Detenciones de activistas en Puebla rememoran los tiempos del morenovallismo, acusan ONG


Organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron que durante la detención y encarcelamiento del activista Eloy Méndez Becerra y otros 13 integrantes de la organización “Amozoc Seguro”, el pasado 23 de junio, se cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso que rememoran los tiempos del morenovallismo.

En un escrito, las agrupaciones defensoras de derechos humanos señalaron que en la detención de Méndez Becerra y los demás activistas participaron alrededor de 15 policías ministeriales que iban encapuchados, portaban armas largas y, sin identificarse ni presentar órdenes de aprehensión o de cateo, violaron las chapas para ingresar a las casas por la fuerza.

 “…el hijo del compañero Eloy que cursa bachillerato fue golpeado y su hija que tiene un bebé fue amenazada diciéndole que diera gracias que tenía al niño cargando porque si no en ese momento la mataban”, refirieron.

Además, mencionaron que Méndez Becerra, a quien ubican como “un reconocido luchador social”, y otro de los detenidos, estaban en aislamiento domiciliario por ser sospechosos de covid-19, lo que no fue tomado en cuenta al momento de la violenta detención.

Méndez –subrayaron– es una persona que sufre de hipertensión y diabetes, y no se permitió que tuviera acceso a medicamentos. Tampoco se respetó el derecho de los detenidos de llamar a un abogado y se les obligó a tomar defensores de oficio, aunque había litigantes que se presentaron para tomar el caso.

A esto se suma la postura adoptada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que argumentó que no hay número de queja para actuar y que, si hay violaciones al procedimiento, no corresponde a su competencia.

Más de una centena de organizaciones –entre ellas la Asamblea Social del Agua, la CNTE Puebla Secciones 23 y 51, la Comisión de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y el Consejo Tiyat Tlali– exigieron al gobernador Miguel Barbosa Huerta la liberación de los activistas, quienes forman parte de los movimientos sociales “Amozoc Seguro” y “Agua para Amozoc”.

A los detenidos se les acusa de daños en propiedad ajena, motín y lesiones contra autoridad, supuestamente cometidos el pasado 23 de enero, cuando se manifestaron afuera del Palacio Municipal de Amozoc. La movilización se tornó violenta, lo que derivó en la quema de una patrulla de la policía local, una camioneta del ayuntamiento y un auto particular.

Según las organizaciones, en esa ocasión los activistas de “Amozoc Seguro” acusaron que el alcalde Mario de la Rosa, ex pastor de la iglesia Luz del Mundo, infiltró a las personas que generaron la violencia.

Incluso ubicaron a los grupos de choque con fotografías y videos tomados durante la manifestación, y existe evidencia de que los integrantes de “Amozoc Seguro” pidieron a los infiltrados que se retiraran, pues la protesta era pacífica.

A principios de junio, Méndez solicitó ante la Auditoría Superior del Estado una revisión a las finanzas del ayuntamiento de Amozoc, y el 21 del mismo mes entregó una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que señalaba que pretendían detenerlo por denunciar la creciente inseguridad que priva en esa localidad, por la operación de bandas delictivas.

El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla también demandó la libertad de Méndez Becerra y demás detenidos de Amozoc, quienes participaban en una mesa de diálogo con el gobierno estatal para exponer sus demandas sociales.

El Comité, que documentó los casos de más de 360 presos políticos durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, acusó que a Eloy Méndez y a los 13 activistas de Amozoc se les detuvo de la misma forma que se actuó contra “perseguidos del morenovallismo”.

“Durante la detención, los familiares sufrieron desde amenazas hasta golpes, despojo de dinero y artículos personales y de trabajo, tales como celulares y computadoras, llegando a lesionar incluso a un menor de entre seis y siete años”, detalló.

Y más: “…nos encontramos preocupados por este actuar arbitrario que rememora el deleznable uso del poder y de la fuerza pública ante aquellos que considera sus ‘enemigos políticos’ por motivos de disidencia y a quienes busca aniquilar y reprimir… se esperaría que en un nuevo contexto político estos hechos dejaran de ser recurrentes como signo de control autoritario”.

En tal sentido, pidió al gobierno de Barbosa Huerta actuar en congruencia “con los principios de la Cuarta Transformación” y liberar a los integrantes de “Amozoc Seguro”.

“…hecho que reflejará un acto de rectificación y separación de viejos modelos por todos desaprobados, donde la fabricación de delitos era una constante que condujo a la existencia de cientos de presos políticos. Que la figura de los presos políticos no caracterice a este gobierno, es un sello indeleble que les perseguirá a lo largo del correr histórico”, finalizó.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Sábado 4 de julio de 2020.


El procedimiento sancionador ordinario que inició la Comisión de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena en su contra por haber minimizado la desaparición de mujeres al referir que algunas “se fueron con el novio”, sostuvo el gobernador Luis Miguel Barbosa, que está fundamentada en hechos falsos.

Pese a eso, se dijo respetuoso de los valores, así como del uso de documentación básica y principios con los que se conduce Morena, por lo que resumió que “no hará un escándalo de lo ocurrido”.
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Admitió que él cometió un error, pero también consideró que la CNHJ de Morena se excedió, por lo que no descarta que más adelante sea reivindicado.

“Mi respeto a la CNHJ, mi respeto a todo lo que se diga MORENA, aunque a veces se cometan algunos errores y algunos abusos, no pasa nada”.

Reiteró que él seguirá conduciéndose como gobernador de Puebla, sin que pase “nada”, pues reiteró que la base de este procedimiento está fundamentada en un “hecho falso”.

Newsweek
Diario Puntual
Aurelia Navarro Niño
Ciudad de Puebla, Mex.
Viernes 19 de junio de 2020.


“Yo no me voy a meter en la vida interna de la BUAP”, declaraba el gobernador Luis Miguel Barbosa el pasado 12 de agosto de 2019 en una visita a los paristas en huelga de hambre, quienes no aprobaron el examen de admisión de la Máxima Casa de Estudios de Puebla. Además, en ese acto les prometió que solicitaría al Rector de la BUAP que los recibiera, ya que “ningún servidor público es inalcanzable”.

Con esta primera intromisión en la vida universitaria por parte del gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, iniciaba la persecución política en contra del Rector Alfonso Esparza Ortiz, precio que ha tenido que pagar para salvaguardar la autonomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Fue entonces que para octubre, la Universidad fue nuevamente objeto de señalamientos infundados. Tras la venta ilegal de Lobos BUAP por la empresa Garden Teas y después de un proceso jurídico en su contra, el Rector Alfonso Esparza fue señalado de desviar al club de fútbol más de 470 millones de pesos, de 2012 a 2017, esto como parte de una campaña para desprestigiarle.

Un mes después, en noviembre 27, tras ser nombrado por el Congreso local, el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, ordenó como una de sus primeras acciones una particular auditoría preventiva así como una visita domiciliaria a la BUAP, ejecutada el 5 de diciembre de 2019.

Esta acción reveló los intereses políticos que buscaban vulnerar la autonomía de la Máxima Casa de Estudios, prueba de ello son las declaraciones emitidas por el propio líder del Congreso, Gabriel Biestro, quien emitió amenazas veladas contra el Rector en sus redes sociales, al declarar que “En el @CongresoPue no aceptaremos chantajes ni amenazas de ningún tipo ni de ninguna persona @alfonsoesparzao” .

En enero de 2020, la BUAP a través de su defensoría jurídica, demuestra que la acción emprendida por la ASE se sustentó en un procedimiento ilegal, lo que obligó a esta instancia a cerrar el proceso ante las irregularidades en las que incurrieron en contra de la Universidad, entre ellas destaca que no notificaron la orden de la visita tal y como lo marca la ley, tampoco se identificaron debidamente para proceder con su diligencia, pues se negaron a mostrar identificación alguna, cabe mencionar que a pesar de ello la universidad nunca se opuso a dicha auditoría como lo demostró con videos de la propia diligencia.

Ante el fracaso por este intento de intromisión a la autonomía universitaria, el gobernador Luis Miguel Barbosa propone al Congreso local imponer un órgano de “control interno” en la Universidad para fiscalizar la aplicación de todos los recursos.

En respuesta, el Consejo Universitario se manifiesta en contra de esta violación a su autonomía, y refiere que la Universidad ha sido objeto de auditorías por parte de distintos órdenes de gobierno, en las cuales las finanzas y el ejercicio transparente de los recursos quedó totalmente solventado.

Las voces y ánimos universitarios se unen en el Consejo y declaran en febrero de este año que “la autonomía es sinónimo de garantía y de calidad educativa, de la concentración y libertad de ideas, por lo que sólo debe estar en manos de maestros y alumnos. Debe ser ajena a toda injerencia que afecte los fines constitucionales, pues solo así podrá exigirse a la Universidad los resultados demandados por la nación, por lo tanto, no resulta constitucional ni legalmente posible que reciba órdenes o instrucciones de ningún órgano externo en la toma de sus decisiones”.

En marzo de este año se inicia otro ataque, esta vez, vía Hospital Universitario, emitiendo declaraciones infundadas como el que el Hospital iba a colapsar, que derivado de su inspección se cercioraron de que no se cumplía con los lineamientos, sólo que fue evaluado en base a un lineamientos que sólo aplica a los Hospitales convertidos en COVID, situación que nunca sucedió ni podía serlo, al deber continuar atendiendo a sus pacientes de ciertas especialidades médicas. Estas imprecisiones se repitieron en el decreto del Gobernador publicado en el periódico oficial.

El 27 de mayo, el Gobierno del Estado mediante un comunicado menciona que el problema es que el Rector se aferra al puesto. Entonces, ¿el objetivo del Gobierno ha sido y es que Esparza se separe del puesto?.

Finalmente, enderezan baterias en contra de la hija del Rector estrenando la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, como medida de presión a la usanza de la mafia Siciliana para continuar con la persecución politica en contra del Rector de la BUAP.

Esto y más, es el verdadero sentido del amparo que promovió el Rector Esparza y como se verá, va mucho más alla de detener una orden arbitraria e ilegal.

El Sol de Puebla
Ciudad de Puebla, Mex.
Jueves 18 de junio 2020.


Urge que el ITAIP reanude plazos en instituciones esenciales, suspendidos por la contingencia sanitaria, señalan la Amedi y el Nodo de Transparencia

La información sobre las acciones del Gobierno del Estado de Puebla para la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad Covid-19 y presentada a través del Portal Transparencia Covid-19, no cumple con los criterios mínimos para garantizar la transparencia y el acceso a la información.

Así lo concluyeron 17 organizaciones encabezadas por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Capítulo Puebla, y el Nodo de Transparencia, a partir de una revisión a los documentos presentados en la plataforma gubernamental.

Detallaron que se encontraron las deficiencias siguientes:

•             Medidas Covid-19: la información se presenta de manera general enlistando únicamente las acciones y, en algunos casos, remitiendo a notas informativas u otros sitios web, sin presentar información estadística sobre número de beneficiarios, presupuesto destinado, número desagregado de acciones o resultados obtenidos, la cual permita hacer una evaluación o monitoreo de las acciones llevadas a cabo.

•             Presupuesto: la información se encuentra de manera amplia y general, lo que impide hacer una evaluación o monitoreo de las compras realizadas para observar buenas prácticas en las mismas.

En ese sentido, para garantizar una transparencia amplia, es necesario que se publiquen de manera desagregada los tipos y cantidades de productos adquiridos, especificando el precio unitario, la empresa proveedora, la fecha de compra y el tipo de proceso de adjudicación.


Con relación a los contratos, si bien el Gobierno del Estado ha señalado que estos tienen “reserva obligatoria”, cabe señalar que estos documentos deben ser públicos en atención a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. En caso de reserva, el Gobierno del Estado debe fundamentarla aplicando la prueba de daño, misma que deberá estar a disposición de los ciudadanos y, en su caso, publicar una versión pública de los contratos para garantizar la transparencia de los mismos.

Asimismo, los archivos marcados como CSV no podrían considerarse “datos abiertos” toda vez que son una copia de la información contenida en los documentos PDF y no cumplen con las características establecidas dentro de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

•             Donaciones: la información se encuentra de manera amplia y general, lo que impide hacer un monitoreo del uso o destino de las mismas. En ese sentido, es importante que el Gobierno del Estado proporcione, a través de conceptos generales, el tipo de donante (empresa o ciudadano), así como el destino interno de las mismas.

•             Actualización de Datos Covid-19: Se redirige al portal donde se publican, de manera diaria, los datos sobre el número de casos en el estado. Este portal también presenta algunos problemas, pues los datos son actualizados totalmente todos los días, lo que imposibilita hacer un seguimiento concreto del avance del Covid-19 en el estado, en particular a nivel municipal. En este caso, es necesaria una base de datos abiertos, como la que publica todos los días la federación, para poder tener un seguimiento claro de los casos confirmados, los casos activos, los fallecimientos y sus causas, así como los municipios afectados por esta pandemia. Otro aspecto a señalar es que los datos sólo se actualizan de lunes a viernes, faltando los datos desagregados del fin de semana.

Por lo anteriormente expuesto, las organizaciones firmantes consideran que el Portal Transparencia Covid19, no satisface cabalmente el derecho de acceso a la información pública y el principio de máxima publicidad por parte del Gobierno del Estado, siendo un ejercicio limitado de transparencia.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que, en caso de generar información de manera proactiva, ésta se dé “en formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”.

Un portal no sustituye las solicitudes de información

Si bien la puesta en funcionamiento de sitios web con información de interés público sobre las acciones y medidas desarrolladas para la atención de la pandemia por Covid-19 son un buen ejercicio de transparencia proactiva, su desarrollo no sustituye la atención de las solicitudes de acceso a la información pública establecidas en el marco normativo.

A partir de la puesta en marcha de la Jornada Nacional por la Sana Distancia, a nivel local se declaró la suspensión temporal de los plazos para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública, misma que hasta la fecha continúa vigente. Esta medida limita el derecho a la información de las y los ciudadanos.

Sobre estas medidas, la CIDH ha exhortado a “los órganos que garantizan este derecho y a los sujetos obligados [a] otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública, […] En los casos de postergación de los plazos de solicitudes de información en asuntos no vinculados a la pandemia, los Estados deberán fundamentar la negativa, establecer un espacio temporal para cumplir la obligación y admitir la apelación de estas resoluciones.”

Asimismo, desde la Open Government Partnership (OGP) se ha recomendado que se “otorgue prioridad particular a las solicitudes relacionadas con la respuesta a la pandemia y sus impactos (salud, economía, educación, empleo y medidas sociales)” y que, en caso de que “responder a todas las solicitudes (sea) un desafío, (se) supervise las solicitudes y garantice la publicación proactiva de la información más solicitada”.

En ese sentido, consideran urgente que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIP), en su calidad de órgano garante del derecho humano de acceso a la información a nivel local, revoque la suspensión general en la atención de las solicitudes de acceso a la información y reactive los plazos en aquellas dependencias y entidades, tanto a nivel estatal como municipal, con actividades esenciales dentro de la contingencia por el Covid-19, como a nivel federal lo hizo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Expertos internacionales han señalado que “la salud humana no sólo depende del fácil acceso a la atención sanitaria. También depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a sí mismo, a su familia y su comunidad”.

El acceso a la información pública, como parte del derecho humano a la información, resulta fundamental para la toma de decisiones de las y los ciudadanos y es un elemento clave para la rendición de cuentas. En el contexto de la pandemia por el Covid-19, su garantía y respeto, como obligaciones del Estado Mexicano, es esencial.

El posicionamiento fue firmado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Capítulo Puebla; Nodo de Transparencia; Alianza para Combatir el Rezago Económico y Patrimonial en Hogares Vulnerables; Capítulo Puebla Barra Mexicana de Abogados A.C.; Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; Fundación Madai; Gobierno Fácil; Integradora de Participación Ciudadana A.C.

Así como Lado B; Movimiento Ciudadano de Apoyo Mutuo; Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática; Observatorio de Transparencia “Con los Ojos Abiertos”; Opción Ciudadana

*Red Social Contraloría Ciudadana Puebla A.C.; Serendipia; Unión de Asociaciones Civiles del Estado de Puebla; Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad.

e-consulta
Ciudad de Puebla
Miércoles 17 de junio de 2020.


Partidos políticos y legisladores censuran al gobernador Miguel Barbosa


El PAN, PRI y diputados acusaron que la denuncia del gobierno de Puebla contra Luz Andrea Esparza Vergara es una venganza política contra su padre, el rector Alfonso Esparza Ortiz, con el fin de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta tome el control de la BUAP.

Tras darse a conocer que la denuncia es por presuntas discrepancias de ingresos y gastos de hace siete años, legisladores reprobaron que en medio de la crisis sanitaria por Covid-19, el mandatario de Morena se dedique a perseguir opositores.

La dirigencia estatal del PRI acusó que el gobierno estatal ejerce persecución política contra el rector y se solidarizó con él.

A través de su cuenta de Twitter, el tricolor aseguró que estará "pendiente" de que las investigaciones se realicen con transparencia y apego a la ley.

"Nos solidarizamos con el Rector @alfonsoesparzao por la persecución política de la que ha sido objeto por parte del Gobierno del Estado. Así mismo estaremos pendientes de que los procesos de investigación se hagan de manera transparente y apegados a la Ley", publicó el partido.

PAN ve rencor y venganza

La dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, a su vez reclamó que Barbosa Huerta se conduce por “el rencor y la venganza”.

En Twitter enfatizó que no solo los panistas opinan así, pues se solidarizó con el rector luego de que este acusó que la denuncia contra su hija es una venganza política.

“No somos los únicos que lo decimos: el gobierno de @MBarbosaMX se conduce desde el rencor y la venganza. Nuestra solidaridad con el rector @alfonsoesparzao. #NoMásBarbosadas”, publicó.

Barbosa pierde el tiempo en vendettas

Por la bancada del PRI en el Congreso, el diputado Javier Casique Zárate señaló que un gobernante hace mal en “perder el tiempo en vendettas” de índole político.

El exdirigente estatal del tricolor alertó que habrá zozobra y polarización si el poder se usa como instrumento de venganza.

“El poder es un instrumento que sirve para construir acuerdos y conciliar intereses. Si se utiliza como instrumento de venganza siembra zozobra y polariza a la sociedad. Mal hace un gobernante en perder tiempo en vendettas y batallas en las que nadie gana. #AsiNo”, sentenció.

Su mensaje lo acompañó del fragmento de la columna “Templo Mayor, del periódico Reforma, donde este día se dio a conocer la denuncia realizada por la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Acusan uso faccioso del poder

El diputado José Juan Espinosa Torres (del PT), acusó un uso “faccioso” del poder y exigió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Congreso de la Unión.

En su cuenta de Twitter señaló que en Puebla “el casique no tiene límites” y externó su respaldo a Esparza Ortiz.

“#ConLaFamiliaNo En #Puebla “El Cacique” no tiene límites. Mi solidaridad y respaldo absoluto @BUAPoficial @AlumnadoB, a su Rector @alfonsoesparzao. Hago un llamado a @CNDH @FGRMexico @senadomexicano @Mx_Diputados a que den estricto seguimiento al uso faccioso del poder público”, refirió.

Esparza acusa persecución

Esparza Ortiz por su parte acusó que la denuncia contra su hija es persecución política y venganza personal por parte de Barbosa Huerta, por no permitir que “se apodere” de la BUAP.

“Lamentable que el gobierno de Puebla utilice las instituciones públicas para venganzas políticas o personales. NO permitiré que el rencor que le generó no cumplir su intención de apoderarse de la BUAP la afecte, y menos que dañe a mis familiares”, sentenció en Twitter.

El rector se dijo abierto a la transparencia, siempre y cuando esta sea apegada a derecho, pero exigió no involucrar a su familia en venganzas políticas.

“Estaré siempre abierto a que, apegadas a Derecho, las autoridades revisen mis cuentas, las de mi familia y las de la BUAP; pero, si se quiere cobrar una venganza política, que lo hagan conmigo, NO con la Universidad, NI con mis familiares. #NoMásPersecuciónPolítica”.

e-consulta
Héctor Llorame
Ciudad de Puebla
Lunes 8 de junio de 2020.


Barbosa Huerta, está violando la autonomía universitaria puesto que no tiene el derecho, ni las facultades para auditar la institución


Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la Dirigencia Nacional de Morena, señaló al gobernador de Puebla; Luis Miguel Barbosa Huerta, por utilizar la administración y procuración de la justicia y a una unidad de inteligencia financiera para vengarse de los que considera sus enemigos políticos.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el morenista enfatizó que a sus enemigos “los quiere anular políticamente, los quiere amagar y meter a la cárcel”.

“Lo más deleznable es que se va contra las mujeres como es el casos de esposas y familiares de exfuncionarios y también contra la hija del rector de la BUAP”, expresó.

Manifestó que Barbosa Huerta, está violando la autonomía universitaria puesto que no tiene el derecho, ni las facultades para auditar la institución, ya que eso le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASE).

“Usted no es autoridad competente, no quiera controlar a la universidad que pacíficamente va a defenderse, usted es un misógino gobernador. En el 2022 vamos a proponer la revocación de mandato porque en el 2021 nos vamos a ir con Morena, no nos conviene porque usted nos ha traído desprestigio y vergüenza”, enfatizó Díaz Durán.

Cabe recordar que el pasado miércoles 27 de mayo, el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, denunció una persecución del gobernador de Puebla, contra su persona y su hija; quien la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, inició una investigación por una supuesta discrepancia entre sus ingresos y egresos de 2013 a 2017.

24 Horas
Puebla, México
Sábado 6 de junio de 2020.


Al reconocer que es referenciado como “alguien que se ha separado de la estrategia federal”, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aprovechó la rueda de prensa de este martes para aclarar que no traicionará al presidente Andrés Manuel López Obrador y que se mantendrá “leal” al tabasqueño “hasta el último suspiro”.

Regreso Gradual

A partir de que ha insistido en su postura de que no hay condiciones en Puebla para reactivar la industria automotriz y de la construcción, medios de comunicación nacionales, “cuestionadores de los políticos de la 4T”, dijo, le ofrecieron micrófonos para exponer su postura.

 “Pero no acepté ninguna (entrevista) porque yo no voy a ser parte de una estrategia mediática por la cual sea yo utilizado para ponerme en contradicción con quien yo admiro enormemente, quien es mi líder de movimiento y que se llama Andrés Manuel López Obrador”.

Indicó que su decreto en el que deja asentado que, contrario al lineamiento nacional, en Puebla no hay condiciones para que el 1 de junio retornen a la producción las armadoras de carros y las empresas constructoras, está inspirado en los principios de la “cuarta transformación” y en cercanía con el pueblo.

“Yo estoy seguro que, si Andrés Manuel López Obrador hubiera sido gobernador de Tabasco en este momento, hubiera actuado como lo estamos haciendo en Puebla, defendiendo a los tabasqueños, como yo lo estoy haciendo, defendiendo a los poblanos”, afirmó.

Prosiguió: “Alguien por ahí sacó que yo estoy preparando la traición contra López Obrador, no, de ninguna manera, podrá el licenciado López Obrador enojarse conmigo y nunca más hablarme en mi vida y yo seré leal con él, hasta el último suspiro. Leal a sus principios porque yo sigo su ruta, él es un hombre de principios y yo quiero ser un hombre de principios como él”.

Agradecido con la pregunta que le permitió explayarse y asegurar que es un político formado “al lado” del presidente López Obrador, el gobernador poblano también se refirió a la polémica generada por la Ley Estatal de Educación, sobre lo cual sostuvo que “aguanta vara” y que no le tiemblan las piernas.

“Yo sitúo perfectamente que estoy actuando con honestidad, como un hombre de a de veras, no como un payaso. En el tema de la Ley de Educación aguanto vara, no me tiemblan las piernas, una de ellas porque es de titanio y la otra nunca me ha temblado”.

De acuerdo con Barbosa, las actuaciones de su gobierno, como lo es dicha ley, son con visión de una “sociedad de izquierda”, que es la postura por la que los poblanos votaron por su candidatura.

“No es un conjunto de conceptos ideológicos, es una forma de vida, es vivir con principios donde estemos orientados por la honestidad, por la transparencia, por la cercanía a la sociedad, por el combate a la corrupción. En Puebla encontré todo retorcido y lo estamos re enderezando.

“Todos los días me escriben cosas, pero esas columnas se mueren en el momento porque no presentan ninguna prueba, ni la presentarán, me dan risa, conmigo no va a haber de eso”, remató el gobernador.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 26 de mayo de 2020.


Rodolfo Ruiz R.

•    Fármacos DAROVI obtuvo por asignación directa la compra de medicamentos del ISSSTEP

•    Y Abadi el suministro de alimentos para todos los penales de la entidad


¿Recuerda que hace unos días le platiqué aquí que seis licitaciones nacionales para la contratación de bienes y diversos servicios del ISSSTEP se habían suspendido, para favorecer a ciertos proveedores, y que por esa razón Karen Berlanga Valdés había sido removida de la dirección general del Instituto?

Pues le cuento que dichos contratos se están adjudicando de manera directa y uno de ellos, el de medicamentos genéricos, se entregó a una empresa vinculada al Corporativo Kosmos, que es uno de los consentidos de la administración del gobernador Luis Miguel Barbosa, pese a que según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es investigado por operaciones irregulares presuntamente relacionadas con lavado de dinero en el suministro de despensas para el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

La empresa beneficiada con el servicio de abasto, distribución, dispensación y administración de inventarios de medicinas y productos farmacéuticos genéricos para el ISSSTEP, fue Fármacos DAROVI SA de CV, que hace algunos años fue adquirida por los dueños de Kosmos, la familia Landsmanas, de origen judío letón-lutiano.

De acuerdo con fuentes cercanas al equipo que coordinó la campaña de Miguel Barbosa, los directivos de este corporativo —conformado por las empresas La Cosmopolitana, Café Bersa, Productos Serel y Abastos y Distribuciones Institucionales (Abadi)— fueron de los pocos que en 2019 sí apoyaron económicamente al entonces candidato de Morena a la gubernatura.

Otra empresa del Corporativo Kosmos que hace poco también fue favorecida por la administración de Miguel Barbosa con contrato de más de 90 millones de pesos fue Abastos y Distribuidores Institucionales SA de CV (Abadi).

Dicha firma ganó la licitación pública nacional GESAL-022-117/2020 para surtir siete mil raciones de alimentos para los internos de los penales de San Miguel, Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán, así como del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa) y la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Procesal.

EN CORTO

Nada bien le ha caído a la rectora de la Universidad Politécnica de Puebla (UPP), Mayra Sánchez García, y a un sector amplio de docentes las alas que el secretario del Trabajo del estado, Abelardo Cuéllar Delgado, viene dando a un grupo de profesores de asignatura que pretenden constituir un sindicato, a costa de la estabilidad de la institución.

Y no sólo por el golpeteo político que la rectora recibe en Facebook del Sindicato Único de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad Politécnica de Puebla, sino porque los cabecillas de esta organización —carente de toma de nota— están lejos de representar a la mayoría de los docentes.

El supuesto sindicato, que tiene como secretario general al profesor de asignatura Carlos Castillo Cortés, ha enviado cartas al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y al secretario del Trabajo solicitándoles su intervención para castigar la supuesta corrupción académica, el acoso laboral, irregularidades en la nómina y la ineptitud de sus directivos.

Sin embargo, cada vez que la rectora Mayra Sánchez o el director Jurídico de la UPP han convocado a Carlos Castillo a negociar éste se ha rehusado a hacerlo, con el argumento que el encuentro no sólo debe ser con él, sino con el Comité Ejecutivo de su no reconocido sindicato.

Una cuestión que ha perjudicado a los promotores del Sindicato es que varios de éstos carecen del reconocimiento profesional de sus pares, ya que algunos hasta han sido acusados de acoso sexual.

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“Pasado, presente y futuro del Estado mexicano. Crónica de una modernidad inconclusa”, es el título del libro que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) acaba de publicar al doctor Héctor Hernández Sosa, docente de varias universidades de la entidad, ex coordinador del Instituto Metropolitano de Planeación del Estado de Puebla (desaparecido por el gobierno de Barbosa) y presidente en dos ocasiones del Instituto local de Administración Pública.

El libro tuvo su origen en la tesis doctoral de Héctor Hernández, pero se amplió con nuevos capítulos, entre ellos algunos dedicados al futuro del Estado mexicano en los tiempos de la llamada Cuarta Transformación y al populismo del siglo XXI.

Este último capítulo, el 12 de los que conforman el libro, que lo incluyó a sugerencia del doctor Luis F. Aguilar Villanueva, está por convertirse en un nuevo libro de Héctor Hernández, el cual seguramente concluirá cuando termine el encierro provocado por el Covid-19, sobre el populismo del siglo XXI en México, América y el mundo.

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Este lunes tendría que adjudicarse el fallo del concurso para el suministro de desayunos fríos para el Sistema Estatal DIF, de la licitación pública nacional GESAL-031-273/2020.

Se trata de un contrato que superará seguramente los 222 millones de pesos y que está peleando Corporativo Kosmos a través de Abastos y Distribuidores Institucionales (Adabi).

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e-consulta
Rodolfo Ruiz R.
Puebla, México
Domingo 24 de mayo de 2020.


El PRD en Puebla cuestiona al mayor perredista del país.

Puebla.- La fracción parlamentaria del PRD cuestionó en la Cámara de Diputados la opacidad que prevalece en el programa que instrumentó el gobernador Miguel Barbosa Huerta para entregar despensas a población vulnerable por la crisis generada por la pandemia de covid-19.

En un punto de acuerdo presentado este martes, los legisladores del PRD reclaman al mandatario poblano transparentar la información relativa al programa “Puebla Unida”, que consiste en la entrega de paquetes alimentarios y de higiene a pobladores de zonas marginadas de la entidad.

Los perredistas advierten que la entrega de despensas en Puebla se lleva a cabo sin que Barbosa Huerta haya precisado la inversión aplicada, los proveedores de los productos incluidos en los paquetes, el padrón de personas beneficiadas, los lugares en dónde se han distribuido, ni evidencia alguna que permita dar seguimiento o fiscalizar la entrega de estos apoyos.

Vladimir Luna Porquillo, integrante de la dirigencia estatal perredista, explicó que si bien su partido considera aceptable la entrega de despensas para mitigar la situación de las personas que perdieron sus empleos o viven al día en esta entidad, lo que cuestiona son los mecanismos que utiliza el gobierno de Puebla para su entrega.

Afirmó que hasta ahora el programa se ha manejado de manera opaca y discrecional al no existir líneas operativas definidas para el funcionamiento de este programa.

“No existe una evidencia concreta sobre la entrega de las despensas y pareciera basarse todo en una estrategia publicitaria y de propaganda política”, expresó.

Señaló que el gobierno estatal no puede implementar un programa como es la entrega de despensas de forma arbitraria y sin que reúna las condiciones para ser fiscalizado.

De igual forma, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta, ha pedido la intervención del Instituto Estatal Electoral para que investigue y supervise el reparto de las despensas, al coincidir en que no existen reglas de operación, ni criterios en su distribución.

“Sólo demuestran la miseria humana de quienes lucran con la necesidad de la población”, dijo al asegurar que la entrega discrecional de estos apoyos puede ser usada con fines políticos.

Además, explicó que el reparto de despensas sin reglas específicas implica una transgresión a la normatividad, pues se incide directamente en el ánimo de la población precisamente a unos meses que inicie el periodo de elecciones en esta entidad.

Hasta ahora, cuando el gobernador ha sido cuestionado sobre las reglas para la entrega de los paquetes alimentarios, sólo afirma que su entrega es “universal” y que no habrá intermediarios, por lo que se repartirán casa por casa en las colonias y regiones más marginadas de la entidad.

Sin embargo, su gobierno no ha rendido ningún informe para poder corroborar o dar seguimiento a la entrega de esos apoyos. En ruedas de prensa destaca constantemente que “los súper paquetes” que reparte su administración son costales de productos alimentarios y de higiene que pesan más de 25 kilos.

Las despensas de la alcaldesa

También la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco puso en marcha un programa de entrega de despensas. La edil ha precisado que invirtió más de 12 millones 400 mil pesos en 37 mil apoyos alimentarios que repartirá en 153 colonias que, de acuerdo con el Coneval y el Instituto Municipal de Planeación registran alto y muy alto rezago económico.

Sin embargo, los medios locales han evidenciado que por la falta de coordinación que existe entre el Ayuntamiento y el gobierno estatal, las despensas se entregan en las mismas colonias y, muchas veces, a los mismos beneficiados de los apoyos estatales.

También se ha cuestionado sobre el costo de las despensas pues en un principio se anunció que se entregarían 27 mil paquetes, lo que colocaba el costo de cada uno en 459 pesos, lo cual no correspondía al precio de los productos incluidos.

Ante esto, las autoridades municipales recularon y anunciaron que el programa incluía otros 10 mil apoyos, lo que redujo la inversión por paquete a 330 pesos.

El diputado panista, Oswaldo Jiménez, dijo que esto evidenció que la alcaldesa y su hermana Mayté, quien es titular del DIF municipal, pretendían quedarse con un “moche” de 4.5 millones de pesos, pero que al verse descubiertas, trataron de “cuadrar cifras” con las otras 10 mil despensas.

“Para Rivera Vivanco, exhibir durante casi dos años su incapacidad es vergonzoso, pero mostrarse corrupta sin pudor durante la emergencia, es miserable”, manifestó Jiménez.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx
Martes 5 de mayo de 2020.



The World Justice Project reveló un débil sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos



El estado de Puebla obtuvo una calificación reprobatoria de 0.35 puntos, según el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, elaborado por la organización internacional The World Justice Project, que mediante encuestas capturó las experiencias y percepciones de más de 25 mil ciudadanos y 2 mil 600 expertos en los 32 estados del país.

En los últimos cinco lugares de puntaje en el ranking nacional se encuentran Ciudad de México (0.36), Morelos (0.36), Quintana Roo (0.35), Puebla (0.35) y Guerrero (0.33).

Puebla desciende

La entidad tuvo un retroceso en el puntaje del índice de Estado de Derecho de 2018 a 2019 y 2020, igual que Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.

Se observaron disminuciones en los factores: ausencia de corrupción, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

En el factor 4 de derechos fundamentales, Puebla registró 0.44 puntos. Los números indican que la adhesión de los poblanos a la igualdad de códigos y procesos legales es débil.

Débil sistema de justicia penal

En el factor 6 denominado cumplimiento regulatorio, la entidad obtuvo 0.40 puntos. Mientras que en el factor 8 de justicia penal la puntuación fue de 0.29 por el débil sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos.

En contrapesos, el estado obtuvo 0.33 puntos en cuyo factor se evalúa si la sociedad civil y la prensa son contrapesos fuertes al Ejecutivo Estatal. En cuanto a la ausencia de corrupción el puntaje fue de 0.32, lo que significa que en este rubro el estado es débil.

La organización The World Justice Project también identificó que la calificación del Congreso local fue de 0.35 puntos donde la oposición se quedó sin mayoría relativa.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Ciudad de Puebla, Mx.
Domingo 19 de abril de 2020.

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