Odebrecht acompañó al PRI y a Peña Nieto en toda la campaña presidencial, revela delator

Ciudad de México. - La filial petroquímica de Odebrecht, Braskem, acompañó “de tiempo completo” la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, de acuerdo con Carlos Fadigas, en ese tiempo director de la compañía y hoy delator ante la justicia brasileña para esclarecer el gigantesco caso de corrupción internacional conocido como Lava Jato.

“Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI, del partido PRI, y del actual presidente Enrique Peña Nieto. No sólo de él, sino también de su equipo”, expresó Fadigas en una reunión privada con inversionistas realizada en febrero de 2013, según consta en la transcripción del encuentro.

De acuerdo con nuevos documentos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Braskem intervino durante los días de la campaña presidencial con tres transferencias por 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes, que ha sido vinculada por delatores o testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya Austin, entonces coordinador de Vinculación Internacional del candidato del PRI.

Lozoya ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con esa empresa y ha asegurado que demandará a los delatores por dañar su honor. Braskem, por su lado, se ha deslindado de actos ilícitos cometidos por Odebrecht en sus operaciones en México.

El pasado 14 de agosto, MCCI publicó que en plena contienda electoral de 2012, la constructora Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares en siete depósitos a la empresa ligada por los delatores a Lozoya, en pago por supuestos favores.

Con los nuevos documentos, ahora se sabe que tres de esas transferencias por 1.5 millones provenían de Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht, que en aquellos días construía la planta Etileno XXI en el estado de Veracruz, en alianza con la empresa mexicana Idesa.

Los documentos revelados por MCCI –que incluyen estados de cuenta de transferencias desde el Meinl Bank- fueron integrados a la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 que tiene abierta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Esta no es la primera vez que Braskem es investigada por financiamiento de campañas electorales. En la pesquisa del caso Lava Jato, se descubrió que la firma petroquímica financió a candidatos y partidos políticos en Brasil, mientras que en Argentina aportó dinero para la campaña del actual presidente Mauricio Macri.

Reuniones, desde 2010

De acuerdo con la información de MCCI, el seguimiento de Braskem y de Odebrecht a la trayectoria de Peña Nieto se dio desde antes de que éste fuera candidato a la Presidencia.

En la primera semana de abril de 2010, el entonces gobernador del Estado de México viajó a Brasil para reunirse con Marcelo Odebrecht y luego, en octubre de 2011 –cuando ya se perfilaba como candidato presidencial-, se agendó otra cita de ambos personajes en Toluca.

Esta es la primera vez que se conoce de este segundo encuentro, el cual es mencionado en una cadena de correos electrónicos interceptados por la Policía Federal de Brasil como parte de la investigación del caso Lava Jato.

Según estos correos –de los que MCCI tiene copia-, el 25 de octubre de 2011 Marcelo Odebrecht agendó un encuentro de dos horas con Peña Nieto; ese mismo día voló de Toluca a Xalapa para reunirse con el entonces gobernador Javier Duarte, y por la noche acudiría a la entrega de un reconocimiento que una fundación presidida por Cuauhtémoc Cárdenas le otorgó al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva. El día anterior visitó en Los Pinos al presidente Felipe Calderón, en compañía de Carlos Fadigas, el director de Braskem. En dos días, Odebrecht se reunió con personajes de tres partidos (PRI, PAN y PRD).

Peña Nieto se volvió a encontrar con Marcelo Odebrecht en la ciudad de Querétaro el 12 de noviembre de 2012, a unos días de tomar protesta, de acuerdo con otra cadena de correos obtenida para esta investigación. Por esos mismos días habló con Carlos Fadigas sobre el proyecto Etileno XXI, según relató el director de Braskem en otra reunión con inversionistas efectuada el 9 de noviembre de 2012, de cuya transcripción MCCI también tiene copia.

“Tenemos el pleno apoyo (para el proyecto Etileno XXI), no sólo del actual presidente Calderón, sino que también hemos tenido contacto con el presidente electo, Enrique Peña Nieto. Conoce el proyecto. Lo hemos discutido con él, y también apoya 100%”, aseguró Fadigas en aquella reunión.

Apenas asumió la Presidencia, dice MCCI, Peña Nieto se reunió de nuevo con Fadigas, quien actualmente está procesado en Brasil por corrupción.

“Ya hemos tenido conversaciones con el gobierno de México, no sólo con el presidente Enrique Peña Nieto, también con Emilio Lozoya, actual presidente de Pemex, y me parece que la dirección en la que quieren ir es muy coherente con la campaña”, dijo Fadigas a inversionistas en febrero de 2013 en la reunión en la que reveló que Braskem había acompañado “de tiempo completo” al candidato priista.

En octubre de 2013, Peña tuvo una cuarta reunión privada con Marcelo Odebrecht en la residencia oficial de Los Pinos.

De Braskem a Latin America Asia Capital

Las planillas de pagos de Braskem a la empresa ligada a Lozoya aparecen en un expediente que forma parte de la investigación del caso Lava Jato.

En esas planillas se detalla que un primer pago de Braskem a Latin America Asia Capital se efectuó el 23 de mayo de 2012 por 500 mil dólares a través del Meinl Bank de Antigua; a los siete días (el 30 de mayo) hubo otra transferencia por 490 mil dólares y una semana después (el 8 de junio) una más por 510 mil dólares. En suma, 1.5 millones en dos semanas.

Las fechas en que se hicieron estos pagos coinciden con los días en que transcurría la campaña del entonces candidato a la Presidencia por el PRI, Enrique Peña Nieto.

En cada transacción aparece la clave o código con el que se identifica al supuesto operador de los pagos o sobornos.

En el caso de la empresa ligada a Lozoya, aparece la clave “Salvador”, mientras que en las de sobornos pagados en Petrobras el código es “Volley” y “Competitivo”, que era la identidad oculta de Bernardo Freiburghaus, operador de Odebrecht en Suiza y Alexandrino Alencar, exdirector de Braskem.

La cercanía con la campaña de Peña

Luis Alberto de Meneses Weyll, quien durante siete años se desempeñó como director de Odebrecht en México, confirmó en su delación premiada rendida el 16 de diciembre de 2016 ante autoridades de justicia de Brasil, que la empresa había seguido la campaña presidencial de 2012, y que su trato había sido con Emilio Lozoya, quien se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional.

“A principios de 2012, constaté que Emilio Lozoya había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en el país (el PRI), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito en las encuestas”, dijo Weyll a los fiscales brasileños, de acuerdo con el expediente revelado el pasado 13 de agosto por la organización El Quinto Elemento Lab.

“Lozoya se había convertido en uno de los líderes del comité de campaña, por lo que probablemente se convertiría en una persona influyente en la administración pública del país”, añade el expediente.

Según el expediente citado, Weyll concertó un par de citas con Lozoya en marzo de 2012, justo cuando iniciaba la contienda electoral.

De acuerdo con el delator, en una de las reuniones se acordó transferir cuatro millones de dólares a Lozoya, quien en aquel entonces no desempeñaba ningún cargo público y sólo colaboraba en la campaña. Los depósitos se harían a dos empresas: Latin America Asia Capital Holding y Zecapan SA, ambas afincadas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.

Rodrigo Tacla, quien trabajó en el Departamento de sobornos de Odebrecht, declaró al diario El País de España el pasado 28 de julio que la compañía brasileña le había apostado a futuro a Lozoya, a quien veían como futuro presidente, y confesó que una práctica común era invertir en las campañas en Latinoamérica para después conseguir contratos gubernamentales.

“El primer contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos. (…) La constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno”, declaró Tacla, quien está en libertad provisional en España acusado de soborno y lavado de dinero.

Se deslinda Emilio Lozoya

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, deslindó a su cliente de cualquier transferencia realizada a favor de la empresa Latin American Asia Capital Holding, en Islas Vírgenes.

“Esa cuenta no pertenece al señor Emilio Lozoya Austin y no tiene relación con ese dinero a que hace referencia”, expresó al preguntársele sobre las transferencias realizadas por Braskem entre mayo y junio de 2012.

“Hasta el momento la PGR no ha hecho del conocimiento información alguna que se obtuviera de la Fiscalía de Brasil, siguiendo en espera de la misma para poder ejercer el debido derecho de defensa”, añadió.

Proceso
Reforma
Raúl Olmos
Lunes 23/10/2017.


El cuerpo de una joven de 19 años reportada por su familia como desaparecida desde la tarde del pasado lunes 16 de octubre, fue encontrado sin vida el viernes 20 en una zona boscosa de la comunidad de San Cosme Mazatecochco, Tlaxcala.

En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) informó que la Policía de Investigación esclareció el homicidio de Jazmín Contreras López, de 19 años, ocurrido en el municipio de Mazatecochco, por lo que los dos involucrados en el hecho fueron aprehendidos y remitidos al Centro de Reinserción Social (Cereso), desde donde enfrentarán su proceso penal.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 17 de octubre el agente del Ministerio Público inició la indagatoria por la desaparición de Jazmín, en virtud de que no regresó a su domicilio tras terminar su jornada laboral un día anterior.

Desde ese momento, agregó la PGJE, oficiales de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad Especializada en Investigación y Combate al Delito de Secuestro activaron los protocolos de búsqueda de personas, y se abocaron a indagar la cronología de los hechos que pudieran determinar el paradero de la víctima.

Los investigadores tuvieron acceso a las cámaras de seguridad de la empresa donde laboraba la agraviada y observaron que la víctima forcejeó con dos empleados, quienes posteriormente la sacaron del lugar.

Con esta información, los policías investigaron la identidad de los hombres y descubrieron que responden a los nombres de Óscar N., y Miguel N., por lo que el agente del Ministerio Público giró las órdenes de presentación contra ambos.

El pasado 18 de octubre, los policías de la Unidad Especializada en Investigación y Combate al Delito de Secuestro ubicaron en primera instancia a Óscar N., quien en cumplimiento a la orden de presentación declaró que en complicidad con su compañero de trabajo de nombre Miguel N. privaron de la vida a la joven.

Un día después fue ubicado Miguel N., quien de la misma manera declaró que privaron de la vida a quien se desempeñaba como su jefa en la empresa por problemas personales y económicos; además, dijo que abandonó el cuerpo en las inmediaciones de la Malinche.

Con esta información, autoridades se trasladaron al lugar proporcionado por el imputado, quien guio a los especialistas al punto donde dejó el cuerpo.

La mañana del 20 de octubre fue localizado el cadáver en una zona boscosa en el municipio de Mazatecochco, cuyas características fisionómicas coinciden con las de la persona reportada como desaparecida.

Además, los expertos en Servicios Periciales realizaron la necropsia de ley, que al concluir arrojó como causa de muerte “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a asfixia por broncoaspiración”.

El representante social integró la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, por lo que solicitó al juez de control las órdenes de aprehensión en contra de los dos imputados, las cuales fueron cumplimentadas por la Policía de Investigación la tarde del mismo 20 de octubre.

Óscar N. y Miguel N., ambos de 24 años, fueron recluidos en el Cereso, desde donde enfrentarán su proceso legal.

Proceso
Puebla / Tlaxcala
Domingo 22 octubre 2017.


Tlaxcala. - El cuerpo de Jazmín Contreras López, desaparecida desde el pasado lunes 16 de octubre, fue localizado anoche con huellas de tortura en un cerro de San Cosme Mazatecochco, en Tlaxcala.

La joven de 19 años nunca llegó a su hogar del mismo Municipio, desde que salió a las 16:00 horas de su trabajo, informó su familia a medios de comunicación de la entidad.

Tras cuatro días de búsqueda, el Grupo Especializado al Combate del Delito de Secuestro de la Policía de Investigación encontró el cadáver de la mujer, quien, según la versión de sus allegados, estuvo plagiada.

La información de medios locales, como la agencia Quadratín, señala que los supuestos secuestradores pidieron cinco mil pesos a la familia para liberarla.

Aunque en Tlaxcala y Puebla han exigido la emisión de alerta de género tras los recientes feminicidios en esos estados, la Secretaría de Gobernación no lo ha hecho.

Reforma
Ciudad de México
Sábado 21 octubre 2017.


El daño patrimonial de Duarte a Veracruz es de 12,592 millones, y sólo 2016, dice la Cuenta Pública

Javier Duarte y sus secretarios de Finanzas robaron las cantidades más fuertes los últimos dos meses de su administración; hay perdidos mil 134 millones de pesos.

Veracruz/Ciudad de México. - Durante el último año de su Gobierno, Javier Duarte de Ochoa y su equipo de colaboradores le sacaron dinero a todos los cajones a los que tuvieron acceso. Eso dice la Cuenta Pública 2016.

Aunque contaba con numerosas denuncias de alcaldes por retención de recursos, de proveedores que reclamaban pagos y ya existía la sospecha de una red de empresas fantasma, la administración de Duarte exprimió aún más las finanzas estatales, de acuerdo con el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior sobre la Cuenta Pública 2016.

El informe, que ya está siendo analizado por la Comisión de Vigilancia y Cuenta Pública del Congreso local, expresa que el presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública de Veracruz asciende a 12 mil 592 millones 249 mil 805 pesos con 29 centavos.

De ese dinero, 718 millones 497 mil pesos corresponden a daño en ayuntamientos y 11 mil 873 millones 752 mil 609 pesos con 80 centavos, en Cuenta Pública Consolidada.

Las observaciones más fuertes son tres: la Coordinación de Comunicación Social en los tiempos de Alberto Silva, por 2 mil 268 millones de pesos; otra de 2 mil 257 millones a recursos para los ayuntamientos que les fueron retenidos, y no aparecen; y la tercera por mil 249 millones de pesos a más de 20 dependencias estatales que pagaron sobrecargos por multas y créditos fiscales, todas, por no haber contado con el pago en tiempo y forma.

Hasta octubre de 2016, el todavía Gobernador veracruzano, Javier Duarte y sus secretarios de Finanzas se robaron incluso tres préstamos bancarios que en conjunto suman mil 026 millones de pesos.

ROBÓ A MUNICIPIOS

El 2016, su último año, según el documento citado, se hace evidente que fue el año en que más recursos exprimió Javier Duarte de Ochoa al erario, esto se infiere del análisis a una tabla presentada en el documento dentro de la observación FP-014/2016/019 DAÑ, en la que se enlistan las aportaciones de la Federación para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Si se les da seguimiento a las fechas, antes de la jornada electoral (en junio) en la que perdió el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se ve que antes y hasta octubre, cuando pide licencia Duarte, se da la mayor actividad de saqueo a ese fondo.

Así, en enero de este año, fueron retenidos a los alcaldes 177 millones; en febrero, 107; en marzo, 458; en abril, 77; en mayo, 70; en junio, 427; en julio 589; en agosto, 70; en septiembre 588; y en octubre, 546.

En noviembre, con el Flavino Ríos como Gobernador interino, se retuvieron 900 millones de pesos; y en diciembre, con el nuevo Gobierno, no hay retención. Todo fue pagado.

Esa observación suma 2 mil 257 millones de pesos para el FISM que no llegaron a las tesorerías de los 212 municipios. Hasta la fecha no se tiene pista de la gran parte de ese dinero que los alcaldes ahora le reclaman a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, y ello derivó en que algunos ayuntamientos implementaran un esquema de “licuadora” para salir de aprietos financieros, además del despido de personal y la precarización de servicios públicos.

De esta manera, Duarte de Ochoa robó las cantidades más fuertes el mes de su salida y el mes previo, periodo en el que suman mil 134 millones de pesos de los que hasta ahora no se tiene conocimiento en donde quedaron, o si el ex Gobernador se los llevó consigo para su plan de fuga.

Lo cierto es que, durante su cacería, las autoridades encontraron diversas casas en donde Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías pasaron tiempo escondidos en México y el extranjero, en las que decomisaron fuertes cantidades de efectivo.

ROBÓ PRÉSTAMOS

El ex Gobernador, en complicidad con su Secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, se llevó más de mil millones de pesos producto de tres préstamos solicitados en el 2016.

Uno es por 300 millones a Banorte, cuyo dinero fue solicitado y ejercido en enero, dice la observación FP-014/2016/036 DAÑ; el segundo fue por 774 millones de pesos, a Fintegra Financiamiento, en abril, señala la observación FP-014/2016/037 DAÑ; y el tercero por 352 millones, con Multiva, de enero, indica el pliego FP-014/2016/038.

En los tres, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) concluye que “no presentaron la justificación, comprobación y documentación”, además no presentaron “evidencia documental original que compruebe y justifique la aplicación de los ingresos provenientes del crédito contratado”.

Es decir, los fondos se pudieron haber usado en lo que quisieron, menos en obra pública productiva. Duarte de Ochoa caracterizó su Gobierno por la constante solicitud de préstamos bancarios para obra pública, carreteras, hospitales y pavimentaciones que sólo quedaban en el evento de la primera piedra, jamás fueron concluidas.

El ex priista tomó las riendas de Veracruz con una deuda con la banca por 17 mil millones de pesos. A su salida, el monto “asciende a 51 mil 783 millones de pesos por concepto de deuda pública de largo y corto plazo, emisiones bursátiles y bono cupón cero”, indica el documento.

NO PAGARON

La observación FP-014/2016/040 DAÑ es por 40 millones de pesos a falta de “recursos financieros en forma oportuna que debió transferirles la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)” a 10 dependencia descentralizadas que tuvieron que pagar recargos y créditos fiscales.

El ORFIS concluye como daño ese dinero, en la lógica de que si se hubiera ministrado en tiempo forma por el dispersor (SEFIPLAN), esos 40 millones hubieran sido destinado a mejoras y cubrir otras necesidades de la administración pública.

EL ÚLTIMO AÑO DE SAQUEOS

Las dependencias del Ejecutivo fueron ordeñadas durante diez meses en 2016; los duartistas no tuvieron descanso:
$242,512,778.00
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de gobierno durante el 2016
$214,590,971.01
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Seguridad Pública durante el 2016
$724,469,276.44
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Educación de Veracruz durante el 2016
$284,649.56
El presunto daño patrimonial en la Secretaria del Trabajo durante el 2016
$91,441,144.85
El presunto daño patrimonial en la Secretaria Infraestructura y Obras Públicas de durante el 2016
$5,500,000.00
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Turismo durante el 2016
$42,129,821.00
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario durante el 2016
$28,499,102.90
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Protección Civil durante el 2016
$8,500,000.00
El presunto daño patrimonial en la Contraloría General del Estado durante 2016
$2,284,812,744.86
El presunto daño patrimonial en la Coordinación de Comunicación Social durante el 2016
$184,692,778.79
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Desarrollo Social durante el 2016
$7,988,325.40
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Medio Ambiente durante el 2016.

Sin Embargo
Yerenia Roldón
Ciudad de México
Sábado 21 octubre de 2017.


•    Empresarios, activistas y ONG califican cese de Nieto como represalia política y acto de cinismo

•    Oposición advierte que corresponde al Senado objetar o ratificar a Santiago Nieto en la FEPADE

Dos días después de que Santiago Nieto Castillo reveló que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI, la Procuraduría General de la República (PGR) lo cesó de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

En un escueto comunicado y sin dar detalles de qué motivo el despido, la PGR refirió que Santiago Nieto Castillo “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta” de la dependencia que se encuentra acéfala tras la renuncia de Raúl Cervantes.

Fue el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, quien “actuando en suplencia del Procurador General de la República”, informó de la decisión.

El miércoles pasado, el diario Reforma publicó una entrevista con el hasta hoy titular de la FEPADE en la que afirmó que Lozoya le envió una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012.

Y es que en agosto pasado la dependencia abrió una carpeta para investigar si una parte de los 10 millones de dólares que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de la brasileña Odebrecht se destinó al financiamiento de la campaña del PRI.

“Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en donde estudió. Nunca entendí esta parte.

“Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar’. Esto es lo que me parecía particularmente grave”, dijo Nieto al diario Reforma.

Según Nieto Castillo, la FEPADE prepara una acción penal contra quienes resulten responsables si se comprueba un posible financiamiento de Odebrecht a campañas electorales del PRI.

Entre los elementos de esa investigación estarían cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht ubicadas en las Islas Caimán, Suiza y Brasil.

Empresarios, activistas y ONG califican cese de Nieto como represalia política y acto de cinismo

Empresarios, activistas e integrantes de organizaciones ciudadanas reprobaron la destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), y calificaron la decisión como vergonzosa, cínica y sospechosa.

“Huele, y mucho, a represalia política, y confirma por qué necesitamos fiscalías independientes”, expresó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, quien dijo que se trata de una decisión muy delicada.

La medida pone en evidencia la dimensión de la corrupción que existe en el caso Odebrecht, secundó la presidenta del Consejo Rector de la organización, María Marván Laborde.

“El nivel de cinismo es intolerable. Primera vez que un Fiscal electoral servía para algo. No lo quieren ahí para el 2018”, denunció en sus redes sociales la exconsejera del Instituto Nacional Electoral.

Añadió: “Qué vergüenza y qué tristeza de País. Se cesa a un Fiscal por proteger la corrupción al más alto nivel ¿de qué tamaño es Odebrecht?”.

Por su parte, el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, fundador de AHORA, destacó que la remoción de Nieto es “una vuelta más a la tuerca de la impunidad, corrupción y cinismo”.

Es muy grave porque se registra después de que el fiscal de delitos electorales reveló las presiones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012, subrayó.

A su vez, el activista Alfredo Lecona acusó al “carnalismo” de haber removido a Nieto, en lo que podría considerarse como “la semana de la impunidad”.

Y el empresario Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sostuvo que la destitución del fiscal es un signo de intolerancia y del “neoautoritarismo” que está surgiendo en el país.

Oposición advierte que corresponde al Senado objetar o ratificar a Santiago Nieto en la FEPADE

Senadores de oposición cuestionaron la destitución de Santiago Nieto Castillo al frente de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), ya que corresponde al Senado objetar o ratificar a quien desempeñe ese cargo en un plazo de 10 días hábiles, según lo establece la Constitución en el artículo 102, párrafo VI.

El propio Nieto Castillo afirmó en su cuenta de Twitter que acudirá al Senado “en términos de la Constitución”.

“Soy un hombre de leyes. Creo en el Estado Constitucional de Derecho. Acudiré al Senado en términos de la Constitución”, advirtió el abogado, designado por la mayoría de los senadores como titular de la FEPADE a raíz de la reforma constitucional de 2014.

El coordinador de la bancada del PAN, Fernando Herrera, subrayó que el gobierno debe dar una “explicación puntual” de la remoción de Santiago Nieto, quien se convirtió en un funcionario “incómodo” por haber actuado contra personajes ligados al PRI en las elecciones del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.

Herrera recordó que también por la acción de Santiago Nieto, el exsenador del Partido Verde y entonces subsecretario de Participación Ciudadana, Arturo Escobar, fue consignado ante un juez en 2015 acusado de repartir tarjetas Premium Platino en los comicios de ese año.

A su vez, el vicecoordinador de la bancada del PT-Morena, Miguel Barbosa, aclaró que la destitución de Nieto Castillo se inscribe “en un conjunto de hechos que pronto irán corroborándose”.

Entre esos hechos señalados por Barbosa Huerta destacan la averiguación previa en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, e implicados en el presunto desvío de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial del 2012.

“De todos es conocida la cercana amistad de Emilio Lozoya con el presidente Enrique Peña Nieto y sus vínculos políticos y económicos que ponen a Lozoya como uno de los hombres más poderosos del sexenio y por tanto su condición de intocable”, fustigó Barbosa.

El senador poblano también vinculó el caso Odebrecht con la dimisión del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade.

“No presentó su renuncia voluntariamente, sino que se la pidieron por haber avanzado en la investigación de los sobornos de Odebrecht”, reveló Barbosa.

La senadora Dolores Padierna recordó que el fiscal Santiago Nieto llevaba “casos emblemáticos” de corrupción vinculados a los comicios y presunta triangulación de recursos públicos, como fueron el caso de OHL en el Estado de México, el caso de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua acusado de desviar recursos de la burocracia a la campaña del PRI, o el caso de la diputada local veracruzana Eva Cadena, que recibió sobornos presuntamente para Morena.

Proceso
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Viernes 20 de octubre de 2017.


Emilio Lozoya exigió que lo exoneraran y una disculpa pública por el ‘caso Odebrecht’

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, presionó para que se le declarara inocente y se le ofreciera una disculpa pública. Así lo asegura Santiago Nieto, el fiscal especializado en delitos electorales, en una entrevista publicada este martes por el periódico Reforma. Lozoya había sido señalado en agosto pasado por supuestamente recibir 10 millones de dólares en sobornos, según el testimonio de tres ex directivos de Odebrecht a la Justicia brasileña. Nieto investiga si parte de ese dinero terminó en la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, en la que Lozoya participaba como jefe de asuntos internacionales.

"Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en donde estudió. Nunca entendí esta parte", relata Nieto. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) abrió el expediente sobre Lozoya en agosto, el mismo mes que los reportes periodísticos lo acusaban de corrupción.

"Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que 'soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar'. Esto es lo que me parecía particularmente grave", recoge Reforma. Lozoya, uno de los hombres de confianza de Peña Nieto, desmintió en su momento las acusaciones y negó que existieran evidencias en su contra. "Mi consciencia está tranquila", dijo Lozoya, quien dejó la dirección de Pemex en 2016. "Es falso. En ningún momento se pide impunidad, se pide aclaración o se pide que lo liberen. Solamente se pide que lo citen para que se aclare lo que la Fiscalía imputó", ha dicho a El Financiero Javier Coello Trejo, el abogado de Lozoya, sobre los dichos de Nieto.

Nieto afirma que hay indicios de un supuesto financiamiento de Odebrecht a campañas del Partido Revolucionario Institucional y que prepara una denuncia contra los responsables. Reforma cita como elementos de la investigación cuentas bancarias ligadas a Lozoya y Odebrecht en las islas Caimán, Suiza y Brasil.

Raúl Cervantes, extitular de la Procuraduría General de la República (el equivalente a la Fiscalía nacional), dijo tras presentar su renuncia este lunes que había concluido "las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se hayan visto".

El titular de la FEPADE, ocupado de la deriva electoral del caso, ha optado por la cautela y no ha dado más detalles sobre la pesquisa en curso. "Es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas", sentenció Nieto.

El País
Reforma
Ciudad de México
Miércoles 18 de octubre de 2017.


La petición está registrada con el número 839/2017 en el Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal

Un informe oficial indica que, por pedido de la PGR, también la Secretaría de la Función Pública le abrió una investigación de evolución patrimonial

Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, interpuso una solicitud de amparo en contra de actuaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

En diciembre del año pasado Estados Unidos dio a conocer que la firma brasileña Odebrecht repartió sobornos millonarios en distintos países para obtener contratos de obra pública, entre ellos México.

Según las acusaciones de directivos de la empresa, le fueron entregados 10.5 millones de dólares al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien ha respondido que las imputaciones son falsas y difamatorias.

La Fepade indaga si parte de estos recursos fueron usados como financiamiento ilegal en la elección de 2012.

La solicitud de amparo está radicada en el Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México bajo el número 839/2017, y se argumenta que Lozoya no ha tenido acceso a la averiguación, y tampoco se le ha solicitado rendir declaración.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 11/10/2017.


La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) firmó el contrato base para la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca sin contar con un proyecto ejecutivo, lo que incrementó su costo en 714.6 millones de pesos, sin considerar el IVA.

Este incremento, de acuerdo con la auditoría practicada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), está referido al contrato principal, que es la ejecución de la obra y que fue asignado al consorcio Aldesem y Eppcor por un monto de mil 45.8 millones de pesos, con IVA incluido.

El Paso Exprés es una obra que inició en 2014 y fue inaugurada en abril pasado. En su diseño, construcción y supervisión, la SCT celebró 13 contratos con distintas empresas y prestadores de servicios.

La SFP llevó a cabo una auditoría a cuatro de esos contratos, entre ellos el de la ejecución de la obra, que es el que tiene el monto más elevado y del que detectó el sobrecosto por la mala planeación.

"Se concluye que se llevó a cabo el procedimiento de licitación sin contar con el proyecto ejecutivo autorizado, con el que se generó un catálogo de conceptos E-7, presentado por la Dirección General de Carreteras", señala el documento.

"Dicho proyecto resultó deficiente, al existir variaciones que derivaron en la elaboración de convenios modificatorios y la contratación de servicios para el seguimiento y adecuación del proyecto".

En toda obra de construcción, lo usual es que primero se tiene el proyecto ejecutivo y después se contrata a quien lo va a ejecutar, pues éste es el que contiene los planos y las especificaciones técnicas y es el que sirve como base para calcular los costos.

La auditoría refiere que la SCT emitió la convocatoria de la licitación pública para la construcción de la vía el 16 de octubre de 2014 y el 24 de noviembre de ese mismo año asignó el contrato.

Sin embargo, fue hasta enero de 2015 que Banobras firmó con la empresa Orva Ingeniería SA de CV el contrato del proyecto ejecutivo, es decir, posteriormente a la firma de la construcción de la vía.

El 12 de julio pasado, en el kilómetro 93+857 se abrió un socavón de casi cinco metros de profundidad en el que cayeron y murieron dos personas.

La oquedad se formó debido a que el tubo de la barranca que cruza por debajo de la vía se fracturó y formó una represa de agua que removió la tierra.

Eso ocurrió pese a la advertencia de los vecinos, quienes pidieron sustituir el tubo y ampliar su capacidad de desfogue, solicitud que no fue atendida.

Piden renuncia y castigo a Ruiz Esparza

Senadores del PAN, PRD, Morena e independientes exigieron este miércoles la renuncia del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

Los legisladores pidieron que el funcionario deje el cargo, luego que la Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló anomalías por más de mil millones de pesos en la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca.

El panista Raúl Gracia condenó que el Presidente Enrique Peña Nieto mantenga a Ruiz Esparza en el Gabinete sólo por la cercanía personal, sin importar las fallas cometidas por la Secretaría.

"La gran falla de este sexenio es que cada vez que los colaboradores del Presidente incurren en una falla o en un acto de corrupción, él prefiere la amistad antes que dar resultados a los ciudadanos. Prefiere mantener al amigo que actuar conforme a derecho", criticó.

"Obviamente Ruiz Esparza debe dejar el cargo, es una acción que costó vidas, que se pudo prever, nunca debió haber sucedido y en cualquier país democrático del mundo esto ya hubiera generado la salida del titular de la dependencia".

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Sánchez, coincidió en que el Secretario debe dejar el cargo y responder ante la justicia sobre las omisiones que derivaron en la apertura de un socavón a pesar de que se trató de una obra millonaria.

El legislador exigió que se castigue a los verdaderos responsables de los hechos y no a funcionarios menores.

"Sí hay una responsabilidad directa del Secretario. Es parte de toda la corrupción que existe en esta Secretaría, aunque no pasa nada, porque sabemos que el Secretario es protegido del Presidente de la República, hay un contubernio desde lo más alto de la esfera de poder del País", expresó.

"Hay una alta responsabilidad y no puede ser que sea de funcionarios menores, de ninguna manera".

El senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Fidel Demédicis, pidió que se finquen responsabilidades administrativas y penales en contra de Ruiz Esparza.

Demédicis confió en que la auditoría de la SFP pueda derivar en la renuncia del funcionario.

"Están buscando cómo lavarse las manos y en un momento complicado para Peña Nieto y Ruiz Esparza puede ser el que van a sacrificar. Se puede dar algo parecido a lo que ocurrió con el 'Quinazo'", afirmó.

"Solicitamos su renuncia, pero ahora no sólo debe salir, se le deben fincar responsabilidades de tipo administrativo y penal".

La senadora independiente Dolores Padierna denunció que Ruiz Esparza está protegido por el Presidente y es la única explicación para que siga en el cargo.

"Del socavón del 12 de julio, hay otro auténtico socavón: el financiero que es el de un mil millones de pesos que halló la SFP y es la mitad del costo de toda la obra, sin que ello merezca alguna mención sobre fincamiento de responsabilidades", acusó.

Padierna consideró extraño que la SFP no haya determinado ninguna sanción o responsabilidad administrativa a los funcionarios de la SCT que autorizaron, permitieron y avalaron la actuación ilegal de las empresas, el sobreprecio y el incumplimiento de los contratos.

"No se puede sancionar solo a las empresas y de nueva cuenta volver a cubrir con la impunidad a los funcionarios públicos que permitieron esos actos ilegales", sostuvo.

"Sin una sanción política y administrativa contra la SCT estas auditorías solo quedarán en 'llamarada de petate'".

Reforma
Claudia Guerrero
Rolando Herrera
Ciudad de México
Miércoles 13 septiembre 2017.


 El grupo parlamentario del PRI en el Senado propuso pedir a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue los posibles vínculos entre el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas y Othón Bravo Muñoz, alias El Cachetes, empresario presuntamente ligado con las bandas de huachicol que operan en Puebla.

“El exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, desde su gestión hasta nuestros días, ha sido involucrado en la comisión de presuntos ilícitos que van desde la operación de una red de espionaje política, la promoción extraterritorial de su imagen con fines políticos, hasta su relación personal con presuntos delincuentes”, refirieron los priistas.

En la iniciativa de punto de acuerdo, los senadores hicieron referencia a las fotografías que han publicado diversos medios de comunicación en las que aparece el ahora exmandatario cercano a Bravo Muñoz, como ocurrió durante “la cabalgata de la Amistad” que se llevó a cabo en Tamaulipas.

Agregaron que el empresario, –detenido el pasado 19 de agosto por elementos de la Secretaría de Marina–, es investigado por su presunta dirección de una banda delictiva que usaba negocios como gasolineras y restaurantes para cometer lavado de dinero de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 “Sin embargo, sus principales fuentes de ingresos eran la extracción de hidrocarburos y la presunta comercialización en sus gasolineras, particularmente en el municipio de Puebla de Zaragoza”, señalaron los legisladores en su iniciativa.

Además, hicieron referencia a la presunta implicación del diputado local del PAN, Sergio Moreno Valle, quien a través de la notaría pública número 24, desde el 2011 ha escriturado en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio diversos establecimientos del presunto empresario dedicado a la venta de hidrocarburos.

“Aunado a lo anterior durante el periodo 2011- 2017, en Puebla se documentaron presuntas omisiones y la ausencia de estrategias efectivas para identificar y prevenir el robo de hidrocarburos en los ductos de la empresa productiva del Estado “Petróleos Mexicanos”, indicaron los senadores.

Además, aseguraron que, a partir del sexenio morenovallista, la ausencia de políticas públicas derivó en el incremento de los índices delictivos y en consolidar a Puebla dentro las entidades con el mayor número de tomas clandestinas en el país, al pasar de 49 en 2010 a mil 533 en 2016, un crecimiento de más de 3000%.

“En el denominado ‘Triángulo Rojo’, también se incrementaron los robos, asaltos y extorsiones a empresarios, pequeños comerciantes y familias que se trasladan diariamente a la capital del estado para adquirir productos de primera necesidad, lamentablemente durante el trayecto son despojados de sus vehículos y pertenencias”, añadieron.

Ante todo esto, los senadores pidieron hacer un exhorto a la PGR para que investigue los posibles nexos del exmandatario con el empresario presuntamente ligado a la venta de combustible robado a Pemex. También demandaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indague posibles operaciones de lavado de dinero llevadas a cabo por el empresario ahora detenido.

“En Puebla todos nos conocemos”

Por otra parte, en Puebla, el líder del Congreso local, Jorge Aguilar Chedrahui, también admitió conocer al empresario, que aparentemente hizo contribuciones a las campañas panistas.

“Puebla no deja de ser una ciudad pequeña en donde nos conocemos muchas personas, pero hay una enorme diferencia entre conocer a alguien y recibir un beneficio, en recibir algún recurso, en tener negocios, en tener otro tipo de vinculación con personas”, expresó el político morenovallista.

“Tampoco entiendo por qué este ánimo de querer vincular a una persona con la otra, porque lo hayas saludado, porque haya una fotografía en redes. Otra cosa sería si se demuestra un vínculo económico, una sociedad, un vínculo de alguna contribución a alguna campaña política”, insistió el panista.

Cabe señalar que en otra fotografía publicada por el periódico digital Central, aparece el actual senador Javier Lozano cuando recibió las llaves de una camioneta Cadillac Escalade que le entregaron empresarios poblanos para que usara durante su campaña para el Senado en 2012.

Entre los empresarios que le entregan el vehículo se encontraba Muñoz Bravo, quien sonriente aparece en la foto, tomando por la cintura al actual diputado local panista, Sergio Moreno Valle.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mex.
Martes 5 de septiembre de 2017.


Una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad da cuenta de que el actual Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, emplacó un auto Ferrari 458 Coupé en un domicilio que corresponde a una vivienda de interés social, que se encuentra deshabitada y se ubica en Xochitepec, Morelos.

Cabe destacar que en esa misma vivienda se encuentran registrados al menos dos autos más de gran lujo, un Audi y un Alfa Romeo, que no pertenecen a Cervantes.

El titular de la PGR es promovido actualmente por el PRI y sus aliados para ser Fiscal General de la Nación hasta el 2026.

El auto exento del pago de tenencia es un Ferrari 458 Coupé, modelo 2011 de 8 cilindros, que fue facturado en 3 millones 890 mil 932 pesos.

Cervantes tiene un salario neto al mes de 140 mil pesos y de 205 mil pesos mensuales brutos.

La investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que el Ferrari del Procurador está registrado en una vivienda deshabitada ubicada en la privada de Paseo de la Lealtad # 46 en Xochitepec, a 20 kilómetros de Cuernavaca.

Datos de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos reportan que en cuatro domicilios de esa modesta privada fueron registrados 16 autos de lujo, entre ellos 11 Ferraris.

Según los datos consultados, el valor de esos automóviles suma 56 millones 800 mil pesos.

De acuerdo con datos del Registro Público Vehicular (Repuve), el Ferrari del Procurador fue inscrito en Morelos el 14 de septiembre de 2012, nueve meses después de que ese Estado eliminara la tenencia y 13 días después de que Cervantes asumiera como senador por el tricolor.

MCCI consultó con la Procuraduría sobre el auto deportivo registrado a nombre de Raúl Cervantes Andrade. "Lo que podemos decir es que el doctor Cervantes tiene también domicilio en Morelos, y en ese Estado ha emplacado vehículos que utiliza, lo ha hecho durante varios años".

También se cuestionó si el Procurador reconocía como uno de sus domicilios la casa de Paseo de la Lealtad. "Los datos de donde vive o no una persona no son datos que deben proporcionarse. No podría confirmarte lo del domicilio que mencionas".

Los autos están registrados en un fraccionamiento de 44 casas, cada una de 75 metros cuadrados y dos recámaras, de un valor de entre 400 mil y 600 mil pesos.

En la misma casa en la que se registró el auto del procurador, hay registro de otros tres autos a nombre de otras personas: un Audi RS5, un Alfa Romeo 8C Competizione y un auto marca Ford.

En la vivienda con el número 38 de la misma privada de Paseo de la Lealtad están registrados otros ocho autos: siete Ferraris y un Fiat 500 Hatchback Dualogic.

Por su parte, en la casa número 40 fueron dados de alta tres autos con un valor total de 14 millones 300 mil pesos: un Ferrari California Convertible, un Ferrari 458 Coupé y un Ferrari 599 Coupé; en la casa número 44 se registró un Audi A4 versión RS.

En la privada también aparecen coches registrados a nombre del empresario Luis Alfredo Rayet Díaz, dueño de una compañía de aviación con oficinas en Saltillo y Monterrey.

Rayet registró dos autos en la misma casa que el Procurador; además de un Ferrari en el número 38.

Otro empresario con autos registrados en esta calle es Anuar Fayad Hassan, quien de acuerdo con notas periodísticas compró terrenos a precio de ganga al gobierno de Roberto Borge, el ex Gobernador de Quintana Roo ahora detenido en Panamá.

Otro empresario que registró autos en esa privada es Ricardo Alberto Orrantía Cantú, quien se identifica en LinkedIn como dueño de Grupo Altavista, y tiene un Ferrari F430 y un Ferrari 458 Convertible registrados con domicilio en Paseo de la Lealtad.

Joseph Woldenberg Russell, quien según Bloomberg es Vicepresidente de la empresa regiomontana Tubacero, registró un Ferrari 599 Coupé modelo 2011 en el número 40.

También hay autos registrados a nombre de la empresa Asesores Administrativos Esparza, S.A. de C.V y de un fideicomiso del Banco Interacciones.

Otras personas con autos de lujo registrados en esa privada son: Óscar Eliseo Rivas Zúñiga, Carmen Ortiz Álvarez, Aldo Bernardi Gallo, Mauro Roberto Hamz Durand, Luis Cabrera Guevara y José Alberto Castro Alva.

Reforma
Ciudad de México
Mexicanos Contra la Corrupción
Lunes 04 de Septiembre del 2017.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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