El priísta no sólo estuvo cebando a su partido con fondos del erario; el saqueo de fondos públicos, lo consideró una dispensa para enriquecerse de manera desmedida.


Ciudad de México— Cuatro constructoras que recibieron contratos legales por mil 170 millones de pesos de la Administración de Javier Duarte hicieron depósitos a tres empresas fantasma donde el exgobernador presuntamente lavó dinero.

Una parte de ese dinero fue para el Consorcio Brades, el cual simuló la compra de parcelas en Campeche por 223 millones de pesos a Moisés Mansur, prestanombres del exmandatario.

Israel Lira Salas, subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, expuso el sábado en la audiencia de vinculación a proceso de Duarte una sinopsis que también señala a empresas legalmente constituidas para fondear a factureras del veracruzano.

Se trata de las compañías Expectra, Constructoras Asociadas El Papaloapan, Construcciones Enremex y Aglomerados de Concreto del Papaloapan, que hicieron pagos a Diseños Arquitectónicos Melvan, Diseños Arquitectónicos Alim y Evolución de Diseño ARG.

Aunque la diapositiva expuesta no precisa el monto transferido a las constructoras, sí refiere que de las cuentas de las tres empresas fachada se enviaron 61.8 millones de pesos a otras compañías de la misma red de lavado del exmandatario.

El esquema que se conocía hasta ahora del caso Duarte era la simulación de contratos del Gobierno de Veracruz con compañías fantasma para desviar recursos y ahora se sabe que esas mismas empresas ilegales también recibieron dinero de contratistas formales.

Expectra, una de las proveedoras de la infraestructura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 en Veracruz, según la diapositiva de la PGR, recibió de 2013 a 2014 contratos por 691 millones de pesos.

Constructoras Asociadas El Papaloapan, a la que el sexenio duartista asignó obra carretera, cobró entre 2011 y 2012 un total de 359 millones de pesos.

De acuerdo con la PGR, Construcciones Enremex cobró de 2012 a 2014 a la Administración estatal 65 millones de pesos, mientras que Aglomerados de Concreto del Papaloapan recibió contratos por 55 millones de pesos.

Las cuatro constructoras hicieron depósitos a Diseños Arquitectónicos Melvan, Diseños Arquitectónicos Alim y Evolución de Diseño ARG, identificadas por la PGR y el Servicio de Administración Tributaria como fachadas.

Es decir, compañías que sólo existen en el papel porque no tienen domicilio fiscal y su naturaleza es simular operaciones en las que emiten facturas por cada depósito, sin que exista una contraprestación o justificación.

De acuerdo con la exposición del titular de la SEIDO, del pago que recibieron las tres factureras se hicieron transferencias de 61.8 millones de pesos a Sakmet Inmobiliaria y Consorcio Brades en depósitos de 23.3 millones, 23.5 millones y 15 millones de pesos

Brades es la empresa que compró a Moisés Mansur sus parcelas de Campeche en 223 millones 800 mil 963 pesos, en una operación de compra venta donde se inflaron en 15 mil por ciento el precio de los bienes.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 24 de julio de 2017.


Con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Construcciones Aldesem SA de CV, responsable de edificar el Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca, ganó 4 mil 134 millones 744 mil 526 pesos, pese a deficiencias observadas en sus obras.

Tras una revisión a los registros de Compranet, La Silla Rota identificó que sólo uno de los 24 contratos que recibió la firma representa 25.29 por ciento de sus ingresos como proveedor del gobierno federal: la ampliación del libramiento en Morelos, donde el 12 de julio se abrió un socavón de ocho metros de diámetro en el que cayó un automóvil y los tripulantes perdieron la vida.

Por este trabajo, que obtuvo tras el fallo de la licitación pública internacional LO-009000999-T422-2014, facturó 1 mil 45 millones 857 mil 952 pesos, pese a que el acuerdo inicial fue por 901 millones 601 mil pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) signó 12 de los 24 convenios. El último de ellos es para la construcción de talleres y cocheras del tren eléctrico de Guadalajara, por 599 millones 229 mil187 pesos, asignado el 14 de marzo de 2016, con plazo de ejecución de 10 a 12 meses.

Cuatro días antes, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México le entregó un contrato, al cual accedió por invitación, de 10 millones 961 mil 673 pesos por edificar accesos y plataformas para exploración geotécnica, rehabilitación de tramos de prueba y bacheo de caminos existentes dentro del terreno en el que se erigirá el puesto aéreo.

El 14 de mayo de 2015, según la base de datos de Compranet, había realizado el mismo servicio en la pista dos de la base aérea.

Con Felipe Calderón, la empresa del Grupo Aldesa en México erigió la plaza de cobro La Concordia, en Sinaloa, que incluyó cuartos de máquinas, edificios administrativos y de control, así como andadores peatonales, asta bandera, área de vigilancia y zona de estacionamientos. Por este contrato, que inició el 1 de noviembre de 2012, percibió 74 millones 908 mil 273 pesos.

Previo a éste, el gobierno panista había requerido los servicios de Aldesem para la plaza de cobro Cocomate, en Durango, por la cual cobró 54 millones 174 mil 412 pesos.

Ya con Peña Nieto, Caminos y Puentes Federal le asignó directamente, sin competir con otra propuesta, 38 millones779 mil 625 pesos por “trabajos preliminares en la atención del deslizamiento ubicado en el kilómetro 93+000 de la autopista Tijuana-Ensenada”.

Además de infraestructura carretera, la constructora proveyó la interconexión de sistemas aislados Guerrero Negro y Santa Rosalía, a solicitud de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con ganancias de 18 millones 626 mil 178 pesos.

Grupo Aldesa, al que pertenece Aldesem, también construyó la autopista siglo XXI, de Mazatlán a Durango, en la cual uno de sus túneles presentó daños un mes antes de su inauguración, en septiembre de 2013, tras el paso de la tormenta Ingrid.

En febrero de 2017, Aldesa y la mexicana Jaguar Ingenieros ganaron el contrato para construir la torre de control del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Su oferta, que se impuso a otras siete, fue por mil 242 millones de pesos, sin Impuesto al Valor Agregado (IVA).

¡Esa torre se va a caer!", dijo a Reforma el diputado morelense Juan Pablo Adame, quien documentó al menos 20 muertes por accidentes viales y de trabajadores de la obra en el Paso Exprés, desde su inauguración en enero de 2015.

Auditoría alertó por irregularidades

En la revisión a la cuenta pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó retrasos, pagos no justificados y modificaciones no validadas en la ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Express).

Asimismo, expuso que por irregularidades 270 millones de pesos podían recuperarse.

El contrato que concedió al SCT a Construcciones Aldesem por ampliación del libramiento de Cuernavaca fue por 901 millones 601 mil pesos y un plazo de ejecución de 731 días naturales, comprendidos del 29 de noviembre de 2014 al 28 de noviembre de 2016. No obstante, costó 144 millones 256 mil 952 pesos más.

En la Auditoría de Inversiones Físicas 14-0-09100-04-0372 el órgano fiscalizador evidenció que para la construcción del distribuidor la Secretaría consideró un viaducto elevado sin adquirir derecho de vía adicional ni derecho de vía histórico.

La SCT, además, argumentó que desconocía sobre la demanda de ocupación de los predios que presentó ejido de Chipitlán, “por lo que llevó a cabo todas las actividades y actos jurídicos necesarios para entregar parcial o total el derecho de vía de la autopista México-Cuernavaca a la contratista”; sin embargo, la Auditoría señaló que durante el proceso de expropiación la entidad fiscalizada había realizado tres pagos por un total de 45 mil 890 pesos, sin liquidar el valor total de los predios: 80 mil 821 pesos de acuerdo al avalúo realizado.

Aunado a ello, en la inspección a los trabajos del Libramiento de Cuernavaca y el Distribuidor Vial Palmira, la ASF constató pagos indebidos por “Acero de refuerzo L.E. igual o mayor 4200 kg/cm2, por unidad de obra terminada”, así como “duplicidad de traslapes e igualar en alturas lo muros de contención de los acceso núms. 1 y 2 (lado derecho e izquierdo).

Otros Pagos indebidos por 25 millones 241 mil pesos fueron por concepto extraordinario s/n “concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm² colado en seco, en muros de contención por unidad de obra terminada”, por errores aritméticos en los volúmenes cobrados e igualar en alturas lo muros de contención de los acceso núms. 1 y 2.

Omisiones y retrasos en el programa también son parte de las conclusiones de la auditoría 14-0-09100-04-0372.

La Silla Rota
Axel Chávez
Ciudad de México
Jueves 20 de julio de 2017.


Enrique Aguirre N     

•    Javidú el prófugo como el porno japonés

•    Duarte y la ruta ‘Elba Esther Gordillo’

•    Ni el debido proceso impidió el “chow”


Y llegó Javier Duarte de Ochoa a territorio chichimeca. ¿Es extradición o repatriación de un emblema tricolor? Justo sirve como cortina de humo para tapar otros socavones patrios.

Es carroña mediática para la jauría que acecha y se solaza con semejante ejemplar, sobrado de kilos, que hoy y en días subsecuentes será sacrificado y abierto en canal para sosegar la inquina local, trocada, para no hacer Justicia.

Segundos, minutos, horas de escuchar datos y detalles estúpidos mientras aparece a cuadro la mole jarocha, eso sí, siempre respetándole el “debido proceso”, faltaba más. Hábiles y sesudos periodiqueros de TV, diestros en hablar sin decir nada.

Ni por asomo mientan detalles del latrocinio del siglo y sus múltiples cómplices. Nada de aludir los miles de millones de pesos robados del erario público para cebar la maquinaria fraudulenta del Partido Revolucionario Institucional.

Cobertura desinformativa sinigual, apenas equiparable a la realizada en los funerales de Juan Gabriel o de Gabriel García Márquez. Y vaya parangón, si se toma como referencia a dos pilares de la cultura popular y literaria. Pero no se equivoquen, porque como ya lo dijo Peña Nieto, la corrupción en México es cultural, luego entonces, si la corrupción es cultural, estamos hablando de que Duarte no es un delincuente ordinario, sino el sujeto más culto de la comarca.

Una decena de camionetas, dos de ellas artilladas, un sin número de elementos policiacos armados, a bordo de motocicletas, forman el largo convoy que custodian el cuerpo incorrupto del priista caído en desgracia. Lo trasladan del Hangar de la PGR al Reclusorio Preventivo Norte en dónde le habrán de continuarle el proceso.

Nada impide el “chow”, ni las restricciones fijadas por el nuevo sistema de justicia penal, se observa el protocolo judicial para la presentación de los delincuentes. Entonces, ahí están las imágenes pixeleadas del terso rostro del Faraón del Faunito, ahí se aprecia a Duarte custodiado por elementos federales, saliendo del avión de la PGR que lo trasladó desde Guatemala al país del fraude sin fin. Cual video porno japonés, se le bloquea su obscena cara; uno deduce que se trata del mismo priista Duarte, por la panza de botarga que se aprecia debajo de la cuadrícula pixeleada.

Ya en suelo mexica, Duarte concluye 90 días de angustia y penurias carcelarias infringidas por un sistema judicial no cooptado por el PRI. La merecida abundancia de Javidú, le volverá paulatinamente, a pesar de su reclusión. Iniciará la ruta ‘Elba Esther Gordillo’. Irá con seguridad a una celda de excepción, después, por presiones de sus abogados, certificado médico de por medio, parará en la enfermería del reclusorio para reanudar su vida de excesos y en fecha no distante, impunidad mediante, volverá libre a recuperar todo lo robado. Todo si le sobrevive el PRI y Peña Nieto.

Puebl@Media
Enrique Aguirre
Puebla, México
Lunes 17 de julio de 2017.


Rocío Nahle dijo que se debe conocer quiénes son los accionistas de las empresas, ya que siempre existieron y se supieron de los yacimientos, sólo que ahora los pusieron en subasta.


Ciudad de México. - Como “una burla, un engaño y una manipulación del gobierno mexicano”, calificaron los líderes parlamentarios de Morena el anuncio del primer descubrimiento de un yacimiento petrolero, el Zama-1, en Tabasco, por empresas privadas.

De acuerdo con la coordinadora de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle, “desde que se inició todo el proceso de la Reforma Energética, el cuarto de datos reservados y estratégicos de Pemex, como el que tienen todas las grandes empresas petroleras internacionales, ya sabía de éste y de otros yacimientos y sólo los pusieron a subasta.

“Los que somos ingenieros petroleros, los que conocemos a Pemex, sabemos desde hace años que en el archivo geológico estratégico de la empresa esa reserva ya se tenía considerada como de la nación, pero hoy se entrega a los accionistas de las empresas, que por lo menos debemos saber quiénes son”, afirmó a El Financiero.

El vicecoordinador del mismo partido en San Lázaro, Vidal Llerenas, también declaró que “es obvio y evidente que Pemex ya sabía de la existencia de esas reservas, no se ha descubierto nada nuevo; lo que sucede es que Pemex argumentó que no tenía recursos para invertir en esa exploración y perforación, y que debía hacerlo una empresa privada.

“Hoy lo que se anuncia sólo es parte de una estrategia de manejar y administrar la información para hacer creer y crear la percepción de que sí está funcionando la Reforma Energética”, anotó.

“Tan es así, que Pemex sí cuenta con la capacidad técnica y con la tecnología misma para explorar este recurso en aguas someras, y debió haber hecho un esfuerzo de inversión para que la renta que se obtendrá de estos yacimientos fuera sólo para México, ya que ahora se tendrá que compartir con otras empresas extranjeras”, insistió.

VÍNCULOS POLÍTICOS

De acuerdo con Mario Delgado, senador del bloque PT-Morena, el problema del descubrimiento del pozo Zama-1, no es el hallazgo del mismo, sino los vínculos de esas empresas con exfuncionarios y políticos.

“Se trata de una gran noticia para los beneficiarios de la privatización petrolera, pero no necesariamente para el Estado mexicano”, subrayó.

El legislador señaló que la compañía mexicana Sierra Oil & Gas ha sido una de las más favorecidas por las diferentes rondas y contratos de la Reforma Energética, pero recordó que esta compañía tiene capital de Jerónimo Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas, y del actual director de Pemex, José Antonio González.

Delgado destacó que Sierra Oil & Gas fue fundada en 2014 con capi-tal de la empresa Infraestructura Institucional, de Jerónimo Gerard, y apuntó que luego fue adquirida por la firma financiera BlackRock, que se ha convertido en una de las principales socias de Pemex y de donde salió el actual director de PMI Comercio Internacional, empresa filial de Pemex, Isaac Volin Bolok Portnoy.

Advirtió que se tiene que ser cuidadoso con la letra chiquita de los contratos, ya que “aunque el consorcio ofreció que el Estado se quedaría con el 68.9% de las ganancias de la operación del campo, el contrato establece un ‘mecanismo de ajuste’ que podría llevar al Estado a quedarse con alrededor de 40% de las ganancias”.

El Financiero
Rivelino Rueda
Víctor Chávez
Ciudad de México
Sábado 15 de julio de 2017.


No anticiparé juicios por Paso Exprés: EPN  
    
Ciudad de México.-Tras el accidente en el paso exprés, la asociación civil Somos Más protestó afuera de la torre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para demandar la renuncia de su titular, Gerardo Ruiz Esparza.

"Con qué seguridad nosotros, ustedes, ellos, podemos circular en las recientemente inauguradas carreteras sin temor a que nosotros o nuestras familias sean tragadas por otro socavón", dijo uno de los manifestantes.

"Es urgente la renuncia de Ruiz Esparza y en ese sentido no daremos ni un paso atrás".

Las personas portaron cartulinas con las leyendas: "Ya basta. No tienes vergüenza" y "Si tienes dignidad, renuncia".

El presidente de la organización, César Augusto Morales, denunció que durante la construcción de la obra hubo más de 80 accidentes, en los que murieron 21 personas.

"Ahora se quiere lavar la cara (Ruiz Esparza) pidieron una investigación interna, no lo aceptamos, que renuncie", expresó.

También demandó un proceso judicial contra el funcionario federal.

En la protesta, Morales exhibió a la empresa constructora encargada del paso exprés.

"Aldesa es una de las empresas favoritas de Enrique Peña. Durante el periodo de 2012 a la fecha, Aldesa ha obtenido más de 80 contratos", señaló.

"Estamos seguros que todos estos contratos son producto del contubernio y la corrupción".

No anticiparé juicios por Paso Exprés: EPN  

El Presidente, Enrique Peña Nieto, informó que serán separados, momentáneamente, de su cargo los supervisores o funcionarios implicados o con responsabilidad directa en el mantenimiento y supervisión del Paso Exprés.

Sin embargo, el Primer Mandatario no quiso responder si el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, también debe hacerlo.

Al cuestionarle si hubo negligencia por parte de las autoridades, pues los vecinos habían denunciado irregularidades, Peña Nieto aseguró que no podía hacer juicios.

"No quiero hacer juicios anticipados, he conocido estos señalamientos y de que ya había habido participación de parte de la propia delegación para atender las peticiones, no estoy en condiciones de hacer juicios anticipados", señaló.

"Creo que es importante que se realice la debida investigación y que sea hasta entonces cuando se puedan deslindar de responsabilidades a funcionarios, sea la empresa, o cualquiera que sea la causa".

En entrevista, tras su participación en el 89 aniversario de la Policía Federal, el mexiquense afirmó que es necesario realizar una investigación sobre los hechos así como una auditoría, antes de emitir algún juicio.

"He dado instrucciones al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que quienes sean supervisores o funcionarios implicados o con responsabilidad directa en la supervisión y mantenimiento de esta obra sean de momento retirados de sus tareas para las investigaciones".

"Y sea hasta entonces, una vez que se tengan los peritajes y la investigación realizada lo que permita deslindar las responsabilidades", señaló.

El Mandatario aseguró que también instruyó a la Secretaría de la Función Pública para que realice una auditoría sobre la obra y, finalmente, ofreció sus condolencias a la familia de las dos personas que murieron al caer al socavón.
Indaga CNDH a autoridades

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indaga las responsabilidades en que funcionarios federales y estatales pudieron incurrir por el socavón que se abrió ayer y que causó la muerte de dos personas en el Paso Exprés.

Mediante un comunicado, el organismo externó sus condolencias e informó que envió a visitadores a la zona del socavón.

"Este organismo nacional inició una queja de oficio sobre estos hechos con el propósito de determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos en que podrían haber incurrido autoridades, tanto federales como estatales, en su posible prevención, así como en la respuesta y atención que brindaron a las víctimas una vez que ocurrieron los mismos", señaló.

Además de los visitadores enviados a Cuernavaca, indicó que solicitó información a las autoridades de diferentes niveles de Gobierno,

"La CNDH demanda a las autoridades correspondientes el pronto esclarecimiento del caso y el que se realice una investigación pronta, objetiva e integral, que permita deslindar las responsabilidades", añadió.

Demandó también restablecer la circulación de vehículos por el Paso Exprés, garantizando la seguridad e integridad de los usuarios y los habitantes de la zona en que ocurrieron los hechos.

Reforma
Érika Hernández y
Antonio Baranda
Ciudad de México
Jueves 13 de julio de 2017.


Un motín al interior del penal de Acapulco dejó un saldo de 28 muertos y tres heridos, masacre previa a la reunión privada entre el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John F. Kelly, y los titulares de la Defensa y Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón.

Esta tarde, el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores confirmó que la cifra oficial de la matanza al interior del penal de Acapulco es de 28 muertos y tres lesionados.

A través de una conferencia realizada en el puerto, el vocero de Seguridad en la entidad, Roberto Álvarez Heredia, informó este hecho luego de que las autoridades estatales pretendieron minimizar la tragedia argumentando que se había tratado de una riña y que el saldo era de sólo cinco muertos y un herido.

Los hechos de violencia se registraron cerca de las 5:00 horas cuando custodios reportaron detonaciones de arma de fuego al interior de la cárcel, indican reportes oficiales consultados por Apro.

El penal de Las Cruces se ubica en el cinturón de miseria del principal destino turístico de la entidad, alejado de la avenida costera Miguel Alemán, misma que fue blindada por la visita del funcionario del gobierno estadunidense.

Los informes refieren que el director del centro penitenciario, Miguel Ángel Gómez Garduño, precisó que la agresión armada se registró en el módulo denominado “de máxima seguridad”, donde se alojan internos acusados de formar parte de la delincuencia organizada.

Después del tiroteo, al menos 500 internos salieron de sus celdas, y los custodios de una torre de vigilancia reportaron cinco presos ejecutados, refirieron los primeros informes.

De acuerdo con imágenes aéreas difundidas por el gobierno de Héctor Astudillo Flores, se observan cinco hombres decapitados en la entrada principal de la cárcel; además, sobre las víctimas dejaron escritos mensajes en cartulinas.

En otro punto del penal se observa el cuerpo de otra persona más abatida sobre una plancha de concreto.

El penal de Las Cruces, donde están recluidos más de dos mil personas, es considerado como una plaza del narcotráfico dentro del mismo puerto de Acapulco, espacio que se disputan las pandillas locales.

Proceso
Ezequiel Flores Contreras
Acapulco, Guerrero, México
Jueves 06 de julio de 2017.


Pegasus tiene la capacidad de espiar más de 1 mil teléfonos celulares a la vez; fue adquirido por la Sedena, y es el elemento central de toda una modernización de la Inteligencia Militar que costó más de 10 mil millones de pesos, revelan los contratos, de los cuales Contralínea posee copia


La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue la entidad del gobierno federal mexicano que adquirió, por más de 2 mil millones de pesos, la Plataforma Pegasus, el más sofisticado programa de espionaje que existe hoy en el mundo, desarrollado por la firma israelí NSO Group Technologies y comercializado por la estadunidense Security Tracking Devices.

El software malicioso fue uno de los elementos centrales de toda una reestructuración del “Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la S-2 [Sección Segunda] (Intl) [Inteligencia] EMDN [Estado Mayor de la Defensa Nacional]”, como se lee en los contratos, de los cuales Contralínea posee copia. La otra adquisición central fue un Sistema Táctico de Imágenes para “ver” a través de paredes.

La modernización de toda la Sección Segunda –encargada de las labores de inteligencia militar– se llevó a cabo en tres fases, al final del sexenio de Felipe Calderón, y tuvo un costo superior a los 10 mil millones de pesos. Se trató de una restructuración del Centro de Comando y Control, sus subcentros, módulos y la instalación de la Plataforma Pegasus.

Los contratos señalan que hoy Inteligencia Militar –y, a través de licencias, otros organismos de seguridad nacional, seguridad pública y procuración de justicia– pueden intervenir, al mismo tiempo, 400 Iphone, 400 BlackBerry, 100 Nokia y 100 smartphones con sistema operativo Android.

La adquisición del “Módulo Central de la Plataforma NSO Pegasus de Monitoreo de Smartphones” se realizó por adjudicación directa a la compañía Security Tracking Devices. De acuerdo con fuentes de la Sedena, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, tuvo que aprobar personalmente que una compañía estadunidense vendiera tal sistema a un gobierno extranjero.

A la letra, uno de los contratos señala las capacidades de espionaje de Pegasus. Logra el control total del teléfono infectado con el software: “extracción de SMS/MSM; lista de contactos; registros de agenda; monitores de e-mail; intercepción de voz; extracción de mensajería instantánea; información de ubicación GPS/Cell ID; captura de imágenes de pantalla y de la cámara; acceso y manipulación del sistema de archivos; información y estado del sistema; información de la tarjeta SIM; información del hardware, sistema operativo y software; denegación de capacidades de servicio, y detener el funcionamiento del dispositivo”.

Es decir, toda la información procesada por el aparato es recopilada y almacenada por los operadores de Pegasus. Más aún, el dispositivo telefónico se convierte en micrófono y cámara permanentes, y ubica en todo momento dónde se encuentra el usuario espiado.

El mismo documento destaca que el control del smartphone vía remota es un hecho, aunque el aparato esté encriptado y esté protegido por antivirus y antiespías. Además, todo ocurre sin que la persona se percate de ello: una de las características de los sistemas adquiridos es “ser indetectables en los dispositivos de hardware y por programas de software (antivirus, antispyware) existentes en el mercado”, dice textualmente.

La adquisición de los equipos y servicios para la modernización de las capacidades de la Sección Segunda del Ejército estuvo a cargo de la Dirección General de Administración.

Formalmente, los nuevos sistemas se utilizarían para apoyar las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la Sección Segunda (dirigidas especialmente contra los movimientos subversivos), pero también las de la Sección Séptima, encargada de las operaciones contra el narcotráfico.

Todos los contratos se adjudicaron de manera directa “por tratarse de asuntos de seguridad nacional”, como explicó a Contralínea el entonces director de Comunicación Social de la Sedena, el general Ricardo Trevilla Trejo.

Cuestionado por Contralínea sobre el uso que se le daría a la Plataforma Pegasus, el general Trevilla dijo en julio de 2012 que se utilizaría contra “determinados grupos criminales. Contra delincuentes en general, no. Es contra grupos armados. El equipo es para cumplir con nuestras misiones, establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. En este caso nos referimos a la segunda misión: garantizar la seguridad interior”.

Además de Security Tracking Devices, la otra empresa a través de la cual se adquirieron los equipos y servicios –sobre todo para la Fuerza Aérea– fue la también estadunidense AV y D Solutions.

Fueron 18 los contratos y convenios que entre 2010 y 2012 celebró la Sedena para adquirir equipos y servicios que modernizarían las capacidades de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Contralínea obtuvo ocho de ellos: tres contratos y cinco convenios modificatorios por 5 mil 628 millones de pesos, aquellos que en 2012 eran auditados por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la propia Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. Entre ellos se encuentran los de la Plataforma Pegasus.

La primera fase del Sistema de Inteligencia para Sección Segunda de la Sedena se adquirió a Security Tracking Devices el 10 de septiembre de 2010, mediante la firma del contrato 4550000033 (folio SAITE-1203/2010) por 650 millones de pesos. Se trató de la remodelación física del Centro de Comando y Control y su preparación técnica para albergar los equipos que se instarían y garantizar su funcionamiento. La Sedena pagó por medio de transferencia bancaria a la cuenta 65500952869 con número Clabe 014320655009528691, radicada en Guadalajara, Jalisco, del banco Santander.

El contrato 4550000007 (folio SAITE-539/2012) da cuenta de la adquisición de la segunda fase del Sistema. Security Tracking Devices comenzó la instalación del Pegasus: el módulo central desde donde se opera esta plataforma de intervención de comunicaciones con sus ocho unidades de monitoreo de teléfonos inteligentes y sus estaciones de trabajo. Sólo el módulo central de Pegasus tiene la capacidad de intervenir al mismo tiempo 400 equipos son sistemas BlackBerry, 100 con Symbian (de teléfonos Nokia) y 100 Android (de Google). La Sedena pagó por estos servicios y equipos 1 mil millones de pesos a la cuenta antes citada.

La tercera fase también tuvo un costo de 1 mil millones de pesos. El contrato 4550000006 (folio SAITE-540/2012) da cuenta de la finalización de la instalación y el licenciamiento del software y puesta en operación de Pegasus Mobile Comunication Solution. A las capacidades de intervención de comunicaciones se agregó la de intervenir 400 teléfonos de Iphone.

En esta tercera fase quedó también instalado el Sistema Táctico de Imágenes a través de Paredes. Un radar que permite ubicar personas y objetos en inmuebles objetivos.

A los 2 mil 650 millones de pesos que suman los montos de estos contratos se agregan otros cinco para adquirir productos y servicios relacionados con la modernización de las actividades de inteligencia de la Sección Segunda, por casi 3 mil millones de pesos.

Se trata de cinco convenios –también adjudicados a Security Tracking Devices– para adquirir, entre otros equipos y servicios, dos sistemas de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular; un sistema procesador electromagnético; ocho estaciones remotas móviles de radiocomunicación y sistemas de inteligencia. Estos documentos se firmaron entre el 21 de diciembre de 2010 y el 3 de noviembre de 2011, bajo los números 4500006718 (folio SAITE-1462/2010), 04500006876 (folio SAITE-520/2011), 4500006908 (folio SAITE-556/2011), 4500000147 (folio SAITE-782/2011), 4500000525 (folio SAITE-135/2011) y 4550000007 (folio SAITE-539/2012).

Contralínea publicó el 22 de julio de 2012 los contratos que eran escudriñados por auditores civiles y militares, por denuncias de supuestos hechos de corrupción cometidos a lo largo de todo el proceso de adquisición de los sistemas. Antes, la columna Oficio de papel, de Miguel Badillo, en estas mismas páginas, dio la primicia de los contratos, los montos y las capacidades del sistema desde el 1 de julio de ese año.

El actual secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, se desempeñaba en esos días como Oficial Mayor del Ejército y Fuerza Aérea.

El pasado 19 de junio, The New York Times dio a conocer los resultados de una investigación técnica realizada a cargo de Citizen Lab –the Munk School of Global Affairs de la Universidad de Toronto, Canadá–. Los resultados arrojaron que 10 periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, seleccionados para la investigación, fueron víctimas de espionaje gubernamental.

Además, el informe Gobierno espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos –elaborado por Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social Tic–, confirma el espionaje por medio de un análisis técnico forense.

La investigación técnica comprobó que los smartphones de los personajes espiados habían sido infectados con el software malicioso de la plataforma Pegasus.

La instalación del malware en los teléfonos la concretó el propio usuario al dar clic a un enlace recibido en su teléfono inteligente. Para ello, los mensajes con el software malicioso se hicieron pasar por cuentas del servicio informativo Uno Tv o de la Embajada de Estados Unidos en México. En algunos casos, se utilizaron como señuelo mensajes de supuestos contactos de los usuarios que buscaban advertirlos de información de su vida privada.

Contralínea
Zósimo Camacho
Ciudad de México
Jueves 22 de junio de 2017.


Mayo pasado fue el mes más violento de que se tenga registro.

Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en mayo se iniciaron 2 mil 186 carpetas de investigación por homicidio doloso.

Es la cifra mensual más alta por lo menos desde 1997, cuando el SESNSP comenzó a sistematizar las estadísticas delictivas a nivel nacional.

Ni siquiera durante el pico más alto de violencia de la llamada guerra contra el narcotráfico, México llegó a una cifra similar.

Hasta antes de mayo de 2017, el récord de violencia lo tenía mayo de 2011, durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón, con 2 mil 131 homicidios.

El tercer mes con más casos de que se tenga registro en el País es junio de 2011, con 2 mil 38, seguido de marzo de este año, con 2 mil 21.

Con los casos de mayo reportados por las Procuradurías y Fiscalías estatales, el País llegó a 9 mil 916 asesinatos en los primeros cinco meses del año.

Esta cifra es 29.4 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado, que sumó 7 mil 658, y la más alta para un periodo idéntico de que se tenga registro.

De mantenerse los niveles de violencia registrados en los primeros cinco meses, 2017 se podría convertir en el año con más asesinatos de las últimas dos décadas.
Sube homicidio en 17 estados
Durante mayo, el homicidio doloso subió en 17 entidades federativas en comparación con el mes previo.

Entre los estados donde incrementó ese delito están Chihuahua, que pasó de 100 en abril a 140 en mayo; Colima, que pasó de 33 a 52; y Ciudad de México, de 91 a 103 casos.

También Guerrero, de 189 a 216; Nuevo León, de 54 a 75; San Luis Potosí, de 24 a 44; Tamaulipas, de 45 a 72; y Veracruz, de 116 a 137 asesinatos.

La ola de violencia arreció en julio del año pasado y no ha parado, pese al despliegue de fuerzas federales en distintos estados y la implementación de varias estrategias.

El 30 de agosto de 2016, ante el incremento de ese delito en los meses previos, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció una estrategia especial para acotar la violencia.

En el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instruyó la puesta en marcha de un plan en los 50 municipios del País que concentran el 42 por ciento de los homicidios.

Sin que se detallara su contenido, se puso en marcha una estrategia con dos componentes generales: prevención del delito y contención criminal con fuerzas de seguridad.

A principios de 2017, la Secretaría de Gobernación lanzó otra estrategia en los 50 "Municipios de Atención Prioritaria con Perspectiva de Prevención" (MAPPP).

A diferencia de la primera lista de 50 municipios, que sólo contempló las localidades con más homicidios, este plan tomó en cuenta dos criterios adicionales: rezago social y desigualdad económica.

También sube el secuestro

El secuestro en México también va al alza.

Los datos del SESNSP indican que durante mayo se iniciaron 100 carpetas de investigación por ese delito, en el fuero común, cifra 8 por ciento mayor a la de abril, que sumó 92.

Durante los primeros cinco meses de 2017, en el País se iniciaron 484 indagatorias por secuestro en las Procuradurías y Fiscalías estatales.

Sin tomar en cuenta las carpetas de investigación abiertas por la PGR, esta cifra es 12.8 por ciento mayor a la reportada por el SESNSP en el mismo periodo de 2016.

Reforma
Antonio Baranda
Ciudad de México
Miércoles 21 de junio de 2017.

Partido tranza, corresponsable de la corrupción de los gobernadores estatales

Senadores de Morena pedirán al Instituto Nacional Electoral (INE) la disolución del PRI por los desvíos de recursos públicos de los estados de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo a sus arcas.

Los legisladores aseguraron que las autoridades electorales deben actuar para sancionar de manera definitiva al tricolor, luego de las denuncias que se han registrado y que, incluso, han derivado en investigaciones de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

"Exigimos que el INE abra una investigación con el propósito de decretar la disolución del PRI como partido político", informó el vicecoordinador de Morena, Miguel Barbosa.

"En cualquier sistema de partidos de cualquier país del mundo un partido al que se le acredita esta condición tiene como sanción su disolución".

REFORMA reveló que los ex Gobernadores Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua; y Roberto Borge, de Quintana Roo, desviaron recursos del erario para aportarlos al PRI o a las campañas de sus candidatos.

El veracruzano Javier Duarte es acusado de desviar unos mil 300 millones de pesos a la campaña de Héctor Yunes Landa, candidato del tricolor a la Gubernatura de la entidad en 2016.

En Chihuahua, por testimonios de ex funcionarios locales, se documentó que el ex Gobernador Cesar Duarte entregó más de 330 millones de pesos para la campaña del candidato tricolor a la Gubernatura de Chihuahua, Enrique Serrano.

En el caso de Quintana Roo, los fiscales indagan a Mauricio Góngora, ex candidato del PRI a la gubernatura, por recibir 201 millones de pesos del erario para su campaña electoral.

Barbosa anunció que también exigirán a la PGR que se finquen responsabilidades penales en contra de los dirigentes estatales y nacional del tricolor, Enrique Ochoa, por la complicidad en la recepción de recursos de origen ilícito.

"Retamos a Enrique Ochoa a que siga hablando de honradez y que siga hablando en contra de otros partidos políticos, que salga y dé la cara y hable y explique y que en todo caso se determine también la responsabilidad de Enrique Ochoa en estos actos por el tiempo que ha sido el dirigente nacional", señaló.

Reforma
Claudia Guerrero
Ciudad de México
Miércoles 21 de junio de 2017.


Se le acusa de usar fondos públicos para el PRI; descontaba 10% del salario a servidores públicos

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitó a un juez federal la detención del ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, por el desvío de recursos millonarios hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial consultadas por EL UNIVERSAL, la Fiscalía de la PGR integró un expediente con pruebas suficientes para solicitar la aprehensión del ex mandatario incluso con fines de extradición, si es que se logra en el extranjero.

De acuerdo con información a la que este diario tuvo acceso, como gobernador César Duarte les quitaba 10% del sueldo a funcionarios de su gobierno para destinarlos al PRI estatal.

Según las investigaciones, el ex mandatario habría desviado más de 10 mil millones de pesos de fondos públicos a su partido, el PRI.

Se prevé que el próximo viernes se lleve a cabo una audiencia para desahogar el caso por la denuncia interpuesta por la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua.

Este diario constató que una de las acusaciones contra el ex gobernador Duarte es que quitaba 10% de su salario a servidores públicos para destinarlos al fortalecimiento económico del Revolucionario Institucional.

El PRI en Chihuahua es dirigido desde el 26 de febrero de 2016 por Guillermo Dowell Delgado, quien formó parte del gabinete de César Horacio Duarte como su representante en Ciudad Juárez, cargo al que renunció para encabezar al tricolor chihuahense.

Ayer se confirmó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, adscrita a la Procuraduría General de la República, solicitó a un juez federal la detención de Duarte por el uso de recursos públicos para financiar campañas políticas.

El detalle de la denuncia. La denuncia fue generada por parte de la Secretaría de la Función Pública estatal respecto a una presunta transferencia ilícita de recursos para el PRI en el ámbito local en Chihuahua.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, se revisaron las finanzas del estado y se encontró que durante los seis años de la administración del priísta se hacía un descuento mensual a los trabajadores.

La información recabada por este diario señala que a un total de 700 trabajadores del gobierno del estado se les retenía 10% de su salario.

De acuerdo con las fuentes consultadas que tienen acceso al expediente, esa retención se generaba en una cuenta de la Secretaría de Hacienda.

Se trataba de una concentración del recurso y después de manera mensual se expedía un cheque, que era depositado en una empresa particular.

El cheque se entregaba al tesorero de dicho instituto político en el ámbito local sin reportarse al INE ni a ningún tipo de instancia.

Entidad investigada.

Durante el proceso que se sigue contra el ex director de Administración de Chihuahua, Gerardo Villegas, un testigo protegido reveló en abril pasado que César Duarte desvió 250 millones de pesos para financiar diversas campañas del PRI en 2016.

El Ministerio Público señaló que el testigo protegido acusó que Ricardo Yáñez Herrera, entonces secretario de Educación, y Gerardo Villegas habían tomado los 250 millones de pesos del erario por órdenes de Duarte Jáquez.

Para poder bajar esos recursos, como lo publicó EL UNIVERSAL el pasado 1 de abril, se usaron cuatro empresas mediante contratos para el desarrollo de programas computacionales, cursos, capacitaciones y talleres para padres de familia.

Un día antes de que se dieran a conocer las revelaciones del testigo protegido se informó que la Interpol había publicado una “ficha roja” de César Duarte, con lo que se activó un protocolo internacional para detener al ex mandatario en cualquiera de los 190 países que forman este mecanismo policial.

El 1 de abril la Fiscalía General de Chihuahua cateó simultáneamente al menos tres propiedades del ex gobernador Duarte, quien cuenta con orden de aprehensión en la entidad y en Estados Unidos.

Apenas el 10 de junio pasado fue detenido el ex auditor de Chihuahua, Jesús Esparza Flores, por presuntamente haber manipulado el resultado de diversas auditorías a su cargo con el objetivo de encubrir al ex gobernador Duarte.

Esparza Flores renunció a su cargo en enero pasado, tras haber sido acusado en el Congreso local de haber alterado diversas cuentas públicas a fin de ocultar millonarios desfalcos al erario.

El 7 de junio del año pasado, Chihuahua vivió una jornada electoral donde los ciudadanos eligieron nuevo gobernador, renovaron a los integrantes del Congreso del estado y votaron por 67 presidentes municipales e integrantes de cabildos.

El Universal
Francisco Reséndiz
Ciudad de México
Martes 20 de junio de 2017.

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