El exsecretario Salvador Cienfuegos era conocido como "El Padrino" o "Zepeda", y también es acusado de lavado de dinero
    

Washington.- La fiscalía de Estados Unidos acusa al exsecretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, de cuatro delitos, tres de narcotráfico y uno de lavado de dinero, por los que deberá rendir cuentas en un juzgado de Nueva York.

Según el documento judicial revisado por EL UNIVERSAL, los delitos se cometieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, e incluyen manufactura, distribución e importación de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, además de lavado de dinero de todos los beneficios conseguidos con el tráfico ilícito de esas sustancias.

La publicación de esta información se dio a conocer horas antes de la primera comparecencia de Cienfuegos ante un juez de Estados Unidos en el distrito central de California, en Los Ángeles. Ahí se le leerán los delitos que se le imputan y se iniciará el proceso para su traslado a Nueva York, donde reside la acusación.

La audiencia, según confirmaron fuentes del gobierno estadounidense a EL UNIVERSAL, se realizará a la 1 de la tarde hora local (3 de la tarde hora de Ciudad de México), en donde no se permitirá que haya público.

Cienfuegos fue detenido este jueves en el aeropuerto de Los Ángeles, al que llegó con su familia. La orden de aprehensión fue expedida por la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, tal y como pudo confirmar EL UNIVERSAL a través de una portavoz de la institución.

A primera hora de la mañana, el canciller Marcelo Ebrard informaba a través de Twitter que la primera comparecencia de Cienfuegos iba a ser este viernes, pero erró en el horario (dijo a las 2:30 de la tarde hora local) y en el número de delitos que se le iban a imputar (dijo cinco en lugar de cuatro).

El Universal
Víctor Sancho / Corresponsal
Washington DC, Estados Unidos
Viernes 16 de octubre de 2020.


Titular de UIF aseveró que sigue adelante la investigación contra el ex líder sindical


La senadora, Cecilia Margarita Sánchez García, interpuso un punto de acuerdo para que la Fiscalía General de la República (FGR) gire una orden de aprehensión en contra del ex líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.

Se pide cárcel para él por su participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita ("lavado" de dinero), enriquecimiento ilícito, robo de hidrocarburos, delincuencia organizada, venta de plazas, desvío de recursos públicos, evasión fiscal, peculado y nepotismo; así como un informe sobre el avance de las denuncias en su contra.

"Asimismo, solicito a la FGR vincule las denuncias presentadas en su contra con la investigación al señor Emilio Lozoya Austin porque los delitos imputados a ambos son coincidentes en tipo y tiempo, y sus consecuencias afectaron directamente al patrimonio de Pemex y de la Nación", dijo.

Pidió aprobar un exhorto para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, para que ante el modo de operación que se instaló durante la gestión de Romero Deschamps, inicie las averiguaciones de las cuentas bancarias y movimientos financieros de los secretarios generales de las 36 secciones del sindicato petrolero.

A inicios de este año el titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que el gobierno se encontraba investigando a Carlos Romero Deschamps con ayuda de agencias de Estados Unidos.

El funcionario aseveró que la UIF seguía adelante en la investigación del ex líder sindical, contra quien se interpusieron denuncias por "lavado" de dinero y enriquecimiento ilícito.

Añadió en ese entonces, que además de trabajar con agencias estadounidenses, está en marcha la investigación contra familiares cercanos y colaboradores del exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

De igual forma, dijo, se solicitó al Ministerio Público Federal el aseguramiento de las cuentas bancarias y de bienes inmuebles.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 24 de septiembre de 2020.


Por presunta tentativa de feminicidio, elementos de la Policía Ministerial y de Investigación del estado de Hidalgo detuvieron a Germán Montealegre Salvador, hermano de la diputada local por el distrito XV de Villas del Álamo, Roxana Montealegre.

La captura se realizó este martes en Mineral de la Reforma, segundo municipio conurbado de la zona metropolitana de Pachuca, capital de Hidalgo.

Los Montealegre son integrantes del grupo político de Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), preso en el penal federal del Altiplano por su probable responsabilidad en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos.

A propuesta de este grupo, Germán Montealegre es candidato a síndico por Mineral de la Reforma. En días recientes su hermana acudió al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena para reunirse con el dirigente Alfonso Ramírez Cuellar, quien reconoció que la estructura política de Gerardo Sosa le pidió que respaldara a este personaje tras su detención, el 31 de agosto, al ser parte del partido.

Ahí fue increpada por manifestantes hidalguenses, quienes le recriminaron responder a los intereses de Sosa Castelán y no a los de Regeneración Nacional. En el Congreso, también tuvo confrontaciones públicas con otros legisladores de su misma fracción, quienes le hicieron la misma recriminación.

La Procuraduría de Hidalgo confirmó que el operativo fue por una orden de aprehensión por una denuncia que se sigue en contra de Germán Montealegre por feminicidio en grado de tentativa. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, los agentes lo interceptaron a las 12:20 en la colonia Chacón, frente al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 8.

Posteriormente, la Procuraduría dio a conocer que fue ingresado al penal de Mixquiahuala –municipio en la región del Valle del Mezquital de donde son originarios los Montealegre– a la espera de ser presentado ante el juez de control para la audiencia inicial.

Horas antes, en sesión nocturna del lunes 21, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) dio vista a la Fiscalía Especial en Delitos Electorales (Fepade) para que indague la conducta del esposo de Roxana Montealegre, Alejandro Olvera Mota, representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH), debido a que presentó a destiempo los registros de planillas en nueve municipios –Atlapexco, Yahualica, San Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, Mineral del Chico, Xochicoatlán, Santiago Tulantepec, Juárez Hidalgo y Metztitlán–, con lo que habría violado el derecho de los candidatos. En ninguno de estos encabezaban las planillas miembros de La Sosa Nostra.

Estos tres personajes son una de las familias más cercanas a Sosa Castelán y lo han seguido en su interno de formar un partido político a través de la asociación Proyecto de la Sociedad Hidalguense, después en el PAN, donde Roxana fue candidata a diputada y regidora por Pachuca, y en Movimiento Ciudadano.

El Grupo Universidad, como se identifica también al que lidera Gerardo Sosa, ha acusado una persecución política por parte del gobierno de la entidad y de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano que congeló las cuentas bancarias de la Autónoma de Hidalgo por un requerimiento internacional de la DEA estadunidense por movimientos inusuales de 151 millones de dólares, en febrero de 2019.

Esta es la segunda detención en Hidalgo relacionada, directa o indirectamente, con contendientes en el actual proceso electoral. El 28 de agosto fue aprehendido, cuando aún era presidente municipal de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, cuya esposa, la diputada local con licencia Areli Maya, era la candidata a la alcaldía por Morena.

Camacho, que llegó al cargo por el Partido Acción Nacional (PAN), fue vinculado a proceso y Maya renunció a contender. La Procuraduría local le imputa al exalcalde “agravio a la administración pública municipal”.

Proceso
Áxel Chávez
Ciudad de México
Miércoles 23 de septiembre 2020.


La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó dos denuncias en contra de dos líderes de la organización Antorcha Campesina por el presunto delito de lavado de dinero de mil 500 millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, detalló que estas denuncias son contra dos líderes de Antorcha Campesina, a quienes se les detectó movimientos irregulares por 700 y 800 millones de pesos cada uno.

“Se han presentado hasta el momento dos denuncias relacionadas con Antorcha Campesina básicamente por los delitos de lavado de dinero en razón de que hemos encontrado flujos irregulares de efectivo. Algunos de los líderes de antorcha tienen depósitos por más de 700 millones, otro por 800 millones y consideramos que no está acreditado el origen de esos recursos”.

El funcionario federal agregó que se ha congelado una cuenta más y se alista otra denuncia en contra de un grupo de Antorcha Campesina en el estado de Guanajuato.

También se ha hecho el congelamiento de cuenta de un tercer grupo de Antorcha Campesina en el estado de Guanajuato. Se encontraron también operaciones y estamos en este momento preparando la denuncia correspondiente.

El 24 e agosto pasado, la UIF anunció que bloqueó cuentas de un líder de Antorcha Campesina en Puebla, así como de otras personas vinculadas con la organización. También de empresas relacionadas con Antorcha Campesina, organización que tiene una red de vinculación con constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria dentro del Estado de México.

La UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó que, mediante un análisis, se logró identificar que Antorcha Campesina, durante el periodo comprendido entre los años 2009 a 2019, realizó depósitos en efectivo por más de 988 millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos.

Uno TV
Uriel Calderón
Ciudad de México
Lunes 14 de septiembre de 2020.


En su denuncia de hechos, Emilio Lozoya informó de presuntas conductas delictivas de altos exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, incluyéndolo a él, al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, según reveló el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Gertz Manero también reveló que Lozoya mencionó una obra a la que se le “dieron una serie de privilegios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas graves”, es decir “Etileno XXI”, una planta ubicada en la zona de Coatzacoalcos, donde las empresas Braskem e Ideas son socias.

Se calcula que ese proyecto de 2 mil 500 millones al año y que funcionaba porque Petróleos Mexicanos le suministraba el etano que requería, a través de condiciones preferenciales, como un precio de hasta 29% menos del que se manejaba originalmente, y la obligación de Pemex de ofrecerle 66 mil barriles diarios a partir de su producción o comprándolo a terceros.

Las negociaciones para dicho contrato tuvieron lugar en febrero de 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, y los términos que ellos decidieron siguieron vigentes al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Además, en 2009 se instalaron mesas de trabajo en Los Pinos para concretar los detalles para Etileno XXI, operadas por Patricia Flores; también hubo mesas de trabajo en la Secretaría de Hacienda y en la de Energía.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que todos los mencionados deberían declarar: Felipe Calderón, Agustín Carstens, Georgina Kessel, Patricia Flores, José Antonio Meade, Jordy Herrera, entre otros.

El periodista Salvador García Soto escribió en su columna para El Universal que la investigación que abrirá la FGR por presuntos hechos de corrupción con Odebrecht que derivaron en “privilegios y daños graves al erario” para la instalación de Etileno XXI será la vía para llevar a Calderón a la barandilla judicial y obligarlo a rendir cuentas de lo que fue un “narcoestado”.

Según escribió, esa fue una de las principales negociaciones con Lozoya, a quien se le otorgaron múltiples beneficios y concesiones como “testigo colaborador”.

“La información adicional que le interesaba a la Fiscalía y al gobierno de López Obrador -dice García Soto- era lo que Emilio Lozoya sabía sobre los tratos y sobornos que Marcelo Odebrecht tuvo con el gobierno de Felipe Calderón, cuando vino a México en el año 2009 para explorar la posibilidad de instalar un complejo petroquímico en la zona petrolera de Coatzacoalcos para venderle a Pemex el etano procesado”, escribió García Soto.

Emilio Lozoya mantenía una cercana amistas con Marcelo Odebrecht, por lo que conocía muy bien los contactos y las negociaciones que éste tuvo con el gobierno de Calderón y con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Polemón
Ciudad de México
Lunes 14 de septiembre de 2020.


Los dueños del agua en Chihuahua son políticos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al abordar el conflicto incitado en esa entidad en contra del Tratado de aguas con Estados Unidos. Y presentó datos de 16 militantes de esos partidos, pero también de uno más de Movimiento Regeneración Nacional.

El primer mandatario mostró dos diapositivas donde exhibe los verdaderos intereses de quienes están detrás de las protestas de campesinos y ejidatarios, que ya han costado la vida a dos personas.

Los priístas

En una de esas diapositivas se observan las fotografías de Fernando Baeza Meléndez, José Reyes Baeza Terrazas y César Duarte, exgobernadores de Chihuahua, así como de Jaime Ramírez Carrasco, alcalde de San Francisco de Conchos; y Héctor Baeza Terrazas, exalcalde de Delicias, en donde se aprecian las conexiones entre esos políticos priístas y el acaparamiento del recurso hídrico.

A Fernando Baeza Terrazas se e identifica de la siguiente manera: “exgobernador de Chihuahua (1986-1992), señalado por corrupción cuando era embajador en Costa Rica; usuario [de aguas] en los Módulos 7 y 8 en el DR [Distrito de Riego] 0005. En 2017 adquirió una propiedad de 7.6900 hectáreas en Saucillo (terreno rústico)”.

A él se le liga con sus sobrinos José Reyes Baeza Terrazas y Héctor Baeza Terrazas. Del primero se apunta: “exgobernador de Chihuahua (2004-210), es usuario en los módulos [de agua] 1 y 2 del DR 005, contacto directo con representantes de módulos, investigado por la FGR por nexos con el Cártel de Juárez”. Mientras que de Héctor Baeza se informa: “exalcalde de Delicias (2001-2004), expresidente de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento con César Duarte”, y se agrega una conexión con este último, pues Héctor fue coordinador de la precampaña de Duarte.

De inmediato se lee la referencia al priísta César Duarte: “exgobernador de Chihuahua (2010-2016), detenido por peculado en Estados Unidos, construyó una presa en uno de sus seis ranchos, con varios pozos en sus propiedades”.

En la gráfica también se señala a Jaime Ramírez Carrasco: “alcalde de San Francisco de Conchos, opositor a la apertura de las presas, especialmente en La Boquilla, apoya el movimiento de agricultores en el estado”.

En su conferencia, López Obrador aseguró: “cuando se trata de corrupción, eso los une porque el manejo del agua tiene que ver con las autoridades municipales. Se sienten los dueños del agua. Todos están vinculados con el agua. Son intereses creados”.

Políticos del PAN

Y es que en la otra diapositiva relativa a políticos del PAN también se observan esos nexos en torno al vital líquido. Ésta inicia con la referencia a Andrés Valles Valles: “presidente del módulo 4 DR [Distrito de Riego] 005, principal incitador de la violencia en las manifestaciones, presunto autor intelectual de la violencia en Delicias”. Y se le vincula con el morenista José Francisco Ramírez Licón, alcalde de Rosales y presidente del módulo de riego 6 DR 005: “se les visto juntos en las protestas violentas y en el bloqueo de Chihuahua capital”.

De éste último se indica el nexo parental con el panista Agustín Jaime Ramírez Licón, su hermano. Otros dos panistas que figuran en la gráfica son Ismael Pérez Pavia, alcalde de Meoqui, y Arturo Zubía Fernández, alcalde de Camargo, quienes se identifica de la siguiente forma: “apoyan el movimiento de los agricultores en el tema del agua”.

Además, figura Eliseo Compeán Fernández, alcalde panista de Delicias: “encabezó el contingente en el 66/o Batallón de Infantería, ante el ataque de campesinos el pasado 8 de septiembre, es opositor activo con el tema del agua en el estado”.

Otros que aparecen mencionados son Velia Aguilar Armendáriz y Jorge Aldana Aguilar. De éste último se apunta que es “nogalero, presidente del módulo 1 Agua Rodada DR 113”, así como que su madre, Velia, “fue diputada federal en 2009 por el PAN”.

También se menciona con dos nexos a Mario Mata Carrasco, diputado federal del PAN. De él se indica: “exalcalde de Delicias (2010-2013), apoyó a César Duarte en su campaña, fue presidente de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de 2016 a 2018, fue acusado de autorizar un proyecto inmobiliario de 700 millones de dólares con lago privado que derrochó millones de litros cuando fue alcalde de Delicias”.

Y en sus nexos están: Salvador Alcántar Ortega, “presidente de UARECH, líder del Movimiento de Productores y Agricultores en el estado”. Y la liga entre ambos se establece porque: “se les ve juntos en la mayoría de los mítines”. El segundo nexo es con Jesús A Valenciano García, “diputado local del PAN, ex regidor de Delicias, ex particular de Mario Mata, dio ultimátum de 24 horas a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para retirarse de las presas”.

Finalmente aparece Álvaro Madero Muñoz: “familiar de Gustavo Madero [senador por el PAN que también ha participado en las protestas pero que no fue incluido en la gráfica más que por esta referencia], tiene tierras en los módulos 3 y 4 en el DR 005 (nogales y alfalfa), su familia tiene contacto directo con los directivos del módulo”.

Contralínea
Ciudad de México
Viernes 11 de septiembre de 2020.


El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró hoy gráficas de montos contratados a Letras Libres, editorial Clío y Nexos, para luego afirmar que, como ahora no los reciben, los intelectuales al frente de dichos grupos editoriales “están enojados”.

La pregunta era sobre la salida de 10 mandatarios estatales de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y de repente, el presidente López Obrador pidió mostrar lo que recibían grupos como Nexos, identificando a su líder, Héctor Aguilar Camín, así como Letras Libres-Editorial Clío, de Enrique Krauze.

Una larga disertación del presidente sobre el porfirismo, el neoliberalismo, la corrupción y su idea de cambio, enmarcó los señalamientos, que incluyeron críticas al Instituto Nacional de Transparencia, a los medios de comunicación en general y, de manera destacada, al otorgamiento de un crédito al diario El Financiero que fue mencionado en la denuncia interpuesta por Emilio Lozoya sobre delitos del sexenio pasado, y hoy el mandatario dijo haber confirmado.

“Hace poco yo me quedé sorprendido. Soy el presidente del país, leo la declaración del señor Lozoya y hay una parte donde dice que por instrucciones de arriba le dan un crédito a un periódico de 100 millones de dólares. Ahí está en la declaración de Lozoya: El Financiero.

“La banca de desarrollo, que es pública, le otorga un crédito de 100 millones de dólares ¡no lo creía! Hablé con el director de Nacional Financiera y le digo, por favor ve en los archivos si esto es cierto, lo que dice el señor Lozoya. Y sí, es un crédito de 100 millones de dólares”.

Hasta ahora, la confirmación de ese crédito al mencionado diario es el primero en darse a conocer pues la información es confidencial por secreto bancario.

La información referente a Letras Libres-Clío y Nexos, fueron planteadas como una revelación por el mandatario, quien dijo antes no se conocía, no obstante que el seguimiento de ese tipo de contratos y montos ha sido documentado por organizaciones ciudadanas como Fundar-Artículo 19, y publicadas cada año en el semanario Proceso añadiendo búsquedas al sistema Compranet.

Los datos fueron ofrecidos por el vocero presidencial, para un acumulado en la suma de los egresos a favor de Letras Libres Clío por 90.4 millones de pesos en contratos de diversos servicios, así como 74.5 millones en publicidad, entre 2006 y 2018.

En el caso de Nexos, sus ingresos suman 140 millones de pesos en el mismo período, de los cuales 87 millones corresponden a publicidad.

Aun cuando las cifras expuestas por el mandatario son millonarias, resultan inferiores en comparación con diversos medios. Por ejemplo, en el caso de Televisa y sus diferentes servicios (televisión, editorial e internet) la empresa obtuvo contratos por seis mil 929 millones de pesos. En tanto, Televisión Azteca tuvo ingresos cercanos a los cinco mil 320 millones de pesos, mientras que Grupo Imagen, consiguió cerca de cuatro mil millones, sólo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, conforme a los datos abiertos que, contra lo dicho por el mandatario, sí ha sido pública.

Proceso
Ciudad de México
Arturo Rofríguez García
Martes 8 septiembre 2020.


La compra incluyó el pago de un soborno destinado a financiar campañas electorales del PRI


Ciudad de México.- Antes de ser extraditado desde España, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, declaró que el expresidente Enrique Peña Nieto fue advertido que la compra de la planta Fertinal -localizada en Michoacán- implicaba un daño a la Nación, de acuerdo con información del semanario Proceso.

No obstante, Lozoya indicó que Peña Nieto "presionó" para que se llevara a cabo la compra, que entre otras cosas benefició a Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

La transacción, asegura el semanario, incluyó el pago de un soborno destinado a financiar campañas electorales del PRI.

Además, anota, esa declaración no figura en la carpeta de investigación que tiene la Fiscalía General de la República (FGR).

La publicación indica que, durante las negociaciones para su extradición de España, Emilio Lozoya entregó a las autoridades de ese país una declaración sobre la compraventa de Grupo Fertinal.

Respecto al soborno, el ex director de Pemex dijo que Peña Nieto y Videgaray le confesaron que en diciembre de 2015 esos recursos "se entregarían en efectivo, en dólares o en pesos, en los siguientes meses" y que esto se operaría con Luis Vega Aguilar, exsecretario de Finanzas del PRI.

Lozoya ofreció este testimonio a la FGR mientras negociaba los términos de su extradición y buscaba un "criterio de oportunidad" para reducir su condena de regreso a México, detalla la publicación.

La compra de la planta de fertilizantes tuvo un costo de 635 millones de dólares y Pemex pagó con dos créditos, uno de 507 millones de dólares de Nacional Financiera y Bancomext, y otro de Banco Azteca.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el 27 de agosto que se investiguen los créditos otorgados por ambos bancos del Gobierno para la planta, cuando los titulares eran Enrique de la Madrid y el actual Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.

En conferencia desde la capital de Coahuila, el Mandatario fue cuestionado sobre la falta de transparencia de esos contratos, pues las instituciones han argumentado que no se puede revelar información sobre esas operaciones, debido a que se encuentran protegidas por el secreto bancario.

Reforma
Ciudad de México
Domingo 06 septiembre 2020.


Chihuahua.- La juez de control María Guadalupe Hernández dictó ayer por la mañana prisión preventiva contra el abogado Juan Ramón Collado como medida cautelar por el delito de peculado por 13.7 millones de pesos, presuntamente desviados de las arcas de Chihuahua mediante la simulación de un contrato por servicios jurídicos que no se brindaron al gobierno estatal entre 2013 y 2104, y cuyo destinatario final habría sido el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

A cambio, el ex mandatario federal habría apoyado al entonces gobernador César Duarte Jáquez para convertirse en presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, lo cual finalmente no ocurrió. Lo anterior, según el agente del Ministerio Público local que formuló los cargos contra Collado, en audiencia celebrada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), César Augusto Peniche, confirmó que Salinas de Gortari es señalado y podría ser citado a declarar ante tribunales locales, para que rinda información por los hechos que se le atribuyen, pero lo tendrá que valorar el Ministerio Público.

De acuerdo con la declaración del testigo de identidad reservada FOB57RA/2019, a finales de 2012 Duarte Jáquez recibió a Salinas de Gortari y a Collado en su rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, para pactar el apoyo del ex presidente en la aspiración de dirigir el tricolor.

Juan Collado compareció ante el tribunal en Chihuahua por videoconferencia desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y la jueza María Guadalupe Hernández le dictó prisión preventiva y fijó el próximo 6 de septiembre como fecha para la audiencia de vinculación a proceso.

La diligencia inició a las 11 de la mañana del miércoles y concluyó a las seis de la mañana de ayer; ahí, Collado, acompañado de dos abogados, escuchó los cargos que le formuló la fiscalía de Chihuahua, y ejerció su derecho a no declarar.

Según el testigo, César Duarte pidió a Carlos Salinas que lo apoyara para ocupar la dirigencia nacional priísta y ordenó el desvío de recursos públicos por 13.7 millones de pesos, que fueron entregados a Juan Collado con la justificación de asesorías jurídicas, las cuales no proporcionó.

Entre 2013 y 2014 Collado recibió cinco transferencias bancarias que sumaron 13 millones 780 mil pesos, por instrucción de Duarte Jáquez debido al compromiso que asumió con Salinas a cambio de recibir su respaldo.

La FGE presentó como evidencias los comprobantes de las transferencias bancarias desde dos cuentas del gobierno de Chihuahua a una perteneciente al imputado, la número 0451218506, de BBVA Bancomer.

Según el Ministerio Público, Juan Collado, junto a distintos servidores públicos y personas externas, concertaron y efectuaron el desvío de los 13 millones 780 mil pesos del erario, entre enero de 2013 y marzo de 2014.

Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico del gobierno del estado, a cargo del panista Javier Corral Jurado, informó que Juan Collado es acusado de peculado agravado, según la causa penal 778/200.

El miércoles, Corral Jurado afirmó que los 13.7 millones de pesos fueron para cumplir un compromiso de César Duarte con Carlos Salinas para que lo impulsara a la dirigencia nacional del PRI, incluso hay quien dice que tuvo aspiraciones de ser presidente de la República.

En contubernio con el ex presidente, el entonces gobernador acordó la extracción de esos recursos que eran patrimonio de los chihuahuenses; convinieron sacar recursos por la vía de este abogado (Juan Collado) y el modelo operó en otros estados.

Señaló que Collado habría operado el desvío de recursos públicos en Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa mediante el mismo esquema que utilizó en Chihuahua, un método de simulación con el cual facturaba cantidades millonarias por servicios o asesorías de tipo jurídico.

Juan Collado fue detenido el 9 de julio del año 2019 por la Fiscalía General de la República, acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

César Duarte está preso en Miami, Florida, desde el 8 de julio pasado y en espera de ser extraditado a México para que responda ante las autoridades de Chihuahua y las federales por acusaciones de actos de corrupción.

La Jornada
Jesús Estrada
Rubén Villlapando
Corresponsales
Chihuahua, México
Viernes 4 de septiembre de 2020.


Uno de los hermanos del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, se anotó su primera victoria en la administración de Andrés Manuel López Obrador al ganar un contrato con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Se trata de David Amadeo Barbosa Huerta, quien con su empresa Geotecnologías Bioterra de Chiapas S.A. de C.V., en consorcio con Promotora y Desarrolladora Clave, S.A. de C.V., se hicieron de un contrato por 4 millones 480 mil pesos sin IVA, según informó el portal EME EQUIS.

De acuerdo con el registro de Compranet, el contrato se inició el pasado 6 de febrero y concluirá el 31 de diciembre de este año. El Centro SCT de Chiapas lo otorgó mediante licitación pública presencial.

El objeto es la conservación de terracerías, obras de drenaje, pavimentos y señalamientos de caminos rurales y alimentadores, con una longitud de 148 kilómetros (en tramos aislados), distribuidos en seis caminos pertenecientes a los municipios de: Chilón, Altamirano y Ocosingo.

El 15 de enero de 2020 la SCT notificó el fallo a los 39 participantes, luego de que en diciembre se habían llevado a cabo la presentación y apertura de proposiciones. Sin embargo, se observa que en la lista de presentes sólo acudió el consorcio en el que participa la empresa del hermano de Barbosa Huerta.

Fue la única firma que asistió

La única firma del fallo es precisamente la de Beatriz Fernández Pérez, en representación de Geotecnologías Bioterra de Chiapas y Promotora y Desarrolladora Clave. Los restantes 38 espacios sólo tenían el nombre de la empresa, sin firma de asistencia y con la anotación NO ASISTIÓ en mayúsculas.

Ese día, de las 39 empresas participantes, se anunció que los ganadores eran Geotecnologías Bioterra de Chiapas y Promotora y Desarrolladora Clave, al ser la propuesta económica más baja y al cumplir con los demás requisitos.

“Una vez analizadas y evaluadas cuantitativa y cualitativamente las propuestas recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles, conforme a los criterios de evaluación…la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por LA CONVOCANTE es la presentada por: GRUPO FORMADO POR: GEOTECNOLOGÍAS BIOTERRA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. Y PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE, S.A. de C.V., por lo tanto, se adjudica el contrato”.

Geotecnologías Bioterra de Chiapas se constituyó en 2010, de acuerdo con el Registro Público de Comercio, siendo David Amadeo el socio mayoritario con 260 acciones.

Miguel Barbosa ya había sido exhibido en 2018 por el entonces vocero del Gobierno de Puebla, Max Cortázar, por tráfico de influencias. Señaló que se valió de su puesto que tenía en el Senado de la República para beneficiar a su hermano, ya que en 2015, a través de Geotecnologías Bioterra de Chiapas, de igual forma con la SCT, ganó cuatro contratos por más de siete millones de pesos.

De acuerdo con una nota periodística de El Universal, además de los siete contratos obtenidos con la SCT en 2015 a través de Geotecnologías Bioterra de Chiapas, halló que en total había ganado 46 contratos del gobierno federal por 45 millones de pesos. David Amadeo Barbosa Huerta aparecía relacionado con otras dos empresas como representante legal, se trata de Ecotono Estudios Ambientales, S.A. de C.V. y de Geo Bios Sustentabilidad Ambiental, S.A. de C.V.

En respuesta a ese medio de circulación nacional, Miguel Barbosa Huerta dijo que él no tenía que ver con las actividades empresariales de su hermano.

El ahora gobernador de Puebla aseguró entonces que aquello se trataba de una “guerra sucia” del PAN en su contra y que su hermano era un hombre honorable y honesto. En estos días también está en entredicho por las declaraciones de Emilio Lozoya, quien menciona que Barbosa le pidió un favor para mover de puesto a otro de sus hermanos, Felipe de Jesús Barbosa Huerta.

El gobernador de Puebla no sólo ha sido señalado por sus hermanos. Apenas el 15 de julio, Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, acusó a Miguel Barbosa de corrupto, pues según él se enriqueció durante la administración de Enrique Peña Nieto.

En su cuenta de Twitter, Díaz Durán compartió una foto de Miguel Barbosa con Emilio Lozoya, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, con un mensaje de que el gobernador se hizo millonario al votar a favor en casi todas las reformas estructurales de EPN y que compró la casa del expresidente Miguel de la Madrid, señaló el portal EME EQUIS.

e-consulta
Puebla, México
Viernes 28 de agosto de 2020.

Página 1 de 48

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Síguenos en Twitter