La Auditoría Superior del Estado (ASE) recibió un centenar de denuncias de actos de corrupción que pesan sobre los gobiernos del PAN que encabezaron Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad, principalmente por compras que se soportaron en facturas apócrifas.

El nuevo titular de la ASE, Francisco José Romero Serrano, anunció una auditoría especial de ambas gestiones y de constatar las irregularidades propondrá al Congreso de Puebla la imposición de sanciones contra los funcionarios responsables, aunque ya no formen parte de la administración pública estatal.  

En entrevista, explicó que existe un periodo de prescripción de cinco años, por lo que todavía son sancionables conductas cometidas a partir de 2015.

El responsable de la fiscalización de recursos públicos en el estado abundó que la ASE también revisará el costo de la infraestructura detonada por los gobiernos albiazules bajo el esquema de proyectos para la prestación de servicios, para verificar si se encuentran dentro de los márgenes razonables y aceptables.

De acuerdo con el auditor, en la mira se encuentra el Museo Internacional del Barroco (MIB), las plataformas Audi y el Centro Integral de Servicios que se erigió en la zona de Angelópolis.

Remueven a 20 aviadores de la ASE

A tres semanas de rendir protesta de cargo, Francisco Romero Serrano dio a conocer que encontró 20 aviadores en la estructura administrativa de la ASE que le heredó su antecesor en el cargo, David Villanueva Lomelí.

Detalló que los trabajadores se encontraban asignados a áreas para las cuales carecían de perfil, por lo que ordenó su cese.

La existencia de aviadores la adelantó Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidente de la Comisión Inspectora del Congreso de Puebla, en entrevista el 22 de noviembre pasado.

La representante popular, integrante del grupo parlamentario del partido Morena, señaló que el chofer de Villanueva Lomelí se encontraría entre ellos, según versiones extraoficiales.

David Villanueva dejó el órgano fiscalizador del estado el 30 de abril pasado para rendir protesta de cargo como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), posición en la que se mantendrá hasta 2023.

Encabezó la ASE desde 2011 y en los ocho años que estuvo en el cargo enfrentó acusaciones de la oposición de proteger a los gobiernos del PAN en la fiscalización de recursos públicos.

La Jornada de Oriente
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 19 diciembre 2019.


La captura de Genaro García Luna, el estratega del combate contra el tráfico de drogas entre 2006 y 2012, promete un juicio de alto voltaje por sus repercusiones políticas


Hace once años, por estas fechas, México despertó con decenas de mensajes del narcotráfico colgando de puentes y farolas en puntos clave de seis Estados del norte y sur del país. Era una de las formas de comunicación de la delincuencia organizada: “Genaro García Luna es el narcotraficante con más poder, él y su grupo de sicarios que están en la Policía Federal Preventiva… son sicarios al servicio del Cartel de Sinaloa”, decía una pancarta supuestamente firmada por el cartel del Golfo de 15 metros de ancho por cinco de alto que colgaba sobre el mercado principal de la capital de Oaxaca. Agentes de policía ocultaron el texto y nadie le dio demasiada importancia. Era el enésimo intento de los criminales por manchar la reputación del todopoderoso secretario (ministro) de Seguridad del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, el gran estratega del combate a los carteles entre 2006 y 2012.

Esta semana una acusación similar sobresaltó al país que suma más de 200.000 muertos y 40.000 desaparecidos por la violencia. Esta vez no fue anónima. Estados Unidos detuvo el domingo 8 de diciembre en Texas a García Luna, un ex espía y supe policía de 51 años que gustaba de las Harley Davidson y los Mustang y reconocido por crear en 2001 la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el FBI mexicano. La Fiscalía que sentó al capo Joaquín El Chapo Guzmán en el banquillo de los acusados para lograr tras cuatro meses de juicio una sentencia de cadena perpetua acusa ahora al exministro de haber recibido “decenas de millones de dólares en sobornos durante varios años” para brindar protección al cartel que lideraba El Chapo, el de Sinaloa, una de las organizaciones que debía combatir. Las autoridades también lo acusan de planear la entrada de varios kilos de cocaína en el país.

La caída de este Ícaro de altos vuelos en el mundo del espionaje y la seguridad es especialmente dura. El poderoso golpe que ha cortado las alas de García Luna fue asestado por las mismas manos que durante años lo avalaron: el Gobierno de Estados Unidos. La guerra mexicana contra el narco tiene su mito fundacional en el Operativo Michoacán, la decisión de Calderón, en diciembre de 2006, de enviar a 6.000 efectivos a un Estado que cerraba aquel año con más de 600 asesinatos. México, sin embargo, se encontraba en ese momento con la cifra más baja de homicidios de su historia moderna.

Otra versión indica que el inicio de la guerra ocurrió un par de meses antes en Cuernavaca, cerca de la capital mexicana. Karen Tandy, la administradora general de la Agencia Antidrogas de Washington, la DEA, y su encargado para América del Norte y Centroamérica, David Gaddis, se reunieron en octubre con García Luna y Eduardo Medina, los pilares de la política de seguridad del Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). El académico Luis Astorga considera en “¿Qué quería que hiciera?” (2015) este momento como uno de los que forjaron el combate al narco. Con Calderón, García Luna se ocuparía de la Secretaría de Seguridad y Medina Mora de la Fiscalía General. Los dos desarrollarían los designios de la DEA, que alertaba de la descomposición de algunas regiones de México. Ambos exfuncionarios viven hoy horas muy bajas. El primero espera su juicio en Estados Unidos. El segundo abandonó, en medio de un escándalo, su cargo de 15 años como miembro del Tribunal Constitucional después de que llegaran a conocimiento público depósitos millonarios en sus cuentas bancarias.

Tras la reunión en Cuernavaca, García Luna amasó más poder y se convirtió en un influyente instrumento. En enero de 2008 pasó varios días en Washington convenciendo a funcionarios y legisladores de que aprobaran un paquete millonario de ayudas. En su viaje, el señor de la guerra al narco se reunió con miembros del Gabinete de George W. Bush, el FBI y el Servicio Secreto. La presión funcionó y el grifo se abrió. 400 millones de dólares fueron transferidos en la polémica Iniciativa Mérida, destinada a mejorar la profesionalización de su cuerpo policíaco, la Policía Federal, que creció bajo su tutela de 5.000 elementos a más de 35.000. A finales de 2008, el veterano general Barry McCaffrey, encargado de escribir un informe sobre la situación mexicana, defendió la inversión, que aumentaría hasta los 1.400 millones en los años siguientes. “El gasto propuesto en apoyo del Gobierno de México es una gota en un cubo en comparación con lo que se ha gastado en las guerras de Irak y Afganistán, que han consumido 700.000 millones de dólares. Lo que está en juego en México es enorme. No podemos permitirnos tener un narcoestado como vecino”, escribió el militar a coroneles de la academia de West Point.

La buena relación de García Luna con sus contrapartes estadounidenses continuó. En 2009 se reunió con Hillary Clinton, secretaria de Estado. Era confidente de los embajadores de Washington. En 2011 viajó al norte para presentar su libro Para entender: el nuevo modelo de seguridad para México a pesar de tener poco que celebrar. El país había pasado de 10.000 homicidios en 2006 a 27.000 en 2011. Al concluir el Gobierno de Calderón, García Luna se mudó junto a su esposa a Miami, a la lujosa zona de Golden Beach. Soñó con un retiro dorado y el año pasado comenzó los trámites para convertirse en estadounidense. Ignoraba que su anfitrión llevaba años investigándolo. “Las autoridades obtuvieron informes financieros relacionados con el acusado que reflejan que, al momento de su llegada a Estados Unidos, en 2012, había amasado una fortuna personal que era incompatible con el salario de un funcionario público en México”, asegura la acusación del distrito Este de Nueva York.

Las señales estuvieron siempre allí para quienes quisieran verlas. “Era un secreto a voces que García Luna estaba involucrado con la delincuencia”, asegura el ex comisario de la Policía Federal Javier Herrera Valles. Este policía de 64 años fue la gran voz crítica a los operativos “sin dirección ni trabajo de inteligencia” que orquestó la cúpula de García Luna desde el Ministerio de Seguridad. La decepción de operaciones pobremente planeadas, que buscaban principalmente tener eco en los medios de comunicación, lo llevó a detallar la situación a Felipe Calderón. “Pensé ingenuamente que no estaba informado”, señala. Herrera describió al presidente la situación de la policía en dos cartas, en febrero y mayo de 2008. “Lo más preocupante para la seguridad pública de nuestro país es que el ingeniero García Luna continúa sin dirección en la policía, mintiéndole a usted y a la sociedad haciéndole creer de una coordinación que no existe”, asegura un largo texto que documenta diversas irregularidades protagonizadas por los seis hombres de confianza del secretario.

La única respuesta que Herrera Valles recibió entonces llegó seis meses después, cuando fue detenido y golpeado por agentes de la Fiscalía. Los supuestos testimonios de un testigo protegido lo mantuvieron en prisión tres años, diez meses y veintiún días. El mensaje fue claro. “García Luna tuvo una protección institucional durante dos sexenios y contaba con el cobijo de la Fiscalía General. El presidente Calderón estaba coludido”, añade Herrera. Ahora, más de una década después, el expresidente Calderón ha dado respuesta pública a las quejas de Herrera Valles. En Twitter, dijo que los textos no hacen ninguna acusación específica respecto al vínculo de García Luna con Sinaloa. “No tenía conocimientos de los hechos de los que es acusado”, reiteró Calderón.

El juicio a García Luna comenzará en 2020. No será tan mediático como el de El Chapo, pero en México será de alto voltaje. Su sentencia será también la de una estrategia de seguridad que ha dejado centenares de miles de víctimas y que tiene dos rostros públicos: el de García Luna y el propio Calderón.

El País
Luis Pablo Beauregard
Ciudad de México / Madrid
Domingo 15 de diciembre de 2019.


El ex Comisario de la Policía Federal Preventiva durante el sexenio de Felipe Calderón afirmó que, desde el 2008, le informó a través de dos cartas al exmandatario sobre la corrupción del entonces secretario de seguridad federal, Genaro García Luna, y de otros miembros del círculo cercano presidencial.


El expresidente Felipe Calderón supo de los vínculos de su Secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, con el crimen organizado, reveló Javier Herrera Valles, quien fungió como Comisario General de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el sexenio calderonista.

En entrevista con Aristegui en Vivo, Herrera Valles, quien fungió como Comisario general de la PFP del 2006 al 2008 durante el gobierno de Calderón, dijo que él denunció a García Luna a través de dos cartas que le envió al entonces presidente en febrero y en mayo del 2008.

García Luna fue detenido este martes por autoridades estadounidenses en la localidad de Grapevine, en Texas, acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York de haber recibido “sobornos multimillonarios” del Cártel de Sinaloa.

Los fiscales imputaron a García Luna tres cargos por conspirar con organizaciones criminales para llevar cocaína a Estados Unidos y uno más por mentir a las agencias de migración de ese país para obtener la ciudadanía.

Por su parte, Herrera Valles dijo que la primera carta, enviada en febrero a Calderón, le fue entregada a García Luna por “una traición” del entonces Secretario de Turismo federal, Rodolfo Elizondo, a quien Herrera Valles le había entregado una copia.

Sin embargo, esa primera misiva también le fue entregada a Calderón, a través de César Nava, entonces secretario particular del Presidente, aseguró el ex mando policíaco.

Luego, Herrera Valles sostuvo que envió en mayo una segunda carta a Calderón, con evidencia de los presuntos vínculos entre García Luna y grupos del crimen organizado.

“En mayo le mando una nueva carta el presidente con anexos en donde pruebo mis dichos, no nada más son señalamientos sin fundamento, y no pone atención, realmente el presidente sí estuvo enterado desde el 2008 de todas las irregularidades en que estaba incurriendo esta gente, y de los hechos posibles constitutivos de delito en que estuvo metida toda su gente”, dijo el ex funcionario federal.

Entre los funcionarios denunciados en sus misivas por el entonces mando policíaco de la PFP por presuntos vínculos con el crimen organizado estaban altos funcionarios de la Secretaria de Seguridad Pública federal como Luis Cárdenas Palomino, Víctor Garay Cadena, Armando Espinosa de Benito y Facundo Rosas.

“Genaro García Luna protegió a todo su equipo, a toda su camarilla y obviamente con el visto bueno del presidente, y con la complicidad de Eduardo Medina Mora (entonces Procurador General de la República) que se prestó para fincarme cargos de delincuencia organizada, de lo que yo estaba acusando a Genaro García Luna y a su gente”, dijo el ex Comisario.

Tras sus denuncias, Herrera Valles fue detenido en noviembre de 2008 acusado de estar vinculado con el Cártel de Sinaloa. Fue sentenciado en diciembre del 2011 a 10 años y tres días de prisión por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Herrera Valles fue absuelto en septiembre del 2012 del delito de delincuencia organizada por un Juez de Nayarit, tras considerar que los elementos con los cuales fue acusado por el Ministerio Público Federal no tenían sustento.

En la entrevista, el ex Comisario añadió que también Marisela Morales, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), “se prestó” para proteger a García Luna.

Herrera Valles recordó que, otra de las razones por las que escribió la primera carta a Calderón fue que los operativos y retenes federales se realizaban sin estrategia ni capacitación.

Sin embargo, esto ocasionó su despido como jefe de la División de Seguridad Regional, así como una persecución en su contra.

Ante esto, el ex policía envió la segunda carta en mayo del mismo año, pero tampoco obtuvo una respuesta.

“El presidente Calderón estaba debidamente enterado, no nada más de las irregularidades administrativas sino de los delitos en los que estaba inmiscuido este personal, desde que venía de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), con Genaro García Luna. Traían problemas de ventas de plazas, secuestros, homicidios, narcotráfico, protección a delincuencia organizada, entre otros”, recalcó.

El ex funcionario dijo que, a pesar de que entregó copia de la segunda carta a la Procuraduría Federal de la República, a la Secretaría de la Función Pública, a las Comisiones de Seguridad del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solo la diputada Layda Sansores y algunos legisladores cercanos a ella lo apoyaron.

“Posteriormente fui detenido el 17 de noviembre de 2008 y me presentaron cargos de delincuencia organizada, con testimonios de un delincuente, de un secuestrador”.

Sobre la aprehensión de García Luna en Estados Unidos Herrera Valles lamentó que sean las autoridades de Estados Unidos las que juzguen al ex secretario de Seguridad y no las mexicanas.

Tras destacar que durante su gestión como secretario de Seguridad en Nayarit se logró fortalecer la seguridad, comentó que hay elementos muy comprometidos y muy capacitados para hacer frente a la delincuencia, tanto común como organizada.

“Hay muchos policías comprometidos que es cuestión de estimularlos, darles el sueldo correcto, los estímulos, la preparación, la capacitación y ellos saben hacer las cosas”, afirmó.

Aristegui noticias
Ciudad de México
Viernes 13 de diciembre 2019.


Genaro García Luna ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, tiene cargos por conspiración de tráfico de cocaína, así como falsedad de declaraciones ante la justicia de EE.UU, según el Departamento de Justicia.

El exfuncionario mexicano fue señalado de recibir sobornos millonarios del narcotráfico, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.


Las autoridades estadounidenses detuvieron el lunes a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, por presuntos vínculos con el narcotráfico y haber recibido millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa entre 2006 y 2012.

El Departamento de Justicia informó que presentó tres cargos por conspiración de tráfico de cocaína contra García Luna, así como falsedad de declaraciones ante la justicia de EE.UU., según un comunicado emitido por la fiscalía de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

"A cambio de sobornos multimillonarios, el acusado supuestamente permitió que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en México. García Luna fue arrestado ayer por agentes federales en Dallas, Texas, y el Gobierno buscará su traslado al Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos", explica el texto.

Richard P. Donoghue, fiscal de los EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, dijo que el arresto demuestra la determinación de "llevar ante la justicia a quienes ayudan a los carteles a infligir un daño devastador en los EE.UU. y México, independientemente de las posiciones que sostuvieron mientras cometían sus crímenes".

De acuerdo a la Fiscalía, en dos ocasiones "el Cartel entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines que contenían entre tres y cinco millones de dólares. Además, según los registros financieros obtenidos por las autoridades, cuando García Luna se mudó a los EE.UU., en 2012, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares".

De ser hallado culpable por los delitos que se le imputan, García Luna podría alcanzar una condena de entre 10 años de prisión y cadena perpetua, según el Departamento de Justicia.

La reacción de Calderón

Tras enterarse de la detención, el expresidente Felipe Calderón señaló que su postura "será siempre en favor de la justicia y la ley".

"Estoy conociendo por redes sociales la versión del presunto arresto de Genaro García Luna. Desconozco detalles y estoy pendiente de la información que confirme el hecho, como de los cargos que, en su caso, se le imputen. Mi postura será siempre en favor de la justicia y la ley", dijo en un tuit.

García Luna fue el principal encargado de desarrollar la estrategia de la llamada "guerra contra el narcotráfico", que decretó el expresidente Calderón a partir de diciembre de 2006, que provocó un aumento significativo de la violencia en ese país.

Un negro historial

Los vínculos entre García Luna y el narcotráfico fueron documentados por la periodistaAnabel Hernández en su libro 'Los señores del narco', además de orquestar una conspiración en su contra para asesinarla por develar dicha información.

"A finales de 2010, una persona que trabajaba cerca del círculo del jefe policiaco me informó que había un plan para asesinarme. Esa advertencia fue precedida por varios atentados contra mi familia, fuentes de información, contra mí, contra mi casa. Un infierno. Hace pocos meses un funcionario del gobierno americano me dijo que ellos habían confirmado que García Luna y su gente habían hechoun complot para matarme", escribió Hernández en su más reciente libro, 'El traidor'.

Durante el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York, un testigo de la fiscalía, Jesús 'el Rey' Zambada, quien era el contador del Cártel de Sinaloa, aseguró que la organización criminal creó un fondo de 50 millones de dólares para Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el mandato del presidente mexicano Felipe Calderón.

El 'Rey' Zambada informó también que, en 2005, le entregó personalmente a García Luna tres millones de dólares en un maletín cuando el funcionario estaba a cargo de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

A lo largo de su gestión al frente de la política de seguridad mexicana, el exfuncionario fue señalado de crear un montaje televisivo durante la detención de la francesa Florence Cassez, que detonó una crisis diplomática entre México y Francia durante el sexenio de Calderón.

En octubre de 2019, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, admitió que la administración del expresidente Felipe Calderón lo presionó durante la resolución judicial que decretó la liberación de Cassez, quien fue acusada de narcotráfico con pruebas manipuladas por la secretaría encabezada por García Luna.

Tras dejar su cargo, al término del mandato de Calderón, García Luna se fue a vivir a un millonario complejo habitacional en Miami, Florida, en una casa propiedad del empresario de seguridad Mauricio Samuel Weinberg,quien obtuvo millonarios contratos con el Gobierno mexicano en la venta de equipo de seguridad durante la gestión de García Luna.

RT
AFP
Alfredo Estrella
Washington, EU
Martes 10 de diciembre de 2019.


Un reportaje de Flavia Morales


Capítulo 1. Falta de controles arrebata la ayuda social

Capítulo 2. El petróleo les gana a los dueños de las tierras

El estado recibió más de 9 mil millones de pesos, equivalentes a 450 millones de dólares, en fondos sociales para comunidades petroleras entre 2014 y 2018. Los recursos han sido manejados discrecionalmente o desviados y no han servido para paliar la pobreza que es de las más altas en México. Mientras tanto, la reforma energética implementada por el ex presidente Enrique Peña Nieto mantiene en incertidumbre las comunidades que empiezan a defender sus territorios.

Falta de controles arrebata la ayuda social

Los recursos para los veracruzanos que sufren afectaciones sociales y ambientales por la explotación de petróleo han sido manejados discrecionalmente. A los desvíos de fondos y las obras fantasmas, se suman violaciones de las normas creadas con la reforma energética para mejorar las condiciones de vida en las comunidades petroleras.

Era 2014 cuando el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma Energética en el Palacio Nacional. Entonces prometió que México contaría con más recursos, que habría más empleos y que los estados que producen petróleo, aceite y gas fortalecerían sus ingresos.

A las familias del campo les dijo que la reforma les daría otro horizonte. “Les ofrecerá una nueva y sustantiva fuente de ingresos en los casos donde se produzcan energéticos en sus tierras, recibiendo una contraprestación justa, equitativa, y transparente”, dijo en su discurso.

Veracruz era pieza clave en el proceso, que implicaba la apertura del negocio de hidrocarburos a la inversión privada. En el estado se producen 88 mil barriles diarios de petróleo que no han servido para que deje de ser uno de los cinco más pobres de México.

Lo que siguió después para cumplir la promesa de hacer justa la repartición de recursos fue la creación en 2015 del Fondo para Entidades Federativas y los Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), el cual se alimenta de los impuestos cobrados a las empresas por asignaciones y contratos.

A esa acción se sumaron una serie de modificaciones en las reglas de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la distribución de donativos y donaciones y para la ejecución de programas en las comunidades petroleras. Fue un intento de controlar los desembolsos con mayor rigor y de asegurar su efecto social.

Los resultados distan de lo planteado en los decretos firmados. Veracruz ha recibido en los últimos 6 años más de 9.000 millones de pesos, aproximadamente 450 millones de dólares, en fondos petroleros. Un total de 60 por ciento provinieron del FEFMPH y de donativos de Pemex, que sumaron 5.956 millones de pesos, alrededor de 297 millones de dólares.

Las cifras millonarias, sin embargo, no han servido para cumplir la misión principal: mitigar la afectación por la extracción de hidrocarburo, atender el rezago social y generar desarrollo en las comunidades petroleras que siguen siendo las de más alta marginación en Veracruz.

Esta investigación, realizada por la Agencia Veracruzana de Noticias (AVC Noticias), en alianza con el International Center for Journalists (ICFJ) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, siguió la ruta del dinero del FEFMPH y de Pemex. Los datos recopilados confirman que parte importante del dinero se ha transferido sin mecanismos de control, lo que ha generado desvíos y el uso discrecional de los fondos.

Para documentar la ruta del dinero, se recorrieron comunidades en las tres cuencas petroleras de Veracruz, se analizaron las bases de datos de recursos públicos, licitaciones, contratos de obras, auditorías, las bases estadísticas petroleras y se realizaron 26 solicitudes de información al gobierno estatal y federal sobre el uso de estos dos fondos.

Entre 2015 y 2016, cuando Javier Duarte, ex gobernador del estado hoy en preso por corrupción, controló los recursos, más de 1.000 millones de pesos quedaron sin que se comprobara su destino. En esta investigación además se encontraron obras abandonadas, con sobrecostos y fallas de construcción graves que suman más de 42 millones de pesos.

Con el nuevo gobierno panista de Miguel Ángel Yunes, las irregularidades continuaron con el uso discrecional de recursos con fines políticos- electorales en municipios donde ni siquiera hay extracción petrolera, lo que violentó la normatividad federal precisamente destinada para favorecer a comunidades petroleras.

El dinero fue controlado por la Secretaría de Infraestructura de Obras Públicas (SIOP) del estado, que concentró el 90 por ciento de los recursos en obras de pavimentación que fueron entregadas a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a grupos empresariales privilegiados.

Las irregularidades se repiten a nivel federal, en el Consejo de Administración de Pemex se decidió distribuir más de 1.800 millones de pesos en donativos y donaciones de dinero en efectivo sin mecanismos de fiscalización. Parte de estos recursos han sido desviados o manipulados por el gobierno estatal y municipal.

Además, la petrolera ha utilizado esquemas como el Programa de Apoyo a las Comunidades y Medio Ambiente (Pacma), cuyos fondos se originan del impuesto cobrado a empresas extranjeras y nacionales, para pagar obras y proyectos que están subutilizados, con fallas de operación y con graves acusaciones de corrupción.

Veracruz reparte a discreción fondo petrolero

Sub agente municipal de Reforma Escolín, en Papantla, Veracruz. Tiene 18 años solicitando un sistema de agua para las comunidades de la sierra.

Las comunidades indígenas de la sierra norte de Veracruz son un ejemplo de las fallas sistemáticas en la aplicación de estos fondos.

Hace 68 años, los pozos petroleros invadieron el territorio de cuatro de sus comunidades. Entre las parcelas de naranja y maíz de Escolín, Nueva Reforma, Ojital y Rancho Nuevo, se estableció el campo Escolín con más de 200 pozos, pero el boom no fue suficiente para cumplir la principal demanda de los habitantes: tener agua potable.

Pastora García, subagente municipal, recuerda que los manantiales se secaron cuando Pemex hizo exploraciones con detonaciones de dinamita en varias parcelas en busca de más petróleo.

Hace casi una década, unos 3.000 habitantes integraron un comité para conseguir el sistema de agua. Desde entonces han ido y venido con decenas de planos y proyectos, han conseguido permisos y comprado terrenos para la instalación de tanques que no llegan.

García recuerda que la única temporada cuando tuvieron agua fue gracias a una conexión clandestina que hicieron con los tubos que Pemex utiliza para enviar líquido hacia los pozos. Cuando estos fueron taponeados, el acceso al agua también se acabó.

El sistema que aliviaría a las comunidades tiene un costo de 18 millones de pesos. Si se construyera, las familias dejarían de pagar pipas para abastecerse que van desde los 150 pesos a los 300 pesos.

García y otros de sus compañeros fueron el año pasado al ayuntamiento de Papantla y allí les dieron la respuesta de siempre: no hay dinero, el proyecto fue rechazado y les pidieron un nuevo estudio de factibilidad, que deberá ser pagado con dinero de los habitantes de las comunidades.

García dice que a veces quisiera regresar el tiempo, cuando en su pueblo todo era bonito. “Había arroyos, peces, camarones, teníamos de dónde tomar agua y comer, pero las redes que tendió Pemex por las parcelas acabaron con todo”.

En 2011, indignados por la falta de respuestas, los pobladores bloquearon por dos días la vialidad principal en reclamo del sistema de agua y también de mejoras en los caminos, pero no obtuvieron ni lo uno ni lo otro, sino demandas judiciales federales de Pemex.

A la comunidad de Reforma Escolín los pozos petroleros llegaron hace 68 años, pero eso no bastó para tener agua potable

Pastora vivió escondida dos semanas para evitar ir a la cárcel. Al final tuvo que pagar una fianza de 41 mil pesos y durante dos años ir a firmar al penal cada domingo.

“No tengo miedo, porque exigimos algo justo, pero me da coraje porque estamos como coladera de Pemex, por tantos pozos, y para el agua tenemos que comprar, llenar cubetas, tinas, y seguimos aquí, nos han engañado tantas veces y nos dicen una y otra vez que no hay dinero para el agua”, se queja.

Su historia se repite en otras comunidades petroleras en Veracruz donde los beneficios de la reforma energética y los recursos que Pemex destina para paliar daños, no llegan a quienes necesitan asistencia o se utilizan discrecionalmente.

La comunidad de García forma parte de la cuenca petrolera Tampico-Misantla, la de mayor reserva de crudo del país. La zona fue asignada en agosto del 2014, a Pemex en la ronda cero para extracción de gas y aceite por 20 años como parte del campo Poza Rica dentro del proceso de reforma energética adelantado por Peña Nieto.

Esto, en teoría, colocó a su comunidad automáticamente entre las que pueden beneficiarse del FEFMPP destinado precisamente para asumir los pasivos sociales causados por la explotación petrolera y que han creado rezago.

Pero mientras a Pastora y al comité del que forma parte les niegan recursos para su pequeña obra, el gobierno de Veracruz ha invertido más de 1.300 millones de pesos en pavimentaciones y rehabilitaciones de asfalto en municipios donde no hay un solo pozo y la vocación petrolera es mínima, según se estableció en la presente investigación.

Fallas en el uso del millonario recurso fueron detectadas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando advirtió que la falta de vigilancia y control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resultaba en un incumplimiento de las reglas de operación, pues el dinero se usaba a conveniencia del mandatario en turno.

El FEFMPH es alimentado por el impuesto que deben pagar las empresas públicas y privadas que realizan actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con base en la extensión de las áreas contractuales y de asignación en áreas marítimas y terrestres.

Las reglas de operación obligan a los estados a transferir al menos el 20 por ciento de sus recursos a los municipios. El dinero puede dirigirse a tipos de obras que están descritas en las normas. Se pueden construir sistemas para almacenar y distribuir agua potable o para tratar las residuales; para rehabilitar ríos, arroyos y riachuelos; para para disponer de residuos sólidos; para proteger áreas naturales; para mejorar la iluminación pública y la protección civil; para reconstruir estructuras afectadas por desastres naturales o para mejorar la vialidad y la movilidad de las comunidades.

En Veracruz, sin embargo, 98 por ciento del fondo se ha invertido en más de 900 obras de pavimentación o de ampliación y reconstrucción de caminos. Apenas 28 obras han sido de equipamiento urbano, 26 de agua y saneamiento, 6 de preservación y protección ecológica y 1 de electrificación.

Las obras de pavimentación que han concentrado el uso de los fondos se han entregado a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Un grupo selecto de empresarios pertenecientes a la cúpula de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción han sido beneficiados con contratos directos por más de 800 millones de pesos, equivalentes a 40 millones de dólares.

Las principales fallas en la aplicación del fondo en 2016 persistieron en los siguientes años. De acuerdo con el análisis de las obras reportadas en la plataforma transparencia presupuestaría, 40 por ciento de los 3. 400 millones de pesos invertidos han sido distribuidos a seis municipios que están lejos de tener una vocación petrolera. Es un monto de aproximadamente 170 millones de dólares, que generaría alivio en otros lugares donde la industria ha provocado estragos.

El FEFMPH además no contempla mecanismos de participación para las poblaciones que habitan zonas impactadas, lo que genera inequidades. Así fue establecido en una investigación del Centro de Investigación y Análisis (Fundar), que se publicó en el anuario 2017 “Las actividades extractivas en México. Minería e Hidrocarburos hacia el fin de sexenio”.

Veracruz es el estado con mayor superficie destinada a la extracción de hidrocarburo con 47.300 kilómetros y hay serias dudas del porqué municipios sin áreas de asignación o contratación, reciben recursos de este fondo, lo cual constituye una irregularidad a los lineamientos de la legislación y la normatividad.

“Además resulta llamativo que estados o municipios donde la superficie afectada por asignaciones es menor reciban mayores montos que los que tienen superficie más comprometida”, señala Carla Flores, integrante de Carto Crítica, quien colaboró en la edición del anuario.

La investigadora coincide en que el escaso control de la aplicación del fondo deja la puerta abierta para que los gobiernos usen el dinero de manera discrecional o, incluso, para que se desvíe a otros fines o a bolsillos a los que no debería llegar.

Veracruz es claro ejemplo de esto. Mientras los bastiones electorales del PAN, partido del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, recibieron obras por casi 500 millones de pesos, otros tradicionalmente petroleros como Tihuatlán, Coatzintla, y Pánuco, suman apenas 157 millones de pesos en inversión.

Incluso el municipio de Molocán, donde se encuentra Villa Cuichapa, cuya área contractual fue entregada a la empresa Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México desde el 2016 en la ronda 2, y que produce alrededor de 2 mil barriles diarios de aceite y gas, tiene una inversión del fondo de apenas 12 millones de pesos, todos destinado a pavimentación.

El bulevar de Veracruz fue rehabilitado con una inversión de 7.5 millones de dólares, el dinero fue del Fondo de entidades productoras, aun cuando aquí no hay asignaciones petroleras.

Las obras se repartieron entre panistas y constructores favoritos

Apenas el sol da tregua en el Puerto de Veracruz y la tarde cae, los juegos recién instalados en el bulevar se llenan de paseantes que se refrescan con la brisa del mar.

La obra fue inaugurada en el último día de gobierno de Miguel Ángel Yunes como una de sus contribuciones más importantes, pues aseguró es uno de los bulevares más bellos y moderno del país. La inversión es millonaria: 149 millones de pesos para rehabilitar 10 kilómetros de paseo. Junto a la obra, se construirán tres hoteles privados de cadenas internacionales, una plaza comercial y un conjunto habitacional de lujo.

La obra es realizada con recursos del FEFMPH. Según la auditoría a la cuenta pública 2017, construyó esta obra con sobre costos, y sin la supervisión técnica adecuada.

Los municipios panistas recibieron fondos petroleros por casi 25 millones de dólares aun cuando no tienen asignaciones petroleras importantes.
Aunque el Puerto de Veracruz, gobernado por Fernando Yunes Márquez, hijo del gobernador, apenas tiene unos kilómetros de áreas de asignación, suma en dos años junto a Boca del Río, municipio colindante y también bastión panista, inversiones por 455 millones de pesos.

El dinero de este fondo fue controlado en su mayoría por la SIOP, dirigida por Julen Rementería, ex alcalde de Veracruz, ex diputado, ex candidato y ahora senador por el PAN.

Con Rementería al mando, la SIOP se convirtió en la cuarta secretaría más poderosa en el gobierno de Yunes. De tener un presupuesto de 468 millones de pesos, recibió ampliaciones presupuestales por 1.935 millones de pesos, la mayoría procedente del FEFMPH.

El aumento del presupuesto le permitió lanzarse como candidato al senado por la alianza PAN-PRD con un lema de campaña que no fue elegido al azar: “Manos a la obra”.

Durante su encargo, gran parte de la obra del fondo fue asignada vía adjudicación directa o con invitación restringida a tres personas. Pero Rementería se defiende y asegura que los recursos se repartieron conforme a ley, sin favoritismos y que se asignaron las obras a los empresarios más competitivos.

El Fondo petrolero fue controlado por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, a cargo del ahora senador Julen Rementería del Puerto. Las obras se entregaron por adjudicación directa y un sector de empresarios concentró el 30 % del fondo.

Este modus operandi lo detectó la ASF en 2016 cuando revisó por primera vez el fondo. Entonces alertó que había proyectos que excedían los montos para adjudicarse de forma directa, había disparidad en las inversiones aprobadas y ejercidas, y existían falta de comprobación y proyectos que no cumplían con objetivo principal del fondo.

Las mismas prácticas continuaron en los años siguientes. Al revisar la lista de proyectos aprobados en Veracruz a través de transparencia presupuestaria, se comprobó que la SIOP otorgó al menos 250 obras vía adjudicación directa e invitaciones restringidas.

Apenas en octubre pasado, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), sancionó y ordenó una investigación contra funcionarios de SIOP, porque detectó que en la cuenta pública 2017, se habían adjudicado obras de forma directa sin justificación y excediendo los montos establecidos por ley. Además, se detectaron deficiencias en la construcción.

Un análisis de las licitaciones realizado para este trabajo reveló que 15 grupos constructores se repartieron 811 millones de pesos de obras, lo que equivalió al 30 por ciento del fondo petrolero en Veracruz, es decir más de 40 millones de dólares.

De este grupo, diez empresas constructoras pertenecen a empresarios que integran el primer círculo de poder de la CMIC. En conjunto, recibieron 311 millones de pesos en asignaciones, 90 por ciento de las cuales fueron por vía de adjudicación directa. Los otros 500 millones de pesos fueron repartidos bajo el mismo esquema de adjudicación directa entre otros cinco grupos constructores.

Adicionalmente las empresas de esta lista fueron privilegiadas con obras de otros fondos federales durante el gobierno de Duarte y Miguel Ángel Yunes.

Algunos empresarios recibieron entre cuatro y cinco contratos relacionados con el FEFMPH, a través de varias empresas donde son socios o apoderados legales. Un caso destaca: el de Ramón Montano Hernández, vicepresidente de Infraestructura y Obras Públicas de CMIC, quien recibió seis contratos vía adjudicación directa por 28.9 millones de pesos. Esto a pesar de que un año antes, el Organismo de Fiscalización del Estado, le había hecho señalamientos por la mala calidad en una de las obras, que tuvo que ser suspendida.

En 2017 una acusación anónima prendió los focos rojos al interior de la CMIC, cámara de construcción. Según ella, las grandes obras se quedaban entre los miembros del comité directivo. El entonces presidente, Pedro Medina Amador negó la acusación.

Esta reportera buscó la opinión del actual Presidente de la cámara de la construcción en Veracruz, sin embargo, al cierre de este trabajo no respondió la petición de entrevista.

Gobernador decidió obras de los fondos petroleros

En entrevista, el ex funcionario y ahora senador aseguró que no repartió las obras a modo, pero reconoció que el gobernador Miguel Ángel Yunes decidió cómo y dónde se repartían los fondos petroleros.

Entrevistado sobre los cuestionamientos de esta investigación, Rementería expresó lo siguiente: “No era vamos a repartir, si no era un juego de cartas, no hubo favoritos”

Rementería reconoce que concentrar el cuarto presupuesto más grande del gobierno le sirvió para impulsar su candidatura. “Todo suma”, admite, pero niega que existiera discrecionalidad a la hora de aplicar el fondo de entidades productoras de hidrocarburos.

Alega que para realizar la asignación de obra se consultó una lista de municipios y que si el lugar tiene un ducto o alguna instalación petrolera era susceptible de ser beneficiado. Sin embargo, las reglas de operación son estrictas y dicen lo contrario: el fondo solo se aplica a las áreas con asignaciones o contratos de exploración y explotación, lo cual se incumplió para Veracruz.

Rementería dice que ha sido tanta la mala fama del gobierno, que cuesta creer que las cosas se hagan bien. “No hay truco, simplemente es hacer el proyecto, validarlo técnicamente y ocúpate de tener el dinero y haz el contrato bien a una buena empresa, y la obra sale”.

Cuestionado sobre el criterio utilizado para destinar recursos por casi 500 millones de pesos a Veracruz y Boca del Río, contra Papantla con 51 millones de pesos, señaló que las reglas operación no establecen monto a otorgar, por lo que fue el propio gobernador Yunes quien decidió cuáles son las prioridades del estado y las obras a realizarse. Ver Diario Oficial de la Federación

También justifica que la mayor parte del fondo se dirigiera a pavimentación: afirma que esa es la principal solicitud de los alcaldes: “Es la demanda número uno, incluso por encima del agua potable o la electrificación”.

Hay un grupo de constructores que concentran las obras, se le cuestionó.

“Hay grupos de empresarios que se agruparon para hacer consorcios. Es una situación natural de la competencia, se puso el piso parejo para todos, ganaron los que eran más competitivos”, respondió.

Rementería también justifica que una gran parte de los contratos se realizaran por vía adjudicación directa, pues está permitido en Ley.

“Las cámaras me dijeron ´ ¿Cuántas obras nos va a dar?’. Respondí ni una, ve y participa, gánatela, no voy a impedir que participes, esa fue la política, y eso nos sirvió”, relata.

Rementería cuenta que cuando llegó a la secretaría en diciembre del 2016, lo recibieron con una buena noticia: había casi 100 millones de pesos disponibles para gastar como parte del remanente del FEFMPH, la única condición era gastarlo antes del 31 de diciembre.

La obra se repartió vía adjudicación directa, pero cuando se iba a ejercer, las malas noticias llegaron porque se enteraron que el gobierno de Javier Duarte solo había dejado el dinero en papel, la caja estaba vacía. Las obras se tuvieron que cancelar, y con recursos del 2017 se volvieron a licitar, lo que duplicó el costo de la infraestructura.

Desvíos, obras sin operar y con sobrecostos

Esto es parte del desorden administrativo que la propia ASF documentó en 2016, cuando alertó que de los 1.030 millones de pesos que le correspondían a Veracruz por los fondos de entidades productoras, el gobierno de Duarte solo comprobó la entrega del 10 por ciento, unos 103 millones de pesos. Lo demás desapareció y nadie atina a saber dónde está o en qué se utilizó.

Veracruz no entregó información de la comprobación de las transferencias y, por tal situación, se solicitó la intervención de las contralorías para investigar y determinar responsabilidades a los funcionarios implicados, sin embargo, a la fecha no hay reporte de las sanciones.

La auditoría cuestionó que en general el fondo se aplica con escasa supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En algunas obras el monto aprobado y el ejercido no tienen correspondencia y, en general, no se entregan reportes del gasto.

La falta de control ha derivado principalmente en que los proyectos incumplen el propósito de resarcir las afectaciones al entorno social y ecológico en las comunidades de donde se extrae el petróleo, el gas y el aceite.

Otro de los hallazgos fue que algunas obras se licitaron y adjudicaron por lo menos dos veces. Entre 2014 y 2016, el Orfis también documentó desvíos por 42 millones de pesos en el uso del fondo.

El patrón fue común: proyectos abandonados, sin terminar, bitácoras de obra inexistentes, entrega de anticipos a empresas sin factura de comprobación, deficiencias en los proyectos ejecutivos y sobrecostos en la construcción.

En la cuenta pública 2016 del ORFIS, se emitieron 34 observaciones al gasto del FEFMPH, la mayoría a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas por mala calidad en la obra, e irregularidades en los contratos. Ver documento

Los desvíos duplicaron el monto de las obras, que estaban presupuestadas para 2016, y tuvieron que volverse a etiquetar para el presupuesto 2017 y 2018.

Por ejemplo, en el municipio de Papantla se detectaron desvíos por 6.6 millones de pesos.

La auditoría observó un desvío de 1.9 millones de pesos que se dio como anticipo para la rehabilitación de pavimento de una avenida. Para justificar la obra se enviaron fotografías y documentación que avalaban un supuesto avance físico. Sin embargo, cuando los auditores realizaron las visitas de inspección, se encontraron con que ni siquiera estaba iniciada.

En un paquete de 17 obras revisadas, la auditoría reveló que no existen bitácoras, ni se presentaron proyectos de obra, por lo cual se generaron atrasos, deficiente control y modificaciones a los términos contractuales.

En las visitas a las obras, los auditores revelaron irregularidades en Papantla, Tantoyuca, Chicontepec, Ayahualuco, Zongolica, Atzcan, Altotonga, San Juan Evangelista, San Andrés Tuxtla, Villa Azueta, Martínez de la Torre, Coatepec, Veracruz, Córdoba, Coscomatepec y Emiliano Zapata.

Los auditores también acusaron que la SIOP durante el gobierno de Duarte tenía deficiencias en el procedimiento de contratación. Las invitaciones se hicieron solo a un número reducido de empresarios, las adjudicaciones directas se realizaron sin dictámenes que justificaran y algunas empresas ni siquiera eran parte del padrón de proveedores del gobierno estatal, por lo que hubo irregularidades en su contratación.

Pemex, los recursos sin control

Cuando el alcalde de Castillo de Teayo – al norte de Veracruz-, Enrique Isidro Limas inauguró la construcción del sistema de agua potable en las localidades de Nuevo Naranjal y Teayo, hubo fiesta con cohetes y comida.

Era 2014 y la obra se realizaba con un donativo en efectivo de 7 millones de pesos de Pemex al municipio, donde se concentran 6 campos petroleros, algunos parte del ATG.

Pero la obra nunca funcionó correctamente porque el pozo de abastecimiento se colocó a escasos metros de donde escurren aguas residuales, lo que contaminó el tanque, que ahora es inservible.

El Orfis observó en la cuenta pública 2014, que la obra estaba concluida pero no operaba, porque además le faltaba un medidor, la validación de la Comisión Federal de Electricidad y las pruebas sanitarias según la normatividad.

No era la primera vez que ocurría algo así. En 2011 el entonces alcalde no comprobó el uso de 3 millones de pesos para apoyar la “Rehabilitación del Parque Central La Pirámide”.

Otro caso es el ayuntamiento de Papantla, que en 2014 recibió 2.5 millones de pesos en efectivo para la construcción del sistema de drenaje en la localidad de La Grandeza.

La promesa era que el sistema de agua podría abastecer a otras 13 comunidades indígenas de la región, sin embargo, las irregularidades en el proceso de construcción hicieron la obra inservible, que no soportó la presión y terminó por romperse.

En la cuenca petrolera del sureste la situación es la misma. El alcalde de Las Choapas, Renato Tronco, recibió en 2010, 4.6 millones de pesos en asfalto y combustible, que originalmente serían para reconstruir el mercado municipal Bicentenario Miguel Hidalgo y la carretera El Mulato-Ignacio Zaragoza, también conocida como “Tronconada”.

Pero el alcalde lo desvió para pavimentar el camino de la Cordobesa, para renovar el piso del salón de usos múltiples "El Titanic” y para el camino del Aserradero a Río Playas, donde tiene varias de sus propiedades.

Pemex interpuso una denuncia en contra del ayuntamiento y busca que le regrese el dinero. El litigió ya cumplió media década y ahora la nueva administración municipal pretende que el Congreso Local convierta este desvío en una deuda pública del ayuntamiento.

En Veracruz, Pemex ha repartido del 2013 al 2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de los cuales 113 millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en gasolina, diesel y asfalto. Las auditorías han revelado que los recursos se reparten sin control.
Con el sistema de donaciones y donativos, Pemex busca conseguir la licencia social en comunidades y municipios impactados por la explotación y extracción.

El fin es contribuir con el mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades localizadas en zonas petroleras, pero el objetivo dista mucho de cumplirse.

En Veracruz, la empresa ha repartido del 2013 al 2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de los cuales 113 millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en gasolina, diesel y asfalto.

Desde el consejo de administración general de Pemex, presidido por el entonces director, Emilio Lozoya Austin, ahora acusado en el caso de corrupción de Odebrecht, se decidieron los recursos y los proyectos que serían favorecidos con estos recursos.

Sin embargo, el dinero ha sido utilizado por el gobierno estatal y los propios municipios sin un control por parte de la empresa petrolera.

En 2013, durante el gobierno de Duarte, Pemex entregó por ejemplo en 2013, recursos millonarios en efectivo para generalidades como apoyar la realización de proyectos de asistencia social, salud, protección civil, desarrollo agropecuario, desarrollo social e infraestructura social, pero sin comprobar las obras.

En 2016, el último año de gobierno de Javier Duarte, la ASF detectó que, de los 259 millones de pesos donados a Veracruz, la mitad 110.7 millones de pesos, no fueron aplicados correctamente. También se detectaron anomalías en la entrega de combustible.
Revisiones a los recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación en 2010 y luego en 2016, revelaron que se carecen de los mecanismos para controlar el otorgamiento y la aplicación de los recursos.

Aroa Fuente, investigadora de Fundar quien ha seguido la pista de estas donaciones, revela que existen vacíos normativos. “Esto deja un amplio margen de discrecionalidad y dificulta el control de los mismos. De esta manera, estos lineamientos no presentan regulación sobre los plazos para la aplicación y comprobación de los donativos y donaciones otorgados, ni sobre la periodicidad y plazos de los reportes de aplicación de los mismos que deben entregar los beneficiarios”.

Además, alerta que Pemex no realiza un seguimiento de los acuerdos de autorización ni verifica la aplicación de los recursos y bienes para los fines otorgados.

“El hecho de que PEMEX no comprobara el uso final que los beneficiarios dieron a los recursos y bienes entregados impide que se conozca si los mismos fueron utilizados para los fines establecidos y si cumplieron con los correspondientes objetivos de desarrollo social para los que fueron entregados”, señala en el documento “Donativos y donaciones de Pemex: deficiencias e irregularidades”

Aunque los beneficiarios están obligados a entregar un reporte de la aplicación del dinero, estos no se realizan y pese a ello en algunas ocasiones Pemex sigue otorgando recursos.

La ASF observó en dos ocasiones que aun cuando tiene un manual de organización interna que vigila estos recursos, no está actualizado, por lo que es inexistente un marco normativo para cuidar la buena aplicación.

En 2013 el Consejo de Administración aprobó el Manual de Organización de la Gerencia de Desarrollo Social, pero este fue reconocido como legal hasta 2015, dos años después de acordado.

Para la auditoría 2016, la irregularidad existe pues apenas el 1 de marzo del 2017 se publicó el documento normativo para distribuir estos recursos.

Ejemplos de corrupción hay muchos: De los 259 millones de pesos, 12.9 millones de dólares, donados a Veracruz en 2016, que consistieron en gasolina, diesel y asfalto, se detectó un daño patrimonial de 110.7 millones de pesos, 5 millones de dólares, por la falta de comprobación en el uso y aplicación de los recursos. VER AUDITORÍA

También se detectó que los vehículos del gobierno eran de 80 litros, pero funcionarios reportaba el llenado de hasta 150 litros diarios.

La petrolera señaló que, ante la falta de comprobación de los recursos, era probable que el gobierno hubiera revendido el combustible o incluso lo desviara a otras actividades.

Por estas irregularidades y la falta de supervisión, la ASF ordenó a Pemex iniciar procedimientos administrativos en contra de los funcionarios omisos.

Para esta investigación se solicitó vía transparencia a Petróleos Mexicanos, la comprobación del uso de donativos y donaciones en Veracruz desde el 2013 a la fecha. También se le consultó si había irregularidades en sus gastos de parte de gobierno o municipios. La respuesta fue que tenía cero seguimiento al dinero y no sabía cómo y en qué se habían ejercido.

El argumento que utilizaron fue que cinco años después de entregados los recursos continuaban con la integración de la documentación, pues la normatividad había cambiado.

Pemex tampoco quiso informar si había denuncias penales o procesos administrativos sancionatorios en contra de funcionarios por la falta de comprobación en el uso de dinero en efectivo, combustible y asfalto.

La distribución de los donativos y donaciones también se realiza de forma discrecional en Veracruz, los recursos en efectivo y especie los concentra el Gobierno estatal y municipios como Coatzacoalcos o Minatitlán donde hay escasos pozos petroleros, pero sí refinerías, han recibido recursos millonarios por más de 150 millones de pesos. Lo que contradice el objetivo de este apoyo, que es contribuir al mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades localizadas en las zonas petroleras.

El PACMA, las migajas de PEMEX

Es la hora de la comida, y el comedor comunitario de Emiliano Zapata en Papantla, luce vacío y la razón es simple: el menú no le gusta a nadie. Huevo en polvo, carne enlatada, crema de zanahoria en bolsa, chilorio embotellado, son cosas que la gente en este lugar no está acostumbrada a comer.

“No vamos a comer eso, cuando en la parcela hay maíz y en los gallineros huevo fresco”, cuenta Felipe campesino del lugar.

La cuota de recuperación para la ración de comida es de 7 pesos, que sirven para la operación general del comedor, sin embargo, la gente de las comunidades petroleras integrada por campesinos, pescadores y ganaderos no acude a estos comedores.

Pemex lo inauguró como parte del Pacma y su alianza con la Secretaría de Desarrollo Social cuando el gobierno federal lanzó el programa Cruzada contra el Hambre.

Pero en la comunidad nunca preguntaron si eso era necesario.

La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que el programa de comedores opera con el 90 por ciento de deficiencias, pues no se demostró abatir la carencia alimentaria en las comunidades de alta marginación.

En Veracruz se han invertido más de 190 millones de pesos en obras como casas de salud, escuelas, domos y comedores en comunidades petroleras. Los campesinos dicen que son migajas en comparación con lo que las petroleras extraen de sus tierras.
El Pacma es un programa que busca obtener, ampliar y consolidar la licencia social para operar a través de programas, obras y acciones, que impulsen el desarrollo sustentable en las comunidades de las áreas de influencia de las empresas petroleras. Obliga al contratista a aportar un monto mínimo del 2 por ciento del contrato que tengan en las comunidades.

En Veracruz se han invertido 196 millones de pesos en obras de infraestructura financiada por 30 empresas nacionales y extranjeras, como Perfolat de México, Weatherford, Dowell Schlumberger, entre otras.

Bajo este programa, Pemex construyó en las comunidades petroleras, casa de salud, bachilleratos, secundarias y primarias, dotó de ambulancias, domos para escuelas y salones sociales, y apoyó la instalación de cientos de comedores comunitarios.

Pero algunas obras se realizaron sin preguntar a la gente si en realidad eran necesarias, ejemplo claro son los comedores comunitarios, cada uno fue construido con una inversión de 650 mil pesos, en total se invirtieron 42 millones de pesos en Veracruz.

Otro apoyo del Pacma fueron las casas de salud, pero la mayoría opera sin doctor ni medicamentos, por lo que la comunidad es quien tiene que pagar el servicio y mantenimiento del lugar.

Pero, además, los recursos que ejerce Pemex están bajo la lupa de esquemas graves de corrupción.

El programa ha sido objeto de señalamientos, el primero en 2013, cuando reportes periodísticos, indicaron que la Secretaría de la Función Pública había detectado diversas irregularidades en el ejercicio de recursos del fondo.

La dependencia guardó en secrecía el documento “Diagnóstico de los contratos de obra pública con contenido de Responsabilidad Social” que revelaba el desvío. En agosto de ese año, la entonces paraestatal emitió un comunicado en el que reconoció que hacían “falta soportes documentales vinculado a las obras, acciones y programas.”

Luego de esto, el programa fue relanzado en 2013, previo a la Reforma Energética, esta vez de la mano de la organización Transparencia Mexicana.

Pero en 2014, una investigación del periódico Reforma desató un nuevo escándalo: gestores ofrecían a gobiernos locales priístas negociar donativos a cambio de regresar el 20 por ciento para financiar campañas del PRI.

Sobre el tema, Bernardo Bosch Hernández, entonces titular de la Gerencia y Coordinador General del Pacma aseguró que el programa contaba con diversos candados a efecto de evitar este tipo de prácticas, ya que el programa realiza su gestión directamente con la empresa obligada.

Este reportaje fue realizado por Flavia Morales para AVC Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

AVC Noticias
Flavia Morales
Ciudad de México
Miércoles 13 de noviembre de 2019.


Tres constructoras investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera tienen direcciones inexistentes o inexactas en la ciudad de Puebla

Más de 741.6 millones de pesos captaron en los últimos siete años tres constructoras que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda relacionó con el ex diputado locales y federal Eukid Castañón Herrera, a quien solicitó congelar sus cuentas bancarias por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, las empresas tienen direcciones inexistentes o inexactas, según constató e-consulta a través de un recorrido realizado este martes.

Entre los contratos ubicados destacan la supervisión de obra y el aseguramiento de infraestructura de la segunda línea del Metrobús, así como del camino perimetral de la armadora Audi, en San José Chiapa, además del peritaje de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan.

Las empresas investigadas por Hacienda son Laboratorio de Ingeniería, Losflo Infraestructura y Geotecnia, Desarrollo e Infraestructura, ligadas además a dos particulares: Juan Fernando Márquez Vega y Octavio Inocente Márquez Vega.

Logran múltiples contratos

De acuerdo con una revisión en la plataforma pública Compranet, las tres constructoras lograron 46 contratos con el gobierno de Puebla y con la administración federal, entre 2012 y 2018, los cuales representan 741 millones 622 mil 66 pesos.

La empresa Laboratorio de Ingeniería S.A. de C.V. es la que registra el mayor monto, con 420 millones 441 mil 640 pesos.

Posteriormente sobresale la firma Geotecnia, Desarrollo e Infraestructura S.A. de C.V, con 262 millones 993 mil 616 pesos, y en tercer sitio Losflo Infraestructura S.A. de C.V., con 58 millones 186 mil 810 pesos.

Desconocen en dirección a empresa

Laboratorio de Ingeniería S.A. de C.V., que registra 20 contratos por 420.4 millones de pesos, tiene como domicilio fiscal la 22 Sur 3510, en la colonia El Mirador de la capital de Puebla, sin embargo, en esa dirección no reconocen a la empresa.

La tarde de este martes, e-consulta acudió al sitio que tiene la fachada de un domicilio particular, con cámaras de seguridad en su acceso, pero la persona que atendió la puerta indicó que desconocía alguna actividad comercial.

Entre los contratos que logró Laboratorio de Ingeniería se encuentran la supervisión y control de obra de la segunda línea del Metrobús, por 12 millones 34 mil pesos. El proyecto fue puesto en marcha durante la administración de Rafael Moreno Valle con más de dos meses de retraso.

Por 22 millones de pesos también sobresale la construcción de un centro de salud en la comunidad de Alcomunga en el municipio de Ajalpan. Así como colectores sanitarios en la barranca San Diego en la capital del estado, también por 22 millones.

Aunque el costo fue menor, pues este alcanzó 3.6 millones de pesos, destaca la supervisión del camino perimetral de Audi.

La empresa también se hizo de siete contratos con Caminos y Puentes Federales (Capufe) que representaron 259.1 millones de pesos. Algunos de estos se realizaron en las autopistas Ciudad Mendoza-Córdoba, Cuernavaca-Acapulco, Tijuana-Ensenada y México-Puebla.

La dirección no existe

Geotecnia, Desarrollo e Infraestructura S.A. de C.V. reporta obras por 262.9 millones de pesos. Su domicilio fiscal se reporta en la privada 14 Poniente A 5510, pero este es inexistente.

El contrato más alto que obtuvo la empresa fue para la remodelación del Estadio de Béisbol Hermanos Serdán, que costó 67.7 millones de pesos.

Entre las contrataciones estatales también destaca la sustitución del hospital comunitario de 12 camas que se encuentra en el kilómetro 12.5 de la carretera Amozoc-Oriental, por 36.1 millones de pesos.

En el ámbito federal, destaca una contratación por 53.5 millones de pesos para construir el paso superior vehicular del Libramiento Poniente de Tampico, contrato que estuvo a cargo de Capufe.

Realiza mantenimiento de centros de salud

En el caso de Losflo Infraestructura S.A. de C.V., logró 20 contratos por 58.1 millones de pesos. Su dirección está en avenida Moratilla 2 en Moratilla, pero como ocurrió en el primer caso, en el sitio desconocen su actividad.

Entre sus contratos destaca uno por 18.7 millones de pesos para dar mantenimiento a centros de salud en San Salvador El Verde, San Nicolás de los Ranchos, Tepatlaxco, San Martín Texmelucan y Juan C. Bonilla.

Al acudir a una cuarta empresa, Solución Total Consultores, en la 9 poniente 2921, se aseguró que las tres empresas no son propiedad de Castañón, sino de Juan Fernando Márquez Vega y Octavio Inocente Márquez Vega, quienes tienen una relación de amistad con el ex diputado panista.  

Las cuentas de Castañón aún permanecen bloqueadas

De acuerdo con el equipo del también exdiputado federal, sus cuentas bancarias sí fueron bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y hasta este martes permanecían en ese estatus, pese a la suspensión definitiva que le otorgó el Juzgado Cuarto de Distrito, el pasado 31 de octubre.

e-consulta
Patricia Méndez
Ciudad de Puebla
Martes, Noviembre 5, 2019.


El ex diputado panista califica de infundadas las acusaciones en su contra


El Congreso de Puebla alista un procedimiento contra Jorge Aguilar Chedraui por un presunto desfalco de 10 millones de pesos cuando presidió la pasada legislatura. En redes sociales el panista se defendió y negó las acusaciones.

El ahora presidente del Poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla (de Morena), denunció posible desvío de recursos, compras “fantasma” y amaño en la adjudicación de contratos.

En entrevista este miércoles aseguró que esto se detectó por medio de una auditoría que apenas lleva un avance del 40 por ciento.

Con ello advirtió que al concluir la auditoría las irregularidades podrían alcanzar un monto mayor.

Por este motivo adelantó que se podría iniciar un proceso administrativo y de responsabilidades contra el exdiputado local.

Esta investigación se suma a la anunciada desde el mes de junio por Biestro Medinilla, para investigar la gestión del panista cuando fue secretario de Salud del exgobernador Rafael Moreno Valle.

Aguilar niega acusaciones

A través de sus redes sociales, Aguilar Chedraui negó las acusaciones y las calificó de infundadas.

Con dos imágenes de documentos afirmó que sus cuentas públicas 2016 y 2017 (durante el cual presidió el Congreso), fueron aprobadas e incluso presumió certificaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Acusaciones infundadas. Mi gestión en @CongresoPue fue transparente: Compras avaladas por Comité de Adquisiciones (7 diputados de varios partidos), cuentas públicas 2016 y 2017 AUDITADAS y APROBADAS, certificaciones ISO en adquisiciones y reconocimiento en transparencia por OEA”, escribió en su cuenta de Twitter.

Jorge Aguilar Chedraui
@JACHPuebla
 Acusaciones infundadas. Mi gestión en @CongresoPue fue transparente: Compras avaladas por Comité de Adquisiciones (7 diputados de varios partidos), cuentas públicas 2016 y 2017 AUDITADAS y APROBADAS, certificaciones ISO en adquisiciones y reconocimiento en transparencia por OEA.

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14:08 - 30 oct. 2019
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En cuanto al proceso de adquisiciones, Aguilar Chedraui puntualizó a través de un comunicado que el Poder Legislativo fue certificado en calidad ISO 9001 para transparentar las compras realizadas en su periodo, mismas que también fueron avaladas por el Comité de Adquisiciones, conformado entonces por siete legisladores de diversos partidos políticos, “Yo estoy tranquilo pues existen todos los documentos y expedientes que dan legalidad de que realizamos un trabajo transparente”.

Finalmente señaló que las acusaciones vertidas en diversos medios son producto del “golpeteo político, es la segunda vez que se me señala con información falsa, la anterior fue por mi trabajo en la Secretaría de Salud, pero las auditorías aprobadas ahí están, son públicas, entregué resultados y buenas cuentas”.

e-consulta
Héctor Llorame
Miércoles 30 de octubre de 2019.


Fue el viernes cuando la Comisión Inspectora del Poder Legislativo pidió a la ASE que audite una treintena de proyectos


Más de 21 mil 834 millones de pesos representan las 32 obras de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad que el Congreso local pidió auditar ante la presunción de irregularidades en su ejecución.

Fue el viernes cuando la Comisión Inspectora del Poder Legislativo pidió a la Auditoría Superior del Estado (ASE) una nueva revisión toda vez que el 60.3 por ciento de los proyectos realizados en esas gestiones no fueron auditados.

Los diputados indicaron que los casos se concentran en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT).

Revisarán obras millonarias

La suma de recursos invertidos en esos proyectos asciende a 21 mil 834 millones de pesos, cantidad que equivale a la cuarta parte del presupuesto estatal para 2019, que asciende a 90 mil millones.

El Museo Internacional Barroco fue el proyecto más caro construido durante el sexenio de Rafael Moreno Valle a través de un esquema de Asociación Público Privada (APP), el cual compromete al estado a pagar 7 mil 280 millones de pesos a lo largo de 23 años.

Las plataformas de la armadora Audi en San José Chiapa costaron 5 mil 79 millones 315 mil 613 pesos. El proyecto se pactó desde el 30 de noviembre de 2012, con un periodo de pago de 180 meses, por lo que concluye en el 2028.

Para la segunda línea del Metrobús se destinaron 1 mil 565 millones de pesos y para la Ciudad Modelo de Audi otros 1 mil 500 millones.

Con mil millones de pesos destaca el Tren Turístico Puebla-Cholula, que incluyó también la rehabilitación de monumentos históricos y vialidades.

Las ciclovías que fueron construidas durante el gobierno de Moreno Valle en los bulevares Esteban de Antuñano, Hermanos Serdán, Atlixcáyotl, así como la que va de Ciudad Universitaria al Centro Histórico de la capital, requirieron 808 millones de pesos.

Los diputados también revisarán los arcos de seguridad instalados en Altepexi, Atlixco, Cuapiaxtla de Madero, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Palmar de Bravo, con un presupuesto de 681.9 millones de pesos.

La auditoría también contempla la remodelación del Estadio Cuauhtémoc, la Estrella de Puebla y el Teleférico, en los que el gobierno de Moreno Valle invirtió 566.5, 400 y 531 millones respectivamente.

En materia de salud destacan tres hospitales del Niño Poblano, de la Mujer y de Cholula, que representaron 408, 204 y 496 millones de pesos.

Con menor presupuesto está el Ecoparque Metropolitano, por 157 millones de pesos; el Museo de la Evolución de Tehuacán, por 114 millones; así como una galería en el exhospital psiquiátrico de Cholula, a la que se destinaron 107 millones.

De la gestión de Gali Fayad, sobresale la remodelación de la Avenida Juárez, que tuvo un costo de 107.3 millones de pesos.

e-consulta
Patricia Méndez
Domingo 8 de septiembre de 2019.


Al descubierto la corrupción e impunidad para instalar a Audi

Investigación da cuenta de compras opacas de tierra, adjudicaciones directas de obras, creación de ventajosos esquemas financieros y atropello de derechos de cinco municipios

Una expropiación y compra opaca de más de 1 mil 600 hectáreas de tierra, la adjudicación directa de obras, la creación de un fideicomiso privado para el manejo de recursos y el atropello de derechos de municipios, forman parte de un proyecto envuelto en corrupción e impunidad para la instalación de la armadora Audi en San José Chiapa.

Así lo revelan Sergio Mastretta Guzmán y María Eugenia Silva Celma, a través de su investigación “La trama Audi. Componendas de un gobierno autoritario”, que será presentada este martes respaldada por el organismo “Puebla contra la corrupción y la impunidad”.

En un adelanto del documento pueden apreciarse los cinco capítulos en que se dividió la investigación, y que advierte que el proyecto sirvió como marco para proyectar las aspiraciones económicas y políticas del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

En primer lugar, se destaca la expropiación y compra de 1 mil 667 hectáreas de tierra ejidal y privada a través del “poco transparente” Banco Estatal de Tierra y validada por el Registro Agrario Nacional.

Además, se detalla el “Contrato de Trabajo” firmado entre el gobierno de Puebla y la empresa automotriz alemana.

La construcción de la plataforma Audi, los esquemas de operación de los mecanismos financieros conocidos como proyectos de prestación de servicios (PPS) y Asociación Público-Privada (APP) desarrollados en alianza con “poderes fácticos nacionales” como Pedro Aspe Armella, la adjudicación de obra pública a particulares por miles de millones de pesos en adjudicaciones directas y operaciones blindadas al escrutinio público, y la radical transformación de la realidad de la región rural de San José Chiapa.

La creación de un nuevo centro de población al margen de las poblaciones existentes, con un gasto superior a los 2 mil 200 millones de pesos y con la creación del Organismo Público Descentralizado (OPD) Ciudad Modelo controlado por el gobierno estatal para la administración regional, que pasa por encima de los derechos y obligaciones constitucionales de cinco municipios.

La existencia del clúster automotriz en la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala y su vinculación con el proceso propio de la armadora Audi, con el interrogante último sobre el sentido que tuvo su instalación en San José Chiapa, un municipio apartado del clúster ya existente.

Finalmente se presentan conclusiones que muestran cómo un proyecto estatal de esta envergadura tuvo finalmente consecuencias trascendentales para la región y el estado, con costos y beneficios, y deja ver procesos de corrupción e impunidad que envolvieron este proyecto gubernamental.

Todos estos movimientos involucraron una gran variedad de actores y le permitieron a Rafael Moreno Valle conformar una compleja red de intereses económicos y políticos locales, regionales, nacionales e internacionales para su propio proyecto político.

e-consulta
Puebla, México
Domingo 1 de septiembre de 2019.


El secretario Jorge Humberto Uribe señala que hay una instrucción clara del gobernador para indagar actos al margen de la ley


El secretario de Salud en Puebla, Jorge Humberto Uribe Téllez, reveló que ya cuenta con un diagnóstico preliminar sobre actos de corrupción en ese sector, sin embargo, pidió calma para ahondar en el mismo y hacer señalamientos concretos y con fundamento.

El funcionario estatal confirmó que hay una instrucción clara del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para indagar actos al margen de la ley actuales o pasados a fin de sancionarlos, tal y como lo anunció en su discurso tras rendir protesta al cargo.

Cuestionado sobre el tema en el marco de su asistencia a la gira de este viernes del presidente Andrés Manuel López Obrador a Xicotepec, Uribe insistió en que los señalamientos de corrupción son delicados por lo que pidió paciencia para indagar en los casos y que la información sea firme cuando esta se haga pública.

“Ya hay un –diagnóstico- preliminar y nosotros tenemos un encargo muy particular del señor gobernador, en donde nosotros vamos a poner toda nuestra atención y ya estamos trabajando en esto para identificar focos rojos y poderlos atender”, puntualizó el funcionario.

El secretario pidió esperar a consolidar el informe para señalar casos concretos, pues indicó que es necesario contar con todos los elementos para darlos a conocer

Hay que recordar que en junio pasado, el líder de Congreso local Gabriel Biestro Medinilla anunció que se revisarían las finanzas del panista Jorge Aguilar Chedraui, quien durante el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle se desempeñó como secretario de Salud, al denunciar un posible desfalco de mil millones de pesos en ese sector.

e-consulta
Patricia Méndez
Viernes 2 de agosto de 2019.

 

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