Crescencio Marín, padre Mario Marín Torres, falleció el jueves, pero el exmandatario no asistió a los servicios funerarios debido a la orden de aprehensión que hay en su contra por el caso de Lydia Cacho.

El velorio se llevó a cabo en la Funeraria de Valle de los Ángeles, en la colonia El Mirador, donde se pudo observar la presencia de militares y policías municipales que presuntamente vigilaban si Marín Torres se presentaba en el lugar, pero eso no ocurrió.

En abril, la magistrada María Elena Suárez, del primer Tribunal Unitario con sede en Quintana Roo, ordenó al Ministerio Público federal aprehender a Marín, al empresario Kamel Nacif, al exsubsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, y al excomandante, Juan Sánchez Moreno, por el delito de secuestro y tortura en contra de Lydia Cacho, ocurrida en 2005.

Aunque días antes el exmandatario poblano había aparecido públicamente en actos de campaña de su excolaborador y en ese momento candidato a gobernador por el PRI, Alberto Jiménez Merino, desde que se supo de la orden de aprehensión ya no se supo de su paradero.

En agosto, se manejó la versión de que el exgobernador había acudido a una fiesta en Atlixco ofrecida por el empresario Rafael Forcelledo, sin que fuera detenido.

Se preveía que el sepelio del padre de Marín Torres, quien murió a los 96 años de edad, se llevaría a cabo en Santa María Nativitas Cuautempan, junta auxiliar del municipio de Coyotepec, de donde es originaria la familia.

A la funeraria acudieron los exfuncionarios marinistas, como Valentín Menéses, y Alberto Jiménez Merino, entre otros.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 8 noviembre 2019.


Por otra parte, trabaja junto a SFP ante irregularidades en actual gobierno

    
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, informó que Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, está siendo investigado por la dependencia su cargo.

En breve entrevista, al término de una reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con integrantes de su Gabinete en Palacio Nacional, Nieto Castillo expresó que trabajan con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en casos de corrupción de la anterior administración respecto a OHL.

- "¿Investigarán a Gerardo Ruiz Esparza?", se le cuestionó.

- "Está siendo investigado en este momento", respondió el funcionario de Hacienda.

Santiago Nieto señaló que trabaja de la mano de la Secretaría de la Función Pública (SFP) "en casos donde hemos detectado en algún tipo de irregularidad, incluso en el actual gobierno".

"El objetivo es seguir trabajando ahora con una vertiente importante que tiene que ver con el combate al narcotráfico", destacó.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 6 noviembre de 2019.


El proceso al que es sometido el priista poblano está relacionado con la causa penal que se le sigue a Rosario Robles Berlanga, principal artífice de la Estafa Maestra, que supone el desvío de más de 7 mil 670 millones de pesos.


Ciudad de México. - El ex subsecretario federal, Juan Carlos Lastiri Quirós, colaborador cercano de Rosario Robles Berlanga, habría sido detenido por agentes de la Fiscalía General de la República   esta mañana y no secuestrado por un comando fuertemente armado, como inicialmente denunciaron personas cercanas al político priista.

La detención del funcionario habría sido ordenada por el juez Jesús Delgadillo Padierna y ya habría sido ingresado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Al parecer, el proceso al que será sometido el priista poblano es por la causa penal que se sigue a quien fue su jefa directa, Rosario Robles Berlanga, principal artífice de la Estafa Maestra.

Según las versiones dadas hasta ahora por fuentes cercanas a la familia de Lastiri, éste iba corriendo por el acceso norte del municipio con cinco personas más cuando sujetos armados se lo llevaron en una Jeep Cherokee color vino.

El cargo público más reciente ocupado por Juan Carlos Lastiri Quirós fue la Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social de México a cargo de Rosario Robles Berlanga, en el sexenio presidido por el priista, Enrique Peña Nieto.

De hecho, el político poblano de filiación priista es considerado uno de los colaboradores más cercanos a la ex funcionaria, ahora presa por la llamada “Estafa Maestra”, un entramado de corrupción entre entidades gubernamentales, universidades públicas y empresas inexistentes, que supone el desvío de más de 7 mil 670 millones de pesos.

Robles Berlanga y Lastiri Quirós se conocieron cuando, al principio de su sexenio, Enrique Peña Nieto designó a éste como subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social, de la cual la primera fue titular.

Lastiri Quirós también ha sido legislador federal y estatal, presidente municipal de Zacatlán y presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla.

La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Ciudad de Puebla, México.
Miércoles 30 octubre 2019.


La UIF presuntamente desbloqueó cuentas bancarias entre ellas varias ligadas al cártel de Sinaloa.


México.- El actual Gobierno denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) la devolución de dinero al narco en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Seis meses antes de concluir la administración del priista, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presuntamente desbloqueó de manera  por lo menos 722 cuentas bancarias, entre ellas varias ligadas al cártel de Sinaloa.

nte ello, dijeron fuentes del Gobierno a Reforma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acudió ante la Fiscalía, así como ante la Secretaría de la Función Pública para presentar la denuncia.

    Revisión exhaustiva

Las autoridades federales resaltaron a ese rotativo que luego de una revisión exhaustiva, se detectaron las anomalías, por lo que ahora son revisados cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares.

Fue en junio de 2018 cuando se liberaron todas las cuentas, dijeron los informantes.

Agregaron que se trata de recursos que, a pesar de que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado de dinero, jamás se denunciaron a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

    Ex director en la UIF,  bajo la mira

Las investigaciones se amplían a varios exfuncionarios, aunque hay uno que está en la mira de las autoridades.

Se trata de Mauricio Moreno Balbuena, ex director General de Procesos Legales de la UIF, pues, según la información, suscribió una parte importante de estos acuerdos ahora investigados por la SFP.

Abel Barajas destaca en su nota que el ex funcionario es hijo de Mauricio Moreno Vargas, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

    Ayuda a Javier Duarte

El nombre de Mauricio Moreno Balbuena comienza a hacer polémica pues este lunes 26 de agosto se reveló que cuando estaba al frente de la UIF ayudó a Javier Duarte.

El 21 de agosto de 2018, el exfuncionario solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) retirarle al ex gobernador de Veracruz la acusación del delito de delincuencia organizada.

Unos dos días después de la solicitud, Arturo Elías Beltrán, encargado de la PGR, «anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa para cometer peculado, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa» publicó el diario.

Reforma
Ciudad de México
Martes 27 de agosto de 2019.


El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, informó que el director de cine Francis Ford Coppola canceló su participación en la Feria Universitaria del Libro (FUL), que iniciará la próxima semana, luego de los señalamientos de corrupción contra la institución académica, a raíz del escándalo de la “estafa maestra”.

En conferencia de prensa, Pontigo Loyola lamentó que existan personajes mezquinos que incluso invierten dinero para denostar a una institución como la UAEH. “Esto no es un golpe a un individuo o a la institución, es un golpe al desarrollo cultural del estado y del país”, subrayó.

A causa de esos ataques, Coppola, por política y filosofía de vida, dijo, decidió cancelar su participación en la Feria.

Explicó que por diversos medios electrónicos el afamado cineasta recibió una serie de “mentiras e información falsa” que provocaron que desistiera de venir a México.

El rector de la UAEH enfatizó que la FUL es un sinnúmero de personas comprometidas con el desarrollo de la cultura, que participan entusiastas, y pese a este ataque –recalcó– “la feria camina bien y tendrá que seguir. Es nuestra y atañe a todos”.

Proceso
Ciudad de México
Viernes 16 de agosto de 2019.


Un juez de control dictó prisión preventiva justificada a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Enrique Peña Nieto, a quien se le acusar de ser “omisa” por no informar sobre el desvío 5 mil 73 millones de pesos conocido como la “Estafa Maestra”.

“Como han señalado mis abogados, yo me presente aquí de manera voluntaria. Vivo en la misma casa hace 24 años. He trabajado en la ciudad. Yo no tengo millones de pesos para vivir en Canadá y regresar impune. Mis cuentas están congeladas”, alegó en su defensa, minutos antes de que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó imponerle medidas precautorias.

La audiencia se extendió desde las 18:00 horas de este lunes hasta las 06:15 de este martes, al presentar cerca de 32 pruebas que intentaron librarla de la investigación y, posteriormente, convencer al juez de que no buscaría sustraerse a la justicia.

La resolución de Delgadillo Padierna fue dictada la mañana de este martes, quien determinó internarla dos meses –que se pueden extender a seis – al penal femenil de Santa Martha Acatitla en lo que duran las investigaciones.

Un par de horas antes, una vez que el juez determinó desechar los argumentos esgrimidos por los abogados Oscar Ramírez y Luis Hernández Barros, retó a la exfuncionaria federal a presentar pruebas de que el expresidente Enrique Peña Nieto, así como José Antonio Meade Kuribreña, fueron alertados del desvío de recursos.

Un equipo de cinco ministerios públicos de la Fiscalía General de la República (FGR), así como tres abogados de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), acusaron a la exfuncionaria federal de asumir una actitud “omisa” ante sus subalternos que se valieron de firmas falsas, triangulación de recursos y autonomía para firmar convenios con diversas universidades.

“El argumento que acusamos, no es que haya hecho posesión de ese dinero, como que ni siquiera se ha manifestado en esta audiencia, sino la pérdida de 5 mil millones de pesos que no fueron usados para los fines que fueron destinados en un inicio”, señaló uno de los ministerios públicos que formularon las acusaciones contra la exfuncionaria federal.

“Es inentendible cómo fue que esperó cuatro años para actuar”, reprocharon los abogados de la ASF.

A decir de la defensa de Robles Berlanga, del 2014 a 2015, fue informada mediante diversos pliegos de observaciones emitidos por la ASF sobre el desvió de recursos. Pero por el desfase de las cuentas públicas, sólo tuvo conocimiento hasta el año 2017, cuando comenzó a actuar en contra del robo de recursos.

Una licencia de conducir, crucial en la prisión preventiva a Robles

Una licencia de conducir que tramitó Rosario Robles con una dirección diferente a su domicilio en Coyoacán, ayudó al juez a dar prisión preventiva a la exfuncionaria.

Una licencia para conducir, sacada de un domicilio distinto al que originalmente reportó a las autoridades, fue una de las principales causas por las que el juez de control del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo, decidió dictaminar prisión preventiva en contra de Rosario Robles.

Eso sumado a que, de acuerdo con el juez, no hay forma de comprobar arraigo de Robles en la Ciudad de México y a que cuenta con la capacidad económica para poder esconderse o darse a la fuga.

En una audiencia que duró 12 horas, el juez Delgadillo vinculó a proceso a la exfuncionaria federal tras acreditar que cometió, al menos, un ilícito en dos dependencias diferentes: ejercicio indebido del servicio público en Sedesol y ejercicio indebido del servicio público en la Sedatu.

Aunque el delito no merece prisión preventiva, el juez decidió dictaminar dicha medida cautelar, la cual fue solicitada por la Fiscalía General de la República, debido a que existía un riesgo latente de que Robles pudiera darse a la fuga.

Hasta 23 años de prisión

Los agentes de la FGR expusieron, al solicitar la prisión preventiva, que, si bien Robles se presentó de manera voluntaria a las dos audiencias en el Reclusorio Sur, esa situación podía cambiar debido a que, al vincularla a proceso, podría recibir sentencia definitiva de 11 años con 6 meses por cada acusación, por lo que, en total, podría recibir hasta 23 años de prisión.

Esto porque, si bien el delito de ejercicio indebido del servicio público amerita una pena de dos años, en el caso de Robles se encuentra agravado el ilícito, porque hubo dolo directo y la conducta se repitió de manera sistemática y reiterada en las dos dependencias de las cuales fue titular.

Además, expuso la FGR, Robles tendría que reparar el daño cometido, el cual fue de 5,073 millones de pesos, algo que sería imposible para ella.

Para el juzgador, la exsecretaria de Estado cuenta con solvencia económica y la capacidad para esconderse de las autoridades o incluso darse a la fuga a otro país.

Hay ciertos datos para demostrar falsedad en las declaraciones, falsedad en el informe de domicilio: se tramitó una licencia de conducir en un domicilio diferente. Hay una falsedad en su domicilio y tiene facilidad para ocultarse; (el) pasaporte no le impide salir del país".

Por otra parte, el juez rechazó los argumentos de que Robles debería recibir prisión preventiva debido a que, si estuviera en libertad, podría amenazar a los testigos que declararon en su contra, además de que su propia seguridad podría estar en riesgo ante eventuales ataques de ciudadanos molestos con su actuar como secretaria de Estado.

Las razones del juez

El juez Delgadillo, al atender la petición y los argumentos de la Fiscalía, acreditó que no hay forma de comprobar un arraigo de Robles en la Ciudad de México, lo que impediría su eventual fuga, debido a que actualmente no cuenta con un empleo fijo.

Además, lo más importante, de acuerdo a la decisión del juez, hubo falsedad en la información presentada por Robles respecto a su domicilio, pues en la información entregada ante las autoridades el 7 de agosto pasado, afirmó que el mismo se encontraba en Los Reyes, Coyoacán; sin embargo, la Fiscalía acreditó que hace unos días, tramitó una licencia de conducir desde otro domicilio.

El juez expuso que en el domicilio de Los Reyes, Robles no fue encontrada por las autoridades cuando intentaron notificarle que tenía que acudir a audiencia al Reclusorio Sur.

Pese a ello, Delgadillo consideró que, aunque el delito de ejercicio indebido del servicio público no contempla la prisión preventiva, Robles debía recibir esa medida cautelar debido a la gravedad y dolo de sus acciones al frente de la Sedesol y Sedatu, por haber falseado información respecto a sus domicilios y por un riesgo latente de poderse dar a la fuga.

Toda la vida en la CDMX

Desesperada y con la voz entrecortada Robles pidió, infructuosamente, que no se le dictara prisión preventiva debido a que ella sí tiene arraigo en la Ciudad de México pues, si bien no cuenta con trabajo, su hija, Mariana Moguel, vive en dicha entidad.

Expuso que ella misma ha vivido toda su vida en la capital mexicana, fue Jefa de Gobierno y ha residido durante más de 24 años en el domicilio de Los Reyes, Coyoacán.

La exfuncionaria mencionó que tampoco cuenta con dinero para fugarse y escaparse al extranjero, pues nunca se enriqueció ilícitamente y actualmente todas sus cuentas y tarjetas están congeladas.

Robles manifestó que ella siempre ha dado la cara y no es como otras personalidades acusadas de corrupción que tienen los recursos para esconderse en Canadá y después regresan.

Pido que mi proceso se lleve a cabo en libertad, porque siempre he sido una mujer luchadora.

A pesar de esos argumentos, el juez Delgadillo consideró que la falsedad en las declaraciones de Robles respecto a su domicilio y su capacidad para fugarse eran argumentos necesarios para otorgar la medida cautelar de prisión preventiva.

“He vivido en la Ciudad de México en Los Reyes, Coyoacán, desde hace años”, interrumpió Robles brevemente, con la voz entrecortada y desesperada, al juez mientras dictaminaba que debía ser recluida en Santa Martha.

Proceso
Expansión
José Raúl Linares
Ciudad de México
Martes 13 de agosto de 2019.


La FGR indicó que Robles Berlanga es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en calidad de autora directa.

 
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Rosario Robles, ex titular de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano (Sedatu), un posible daño al erario por un monto de 5 mil 73 millones 358 mil pesos, derivado de la omisión en denunciar o impedir el desvío de recursos públicos a través de la llamada ‘Estafa Maestra’.

En la audiencia de imputación, la FGR explicó que Robles Berlanga es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en calidad de autora directa, con las agravantes de que el delito se cometió con dolo, de manera reiterada y con evidente omisión.

De acuerdo con el pliego de imputación, el daño al erario se registró a través de 27 convenios generales que firmaron Sedesol y Sedatu con universidades públicas y sistemas de televisión estatales, a pesar de que estos no tenían las condiciones para prestar los servicio contratados y sin que se acreditara en algunos casos el cumplimiento de lo contratado.

La fiscal Teresa Maldonado explicó que Rosario Robles fue omisa al no hacer uso de sus facultades legales para impedir dichas irregularidades y en no denunciar ante su superior jerárquico, es decir, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, las conductas ilícitas llevadas a cabo por funcionarios y funcionarias que estaban bajo su mando en Sedesol y Sedatu

La imputación también señala que la omisión persistió a pesar de que en junio de 2014 el entonces auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, le advirtió de los presuntos desvíos y convenios irregulares que habían firmado sus subordinados sin que actuara de alguna forma para impedirlo.

Además, la FGR dio cuenta de al menos una decena de oficios presentados por ex funcionarios de Sedesol y Sedatu para advertir del esquema ideado por servidores públicos para la subcontratación de servicios que no eran requeridos y que tampoco se prestaban, puesto que no existen documentos comprobatorios, es decir, que carecen de entregables.

“La conducta ilícita se hizo con pleno conocimiento, repito, con pleno conocimiento de la hoy imputada, provocando que se diera una afectación al erario al no actuar contra los terceros que de manera reiterada cometían las irregularidades, por lo que es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, de forma continuada, con dolo y en calidad de autora directa”, explicó la Fiscal.

La audiencia presidida por el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, entró en receso para que la Fiscalía General de la República aclare diversas peticiones de la defensa.

Aristegui Noticias
Juan Omar Fierro
Ciudad de México
Jueves 8 de agosto de 2019.


Las cuentas bancarias de ambos exfuncionarios fueron congeladas ante las sospechas de desvío de recursos cuando estuvieron al frente de la Sedesol y Sedatu


Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró las cuentas de la extitular de la Secretaría del Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles así como la de quien fuera su Oficial Mayor en dicha dependencia, Emilio Zebadúa por el caso de la Estafa Maestra.

Según información consultada por Excélsior, las cuentas bancarias de ambos exfuncionarios de la administración de Enrique Peña Nieto fueron congeladas ante las sospechas de desvío de recursos durante si paso por la Sedesol y la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Fuentes federales explicaron que se trata de un procedimiento realizado por la UIF para la recopilación de elementos que, de considerarlo, se podrán integran a la carpeta de investigación y presentarlos ante un juez federal.

Se detalló que investigaciones y los datos que esto arroje, se deben considerar reservados con motivo de la pesquisa, pero podrán conocerse durante el desarrollo de la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República busque imputar a Robles Berlanga.

Incluso la defensa de la también exjefa de Gobierno del Distrito Federal puede interponer una demanda de amparo ante un juez federal con el objetivo de evitar que se mantengan congeladas las cuentas de su cliente en caso de que el juzgador así lo considere o bien, le de una negativa.

Serpa este jueves a las 11:00 horas cuando Rosario Robles deba presentarse ante un juez de control federal con sede en el Reclusorio Sur para que el ministerio Público de la Federación formule su imputación por ejercicio indebido del servicio público y busque vincularla a proceso.

Los delitos por los que se le acusa no merecen prisión preventiva de oficio, por lo que podría llevar su proceso en libertad.

Excélsior
Juan Pablo Reyes
David Vicenteño
Ciudad de México
Domingo 4 de agosto de 2019.


Quinto Elemento Lab*


Emilio Lozoya Austin rompió el silencio. El exdirector de Pemex calificó las acusaciones como “un ataque político cobarde y sin fundamentos” contra él y su familia. Desde una locación no identificada, Lozoya responde por primera vez a la prensa desde que las autoridades giraron dos órdenes de aprehensión en su contra el 28 de mayo y el 4 de julio pasados.

El exfuncionario, quien es buscado a escala global por la Interpol, contestó a través de su abogado Javier Coello un cuestionario de nueve preguntas que le hicieron llegar el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el medio suizo Tamedia, como parte de una investigación periodística realizada en conjunto con Quinto Elemento Lab.

Coello entregó las respuestas el sábado 27 de julio, tres días después de la captura de Gilda Austin, madre de Lozoya, en una pequeña isla al norte de Alemania. “A mi madre se le acusa de que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese?”, dijo el exdirector de Pemex, investigado en México por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho ligados con la trama de Odebrecht.

Süddeutsche Zeitung, Tamedia y Quinto Elemento Lab publicaron que Lozoya y su familia tienen intereses empresariales y financieros en Alemania y Suiza, y las autoridades europeas están iniciando investigaciones.

A continuación, se reproducen íntegramente las respuestas de Lozoya, con varios comentarios y precisiones hechas por su abogado Javier Coello.

Pregunta: Las autoridades mexicanas lo acusan de corrupción y lavado de dinero. ¿Desea hacer algún comentario?

Emilio Lozoya: Es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia, en ningún momento como funcionario público ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción.

P: ¿Es correcto que a partir de 2016 participó en dos empresas registradas en la misma dirección en Múnich, ELMO Wolfsburg GmbH y ALL-Me Hamburg GmbH? ¿Cuáles fueron las razones para participar en estas dos empresas?

EL: Las inversiones en las empresas que usted menciona, ELMO y ALLME son inversiones inmobiliarias que fueron declaradas ante la Secretaría de la Función Pública cada año, mientras fui funcionario público. Todas, producto de mi trabajo empresarial antes de ser funcionario público.

P: En diciembre de 2016, tres entonces altos funcionarios de la empresa brasileña Odebrecht confesaron a la justicia brasileña que le sobornaron entre 2012 y 2014 con pagos por un total de 10.5 millones de dólares utilizando empresas offshore con cuentas bancarias en paraísos fiscales. Como contrapartida, dicen que usted les ayudó a consolidarse en México y ganar contratos con Pemex. ¿Es verdad lo que confesaron? ¿Usted quiere comentar o corregir algo?

EL: He negado categóricamente los supuestos dichos de los brasileños. A cambio de sentencias reducidas pueden haber inventado lo que les convenía. Por motivos profesionales los conocí, como a las principales empresas de la región, antes de ser funcionario público.

P: La justicia mexicana le acusa como entonces director de Pemex de haber comprado una planta de fertilizantes a sobreprecio. Quinto Elemento Lab escribe que Pemex pagó casi 100 millones de dólares más que el valor de la planta. ¿Es verdad? ¿Usted quiere comentar o corregir algo?

Javier Coello: La acusación sobre el sobreprecio no tiene sustento. Mi cliente nunca participó en los comités de aprobación de dicha transacción, ya que anualmente representaba menos del 1% del monto total a invertir.

En los comités de aprobación hubo consejeros independientes y de áreas de personas involucradas, White & Case, AT Kearney y empresas de consultoría global.

Las valuaciones las hicieron consultores globales reconocidos y el INDAABIN, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda.

EL: El problema real es que desde que salí de Pemex, mis sucesores y la actual administración han propiciado una caída de más de 30% en la producción de gas en el país, por decisiones propias y erróneas, intentar culpar a alguien cuatro años después, es absurdo.

P: En diciembre de 2012 usted compró una casa en la Cuidad de México por 2.58 millones de francos suizos a través de la empresa offshore Tochos Holding. Se dice que parte del dinero proviene de los sobornos de los ejecutivos de Odebrecht. ¿Quiere comentar algo?

EL: Mi casa en la Ciudad de México se compró en noviembre de 2012, un mes antes de ser funcionario público. ¿Cómo se puede acusar de sobornos a una persona que no es funcionario público? Todo el dinero que se usó para la compra de dicho inmueble es producto de actividad empresarial de años de trabajo antes de ser funcionario público.

P: En agosto de 2013 su esposa Marielle Eckes compró una residencia en la costa pacífico de México a través de un abogado que trabajaba para Altos Hornos. El dinero para la compra provino de una cuenta bancaria de la empresa Tochos. ¿Qué relación tienen la adquisición de la residencia, la compra de la planta de fertilizantes a sobreprecio y el hecho de que la misma empresa offshore en que según los ejecutivos de Odebrecht le depositaron los sobornos recibiera pagos millonarios por parte de Altos Hornos?

EL: Su información es incorrecta, el abogado que asesoró la transacción es un abogado con cientos de clientes que lleva un despacho privado; que haya asesorado otras empresas o individuos lo desconozco, pero dicho despacho tiene más de una década ayudando a mi familia con su consejería jurídica.

No hay relación en absoluto entre la adquisición de dicha casa y cualquier otro negocio. Igualmente, todos los recursos utilizados de dicha compra fueron producto de dinero que se tenía, tanto mi esposa como yo antes de que fuera funcionario.

Sobre los tratos de Odebrecht y AHMSA, debe preguntarles a ellos. Ambas empresas facturan miles de millones de dólares y desconozco sus tratos empresariales. Aunque es del conocimiento público declaraciones de AHMSA que habían contratado a Odebrecht para algún proyecto de expansión, más allá de eso no tengo detalles.

P: En el registro de empresas de Luxemburgo se puede comprobar que entre noviembre de 2009 y julio de 2013 usted fue miembro del consejo de administración de Cormus Holding S.A., que a partir de octubre de 2010 se llamó JF Holding S.A. Además, entre 2013 y 2014 usted invirtió aproximadamente 10 millones de euros en tres fracciones en JF Holding S.A. y por eso recibió acciones. ¿De dónde vienen esos 10 millones de euros? ¿Vienen de los pagos de los cuales hablan los ejecutivos de Odebrecht?

EL: No puedo dar detalles de esto por no tener los documentos a la mano, pero es absurdo ligar a Odebrecht con esto.

JC: Todas las inversiones que tenía el Sr. Lozoya fueron declaradas ante la Secretaría de la Función Pública, incluyendo cualquier participación en empresas extranjeras.

Asimismo, su información es incorrecta, el Sr. Lozoya dejó cualquier Consejo de Administración de empresas privadas antes de entrar al gobierno. Se cuentan con pruebas de eso y cualquier omisión puede ser un error de la administración de dichas empresas.

P: Según los Panama Papers usted recibió un poder legal en marzo de 2011 para abrir una cuenta bancaria y una caja fuerte a nombre de la offshore panameña Balerg Associates Inc. En emails que pudimos leer se ve que el representante del beneficiario final de la empresa Balerg se niega a revelar el nombre del dueño de la compañía. Así que el despacho Mossack Fonseca renuncia como agente registrado. ¿Es verdad que usted fue beneficiario final de la sociedad? ¿Para qué fue utilizada esta empresa?

EL: Sobre el despacho de Mossack Fonseca, es mentira que yo haya aperturado alguna empresa ahí. Es posible, y ya lo he dicho antes, que le hayan tratado de vender algún servicio a mis empresas y hayan intentado abrir una cuenta para mí, pero jamás tuve mi empresa ni dinero con dicho despacho, ni recuerdo haberlos conocido. Pudo haber tenido contacto con algún empleado mío sin que yo lo supiera, pero de cualquier forma el negocio no se concretó.

P: Su madre fue detenida en Alemania bajo sospecha de blanqueo de dinero. ¿Desea hacer algún comentario?

EL: En dicha persecución política atacan a mi familia, a mi madre se le acusa de que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese? Además de los delitos que se nos imputan no ameritan prisión preventiva en México, pero a pesar de eso el gobierno le mintió o se coludió con un juez en México para generar órdenes de aprehensión.

JC: Finalmente al defender a una Sra. de 71 años, que no ha cometido delito alguno y que al momento de la detención contaba en México con una orden que frenaba cualquier intento de detención, ¿qué clase de justicia política se está promoviendo en México?

* * *

Aunque Lozoya no se ha dejado ver en público y su paradero oficial es desconocido, la última vez que el exdirector de Pemex habló sobre el caso fue el 10 de junio pasado cuando publicó en Twitter que había decidido no presentarse ante la Fiscalía mexicana debido a que no confiaba en un juicio imparcial.

Hace tres días su abogado Javier Coello reveló que dentro de dos semanas Lozoya reaparecerá en un video en el que dará a conocer su versión sobre las compras de las plantas de Agronitrogenados y Fertinal, así como el saqueo a Pemex que, asegura, cometieron el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Una investigación de Quinto Elemento Lab, Süddeutsche Zeitung y Tamedia, publicada el 26 de julio, encontró que Emilio Lozoya entró a Alemania vía el aeropuerto internacional de Frankfurt hace unas semanas. La Fiscalía de Múnich, Alemania, inició una investigación preliminar en torno al mexicano y su esposa alemana, Marielle Eckes.

Una de las líneas de investigación que persigue apunta a que el exdirector de Pemex abandonó Alemania y se encuentra en Suiza.

*Este texto es parte de la investigación colaborativa de Quinto Elemento Lab, el diario alemán Süddeutsche Zeitung y Tamedia, de Suiza.

Quinto Elemento
Ciudad de México
Viernes 02 de agosto de 2019.


Autoridades de Múnich, al sur de Alemania, confirmaron el inicio de una investigación en ese país contra Emilio Lozoya y su esposa, Marielle Helene Eckes.


“En Alemania, actualmente hay una investigación preliminar relacionada con Lozoya y su esposa”, confirmó la oficina del fiscal de Múnich.

Una investigación conjunta del diario alemán Süddeutsche Zeitung, el grupo suizo de medios Tamedia y el mexicano Quinto Elemento Lab descubrió que el exdirector de Pemex ingresó a Alemania hace varias semanas vía el aeropuerto internacional de Frankfurt.

Aunque las autoridades están impedidas de comentar los detalles de las pesquisas, fuentes cercanas a la investigación indicaron que averiguan si la pareja Lozoya-Eckes pudo lavar dinero a través de diversas compañías alemanas.

La última vez que Lozoya fue visto por la prensa fue en Cuidad de México, en octubre de 2017, cuando se defendió de las acusaciones por supuestas irregularidades financieras cometidas antes y durante la campaña presidencial del priista Enrique Peña Nieto. Los actos de presunta corrupción continuaron durante su encargo como director de Petróleos Mexicanos y están relacionados con la firma brasileña Odebrecht, señalada de sobornar funcionarios en varios países de América Latina.

La investigación de Quinto Elemento Lab, Süddeutsche Zeitung y Tamedia revela las conexiones familiares y empresariales de Lozoya en Alemania y Suiza. Las autoridades europeas sospechan que Lozoya probablemente se encuentre en Suiza.

Una búsqueda en el registro empresarial alemán arrojó que Emilio Lozoya aparece como copropietario de dos empresas que tienen su sede en el distrito financiero de Múnich: ELMO Wolfsburg y All-ME Hamburg GmbH.

Luego de que la Interpol emitiera una alerta internacional para encontrar al exdirector de Pemex, investigadores alemanes especializados en la captura de criminales se interesaron en los domicilios de ambas compañías; pero Lozoya nunca se presentó en las oficinas.

Una fuente cercana a la investigación confirmó que funcionarios de México también solicitaron a la oficina federal de la Policía Criminal en Alemania (BKA) información sobre Lozoya en los millones de documentos y registros que guardan del despacho Mossack Fonseca, vinculado con los Panama Papers, la indagación que fue revelada en 2016 y donde también apareció mencionado el nombre del exdirector de Pemex.

Alemania era un destino natural para Lozoya. En ese país estudió la preparatoria y ahí fue donde nació y creció su esposa, Marielle Eckes, una internacionalista que en México se dedicó a la filantropía. El padre de ella proviene de la familia fundadora de Eckes Granini Deutschland, la más grande empresa europea de jugos que tiene su corporativo en Mainz, al suroeste de Alemania.

La mañana del miércoles pasado, policías alemanes arrestaron a la madre de Lozoya, Gilda Austin, de unos 70 años, en la paradisiaca isla de Juist, al norte de Alemania. Así fue como el caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Latinoamérica, salpicó a la diminuta isla de 17 kilómetros cuadrados, donde su población de mil 700 habitantes se desplaza sin automóviles.

Pese al tamaño de la isla, la noticia de la captura se mantuvo prácticamente en secreto. Nadie se percató del arresto: ni el periódico local Ostfriesen-Zeitung lo imprimió en sus planas ni el mayor hotel de la zona conocieron la noticia. La recepcionista del Friesenhof dijo al teléfono: “No tenemos mexicanos aquí”.

La captura de Gilda Austin ocurrió 11 días después de que el padre de Lozoya fuera dado de alta del hospital ABC de la Ciudad de México a donde, según informaciones de medios, ingresó por complicaciones cardiacas. Al otro lado del Atlántico, la madre y los hijos de Lozoya se encontraban “de vacaciones” en la isla alemana, según la versión del abogado Javier Coello.

Una fuente cercana a la familia de Lozoya, confirmó que sus hijos tenían más de un ciclo escolar fuera del país.

El abogado Coello dijo a la prensa que la señora Austin se encuentra en un centro de detención a la espera de comparecer ante el juez. Su único delito, aseguró, es que su hijo le depositó dinero para que pagara a abogados e impuestos. La Fiscalía General de México ha confirmado que se le investiga por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, en el caso Odebrecht.

Aunque Lozoya no se ha dejado ver en público y su paradero oficial se desconoce, el exdirector de Pemex ha mantenido cierta actividad en sus redes sociales. El 10 de junio pasado publicó en Twitter que había decidido rehuir de la justicia debido a que no confiaba en un juicio imparcial.

“No obstante que mi deseo es comparecer para defenderme, ante la defenestración pública de la que he sido objeto, he decidido conjuntarme con mi familia, no presentarme ante el Juez Federal de Control, por considerar que no existen las condiciones ni garantías legales para hacerlo”, escribió Lozoya en un comunicado a la opinión pública.

Casi un mes después de que Lozoya emitió ese mensaje, su abogado afirmó que su cliente se encontraba en México. “No está en Alemania, está en México; en el momento en que tengamos las condiciones se tendrá que presentar (a comparecer)”, dijo Coello el 4 de julio en entrevista con Milenio.

La pista conduce a Suiza

La detención de Gilda Austin en la isla de Juist disparó las dudas sobre el paradero de Emilio Lozoya. La hipótesis de las autoridades europeas es que el exfuncionario prófugo se escondió en Suiza a mediados de este mes.

Una de las líneas de investigación que persigue la policía europea apunta a que Lozoya abandonó su refugio en Alemania y huyó a Suiza, que es la tierra de sus bisabuelos.

De 2006 a 2010, Lozoya fue director para América Latina del Foro Económico Mundial. En esos años mantuvo su residencia en la ciudad de Ginebra, sede de organismos internacionales y representaciones diplomáticas. En esa ciudad rodeada de las montañas de los Alpes nacieron dos de sus hijos Luca y Amaya. También los familiares de su esposa Marielle residen en ese país y son dueños de una compañía internacional de aviones.

Además, en Suiza está asentada la cuenta bancaria de Tochos Holding Limited, que tiene como beneficiarios a Emilio Lozoya y a su hermana Gilda Susana. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que desde esta cuenta salieron los recursos para pagar la residencia de Lozoya en el exclusivo fraccionamiento de Lomas de Bezares en la Ciudad de México.

De esa misma cuenta en el banco Gonet & Cie se presume que salieron las transferencias con las que la esposa de Lozoya adquirió una mansión en las playas de Ixtapa, valuada en 1.9 millones de dólares. Estas transferencias son investigadas por las autoridades mexicanas como parte de los casos Odebrecht y Altos Hornos.

Portavoces del banco Gonet & Cie declinaron hacer comentarios tras invocar el secretario bancario.

Por otra parte, esta semana se filtraron a la prensa los nombres de dos empresas vinculadas con Lozoya y que tienen su sede en Ginebra: TMF Services S.A. y Lobnek. Ambas compañías aparecen en la causa abierta contra Gilda Austin.

“TMF Group toma estos asuntos muy en serio. Estamos investigando esto con urgencia”, dijo un empleado consultado para la investigación de Quinto Elemento Lab, Süddeutsche Zeitung y Tamedia. Lobnek, por su parte, dijo que ya envió información sobre Lozoya a las autoridades helvéticas.

En relación con el caso Odebrecht, la Fiscalía mexicana ha pedido el apoyo de su contraparte suiza para obtener información bancaria y de empresas. Desde septiembre de 2017 y hasta abril de este año, ha enviado siete peticiones de asistencia jurídica. La oficina Federal de Justicia de Suiza confirmó que en agosto de 2018 entregó la información solicitada por las autoridades mexicanas.

Lozoya renunció en 2010 a su cargo en el Foro Económico Mundial, pero asistió durante los siguientes siete años cada enero al evento internacional que se celebra en Davos. El organismo internacional declinó proporcionar información sobre las actividades de Lozoya.

A través de sus abogados en Múnich, la esposa de Lozoya, buscada por este equipo de reporteros, pidió comprensión y respondió que por el momento no hará comentarios. Se intentó contactar a Lozoya pero no fue posible localizarlo en los teléfonos que registró en Suiza.


* Frederik Obermaier (Süddeutsche Zeitung, Alemania) y Bernhard Odehnal (Tamedia Media Group, Suiza) contribuyeron a esta investigación.

Proceso
Andrea Cárdenas
Quinto Elemento Lab
Ciudad de México / Munich
Viernes 26 de julio de 2019.

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