El exdirector de Pemex llevaba documentación falsa y asegura que llegó a España “hace dos días"

El que fuera director de Pemex se suma a un grupo de antiguos funcionarios cercanos al exmandatario que son investigados por corrupción

La caída de Emilio Lozoya se suma a los esfuerzos de la cruzada anticorrupción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lograda por policías españoles este miércoles en Málaga es un argumento que rompe con la sospecha del supuesto pacto de impunidad que el actual Ejecutivo mantenía con sus antecesores. Lozoya aguarda su extradición a México para sumarse a un coro de exfuncionarios y personajes muy cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto que son investigados por lavado de dinero y desvío de recursos.

Aunque la Fiscalía aún tiene que sustentar las acusaciones que penden sobre Lozoya en los tribunales, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ya ha dado una narrativa al caso. “Yo lo considero como algo que está vinculado a una forma de abusar del poder y de los bienes de la nación. Esto se tiene que entender como parte de un todo”, dijo Gertz al diario La Jornada. El todo al que hace referencia el funcionario es la estructura de poder que cobijaba al exdirectivo de Pemex durante su gestión, de 2012 a 2016.

Lozoya fue capturado en Europa en cumplimiento de dos órdenes de arresto emitidas por jueces mexicanos. Una de ellas le acusa de recibir al menos 9,1 millones de dólares en sobornos pagados por Odebrecht para asegurar contratos una vez que el político fuera nombrado director de la petrolera pública. Tres exdirectivos de la constructora brasileña afirmaron en declaraciones judiciales juramentadas en 2017 que el pago de mordidas comenzó en abril de 2012, cuando Lozoya era director de la campaña internacional de Peña Nieto. Los sobornos continuaron hasta 2016, cuando el exfuncionario habría cobrado cuatro millones de dólares en una transferencia. La Fiscalía mexicana conecta uno de estos depósitos con la compra en 2013 de una lujosa residencia en el balneario de Ixtapa, en el Pacífico mexicano, con valor de 1,9 millones de dólares. Lozoya desmintió estas acusaciones en una rueda de prensa en agosto de 2017.

Las investigaciones periodísticas sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por la cúpula de Pemex también han salpicado al expresidente. Mexicanos contra la Corrupción, una organización civil que documenta los abusos del poder, reveló en 2017 que un exdirector de Braskem, una filial petroquímica de Odebrecht, presumía de haber acompañado a "tiempo completo” la campaña presidencial del PRI. Este acompañamiento se habría hecho con cuantiosos depósitos mientras Braskem construía una planta de polietileno en el Estado de Veracruz.

El constructor Marcelo Odebrecht, quien reveló el mayor escándalo de corrupción de América Latina, se entrevistó cuatro veces en privado con Enrique Peña Nieto. El primer encuentro se dio en 2010 en Brasil, cuando el político mexicano hizo una gira al país sudamericano como gobernador del Estado de México. El segundo fue en la capital de ese Estado, Toluca, en octubre de 2011, cuando Peña Nieto aún preparaba su asalto presidencial. En noviembre de 2012, ya siendo ganador de las elecciones y presidente electo, ambos se reunieron en el Estado de Querétaro. El último encuentro se llevó a cabo en octubre de 2013 en Los Pinos, la residencia oficial del mandatario.

El procedimiento contra Lozoya se suma al que ya se lleva a cabo en contra de Rosario Robles, quien ocupó dos ministerios en la Administración de Peña Nieto. La extitular de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es investigada por su participación en el desfalco de más de 7.700 millones de pesos (420 millones de dólares) de dinero público desviados a través de universidades públicas y Pemex. Lozoya también ha negado haber formado parte de esta trama de corrupción, conocida popularmente como estafa maestra, a pesar de que parte de los desvíos se hicieron mientras ocupaba la dirección general. Juan Collado, el letrado de Peña Nieto, también está tras las rejas acusado de lavado de dinero. El abogado, que ha defendido a altos perfiles del PRI, movió más de 120 millones de dólares entre 2006 y 2015 en Andorra, un país protegido por el secreto bancario hasta 2017.

Los astilleros gallegos

Uno de los encargados de sustentar la investigación en contra de Lozoya ha dejado caer que el antiguo responsable de Pemex también es investigado por el fiasco que protagonizó la petrolera con el astillero gallego Barreras y Navantia. “Nosotros todavía seguimos investigando el caso de un astillero en España donde hay pérdidas por 50 millones de euros”, ha dicho Santiago Nieto, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera del ministerio de Hacienda y responsable del congelamiento de las cuentas bancarias del exdirectivo. Este caso aún tiene que ser justificado ante un juez para que dicte la orden de aprehensión.

En noviembre de 2013 el consejo de administración de Pemex, a propuesta de Lozoya, aprobó la compra del 51% de las acciones del astillero privado Hijos de J. Barreras cuando estaba cerca de la quiebra. La operación fue aplaudida por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien había llevado las negociaciones, como un resurgimiento de la industria naval gallega, agobiada por la crisis. Sin embargo, la empresa pública mexicana nunca se involucró en la gestión de esta sociedad a pesar de haber desembolsado 5,1 millones de euros (5,5 millones de dólares) por ella. Tres años después, en 2016, la mala administración generó pérdidas al astillero de 5,5 millones de euros (casi seis millones de dólares). En octubre de 2019 Barreras solicitó el preconcurso de acreedores.

El exdirector de Pemex llevaba documentación falsa y asegura que llegó a España “hace dos día

La Audiencia Nacional envía a prisión al ejecutivo, detenido en una urbanización de lujo de Málaga, por riesgo de fuga

La decisión de Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, apenas ha tardado 24 horas en llegar. El magistrado ha acordado este mismo jueves mandar a prisión a Emilio Lozoya, el ex director general de la petrolera estatal mexicana Pemex señalado en el caso Odebrecht y detenido el miércoles en una lujosa urbanización de Benahavís (Málaga). Tras tomarle declaración por videoconferencia desde los juzgados de Marbella, Moreno ha dictado su ingreso en la cárcel al apreciar un "fundado" riesgo de fuga. Lozoya, reclamado por su país, estaba en paradero desconocido desde hace casi un año.

El juez instructor ha adoptado esta medida, solicitada por la Fiscalía, tras considerar que Lozoya no tiene arraigo laboral y domicilio en España; además de que se ha evidenciado "su intención de sustraerse a la acción de la justicia". Según ha escrito en un auto, cuando fue arrestado, portaba una licencia de conducir mexicana falsificada: tenía su fotografía, pero estaba a nombre de un tal Jonathan Solís Fuentes. Además, el magistrado también destaca que el delito por el que se le reclama —similar al blanqueo de capitales— lleva aparejada una pena de hasta 15 años de cárcel.

El ejecutivo, que ha ingresado en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) sobre las siete de la tarde, dice que llegó al país hace "solo dos días". Pero su versión no coincide con la de la Policía, que lo sitúa en Málaga desde mucho antes. La investigación final para arrestarle arrancó a principios de 2020, cuando se recabaron los primeros indicios de que podía ocultarse en la Costa del Sol. La Fiscalía mexicana había lanzado en mayo de 2019 una orden de detención internacional tras conocerse la fuga del director general de la petrolera Pemex, pero su "alto poder adquisitivo y sus lazos internacionales complicaban su localización", según admitió este miércoles el Ministerio del Interior.

Es más, los investigadores creían que pasó por Alemania antes de aterrizar en España. Entre otros motivos, porque su esposa es nacional de ese país; la madre de Lozoya, Gilda Austin, fue detenida allí el pasado julio. Y porque, desde la clandestinidad, Lozoya se defendió de las acusaciones a través del diario alemán Süddeutsche Zeitung, el conglomerado de medios suizo Tamedia, y Quinto Elemento Lab, de México. "Todo esto es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia. En ningún momento, como funcionario público, ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción", dijo entonces en respuesta a los periodistas.

Pese a esas pistas, los agentes españoles fijaron la diana en La Zagaleta, una urbanización de lujo cercana a Marbella. Estaban seguros de que Lozoya, uno de los hombres de confianza del presidente Enrique Peña Nieto durante su mandato, se ocultaba en una de sus villas. Pero apenas salía. Por lo que decidieron retrasar el arresto hasta este miércoles, cuando lo cazaron al aprovechar que abandonó el complejo residencial en un vehículo que había acudido a recogerlo. Según fuentes policiales, no opuso resistencia durante su detención.

Los agentes sospechan, además, que detrás de Lozoya iba su guardia pretoriana, un séquito de "personal de seguridad ruso" que le ha dado cobertura durante su estancia en España. Los investigadores creen incluso que Lozoya —un avezado economista de 45 años, con estudios en Harvard— podía estar blanqueando dinero para alguna organización mafiosa procedente de ese país, según fuentes próximas a la investigación.

Fuentes del residencial de lujo aseguran que en sus registros no aparece el nombre de Jonathan Solis que consta en el carné falso intervenido. Ni tampoco el de Emilio Lozoya. "Si ha accedido al interior de la urbanización ha sido con documentación falsa y como invitado de residentes", explican desde la gerencia, donde subrayan que el mexicano no tiene ni ha tenido "jamás" vivienda en propiedad o alquiler.

Los investigadores españoles también analizan si, frente a la sospecha inicial de que Lozoya había pasado por Alemania antes de llegar a España, hubiese ido directamente a Rusia, a San Petersburgo, y desde allí volado a la Península. En tal caso, el empresario mexicano, que lideró la campaña internacional de Peña Nieto en sus últimas elecciones por sus grandes contactos con empresas y políticos a escala mundial, habría simulado que tomaba un vuelo con destino a Frankfurt en el que realmente nunca se habría subido.

Las acusaciones

Lozoya, que ha sido inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años en su país, está acusado de fraude a gran escala y corrupción en 2012 y 2013. Según la documentación enviada a España, el antiguo director de la petrolera adjudicó supuestamente contratos públicos a cambio de sobornos millonarios. Las autoridades mexicanas cifran el fraude en 280 millones de dólares (257 millones de euros). Por su parte, la Audiencia Nacional destaca que supuestamente adquirió una vivienda en México con dinero "procedente de una actividad ilícita" tras diseñar un entramado financiero para ocular el origen de esos fondos.

Entre otras pruebas recabadas contra el exdirector general de Pemex se encuentra el testimonio de tres exdirectivos de la constructora brasileña que aseguran que recibió más de 10 millones de dólares en sobornos para ayudar en la firma de contratos. También una reconstrucción realizada por la justicia brasileña con decenas de documentos —copias de las transferencias electrónicas, órdenes de pago de los bancos, vídeos…— vincula a Lozoya con varias operaciones irregulares. Según esta investigación, Odebrecht le pagó para asegurarse el favor de alguien cercano a Peña Nieto.

Moreno ha abierto ahora un plazo de 45 días para que las autoridades mexicanas entreguen toda la documentación que sustente la extradición. Eso sí, la decisión de enviar a Lozoya no es firme y el exdirectivo de Pemex puede recurrirla ante el propio juez y ante la Sala de lo Penal de la Audiencia.

El País
Luis Pablo Beauregard
J. J. Gálvez/ Nacho Sánchez
Ciudad de México/Madrid/Málaga
Viernes 14 de febrero de 2020.


Desde la prisión el exdirector de Pemex encarará el proceso de extradición solicitado por el gobierno de México ante cargos de asociación delictuosa y cohecho


Ciudad de México.- El juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, ordenó dar prisión provisional comunicada a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, señalado en el caso Odebrecht.

El titular de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional dio a conocer su decisión tras tomarle declaración a Lozoya a través de videoconferencia desde los juzgados de Marbella.

La determinación se dio con base en que el inculpado no cuenta con domicilio en España, además, para evitar un posible riesgo de fuga. Trascendió que al memento de ser detenido presentó una licencia falsa a nombre de Jonathan Solis Fuentes.

Exhiben licencia de Lozoya, detenido en Málaga, España

La detención de Lozoya ocurrió en la ciudad española de Málaga, en la región sureña de Andalucía, según informó en México el fiscal general, Alejandro Gertz, y confirmó a la AFP un portavoz de la Policía Nacional de España.

La policía española amplió luego la información a través de su cuenta oficial de Twitter:

Detenido en las inmediaciones de una urbanización de #Málaga un exdirector general de una petrolera mexicana, gracias a la excelente relación entre la Fiscalía Mexicana y la Policía Nacional".

Había urdido junto a algunos familiares un sistema para defraudar dinero público", añadió la institución.

Por su parte, el fiscal Gertz detalló que la orden de detención, expedida por un juez mexicano, fue ejecutada con el apoyo de Interpol y de la policía española, y tiene como objetivo su extradición a México.

En este momento lo que va a ocurrir es que ya queda sujeto ya al proceso de extradición (...) Ahora vamos a comenzar el litigio específicamente para traerlo a México" dijo Gertz.

Excélsior
Ciudad de México
Jueves 13 de febrero de 2020.



Pesquisas de las autoridades mexicanas apuntan a que el exdirector de Pemex adquirió con dinero de sobornos un inmueble en el lujoso barrio de Las Lomas

Una clave de la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en México está en una casa en la zona residencial de Las Lomas. La edificación, de 1.165 metros cuadrados, fue adquirida por Emilio Lozoya a finales de 2012 con dinero que las autoridades investigan como parte de los sobornos pagados por Odebrecht. En esa vivienda, además, se negociaron las condiciones en las que se asignó un contrato millonario a la compañía brasileña en la refinería de Tula (Hidalgo), de acuerdo al testimonio de Luis Weyll, exdirector de Odebrecht en México, quien confesó que la obra se obtuvo mediante coimas.

La casa de las Lomas era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas, esposa de Carlos Enrique Valenzuela Dosal, miembro del Consejo de Administración del Grupo Financiero Intercam.

Las pesquisas oficiales, a las que ha tenido acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), siguieron la ruta del dinero pagado por Odebrecht y se toparon con dos transferencias realizadas a México el 1 de diciembre de 2012 desde una cuenta en Suiza de la que Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana fueron identificados por las autoridades como los beneficiarios.

El monto transferido aquel día fue de 2,58 millones de francos suizos que, al tipo de cambio de entonces, equivale a 38 millones de pesos (2,9 millones de dólares). Esa es justo la cantidad que Lozoya pactó con la señora Ampudia Cárdenas para adquirir su vivienda.

Las autoridades identificaron que el mayor de los traspasos desde Suiza fue depositado a la cuenta 00101419489 en Intercam Casa de Bolsa, que se atribuye a la señora Ampudia.

Uno de los pagos refería como domicilio del beneficiario la calle Ladera número 20, en el exclusivo fraccionamiento residencial Lomas de Bezares. Esta era la casa que ocupaba el directivo de Intercam y su esposa, que fue vendida a Lozoya.

Ante los indicios de que la residencia fue adquirida con dinero de sobornos de Odebrecht, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó este lunes (27 de mayo de 2019) congelar las cuentas bancarias de Lozoya, su hermana Gilda Susana y la señora Ampudia.

El inmueble se ubica en un condominio habitacional denominado Residencial La Retama, que forma parte de Lomas de Bezares, entre Bosques de las Lomas y Santa Fe, en la alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México.

En diciembre de 2016, Luis Weyll, exdirector de Odebrecht en México dijo varias veces a las autoridades de justicia brasileña que se había reunido con Lozoya en su casa de Santa Fe para negociar sobornos a cambio del contrato de la refinería de Tula. En realidad, la vivienda está en la zona de Las Lomas, sobre Prolongación Paseo de la Reforma, cerca de Santa Fe.

Las reuniones que se efectuaron en esa casa, según Weyll, tenían que ver con el pago de otros seis millones de dólares en sobornos a cambio de contratos en la planta del Estado de Hidalgo.

En total, el exdirectivo de Odebrecht confesó que pagó diez millones de dólares a Lozoya. Cuatro en 2012 y seis más entre 2013 y 2014. Lozoya siempre ha negado estas acusaciones.

Vínculos en las Islas Vírgenes

Estas nuevas investigaciones, realizadas en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya han detectado un vínculo entre Emilio Lozoya y una empresa afincada en las Islas Vírgenes Británicas a la que el departamento de sobornos de Odebrecht transfirió 3,1 millones de dólares en 2012, equivalentes a 40 millones de pesos al tipo de cambio de aquel año.

Una hermana del exdirector de Pemex era la beneficiaria de esa cuenta, según han encontrado las autoridades. Por ello también han ordenado el congelamiento de sus activos.

En un testimonio rendido el 16 de diciembre de 2016 ante las autoridades de justicia de Brasil, Luis Weyll aseguró que en marzo de 2012 se reunió con Emilio Lozoya. En ese encuentro acordó con el entonces coordinador de vinculación internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto el pago de cuatro millones de dólares en retribución por haberlo auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz, donde Odebrecht asentó su base de operaciones y donde tiene su principal negocio, la planta de Etileno XXI, de su subsidiaria Braskem.

Según el delator, Lozoya le solicitó que los depósitos los hicieran en una cuenta en el banco suizo Gonet & Cie a nombre de la empresa Latin America Asia Capital Holding.

MCCI corroboró que la mencionada empresa de papel o de gaveta fue creada el 10 de septiembre de 2008 en la diminuta ciudad de Road Town, de la isla Tórtola, la mayor de las Islas Vírgenes Británicas, en el Océano Atlántico, uno de los más opacos paraísos fiscales del mundo.

MCCI ha encontrado nuevos registros que establecen que la empresa se creó en el despacho de TMF Services, perteneciente a TMF Group, una firma multinacional de servicios fiscales y legales especializada en crear empresas offshore.

En su momento, TMF Group tuvo como uno de sus principales competidores al despacho panameño Mossack Fonseca, que administró activos de políticos y personalidades de todo el mundo y cuyos archivos filtrados dieron lugar en 2016 al escándalo conocido como Panama Papers.

Luis Weyll liga a Emilio Lozoya y a su hermana con una empresa offshore que recibió 3.1 millones de dólares en siete depósitos

Mediante peticiones de colaboración, las autoridades mexicanas han identificado que TMF Group era el administrador de la empresa Latin America Asia Capital Holding LTD, que los delatores de Odebrecht atribuían a Emilio Lozoya, pero que las investigaciones apuntan a que la beneficiaria de la misma es Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex.

Las autoridades también tuvieron acceso a estados de cuenta del Meinl Bank de Antigua y confirmaron la información revelada por MCCI el 14 de agosto de 2017, acerca de cómo fluyó el dinero del departamento de sobornos de Odebrecht en plena campaña presidencial de 2012 a favor de la empresa ligada a Lozoya.

El dinero fue enviado al banco Gonet & Cie de Suiza desde la cuenta 244006 del Meinl Bank de Antigua, que estaba a nombre de la compañía fachada Innovation Research Engineering and Development Ltd. (IRED), la cual era utilizada por Odebrecht para ocultar el pago de sobornos a políticos latinoamericanos.

Una primera transferencia a la cuenta de Latin America Asia Capital, por 250.000 dólares, se realizó el 20 de abril de 2012, a tres semanas de haber iniciado la campaña presidencial en México, según los estados de cuenta obtenidos desde 2017 por MCCI y de los que ahora han obtenido copia las autoridades mexicanas.

El 25 y 27 de abril de 2012 hubo otros dos depósitos por un millón de dólares. El 23 de mayo, se transfirieron 500.000 dólares y el 31 de ese mes otros 490.000 dólares. En junio, hubo dos depósitos. Uno el día 8 por 510.000 dólares y el día 18 por 400.000 dólares. En suma, las transferencias a la empresa que el testimonio de Luis Weyll liga a Emilio Lozoya, y donde las autoridades mexicanas ubican a su hermana, sumaron 3.150.000 dólares, en siete depósitos.

Una nueva cuenta identificada

No existieron más transferencias en favor de Latin America Asia Capital Holding porque la cuenta fue cancelada en noviembre de 2012.

Las pesquisas del Gobierno de López Obrador han identificado que los fondos del banco suizo Gonet & Cie fueron transferidos a una nueva cuenta, a nombre de la empresa Tochos Holding Limited, la cual también fue creada en el despacho TMF de la isla de Tórtola, según consta en un documento gestionado por MCCI.

Las autoridades han encontrado en su rastreo financiero que los beneficiarios de esta empresa eran Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana, y como administrador, el despacho TMF.

En el análisis de movimientos de la cuenta 0240880974, se identificaron dos traspasos de Suiza a México el 1 de diciembre de 2012, el día en que Peña Nieto tomó protesta como presidente de México.

Una transferencia fue por 1.500.000 francos suizos a una cuenta de Intercam Casa de Bolsa. Otro pago fue por 1.080.000 francos. Al tipo de cambio de aquel entonces, el monto de las dos transferencias, 2.580.000 francos, coincide con el precio acordado por la residencia de Lomas de Bezares (alrededor de 38 millones de pesos).

El mismo día se identificó un traspaso por 39.000 dólares de la cuenta de Tochos Holding al despacho de servicios legales Plan B Asesoría y Estrategia, del que ha sido representante Andrés Constantin Antonius González, que en 2012 colaboró como coordinador de estrategia en el equipo de transición de Peña Nieto.

Consultado por MCCI este martes (28 de mayo 2019) vía telefónica, Antonius reconoció que existe el despacho Plan B, pero dijo no recordar haber hecho una operación en esa fecha y dijo que él nunca brindó servicio alguno a Emilio Lozoya. Sin embargo, pidió tiempo para revisar la eventualidad de que, sin su conocimiento, alguien de su despacho haya realizado la operación.

En su primera declaración patrimonial, a inicios del sexenio de Peña Nieto, Lozoya reportó que el 14 de noviembre de 2012 había adquirido de contado, al precio de 38.175.000 pesos, una casa con una superficie de 1.165 metros cuadrados. En el reporte que hizo público, no reveló la ubicación del inmueble ni el folio real con el que fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

MCCI obtuvo copia del contrato de compraventa, el cual se formalizó ante el notario Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, hermano de la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El precio coincide con el de la declaración patrimonial.

La vivienda ubicada en el conjunto La Retama había sido vendida dos años y cuatro meses antes, en julio de 2010, en 2.950.000 dólares.

Las medidas de congelamiento de activos a Lozoya, anunciadas el lunes, se sumaron a la inhabilitación por 10 años determinada por la Secretaría de la Función Pública el 22 de mayo por el ocultamiento de cuentas como las que las autoridades han descubierto en Suiza. (Miércoles 29 Mayo 2019)

El País
Raúl Olmos
Mexicanos contra la
corrupcion e impuidad
Ciudad de México /Madrid.
Miércoles 12 de febrero de 2020.

En marzo determinarán si Antorcha Campesina será partido político

A finales de enero termina el proceso de solicitud de registro


El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla tendrá 60 días, es decir hasta marzo, para determinar si el Movimiento Antorchista Poblano cumplió con los requisitos para constituirse como partido político local, sostuvo el presidente Miguel Ángel García Onofre.

El nuevo consejero presidente del IEE explicó que después del 31 de enero –cuando concluye el plazo para que Antorcha pueda presentar su solicitud de registro como partido–, habrá otros 60 días para que el instituto estudie el expediente, las constancias y a más tardar en marzo emitirá una resolución acerca de si obtendrá o no el registro.

Anunció que al Instituto Nacional Electoral (INE) enviarán el padrón electoral, es decir las personas que se afiliaron al Movimiento Antorchista Poblano, la única organización que continúa en el proceso para conseguir la inscripción como partido local.

Por la mañana el vocero del Movimiento Antorchista, Aquiles Montaño Brito, atribuyó a la ex panista Violeta Lagunes Viveros el intento de la organización Podemos Puebla para frenar su registro como partido político local ante el Instituto Electoral del Estado.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
0Ciudad de  Puebla
Viernes 24 de enero de 2020.


María Vanesa Pedraza Madrid fue nombrada apoderada de Nunvav, empresa que utilizó el exsecretario para desviar miles de millones de pesos

Una ex colaboradora de Genaro García Luna es la apoderada general de la empresa Nunvav, Inc., la cual -según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)-, fue utilizada por el exsecretario de Seguridad Pública para desviar 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones de dólares del Gobierno federal.

María Vanesa Pedraza Madrid, quien colaboró en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012, fue nombrada apoderada de Nunvav el 7 de octubre de 2019 en una asamblea extraordinaria de accionistas, la cual fue protocolizada ante el notario público Fabián E. Ruiz, de Panamá, de acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Posteriormente, el 31 de octubre, en otra asamblea, se ampliaron los poderes a la ex colaboradora de García Luna para que represente a la sociedad en cualquier acto legal, laboral o financiero en México, en Panamá o en cualquier otro país donde realice operaciones comerciales.

La exfuncionaria comparte poder general con Jorge Luis Castilla Aguilar, quien desde años antes era representante de la empresa.

Ante el notario, ambos dijeron tener su domicilio en la colonia Potrero del Llano, en Azcapotzalco.

Pedraza estudió la licenciatura en Psicología y una maestría en Psicoterapia en la Universidad Intercontinental.

Entre 2001 y 2008 trabajó en el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social y luego se incorporó a las oficinas centrales de la SSP, en la coordinación de asesores de García Luna.

En esa área se desempeñó durante cuatro años como directora general adjunta y sus funciones principales consistían en supervisar y dar seguimiento a proyectos de la dependencia federal. Le reportaba directamente al secretario, hoy detenido en Estados Unidos, acusado en una corte federal de Nueva York por cargos de tráfico de drogas y corrupción.

Pedraza salió de la SSP junto con García Luna el 30 de noviembre de 2012.

Red de compañías

Nunvav fue constituida el 14 de octubre de 2005 en Panamá, y no en 2011 como afirmó el titular de la UIF el pasado 27 de diciembre.

En el acta constitutiva obtenida por MCCI aparece como presidente de la compañía Natan Wancier, socio de Alexis Weinberg, dueño de la casa que ocupó García Luna en Miami cuando dejó su cargo en el Gobierno federal, según una investigación conjunta publicada el 12 de marzo de 2019 por Peniley Ramírez y Julio Roa en Univisión.

El vicepresidente y tesorero de la compañía era Félix Valencia Maldonado, quien aparece en el Registro Mercantil de Panamá como director de 318 empresas "de papel" (sin empleados ni infraestructura), entre ellas Lurión Trading Inc, que fue utilizada para triangular 6.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht en Colombia a cambio del contrato de concesión de la carretera Ruta del Sol.

En el registro mercantil de Panamá MCCI también localizó el acta de ICIT Holding, Inc. otra empresa vinculada con García Luna, la cual fue creada el 24 de julio de 2012, teniendo como presidente a Winberg y como secretario a Wancier.

En su página en internet aparecía hasta hace poco que la oficina de representación de ICIT en Estados Unidos estaba ubicada en 2980 NE 207 St, suite 507, en Aventura, Florida, que corresponde a un despacho que Genaro García Luna adquirió el 30 de agosto de 2018 a un precio de 1 millón 224 mil dólares.

En la denuncia que en diciembre presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), la UIF vinculó a García Luna tanto con ICIT como con Nunvav; como prueba mencionó que esta última empresa era la que pagaba el ostentoso estilo de vida del exfuncionario.

Lo que no se sabía es que la apoderada general de Nunvav es María Vanesa Pedraza Madrid, quien estaba a las órdenes de García Luna en la SSP, con lo que se refuerza el vínculo entre el exfuncionario y la empresa.

La UIF detectó millonarias transferencias de fondos públicos a Nunvav; 55.1 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda en 2013 y otros 2 mil 623 millones de pesos y 77.4 millones de dólares de 2017 a 2018 del órgano descentralizado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación.

Luego, parte de esos recursos fueron enviados por Nunvav a Israel, Curacao, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos y Barbados.

Nunvav también trianguló a ICIT 9.1 millones de pesos y 309 mil dólares de 2013 a 2015 y otros 6.5 millones de pesos en 2018 a su filial mexicana.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 16 de enero de 2020.


El excomandante para el Cumplimiento de Mandatos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ), Juan Sánchez Moreno, fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

Detenido el 30 de abril del año pasado, el ex comandante policíaco fue condenado además a pagar una multa de 275 días de salario mínimo -equivalente a 12 mil 113.75 pesos-, así como a recibir una amonestación pública y perder sus derechos civiles y políticos para ejercer un cargo público por los mismos cinco años y tres meses.

Cabe recordar que Sánchez Moreno fue detenido por el caso de tortura contra la periodista en el año 2005, en el que también estarían implicados el exgobernador el priista Mario Marín Torres, el empresario Kamel Nacif y el ex director de la Policía Judicial del Estado Hugo Adolfo Karam Beltrán, quienes siguen en calidad de prófugos.

En su cuenta de Twitter, la organización Artículo 19 recordó que en 2017 también fue detenido el excomandante José Montaño, implicado en el mismo delito, por lo cual fue sentenciado con la misma pena que Sánchez Moreno.

ARTICLE 19 MX-CA

@article19mex
El día de hoy 15 de enero, nos fue notificada la sentencia condenatoria en contra de Juan Sánchez Moreno, por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho cometido en diciembre de 2005.

Para la organización, la pena impuesta a ambos expolicías poblanos debió ser mayor pues no refleja la gravedad del delito ni al puesto jerárquico que tenían dentro de la entonces Procuraduría de Puebla.

“Cabe recordar que hace 9 meses la Feadle giró órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nacif y Hugo Karam, sin que hasta la fecha ninguno haya sido detenido”, reclamó la agrupación.

“Para Artículo 19, continúa siendo necesaria la ejecución de las órdenes de aprehensión pendientes a fin de garantizar la verdad, justicia y reparación a la periodista Lydia Cacho”.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Jueves 16 de enero de 2020.


La captura de Genaro García Luna, el estratega del combate contra el tráfico de drogas entre 2006 y 2012, promete un juicio de alto voltaje por sus repercusiones políticas


Hace once años, por estas fechas, México despertó con decenas de mensajes del narcotráfico colgando de puentes y farolas en puntos clave de seis Estados del norte y sur del país. Era una de las formas de comunicación de la delincuencia organizada: “Genaro García Luna es el narcotraficante con más poder, él y su grupo de sicarios que están en la Policía Federal Preventiva… son sicarios al servicio del Cartel de Sinaloa”, decía una pancarta supuestamente firmada por el cartel del Golfo de 15 metros de ancho por cinco de alto que colgaba sobre el mercado principal de la capital de Oaxaca. Agentes de policía ocultaron el texto y nadie le dio demasiada importancia. Era el enésimo intento de los criminales por manchar la reputación del todopoderoso secretario (ministro) de Seguridad del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, el gran estratega del combate a los carteles entre 2006 y 2012.

Esta semana una acusación similar sobresaltó al país que suma más de 200.000 muertos y 40.000 desaparecidos por la violencia. Esta vez no fue anónima. Estados Unidos detuvo el domingo 8 de diciembre en Texas a García Luna, un ex espía y supe policía de 51 años que gustaba de las Harley Davidson y los Mustang y reconocido por crear en 2001 la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el FBI mexicano. La Fiscalía que sentó al capo Joaquín El Chapo Guzmán en el banquillo de los acusados para lograr tras cuatro meses de juicio una sentencia de cadena perpetua acusa ahora al exministro de haber recibido “decenas de millones de dólares en sobornos durante varios años” para brindar protección al cartel que lideraba El Chapo, el de Sinaloa, una de las organizaciones que debía combatir. Las autoridades también lo acusan de planear la entrada de varios kilos de cocaína en el país.

La caída de este Ícaro de altos vuelos en el mundo del espionaje y la seguridad es especialmente dura. El poderoso golpe que ha cortado las alas de García Luna fue asestado por las mismas manos que durante años lo avalaron: el Gobierno de Estados Unidos. La guerra mexicana contra el narco tiene su mito fundacional en el Operativo Michoacán, la decisión de Calderón, en diciembre de 2006, de enviar a 6.000 efectivos a un Estado que cerraba aquel año con más de 600 asesinatos. México, sin embargo, se encontraba en ese momento con la cifra más baja de homicidios de su historia moderna.

Otra versión indica que el inicio de la guerra ocurrió un par de meses antes en Cuernavaca, cerca de la capital mexicana. Karen Tandy, la administradora general de la Agencia Antidrogas de Washington, la DEA, y su encargado para América del Norte y Centroamérica, David Gaddis, se reunieron en octubre con García Luna y Eduardo Medina, los pilares de la política de seguridad del Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). El académico Luis Astorga considera en “¿Qué quería que hiciera?” (2015) este momento como uno de los que forjaron el combate al narco. Con Calderón, García Luna se ocuparía de la Secretaría de Seguridad y Medina Mora de la Fiscalía General. Los dos desarrollarían los designios de la DEA, que alertaba de la descomposición de algunas regiones de México. Ambos exfuncionarios viven hoy horas muy bajas. El primero espera su juicio en Estados Unidos. El segundo abandonó, en medio de un escándalo, su cargo de 15 años como miembro del Tribunal Constitucional después de que llegaran a conocimiento público depósitos millonarios en sus cuentas bancarias.

Tras la reunión en Cuernavaca, García Luna amasó más poder y se convirtió en un influyente instrumento. En enero de 2008 pasó varios días en Washington convenciendo a funcionarios y legisladores de que aprobaran un paquete millonario de ayudas. En su viaje, el señor de la guerra al narco se reunió con miembros del Gabinete de George W. Bush, el FBI y el Servicio Secreto. La presión funcionó y el grifo se abrió. 400 millones de dólares fueron transferidos en la polémica Iniciativa Mérida, destinada a mejorar la profesionalización de su cuerpo policíaco, la Policía Federal, que creció bajo su tutela de 5.000 elementos a más de 35.000. A finales de 2008, el veterano general Barry McCaffrey, encargado de escribir un informe sobre la situación mexicana, defendió la inversión, que aumentaría hasta los 1.400 millones en los años siguientes. “El gasto propuesto en apoyo del Gobierno de México es una gota en un cubo en comparación con lo que se ha gastado en las guerras de Irak y Afganistán, que han consumido 700.000 millones de dólares. Lo que está en juego en México es enorme. No podemos permitirnos tener un narcoestado como vecino”, escribió el militar a coroneles de la academia de West Point.

La buena relación de García Luna con sus contrapartes estadounidenses continuó. En 2009 se reunió con Hillary Clinton, secretaria de Estado. Era confidente de los embajadores de Washington. En 2011 viajó al norte para presentar su libro Para entender: el nuevo modelo de seguridad para México a pesar de tener poco que celebrar. El país había pasado de 10.000 homicidios en 2006 a 27.000 en 2011. Al concluir el Gobierno de Calderón, García Luna se mudó junto a su esposa a Miami, a la lujosa zona de Golden Beach. Soñó con un retiro dorado y el año pasado comenzó los trámites para convertirse en estadounidense. Ignoraba que su anfitrión llevaba años investigándolo. “Las autoridades obtuvieron informes financieros relacionados con el acusado que reflejan que, al momento de su llegada a Estados Unidos, en 2012, había amasado una fortuna personal que era incompatible con el salario de un funcionario público en México”, asegura la acusación del distrito Este de Nueva York.

Las señales estuvieron siempre allí para quienes quisieran verlas. “Era un secreto a voces que García Luna estaba involucrado con la delincuencia”, asegura el ex comisario de la Policía Federal Javier Herrera Valles. Este policía de 64 años fue la gran voz crítica a los operativos “sin dirección ni trabajo de inteligencia” que orquestó la cúpula de García Luna desde el Ministerio de Seguridad. La decepción de operaciones pobremente planeadas, que buscaban principalmente tener eco en los medios de comunicación, lo llevó a detallar la situación a Felipe Calderón. “Pensé ingenuamente que no estaba informado”, señala. Herrera describió al presidente la situación de la policía en dos cartas, en febrero y mayo de 2008. “Lo más preocupante para la seguridad pública de nuestro país es que el ingeniero García Luna continúa sin dirección en la policía, mintiéndole a usted y a la sociedad haciéndole creer de una coordinación que no existe”, asegura un largo texto que documenta diversas irregularidades protagonizadas por los seis hombres de confianza del secretario.

La única respuesta que Herrera Valles recibió entonces llegó seis meses después, cuando fue detenido y golpeado por agentes de la Fiscalía. Los supuestos testimonios de un testigo protegido lo mantuvieron en prisión tres años, diez meses y veintiún días. El mensaje fue claro. “García Luna tuvo una protección institucional durante dos sexenios y contaba con el cobijo de la Fiscalía General. El presidente Calderón estaba coludido”, añade Herrera. Ahora, más de una década después, el expresidente Calderón ha dado respuesta pública a las quejas de Herrera Valles. En Twitter, dijo que los textos no hacen ninguna acusación específica respecto al vínculo de García Luna con Sinaloa. “No tenía conocimientos de los hechos de los que es acusado”, reiteró Calderón.

El juicio a García Luna comenzará en 2020. No será tan mediático como el de El Chapo, pero en México será de alto voltaje. Su sentencia será también la de una estrategia de seguridad que ha dejado centenares de miles de víctimas y que tiene dos rostros públicos: el de García Luna y el propio Calderón.

El País
Luis Pablo Beauregard
Ciudad de México / Madrid
Domingo 15 de diciembre de 2019.


Por caso Agronitrogenados, Emilio Lozoya tiene orden de capturarlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita


Ciudad de México.- Una juez federal negó amparar a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, contra la orden de capturarlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el caso Agronitrogenados.

La Juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México consideró justificado que un juez de control emitiera una orden para aprehender al ex funcionario porque cuenta con los medios para darse a la fuga.

"El juez de control responsable actuó apegado a derecho al tener por justificada la necesidad de cautela en la emisión de la orden de aprehensión porque de los datos probatorios que obran en la carpeta de investigación se advierte que el peticionario de amparo sí cuenta con los medios para evadir la acción de la justicia porque cuenta con recursos económicos, aunado a que cuenta con domicilios en el extranjero lo que demuestra que podría abandonar el país, aunado a que los hechos que se le imputan están previstos en la ley penal como el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita el cual tiene prevista una pena privativa de libertad lo que justifica la necesidad de la cautela con la finalidad de evitar que el quejoso evada la acción de la justicia", indica la sentencia.

"Tampoco le asiste la razón al quejoso cuando aduce que la orden de aprehensión reclamada transgrede sus derechos porque conforme con el nuevo sistema penal acusatorio tiene un carácter excepcional y de última razón, además que en el presente asunto el Ministerio Público vulneró el principio de lealtad porque ocultó información que le beneficia como es el hecho de que proporcionó un domicilio ante el Procurador General de la República para oír y recibir notificaciones".

La juez consideró que los datos anunciados por el ministerio público para obtener la orden de aprehensión contra Lozoya establecen la existencia del delito de "lavado" de dinero y que probablemente el ex director de Pemex participó en su ejecución.

Contra esta resolución, Emilio Lozoya presentó un recurso de revisión mismo que será enviado a un Tribunal Colegiado para que defina si la Fiscalía General de la República (FGR) puede o no aprehenderlo.

Según las indagatorias el 1 de diciembre de 2012, Emilio Lozoya fue nombrado Director de Pemex y que el 17 de diciembre de 2013, el Consejo de Administración de la paraestatal tomó conocimiento de que promocionó la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, entonces propiedad de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) de Alonso Ancira Elizondo.

Que dicha compraventa se dio con diversas irregularidades, razón por la que Lozoya y Ancira son investigados por "lavado" de dinero.

El Universal
Ciudad de México
Martes 19 de noviembre 2019.


Un reportaje de Flavia Morales


Capítulo 1. Falta de controles arrebata la ayuda social

Capítulo 2. El petróleo les gana a los dueños de las tierras

El estado recibió más de 9 mil millones de pesos, equivalentes a 450 millones de dólares, en fondos sociales para comunidades petroleras entre 2014 y 2018. Los recursos han sido manejados discrecionalmente o desviados y no han servido para paliar la pobreza que es de las más altas en México. Mientras tanto, la reforma energética implementada por el ex presidente Enrique Peña Nieto mantiene en incertidumbre las comunidades que empiezan a defender sus territorios.

Falta de controles arrebata la ayuda social

Los recursos para los veracruzanos que sufren afectaciones sociales y ambientales por la explotación de petróleo han sido manejados discrecionalmente. A los desvíos de fondos y las obras fantasmas, se suman violaciones de las normas creadas con la reforma energética para mejorar las condiciones de vida en las comunidades petroleras.

Era 2014 cuando el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma Energética en el Palacio Nacional. Entonces prometió que México contaría con más recursos, que habría más empleos y que los estados que producen petróleo, aceite y gas fortalecerían sus ingresos.

A las familias del campo les dijo que la reforma les daría otro horizonte. “Les ofrecerá una nueva y sustantiva fuente de ingresos en los casos donde se produzcan energéticos en sus tierras, recibiendo una contraprestación justa, equitativa, y transparente”, dijo en su discurso.

Veracruz era pieza clave en el proceso, que implicaba la apertura del negocio de hidrocarburos a la inversión privada. En el estado se producen 88 mil barriles diarios de petróleo que no han servido para que deje de ser uno de los cinco más pobres de México.

Lo que siguió después para cumplir la promesa de hacer justa la repartición de recursos fue la creación en 2015 del Fondo para Entidades Federativas y los Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), el cual se alimenta de los impuestos cobrados a las empresas por asignaciones y contratos.

A esa acción se sumaron una serie de modificaciones en las reglas de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la distribución de donativos y donaciones y para la ejecución de programas en las comunidades petroleras. Fue un intento de controlar los desembolsos con mayor rigor y de asegurar su efecto social.

Los resultados distan de lo planteado en los decretos firmados. Veracruz ha recibido en los últimos 6 años más de 9.000 millones de pesos, aproximadamente 450 millones de dólares, en fondos petroleros. Un total de 60 por ciento provinieron del FEFMPH y de donativos de Pemex, que sumaron 5.956 millones de pesos, alrededor de 297 millones de dólares.

Las cifras millonarias, sin embargo, no han servido para cumplir la misión principal: mitigar la afectación por la extracción de hidrocarburo, atender el rezago social y generar desarrollo en las comunidades petroleras que siguen siendo las de más alta marginación en Veracruz.

Esta investigación, realizada por la Agencia Veracruzana de Noticias (AVC Noticias), en alianza con el International Center for Journalists (ICFJ) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, siguió la ruta del dinero del FEFMPH y de Pemex. Los datos recopilados confirman que parte importante del dinero se ha transferido sin mecanismos de control, lo que ha generado desvíos y el uso discrecional de los fondos.

Para documentar la ruta del dinero, se recorrieron comunidades en las tres cuencas petroleras de Veracruz, se analizaron las bases de datos de recursos públicos, licitaciones, contratos de obras, auditorías, las bases estadísticas petroleras y se realizaron 26 solicitudes de información al gobierno estatal y federal sobre el uso de estos dos fondos.

Entre 2015 y 2016, cuando Javier Duarte, ex gobernador del estado hoy en preso por corrupción, controló los recursos, más de 1.000 millones de pesos quedaron sin que se comprobara su destino. En esta investigación además se encontraron obras abandonadas, con sobrecostos y fallas de construcción graves que suman más de 42 millones de pesos.

Con el nuevo gobierno panista de Miguel Ángel Yunes, las irregularidades continuaron con el uso discrecional de recursos con fines políticos- electorales en municipios donde ni siquiera hay extracción petrolera, lo que violentó la normatividad federal precisamente destinada para favorecer a comunidades petroleras.

El dinero fue controlado por la Secretaría de Infraestructura de Obras Públicas (SIOP) del estado, que concentró el 90 por ciento de los recursos en obras de pavimentación que fueron entregadas a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a grupos empresariales privilegiados.

Las irregularidades se repiten a nivel federal, en el Consejo de Administración de Pemex se decidió distribuir más de 1.800 millones de pesos en donativos y donaciones de dinero en efectivo sin mecanismos de fiscalización. Parte de estos recursos han sido desviados o manipulados por el gobierno estatal y municipal.

Además, la petrolera ha utilizado esquemas como el Programa de Apoyo a las Comunidades y Medio Ambiente (Pacma), cuyos fondos se originan del impuesto cobrado a empresas extranjeras y nacionales, para pagar obras y proyectos que están subutilizados, con fallas de operación y con graves acusaciones de corrupción.

Veracruz reparte a discreción fondo petrolero

Sub agente municipal de Reforma Escolín, en Papantla, Veracruz. Tiene 18 años solicitando un sistema de agua para las comunidades de la sierra.

Las comunidades indígenas de la sierra norte de Veracruz son un ejemplo de las fallas sistemáticas en la aplicación de estos fondos.

Hace 68 años, los pozos petroleros invadieron el territorio de cuatro de sus comunidades. Entre las parcelas de naranja y maíz de Escolín, Nueva Reforma, Ojital y Rancho Nuevo, se estableció el campo Escolín con más de 200 pozos, pero el boom no fue suficiente para cumplir la principal demanda de los habitantes: tener agua potable.

Pastora García, subagente municipal, recuerda que los manantiales se secaron cuando Pemex hizo exploraciones con detonaciones de dinamita en varias parcelas en busca de más petróleo.

Hace casi una década, unos 3.000 habitantes integraron un comité para conseguir el sistema de agua. Desde entonces han ido y venido con decenas de planos y proyectos, han conseguido permisos y comprado terrenos para la instalación de tanques que no llegan.

García recuerda que la única temporada cuando tuvieron agua fue gracias a una conexión clandestina que hicieron con los tubos que Pemex utiliza para enviar líquido hacia los pozos. Cuando estos fueron taponeados, el acceso al agua también se acabó.

El sistema que aliviaría a las comunidades tiene un costo de 18 millones de pesos. Si se construyera, las familias dejarían de pagar pipas para abastecerse que van desde los 150 pesos a los 300 pesos.

García y otros de sus compañeros fueron el año pasado al ayuntamiento de Papantla y allí les dieron la respuesta de siempre: no hay dinero, el proyecto fue rechazado y les pidieron un nuevo estudio de factibilidad, que deberá ser pagado con dinero de los habitantes de las comunidades.

García dice que a veces quisiera regresar el tiempo, cuando en su pueblo todo era bonito. “Había arroyos, peces, camarones, teníamos de dónde tomar agua y comer, pero las redes que tendió Pemex por las parcelas acabaron con todo”.

En 2011, indignados por la falta de respuestas, los pobladores bloquearon por dos días la vialidad principal en reclamo del sistema de agua y también de mejoras en los caminos, pero no obtuvieron ni lo uno ni lo otro, sino demandas judiciales federales de Pemex.

A la comunidad de Reforma Escolín los pozos petroleros llegaron hace 68 años, pero eso no bastó para tener agua potable

Pastora vivió escondida dos semanas para evitar ir a la cárcel. Al final tuvo que pagar una fianza de 41 mil pesos y durante dos años ir a firmar al penal cada domingo.

“No tengo miedo, porque exigimos algo justo, pero me da coraje porque estamos como coladera de Pemex, por tantos pozos, y para el agua tenemos que comprar, llenar cubetas, tinas, y seguimos aquí, nos han engañado tantas veces y nos dicen una y otra vez que no hay dinero para el agua”, se queja.

Su historia se repite en otras comunidades petroleras en Veracruz donde los beneficios de la reforma energética y los recursos que Pemex destina para paliar daños, no llegan a quienes necesitan asistencia o se utilizan discrecionalmente.

La comunidad de García forma parte de la cuenca petrolera Tampico-Misantla, la de mayor reserva de crudo del país. La zona fue asignada en agosto del 2014, a Pemex en la ronda cero para extracción de gas y aceite por 20 años como parte del campo Poza Rica dentro del proceso de reforma energética adelantado por Peña Nieto.

Esto, en teoría, colocó a su comunidad automáticamente entre las que pueden beneficiarse del FEFMPP destinado precisamente para asumir los pasivos sociales causados por la explotación petrolera y que han creado rezago.

Pero mientras a Pastora y al comité del que forma parte les niegan recursos para su pequeña obra, el gobierno de Veracruz ha invertido más de 1.300 millones de pesos en pavimentaciones y rehabilitaciones de asfalto en municipios donde no hay un solo pozo y la vocación petrolera es mínima, según se estableció en la presente investigación.

Fallas en el uso del millonario recurso fueron detectadas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando advirtió que la falta de vigilancia y control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resultaba en un incumplimiento de las reglas de operación, pues el dinero se usaba a conveniencia del mandatario en turno.

El FEFMPH es alimentado por el impuesto que deben pagar las empresas públicas y privadas que realizan actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con base en la extensión de las áreas contractuales y de asignación en áreas marítimas y terrestres.

Las reglas de operación obligan a los estados a transferir al menos el 20 por ciento de sus recursos a los municipios. El dinero puede dirigirse a tipos de obras que están descritas en las normas. Se pueden construir sistemas para almacenar y distribuir agua potable o para tratar las residuales; para rehabilitar ríos, arroyos y riachuelos; para para disponer de residuos sólidos; para proteger áreas naturales; para mejorar la iluminación pública y la protección civil; para reconstruir estructuras afectadas por desastres naturales o para mejorar la vialidad y la movilidad de las comunidades.

En Veracruz, sin embargo, 98 por ciento del fondo se ha invertido en más de 900 obras de pavimentación o de ampliación y reconstrucción de caminos. Apenas 28 obras han sido de equipamiento urbano, 26 de agua y saneamiento, 6 de preservación y protección ecológica y 1 de electrificación.

Las obras de pavimentación que han concentrado el uso de los fondos se han entregado a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Un grupo selecto de empresarios pertenecientes a la cúpula de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción han sido beneficiados con contratos directos por más de 800 millones de pesos, equivalentes a 40 millones de dólares.

Las principales fallas en la aplicación del fondo en 2016 persistieron en los siguientes años. De acuerdo con el análisis de las obras reportadas en la plataforma transparencia presupuestaría, 40 por ciento de los 3. 400 millones de pesos invertidos han sido distribuidos a seis municipios que están lejos de tener una vocación petrolera. Es un monto de aproximadamente 170 millones de dólares, que generaría alivio en otros lugares donde la industria ha provocado estragos.

El FEFMPH además no contempla mecanismos de participación para las poblaciones que habitan zonas impactadas, lo que genera inequidades. Así fue establecido en una investigación del Centro de Investigación y Análisis (Fundar), que se publicó en el anuario 2017 “Las actividades extractivas en México. Minería e Hidrocarburos hacia el fin de sexenio”.

Veracruz es el estado con mayor superficie destinada a la extracción de hidrocarburo con 47.300 kilómetros y hay serias dudas del porqué municipios sin áreas de asignación o contratación, reciben recursos de este fondo, lo cual constituye una irregularidad a los lineamientos de la legislación y la normatividad.

“Además resulta llamativo que estados o municipios donde la superficie afectada por asignaciones es menor reciban mayores montos que los que tienen superficie más comprometida”, señala Carla Flores, integrante de Carto Crítica, quien colaboró en la edición del anuario.

La investigadora coincide en que el escaso control de la aplicación del fondo deja la puerta abierta para que los gobiernos usen el dinero de manera discrecional o, incluso, para que se desvíe a otros fines o a bolsillos a los que no debería llegar.

Veracruz es claro ejemplo de esto. Mientras los bastiones electorales del PAN, partido del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, recibieron obras por casi 500 millones de pesos, otros tradicionalmente petroleros como Tihuatlán, Coatzintla, y Pánuco, suman apenas 157 millones de pesos en inversión.

Incluso el municipio de Molocán, donde se encuentra Villa Cuichapa, cuya área contractual fue entregada a la empresa Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México desde el 2016 en la ronda 2, y que produce alrededor de 2 mil barriles diarios de aceite y gas, tiene una inversión del fondo de apenas 12 millones de pesos, todos destinado a pavimentación.

El bulevar de Veracruz fue rehabilitado con una inversión de 7.5 millones de dólares, el dinero fue del Fondo de entidades productoras, aun cuando aquí no hay asignaciones petroleras.

Las obras se repartieron entre panistas y constructores favoritos

Apenas el sol da tregua en el Puerto de Veracruz y la tarde cae, los juegos recién instalados en el bulevar se llenan de paseantes que se refrescan con la brisa del mar.

La obra fue inaugurada en el último día de gobierno de Miguel Ángel Yunes como una de sus contribuciones más importantes, pues aseguró es uno de los bulevares más bellos y moderno del país. La inversión es millonaria: 149 millones de pesos para rehabilitar 10 kilómetros de paseo. Junto a la obra, se construirán tres hoteles privados de cadenas internacionales, una plaza comercial y un conjunto habitacional de lujo.

La obra es realizada con recursos del FEFMPH. Según la auditoría a la cuenta pública 2017, construyó esta obra con sobre costos, y sin la supervisión técnica adecuada.

Los municipios panistas recibieron fondos petroleros por casi 25 millones de dólares aun cuando no tienen asignaciones petroleras importantes.
Aunque el Puerto de Veracruz, gobernado por Fernando Yunes Márquez, hijo del gobernador, apenas tiene unos kilómetros de áreas de asignación, suma en dos años junto a Boca del Río, municipio colindante y también bastión panista, inversiones por 455 millones de pesos.

El dinero de este fondo fue controlado en su mayoría por la SIOP, dirigida por Julen Rementería, ex alcalde de Veracruz, ex diputado, ex candidato y ahora senador por el PAN.

Con Rementería al mando, la SIOP se convirtió en la cuarta secretaría más poderosa en el gobierno de Yunes. De tener un presupuesto de 468 millones de pesos, recibió ampliaciones presupuestales por 1.935 millones de pesos, la mayoría procedente del FEFMPH.

El aumento del presupuesto le permitió lanzarse como candidato al senado por la alianza PAN-PRD con un lema de campaña que no fue elegido al azar: “Manos a la obra”.

Durante su encargo, gran parte de la obra del fondo fue asignada vía adjudicación directa o con invitación restringida a tres personas. Pero Rementería se defiende y asegura que los recursos se repartieron conforme a ley, sin favoritismos y que se asignaron las obras a los empresarios más competitivos.

El Fondo petrolero fue controlado por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, a cargo del ahora senador Julen Rementería del Puerto. Las obras se entregaron por adjudicación directa y un sector de empresarios concentró el 30 % del fondo.

Este modus operandi lo detectó la ASF en 2016 cuando revisó por primera vez el fondo. Entonces alertó que había proyectos que excedían los montos para adjudicarse de forma directa, había disparidad en las inversiones aprobadas y ejercidas, y existían falta de comprobación y proyectos que no cumplían con objetivo principal del fondo.

Las mismas prácticas continuaron en los años siguientes. Al revisar la lista de proyectos aprobados en Veracruz a través de transparencia presupuestaria, se comprobó que la SIOP otorgó al menos 250 obras vía adjudicación directa e invitaciones restringidas.

Apenas en octubre pasado, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), sancionó y ordenó una investigación contra funcionarios de SIOP, porque detectó que en la cuenta pública 2017, se habían adjudicado obras de forma directa sin justificación y excediendo los montos establecidos por ley. Además, se detectaron deficiencias en la construcción.

Un análisis de las licitaciones realizado para este trabajo reveló que 15 grupos constructores se repartieron 811 millones de pesos de obras, lo que equivalió al 30 por ciento del fondo petrolero en Veracruz, es decir más de 40 millones de dólares.

De este grupo, diez empresas constructoras pertenecen a empresarios que integran el primer círculo de poder de la CMIC. En conjunto, recibieron 311 millones de pesos en asignaciones, 90 por ciento de las cuales fueron por vía de adjudicación directa. Los otros 500 millones de pesos fueron repartidos bajo el mismo esquema de adjudicación directa entre otros cinco grupos constructores.

Adicionalmente las empresas de esta lista fueron privilegiadas con obras de otros fondos federales durante el gobierno de Duarte y Miguel Ángel Yunes.

Algunos empresarios recibieron entre cuatro y cinco contratos relacionados con el FEFMPH, a través de varias empresas donde son socios o apoderados legales. Un caso destaca: el de Ramón Montano Hernández, vicepresidente de Infraestructura y Obras Públicas de CMIC, quien recibió seis contratos vía adjudicación directa por 28.9 millones de pesos. Esto a pesar de que un año antes, el Organismo de Fiscalización del Estado, le había hecho señalamientos por la mala calidad en una de las obras, que tuvo que ser suspendida.

En 2017 una acusación anónima prendió los focos rojos al interior de la CMIC, cámara de construcción. Según ella, las grandes obras se quedaban entre los miembros del comité directivo. El entonces presidente, Pedro Medina Amador negó la acusación.

Esta reportera buscó la opinión del actual Presidente de la cámara de la construcción en Veracruz, sin embargo, al cierre de este trabajo no respondió la petición de entrevista.

Gobernador decidió obras de los fondos petroleros

En entrevista, el ex funcionario y ahora senador aseguró que no repartió las obras a modo, pero reconoció que el gobernador Miguel Ángel Yunes decidió cómo y dónde se repartían los fondos petroleros.

Entrevistado sobre los cuestionamientos de esta investigación, Rementería expresó lo siguiente: “No era vamos a repartir, si no era un juego de cartas, no hubo favoritos”

Rementería reconoce que concentrar el cuarto presupuesto más grande del gobierno le sirvió para impulsar su candidatura. “Todo suma”, admite, pero niega que existiera discrecionalidad a la hora de aplicar el fondo de entidades productoras de hidrocarburos.

Alega que para realizar la asignación de obra se consultó una lista de municipios y que si el lugar tiene un ducto o alguna instalación petrolera era susceptible de ser beneficiado. Sin embargo, las reglas de operación son estrictas y dicen lo contrario: el fondo solo se aplica a las áreas con asignaciones o contratos de exploración y explotación, lo cual se incumplió para Veracruz.

Rementería dice que ha sido tanta la mala fama del gobierno, que cuesta creer que las cosas se hagan bien. “No hay truco, simplemente es hacer el proyecto, validarlo técnicamente y ocúpate de tener el dinero y haz el contrato bien a una buena empresa, y la obra sale”.

Cuestionado sobre el criterio utilizado para destinar recursos por casi 500 millones de pesos a Veracruz y Boca del Río, contra Papantla con 51 millones de pesos, señaló que las reglas operación no establecen monto a otorgar, por lo que fue el propio gobernador Yunes quien decidió cuáles son las prioridades del estado y las obras a realizarse. Ver Diario Oficial de la Federación

También justifica que la mayor parte del fondo se dirigiera a pavimentación: afirma que esa es la principal solicitud de los alcaldes: “Es la demanda número uno, incluso por encima del agua potable o la electrificación”.

Hay un grupo de constructores que concentran las obras, se le cuestionó.

“Hay grupos de empresarios que se agruparon para hacer consorcios. Es una situación natural de la competencia, se puso el piso parejo para todos, ganaron los que eran más competitivos”, respondió.

Rementería también justifica que una gran parte de los contratos se realizaran por vía adjudicación directa, pues está permitido en Ley.

“Las cámaras me dijeron ´ ¿Cuántas obras nos va a dar?’. Respondí ni una, ve y participa, gánatela, no voy a impedir que participes, esa fue la política, y eso nos sirvió”, relata.

Rementería cuenta que cuando llegó a la secretaría en diciembre del 2016, lo recibieron con una buena noticia: había casi 100 millones de pesos disponibles para gastar como parte del remanente del FEFMPH, la única condición era gastarlo antes del 31 de diciembre.

La obra se repartió vía adjudicación directa, pero cuando se iba a ejercer, las malas noticias llegaron porque se enteraron que el gobierno de Javier Duarte solo había dejado el dinero en papel, la caja estaba vacía. Las obras se tuvieron que cancelar, y con recursos del 2017 se volvieron a licitar, lo que duplicó el costo de la infraestructura.

Desvíos, obras sin operar y con sobrecostos

Esto es parte del desorden administrativo que la propia ASF documentó en 2016, cuando alertó que de los 1.030 millones de pesos que le correspondían a Veracruz por los fondos de entidades productoras, el gobierno de Duarte solo comprobó la entrega del 10 por ciento, unos 103 millones de pesos. Lo demás desapareció y nadie atina a saber dónde está o en qué se utilizó.

Veracruz no entregó información de la comprobación de las transferencias y, por tal situación, se solicitó la intervención de las contralorías para investigar y determinar responsabilidades a los funcionarios implicados, sin embargo, a la fecha no hay reporte de las sanciones.

La auditoría cuestionó que en general el fondo se aplica con escasa supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En algunas obras el monto aprobado y el ejercido no tienen correspondencia y, en general, no se entregan reportes del gasto.

La falta de control ha derivado principalmente en que los proyectos incumplen el propósito de resarcir las afectaciones al entorno social y ecológico en las comunidades de donde se extrae el petróleo, el gas y el aceite.

Otro de los hallazgos fue que algunas obras se licitaron y adjudicaron por lo menos dos veces. Entre 2014 y 2016, el Orfis también documentó desvíos por 42 millones de pesos en el uso del fondo.

El patrón fue común: proyectos abandonados, sin terminar, bitácoras de obra inexistentes, entrega de anticipos a empresas sin factura de comprobación, deficiencias en los proyectos ejecutivos y sobrecostos en la construcción.

En la cuenta pública 2016 del ORFIS, se emitieron 34 observaciones al gasto del FEFMPH, la mayoría a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas por mala calidad en la obra, e irregularidades en los contratos. Ver documento

Los desvíos duplicaron el monto de las obras, que estaban presupuestadas para 2016, y tuvieron que volverse a etiquetar para el presupuesto 2017 y 2018.

Por ejemplo, en el municipio de Papantla se detectaron desvíos por 6.6 millones de pesos.

La auditoría observó un desvío de 1.9 millones de pesos que se dio como anticipo para la rehabilitación de pavimento de una avenida. Para justificar la obra se enviaron fotografías y documentación que avalaban un supuesto avance físico. Sin embargo, cuando los auditores realizaron las visitas de inspección, se encontraron con que ni siquiera estaba iniciada.

En un paquete de 17 obras revisadas, la auditoría reveló que no existen bitácoras, ni se presentaron proyectos de obra, por lo cual se generaron atrasos, deficiente control y modificaciones a los términos contractuales.

En las visitas a las obras, los auditores revelaron irregularidades en Papantla, Tantoyuca, Chicontepec, Ayahualuco, Zongolica, Atzcan, Altotonga, San Juan Evangelista, San Andrés Tuxtla, Villa Azueta, Martínez de la Torre, Coatepec, Veracruz, Córdoba, Coscomatepec y Emiliano Zapata.

Los auditores también acusaron que la SIOP durante el gobierno de Duarte tenía deficiencias en el procedimiento de contratación. Las invitaciones se hicieron solo a un número reducido de empresarios, las adjudicaciones directas se realizaron sin dictámenes que justificaran y algunas empresas ni siquiera eran parte del padrón de proveedores del gobierno estatal, por lo que hubo irregularidades en su contratación.

Pemex, los recursos sin control

Cuando el alcalde de Castillo de Teayo – al norte de Veracruz-, Enrique Isidro Limas inauguró la construcción del sistema de agua potable en las localidades de Nuevo Naranjal y Teayo, hubo fiesta con cohetes y comida.

Era 2014 y la obra se realizaba con un donativo en efectivo de 7 millones de pesos de Pemex al municipio, donde se concentran 6 campos petroleros, algunos parte del ATG.

Pero la obra nunca funcionó correctamente porque el pozo de abastecimiento se colocó a escasos metros de donde escurren aguas residuales, lo que contaminó el tanque, que ahora es inservible.

El Orfis observó en la cuenta pública 2014, que la obra estaba concluida pero no operaba, porque además le faltaba un medidor, la validación de la Comisión Federal de Electricidad y las pruebas sanitarias según la normatividad.

No era la primera vez que ocurría algo así. En 2011 el entonces alcalde no comprobó el uso de 3 millones de pesos para apoyar la “Rehabilitación del Parque Central La Pirámide”.

Otro caso es el ayuntamiento de Papantla, que en 2014 recibió 2.5 millones de pesos en efectivo para la construcción del sistema de drenaje en la localidad de La Grandeza.

La promesa era que el sistema de agua podría abastecer a otras 13 comunidades indígenas de la región, sin embargo, las irregularidades en el proceso de construcción hicieron la obra inservible, que no soportó la presión y terminó por romperse.

En la cuenca petrolera del sureste la situación es la misma. El alcalde de Las Choapas, Renato Tronco, recibió en 2010, 4.6 millones de pesos en asfalto y combustible, que originalmente serían para reconstruir el mercado municipal Bicentenario Miguel Hidalgo y la carretera El Mulato-Ignacio Zaragoza, también conocida como “Tronconada”.

Pero el alcalde lo desvió para pavimentar el camino de la Cordobesa, para renovar el piso del salón de usos múltiples "El Titanic” y para el camino del Aserradero a Río Playas, donde tiene varias de sus propiedades.

Pemex interpuso una denuncia en contra del ayuntamiento y busca que le regrese el dinero. El litigió ya cumplió media década y ahora la nueva administración municipal pretende que el Congreso Local convierta este desvío en una deuda pública del ayuntamiento.

En Veracruz, Pemex ha repartido del 2013 al 2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de los cuales 113 millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en gasolina, diesel y asfalto. Las auditorías han revelado que los recursos se reparten sin control.
Con el sistema de donaciones y donativos, Pemex busca conseguir la licencia social en comunidades y municipios impactados por la explotación y extracción.

El fin es contribuir con el mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades localizadas en zonas petroleras, pero el objetivo dista mucho de cumplirse.

En Veracruz, la empresa ha repartido del 2013 al 2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de los cuales 113 millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en gasolina, diesel y asfalto.

Desde el consejo de administración general de Pemex, presidido por el entonces director, Emilio Lozoya Austin, ahora acusado en el caso de corrupción de Odebrecht, se decidieron los recursos y los proyectos que serían favorecidos con estos recursos.

Sin embargo, el dinero ha sido utilizado por el gobierno estatal y los propios municipios sin un control por parte de la empresa petrolera.

En 2013, durante el gobierno de Duarte, Pemex entregó por ejemplo en 2013, recursos millonarios en efectivo para generalidades como apoyar la realización de proyectos de asistencia social, salud, protección civil, desarrollo agropecuario, desarrollo social e infraestructura social, pero sin comprobar las obras.

En 2016, el último año de gobierno de Javier Duarte, la ASF detectó que, de los 259 millones de pesos donados a Veracruz, la mitad 110.7 millones de pesos, no fueron aplicados correctamente. También se detectaron anomalías en la entrega de combustible.
Revisiones a los recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación en 2010 y luego en 2016, revelaron que se carecen de los mecanismos para controlar el otorgamiento y la aplicación de los recursos.

Aroa Fuente, investigadora de Fundar quien ha seguido la pista de estas donaciones, revela que existen vacíos normativos. “Esto deja un amplio margen de discrecionalidad y dificulta el control de los mismos. De esta manera, estos lineamientos no presentan regulación sobre los plazos para la aplicación y comprobación de los donativos y donaciones otorgados, ni sobre la periodicidad y plazos de los reportes de aplicación de los mismos que deben entregar los beneficiarios”.

Además, alerta que Pemex no realiza un seguimiento de los acuerdos de autorización ni verifica la aplicación de los recursos y bienes para los fines otorgados.

“El hecho de que PEMEX no comprobara el uso final que los beneficiarios dieron a los recursos y bienes entregados impide que se conozca si los mismos fueron utilizados para los fines establecidos y si cumplieron con los correspondientes objetivos de desarrollo social para los que fueron entregados”, señala en el documento “Donativos y donaciones de Pemex: deficiencias e irregularidades”

Aunque los beneficiarios están obligados a entregar un reporte de la aplicación del dinero, estos no se realizan y pese a ello en algunas ocasiones Pemex sigue otorgando recursos.

La ASF observó en dos ocasiones que aun cuando tiene un manual de organización interna que vigila estos recursos, no está actualizado, por lo que es inexistente un marco normativo para cuidar la buena aplicación.

En 2013 el Consejo de Administración aprobó el Manual de Organización de la Gerencia de Desarrollo Social, pero este fue reconocido como legal hasta 2015, dos años después de acordado.

Para la auditoría 2016, la irregularidad existe pues apenas el 1 de marzo del 2017 se publicó el documento normativo para distribuir estos recursos.

Ejemplos de corrupción hay muchos: De los 259 millones de pesos, 12.9 millones de dólares, donados a Veracruz en 2016, que consistieron en gasolina, diesel y asfalto, se detectó un daño patrimonial de 110.7 millones de pesos, 5 millones de dólares, por la falta de comprobación en el uso y aplicación de los recursos. VER AUDITORÍA

También se detectó que los vehículos del gobierno eran de 80 litros, pero funcionarios reportaba el llenado de hasta 150 litros diarios.

La petrolera señaló que, ante la falta de comprobación de los recursos, era probable que el gobierno hubiera revendido el combustible o incluso lo desviara a otras actividades.

Por estas irregularidades y la falta de supervisión, la ASF ordenó a Pemex iniciar procedimientos administrativos en contra de los funcionarios omisos.

Para esta investigación se solicitó vía transparencia a Petróleos Mexicanos, la comprobación del uso de donativos y donaciones en Veracruz desde el 2013 a la fecha. También se le consultó si había irregularidades en sus gastos de parte de gobierno o municipios. La respuesta fue que tenía cero seguimiento al dinero y no sabía cómo y en qué se habían ejercido.

El argumento que utilizaron fue que cinco años después de entregados los recursos continuaban con la integración de la documentación, pues la normatividad había cambiado.

Pemex tampoco quiso informar si había denuncias penales o procesos administrativos sancionatorios en contra de funcionarios por la falta de comprobación en el uso de dinero en efectivo, combustible y asfalto.

La distribución de los donativos y donaciones también se realiza de forma discrecional en Veracruz, los recursos en efectivo y especie los concentra el Gobierno estatal y municipios como Coatzacoalcos o Minatitlán donde hay escasos pozos petroleros, pero sí refinerías, han recibido recursos millonarios por más de 150 millones de pesos. Lo que contradice el objetivo de este apoyo, que es contribuir al mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades localizadas en las zonas petroleras.

El PACMA, las migajas de PEMEX

Es la hora de la comida, y el comedor comunitario de Emiliano Zapata en Papantla, luce vacío y la razón es simple: el menú no le gusta a nadie. Huevo en polvo, carne enlatada, crema de zanahoria en bolsa, chilorio embotellado, son cosas que la gente en este lugar no está acostumbrada a comer.

“No vamos a comer eso, cuando en la parcela hay maíz y en los gallineros huevo fresco”, cuenta Felipe campesino del lugar.

La cuota de recuperación para la ración de comida es de 7 pesos, que sirven para la operación general del comedor, sin embargo, la gente de las comunidades petroleras integrada por campesinos, pescadores y ganaderos no acude a estos comedores.

Pemex lo inauguró como parte del Pacma y su alianza con la Secretaría de Desarrollo Social cuando el gobierno federal lanzó el programa Cruzada contra el Hambre.

Pero en la comunidad nunca preguntaron si eso era necesario.

La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que el programa de comedores opera con el 90 por ciento de deficiencias, pues no se demostró abatir la carencia alimentaria en las comunidades de alta marginación.

En Veracruz se han invertido más de 190 millones de pesos en obras como casas de salud, escuelas, domos y comedores en comunidades petroleras. Los campesinos dicen que son migajas en comparación con lo que las petroleras extraen de sus tierras.
El Pacma es un programa que busca obtener, ampliar y consolidar la licencia social para operar a través de programas, obras y acciones, que impulsen el desarrollo sustentable en las comunidades de las áreas de influencia de las empresas petroleras. Obliga al contratista a aportar un monto mínimo del 2 por ciento del contrato que tengan en las comunidades.

En Veracruz se han invertido 196 millones de pesos en obras de infraestructura financiada por 30 empresas nacionales y extranjeras, como Perfolat de México, Weatherford, Dowell Schlumberger, entre otras.

Bajo este programa, Pemex construyó en las comunidades petroleras, casa de salud, bachilleratos, secundarias y primarias, dotó de ambulancias, domos para escuelas y salones sociales, y apoyó la instalación de cientos de comedores comunitarios.

Pero algunas obras se realizaron sin preguntar a la gente si en realidad eran necesarias, ejemplo claro son los comedores comunitarios, cada uno fue construido con una inversión de 650 mil pesos, en total se invirtieron 42 millones de pesos en Veracruz.

Otro apoyo del Pacma fueron las casas de salud, pero la mayoría opera sin doctor ni medicamentos, por lo que la comunidad es quien tiene que pagar el servicio y mantenimiento del lugar.

Pero, además, los recursos que ejerce Pemex están bajo la lupa de esquemas graves de corrupción.

El programa ha sido objeto de señalamientos, el primero en 2013, cuando reportes periodísticos, indicaron que la Secretaría de la Función Pública había detectado diversas irregularidades en el ejercicio de recursos del fondo.

La dependencia guardó en secrecía el documento “Diagnóstico de los contratos de obra pública con contenido de Responsabilidad Social” que revelaba el desvío. En agosto de ese año, la entonces paraestatal emitió un comunicado en el que reconoció que hacían “falta soportes documentales vinculado a las obras, acciones y programas.”

Luego de esto, el programa fue relanzado en 2013, previo a la Reforma Energética, esta vez de la mano de la organización Transparencia Mexicana.

Pero en 2014, una investigación del periódico Reforma desató un nuevo escándalo: gestores ofrecían a gobiernos locales priístas negociar donativos a cambio de regresar el 20 por ciento para financiar campañas del PRI.

Sobre el tema, Bernardo Bosch Hernández, entonces titular de la Gerencia y Coordinador General del Pacma aseguró que el programa contaba con diversos candados a efecto de evitar este tipo de prácticas, ya que el programa realiza su gestión directamente con la empresa obligada.

Este reportaje fue realizado por Flavia Morales para AVC Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

AVC Noticias
Flavia Morales
Ciudad de México
Miércoles 13 de noviembre de 2019.


Crescencio Marín, padre Mario Marín Torres, falleció el jueves, pero el exmandatario no asistió a los servicios funerarios debido a la orden de aprehensión que hay en su contra por el caso de Lydia Cacho.

El velorio se llevó a cabo en la Funeraria de Valle de los Ángeles, en la colonia El Mirador, donde se pudo observar la presencia de militares y policías municipales que presuntamente vigilaban si Marín Torres se presentaba en el lugar, pero eso no ocurrió.

En abril, la magistrada María Elena Suárez, del primer Tribunal Unitario con sede en Quintana Roo, ordenó al Ministerio Público federal aprehender a Marín, al empresario Kamel Nacif, al exsubsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, y al excomandante, Juan Sánchez Moreno, por el delito de secuestro y tortura en contra de Lydia Cacho, ocurrida en 2005.

Aunque días antes el exmandatario poblano había aparecido públicamente en actos de campaña de su excolaborador y en ese momento candidato a gobernador por el PRI, Alberto Jiménez Merino, desde que se supo de la orden de aprehensión ya no se supo de su paradero.

En agosto, se manejó la versión de que el exgobernador había acudido a una fiesta en Atlixco ofrecida por el empresario Rafael Forcelledo, sin que fuera detenido.

Se preveía que el sepelio del padre de Marín Torres, quien murió a los 96 años de edad, se llevaría a cabo en Santa María Nativitas Cuautempan, junta auxiliar del municipio de Coyotepec, de donde es originaria la familia.

A la funeraria acudieron los exfuncionarios marinistas, como Valentín Menéses, y Alberto Jiménez Merino, entre otros.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 8 noviembre 2019.

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