Gobierno estatal emite un decreto

La administración estatal asumirá el control de la seguridad pública en la capital de Puebla, informó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien indicó que la acción se realizará primero por la vía jurídica y posteriormente se procederá a la inspección de las instalaciones.

El mandatario indicó que su decisión fue publicada en la edición de este miércoles del Periódico Oficial del Estado, por lo que con ello inicia el procedimiento jurídico para que sea el estado el que esté al frente de la Policía capitalina.

Barbosa dio a conocer su determinación en su conferencia de prensa de este miércoles, en la que fue cuestionado sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para negar al ayuntamiento de Puebla una solicitud para detener cualquier acto que el gobierno del estado realizara en relación con las fuerzas policiales.

Atienden demanda por controversia constitucional

El gobernador detalló que con la determinación de la Corte, su gobierno iniciará un procedimiento legal para asumir el control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y después se realizarían acciones como la supervisión del personal y las instalaciones.

Barbosa recordó que la SCJN aún analiza una demanda de controversia constitucional que el ayuntamiento inició para que sea esta instancia la que determine si el Ejecutivo del estado tiene o no facultades para designar a un delegado de seguridad pública en la capital, que seguirá su curso.

Mientras tanto, señaló que hará valer la designación de Carla Morales Aguilar como delegada de seguridad pública, nombramiento que realizó hace 15 días y que, aseguró, fue consensuado con Rivera Vivanco.

El nombramiento fue rechazado por la presidenta municipal, quien ante el rumor de que Barbosa asumiría por la fuerza el control de la policía, decidió recurrir a la SCJN.

El mandatario hizo un llamado a Claudia Rivera para que actúe con “prudencia”, pues aseveró que el objetivo de su decisión es mejorar la seguridad en la ciudad, a raíz de la inacción de la policía capitalina.  

En su conferencia de este miércoles, el gobernador reiteró sus señalamientos de inacción y negligencia de la SSC, pues dijo que si hay reducciones en el índice delictivo del municipio se deben a que su gobierno intervino y realiza operativos en la Zona Metropolitana.

“… están a la baja los índices delictivos y la evidencia clara es que bajaron en agosto cuando nosotros entramos y ellos nada han hecho, se dedican sólo a administrar los asuntos de seguridad pública pero no a resolverlos. Estoy obligado porque así me lo pidió el pueblo y no voy a detenerme; con mando o sin mando no voy a detenerme”, refirió.

Instruye Claudia Rivera a titular de la SSC alinearse con el Gobierno del Estado

Celebró poder nombrar y remover a la secretaria de Seguridad Ciudadana

Tras la publicación del decreto del Gobierno del Estado para asumir por la vía jurídica el control de la seguridad pública en la capital poblana, la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, instruyó a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales Martínez, para que alinee a la corporación a las instrucciones del gobierno del estado.

En un comunicado de prensa, la alcaldesa expresó que leyó con detenimiento el decreto publicado por el gobierno del Estado y “coincido con el gobernador, Luis Miguel Barbosa, en la necesidad de una coordinación total de los órdenes del gobierno en materia de seguridad”.

Es así que el Ejecutivo de Puebla asumirá la seguridad de la capital, no obstante, este proceso se hará en conjunto con el municipio.

De igual forma, celebro el respeto de la autonomía municipal para nombrar y remover a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Instruyo a la titular, Lourdes Rosales Martínez para alinear a la policía municipal a las instrucciones del Estado y que en total apego a la libre hacienda municipal se coordine con este gobierno
dijo Rivera Vivanco en el comunicado.

Para finalizar, la alcaldesa recalcó su obligación de reservarse el derecho a defender la autonomía municipal constitucional conforma a la ley en éste y en todos los casos que sea vulnerada.

Lo anterior se dio luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación negara al Ayuntamiento su solicitud para frenar que el gobierno del estado tomara el mando de seguridad en la capital. Incluso el gobernador Miguel Barbosa informó que emitirá un decreto para asumir las funciones, que ya le había solicitado a la presidenta municipal para el mando coordinado.

El gobernador rechazó tomar de manera física la Policía Municipal, ya que asumir la seguridad en la capital no implicará las mismas acciones que realizaron los gobiernos anteriores que tomaron por la fuerza el control de las corporaciones.

e-consulta
Patricia Méndez
El Sol de Puebla
Alba Espejel
Ciudad de Puebla
Miércoles 25 de marzo de 2020.


Los pobres estarían inmunes, señala en conferencia de prensa


“Los pobres estamos inmunes” al coronavirus, señaló el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta al señalar que la mayoría de contagios en Puebla corresponden a personas “ricas” que cuentan con la capacidad económica para viajar al extranjero.

Hasta este miércoles, la Secretaría de Salud del estado reportó 38 casos de transmisión del virus, de los que dos son comunitarios y el resto “importados”, es decir, de personas que viajaron a lugares de riesgo como España, Italia y Estados Unidos.

En conferencia de prensa este miércoles, el gobernador fue cuestionado sobre qué tipo de apoyos se analizan para jefes de familia que pudieran verse incapacitados por un contagio, a lo que señaló que muchos de los casos están en esa situación, pero son adinerados.

“… la mayoría son gente acomodada, eh, ¿si lo saben o no?, si ustedes son ricos tienen el riesgo, si ustedes son pobres, no, los pobres estamos inmunes”, declaró.

Entre los casos “importados” a los que Barbosa hizo referencia, destacan por lo menos cinco personas que viajaron a un torneo de snowboard en Vail, Estados Unidos, y algunas viven en el fraccionamiento La Vista.

Un grupo de seis jóvenes con contagio regresó de Europa, a donde visitaron ciudades como Amsterdam.

Barbosa Huerta reprochó previamente que quienes regresaron del extranjero no tomaron las medidas sanitarias necesarias como permanecer en aislamiento domiciliario, pues hicieron vida social sin tomar en cuenta que provenían de lugares con alta circulación del patógeno.

Cabe señalar que la declaración del mandatario poblano ya no se encuentra en el video que el gobierno del estado difunde a través de sus plataformas digitales como Youtube y Facebook.

Suman 38 casos

De las 38 personas con el virus, ocho están en un hospital y de estos, siete están estables y una persona tiene un estado de salud delicado, pero se encuentra en un nosocomio de la Ciudad de México.

De la suma de casos, dos corresponden a personas que no tuvieron contacto con alguien que viajó al extranjero, por lo que las autoridades ya los ubican como transmisión local u “horizontal”.

José Fernando Huerta Romano, subdirector de Vigilancia Epidemiológica, indicó que es inevitable que surjan contagios por transmisión comunitaria, al tratarse de la dispersión de un virus, por lo que recomendó a los poblanos seguir medidas de prevención de forma estricta a fin de evitar más contagios.

Por su parte, el secretario de Salud de Puebla, Jorge Humberto Uribe Téllez, refirió que hay ocho personas hospitalizadas: 1 en el Hospital de Cholula, 3 en el Hospital de Puebla; 1 en Hospital Los Ángeles, 2 en el ISSSTEP y uno que se trasladó a la Ciudad de México.

Barbosa Huerta rechazó que haya sospecha de contagio en la Academia Ignacio Zaragoza que se encuentra en Amozoc, pues dijo que las clases se suspendieron porque es una recomendación a nivel federal.

En cuanto al primer día de operaciones de la aplicación Covid-19 para celulares, comentó que se registraron 535 visitas de las que 413 se ubicaron en color verde, que representa un riesgo nulo; otros 53 fueron amarillos por tener algún indicio de prevención, y 69 son casos de alerta por lo que corresponden al color rojo.

De los casos de alerta, cinco fueron positivos. El IMSS identificó a cuatro personas y salud del estado uno.

e-consulta
Patricia Méndez
Ciudad de Puebla
Miércoles 25 de marzo de 2020.


•    Se trata de dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas

•    Son cuatro convenios por un presunto desvío de más de 186 millones de pesos

Ciudad de México. - La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la justicia federal una audiencia para imputar a dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas por un presunto desvío de más de 186 millones de pesos, por el caso de la llamada "Estafa Maestra".

Se trata de Rafael Zozaya Nucamendi, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapa, secretario administrativo de la institución, quienes ya fueron requeridos para una audiencia de imputación.

Los presuntos implicados iban a comparecer esta semana en el Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, pero debido a la cancelación de actividades del Poder Judicial de la Federación (PJF), por el Covid-19, la audiencia fue pospuesta para después del 20 de abril.

De acuerdo con informes del PJF, será el primer caso en el que la FGR fincará el delito de peculado, ya que en los anteriores sólo ha imputado ilícitos como ejercicio o uso ilícito de atribuciones y facultades.

Este caso corresponde a cuatro convenios específicos suscritos en octubre de 2015 entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la UPCH, por un monto de 186 millones 113 mil 374 pesos.

La Universidad debía entregar a la Sedatu un análisis de zonas económicamente exclusivas y diagnósticos de ordenamiento territorial y asentamientos de Puerto Chiapas; municipios de Michoacán y Guerrero, colindantes con Lázaro Cárdenas y del Corredor Inter-oceánico, en el Istmo de Tehuantepec.

En marzo y abril de 2016, la Sedatu pagó la totalidad de los convenios con recursos presupuestales de ese año y del anterior, cuando fueron suscritos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Argumentado que no tenía el tiempo suficiente para un procedimiento de licitación, la UPCH subcontrató los servicios mediante adjudicación directa con la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., por una suma de 81 millones 642 mil 800 pesos.

La empresa subcontratada por la Universidad cobró sin prestar un servicio y, además, la UPCH se quedó con más de 104 millones de pesos, el 56 por ciento de los recursos que recibió de Sedatu.

Según las pesquisas, la empresa también subcontrató a otras cuatro razones sociales que dispersaron los recursos con 11 compañías y 9 personas físicas.

De acuerdo con la imputación, los más de 104 millones no sólo no fueron utilizados para la ejecución de los servicios con Sedatu, sino que la UPCH usó ese dinero para adquirir una solución tecnológica Big Data y dos camionetas, lo que presuntamente evidencia que los recursos públicos fueron destinados a fines distintos para los que fueron autorizados, es decir, constituye el desvío o peculado.

El 6 de abril de 2017 el Rector de la UPCH comunicó por escrito a la ASF que no se habían realizado antes estudios similares a los prestados a la Sedatu, por lo que no tenían experiencia y manifestó que "fueron invitados a participar en el proyecto directamente por la titular de la Sedatu (Rosario Robles)".

Reforma
Ciudad de México
Sábado 21 de marzo 2020.


Tecomatlán, Pue. - Nadie sabe para quién trabaja… El Movimiento Antorcha Nacional realiza una especie de juegos nacionales a los que llama “Espartaqueada” y en los cuales participan atletas de alto rendimiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Es decir, son talentos desarrollados con dinero federal que compiten para una de las organizaciones que más ha cuestionado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y van por más: en entrevista con Proceso, un dirigente antorchista adelanta que vía la presión social pretenden conseguir 300 millones de pesos para concluir un complejo deportivo.

Una veintena de atletas del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar), que se preparan con dinero del gobierno federal, participó en la Espartaqueada, una competencia que cada dos años realiza el Movimiento Antorcha Nacional, la organización civil que más ha protestado contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El grupo encabezado por el entrenador Alejandro Salvador Cruz salió de dicha instalación (federal) en el transporte que los dirigentes deportivos antorchistas del Estado de México pusieron a su disposición para viajar durante cinco horas hasta Tecomatlán, Puebla, en plena Sierra Mixteca, para competir el 2 de febrero último.

Con las medallas que obtuvieron los atletas del Cnar, el Estado de México terminó en el primer lugar de la justa, con 728 puntos, delante de Puebla (619), Veracruz (495) y Michoacán (433).

Pero no sólo los deportistas del Cnar participaron, también lo hicieron otros que ya han visto acción en la Olimpiada Nacional –ahora Juegos Nacionales– que cada año organiza la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). En la categoría de Primera Fuerza y también en las juveniles compiten quienes son entrenados por los institutos del deporte de los estados.

A la Espartaqueada –realizada del 1 al 9 de febrero último– también asistió el subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Israel Benítez, quien acompañó a su hijo a competir y aprovechó para reunirse con su amigo Samuel Aguirre Ochoa, presidente de la Comisión Nacional Deportiva del Movimiento Antorchista.

“Vino en calidad de padre de familia y de amigo mío desde hace 15 años. Estuvo aquí viendo las competencias porque antes de trabajar en la Conade ya había participado en varias Espartaqueadas con nosotros”, explica Aguirre.

–¿No le cuestionó qué hacen aquí los atletas del Cnar, dado que el gobierno federal no quiere darle nada a las asociaciones civiles?

–La amistad está por arriba de las cuestiones políticas. Él conoce la Espartaqueada desde hace años. Hay muchos muchachos que están en el Cnar que han participado en nuestra competencia. Vinieron varios jóvenes del Cnar y por eso ayer (2 de febrero) el Estado de México se fue arriba en puntos. Ellos compiten por el Estado de México porque en los selectivos municipales, regionales y estatales representaron a esa entidad y esas son las reglas que pusimos.

“Nosotros hacemos una convocatoria abierta en la que asistieron los muchachos del Cnar y vienen a ayudar a ganar. El reto que tenemos es que aquí a dos años los deportistas de nuestro movimiento le ganen a los del Cnar. Nuestra meta también es pasar al alto rendimiento. En un principio buscamos masificar el deporte, pero también estar en la Olimpiada Nacional, ahora Juegos Nacionales, y pensar en alcanzar competencias internacionales.”

Quieren dinero de la Conade

Samuel Aguirre pidió a Israel Benítez que lo ayude a gestionar un encuentro con la titular de la Conade, Ana Guevara, para pedirle que la dependencia del deporte nacional le otorgue al movimiento antorchista los 300 millones de pesos que necesitan para concluir un complejo deportivo que están construyendo en Xalapa, Veracruz.

Se trata de la Escuela Nacional del Deporte que creó Antorcha Nacional. Es una universidad para formar a los futuros entrenadores de México. El terreno se los dio el gobierno del estado; el municipio de Xalapa les otorgó otra parte para construir aulas y una villa deportiva. Sin embargo, el complejo acuático se quedó a medias: hay una alberca olímpica y una fosa de clavados en obra negra. Como los recursos que generan son insuficientes, ven como única alternativa que el gobierno federal financie la conclusión del proyecto.

“Se requiere hacer un techo caro y la cimentación. Ya están las albercas, pero no están techadas y no las hemos podido poner a funcionar. Queremos que la Conade nos dé el dinero para terminarlas. Si formamos buenos entrenadores vamos a contribuir para el deporte de México.”

–Guevara le dirá que ya existe la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), que no se necesita otra…

–Pues esa escuela ya tiene mucho tiempo y no ha resuelto el problema de tener más y mejores entrenadores.

Justamente un egresado del Cnar y de la ENED es –desde hace dos años– el responsable de coordinar el atletismo a nivel nacional en Antorcha. Se llama Miguel Patiño, un medio fondista que vivió cinco años en dicha instalación deportiva donde recibió hospedaje, alimentación y entrenamiento hasta que las lesiones y la indiferencia del presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, Antonio Lozano, lo empujaron al retiro.

Este exatleta mexiquense fue reclutado y entrenado por Alejandro Salvador Cruz. Después de egresar de la ENED en 2010 fue invitado a sumarse al movimiento antorchista para trabajar en los clubes populares llamados Espartaco, para desarrollar y masificar el atletismo entre los niños y jóvenes de más bajos recursos de los municipios de La Paz y Chimalhuacán, en el oriente del Estado de México.

Patiño también funge como el director del Deporte del municipio de Chimalhuacán, que gobierna el PRI, y combina su labor como coordinador nacional de atletismo de Antorcha, de ahí que fue el responsable de convocar a los atletas del Cnar para el campeonato estatal en el que ganaron su lugar para la Espartaqueada.

“Al campeonato estatal en Chimalhuacán fueron los atletas del Cnar y también los del Instituto del Deporte del Estado de México. Los que quedaron en los primeros lugares obtuvieron su pase para la Espartaqueada.

“Los jóvenes se convencen de venir a competir cuando ven las instalaciones, las excelentes condiciones que tenemos en el municipio de Tecomatlán, a una altura de 900 metros sobre el nivel del mar. Como vienen deportistas de primera fuerza de todo el país les beneficia (estar aquí) para mejorar marcas y complementar su preparación”, agrega Patiño.

Quienes califican a la Espartaqueada tienen transporte, que los recogerá en las puertas del Cnar y ahí mismo los regresará. Tendrán hospedaje y alimentación en uno de los cuatro hoteles que hay en Tecomatlán.

“Los 10 años que llevo con Antorcha siempre los hemos regresado sanos y salvos. Este año participaron unos 21 o 22 muchachos del Cnar en las diferentes pruebas de pista y campo, y entiendo que también vendrán algunos de ciclismo”, dice.

–¿Tuvieron que tramitar un permiso en la Conade o en el Cnar para que pudieran venir?

–Más que el permiso de la Conade, el permiso es con los entrenadores, porque ellos son responsables de esos deportistas. Ellos no vienen solos, vienen con su entrenador. En el caso de atletismo vino Alejandro Salvador Cruz. Vienen todos los entrenadores que hayan calificado a sus deportistas en cualquier disciplina. Del Cnar vinieron unos cinco entrenadores, pero van a venir más.

–¿Les pagan algún seguro para traerlos en caso de una lesión o accidente?

–No, no hacemos ese compromiso. No tenemos para pagarles un seguro, pero el transporte en el que vienen sí tiene seguro.

–¿Si los atletas del Cnar no participaran con ustedes, el Estado de México podría terminar en primer lugar?

–También nos respaldan las otras categorías y tenemos atletas como Miguel Canto Alfaro, nativo de Chimalhuacán que entrena en el club Espartaco y que hace dos años fue campeón de la Olimpiada Nacional en los 800 metros. A él nosotros lo hicimos y no se quiso ir al Cnar. Su hermano Marco también fue campeón nacional en los 400 metros y ellos les ganaron ahora a los del Cnar en esas pruebas y en el relevo 4×400. Son ejemplos de que también hay talento detectado por Antorcha.

“Hemos venido teniendo mejores atletas por la labor de masificación que hacemos como organización, porque tenemos un sistema, una metodología que aplicamos en las colonias donde está la gente que menos tiene. En Chimalhuacán también se desarrollaron en boxeo Lupita Ayala, campeona de la Universiada Nacional; Xóchitl y Citlalli Hernández, medallistas de la Olimpiada Nacional, y Fernando Bautista, de los Juegos Escolares Nacionales. Hay ejemplos de que nuestro proyecto de deportes da resultados.”

Dormir en la escuela

Movilizar a los casi 21 mil deportistas que este año participaron en la Espartaqueada en siete disciplinas deportivas costó 30 millones de pesos. El número de participantes se asemeja a los que anualmente asisten a la Olimpiada Nacional que organiza la Conade y que a partir de 2020 se llamarán Juegos Nacionales. El dinero para financiarla salió de los comités estatales de Antorcha Nacional, quienes obtienen el recurso mediante colectas y rifas.

En el caso del estado de Veracruz, donde Samuel Aguirre Ochoa es el líder antorchista, trasladar y alimentar a su delegación deportiva representó una inversión de 2 millones de pesos. Asimismo, cada comité estatal está obligado a generar sus recursos para construir sus propias instalaciones deportivas, atender a la población que necesita hacer deporte, dotarlas de entrenadores y del material deportivo que requieren.

Aguirre dice que el complejo deportivo de Tecomatlán es el más grande de todos los que tienen, pues cuenta con canchas de basquetbol y voleibol techadas, alberca olímpica, estadio de beisbol, cancha de futbol y pista de atletismo.

Ante la falta de infraestructura hotelera de esta ciudad, donde habitan 5 mil personas, los deportistas que participan en la Espartaqueada se alojan en las aulas de las escuelas: un jardín de niños, una primaria, una secundaria, una preparatoria, así como en las villas del Instituto Tecnológico.

Cada delegación viaja con las colchonetas, bolsas de dormir, cobijas y almohadas, así como con un grupo de cocineras que se instala donde sus deportistas y los familiares que los acompañan se alimentan; pagan los autobuses que los trasladan desde estados como Jalisco, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Chihuahua, Colima y la Ciudad de México, entre otros.

“Nadie nos da un presupuesto. Se pide ayuda a los gobiernos estatales, municipales y al federal y lo que hemos logrado mediante la presión social son algunos terrenos para las instalaciones deportivas, a veces el pago de algunos entrenadores y un poco de material deportivo.

“Antorcha nunca ha tenido subsidio de gobiernos ni de partidos, ni siquiera del PRI, que es el partido con el que hemos participado”, dice Aguirre.

“Vamos a pelear por recursos”

Fernando González, otro de los líderes antorchistas en el oriente del Estado de México, concretamente en el municipio de La Paz, recuerda que cuando fue diputado local por el Estado de México Antorcha tuvo un acercamiento con el exdirector de la Conade Alfredo Castillo, quien aceptó hacer un recorrido por los distintos estados donde tienen instalaciones deportivas.

Después se comprometió a ayudarlos con recursos económicos para operación y mantenimiento, pero nada pasó.

“Como no cumplió le hicimos una marcha en Periférico e Insurgentes y un mitin en la Conade. Había cerca de mil 500 deportistas y nos manifestamos porque se había comprometido a establecer un programa de pago de entrenadores en nuestras instalaciones de Michoacán, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas. Se negó a darnos lo que prometió y al final logramos sacarle algunos recursos.

“Logramos que asignara 100 mil pesos para el pago de entrenadores en Chimalhuacán. Logramos que se inaugurara la alberca olímpica Noé Hernández, que está en el mero cerro, donde nadie espera encontrar unas instalaciones así. Lo hicimos vía la presión al gobierno federal; a Hacienda y a la Conade las obligamos a cumplir”, detalla González.

De acuerdo con el dirigente, la dependencia no implementa un programa de deporte social. El trabajo a ras de suelo, donde está la gente que verdaderamente necesita instalaciones y programas deportivos, está abandonado porque ese tipo de acciones no lucen ni dejan derrama económica, como sí ocurre con espectáculos deportivos como la Fórmula 1, los juegos de la NFL y de Grandes Ligas.

“Hay un desorden administrativo en el gobierno federal. Tenemos derecho a esos y otros recursos. No podemos caer en la tranquilidad y la mesura y vamos a luchar por esos recursos. No queremos que nos lo den, pero sí queremos decirle al gobierno dónde lo aplique, porque no pueden negar que nuestro esfuerzo está plasmado en algo concreto.

–Guevara podría decir que ustedes ya usan a sus atletas del Cnar, que no pidan más.

–No se vale ese argumento.

–Es una orden presidencial no dar recursos públicos a las asociaciones civiles, Antorcha es una de ellas. Además, ha sido muy combativa con el gobierno de López Obrador.

–Ojalá eso no ocurra porque no hacemos nada malo. Esos jóvenes del Cnar vienen a competir contra otros que tienen hambre de ganar. Un joven a nivel estatal ve a otros que nos representan en el extranjero, les sirve a ambos para comparar capacidades. Además, los atletas del Cnar no se llevaron sólo los primeros lugares, hubo muchos segundos. Eso dice que lo que hacemos está bien, que nuestros atletas que no tienen todo les puedan ganar a los del Cnar, eso aporta a la sociedad. Si no llega la solución, buscaremos presión social.

González pone como ejemplo el deportivo Soraya Jiménez en el municipio de La Paz, que costó 280 millones de pesos y que está en el abandono, con excepción de la cancha de futbol que se renta a una liga. La alberca es un pantano, los niños de la colonia juegan en la arena de la cancha de voleibol de playa.

“El municipio de La Paz tendría que estar destinando 800 mil pesos anuales para esa instalación y no lo hace. No se hace deporte ahí y sirve para que duerman los miembros de la Guardia Nacional. Entonces, sólo por la fuerza social y con la gente organizada vamos a exigirle a los gobernantes que destinen los recursos para lo que son. Si no lo hacemos, seríamos simples espectadores. Como no lo somos, vamos a pelear”, puntualiza.

Proceso
Beatriz Pereyra
Tecomatlán, Puebla
Sábado 7 de  marzo de 2020.


De acuerdo con fuentes allegadas al caso, Lozoya contrató los servicios del ex juez y ex Magistrado de la Audiencia Nacional de España


Ciudad de México. - El ex juez y ex Magistrado de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, será el abogado de Emilio Lozoya en el juicio de extradición por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, delitos por los cuales se le pretende juzgar en México.

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) contrató los servicios del jurista ibérico, con el propósito de litigar e impedir su entrega a las autoridades mexicanas.

Garzón es conocido por prohibir la operación del Partido Batasuna, dada su vinculación con la organización terrorista vasca ETA, así como por instruir las causas por los crímenes del franquismo y delitos de lesa humanidad contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, e integrantes de la última dictadura argentina como Ricardo Miguel Cavallo, quien fue detenido en México en el año 2000.

Sin embargo, en el 2012 fue destituido e inhabilitado por 11 años para desempeñar la carrera judicial, tras hallársele responsable de prevaricato en la instrucción del llamado Caso Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción política de los últimos años en España y que involucró a varios integrantes del Partido Popular.

Tras la separación del cargo, asumió la defensa del australiano Julián Assange, fundador del sitio de internet Wikileaks, que ha difundido documentos de las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos.

El pasado 12 de febrero Lozoya fue detenido en Málaga, España, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por el Gobierno de México, con el propósito de llevarlo a proceso por dos causas penales.

En una le imputan recibir recursos de procedencia ilícita para adquirir 38 millones de pesos su casa de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.

En la segunda, le atribuyen recibir sobornos de Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA), así como de la compra que hizo su esposa Marielle Helen Eckes de una casa en Ixtapa por una suma de 1.9 millones de dólares.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Miércoles 04 de marzo de 2020.


El exdirector de Pemex llevaba documentación falsa y asegura que llegó a España “hace dos días"

El que fuera director de Pemex se suma a un grupo de antiguos funcionarios cercanos al exmandatario que son investigados por corrupción

La caída de Emilio Lozoya se suma a los esfuerzos de la cruzada anticorrupción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lograda por policías españoles este miércoles en Málaga es un argumento que rompe con la sospecha del supuesto pacto de impunidad que el actual Ejecutivo mantenía con sus antecesores. Lozoya aguarda su extradición a México para sumarse a un coro de exfuncionarios y personajes muy cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto que son investigados por lavado de dinero y desvío de recursos.

Aunque la Fiscalía aún tiene que sustentar las acusaciones que penden sobre Lozoya en los tribunales, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ya ha dado una narrativa al caso. “Yo lo considero como algo que está vinculado a una forma de abusar del poder y de los bienes de la nación. Esto se tiene que entender como parte de un todo”, dijo Gertz al diario La Jornada. El todo al que hace referencia el funcionario es la estructura de poder que cobijaba al exdirectivo de Pemex durante su gestión, de 2012 a 2016.

Lozoya fue capturado en Europa en cumplimiento de dos órdenes de arresto emitidas por jueces mexicanos. Una de ellas le acusa de recibir al menos 9,1 millones de dólares en sobornos pagados por Odebrecht para asegurar contratos una vez que el político fuera nombrado director de la petrolera pública. Tres exdirectivos de la constructora brasileña afirmaron en declaraciones judiciales juramentadas en 2017 que el pago de mordidas comenzó en abril de 2012, cuando Lozoya era director de la campaña internacional de Peña Nieto. Los sobornos continuaron hasta 2016, cuando el exfuncionario habría cobrado cuatro millones de dólares en una transferencia. La Fiscalía mexicana conecta uno de estos depósitos con la compra en 2013 de una lujosa residencia en el balneario de Ixtapa, en el Pacífico mexicano, con valor de 1,9 millones de dólares. Lozoya desmintió estas acusaciones en una rueda de prensa en agosto de 2017.

Las investigaciones periodísticas sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por la cúpula de Pemex también han salpicado al expresidente. Mexicanos contra la Corrupción, una organización civil que documenta los abusos del poder, reveló en 2017 que un exdirector de Braskem, una filial petroquímica de Odebrecht, presumía de haber acompañado a "tiempo completo” la campaña presidencial del PRI. Este acompañamiento se habría hecho con cuantiosos depósitos mientras Braskem construía una planta de polietileno en el Estado de Veracruz.

El constructor Marcelo Odebrecht, quien reveló el mayor escándalo de corrupción de América Latina, se entrevistó cuatro veces en privado con Enrique Peña Nieto. El primer encuentro se dio en 2010 en Brasil, cuando el político mexicano hizo una gira al país sudamericano como gobernador del Estado de México. El segundo fue en la capital de ese Estado, Toluca, en octubre de 2011, cuando Peña Nieto aún preparaba su asalto presidencial. En noviembre de 2012, ya siendo ganador de las elecciones y presidente electo, ambos se reunieron en el Estado de Querétaro. El último encuentro se llevó a cabo en octubre de 2013 en Los Pinos, la residencia oficial del mandatario.

El procedimiento contra Lozoya se suma al que ya se lleva a cabo en contra de Rosario Robles, quien ocupó dos ministerios en la Administración de Peña Nieto. La extitular de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es investigada por su participación en el desfalco de más de 7.700 millones de pesos (420 millones de dólares) de dinero público desviados a través de universidades públicas y Pemex. Lozoya también ha negado haber formado parte de esta trama de corrupción, conocida popularmente como estafa maestra, a pesar de que parte de los desvíos se hicieron mientras ocupaba la dirección general. Juan Collado, el letrado de Peña Nieto, también está tras las rejas acusado de lavado de dinero. El abogado, que ha defendido a altos perfiles del PRI, movió más de 120 millones de dólares entre 2006 y 2015 en Andorra, un país protegido por el secreto bancario hasta 2017.

Los astilleros gallegos

Uno de los encargados de sustentar la investigación en contra de Lozoya ha dejado caer que el antiguo responsable de Pemex también es investigado por el fiasco que protagonizó la petrolera con el astillero gallego Barreras y Navantia. “Nosotros todavía seguimos investigando el caso de un astillero en España donde hay pérdidas por 50 millones de euros”, ha dicho Santiago Nieto, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera del ministerio de Hacienda y responsable del congelamiento de las cuentas bancarias del exdirectivo. Este caso aún tiene que ser justificado ante un juez para que dicte la orden de aprehensión.

En noviembre de 2013 el consejo de administración de Pemex, a propuesta de Lozoya, aprobó la compra del 51% de las acciones del astillero privado Hijos de J. Barreras cuando estaba cerca de la quiebra. La operación fue aplaudida por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien había llevado las negociaciones, como un resurgimiento de la industria naval gallega, agobiada por la crisis. Sin embargo, la empresa pública mexicana nunca se involucró en la gestión de esta sociedad a pesar de haber desembolsado 5,1 millones de euros (5,5 millones de dólares) por ella. Tres años después, en 2016, la mala administración generó pérdidas al astillero de 5,5 millones de euros (casi seis millones de dólares). En octubre de 2019 Barreras solicitó el preconcurso de acreedores.

El exdirector de Pemex llevaba documentación falsa y asegura que llegó a España “hace dos día

La Audiencia Nacional envía a prisión al ejecutivo, detenido en una urbanización de lujo de Málaga, por riesgo de fuga

La decisión de Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, apenas ha tardado 24 horas en llegar. El magistrado ha acordado este mismo jueves mandar a prisión a Emilio Lozoya, el ex director general de la petrolera estatal mexicana Pemex señalado en el caso Odebrecht y detenido el miércoles en una lujosa urbanización de Benahavís (Málaga). Tras tomarle declaración por videoconferencia desde los juzgados de Marbella, Moreno ha dictado su ingreso en la cárcel al apreciar un "fundado" riesgo de fuga. Lozoya, reclamado por su país, estaba en paradero desconocido desde hace casi un año.

El juez instructor ha adoptado esta medida, solicitada por la Fiscalía, tras considerar que Lozoya no tiene arraigo laboral y domicilio en España; además de que se ha evidenciado "su intención de sustraerse a la acción de la justicia". Según ha escrito en un auto, cuando fue arrestado, portaba una licencia de conducir mexicana falsificada: tenía su fotografía, pero estaba a nombre de un tal Jonathan Solís Fuentes. Además, el magistrado también destaca que el delito por el que se le reclama —similar al blanqueo de capitales— lleva aparejada una pena de hasta 15 años de cárcel.

El ejecutivo, que ha ingresado en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) sobre las siete de la tarde, dice que llegó al país hace "solo dos días". Pero su versión no coincide con la de la Policía, que lo sitúa en Málaga desde mucho antes. La investigación final para arrestarle arrancó a principios de 2020, cuando se recabaron los primeros indicios de que podía ocultarse en la Costa del Sol. La Fiscalía mexicana había lanzado en mayo de 2019 una orden de detención internacional tras conocerse la fuga del director general de la petrolera Pemex, pero su "alto poder adquisitivo y sus lazos internacionales complicaban su localización", según admitió este miércoles el Ministerio del Interior.

Es más, los investigadores creían que pasó por Alemania antes de aterrizar en España. Entre otros motivos, porque su esposa es nacional de ese país; la madre de Lozoya, Gilda Austin, fue detenida allí el pasado julio. Y porque, desde la clandestinidad, Lozoya se defendió de las acusaciones a través del diario alemán Süddeutsche Zeitung, el conglomerado de medios suizo Tamedia, y Quinto Elemento Lab, de México. "Todo esto es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia. En ningún momento, como funcionario público, ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción", dijo entonces en respuesta a los periodistas.

Pese a esas pistas, los agentes españoles fijaron la diana en La Zagaleta, una urbanización de lujo cercana a Marbella. Estaban seguros de que Lozoya, uno de los hombres de confianza del presidente Enrique Peña Nieto durante su mandato, se ocultaba en una de sus villas. Pero apenas salía. Por lo que decidieron retrasar el arresto hasta este miércoles, cuando lo cazaron al aprovechar que abandonó el complejo residencial en un vehículo que había acudido a recogerlo. Según fuentes policiales, no opuso resistencia durante su detención.

Los agentes sospechan, además, que detrás de Lozoya iba su guardia pretoriana, un séquito de "personal de seguridad ruso" que le ha dado cobertura durante su estancia en España. Los investigadores creen incluso que Lozoya —un avezado economista de 45 años, con estudios en Harvard— podía estar blanqueando dinero para alguna organización mafiosa procedente de ese país, según fuentes próximas a la investigación.

Fuentes del residencial de lujo aseguran que en sus registros no aparece el nombre de Jonathan Solis que consta en el carné falso intervenido. Ni tampoco el de Emilio Lozoya. "Si ha accedido al interior de la urbanización ha sido con documentación falsa y como invitado de residentes", explican desde la gerencia, donde subrayan que el mexicano no tiene ni ha tenido "jamás" vivienda en propiedad o alquiler.

Los investigadores españoles también analizan si, frente a la sospecha inicial de que Lozoya había pasado por Alemania antes de llegar a España, hubiese ido directamente a Rusia, a San Petersburgo, y desde allí volado a la Península. En tal caso, el empresario mexicano, que lideró la campaña internacional de Peña Nieto en sus últimas elecciones por sus grandes contactos con empresas y políticos a escala mundial, habría simulado que tomaba un vuelo con destino a Frankfurt en el que realmente nunca se habría subido.

Las acusaciones

Lozoya, que ha sido inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años en su país, está acusado de fraude a gran escala y corrupción en 2012 y 2013. Según la documentación enviada a España, el antiguo director de la petrolera adjudicó supuestamente contratos públicos a cambio de sobornos millonarios. Las autoridades mexicanas cifran el fraude en 280 millones de dólares (257 millones de euros). Por su parte, la Audiencia Nacional destaca que supuestamente adquirió una vivienda en México con dinero "procedente de una actividad ilícita" tras diseñar un entramado financiero para ocular el origen de esos fondos.

Entre otras pruebas recabadas contra el exdirector general de Pemex se encuentra el testimonio de tres exdirectivos de la constructora brasileña que aseguran que recibió más de 10 millones de dólares en sobornos para ayudar en la firma de contratos. También una reconstrucción realizada por la justicia brasileña con decenas de documentos —copias de las transferencias electrónicas, órdenes de pago de los bancos, vídeos…— vincula a Lozoya con varias operaciones irregulares. Según esta investigación, Odebrecht le pagó para asegurarse el favor de alguien cercano a Peña Nieto.

Moreno ha abierto ahora un plazo de 45 días para que las autoridades mexicanas entreguen toda la documentación que sustente la extradición. Eso sí, la decisión de enviar a Lozoya no es firme y el exdirectivo de Pemex puede recurrirla ante el propio juez y ante la Sala de lo Penal de la Audiencia.

El País
Luis Pablo Beauregard
J. J. Gálvez/ Nacho Sánchez
Ciudad de México/Madrid/Málaga
Viernes 14 de febrero de 2020.


Desde la prisión el exdirector de Pemex encarará el proceso de extradición solicitado por el gobierno de México ante cargos de asociación delictuosa y cohecho


Ciudad de México.- El juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, ordenó dar prisión provisional comunicada a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, señalado en el caso Odebrecht.

El titular de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional dio a conocer su decisión tras tomarle declaración a Lozoya a través de videoconferencia desde los juzgados de Marbella.

La determinación se dio con base en que el inculpado no cuenta con domicilio en España, además, para evitar un posible riesgo de fuga. Trascendió que al memento de ser detenido presentó una licencia falsa a nombre de Jonathan Solis Fuentes.

Exhiben licencia de Lozoya, detenido en Málaga, España

La detención de Lozoya ocurrió en la ciudad española de Málaga, en la región sureña de Andalucía, según informó en México el fiscal general, Alejandro Gertz, y confirmó a la AFP un portavoz de la Policía Nacional de España.

La policía española amplió luego la información a través de su cuenta oficial de Twitter:

Detenido en las inmediaciones de una urbanización de #Málaga un exdirector general de una petrolera mexicana, gracias a la excelente relación entre la Fiscalía Mexicana y la Policía Nacional".

Había urdido junto a algunos familiares un sistema para defraudar dinero público", añadió la institución.

Por su parte, el fiscal Gertz detalló que la orden de detención, expedida por un juez mexicano, fue ejecutada con el apoyo de Interpol y de la policía española, y tiene como objetivo su extradición a México.

En este momento lo que va a ocurrir es que ya queda sujeto ya al proceso de extradición (...) Ahora vamos a comenzar el litigio específicamente para traerlo a México" dijo Gertz.

Excélsior
Ciudad de México
Jueves 13 de febrero de 2020.



Pesquisas de las autoridades mexicanas apuntan a que el exdirector de Pemex adquirió con dinero de sobornos un inmueble en el lujoso barrio de Las Lomas

Una clave de la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en México está en una casa en la zona residencial de Las Lomas. La edificación, de 1.165 metros cuadrados, fue adquirida por Emilio Lozoya a finales de 2012 con dinero que las autoridades investigan como parte de los sobornos pagados por Odebrecht. En esa vivienda, además, se negociaron las condiciones en las que se asignó un contrato millonario a la compañía brasileña en la refinería de Tula (Hidalgo), de acuerdo al testimonio de Luis Weyll, exdirector de Odebrecht en México, quien confesó que la obra se obtuvo mediante coimas.

La casa de las Lomas era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas, esposa de Carlos Enrique Valenzuela Dosal, miembro del Consejo de Administración del Grupo Financiero Intercam.

Las pesquisas oficiales, a las que ha tenido acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), siguieron la ruta del dinero pagado por Odebrecht y se toparon con dos transferencias realizadas a México el 1 de diciembre de 2012 desde una cuenta en Suiza de la que Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana fueron identificados por las autoridades como los beneficiarios.

El monto transferido aquel día fue de 2,58 millones de francos suizos que, al tipo de cambio de entonces, equivale a 38 millones de pesos (2,9 millones de dólares). Esa es justo la cantidad que Lozoya pactó con la señora Ampudia Cárdenas para adquirir su vivienda.

Las autoridades identificaron que el mayor de los traspasos desde Suiza fue depositado a la cuenta 00101419489 en Intercam Casa de Bolsa, que se atribuye a la señora Ampudia.

Uno de los pagos refería como domicilio del beneficiario la calle Ladera número 20, en el exclusivo fraccionamiento residencial Lomas de Bezares. Esta era la casa que ocupaba el directivo de Intercam y su esposa, que fue vendida a Lozoya.

Ante los indicios de que la residencia fue adquirida con dinero de sobornos de Odebrecht, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó este lunes (27 de mayo de 2019) congelar las cuentas bancarias de Lozoya, su hermana Gilda Susana y la señora Ampudia.

El inmueble se ubica en un condominio habitacional denominado Residencial La Retama, que forma parte de Lomas de Bezares, entre Bosques de las Lomas y Santa Fe, en la alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México.

En diciembre de 2016, Luis Weyll, exdirector de Odebrecht en México dijo varias veces a las autoridades de justicia brasileña que se había reunido con Lozoya en su casa de Santa Fe para negociar sobornos a cambio del contrato de la refinería de Tula. En realidad, la vivienda está en la zona de Las Lomas, sobre Prolongación Paseo de la Reforma, cerca de Santa Fe.

Las reuniones que se efectuaron en esa casa, según Weyll, tenían que ver con el pago de otros seis millones de dólares en sobornos a cambio de contratos en la planta del Estado de Hidalgo.

En total, el exdirectivo de Odebrecht confesó que pagó diez millones de dólares a Lozoya. Cuatro en 2012 y seis más entre 2013 y 2014. Lozoya siempre ha negado estas acusaciones.

Vínculos en las Islas Vírgenes

Estas nuevas investigaciones, realizadas en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya han detectado un vínculo entre Emilio Lozoya y una empresa afincada en las Islas Vírgenes Británicas a la que el departamento de sobornos de Odebrecht transfirió 3,1 millones de dólares en 2012, equivalentes a 40 millones de pesos al tipo de cambio de aquel año.

Una hermana del exdirector de Pemex era la beneficiaria de esa cuenta, según han encontrado las autoridades. Por ello también han ordenado el congelamiento de sus activos.

En un testimonio rendido el 16 de diciembre de 2016 ante las autoridades de justicia de Brasil, Luis Weyll aseguró que en marzo de 2012 se reunió con Emilio Lozoya. En ese encuentro acordó con el entonces coordinador de vinculación internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto el pago de cuatro millones de dólares en retribución por haberlo auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz, donde Odebrecht asentó su base de operaciones y donde tiene su principal negocio, la planta de Etileno XXI, de su subsidiaria Braskem.

Según el delator, Lozoya le solicitó que los depósitos los hicieran en una cuenta en el banco suizo Gonet & Cie a nombre de la empresa Latin America Asia Capital Holding.

MCCI corroboró que la mencionada empresa de papel o de gaveta fue creada el 10 de septiembre de 2008 en la diminuta ciudad de Road Town, de la isla Tórtola, la mayor de las Islas Vírgenes Británicas, en el Océano Atlántico, uno de los más opacos paraísos fiscales del mundo.

MCCI ha encontrado nuevos registros que establecen que la empresa se creó en el despacho de TMF Services, perteneciente a TMF Group, una firma multinacional de servicios fiscales y legales especializada en crear empresas offshore.

En su momento, TMF Group tuvo como uno de sus principales competidores al despacho panameño Mossack Fonseca, que administró activos de políticos y personalidades de todo el mundo y cuyos archivos filtrados dieron lugar en 2016 al escándalo conocido como Panama Papers.

Luis Weyll liga a Emilio Lozoya y a su hermana con una empresa offshore que recibió 3.1 millones de dólares en siete depósitos

Mediante peticiones de colaboración, las autoridades mexicanas han identificado que TMF Group era el administrador de la empresa Latin America Asia Capital Holding LTD, que los delatores de Odebrecht atribuían a Emilio Lozoya, pero que las investigaciones apuntan a que la beneficiaria de la misma es Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex.

Las autoridades también tuvieron acceso a estados de cuenta del Meinl Bank de Antigua y confirmaron la información revelada por MCCI el 14 de agosto de 2017, acerca de cómo fluyó el dinero del departamento de sobornos de Odebrecht en plena campaña presidencial de 2012 a favor de la empresa ligada a Lozoya.

El dinero fue enviado al banco Gonet & Cie de Suiza desde la cuenta 244006 del Meinl Bank de Antigua, que estaba a nombre de la compañía fachada Innovation Research Engineering and Development Ltd. (IRED), la cual era utilizada por Odebrecht para ocultar el pago de sobornos a políticos latinoamericanos.

Una primera transferencia a la cuenta de Latin America Asia Capital, por 250.000 dólares, se realizó el 20 de abril de 2012, a tres semanas de haber iniciado la campaña presidencial en México, según los estados de cuenta obtenidos desde 2017 por MCCI y de los que ahora han obtenido copia las autoridades mexicanas.

El 25 y 27 de abril de 2012 hubo otros dos depósitos por un millón de dólares. El 23 de mayo, se transfirieron 500.000 dólares y el 31 de ese mes otros 490.000 dólares. En junio, hubo dos depósitos. Uno el día 8 por 510.000 dólares y el día 18 por 400.000 dólares. En suma, las transferencias a la empresa que el testimonio de Luis Weyll liga a Emilio Lozoya, y donde las autoridades mexicanas ubican a su hermana, sumaron 3.150.000 dólares, en siete depósitos.

Una nueva cuenta identificada

No existieron más transferencias en favor de Latin America Asia Capital Holding porque la cuenta fue cancelada en noviembre de 2012.

Las pesquisas del Gobierno de López Obrador han identificado que los fondos del banco suizo Gonet & Cie fueron transferidos a una nueva cuenta, a nombre de la empresa Tochos Holding Limited, la cual también fue creada en el despacho TMF de la isla de Tórtola, según consta en un documento gestionado por MCCI.

Las autoridades han encontrado en su rastreo financiero que los beneficiarios de esta empresa eran Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana, y como administrador, el despacho TMF.

En el análisis de movimientos de la cuenta 0240880974, se identificaron dos traspasos de Suiza a México el 1 de diciembre de 2012, el día en que Peña Nieto tomó protesta como presidente de México.

Una transferencia fue por 1.500.000 francos suizos a una cuenta de Intercam Casa de Bolsa. Otro pago fue por 1.080.000 francos. Al tipo de cambio de aquel entonces, el monto de las dos transferencias, 2.580.000 francos, coincide con el precio acordado por la residencia de Lomas de Bezares (alrededor de 38 millones de pesos).

El mismo día se identificó un traspaso por 39.000 dólares de la cuenta de Tochos Holding al despacho de servicios legales Plan B Asesoría y Estrategia, del que ha sido representante Andrés Constantin Antonius González, que en 2012 colaboró como coordinador de estrategia en el equipo de transición de Peña Nieto.

Consultado por MCCI este martes (28 de mayo 2019) vía telefónica, Antonius reconoció que existe el despacho Plan B, pero dijo no recordar haber hecho una operación en esa fecha y dijo que él nunca brindó servicio alguno a Emilio Lozoya. Sin embargo, pidió tiempo para revisar la eventualidad de que, sin su conocimiento, alguien de su despacho haya realizado la operación.

En su primera declaración patrimonial, a inicios del sexenio de Peña Nieto, Lozoya reportó que el 14 de noviembre de 2012 había adquirido de contado, al precio de 38.175.000 pesos, una casa con una superficie de 1.165 metros cuadrados. En el reporte que hizo público, no reveló la ubicación del inmueble ni el folio real con el que fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

MCCI obtuvo copia del contrato de compraventa, el cual se formalizó ante el notario Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, hermano de la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El precio coincide con el de la declaración patrimonial.

La vivienda ubicada en el conjunto La Retama había sido vendida dos años y cuatro meses antes, en julio de 2010, en 2.950.000 dólares.

Las medidas de congelamiento de activos a Lozoya, anunciadas el lunes, se sumaron a la inhabilitación por 10 años determinada por la Secretaría de la Función Pública el 22 de mayo por el ocultamiento de cuentas como las que las autoridades han descubierto en Suiza. (Miércoles 29 Mayo 2019)

El País
Raúl Olmos
Mexicanos contra la
corrupcion e impuidad
Ciudad de México /Madrid.
Miércoles 12 de febrero de 2020.

En marzo determinarán si Antorcha Campesina será partido político

A finales de enero termina el proceso de solicitud de registro


El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla tendrá 60 días, es decir hasta marzo, para determinar si el Movimiento Antorchista Poblano cumplió con los requisitos para constituirse como partido político local, sostuvo el presidente Miguel Ángel García Onofre.

El nuevo consejero presidente del IEE explicó que después del 31 de enero –cuando concluye el plazo para que Antorcha pueda presentar su solicitud de registro como partido–, habrá otros 60 días para que el instituto estudie el expediente, las constancias y a más tardar en marzo emitirá una resolución acerca de si obtendrá o no el registro.

Anunció que al Instituto Nacional Electoral (INE) enviarán el padrón electoral, es decir las personas que se afiliaron al Movimiento Antorchista Poblano, la única organización que continúa en el proceso para conseguir la inscripción como partido local.

Por la mañana el vocero del Movimiento Antorchista, Aquiles Montaño Brito, atribuyó a la ex panista Violeta Lagunes Viveros el intento de la organización Podemos Puebla para frenar su registro como partido político local ante el Instituto Electoral del Estado.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
0Ciudad de  Puebla
Viernes 24 de enero de 2020.


María Vanesa Pedraza Madrid fue nombrada apoderada de Nunvav, empresa que utilizó el exsecretario para desviar miles de millones de pesos

Una ex colaboradora de Genaro García Luna es la apoderada general de la empresa Nunvav, Inc., la cual -según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)-, fue utilizada por el exsecretario de Seguridad Pública para desviar 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones de dólares del Gobierno federal.

María Vanesa Pedraza Madrid, quien colaboró en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012, fue nombrada apoderada de Nunvav el 7 de octubre de 2019 en una asamblea extraordinaria de accionistas, la cual fue protocolizada ante el notario público Fabián E. Ruiz, de Panamá, de acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Posteriormente, el 31 de octubre, en otra asamblea, se ampliaron los poderes a la ex colaboradora de García Luna para que represente a la sociedad en cualquier acto legal, laboral o financiero en México, en Panamá o en cualquier otro país donde realice operaciones comerciales.

La exfuncionaria comparte poder general con Jorge Luis Castilla Aguilar, quien desde años antes era representante de la empresa.

Ante el notario, ambos dijeron tener su domicilio en la colonia Potrero del Llano, en Azcapotzalco.

Pedraza estudió la licenciatura en Psicología y una maestría en Psicoterapia en la Universidad Intercontinental.

Entre 2001 y 2008 trabajó en el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social y luego se incorporó a las oficinas centrales de la SSP, en la coordinación de asesores de García Luna.

En esa área se desempeñó durante cuatro años como directora general adjunta y sus funciones principales consistían en supervisar y dar seguimiento a proyectos de la dependencia federal. Le reportaba directamente al secretario, hoy detenido en Estados Unidos, acusado en una corte federal de Nueva York por cargos de tráfico de drogas y corrupción.

Pedraza salió de la SSP junto con García Luna el 30 de noviembre de 2012.

Red de compañías

Nunvav fue constituida el 14 de octubre de 2005 en Panamá, y no en 2011 como afirmó el titular de la UIF el pasado 27 de diciembre.

En el acta constitutiva obtenida por MCCI aparece como presidente de la compañía Natan Wancier, socio de Alexis Weinberg, dueño de la casa que ocupó García Luna en Miami cuando dejó su cargo en el Gobierno federal, según una investigación conjunta publicada el 12 de marzo de 2019 por Peniley Ramírez y Julio Roa en Univisión.

El vicepresidente y tesorero de la compañía era Félix Valencia Maldonado, quien aparece en el Registro Mercantil de Panamá como director de 318 empresas "de papel" (sin empleados ni infraestructura), entre ellas Lurión Trading Inc, que fue utilizada para triangular 6.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht en Colombia a cambio del contrato de concesión de la carretera Ruta del Sol.

En el registro mercantil de Panamá MCCI también localizó el acta de ICIT Holding, Inc. otra empresa vinculada con García Luna, la cual fue creada el 24 de julio de 2012, teniendo como presidente a Winberg y como secretario a Wancier.

En su página en internet aparecía hasta hace poco que la oficina de representación de ICIT en Estados Unidos estaba ubicada en 2980 NE 207 St, suite 507, en Aventura, Florida, que corresponde a un despacho que Genaro García Luna adquirió el 30 de agosto de 2018 a un precio de 1 millón 224 mil dólares.

En la denuncia que en diciembre presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), la UIF vinculó a García Luna tanto con ICIT como con Nunvav; como prueba mencionó que esta última empresa era la que pagaba el ostentoso estilo de vida del exfuncionario.

Lo que no se sabía es que la apoderada general de Nunvav es María Vanesa Pedraza Madrid, quien estaba a las órdenes de García Luna en la SSP, con lo que se refuerza el vínculo entre el exfuncionario y la empresa.

La UIF detectó millonarias transferencias de fondos públicos a Nunvav; 55.1 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda en 2013 y otros 2 mil 623 millones de pesos y 77.4 millones de dólares de 2017 a 2018 del órgano descentralizado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación.

Luego, parte de esos recursos fueron enviados por Nunvav a Israel, Curacao, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos y Barbados.

Nunvav también trianguló a ICIT 9.1 millones de pesos y 309 mil dólares de 2013 a 2015 y otros 6.5 millones de pesos en 2018 a su filial mexicana.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 16 de enero de 2020.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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