En su denuncia de hechos, Emilio Lozoya informó de presuntas conductas delictivas de altos exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, incluyéndolo a él, al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, según reveló el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Gertz Manero también reveló que Lozoya mencionó una obra a la que se le “dieron una serie de privilegios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas graves”, es decir “Etileno XXI”, una planta ubicada en la zona de Coatzacoalcos, donde las empresas Braskem e Ideas son socias.

Se calcula que ese proyecto de 2 mil 500 millones al año y que funcionaba porque Petróleos Mexicanos le suministraba el etano que requería, a través de condiciones preferenciales, como un precio de hasta 29% menos del que se manejaba originalmente, y la obligación de Pemex de ofrecerle 66 mil barriles diarios a partir de su producción o comprándolo a terceros.

Las negociaciones para dicho contrato tuvieron lugar en febrero de 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, y los términos que ellos decidieron siguieron vigentes al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Además, en 2009 se instalaron mesas de trabajo en Los Pinos para concretar los detalles para Etileno XXI, operadas por Patricia Flores; también hubo mesas de trabajo en la Secretaría de Hacienda y en la de Energía.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que todos los mencionados deberían declarar: Felipe Calderón, Agustín Carstens, Georgina Kessel, Patricia Flores, José Antonio Meade, Jordy Herrera, entre otros.

El periodista Salvador García Soto escribió en su columna para El Universal que la investigación que abrirá la FGR por presuntos hechos de corrupción con Odebrecht que derivaron en “privilegios y daños graves al erario” para la instalación de Etileno XXI será la vía para llevar a Calderón a la barandilla judicial y obligarlo a rendir cuentas de lo que fue un “narcoestado”.

Según escribió, esa fue una de las principales negociaciones con Lozoya, a quien se le otorgaron múltiples beneficios y concesiones como “testigo colaborador”.

“La información adicional que le interesaba a la Fiscalía y al gobierno de López Obrador -dice García Soto- era lo que Emilio Lozoya sabía sobre los tratos y sobornos que Marcelo Odebrecht tuvo con el gobierno de Felipe Calderón, cuando vino a México en el año 2009 para explorar la posibilidad de instalar un complejo petroquímico en la zona petrolera de Coatzacoalcos para venderle a Pemex el etano procesado”, escribió García Soto.

Emilio Lozoya mantenía una cercana amistas con Marcelo Odebrecht, por lo que conocía muy bien los contactos y las negociaciones que éste tuvo con el gobierno de Calderón y con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Polemón
Ciudad de México
Lunes 14 de septiembre de 2020.


Los dueños del agua en Chihuahua son políticos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al abordar el conflicto incitado en esa entidad en contra del Tratado de aguas con Estados Unidos. Y presentó datos de 16 militantes de esos partidos, pero también de uno más de Movimiento Regeneración Nacional.

El primer mandatario mostró dos diapositivas donde exhibe los verdaderos intereses de quienes están detrás de las protestas de campesinos y ejidatarios, que ya han costado la vida a dos personas.

Los priístas

En una de esas diapositivas se observan las fotografías de Fernando Baeza Meléndez, José Reyes Baeza Terrazas y César Duarte, exgobernadores de Chihuahua, así como de Jaime Ramírez Carrasco, alcalde de San Francisco de Conchos; y Héctor Baeza Terrazas, exalcalde de Delicias, en donde se aprecian las conexiones entre esos políticos priístas y el acaparamiento del recurso hídrico.

A Fernando Baeza Terrazas se e identifica de la siguiente manera: “exgobernador de Chihuahua (1986-1992), señalado por corrupción cuando era embajador en Costa Rica; usuario [de aguas] en los Módulos 7 y 8 en el DR [Distrito de Riego] 0005. En 2017 adquirió una propiedad de 7.6900 hectáreas en Saucillo (terreno rústico)”.

A él se le liga con sus sobrinos José Reyes Baeza Terrazas y Héctor Baeza Terrazas. Del primero se apunta: “exgobernador de Chihuahua (2004-210), es usuario en los módulos [de agua] 1 y 2 del DR 005, contacto directo con representantes de módulos, investigado por la FGR por nexos con el Cártel de Juárez”. Mientras que de Héctor Baeza se informa: “exalcalde de Delicias (2001-2004), expresidente de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento con César Duarte”, y se agrega una conexión con este último, pues Héctor fue coordinador de la precampaña de Duarte.

De inmediato se lee la referencia al priísta César Duarte: “exgobernador de Chihuahua (2010-2016), detenido por peculado en Estados Unidos, construyó una presa en uno de sus seis ranchos, con varios pozos en sus propiedades”.

En la gráfica también se señala a Jaime Ramírez Carrasco: “alcalde de San Francisco de Conchos, opositor a la apertura de las presas, especialmente en La Boquilla, apoya el movimiento de agricultores en el estado”.

En su conferencia, López Obrador aseguró: “cuando se trata de corrupción, eso los une porque el manejo del agua tiene que ver con las autoridades municipales. Se sienten los dueños del agua. Todos están vinculados con el agua. Son intereses creados”.

Políticos del PAN

Y es que en la otra diapositiva relativa a políticos del PAN también se observan esos nexos en torno al vital líquido. Ésta inicia con la referencia a Andrés Valles Valles: “presidente del módulo 4 DR [Distrito de Riego] 005, principal incitador de la violencia en las manifestaciones, presunto autor intelectual de la violencia en Delicias”. Y se le vincula con el morenista José Francisco Ramírez Licón, alcalde de Rosales y presidente del módulo de riego 6 DR 005: “se les visto juntos en las protestas violentas y en el bloqueo de Chihuahua capital”.

De éste último se indica el nexo parental con el panista Agustín Jaime Ramírez Licón, su hermano. Otros dos panistas que figuran en la gráfica son Ismael Pérez Pavia, alcalde de Meoqui, y Arturo Zubía Fernández, alcalde de Camargo, quienes se identifica de la siguiente forma: “apoyan el movimiento de los agricultores en el tema del agua”.

Además, figura Eliseo Compeán Fernández, alcalde panista de Delicias: “encabezó el contingente en el 66/o Batallón de Infantería, ante el ataque de campesinos el pasado 8 de septiembre, es opositor activo con el tema del agua en el estado”.

Otros que aparecen mencionados son Velia Aguilar Armendáriz y Jorge Aldana Aguilar. De éste último se apunta que es “nogalero, presidente del módulo 1 Agua Rodada DR 113”, así como que su madre, Velia, “fue diputada federal en 2009 por el PAN”.

También se menciona con dos nexos a Mario Mata Carrasco, diputado federal del PAN. De él se indica: “exalcalde de Delicias (2010-2013), apoyó a César Duarte en su campaña, fue presidente de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de 2016 a 2018, fue acusado de autorizar un proyecto inmobiliario de 700 millones de dólares con lago privado que derrochó millones de litros cuando fue alcalde de Delicias”.

Y en sus nexos están: Salvador Alcántar Ortega, “presidente de UARECH, líder del Movimiento de Productores y Agricultores en el estado”. Y la liga entre ambos se establece porque: “se les ve juntos en la mayoría de los mítines”. El segundo nexo es con Jesús A Valenciano García, “diputado local del PAN, ex regidor de Delicias, ex particular de Mario Mata, dio ultimátum de 24 horas a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para retirarse de las presas”.

Finalmente aparece Álvaro Madero Muñoz: “familiar de Gustavo Madero [senador por el PAN que también ha participado en las protestas pero que no fue incluido en la gráfica más que por esta referencia], tiene tierras en los módulos 3 y 4 en el DR 005 (nogales y alfalfa), su familia tiene contacto directo con los directivos del módulo”.

Contralínea
Ciudad de México
Viernes 11 de septiembre de 2020.


El libro de la periodista Olga Wornat, “Felipe, el oscuro” da cuenta de la difícil relación entre el expresidente Felipe Calderón y su padre, Luis Calderón Vega -uno de los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN).

En el texto, la periodista aborda los seis años de presidencia de Calderón, entre 2006 y 2012, y de su estrategia denominada “guerra contra el narcotráfico”.

Además, en uno de los nueve capítulos del libro, la escritora relata el núcleo familiar de Calderón, para mostrar cómo su infancia fue determinante para las acciones y actitudes que tomó cuando fue Presidente del país.

“Con este libro fui al origen de Felipe Calderón; yo quería ir hasta el fondo, hasta ese Felipe niño. ¿Qué pasó con sus padres?, ¿qué es lo que formó ese carácter tan inestable, tan resentido, tan intolerante, tan autoritario, tan frío? Tanta ausencia de empatía hacia miles de víctimas que dejaba su guerra, a las que nunca les pidió perdón… nunca se hizo una autocrítica”, relató Wornat en entrevista para Infobae México.

En el libro, la periodista relata que, en una noche, ya entrados en copas, Manuel Espino le mencionó a su padre y Calderón respondió: “¡No me hables de ese señor!, ¡no tengo nada que ver con mi papá! (…) Nada de lo que me dicen sobre él es cierto, ¡no le debo nada de lo que soy!

¿Quién fue su padre?

Luis Calderón Vega nació en Michoacán, en febrero de 1911 y murió en diciembre de 1989, a los 78 años. Luego de 10 años de noviazgo, se casó con María del Carmen Hinojosa, en 1953 y tuvieron cinco hijos, de los cuales, Felipe fue el menor.

Según el libro, Luis Calderón habría sido uno de los mejores cronistas del PAN, considerado un hombre culto, bueno, idealista, de gran sentido del humor, excelente orador y escritor que cantaba y tocaba la guitarra.

El matrimonio de Luis y María del Carmen decidió separarse cuando Felipe tenía apenas cinco años; su papá se fue de su casa y los hijos dejaron de verlo, o lo hacían a lo mucho cada quince días.

Según el libro, eso le habría generado a Felipe mucha ira y resentimiento.

Wornat relató a Infobae que la hermana de Felipe, Luisa María, le contó en una entrevista en Michoacán que el expresidente sentía desprecio por su padre.

“Él es un hombre cargado de resentimientos no resueltos. Su hermana me lo dijo (…) Ella me confirmo que sí: que él odiaba a su padre. Odiaba al padre porque el padre había vivido en una situación violenta con su mamá; odiaba al padre porque el padre lo había abandonado; odiaba al padre porque el padre era el hombre bueno del PAN”, indicó.

La escritora agregó que el motivo por el cuál Calderón no quería a su padre es porque lo lleva como un estigma.

“Michoacán es muy conservadora. Una familia en la que se va el padre y en la que además sos pobre y no sos güero y no sos alto, no tienes dinero, sos discriminado. Entonces eso él le reprocha al padre y eso también lo llevó a él a tener el mismo problema que tenía su padre, que es la adicción al alcohol”, explicó.

Además, otras personas entrevistadas coincidieron en que Felipe, contrario a la amabilidad de su padre, es un hombre hosco, autoritario, con arranques de furia que lo llevan a ser grosero y violento, en la mayoría de los casos con el alcohol como denominador.

Es inseguro, colérico, explosivo, insulta a todos, te acusa sin pruebas. Si le das consejos, desconfía (…) toma alcohol y se pone peor, tiene un grave problema con eso. Yo viví varios episodios desagradables”, se lee en el libro, un testimonial de Manuel Espino, quien fuera su amigo.

Wornat también relata en su libro que, personas cercanas a Calderón, le contaron que cuando llegó a Los Pinos, se mandó a construir un bar, al que en ocasiones se iba cuando desaparecía por horas, o lo usaba para reunirse con sus cercanos.

“¿Por qué cuento (esto)? (…), no porque esto sea un chisme. Esto no es un chisme. Esto es algo que los ciudadanos deben saber y tienen derecho a saber, ¿cuál es la salud de un Presidente? Porque un Presidente toma decisiones que afectan a millones de ciudadanos y a veces las puede tomar en mal estado”, explicó.

Polemón
Ciudad de México
Domingo 6 septiembre 2020.


Con el permiso de Grupo Planeta México, Proceso adelanta de manera exclusiva fragmentos del libro “Felipe, el oscuro. Secretos, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México”, de la periodista argentina Olga Wornat. La obra empezará a circular esta semana. Se trata, asegura la autora, de un libro prohibido durante la administración del panista, por ser un retrato sin concesiones del personaje.

Antes de la medianoche del 10 de noviembre de 2011, sonó el teléfono, atendí por inercia.

–Buenas noches, Olga, te llamo desde un celular encriptado, podemos hablar tranquilos…

La voz de Felipe Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el funcionario a cargo de la investigación por las amenazas que recibía desde hacía meses, sonó extrañamente tranquilizadora.

Hablábamos casi todas las noches desde que me vi obligada a salir de México, para escapar de la muerte.

–Amenazaron a mi hija, estoy muy angustiada. Está embarazada, y dicen que la van a matar a ella y a su bebé. Tienen sus datos privados, conocen sus movimientos. Que me amenacen a mí, pero que no se metan con mis hijos. Por favor, necesito saber quiénes son… –le dije, casi sin respirar.

Con angustia y rabia.

–Olga, entiendo lo que estás viviendo, yo también tengo hijos. Tu tema es grave. Nos pusimos en contacto con el Gobierno argentino, con tres funcionarios de alto rango, y le van a poner custodia a tus hijos.

–¿Quiénes son? ¿Es el narco? –Volví a la carga, detrás de una respuesta que no creía recibir.

–No, no son ellos… Esto es de adentro –respondió.

–¿De adentro del Gobierno? ¿Quiénes? –insistí.

–García Luna, de ahí viene –confesó después de un breve silencio. Salí al balcón. La noche se abría angustiante frente a mis ojos.

Felipe Calderón nunca quiso que este libro se publicara. Quería doblegarme y desarticularme, y por eso mandó amenazarme con los sicarios de su Gobierno, con el “superpolicía” que combatía al narcotráfico y los secuestros desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), un antro de la mafia.

Me querían muerta. Tuvieron que pasar muchos años hasta que una fuente pudo confirmármelo. Después de la detención de García Luna en Estados Unidos, algunos se animaron a contarme lo que sabían, y lo que padecieron.

Tenían una carpeta con fotos de mi casa y de mis hijos. Fotos mías tomadas en la calle, en un restaurante, en México y en Estados Unidos. Pero nada de esto me extraña.

No fui la única. Muchos periodistas, mujeres y hombres honestos y luchadores, vivieron lo mismo que yo e incluso cosas mucho peores. Algunos aún están, pero 144 fueron asesinados, y las investigaciones se pierden en un océano de impunidad, sexenio tras sexenio.

El periodista Jesús Blancornelas afirmaba que “las amenazas y los asesinatos de periodistas son ordenados desde el poder y se callan porque son cómplices o protegen a alguien”. El legendario fundador del semanario Zeta de Tijuana, al que tuve el privilegio de conocer hace muchos años, ya exiliado en Estados Unidos y con el cuerpo hecho un colador de los balazos que recibió en un atentado, tenía razón.

“Nos piden pruebas. No tenemos pruebas, pero tenemos indicios y es suficiente. Los periodistas tenemos que ir adelante de la policía y del Gobierno. Que investiguen ellos y aclaren los crímenes y amenazas”, me dijo el maestro.

Fragmento del texto publicado en la edición 2287 de a revista Proceso, ya en circulación.

Proceso
Olga Wornat
Ciudad de México
Sábado 29 de agosto de 2020.


En la denuncia penal que presentó el pasado 11 de agosto ante la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya Austin acusó a 16 políticos y ex altos funcionarios, entre ellos los ex presidentes de la República Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas de participar en distintos hechos de corrupción y tráfico de influencias y de haber causado un daño al patrimonio nacional por sus ilícitos.

También salpicó a Ricardo Anaya y José Antonio Meade, dos ex candidatos presidenciales que contendieron en 2018 contra Andrés Manuel López Obrador.

Señaló además a Peña y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como cabezas de las operaciones de corrupción.

"Entre Peña Nieto y Videgaray existió un acuerdo para implementar un aparato organizado de poder que, desde las más altas esferas del régimen, instrumentó lo necesario para obtener beneficios que afectan la soberanía de México, sometiéndola a personas y grupos, nacionales y extranjeros", dijo en la declaración difundida de manera subrepticia en redes sociales.

La FGR se deslindó de la filtración del documento.

El ex director de Pemex fincó sus principales alegatos en millonarios sobornos provenientes de Odebrecht y su filial Braskem y que fueron entregados a distintos funcionarios de los dos sexenios anteriores.

"Para el 2013 Odebrecht ya tenía al Presidente (Peña) de su lado. En el 2013 la relación entre Odebrecht y el Estado mexicano no era una relación de contratos, sino de poder. Odebrecht sabía de su influencia y sometimiento, por lo que no la iba a perder -ni la quería perder-, ya que participaba de manera activa en la política energética del país", denunció.

Entre 2012 y 2014, Lozoya asegura que los brasileños le hicieron por lo menos tres entregas importantes de dinero, por sumas de 3 millones 150 mil dólares, 5 millones 951 mil dólares y 84 millones de pesos.

La primera entrega sirvió para pagar 1.6 millones de dólares a los consultores electorales de la campaña presidencial de 2012 y el resto para sobornar, por órdenes de Peña y Videgaray, a legisladores panistas para que votaran en favor de las reformas estructurales.

Aunque dice que eso terminó en una "extorsión de los panistas" para obtener más dinero y posiciones de poder.

Según su denuncia, el dinero fue entregado a Ricardo Anaya y su secretario particular, Osiris Hernández; también a los ex senadores Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, estos dos últimos son actualmente Gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente.

Afirma que el ex Secretario de Energía con Felipe Calderón, José Antonio Meade, y José Antonio González Anaya, ex director de Pemex, también recibieron sobornos.

Al ex Presidente Calderón lo señala de concederle a Braskem condiciones inexplicables para que instalara la planta de Etileno XXI en Veracruz, que ocasionaron millonarias pérdidas al patrimonio de la nación.

Ayer Calderón, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, por separado, desmintieron a Lozoya y acusaron al gobierno federal de realizar un manejo ilegal y mediático del caso.

"Es un instrumento de venganza y persecución política", dijo Calderón.

"Voy a demandar por daño moral a Emilio Lozoya.... tengo la certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame", señaló Anaya.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Viernes 21 de agosto de 2020.


Lozoya dice, en la denuncia que presentó ante la FGR, que legisladores panistas lo extorsionaron pidiéndole 50 millones de dólares para aprobar las reformas estructurales impulsadas por Enrique Peña Nieto


Luego de que se diera a conocer en la denuncia que realizó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ante la Fiscalía General de la República, que dio 6 millones de pesos a Ricardo Anaya y 4 millones de pesos a José Antonio Meade y a José Antonio González Anaya, Lozoya Austin también denunció que los legisladores panistas lo "extorsionaron", pidiéndole 50 millones de dólares.

En la denuncia se puede leer que Lozoya declara que esta cantidad no se trató de una negociación, sino que fue una extorsión por parte de los legisladores "con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras".

En la declaración, Lozoya Austin dice que el grupo de legisladores que ejecutaba dichas extorsiones, estaba conformado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actualmente gobernador de Tamaulipas; Francisco Domínguez Servién, actual gobernador de Querétaro; Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Mauri.

También se lee, en la declaración, que "a solicitud de Luis Videgaray Caso, de quien yo recibía instrucciones, recibí en diversas ocasiones a los legisladores de oposición, cuyas exigencias ascendían, en un primer momento, hasta 50 (cincuenta) millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética".

También menciona que ellos tenían proyectos políticos en diversos estados de la República, como Tamaulipas, Campeche y Querétaro, y eso lo usaban como pretexto para pedir cada vez más dinero.

Además, dice, llevaban contratistas cercanos para que se les dieran contratos en Pemex.

Menciona que tenían una actitud agresiva y que amenazaban con boicotear la reforma energética si no recibían los sobornos solicitados.

Emilio Lozoya Austin fue director de Petróleos Mexicanos durante la gestión de Enrique Peña Nieto. Fue detenido en España el pasado 12 de febrero, acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y lavado de dinero.

El Universal
Ciudad de México
Viernes 21 de agosto de 2020.


Se hicieron siete entregas con el consentimiento del expresidente Enrique Peña; dieron más de 70 millones de pesos


Los exlegisladores Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, Francisco Domínguez Servién, José Luis Lavalle, Salvador Vega Casillas, David Penchyna Grub y Luis Miguel Barbosa Huerta fueron acusados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, de haber recibido millonarias sumas de dinero por instrucciones de Luis Videgaray para aprobar la reforma energética.

Así lo reveló esta noche Ciro Gómez Leyva, en el noticiero Imagen Noticias, donde dio a conocer parte de la denuncia de hechos que interpuso Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que destacó que se hicieron siete entregas con el consentimiento del expresidente Enrique Peña.

Anaya Cortés recibió seis millones 800 mil pesos, y a Penchyna, exdirector del Infonavit y exsenador del PRI, le entregaron seis millones de pesos, el 17 de septiembre de 2014.

De acuerdo con el testimonio de Emilio Lozoya, primero se entregaron 10 millones de pesos el 11 de diciembre de 2013; otra por 900 mil pesos; una más por 13 millones de pesos. A principios del 2014 se efectuaron tres nuevas entregas por 12 millones 800 mil pesos cada una y otra por seis millones 400 mil pesos.

Indicó que tanto el expresidente Enrique Peña Nieto, como el extitular de Hacienda, Luis Videgaray, establecieron como enlace a David Penchyna con los demás senadores que supuestamente recibieron cantidades de dinero para avalar la reforma energética, en su calidad de titular de la comisión de Energía de la cámara alta.

La Razón
Ciudad de México
Lunes 17 de agosto de 2020.


En la grabación el exsecretario Técnico del Senado aparece recibiendo bolsas de billetes


Ciudad de México— Un video difundido en YouTube muestra una entrega de dinero en efectivo que sería parte de los presuntos sobornos que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, afirma haber entregado a representantes del Senado entre 2013 y 2014.

Rafael Caraveo Opengo, exsecretario Técnico del Senado y mencionado en los testimonios de Lozoya Austin, aparece en el video recibiendo bolsas de billetes que presuntamente formaron parte de los sobornos de Odebrecht al exdirector de Pemex.

El video fue subido a un perfil de YouTube, a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, que coincide con el nombre del hermano del exdirector de Pemex.

"Aquí se ve cómo se recibe dinero para contratos con Pemex", dice la leyenda que acompaña el video subido el domingo 16 de agosto.

En el video se ve cómo el ex funcionario, quien colaboraba directamente con el senador panista José Luis Lavalle Maury y quien era presidente de la Comisión de Administración del Senado, manipula las bolsas con billetes de 200 y 500 pesos.

Lavalle Maury también ha sido mencionado en los testimonios que Lozoya Austin ha dado a las autoridades sobre la manera en que se distribuyeron los sobornos de Odebrecht en México.

El pasado 24 de julio, Reforma dio a conocer que Caraveo estaba señalado por Lozoya, en un escrito preliminar, como una de las personas que recibió los sobornos para la aprobación de las reformas estructurales.

La semana pasada, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que Lozoya entregó un video a la dependencia en su denuncia contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Por el momento, la institución no ha confirmado si la grabación en la que aparece Caraveo es la que entregó el ex director de Pemex en su querella.

Cesan a secretario de gobernador de Querétaro tras videoescándalo

Guillermo Gutiérrez Badillo aparece al lado de Rafael Caraveo, uno de los señalados en la trama del caso Emilio Lozoya

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, se desmarcó de su secretario particular, Guillermo Gutiérrez Badillo, protagonista del video que circula en Youtube en el que aparece al lado de Rafael Caraveo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, recibiendo bolsas con dinero en una oficina.

Domínguez informó en su cuenta de Twitter que había dispuesto el "cese inmediato" de su colaborador para que se deslinden responsabilidades.

"Con relación al video difundido el día de hoy en redes sociales, en el que aparece un colaborador mío, aclaro que nunca tuve conocimiento de los actos supuestos de esa persona. Como siempre, en apego a la ley, determiné el cese inmediato de Guillermo Gutiérrez Badillo, para que contribuya en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades del video difundido, ante la autoridad competente", explicó.

"Por eso, con independencia de las facultades legales que pueden tener en este tema autoridades federales o estatales, he decidido separar del cargo a dicha persona y dar parte a la Contraloría del estado para que, en su carácter de servidor público, dé cuenta de sus actos", añadió el Mandatario.

Tras asegurar que nunca ha cometido algún acto indebido, el Gobernador externó su disposición a colaborar con las autoridades.

Domínguez es uno de los señalados en la trama del caso Emilio Lozoya, junto con el también exsenador y actual Gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca.

Va PAN por expulsión de implicado

El Partido Acción Nacional prepara la expulsión de sus filas de Guillermo Gutiérrez Badillo, hasta hoy secretario privado del Gobernador queretano Francisco Domínguez, tras aparecer en el video en el que se reciben bolsas con fajos de billetes presuntamente de la trama del caso Lozoya.

Hasta esta mañana, Gutiérrez Badillo figuraba en la lista de militantes de Acción Nacional, a cuyas filas ingresó en enero de 2005.

"Al referirse a la difusión de un video a través de diversos medios de comunicación, el dirigente del PAN, Marko Cortés, solicitó a la Fiscalía General de la República que investigue y proceda de inmediato contra quienes resulten responsables de supuestos hechos de corrupción", se informó en un comunicado.

Cortés expresó que de confirmarse que se trata de militantes del PAN se procederá a su inmediata expulsión.

Reforma
Abel Barajas
Mayolo López
Ciudad de México
Lunes 17 agosto 2020.

SDR: en 9 años se gastaron 2 mil mdp en seguros agrícolas y lograron 820 mdp en pago de daños

Las actividades primarias de Tlaxcala reportaron una variación anual de 13.9 por ciento en el tercer trimestre de 2019

A partir de este año el gobierno de Puebla canceló la póliza de seguro que contrataron las gestiones del PAN de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad para proteger la superficie agrícola, pues obligó un gasto 2 mil 220 millones de pesos durante nueve años, pero el estado cobró por concepto de indemnizaciones 820 millones de pesos.

Las cifras las proporcionó la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, en mesa de trabajo con diputados del Congreso de Puebla, donde informó que la actual administración de Luis Miguel Barbosa Huerta apoyará a los campesinos que reporten cultivos siniestrados con incentivos para su actividad.

Aseguró que el cambio en el esquema de atención garantizará que los recursos públicos se apliquen en la producción agrícola y no se destinen a otro tipo de acciones que no guardan relación con el campo.

La póliza no se ajustó a las condiciones del estado

Ante la Comisión de Desarrollo Rural del Poder Legislativo, Ana Laura Altamirano explicó que la póliza se contrató de 2011 a 2019 sin ajustarse a las necesidades del estado, pues tuvo una cubertura de 100 por ciento sobre el millón de hectáreas sembradas en Puebla, cuando en promedio se siniestran 40 mil hectáreas al año.

Además, aclaró que Puebla jamás ha hecho frente a una eventualidad que genere afectaciones en toda la superficie que se dedica a la actividad agricultura.

La funcionaria mostró a los legisladores un gráfico del gasto que generó la póliza año con año para probar que el gobierno pagó a la aseguradora una bolsa de “muchos millones de pesos”, cuando el monto de las indemnizaciones siempre se encontró “muy por debajo”.

En 2013 se recuperó únicamente 15% de lo pagado

El peor año para el estado fue 2013 debido a que Puebla recuperó en pago de daños únicamente 15.6 por ciento de los 267.9 millones de pesos que destinó al seguro, es decir, 42.7 millones de pesos.

En tanto, en 2012 la aseguradora entregó indemnizaciones por 44.3 millones, que es equivalente al 20 por ciento del costo que tuvo la póliza ese año; mientras en 2016 pagó 67 millones; en 2017, 87 millones; y en 2015, 111 millones, lo que representó 24.5, 31.1 y 36.6 por ciento de los recursos públicos que recibió del gobierno, respectivamente.

Lo máximo que pudo recuperar el estado fue 70 por ciento del monto invertido, situación que se presentó en 2011 al obtener por indemnizaciones 102.7 millones de pesos de una póliza de 147.7 millones.

Se duplica costo del seguro al quinto año

De acuerdo con la información de la SDR, el costo del seguro se duplicó al quinto año de su contratación, ya que el gobierno de Moreno Valle pagó 147.7 millones de pesos en 2011, cifra que pasó a 304 millones en 2015.

El aumento no tuvo el mismo impacto en los beneficios, pues en 2011 el estado obtuvo por indemnizaciones 102.7 millones de pesos y en 2015, con una póliza 156.2 millones de pesos más cara, el pago de daños tuvo un incremento de 8.6 millones.

Para evitar esas pérdidas, Ana Laura Altamirano anunció que el gobierno realizará inspecciones en las superficies reportadas como dañadas para determinar la magnitud de la afectación y, con base en eso, definir el monto de los apoyos que asignará el estado de manera directa.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho / Puebla
Miércoles 24 de junio 2020.


•    García Luna utilizó red de empresas para transferir 50 mdd a paraísos fiscales


Una red de empresas relacionadas a Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, ocultó más de 50 millones de dólares en paraísos fiscales.

La información, revelada por la cadena Univisión, se basa en dos denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, en la que se asegura que “muy probablemente” dichos recursos provienen de los presuntos sobornos entregados por grupos criminales a García Luna, cuando este era secretario de Seguridad Pública, entre 2006 y 2012.

Al ser entrevistado por dicho medio, Nieto aseguró que cuando García Luna fue detenido en Estados Unidos en diciembre de 2019 ya habían concluido la investigación, y estaban preparando dos denuncias: una ante la Fiscalía General de la República y otra ante la Secretaría de la Función Pública.

Ante ese escenario, la UIF pudo congelar de forma inmediata las cuentas bancarias de García Luna, su esposa y su hermana Esperanza, así como la de sus asociados de negocios Samuel Weinberg, su hijo Alexis Weinberg y José Luis Castilla.

Se congeló también la cuenta de la compañía de seguridad de García Luna, llamada Glac; más tres empresas de los Weinberg: Icit Private Security, Icit Holding y Nunvav.

Dos semanas después, el 24 de diciembre de 2019, la UIF presentó una denuncia penal por lavado de dinero, además de otra ante la Secretaría de la Función Pública.

“Encontramos todo el esquema de lavado de dinero de García Luna. Los gobiernos contrataban empresas fachada. Se hacían las transferencias de los depósitos en las cuentas de las empresas fachada, que después sacaban el dinero en efectivo.

“Una vez depositado el dinero del Estado mexicano en las cuentas de la empresa, la empresa los transfería”, detalló Nieto.

Según la investigación, el dinero en cuestión se movió a cuentas de Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.

La pesquisa halló que el dinero se movió a cuentas de Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.

Nieto aseguró que casi medio año después, las cuentas continúan congeladas.

Genaro García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Texas. Ahora espera juicio en Nueva York, acusado de cargos de narcotráfico por haber recibido sobornos de los carteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, más un tercer cargo de falsedad en declaraciones.

Proceso
Ciudad de México
Martes 19 de mayo de 2020.

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