La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) firmó el contrato base para la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca sin contar con un proyecto ejecutivo, lo que incrementó su costo en 714.6 millones de pesos, sin considerar el IVA.

Este incremento, de acuerdo con la auditoría practicada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), está referido al contrato principal, que es la ejecución de la obra y que fue asignado al consorcio Aldesem y Eppcor por un monto de mil 45.8 millones de pesos, con IVA incluido.

El Paso Exprés es una obra que inició en 2014 y fue inaugurada en abril pasado. En su diseño, construcción y supervisión, la SCT celebró 13 contratos con distintas empresas y prestadores de servicios.

La SFP llevó a cabo una auditoría a cuatro de esos contratos, entre ellos el de la ejecución de la obra, que es el que tiene el monto más elevado y del que detectó el sobrecosto por la mala planeación.

"Se concluye que se llevó a cabo el procedimiento de licitación sin contar con el proyecto ejecutivo autorizado, con el que se generó un catálogo de conceptos E-7, presentado por la Dirección General de Carreteras", señala el documento.

"Dicho proyecto resultó deficiente, al existir variaciones que derivaron en la elaboración de convenios modificatorios y la contratación de servicios para el seguimiento y adecuación del proyecto".

En toda obra de construcción, lo usual es que primero se tiene el proyecto ejecutivo y después se contrata a quien lo va a ejecutar, pues éste es el que contiene los planos y las especificaciones técnicas y es el que sirve como base para calcular los costos.

La auditoría refiere que la SCT emitió la convocatoria de la licitación pública para la construcción de la vía el 16 de octubre de 2014 y el 24 de noviembre de ese mismo año asignó el contrato.

Sin embargo, fue hasta enero de 2015 que Banobras firmó con la empresa Orva Ingeniería SA de CV el contrato del proyecto ejecutivo, es decir, posteriormente a la firma de la construcción de la vía.

El 12 de julio pasado, en el kilómetro 93+857 se abrió un socavón de casi cinco metros de profundidad en el que cayeron y murieron dos personas.

La oquedad se formó debido a que el tubo de la barranca que cruza por debajo de la vía se fracturó y formó una represa de agua que removió la tierra.

Eso ocurrió pese a la advertencia de los vecinos, quienes pidieron sustituir el tubo y ampliar su capacidad de desfogue, solicitud que no fue atendida.

Piden renuncia y castigo a Ruiz Esparza

Senadores del PAN, PRD, Morena e independientes exigieron este miércoles la renuncia del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

Los legisladores pidieron que el funcionario deje el cargo, luego que la Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló anomalías por más de mil millones de pesos en la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca.

El panista Raúl Gracia condenó que el Presidente Enrique Peña Nieto mantenga a Ruiz Esparza en el Gabinete sólo por la cercanía personal, sin importar las fallas cometidas por la Secretaría.

"La gran falla de este sexenio es que cada vez que los colaboradores del Presidente incurren en una falla o en un acto de corrupción, él prefiere la amistad antes que dar resultados a los ciudadanos. Prefiere mantener al amigo que actuar conforme a derecho", criticó.

"Obviamente Ruiz Esparza debe dejar el cargo, es una acción que costó vidas, que se pudo prever, nunca debió haber sucedido y en cualquier país democrático del mundo esto ya hubiera generado la salida del titular de la dependencia".

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Sánchez, coincidió en que el Secretario debe dejar el cargo y responder ante la justicia sobre las omisiones que derivaron en la apertura de un socavón a pesar de que se trató de una obra millonaria.

El legislador exigió que se castigue a los verdaderos responsables de los hechos y no a funcionarios menores.

"Sí hay una responsabilidad directa del Secretario. Es parte de toda la corrupción que existe en esta Secretaría, aunque no pasa nada, porque sabemos que el Secretario es protegido del Presidente de la República, hay un contubernio desde lo más alto de la esfera de poder del País", expresó.

"Hay una alta responsabilidad y no puede ser que sea de funcionarios menores, de ninguna manera".

El senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Fidel Demédicis, pidió que se finquen responsabilidades administrativas y penales en contra de Ruiz Esparza.

Demédicis confió en que la auditoría de la SFP pueda derivar en la renuncia del funcionario.

"Están buscando cómo lavarse las manos y en un momento complicado para Peña Nieto y Ruiz Esparza puede ser el que van a sacrificar. Se puede dar algo parecido a lo que ocurrió con el 'Quinazo'", afirmó.

"Solicitamos su renuncia, pero ahora no sólo debe salir, se le deben fincar responsabilidades de tipo administrativo y penal".

La senadora independiente Dolores Padierna denunció que Ruiz Esparza está protegido por el Presidente y es la única explicación para que siga en el cargo.

"Del socavón del 12 de julio, hay otro auténtico socavón: el financiero que es el de un mil millones de pesos que halló la SFP y es la mitad del costo de toda la obra, sin que ello merezca alguna mención sobre fincamiento de responsabilidades", acusó.

Padierna consideró extraño que la SFP no haya determinado ninguna sanción o responsabilidad administrativa a los funcionarios de la SCT que autorizaron, permitieron y avalaron la actuación ilegal de las empresas, el sobreprecio y el incumplimiento de los contratos.

"No se puede sancionar solo a las empresas y de nueva cuenta volver a cubrir con la impunidad a los funcionarios públicos que permitieron esos actos ilegales", sostuvo.

"Sin una sanción política y administrativa contra la SCT estas auditorías solo quedarán en 'llamarada de petate'".

Reforma
Claudia Guerrero
Rolando Herrera
Ciudad de México
Miércoles 13 septiembre 2017.


 El grupo parlamentario del PRI en el Senado propuso pedir a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue los posibles vínculos entre el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas y Othón Bravo Muñoz, alias El Cachetes, empresario presuntamente ligado con las bandas de huachicol que operan en Puebla.

“El exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, desde su gestión hasta nuestros días, ha sido involucrado en la comisión de presuntos ilícitos que van desde la operación de una red de espionaje política, la promoción extraterritorial de su imagen con fines políticos, hasta su relación personal con presuntos delincuentes”, refirieron los priistas.

En la iniciativa de punto de acuerdo, los senadores hicieron referencia a las fotografías que han publicado diversos medios de comunicación en las que aparece el ahora exmandatario cercano a Bravo Muñoz, como ocurrió durante “la cabalgata de la Amistad” que se llevó a cabo en Tamaulipas.

Agregaron que el empresario, –detenido el pasado 19 de agosto por elementos de la Secretaría de Marina–, es investigado por su presunta dirección de una banda delictiva que usaba negocios como gasolineras y restaurantes para cometer lavado de dinero de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 “Sin embargo, sus principales fuentes de ingresos eran la extracción de hidrocarburos y la presunta comercialización en sus gasolineras, particularmente en el municipio de Puebla de Zaragoza”, señalaron los legisladores en su iniciativa.

Además, hicieron referencia a la presunta implicación del diputado local del PAN, Sergio Moreno Valle, quien a través de la notaría pública número 24, desde el 2011 ha escriturado en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio diversos establecimientos del presunto empresario dedicado a la venta de hidrocarburos.

“Aunado a lo anterior durante el periodo 2011- 2017, en Puebla se documentaron presuntas omisiones y la ausencia de estrategias efectivas para identificar y prevenir el robo de hidrocarburos en los ductos de la empresa productiva del Estado “Petróleos Mexicanos”, indicaron los senadores.

Además, aseguraron que, a partir del sexenio morenovallista, la ausencia de políticas públicas derivó en el incremento de los índices delictivos y en consolidar a Puebla dentro las entidades con el mayor número de tomas clandestinas en el país, al pasar de 49 en 2010 a mil 533 en 2016, un crecimiento de más de 3000%.

“En el denominado ‘Triángulo Rojo’, también se incrementaron los robos, asaltos y extorsiones a empresarios, pequeños comerciantes y familias que se trasladan diariamente a la capital del estado para adquirir productos de primera necesidad, lamentablemente durante el trayecto son despojados de sus vehículos y pertenencias”, añadieron.

Ante todo esto, los senadores pidieron hacer un exhorto a la PGR para que investigue los posibles nexos del exmandatario con el empresario presuntamente ligado a la venta de combustible robado a Pemex. También demandaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indague posibles operaciones de lavado de dinero llevadas a cabo por el empresario ahora detenido.

“En Puebla todos nos conocemos”

Por otra parte, en Puebla, el líder del Congreso local, Jorge Aguilar Chedrahui, también admitió conocer al empresario, que aparentemente hizo contribuciones a las campañas panistas.

“Puebla no deja de ser una ciudad pequeña en donde nos conocemos muchas personas, pero hay una enorme diferencia entre conocer a alguien y recibir un beneficio, en recibir algún recurso, en tener negocios, en tener otro tipo de vinculación con personas”, expresó el político morenovallista.

“Tampoco entiendo por qué este ánimo de querer vincular a una persona con la otra, porque lo hayas saludado, porque haya una fotografía en redes. Otra cosa sería si se demuestra un vínculo económico, una sociedad, un vínculo de alguna contribución a alguna campaña política”, insistió el panista.

Cabe señalar que en otra fotografía publicada por el periódico digital Central, aparece el actual senador Javier Lozano cuando recibió las llaves de una camioneta Cadillac Escalade que le entregaron empresarios poblanos para que usara durante su campaña para el Senado en 2012.

Entre los empresarios que le entregan el vehículo se encontraba Muñoz Bravo, quien sonriente aparece en la foto, tomando por la cintura al actual diputado local panista, Sergio Moreno Valle.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mex.
Martes 5 de septiembre de 2017.


Una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad da cuenta de que el actual Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, emplacó un auto Ferrari 458 Coupé en un domicilio que corresponde a una vivienda de interés social, que se encuentra deshabitada y se ubica en Xochitepec, Morelos.

Cabe destacar que en esa misma vivienda se encuentran registrados al menos dos autos más de gran lujo, un Audi y un Alfa Romeo, que no pertenecen a Cervantes.

El titular de la PGR es promovido actualmente por el PRI y sus aliados para ser Fiscal General de la Nación hasta el 2026.

El auto exento del pago de tenencia es un Ferrari 458 Coupé, modelo 2011 de 8 cilindros, que fue facturado en 3 millones 890 mil 932 pesos.

Cervantes tiene un salario neto al mes de 140 mil pesos y de 205 mil pesos mensuales brutos.

La investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que el Ferrari del Procurador está registrado en una vivienda deshabitada ubicada en la privada de Paseo de la Lealtad # 46 en Xochitepec, a 20 kilómetros de Cuernavaca.

Datos de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos reportan que en cuatro domicilios de esa modesta privada fueron registrados 16 autos de lujo, entre ellos 11 Ferraris.

Según los datos consultados, el valor de esos automóviles suma 56 millones 800 mil pesos.

De acuerdo con datos del Registro Público Vehicular (Repuve), el Ferrari del Procurador fue inscrito en Morelos el 14 de septiembre de 2012, nueve meses después de que ese Estado eliminara la tenencia y 13 días después de que Cervantes asumiera como senador por el tricolor.

MCCI consultó con la Procuraduría sobre el auto deportivo registrado a nombre de Raúl Cervantes Andrade. "Lo que podemos decir es que el doctor Cervantes tiene también domicilio en Morelos, y en ese Estado ha emplacado vehículos que utiliza, lo ha hecho durante varios años".

También se cuestionó si el Procurador reconocía como uno de sus domicilios la casa de Paseo de la Lealtad. "Los datos de donde vive o no una persona no son datos que deben proporcionarse. No podría confirmarte lo del domicilio que mencionas".

Los autos están registrados en un fraccionamiento de 44 casas, cada una de 75 metros cuadrados y dos recámaras, de un valor de entre 400 mil y 600 mil pesos.

En la misma casa en la que se registró el auto del procurador, hay registro de otros tres autos a nombre de otras personas: un Audi RS5, un Alfa Romeo 8C Competizione y un auto marca Ford.

En la vivienda con el número 38 de la misma privada de Paseo de la Lealtad están registrados otros ocho autos: siete Ferraris y un Fiat 500 Hatchback Dualogic.

Por su parte, en la casa número 40 fueron dados de alta tres autos con un valor total de 14 millones 300 mil pesos: un Ferrari California Convertible, un Ferrari 458 Coupé y un Ferrari 599 Coupé; en la casa número 44 se registró un Audi A4 versión RS.

En la privada también aparecen coches registrados a nombre del empresario Luis Alfredo Rayet Díaz, dueño de una compañía de aviación con oficinas en Saltillo y Monterrey.

Rayet registró dos autos en la misma casa que el Procurador; además de un Ferrari en el número 38.

Otro empresario con autos registrados en esta calle es Anuar Fayad Hassan, quien de acuerdo con notas periodísticas compró terrenos a precio de ganga al gobierno de Roberto Borge, el ex Gobernador de Quintana Roo ahora detenido en Panamá.

Otro empresario que registró autos en esa privada es Ricardo Alberto Orrantía Cantú, quien se identifica en LinkedIn como dueño de Grupo Altavista, y tiene un Ferrari F430 y un Ferrari 458 Convertible registrados con domicilio en Paseo de la Lealtad.

Joseph Woldenberg Russell, quien según Bloomberg es Vicepresidente de la empresa regiomontana Tubacero, registró un Ferrari 599 Coupé modelo 2011 en el número 40.

También hay autos registrados a nombre de la empresa Asesores Administrativos Esparza, S.A. de C.V y de un fideicomiso del Banco Interacciones.

Otras personas con autos de lujo registrados en esa privada son: Óscar Eliseo Rivas Zúñiga, Carmen Ortiz Álvarez, Aldo Bernardi Gallo, Mauro Roberto Hamz Durand, Luis Cabrera Guevara y José Alberto Castro Alva.

Reforma
Ciudad de México
Mexicanos Contra la Corrupción
Lunes 04 de Septiembre del 2017.


A un año de que concluya la administración de Enrique Peña Nieto, sus más cercanos familiares, colaboradores y amigos han estado involucrados en conflictos de intereses, tráfico de influencias, fraude y soborno, por decir lo menos.

El Círculo de la corrupción que rodea al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, se cierra poco a poco, hasta dejarlo cercado.

Son varios los actos de corrupción denunciados pública y ministerialmente ligados a la figura presidencial. En su primer círculo, el tufo de la deshonestidad, el conflicto de intereses y el dinero ilícito se confirman con la investigación que en el extranjero señala a quien fue miembro de su equipo de campaña primero, y director de Petróleos Mexicanos, después, Emilio Lozoya Austin. Pero, acaso, este es el último eslabón de una cadena de presuntos actos deshonestos que rodean a Peña Nieto.

Incluso antes de tomar posesión, de hecho, antes de ser declarado en tribunales como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al exgobernador del Estado de México lo acompañó la sospecha de la entrega de tarjetas con dinero o vales alimenticios a cambio de votos.

En 2014 vendría el primer y mayor escándalo de corrupción en el entorno personal del presidente, con la develación por parte de un equipo de periodistas de investigación de Carmen Aristegui, quienes documentaron la adquisición de una mansión en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, a nombre de la primera dama, Angélica Rivera, y apoyada y financiada por una filial de la constructora Higa, de Juan Armando Hinojosa, a razón, de acuerdo con el documento periodístico, de 7 millones de dólares.

Resultó que la transacción de la lujosa vivienda la había realizado en 2012, en tiempos en que Peña Nieto aún era candidato, pero la constructora Higa y sus filiales ya habían sido beneficiadas con miles de millones de pesos en obra en el Estado de México, y lo serían también después cuando el priista se convirtió en presidente.

A pesar de que la primera dama defendió en televisión abierta y en directo la adquisición de la casa como un producto de su trabajo en Televisa, y centró el precio de compra en 54 millones de pesos más intereses, al ser ella la única propietaria, y descartando el conflicto de intereses, un mes después de que se dio a conocer la transacción por el equipo de periodistas, de la Presidencia de la República informaron que el bien inmueble en cuestión había sido puesto a la venta luego de que Rivera terminara el contrato con la filial de Grupo Higa, después de dos años de estar pagando la mansión en la que vivirían ella, sus hijos, los del presidente y este mismo.

El acto, más que de contrición ante la sospecha de la corrupción y el escándalo internacional, pareció una estrategia mediática para deshacerse de la percepción de una vil transa a través de la “casa blanca”, como fue llamada la mansión de los Peña-Rivera.

En el mismo sentido fue revelado que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, había adquirido, también en 2012 —cuando era miembro del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto, pero cuando ya había sido secretario de Finanzas en el gobierno del Estado de México y se convertiría en los siguientes meses en secretario de Hacienda y Crédito Público—, un bien inmueble a la filial de Grupo Higa, empresa que apoyó y financió la casa que en 2014 Videgaray terminó de pagar. La justificación para manejar el no conflicto de intereses o tráfico de influencias, fue que, al momento de la compra, el hoy secretario de Relaciones Exteriores no era funcionario. Otra vez la sospecha.

También en 2012, se sabría después, el ejemplo de la corrupción hoy en México, Javier Duarte de Ochoa, habría depositado 1,000 millones de pesos para el Partido Revolucionario Institucional en plena época de campaña presidencial. Ahora se sabe esta situación a partir de escuchas telefónicas que fueron reveladas entre el exgobernador y uno de sus colaboradores para enviar el dinero que se asume es de procedencia ilícita, pero que ninguna autoridad a la fecha ha investigado formalmente.

Javier Duarte, un cercano a Peña Nieto, fue nombrado por el mandatario como el representante del nuevo PRI, de hecho, lo mantuvo en su calidad de gobernador hasta 2016, cuando a finales de ese año y ante la evidente corrupción, su gobierno se vio obligado a investigarlo, no sin antes permitirle la fuga.

A la fecha, según estimaciones públicas de la Procuraduría General de la República, más de 30,000 millones de pesos se habrían desviado del estado de Veracruz cuando Duarte fue gobernador, mientras la deuda pública, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, supera los 60,000 millones de pesos; con todo, tales cuentas públicas fueron aprobadas y actualmente la PGR solo lo procesa por el desvío de 430 millones de pesos.

En los primeros años del gobierno del presidente Peña, el Grupo Higa fue favorecido al entregársele obra por miles de millones de pesos, como ejemplo, la rehabilitación del Hangar Presidencial a razón de 945.5 millones de pesos, y la concesión para la construcción del tren rápido México-Querétaro en compañía de socios internacionales, entre ellos inversionistas chinos, los cuales verían frustrados sus planes al haber cancelado la obra el propio Enrique Peña Nieto ante las sospechas de corrupción. Gerardo Ruiz Esparza, otro cercanísimo al presidente y hoy en entredicha la honestidad de su trabajo al frente de la Secretaría de Comunicación y Transportes al pagar y defender una defectuosa obra en Morelos, dijo en aquel entonces, sobre la cancelación de la obra del tren rápido, que se había hecho con el fin de dar más transparencia al procedimiento; de hecho, que se lanzaría una nueva licitación, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha.

En 2016, Juan Armando Hinojosa, el constructor favorito de Enrique Peña Nieto, el que ayudó a su esposa y a su secretario de Hacienda a comprar sendas mansiones, apareció inscrito en el listado de personas y empresas que fueron exhibidas en la investigación periodística conocida como Panamá Papers, que evidenció el manejo de dinero en paraísos fiscales de potentados en el mundo, y en el caso de México. De Hinojosa se documentó que fueron 100 millones de dólares los que movió en esos paraísos fiscales. A pesar de que la Procuraduría General de la República se comprometió a una investigación contra todos, no ha habido resultados.

La última pieza de esta cadena de corrupción que rodea al presidente Enrique Peña Nieto es su amigo y cercano colaborador Emilio Lozoya Austin, quien primero participó de lleno y activamente en la campaña a la Presidencia de la República y, después, fue nombrado director de Petróleos Mexicanos. Pero quien, de acuerdo con las declaraciones de tres ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht, recogidas por periodistas mexicanos, habría recibido más de 10 millones de dólares, ministraciones irregulares que comenzaron de acuerdo con los investigados y presos en Brasil, cuando Lozoya servía a Peña Nieto en la campaña.

En el extranjero, el juicio de corrupción contra Lozoya Austin está asentado en documentos oficiales como el funcionario que recibió dinero a cambio de concesionar obra a Odebrecht, pero en México solo se ha presentado voluntariamente a declarar a la PGR en una investigación que no se le sigue.

A un año de que concluya la administración de Enrique Peña Nieto, sus más cercanos familiares, colaboradores y amigos han estado involucrados en conflictos de intereses, tráfico de influencias, fraude y soborno, por decir lo menos. Angélica Rivera, Luis Videgaray, Juan Armando Hinojosa, Javier Duarte, Gerardo Ruiz Esparza y ahora Emilio Lozoya, el círculo de Peña, están en el ojo del huracán.

El problema es que la lógica indica que, si el entorno es corrupto, el núcleo lo es. O como bien dice el dicho; dime con quién andas y te diré quién eres.

Aun cuando en México no esté completado el Sistema Nacional Anticorrupción, y en la PGR el titular sea uno de los amigos del presidente, el estigma de una administración corrupta ya nadie se lo quita a Enrique Peña Nieto.

El tiempo dirá si México seguirá siendo el único país en América que no investiga, procesa y juzga a los funcionarios corruptos. En ese sentido, las acciones que como país se emprendan para indagar a Peña Nieto podrían terminar siendo la demostración de un cambio esperanzador o de un doloroso retroceso.

Newsweek
Adela Navarro Bello
Ciudad de México
Lunes 28 de agosto de 2017.


El senador Miguel Barbosa decidió cancelar su participación en la encuesta de Morena para ser considerado candidato al Gobierno de Puebla.

Pese a que en el Consejo Estatal del domingo pasado el ex perredista obtuvo 14 votos, indicó que la dinámica del partido es apoyar a quienes fundaron Morena y no a los que se sumaron después.

Aseguró que podría dar una contienda importante en la campaña si fuera el abanderado e incluso podría ganar.

Aun así, decidió retirarse del proceso, pero seguirá apoyando la campaña de Andrés Manuel López Obrador, dijo en conferencia de prensa en Puebla.

"Me voy a retirar del procedimiento de elección del coordinador o coordinadora estatal de organización en el Estado del partido del Movimiento de Regeneración Nacional", anunció.

"Entonces he tomado una decisión, yo quiero contribuir a la unidad y no porque mi participación provoque la desunión, pero quiero contribuir a que el tema de la coordinación estatal de organización se resuelva con facilidad y con prontitud".

Informó que hoy mismo presentará un escrito a la dirección nacional para desistirse de su interés de ser encuestado.

"Yo veo que los partidos políticos tienen una visión estratégica sobre cómo deben de competir, y la visión estratégica que hay en Morena es competir con perfiles genuina y auténticamente ciudadanos, no con políticos profesionales, sino con perfiles ciudadanos", apuntó.

Resaltó que, en política, las coyunturas son más fuertes que las personas.

"Se puede ser la propuesta idónea, pero si la coyuntura no es para esa propuesta, simplemente no se acomoda la realidad con la propuesta", mencionó.

Barbosa también dijo que se presionó a los consejeros de Morena en la emisión de su voto, porque en lugar de hacer una votación secreta y en urnas, fue a mano alzada sobre los tres nombres que debían incluirse en la encuesta.

Sin mencionar que la decisión favorezca a algún aspirante, señaló que entendía el mensaje de sus posibilidades.

"Soy un político maduro y un hombre maduro, que debe tener posiciones políticas muy claras y que entiende de la política, que entiende, nunca he tenido en mi vida un comportamiento para hacer que no entiendo", expresó.

Reforma
Claudia Salazar
Ciudad de México
Viernes 25 agosto 2017.

Durante los tres años en los que Emilio Lozoya ocupó la dirección de Pemex, la producción de la empresa pasó de 2.55 millones de barriles de petróleo a 2.15 millones.

Durante los tres años en los que Emilio Lozoya ocupó la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex), la producción de la empresa pasó de 2.55 millones de barriles de petróleo promedio diario a 2.15 millones, una diferencia de 4.1% entre el 2012 y el 2016. En sentido contrario, el número de tomas clandestinas de combustible en la infraestructura de la petrolera creció más de 40%, en el mismo periodo, al pasar de 1,635 tomas clandestinas detectadas en el 2012 a 6,873 tomas clandestinas, en el 2016.

Emilio Lozoya Austin fue uno de los mayores impulsores de la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada a finales del 2013 por el Congreso de la Unión y por al menos la mitad de los congresos locales. De acuerdo con Lozoya, la desaparición de la distinción legal entre petroquímica básica y petroquímica permitiría que los particulares pudieran desarrollar ambas actividades, lo que podría desarrollar nuevas inversiones dentro del sector.

Durante casi todo el 2014, el trabajo de Lozoya se orientó a la restructuración de la petrolera estatal mexicana, misma que no se oficializó hasta el 2015 y con la que quedó constituida como una empresa compuesta por dos subsidiarias: Exploración y Producción y Transformación Industrial; así como otras cinco filiales: Perforación, Logística, Fertilizantes, Etileno y Cogeneración y servicios.

A finales del 2014, antes de que se completara la restructuración de Pemex, comenzaron a caer precipitadamente los precios del petróleo a nivel internacional, hasta llegar a un precio mínimo de 26 dólares por barril, para después estabilizarse en un aproximado de 40 dólares por barril. Para hacer frente a esta situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decretó un primer recorte de 62,000 millones de pesos del presupuesto de la petrolera que después alcanzó los 100,000 millones de pesos.

Esta medida afectó a muchos trabajadores de la compañía, que sufrió importantes recortes de personal; además de que la estatal dejó de realizar inversiones que le dieran continuidad a sus proyectos y dejó de pagar a proveedores y contratistas, con lo que acumuló una deuda de 147,000 millones de pesos, que la dirección actual ha ido saldando en distintos momentos.

Durante la gestión de Lozoya Austin, Pemex reactivó además su negocio de fertilizantes, con un gasto de 1,395 millones de dólares para la compra de la planta de Agro Nitrogenados y Fertinal, las cuales no han generado ingresos para la empresa hasta el momento. La gestión de Lozoya también fue responsable de la instalación de un laboratorio en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; además de que también ocurrió el relanzamiento de la franquicia Pemex.

A mediados del 2015, Lozoya anticipó, durante una exposición de temas relacionados con la industria energética mexicana en Houston, Estados Unidos, que México alcanzaría una producción de 3 millones de barriles diarios en el 2018, una meta que ahora se antoja difícil de alcanzar cuando la producción es casi 1 millón de barriles menor que la meta esperada a tan sólo un año.

Lozoya presumió de nuevo a finales del 2015, al afirmar que la restructuración de Pemex se había llevado a cabo en un tiempo récord de tan sólo ocho meses, además de que es considerada la más grande renovación de la petrolera en los últimos 20 años. Sin embargo, apenas un año después de esta renovación, con la llegada de José Antonio González Anaya, el nuevo plan de negocios de la compañía implicó la desaparición de al menos dos de las subsidiarias creadas por Lozoya: Fertilizantes y Etileno.

El Economista.
Luis Carriles, Karol García,
Jesús Vázquez y Mauricio Rubí
Ciudad de México
Domingo 20 de agosto de 2017.


La PGR citó a declarar en calidad de imputado al ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, señalado por ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht por cobrar sobornos por más de 10 millones de dólares para la adjudicación de contratos.

Silvia García Ocampo, agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, citó a Lozoya a comparecer este jueves a las 12:00 horas acompañado de abogado defensor.

Lo anterior, derivado de las declaraciones que han rendido Marcelo Bahía Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva y Luis Alberto de Meneses Weyll, quienes afirman que Lozoya recibió pagos desde 2012, antes de ser nombrado director de Pemex.

"Hago de su conocimiento que deberá comparecer en calidad de imputado ante esta representación social, ello en virtud de que se ha mantenido intercambio de información con la República de Brasil, en donde se logró recabar la declaración en las cuales usted ha sido mencionado", dice el citatorio.

Agrega que las declaraciones se recibieron vía asistencia jurídica internacional, pero que está pendiente obtener copias certificadas de las mismas, lo que es un requisito para que tengan validez legal en caso de que PGR decida llevar el caso ante un Juez de Control.

El citatorio fue girado en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, a cargo de la Coordinación General de Investigación de la SEIDF, que encabeza Felipe Muñoz.

Este lunes, luego de la publicación de la declaración de De Meneses en varios medios de comunicación en México y Brasil, el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, denunció que su cliente ni siquiera había sido citado por la PGR.

Lozoya Austin ha rechazado haber recibido un solo pago de Odebrecht y anunció ayer que demandará como daño moral la publicación de las declaraciones.

Si la PGR decide llevar el caso ante un Juez de Control, Lozoya no necesariamente sería privado de su libertad, pues delitos como el cohecho o el lavado de dinero no son de prisión preventiva forzosa en el nuevo sistema penal.

Reforma
Abel Barajas y
Víctor Fuentes
Ciudad de México
Martes 15 de agosto de 2017.


Emilio Lozoya Austin pagó de contado una casa de 38.1 millones de pesos semanas antes de que arrancara la Administración de Enrique Peña Nieto y de que asumiera la dirección de Pemex.

De acuerdo con la primera declaración patrimonial que presentó como titular de la empresa, compró una casa con valor de 38 millones 175 mil pesos el 14 de noviembre de 2012.

En esa fecha, Lozoya era coordinador de asuntos internacionales del equipo de transición de Peña Nieto.

REFORMA publicó que durante las campañas electorales de 2012, Odebrecht habría transferido 3.1 millones de dólares a una empresa en Islas Vírgenes, presuntamente ligada a Lozoya.

La declaración patrimonial del ex director de Pemex, fechada el 10 de enero de 2013, indica que la forma de operación de la propiedad fue "contado".

Detalla que el bien tiene una extensión mil 165 metros cuadrados de terreno, donde hay una superficie construida de mil metros cuadrados.

En la misma declaración, Lozoya informó que posee distintas joyas, como cuatro relojes Patek Philippe con valor acumulado de 160 mil dólares.

También un reloj Frank Muller de 40 mil dólares, obras diversas con valor de 300 mil dólares, un cuadro de Salvador Dalí valuado en 50 mil dólares, y 4 cuadros de Luis Zárate de 400 mil dólares.

Lozoya reportó que también poseía un cuadro de Picasso de 500 mil dólares americanos, aunque aclaró que se trata de una herencia que data de octubre de 2008.

En los datos patrimoniales de la declaración, el ex funcionario investigado por presuntos sobornos de Odebrecht reportó que tenía 10 distintas cuentas bancarias e inversiones.

"El servidor público no proporcionó información de adeudos a su nombre", agrega la versión pública.

En su siguiente declaración, fechada el 30 de mayo de 2013, volvió a reportar la posesión de la casa de mil 165 metros cuadrados, pero en la versión pública ya no aparece el valor de la misma, como tampoco el de los bienes muebles.

El 27 de mayo de 2014, Lozoya añadió a sus datos patrimoniales la adquisición de un vehículo Acura modelo 2013 que, según la declaración, adquirió a crédito.

De acuerdo con registros públicos, en su declaración de 2015 prácticamente no hizo cambios, mientras que en la de 2016 -de conclusión- no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.

"No estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés", se lee en la declaración patrimonial fechada el 5 de abril de 2016.

Tras una gestión marcada por el deterioro en la producción de crudo y acusaciones de corrupción, el 8 febrero de 2016 Lozoya dejó la dirección de Pemex.

Puebl@Media
Antonio Baranda
Ciudad de México
Martes 15 de agosto de 2017.

Exhibe Odebrecht finanzas turbias de EPN: PRD

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano pidió al gobierno federal una investigación a fondo y aplicar todo el rigor de la ley en el caso Odebrecht, en el que se ha implicado al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, con presuntos sobornos por 10 millones de dólares.

Tras un evento de la asociación Por México Hoy con académicos, el ex candidato presidencial dijo en entrevista que se deberá proceder conforme a la ley.

"Que se investigue a fondo y que se sancione a quien haya que sancionar si es que así procede conforme a la ley".

"Lo importante sería que se aplique la ley con todo rigor, que se cumpla con la ley y que no se afecte a quienes no tengan que ver con estas cuestiones", expresó.

Criticó que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido afectado durante muchos años.

"Sobre todo se ha buscado deteriorar al organismo, ahora se le ha cambiado la condición desde el punto de vista legal, me parece que ha sido un error, pero es parte de la política entreguista que ha seguido el gobierno de México durante muchos años", afirmó.

Exhibe Odebrecht finanzas turbias de EPN: PRD

La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga, exigió a la PGR investigar el destino de los 10 millones de dólares que presuntamente recibió Emilio Lozoya, ex director de Pemex, como sobornos de ejecutivos de Odebrecht.

"Esto que ha surgido en los medios deja al descubierto las finanzas turbias del entonces candidato Peña Nieto.

"Nosotros exigimos que el Presidente de la República explique qué hay detrás de estas declaraciones que han hecho los empresarios de Odebrecht en torno a que aportaron recursos a la campaña de Peña Nieto", expuso en conferencia de prensa.

La dirigente señaló que las prácticas de sobornos y malos manejos de recursos forman parte de los usos y costumbres del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Mojica dijo ser optimista y creer que la Procuraduría investigará de manera transparente el actuar de Lozoya en Petróleos Mexicanos.

"Pese a que en todo el continente ha habido detenciones al respecto, aquí, en México, lo que se ha hecho es una ocultación de información a la sociedad mexicana", reprochó.

La secretaria general perredista aseguró que la implicación de Lozoya en el caso Odebrecht es una vergüenza para México.

En la conferencia estuvieron presentes Juan Andrés Mora, subsecretario de relaciones internacionales del PRD; Ángel Ávila, presidente del consejo nacional; Irán Moreno, secretario de relaciones internacionales; Mary Telma Guajardo, secretaria de política de alianzas, y Octavio Martínez, secretario de asuntos electorales.

El Universal / Reforma
Arcelia Maya
Ciudad de México
Lunes 14 de agosto de 2017.


A pesar de que el estado libró la semana anterior la Alerta de Violencia de Género federal, organizaciones denuncian que es un delito que sigue imperando y se debe trabajar para poder erradicarlo en la entidad
 
-El estigma que carga Tlaxcala como la entidad donde anida la trata de mujeres creció en el sexenio anterior (2011-2017) con la petición para activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, única solicitud en el país en ese género. Sin embargo, la petición no prosperó ante autoridades federales, que determinaron que hay avances en el combate a este flagelo.

Este pequeño estado de la República tiene 13 de los 60 municipios donde se desarrolla la trata de mujeres y de donde salieron algunos hombres que han sido detenidos en Estados Unidos por ser parte de redes internacionales, de acuerdo con la organización “Todos para todos”, impulsora de la alerta.

El sello de trata se acentuó en agosto de 2016 cuando organizaciones civiles pidieron activar la AVG y en noviembre de ese año el gobernador en turno, Mariano González Zarur, aceptó las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), así como el lapso de seis meses para atender y cumplir con las recomendaciones. El plazo se cumplió el 24 de mayo, pero fue hasta hace unos días cuando la dependencia federal liberó al estado de esta alerta.

González Zarur se fue en diciembre y heredó la “prealerta” a Marco Mena Rodríguez, cuya administración trabajó a marchas forzadas para cumplir con las recomendaciones e inhibir la activación de la alerta. El pasado 5 de agosto, Tlaxcala evitó la declaratoria del órgano de la Secretaría de Gobernación, al considerar que la administración realizó acciones suficientes para comenzar a revertir las condiciones de violencia contra las mujeres.

Sin embargo, el Centro Fray Julián Garcés, organismo religioso que documenta casos de trata en el estado, consideró lo contrario y en su informe rendido el 24 de mayo —el día que venció el plazo en que la Conavim emitiría la alerta—, manifestó que las acciones de esta administración “no tienen la contundencia necesaria para enfrentar el delito”, y acusó una política de simulación.

En una investigación de campo el organismo documentó que las víctimas de trata se inhiben para denunciar porque en los últimos años fueron detenidos policías municipales o funcionarios vinculados con el delito de trata de mujeres. “Eso provoca desconfianza en las autoridades”.

Refiere que en los primeros cuatro meses de gobierno de Marco Mena Rodríguez y en los últimos dos de su antecesor, Mariano González Zarur, de 200 denuncias que se presentaron por casos de trata de mujeres 70% quedaron en actas circunstanciadas —a pesar de que el delito se persigue por oficio—, 30% como averiguaciones previas, y del total de denuncias sólo 6.5% alcanzaron sentencia.

En 2014, el centro realizó el Diagnóstico de percepción ciudadana sobre trata de personas en Tlaxcala, donde concluyó que el gobierno estatal simuló la investigación y persecución de lugares de explotación, pues expuso que el gobierno estatal públicamente había clausurado 264 establecimientos dedicados a la trata de personas, pero en la revisión de campo no existió un sólo lugar en el que se aplicara la Ley de Extinción de Dominio.

La petición de la AVG de agosto de 2016 consideró ocho de los 12 municipios enlistados por el Centro Fray Julián Garcés como refugio de tratantes, y sumó a los municipios de Apizaco, Chiautempan, Tlaltelulco, Ayometla y Axocomanitla. La alerta se había pedido para 13 de los 60 municipios del estado.

De acuerdo con la información proporcionada por el estado, la edad promedio de las mujeres víctimas en dicho periodo es de 23 años. Entre los 14 y 18 años fueron nueve víctimas; de 19 a 28 años 42 mujeres, y de 31 a 35 años se reportaron tres víctimas. También se registró una víctima de 46 años, otra de cinco años y de una más se desconoce su edad. Respecto al estado civil, se informó que en dos casos eran casadas, una era viuda y 54 eran solteras.

Finalmente se indica que en 2014 el estado destinó 5 millones 749 mil 614 para incrementar el conocimiento y el respeto de las mujeres y niñas; en 2015 se mantuvo el mismo presupuesto, pero en 2016 bajó a 5 millones 463 mil pesos. Para 2017 en el Instituto de la Mujer se presupuestaron 5 millones 515 mil 220 pesos.

El gobierno sostuvo que “la trata de personas tiene un alcance nacional e internacional, por lo que no es un problema exclusivo de esa entidad y su atención requiere de un trabajo más planificado y coordinado en el que participen los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general para inhibir de modo más contundente este flagelo”.

El Universal
Justino Miranda, Corresponsal
Tlaxcala, México
Lunes 14 de agosto de 2017.

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