps es tan grande, que a pesar de que instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros, la Gran Alianza Nacional Petrolera, la Unión Nacional para el Desarrollo Social de Trabajadores de la Industria Petrolera y el movimiento Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, entre otros, han presentado denuncias en los últimos 20 años ante la Procuraduría General de la República (PGR), su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), e inclusive ante la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO), no han prosperado.

De este modo, al Senador le es fácil moverse con tranquilidad y disfrutar de comidas en restaurantes de lujo –como en The Palm, donde una comida individual con entradas, plato fuerte y bebidas puede costar hasta tres mil pesos–. Tiene los bolsillos holgados. Y lo mejor de todo: no tiene por qué rendir cuentas. Ejemplo de ello fue el denominado “Pemexgate”, que, a 17 años de haber sido destapado, no ha sido resuelto y mantiene pendientes algunos juicios de amparo.

Un hecho que implicó el desvío de 500 millones de pesos por parte del sindicato petrolero para financiar la campaña del ex candidato priista Francisco Labastida Ochoa, quien contendió y perdió las elecciones del año 2000 frente al panista Vicente Fox Quesada.

Romero Deschamps no es una persona que esconde su opulenta vida. En 2008, se supo que gustaba de los relojes caros de la marca Aude Piquet valuados hasta en 7 millones de pesos (mdp) -al tipo de cambio de entonces-; que contaba con un departamento en Cancún valorado en 18.7 mdp; además de dos propiedades de lujo en The Bath Club en Miami, con un valor aproximado de 110.8 mdp [en conjunto].


Hasta hace cuatro años, el otrora Diputado era el orgulloso dueño de tres yates: el “Indomable”, un regalo hecho a su hija Paulina por un costo aproximado de 16.4 millones de pesos -al tipo de cambio de 2007, cuando fue adquirido–; el “Guly”, una embarcación valuada en 14 mdp (2013) que le obsequió a su hijo Alejandro; y el “Güero”, mismo que cuesta cerca de 28 millones de pesos (2013).

El líder sindical es, también, un padre que consiente a sus hijos –Paulina, Alejandro y José Carlos–. Viajes en aviones privados; gustos y aderezos que van desde la compra de unos brazaletes de la marca Cartier –con un costo de 2 millones de pesos– hasta la adquisición de coches de lujo, como el que recibió José en 2013: un Ferrari Enzo valuado en 26.2 millones de pesos –al tipo de cambio de ese año–, mismo que se sumó al vehículo que ya tenía: un Lamborghini Aventador de 6.5 mdp.

El sucesor del sindicalista Joaquín Hernández Galicia es tan celoso de su patrimonio que, incluso, todo intento por develar la magnitud de su peculio mediante el INAI, es revirado con un recurso de amparo.

A pesar de que en 2002 se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental –sustituida en 2015 por una Ley similar– que obliga a las instituciones que reciben recursos públicos federales a transparentar la información sobre el uso y destino de su presupuesto, de agosto de 2013 a la fecha, el STPRM ha promovido más de 47 demandas de amparo en contra de los peticionarios ante el INAI, para evitar que alguien sepa a cabalidad cómo se mueve el dinero en su interior.

PIDEN SU CABEZA

El pasado 20 de abril, una centena de trabajadores petroleros sindicalizados se concentró en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, para exigir el desafuero de Romero Deschamps, su encarcelamiento y el regreso del dinero y propiedades del sindicato.

Miguel Arturo Flores Contreras, dirigente nacional de Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, informó que entregaron un oficio a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir que se investigue y se proceda en contra del dirigente sindical, pues hay nulos avances a las denuncias interpuestas en su contra.

“Ya estamos cansados de toda la corrupción que impera en nuestro gremio e interpusimos un recurso ante varias instancias federales”, dijo.

El abogado Jorge Alejandro Sosa, presidente de la Confederación Nacional para Salvaguardar los Derechos Humanos, explicó que el recurso expone que la PGR ha sido omisa en las investigaciones en contra de Romero Deschamps y sus 36 delegados seccionales.

“Hay datos de prueba suficiente de la vida que han llevado y el saqueo que han hecho a las instalaciones de nuestro sindicato, desde tiendas de consumo, ranchos, fábricas y un sin número de propiedades”, dijo Flores Contreras.

Sin Embargo
Ciudad de México
Domingo 27 de mayo de 2018.

 
•    La fiscalía de Veracruz informó que existen denuncias por el presunto daño contra el patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local, por más de 112 millones de pesos (unos 5,7 millones de dólares), cuando Macías estuvo al frente.

     MEXICO, 27 may (Xinhua) -- Las autoridades de México informaron hoy domingo que emitieron una orden de captura en contra de la esposa del ex gobernador del estado mexicano de Veracruz, Karime Macías, por el presunto desvío de recursos por más de 112 millones de pesos (unos 5,7 millones de dólares).

     El fiscal estatal, Jorge Winckler, dijo que dado que Macías se encuentra en el extranjero, la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitará a la fiscalía federal una alerta migratoria y la publicación de una ficha roja para su búsqueda, localización y detención con fines de extradición.

     "Desde el inicio de esta gestión, la fiscalía general del estado de Veracruz se impuso como uno de sus objetivos prioritarios llevar ante la justicia a aquellas personas que como servidores públicos llevaron a Veracruz a la crisis más profunda de la que se tenga memoria", dijo Winckler en una rueda de prensa.

     El funcionario estatal dijo que existen denuncias por el presunto daño contra el patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local cuando Macías estuvo al frente.

     Winckler dijo que se registraron contratos de compra-venta con al menos seis empresas "fantasma" para la adquisición de equipo médico, productos multivitamínicos y sistemas de purificación de agua, entre otros artículos.

     El funcionario indicó que no hay evidencia de que los bienes adquiridos hubieran sido entregados a la población vulnerable, una de las funciones del DIF, y sólo hay constancia de los pagos.

     "Quiero ser preciso en que ese no es el total del daño causado, mismo que podrá determinarse con total precisión en la etapa procesal correspondiente", dijo Winckler sobre los 112 millones de pesos.

     Macías es esposa del detenido ex mandatario veracruzano, Javier Duarte, quien está acusado de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

     Duarte, identificado con el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernó Veracruz de 2010 a octubre de 2016, y fue arrestado en Guatemala en abril del año pasado, desde donde fue extraditado a México.

     El pasado 20 de mayo, un juez mexicano abrió un nuevo proceso contra Duarte, por malversación de fondos públicos, tráfico de influencias e incumplimiento del deber.

Xinhua
Ciudad de México
Domingo 27 de mayo de 2018.


La activista mexicana Nestora Salgado, aspirante izquierdista al Senado, anunció hoy que demandará al candidato presidencial oficialista José Antonio Meade y le exigirá una disculpa pública por haberla acusado de ser una "secuestradora" durante un reciente debate.

La defensa de Salgado, quien salió de prisión en marzo de 2016 tras ser absuelta de los delitos de los que era señalada, informó hoy que presentará la demanda civil por daño moral el próximo jueves ante los tribunales federales.

Las declaraciones de Meade, candidato presidencial del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), afectan "la imagen, la honra y la dignidad de la candidata", aspirante a senadora por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), que lidera el aspirante presidencial Manuel López Obrador, afirmó la abogada Susana Mercado en una rueda de prensa.

En el debate presidencial celebrado el pasado domingo, Meade citó un supuesto mensaje de Salgado -extraído de un expediente oficial- en el que ella pedía 5.000 pesos (253 dólares) a una familia a cambio de la liberación de una menor.

"Una secuestradora que está libre por una falla de la Policía”.

Esto queda en tu conciencia", le dijo el candidato oficialista a su oponente Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena.

Salgado fue recluida en agosto de 2013 acusada de los delitos de homicidio, robo y secuestro mientras se desempeñaba como coordinadora regional de la policía comunitaria de Olinalá (estado de Guerrero), cuyo objetivo era proteger a la población de criminales.

El abogado de la activista, Sandino Rivero, exhibió en la conferencia los siete autos de libertad emitidos por la justicia que exoneran a Salgado de todos los cargos, y recordó que todas sus acciones estuvieron enmarcadas en la legalidad que proporciona la regulación en materia de policías comunitarias.

El texto que leyó Meade, agregó, es la declaración de una de las supuestas víctimas de Salgado. Sin embargo, en el expediente se puede leer que el juez "no le dio valor" al testimonio. "En ningún momento se comprobó que Nestora pidiera una cantidad de dinero", aseguró.

Por su parte, Salgado rechazó la acusación pública y argumentó que Meade "no tiene calidad moral para hablar de los pueblos, de las leyes de los pueblos".

Apuntó que lo que dijo en el debate ha puesto más en riesgo la vida de su familia, ya que esa misma noche hubo hombres que fueron a la casa de su hija "a tirar balazos".

"Si algo me pasa a mí o a mi familia, quedará en tu conciencia", dijo al candidato presidencial.

La excomandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) exigió la renuncia de Meade a la contienda y "una disculpa pública a los pueblos" originarios.

Asimismo, acusó al PRI de haber estado emitiendo órdenes de aprehensión en contra de policías comunitarios para usarlos como "botín político". A estas personas -que estimó en medio centenar- se les está dando "la promesa de retirarles las órdenes de aprehensión que ellos mismos sacaron" a cambio de su voto y el de sus familias.

Durante la conferencia, un hombre alzó la voz para denunciar el asesinato en Chilapa, Guerrero, de cinco de sus familiares a manos de supuestos miembros de la policía comunitaria vinculados con el grupo criminal Los Ardillos.

Ante esto, Salgado dijo que esas personas se hacen pasar por comunitarios sin tener registro ante la CRAC, y pidió no "hablar por todos" los policías comunitarios.

El 1 de julio están llamados a las urnas 89 millones de personas para elegir al presidente de México, los diputados, los senadores, ocho gobernadores y el jefe de Gobierno de Ciudad de México, entre otros 3.400 cargos.

En la contienda presidencial hay cuatro aspirantes: Meade, López Obrador, Ricardo Anaya, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), y el independiente Jaime Rodríguez Calderón.

EFE
Ciudad de México
Martes 22 mayo 2018.


Los asaltos a transportistas tocaron un récord en 2017 en México, donde 80% de las mercancías viaja por carreteras y trenes, y solo uno de cada tres viajes terrestres está asegurado.

Puebla.-Temeroso, siempre mirando por el retrovisor, "el flaco" viaja por las peligrosas carreteras de México acosado por el recuerdo de haber sido secuestrado hace dos años por supuestos policías que le robaron su camión repleto de blue jeans.

Aquella vez, el camionero, que prefirió obviar su nombre por temor a represalias, fue llevado a golpes y con los ojos vendados a una casa en el centro del país donde lo amenazaron de muerte. Tres días después, en un descuido de sus captores, logró escabullirse y huyó.

Ahora viaja con un machete para protegerse, pero muchos otros transportistas que, como él, recorren miles de kilómetros en México, van en cabinas blindadas, con vigilancia satelital y en convoyes, en un intento por mitigar los robos, que siguen al alza y en 2017 tocaron un récord con casi 3,000 casos.

"La carretera cada vez es más peligrosa, trata uno de no pararse", dijo a Reuters el chofer de 50 años en la cabina de su tráiler, aparcado en una carretera del central estado Puebla, epicentro de la mayoría de robos al transporte terrestre de carga, que casi se triplicaron en los últimos dos años.

"Desde que me secuestraron me quedó la maña de siempre ver las placas de los carros, quién me pasó (...) me voy fijando en todo", agregó el veterano camionero.

En un país donde más del 80% de la mercadería se transporta por carreteras y trenes, no hay cifras oficiales de las pérdidas por robo de mercancías, sin embargo, en 2016 las aseguradoras pagaron casi 100 millones de dólares a afectados, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

No obstante, el impacto para la industria podría ser mayor, ya que sólo uno de cada tres de los traslados terrestres de mercancías están asegurados, amenazando la competitividad cuando el país busca diversificar sus mercados y posicionarse como una atractiva plaza comercial.

Los delincuentes no discriminan los productos, pero los más robados son combustibles, seguidos de alimentos y bebidas, materiales de construcción, químicos, artículos electrónicos, bebidas alcohólicas, autopartes, ropa y zapatos, de acuerdo a un informe de Sensitech, una firma estadounidense de seguridad.

Competitividad a la baja, primas al alza

Cuando asumió como presidente en 2012, Enrique Peña Nieto prometió acabar con la inseguridad que agobia al país. Pero a poco de entregar su mandato, los números no lo han favorecido.

A pesar que las cifras oficiales de robos en carreteras se redujeron hasta 2014, en 2015 casi se duplicaron, al registrarse 985 atracos a camiones de carga en todas las vías del país. Y desde ese año, el delito ha ido en franco crecimiento para cerrar el año pasado en 2,944 robos, todo un récord.

La más reciente Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), realizada por el instituto de estadística, mostró que en 2015 la inseguridad tuvo un costo de unos 7,000 millones de dólares para las compañías mexicanas, un 0.73% del Producto Interno Bruto (PIB).

El estudio también reveló que sólo un uno de cada 10 delitos cometidos ese año fue denunciado por las empresas.

Buscando atacar el problema, el gobierno de Peña ha llevado a cabo operativos policiales en las zonas afectadas y modificó el código penal este año para incrementar a 15 años de cárcel las penas para quienes cometan robos al transporte de carga.

"Está impactando la productividad y la competitividad", dijo a Reuters Leonardo Gómez, director general de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), un gremio que agrupa a las principales empresas usuarias del transporte de carga.

En su "Índice de desempeño logístico" de 2016, el Banco Mundial sostuvo que México cayó ligeramente, al pasar del puesto 50 al 54. Por su parte, el Foro Económico Mundial ubica al crimen y los robos como la segunda causa que más afecta el índice de competitividad del país, luego de la corrupción.

"El creciente poder organizacional, territorial y de fuego de los grupos delictivos y de narcotráfico, sumado a las penas relativamente bajas que estos delitos reciben (...), han hecho que se haya acrecentado (el robo en el transporte)", dijo la Comisión Económica para América y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL) en un informe sobre los robos al sector en la región.

Y la situación preocupa a muchas empresas que reclaman mayor eficiencia en las cadenas logísticas en momentos en que el país negocia la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y afina los detalles de acuerdos comerciales con la Unión Europea y la región Asia-Pacífico.

"Si deseamos que México se posicione, como se ha anunciado mucho, como una plataforma logística de América, hay que tomar las acciones pertinentes", se quejó Miguel Elizalde, presidente de la Comisión de Transportes de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

Elizalde y otros entrevistados del rubro aseguraron que, producto del alza en los robos, las pólizas de seguro han disparado sus costos y algunas no cubren al 100% las mercancías que pasan por zonas de alto riesgo, una razón por la que muchos transportistas deciden viajar sin protección.

Hoy, un 80% de la flota de carga terrestre no está asegurada, según cálculos del sector asegurador.

El incremento de la inseguridad también ha llevado a muchos transportistas a blindar las cabinas de sus camiones: según la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA), el año pasado sus agremiados acorazaron 53 unidades contra armas de alto calibre, un 40% más que en 2016.

A pesar de que la cifra es baja comparada con el tamaño de la flota de camiones de carga en circulación -casi 11 millones-, demuestra el rápido incremento del blindaje.

Más robos, más violentos

México, la segunda mayor economía de América Latina, tiene una red vial de unos 379,000 kilómetros que, entre autopistas, carreteras y vías sin asfaltar, conecta a casi todo el país.

Pero cada vez es más difícil transportar mercancía por tierra y, en los tramos más peligrosos, de cada dos camioneros que pasan por una misma ruta, es casi un hecho que uno será atracado, reveló el estudio de Sensitech, que mide los riesgos de seguridad y logística.

Las vías más peligrosas son las que conectan la capital con importantes puertos en el Golfo de México y el océano Pacífico y las que cruzan los estados centrales Puebla, Guanajuato, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

Ello ha obligado a que las empresas tomen cartas en el asunto: la cervecería Grupo Modelo, propiedad del gigante AB InBev, y la filial mexicana de LG Electronics reforzaron en los últimos meses sus estrategias para prevenir robos en varias zonas del país, controladas principalmente por grupos del crimen organizado.

Sofisticados aparatos de geolocalización satelital y una estrecha comunicación con las autoridades son algunas medidas adoptadas por estas dos firmas para mitigar riesgos. Otras dijeron a Reuters que intentan minimizar los atracos con escoltas armados y hasta borrando los logotipos de sus camiones.

Pero los ataques no se concentran únicamente en las carreteras. En las vías férreas se produjeron 1,752 robos y 10,867 actos vandálicos el año pasado, según estadísticas oficiales. Si bien no hay cifras anuales comparativas, en el último trimestre de 2017 los siniestros se incrementaron.

Grupo México Transportes, que opera la red más grande de trenes de carga en el país a través de Ferromex y Ferrosur, dijo en su último reporte de 2018 que continuó elevando la velocidad de marcha de sus trenes, como parte de su estrategia "para erradicar robos y vandalismo".

Pero no ha tenido éxito: el fin de semana, uno de sus trenes descarriló en la ruta Ciudad de México-Veracruz después de que delincuentes violentaron sus mecanismos de seguridad. La firma dijo que es el séptimo incidente similar que sufre en la región en las últimas tres semanas.

Entre enero y marzo, las pérdidas por robos y bloqueos para Grupo México Transportes sumaron al menos 15 millones de dólares.

Un policía de Tlaxcala, un estado al este de la capital, dijo, bajo condición de anonimato, que "la situación es cada vez peor, esto se ha vuelto el pan de cada día en esta zona".

Pero los delitos no sólo aumentaron, también son cada vez más violentos y sofisticados.

En muchos casos, los delincuentes utilizan armas de alto calibre y optan por dispositivos de bloqueo de los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS por su sigla en inglés) para evitar que se sepa el paradero de las unidades.

"Están atacando a nuestros empleados de todas las ramas", dijo un empresario de Puebla, quien reporta hasta 10 asaltos semanales a sus camiones.

En medio de este problema, el hombre de negocios aseguró que muchas empresas se niegan a asegurar mercancías en la zona conocida como "el triángulo rojo", donde convergen Puebla, Veracruz y Ciudad de México, los más afectados por el delito.

"Efecto cucaracha"

Anteriormente, los transportistas sólo eran asaltados y se tenía un alto porcentaje de recuperación de sus vehículos. Sin embargo, en los últimos meses ha empezado a surgir una "economía alrededor del robo", dijeron afectados y especialistas.

"No solo interesan las mercancías, sino también los camiones", dijo Carlos Jiménez, de la AMIS. "Se suministran refacciones al mercado negro".

En Tlaxcala, en el centro del país, vendedores informales ofrecen clandestinamente partes de camiones desvalijados. Y, a plena luz del día, en mercados callejeros, la mercancía robada es ofrecida mucho más barata que su precio real, incluso con las etiquetas de las tiendas donde iban a ser comercializadas.

Presionado, el gobierno ha desplegado operativos para combatir el robo en carreteras y vías férreas, pero analistas y usuarios aseguran que los delincuentes huyen de los uniformados y se establecen en otras zonas sin seguridad.

"Se ha identificado, tanto en tramos carreteros como de ferrocarril, lo que se conoce coloquialmente como 'efecto cucaracha'", dijo Elizalde, de Concamin, comparando lo que sucede cuando se fumiga una casa contra aquellos insectos que, en vez de extinguirse, aparecen en otro hogar.

"Si se hace un operativo en un región y se aminora el impacto de los robos, estos crecen luego en otra entidad federativa, los criminales se van a otras zonas donde no hay tantos operativos", se lamentó.

Reuters
Puebla, México
Martes 22 de mayo de 2018.

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