El ex perredista es el gobernador peor calificados del país, ubicándolo en los lugares 32 y 29, según las encuestas realizadas recientemente por Arias Consultores y Massive Caller


Cuando asumió la gubernatura de Puebla, Luis Miguel Barbosa ofreció “grandes transformaciones” para el estado. “Todo nuevo”, prometió. Sin embargo, en un poco más de 6 meses de gobierno su gestión ha sido cuestionada por replicar prácticas que él mismo criticó de morenovallismo, como la persecución y el espionaje a opositores y exaliados, presos políticos, el apoderamiento de las instituciones y la intolerancia crítica.

Además, las primeras actuaciones de Barbosa han causado descontento social. Autorizó el alza a las tarifas del transporte urbano, creó y aumentó impuestos, ordenó el reemplacamiento vehicular y revivió las fotomultas de tránsito.

Además, el mandatario ha abandonado banderas de su campaña, como la desprivatización del servicio de agua potable y la cancelación de diversas obras que atentan contra el medio ambiente y las comunidades, conocidos como “Proyectos de muerte”.

El inicio de la actual gubernatura poblana también está marcado por la inestabilidad en su gabinete: en medio año ha tenido cinco nuevos secretarios.

De acuerdo con las más recientes encuestas hechas por Arias consultores y Massive Caller, el mandatario poblano es de los peor calificados del país, ubicándolo en los lugares 32 y 29, respectivamente.

Sin compromiso

Para el académico, morenista y excandidato a la gubernatura en 2016, Abraham Quiroz, la administración de Barbosa no se distingue “absolutamente en nada” de los gobiernos del PRI y del PAN que lo antecedieron. “reproduce masivos vicios, procedimientos y formas del viejo régimen que Morena combatió, critica.

No obstante, considera de alguna manera como “lógica” la actuación de gobernador, debido a su pasado perredista, a sus ligas con la corriente de Los Chucho, y al hecho de que fue uno de los firmantes del Pacto por México que encabezó el presidente priístia Enrique Peña Nieto. “Y hasta fue cercano al extinto exgobernador Rafael Moreno Valle”.

Tras los comicios extraordinarios de 2019, a causa de deceso de la gobernadora panista Martha Érika Alonso y su esposo, Moreno Valle, en un accidente aéreo, el gobierno instalado en Puebla llegó al poder de la mano de Morena, aunque “no gobierna con Morena”, considera Quiroz. Sólo hay dos militantes morenistas en el gabinete de Barbosa: el secretario del Trabajo, Abelardo García, y la titular de DIF estatal, Leonor Vargas. “No hay un compromiso como gobierno de izquierda, agrega.

Acusan dedazo

Militante de Morena y operador político de Barbosa en las elecciones estatales de 2018, el diputado local José Juan Espinosa considera que una de las promesas que el gobernador ha roto es la del equilibrio de poderes.

“Las mismas prácticas de sometimiento que operaron en el morenovallismo se estilan en el actual gobierno”, sostiene quien quedó excluido del barbosismo en los recientes comicios de 2019.

Espinosa acusa a Barbosa de haber dado línea a la mayoría parlamentaria de Juntos Haremos Historia para que fueran aprobadas las reformas que son contrarias a la agenda histórica de la izquierda, como prohibir matrimonios igualitarios y mantener la criminalización del aborto en Puebla.

También considera que ha sido claro que los diputaos estatales, “operaron por consigna” cuando votaron por la designación de José Félix Cerezo Vélez como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pese a que éste obtuvo una de las más bajas evaluaciones durante el proceso de selección,

El ex operador de Barbosa dice que lo mismo ocurrió en la designación del auditor del estado, Francisco Romero Serrano, que no sólo fue promotor de la campaña del hoy gobernador, sino quien buscó ser el candidato de Morena en 2018.

Recuerda que al día siguiente del nombramiento de Romero se inició una auditoría “preventiva” en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cuyo rector, Alfonso Esparza, lo acusa de violentar la autonomía de la institución.

Golpe al bolsillo

El diputado local José Juan Espinosa también cuestiona los actos del gobierno de Barbosa que, contra lo que ofreció en campaña, laceran la economía popular. Destaca la autorización del mandatario para aumentar 41% la tarifa al transporte urbano, así como el llamado “placazo” (reemplacamiento) que costará 965 pesos, un gasto que se sumará a los demás pagados por derechos vehiculares.

También expone el impuesto que Barbosa creó de 3% al hospedaje y de 6% a los juegos, loterías y apuestas, sin olvidar el alza de 2.5 a 3% para el Impuesto Sobre Nómina.

El representante de la organización Asamblea Social del Agua, Omar Jiménez, también hace señalamientos contra el gobierno estatal. Acusa que Barbosa evade el tema pendiente de la desprivatización del servicio potable, una de sus banderas de campaña, y que bajo su gobierno el Congreso local pretende darle más herramientas a la concesionaria Agua de Puebla para Todos para que ésta obtenga más ganancias.

La iniciativa que impulsa la aplanadora de Morena pretende convertir en créditos fiscales los adeudos de los usuarios morosos, dejando la posibilidad de que la concesionaria realice embargos, Cabe aclarar que la empresa ya realiza cortes totales del servicio de agua potable y drenaje a los deudores.

“No es la continuidad del morenovallismo, es peor, Ni Moreno Valle de atrevió a tanto”, lamenta Jiménez.

Acoso

El diputado local José Juan Espinosa dice ser el primer perseguido político del sexenio. El legislador fue destituido de las presidencias de la Mesa Directiva y de la Comisión Inspectora. El Congreso Local, además, aprobó un procedimiento en su contra sobre su gestión como alcalde de Cholula.

La “persecución”, asegura, se intensificó cuando su esposa, la senadora morenista Nancy de la Sierra, pidió desde la tribuna que el gobernador ofreciera una disculpa pública por su dicho “me robaron, pero los castigó Dios”, en referencia al exgobernador Moreno Valle y a las elecciones que perdió ante Alonso.

El mandatario no se disculpó y la Fiscalía General de estado retomó una denuncia de años atrás que varios panistas presentaron contra Espinosa y su esposa por enriquecimiento ilícito.

El legislador local denuncia que, con la reapertura de su proceso, la persecución política en su contra ha incluido actos de espionaje con drones que sobrevuelan su casa y oficinas, así como intervenciones telefónicas, la visita de policías judiciales a su domicilio y la solicitud del Ministerio Público a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe sobre los viajes internacionales que él y su familia realicen.

Un caso similar ocurre con el alcalde de Morena en Tehuacán, Felipe Patjane, dice Espinosa. Señala que ha sido irregular el proceso del edil que está encarcelado desde el 16 de noviembre. “ni si quiera había rendido su primera cuenta pública cuando se le acusó de malos manejos”.

Detalla que los problemas del alcalde comenzaron cuando despidió a la tesorera, al contralor y al secretario general, personas que fueron nombradas unas semanas antes a petición de Barbosa.

De concretarse la salida del alcalde de Tehuacán -donde el mandatario estatal tiene su domicilio-, el interinato de la administración del ayuntamiento podría recaer en Andrés Artemio Caballero, sobrino de la esposa del gobernador.

El 3 de octubre, víspera de una visita de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador a Puebla, la BUAP publicó un desplegado en el que denunció una campaña de desprestigio por “plumas al servicio del gobierno en turno”.

En enero esa casa de estudios señaló que la Auditoría Superior del Estado comenzó una revisión del ejercicio 2019, que calificó de “ilegal” porque aún no cerraba el ejercicio fiscal.

Otra situación de acoso fue expuesta por el director del portal de noticias e-consulta, Rodolfo Ruiz. Respaldado por organizaciones como Artículo 19 ha denunciado que su medio es víctima de bloqueos informativos, descalificaciones y que el gobierno lo ha amenazado con emprender acciones legales en su contra.

El periodista destalló que personajes como Fernando Manzanilla, quien en ese momento era secretario de Gobernación, dejaron de colaborar en su portal a causa de presiones políticas. El propio Manzanilla confirmó la razón de su salida el 29 de enero, en una entrevista que le concedió a Ruiz.

En otras entrevistas Manzanilla habló de la salud de Barbosa, como los problemas de vista que padece, resultado de la diabetes.

Al día siguiente de la entrevista con el directo del portal, David Méndez Márquez -quien asumió la Secretaría de Gobernación estatal- anunció que se iniciaría una auditoría a la dependencia que incluye tres gestiones de Manzanilla en ese cargo.

Detención de activistas e inseguridad

 En materia de presos políticos el gobierno de Barbosa ha dado nota. Tal es el caso de Miguel López Vega, activista y defensor del río Metlapanapa, detenido el 24 de enero pasado.

Carolina Barranco, vocera del Comité de la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, señala que la manera en que fue detenido el también comunicador indígena y los cargos que se le imputaron “son bastante similares a las persecuciones contra activistas que se vivieron con el exgobernador Moreno Valle”.

Aunque López Vega fue excarcelado luego de una campaña que denunció su caso, apoyada por organizaciones nacionales e internacionales, el defensor ambiental aún sigue bajo proceso por el cargo de ataque a las vías de comunicación. El 30 de octubre último, el activista encabezó a un grupo de personas que realizaron un bloqueo carretero y después se enfrentaron con policías.

La inconformidad de la comunidad indígena de Santa María Zacatapec, a la que pertenece López Vega, se debe a un proyecto para descargar aguas residuales del Parque Industrial de Huejotzingo.

Barranco cuestiona que mientras por un lado la autoridad actúa contra las comunidades que defienden sus recursos naturales, por otra parte, no se persiga a funcionaros como el exfiscal general del estado Víctor Carrancá y el extitular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo López Badillo.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla ha pedido al gobierno de Barbosa que se repare el daño causado a perseguidos políticos (unos 300 casos) del periodo morenovallista, lo que implicaría resarcir el daño material y fincar responsabilidades contra personajes como Carrancá que convirtieron a la fiscalía en un “laboratorio” para fabricar expedientes.

El gobernador Barbosa ordenó desaparecer todas las insignias, logotipos, nomenclaturas y colores que dejó Moreno Valle en edificios y obras del estado.

El mandatario ha hecho denuncias mediáticas sobre supuestos actos de corrupción e ilegalidades cometidas en las anteriores administraciones, como "la venta de niños en el DIF", el saqueo de Casa Puebla y el desvío de 100 millones de pesos del programa de reconstrucción por el sismo, Sin embargo, se desconocen denuncias o responsables concretos.

Barbosa ha declarado que su prioridad es recuperar la seguridad, como uno de los reclamos más sentidos de la población, No obstante, son frecuentes las noticias y reportajes sobre ejecutados, descuartizados, feminicidios, desapariciones, secuestros y asaltos violentos en el estado.

En ese contexto, la actual gubernatura arrendó mil patrullas por las cuales pagará mil 387 millones de pesos por 27 meses de uso, reconsecionó la operación de las fotomultas e incrementó de 15 a 157 los puntos de control. Pese a los reclamos ciudadanos que le recuerdan que en su campaña ofreció cancelarlas, Barbosa asegura que este sistema de sanación ayudará a mejorar la seguridad pública.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México.
Domingo 16 de febrero de 2020.


Consulta Mitofsky y Arias Consultores posicionan al mandatario de Puebla como uno de los que tienen menor impacto positivo entre los ciudadanos


Hacia los primeros seis meses de gobierno Luis Miguel Barbosa Huerta se coloca con poca aprobación entre ciudadanos de acuerdo con encuestas de Consulta Mitofsky y Arias Consultores.

En el primer caso la empresa estima que a finales de enero había alcanzado un 37.7 por ciento de aprobación, un 60.7 de desaprobación y un 1.6 de indiferencia, que lo ubicaron en el lugar 16 de 32 funcionarios evaluados.

De acuerdo con Mitofsky, su aprobación ha ido en descenso pues en agosto empezó en el lugar cuarto, en septiembre en quinto, para octubre alcanzó el doceavo, en tanto que en noviembre y diciembre alcanzó el décimo.

La encuesta de Arias consultores realizada en conjunto con la Revista 32 ubica en cambio a Barbosa Huerta como el último de los 32 gobernadores con un 5.6 por ciento de aprobación, 19.7 de indiferencia y un 74 de desaprobación.

En este caso se detalla que se realizaron 12 mil 987 encuestas entre el 27 y el 31 de enero para evaluar a todos los mandatarios del país.

La aprobación de Barbosa Huerta mide también otros rubros específicos y en ellos ocupa lugares entre el escaño 28 y el 32.

Un 7.8 por ciento de los encuestados dijeron tener confianza en el gobernador, un 6.6 en que los empresarios decidan invertir en Puebla, un 9.3 consideró que han aumentado los apoyos para personas de escasos recursos, sólo un 2.9 considera que ha crecido la obra pública y la misma cantidad ve mejoras en la salud.

La encuesta también considera que un 9.7 por ciento estima que ha aumentado el turismo, un 4.1 que se ha combatido la corrupción, un 7 que hay mejoras en la economía y turismo y sólo un 2.7 que ha mejorado la seguridad pública.

En el caso de la encuesta de Arias se detalla por otro lado que los mejores evaluados son los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con un 32 por ciento, seguido de los del Partido Acción Nacional (PAN) con 31.9.

Los gobernadores del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como el de Barbosa Huerta están en tercer lugar con un 19.4 por ciento y los otros partidos alcanzan un 15.9.

En los primeros lugares de Morena están por otro lado Augusto López Hernández de Tabasco con un 39.6 por ciento de aprobación, le sigue con un 23.2 Rutilio Escandón Cadenas de Chiapas y en tercero con 22.4 esta Claudia Scheinbaum Pardo de la Ciudad de México.

e-consulta
Laura Ruiz
Puebla, México
Sábado 8 de febrero de 2020.


Además del exgobernador de Morelos serán notificados otros dos colaboradores del Gabinete estatal


Ciudad de México.- La Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso de Morelos dio inicio al juicio político en contra del ex gobernador Graco Ramírez y dos colaboradores: el ex Secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, y la ex contralora, Adriana Flores Garza.
 
Con siete votos a favor y tres abstenciones, los diputados admitieron este procedimiento que comenzó a solicitud de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos, encabezada por Samuel Sotelo Salgado.

El presidente de la Comisión, José Casas González, explicó que los tres ex funcionarios serán notificados durante los próximos días.
 
"Una vez notificados, ellos cuentan con 15 días hábiles para poder manifestar lo que a su derecho corresponda", detalló.
 
Tras otorgarles el derecho de audiencia, la Comisión elaborará un dictamen que será sometido a votación del Pleno y, posteriormente, turnado al Poder Judicial.
 
El ex gobernador perredista y los dos ex funcionarios estatales están señalados por no haber entregado en el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto de 120 millones de pesos a la Fiscalía General del Estado y de 2 millones 560 mil pesos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).
 
En noviembre de 2019, la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos declaró procedentes los juicios políticos contra estos ex funcionarios.
 
Luego, fueron turnados a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, instancia encargada de esos procedimientos.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 5 de febrero de 2020.


El gobernador afirma que este año será “la gran Feria de Puebla” y no “la chalupera”


A pesar de que la ciudadanía ha demandado poner especial atención a temas de salud y seguridad, el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta adelantó que próximamente empezarán con la construcción del foso de lo que será la nueva plaza de toros.

Adelantó que junto con este proyecto también se encuentra en pie la construcción de un nuevo Palenque pues consideró que, el que se ha montado en últimos años, se ha hecho de manera improvisada.

Al cuestionarle dónde se construiría la nueva plaza de toros indicó que muy probablemente será en el mismo lugar donde actualmente está el Relicario “Joselito Huerta”, sin embargo, aseguró aún no lo ha determinado.

Respecto a la próxima Feria de Puebla, sostuvo que esta será considerada como “la gran Feria de Puebla” y no “la chalupera” , al referirse a las que se han organizado en administraciones anteriores.

“Contará con un cartel de toros, un cartel de gallos, un palenque, teatro del pueblo , artesanías, será la gran (feria) no la chalupera que llegó a ser” , indicó.

Aunque no precisó las fecha exactas de cuando iniciarán estas actividades, mencionó que se serán en mayo cuando se desarrollen .

En otro orden de ideas indicó que será el próximo 18 de febrero cuando se reúna con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para presentarle un proyecto de construcción de carreteras mediante la creación de un fondo de recursos en el que por cada dos pesos que dé la federación el estado pondrá uno.

Dijo que con la creación de esta bolsa, que se pretende establecer en el estado, podrán entregarle recursos a los municipios y comunidades para rehabilitar y construir la red de carreteras en el estado.

Agregó que para lograr dicha rehabilitación se requiere un aproximado de 18 mil millones de pesos, el cual se pretende desarrollar en un promedio de cinco años y, que de lograrse, le tocará a las próximas administraciones únicamente del mantenimiento de las carreteras.

Señaló que durante la reunión que tiene prevista con el presidente analizarán la probabilidad de llevar a cabo el proyecto de la extensión de la autopista Teziutlán- Martínez de la Torre así como la bifurcación Teziutlán - Poza Rica.

Lo anterior lo dio a conocer durante la inauguración de la reconstrucción de la carretera Hueytamalco-Ayotoxco-Tenampulco en el que se invirtió un total de 72 millones 744 mil 812 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019 (FAFEF).

El Sol de Puebla
Maricarmen Hernández
Ciudad de Puebla, Pue.
Domingo 2 de febrero de 2020.


Miguel López Vega, un líder social y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), fue detenido ayer cuando salía de una reunión de la secretaría de Gobierno de Puebla, en la capital de esa entidad.

El Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPTDA), informó que la detención de López Vega ocurrió cuando salía de un encuentro con Víctor Flores Báez, director general de Gobierno de Puebla, por agentes de la Fiscalía estatal escoltados por hombres armados no identificados.

Las gestiones de López Vega y otros campesinos consistían en formalizar la recuperación del sistema normativo de usos y costumbres en la comunidad Zacatepec, donde se votó al respecto el pasado 19 de enero, y la detención ocurrió cuando terminaban de comer frente a la Secretaría de Gobierno, en el centro de Puebla capital.

El episodio es idéntico al operativo con el que, en abril de 2014, fue detenido Juan Carlos Flores Solís, uno de los dirigentes del FPDTAMPT, cuando salía de una reunión en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también ahí, en el centro de Puebla y más o menos a la misma hora.

El dirigente social, quien es representante comunitario del pueblo de Santa María Zacatepec, Puebla. En un comunicado, el FPDTAMPT expresó:

“Nuestro compañero se ha mantenido firme en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos y por la defensa de la vida desde hace 10 años. Desde 2017, siendo representante Comunitario, ha exigido la cancelación del Proyecto de descarga de aguas residuales de Ciudad Textil, Huejotzingo en el río Metlapanapa. Recientemente trabajó junto con su pueblo para recuperar el sistema normativo interno y llegar a las elecciones por usos y costumbres en su comunidad”.

“AMLO ha continuado la imposición”

La resistencia de la organización al PIM, así como a otros megaproyectos en la zona del volcán, ha sido descalificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que, para imponer el proyecto, iniciado en el sexenio de Felipe Calderón, ha convocado a consultas ilegales y en la primera de estas, en febrero de 2019, ocurrió el asesinato de Samir Flores Soberanes, dirigente social de Amilcingo, Morelos.

“Hasta el momento, AMLO ha continuado la imposición del PIM, impulsando consultas ilegales amañadas y respaldando a las autoridades que llevan a cabo estas consultas.

“Ha impuesto el PIM, incluyendo en esas ‘consultas’ al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y a la Guardia Nacional como método coercitivo para provocar miedo. Es importante mencionar que la Guardia Nacional también ha estado presente en la construcción del corredor de aguas residuales de Ciudad Textil que atraviesa Zacatepec, evidenciando la militarización que vive el país”, precisó el FPDTAMPT en un comunicado.

Y es que el activismo de Miguel López en los últimos años se ha concentrado, entre otros procesos, en el rechazo a la mencionada descarga.

“Siempre hemos mantenido una postura de diálogo, pero, por su parte, el gobierno federal y estatal han respondido con violencia, con gases lacrimógenos, con balas de goma, con la Guardia Nacional, y ahora con el secuestro de nuestro compañero Miguel”.

“El gobierno de Barbosa ha lanzado un comunicado diciendo que están abiertos al diálogo, pero con los hechos demuestran lo contrario, sólo nos traicionan una y otra vez, nos engañan y abusan de nuestra dignidad”, expresó la organización.

La exigencia del Frente de Pueblos es para que se dé la liberación de López Vega y se expresaron una vez más su disposición al diálogo, no sin antes considerar:

“El cambio verdadero no llegó ni a Puebla, ni al país, es sólo un engaño más para nosotros, Miguel Barbosa representa los mismos intereses que los que representó Rafael Moreno Valle, pues hoy su postura y respuestas ante las problemáticas en nuestros pueblos son las mismas, aunque prometieron no más presos políticos, el estado no ha sido garante de nuestros derechos, por lo que estamos dispuestos a conquistarlos a tomarlos a ejercerlos y caminar hacia la autonomía y organización comunitaria que son la única respuesta ante la situación que vivimos como pueblos originarios y como sociedad”.

Proceso
Arturo Rodríguez
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 25 de enero de 2020.


El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que el aumento en el costo del contrato para la operación de fotomultas en Puebla se debe a que la vigilancia, que antes sólo incluía 15 cámaras, ahora se hará con 156 y tendrán mayor calidad en cuanto a captación de imagen y tecnología.

En respuesta a los cuestionamientos del Partido Acción Nacional (PAN), en el sentido de que el gobierno morenista desembolsará 773.6 millones de pesos por el monitoreo vial y cobro de fotomultas durante tres años, cuando en los gobiernos panistas tuvo un costo de 180 millones por seis años, el mandatario subrayó:

“Antes eran 15 cámaras, hoy son 156 cámaras de diferentes circunstancias y condiciones, (podrán captar) autos robados y todo. Por eso, miren, honestidad y buena fe. Todos los días pueden decir algo de algo, pero al momento que sale la nota, se cae, porque todo está bien llevado, estoy limpio y voy a seguir limpio”, recalcó Barbosa.

En un comunicado, el gobierno estatal precisó que el contrato con la empresa Intecproof, que se encargará de operar los radares de velocidad, incluye la instalación de 157 dispositivos fijos para la detección, infracciones y matrículas vehiculares, es decir, 10 veces más que los colocados por Autotraffic, que ofreció ese servicio en las pasadas administraciones.

Además, destacó que con Autotraffic todos los dispositivos instalados tuvieron que devolverse al término del contrato, mientras que con la actual firma pasarán a ser propiedad de la administración estatal en 36 meses.

Indicó que la tecnología que será instalada permitirá no sólo la detección de matrículas y la velocidad a la que circulan los vehículos, sino compartir información en tiempo real con distintas instancias gubernamentales, así como la detección de automóviles buscados a través de la matrícula, y mantenimiento preventivo y correctivo de los radares.

Proceso
Gabriela Hernández
Puebla, México
Miércoles 22 de enero de 2020.


Puebla.- El Partido Acción Nacional (PAN) cuestionó que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta haya contratado la operación del sistema de fotomultas con la empresa Intecproof por un monto 400 por ciento más caro de lo que pagaron las pasadas administraciones panistas.

La dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta, dijo que mientras que en la administración del panista Rafael Moreno Valle se pagaron 180 millones de pesos por operar seis años este servicio, ahora el gobierno de Barbosa licitó el contrato por un monto de 773.6 millones, por sólo tres años.

La panista cuestionó la opacidad en la que se otorgó el contrato, además de que las condiciones que rigieron la licitación parecen haber estado orientadas a beneficiar a la empresa Intecproof, la cual ya ha sido señalada en otras entidades del país.

Huerta recordó que, en campaña, Morena criticó las fotomultas y que como candidato, el ahora gobernador Miguel Barbosa Huerta, propuso quitarlas, pero ahora al ser gobierno no sólo las mantiene sino que pagará un contrato por un monto más de cuatro veces superior al firmado en el gobierno morenovallista y por la mitad del tiempo.

La convocatoria para licitar la operación de fotomultas se publicó el 10 de diciembre, mientras que entre 13 y 20 se llevó a cabo la junta de aclaraciones, la presentación de propuestas técnicas, la apertura de propuestas económicas y se comunicó el fallo del concurso.

La empresa Intecproof obtuvo el contrato por 773.6 millones, pese a estar ligada a Inteltráfico, con sede en Jalisco, cuyo desempeño ha sido cuestionado en otras entidades del país como la Ciudad de México, San Luis Potosí y Nuevo León.

Además, previo a la licitación del contrato de fotomultas de Puebla, un grupo de empresarios entregó a la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados una denuncia en la que se señalaba a Arturo Orcí Cardenas, extitular de Normatividad en la Coordinación de Estrategia y Mensaje Presidencial de Enrique Peña Nieto, de estar detrás de Intecproof y de Inteltráfico.

De acuerdo a esta denuncia, la empresa presentó una propuesta con sobrecosto de un 30 por ciento, pese a lo cual se perfilaba como la ganadora del contrato.

El gobierno de Puebla informó que las otras empresas que participaron en la licitación, Grupo Genotech y New World Group Total, no cumplieron con las características técnicas e incurrieron en errores administrativos en la integración de los documentos que presentaron para obtener el contrato.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 21 de enero de 2020.


Defensores del patrimonio piden la intervención de la Scult federal por traslado de la Estrella de Puebla

Miembros de la Fundación Manuel Toussaint y del Comité Defensor del Patrimonio Histórico y Ambiental de Puebla enviaron una misiva a la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, para expresar su “honda preocupación y desacuerdo” con la propuesta del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta referente al traslado de la llamada Estrella de Puebla de la zona de Angelópolis al barrio de San Francisco.

En dicha carta, en la que piden la secretaria Alejandra Frausto responda con un posicionamiento oficial, exigen además saber si existe una inversión federal para el proyecto, si hay otros asociados en esta redensificación urbana del barrio, y si habrá intervenciones en los inmuebles localizados ahí que están incluidos en el Catálogo Nacional de Monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Las asociaciones civiles señalan que su “honda preocupación y desacuerdo” reside en que esta parte de la ciudad “forma parte nodal del conjunto de sitios y monumentos” que sustentan la nominación de Puebla como Ciudad Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Luego de lo informado por el gobernador Luis Miguel Barbosa sobre el traslado de esta atracción turística del morenovallismo de la zona comercial a la zona histórica, con la finalidad de promover el desarrollo inmobiliario, la fundación y el comité explicaron, en siete puntos, las razones por las que no debe ser removida.

De inicio, porque en el barrio de San Francisco –también el Alto-, se han “localizado los primeros vestigios arqueológicos” de poblamiento que datan del año 1500 al 1200 antes de esta era, consistentes en ofrendas cerámicas.

Asimismo, porque entre 1993 y 1999 se hicieron intervenciones en la zona como parte de un proyecto “de integración del patrimonio” y dos décadas después, “el balance sobre tales intervenciones es cuestionable pues el resultado ha sido la privatización y apropiación parcial de la zona, y cambio de uso de suelo de secciones con alto valor arqueológico e histórico”.

Otro punto, anotan los defensores del patrimonio, es que “incentivar la inversión inmobiliaria de la zona… es continuar con un proceso de gentrificación en el cual los habitantes originarios se ven obligados a migrar a zonas periféricas… que impacta en el cambio de uso de suelo al convertirse en hoteles de lujo y en la pauperización de la calidad de vida de los ciudadanos desplazados”.

La fundación presidida por la historiadora del arte y ex titular de Cultura en Puebla, Montserrat Galí Boadella y el comité que tiene como secretaria a Esther Hernández Galicia apuntan que el traslado de la llamada Estrella de Puebla tendrá “un altísimo costo para el erario público”, además de que habrá un “impacto ecológico, geológico, hídrico y población”, ya que la zona está en una “caja de contención subterránea del arroyo de Xonaca”, a la par que se ubicará en una falla sísmica de alta dinámica demostrada en los daños que tuvo el templo franciscano con los sismos de 1999 y 2017.

Añaden que la implantación de la estructura “altera la integridad volumétrica, ambiental y paisajística de la zona”, a la par de que “vulnera de manera inminente la coherencia arquitectónica y urbanística del espacio declarado Patrimonio de la Humanidad, a la par que altera de manera irreversible la zona de Monumentos y sitios declarada en la Ley federal de 1975.

“De acuerdo a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación las autoridades responsables de bienes considerados Patrimonio Mundial adquieren obligaciones frente a la comunidad internacional, mismas que no pueden ni deben ser desconocidas”, concluyen.

La Jornada de Oriente
Paula Carrizosa
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 10 de enero de 2020.


El Congreso local con mayoría de Morena perfila al empresario Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), pese a su cercanía con el gobernador Luis Miguel Barbosa.


La Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) acordó este martes la terna de los aspirantes a ocupar la ASE, integrada por Romero Serrano, Juan Carlos Díaz Carranza y Salvador Sánchez Ruanova.

Desde hace semanas los legisladores señalan como favorito a Romero Serrano, dirigente del Sindicato Nacional de Empresarios (Sindemex), quien forma parte del padrón de auditores externos del órgano que pretende presidir.

Corina Ramírez, exasperante, denunció que el proceso para elegir al auditor favorece a Romero Serrano, quien colaboró activamente en la campaña de Barbosa Huerta, por lo que se convertiría en un auditor “carnal” y, por tanto, no garantizaría el profesionalismo e independencia que reclama el cargo.

De igual manera, recordó que durante las campañas para la gubernatura de 2018 y 2019, Romero Serrano organizó reuniones con empresarios para que Barbosa Huerta promocionara su candidatura.

El empresario presentó su registro como candidato a auditor con cartas de los diputados locales Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, de Movimiento Ciudadano, y de Fernando Jara Vargas y Estefanía Rodríguez Sandoval, ambos de Morena.

Otra de las críticas que hizo Ramírez es que quien se perfila para ocupar la titularidad de la ASE está enlistado en el padrón de despachos de auditores externos, lo que representaría un conflicto de intereses.

Máxime porque –explicó– la Comisión Inspectora del propio Congreso local acordó recientemente solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que practique una revisión a las actuaciones de la ASE, por las inconsistencias que presentan sus informes en el período morenovallista, cuando el órgano estatal estuvo a cargo de David Villanueva Lomelí.

De 2011 a 2018, la ASE de Puebla sólo auditó menos de 30% de las obras realizadas durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, y fue señalada de actuar más bien como “garrote político” contra los alcaldes poblanos.

La propia ASF ha ubicado a la Autoría poblana como la peor evaluada del país, dado que es a la que más observaciones hizo sobre su trabajo. Esto estaría relacionado con el hecho de que desde hace siete años el 100% de las auditorías son ejecutadas precisamente por los despachos de auditores externos.

De acuerdo con reportes publicados por la ASE, de 2014 a 2018 se realizaron 1 mil 534 auditorías a los entes públicos de Puebla, y el 100% de éstas fueron practicadas por despachos externos, que reciben un pago por sus servicios de parte de los propios ayuntamientos que auditan.

Fuentes del Congreso señalaron que esta forma de trabajar, instaurada desde el gobierno de Moreno Valle, ha generado que la fiscalización de recursos a los municipios de Puebla se convierta en un negocio para muchos de esos despachos.

De hecho, el otro aspirante a la ASE, Salvador Sánchez Ruanova, está en el padrón de auditores externos, en tanto que el tercero, Juan Carlos Díaz Carranza, ha sido cuestionado por su residencia en Puebla, dado que ocupa una notaría en Oaxaca.

El pasado miércoles 6, la mayoría legislativa de Morena fue acusada de recurrir a las mismas prácticas que criticó a Moreno Valle, al designar a José Félix Cerezo Vélez al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el candidato peor evaluado durante su comparecencia, pero cercano al gobernador.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 26 noviembre 2019.


José Luis Márquez Martínez anunció su salida como subsecretario de Gobernación del Estado de Puebla.


El ahora ex funcionario difundió anoche entre sus colaboradores un mensaje de despedida de la Administración del Gobernador Miguel Barbosa, reportaron medios locales.

"El día de ayer cerré un ciclo en mi desempeño público, agradezco la oportunidad de haber trabajado a favor de mi Estado, me siento muy satisfecho de haber aportado mi experiencia como persona, y como político buscando en todo momento la gobernabilidad del Estado", se lee en el texto.

También manifestó su agradecimiento al ex Gobernador Guillermo Pacheco, al Secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla, y al Gobernador Miguel Barbosa.

"Seguro estoy que a las y los poblanos nos irá bien, porque en estos meses como subsecretario conocí y reconocí a mujeres y hombres valiosos, comprometidos y capaces que quieren una Puebla en la que quepamos todos y todas, pero sobre todo una Puebla en paz", agregó.

"Solo me queda decirles, que tienen de mi parte lo que me hace ser la persona que soy, mi gratitud, mi amistad y mi respeto".

El priista José Luis Márquez llegó a ese cargo en febrero pasado durante el Gobierno interino de Guillermo Pacheco y se mantuvo, hasta este fin de semana, en la Administración de Miguel Barbosa.

La semana pasada se difundió un audio de una conversación entre el Presidente Municipal de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez, y David Méndez Márquez, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación de Puebla.

En el material el Edil afirmó que fue presionado por José Luis Márquez para firmar su renuncia ante una supuesta orden de aprehensión en su contra.

"Márquez ha estado presionando, tanto a los regidores como a mí, a mí me quiso hacer firmar una renuncia que es completamente ilegal y yo le dije en ese momento que no podía firmar una renuncia porque era ilegal lo que estaban haciendo, que el presidente no puede renunciar porque no es como tal un empleado y menos de un subsecretario de Gobierno", dijo el Alcalde.

Patjane fue detenido el pasado 16 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Reforma
Ciudad de México
Domingo 24 noviembre 2019.

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