Genaro García Luna ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, tiene cargos por conspiración de tráfico de cocaína, así como falsedad de declaraciones ante la justicia de EE.UU, según el Departamento de Justicia.

El exfuncionario mexicano fue señalado de recibir sobornos millonarios del narcotráfico, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.


Las autoridades estadounidenses detuvieron el lunes a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, por presuntos vínculos con el narcotráfico y haber recibido millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa entre 2006 y 2012.

El Departamento de Justicia informó que presentó tres cargos por conspiración de tráfico de cocaína contra García Luna, así como falsedad de declaraciones ante la justicia de EE.UU., según un comunicado emitido por la fiscalía de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

"A cambio de sobornos multimillonarios, el acusado supuestamente permitió que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en México. García Luna fue arrestado ayer por agentes federales en Dallas, Texas, y el Gobierno buscará su traslado al Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos", explica el texto.

Richard P. Donoghue, fiscal de los EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, dijo que el arresto demuestra la determinación de "llevar ante la justicia a quienes ayudan a los carteles a infligir un daño devastador en los EE.UU. y México, independientemente de las posiciones que sostuvieron mientras cometían sus crímenes".

De acuerdo a la Fiscalía, en dos ocasiones "el Cartel entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines que contenían entre tres y cinco millones de dólares. Además, según los registros financieros obtenidos por las autoridades, cuando García Luna se mudó a los EE.UU., en 2012, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares".

De ser hallado culpable por los delitos que se le imputan, García Luna podría alcanzar una condena de entre 10 años de prisión y cadena perpetua, según el Departamento de Justicia.

La reacción de Calderón

Tras enterarse de la detención, el expresidente Felipe Calderón señaló que su postura "será siempre en favor de la justicia y la ley".

"Estoy conociendo por redes sociales la versión del presunto arresto de Genaro García Luna. Desconozco detalles y estoy pendiente de la información que confirme el hecho, como de los cargos que, en su caso, se le imputen. Mi postura será siempre en favor de la justicia y la ley", dijo en un tuit.

García Luna fue el principal encargado de desarrollar la estrategia de la llamada "guerra contra el narcotráfico", que decretó el expresidente Calderón a partir de diciembre de 2006, que provocó un aumento significativo de la violencia en ese país.

Un negro historial

Los vínculos entre García Luna y el narcotráfico fueron documentados por la periodistaAnabel Hernández en su libro 'Los señores del narco', además de orquestar una conspiración en su contra para asesinarla por develar dicha información.

"A finales de 2010, una persona que trabajaba cerca del círculo del jefe policiaco me informó que había un plan para asesinarme. Esa advertencia fue precedida por varios atentados contra mi familia, fuentes de información, contra mí, contra mi casa. Un infierno. Hace pocos meses un funcionario del gobierno americano me dijo que ellos habían confirmado que García Luna y su gente habían hechoun complot para matarme", escribió Hernández en su más reciente libro, 'El traidor'.

Durante el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York, un testigo de la fiscalía, Jesús 'el Rey' Zambada, quien era el contador del Cártel de Sinaloa, aseguró que la organización criminal creó un fondo de 50 millones de dólares para Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el mandato del presidente mexicano Felipe Calderón.

El 'Rey' Zambada informó también que, en 2005, le entregó personalmente a García Luna tres millones de dólares en un maletín cuando el funcionario estaba a cargo de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

A lo largo de su gestión al frente de la política de seguridad mexicana, el exfuncionario fue señalado de crear un montaje televisivo durante la detención de la francesa Florence Cassez, que detonó una crisis diplomática entre México y Francia durante el sexenio de Calderón.

En octubre de 2019, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, admitió que la administración del expresidente Felipe Calderón lo presionó durante la resolución judicial que decretó la liberación de Cassez, quien fue acusada de narcotráfico con pruebas manipuladas por la secretaría encabezada por García Luna.

Tras dejar su cargo, al término del mandato de Calderón, García Luna se fue a vivir a un millonario complejo habitacional en Miami, Florida, en una casa propiedad del empresario de seguridad Mauricio Samuel Weinberg,quien obtuvo millonarios contratos con el Gobierno mexicano en la venta de equipo de seguridad durante la gestión de García Luna.

RT
AFP
Alfredo Estrella
Washington, EU
Martes 10 de diciembre de 2019.


Un reportaje de Flavia Morales


Capítulo 1. Falta de controles arrebata la ayuda social

Capítulo 2. El petróleo les gana a los dueños de las tierras

El estado recibió más de 9 mil millones de pesos, equivalentes a 450 millones de dólares, en fondos sociales para comunidades petroleras entre 2014 y 2018. Los recursos han sido manejados discrecionalmente o desviados y no han servido para paliar la pobreza que es de las más altas en México. Mientras tanto, la reforma energética implementada por el ex presidente Enrique Peña Nieto mantiene en incertidumbre las comunidades que empiezan a defender sus territorios.

Falta de controles arrebata la ayuda social

Los recursos para los veracruzanos que sufren afectaciones sociales y ambientales por la explotación de petróleo han sido manejados discrecionalmente. A los desvíos de fondos y las obras fantasmas, se suman violaciones de las normas creadas con la reforma energética para mejorar las condiciones de vida en las comunidades petroleras.

Era 2014 cuando el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma Energética en el Palacio Nacional. Entonces prometió que México contaría con más recursos, que habría más empleos y que los estados que producen petróleo, aceite y gas fortalecerían sus ingresos.

A las familias del campo les dijo que la reforma les daría otro horizonte. “Les ofrecerá una nueva y sustantiva fuente de ingresos en los casos donde se produzcan energéticos en sus tierras, recibiendo una contraprestación justa, equitativa, y transparente”, dijo en su discurso.

Veracruz era pieza clave en el proceso, que implicaba la apertura del negocio de hidrocarburos a la inversión privada. En el estado se producen 88 mil barriles diarios de petróleo que no han servido para que deje de ser uno de los cinco más pobres de México.

Lo que siguió después para cumplir la promesa de hacer justa la repartición de recursos fue la creación en 2015 del Fondo para Entidades Federativas y los Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), el cual se alimenta de los impuestos cobrados a las empresas por asignaciones y contratos.

A esa acción se sumaron una serie de modificaciones en las reglas de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la distribución de donativos y donaciones y para la ejecución de programas en las comunidades petroleras. Fue un intento de controlar los desembolsos con mayor rigor y de asegurar su efecto social.

Los resultados distan de lo planteado en los decretos firmados. Veracruz ha recibido en los últimos 6 años más de 9.000 millones de pesos, aproximadamente 450 millones de dólares, en fondos petroleros. Un total de 60 por ciento provinieron del FEFMPH y de donativos de Pemex, que sumaron 5.956 millones de pesos, alrededor de 297 millones de dólares.

Las cifras millonarias, sin embargo, no han servido para cumplir la misión principal: mitigar la afectación por la extracción de hidrocarburo, atender el rezago social y generar desarrollo en las comunidades petroleras que siguen siendo las de más alta marginación en Veracruz.

Esta investigación, realizada por la Agencia Veracruzana de Noticias (AVC Noticias), en alianza con el International Center for Journalists (ICFJ) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, siguió la ruta del dinero del FEFMPH y de Pemex. Los datos recopilados confirman que parte importante del dinero se ha transferido sin mecanismos de control, lo que ha generado desvíos y el uso discrecional de los fondos.

Para documentar la ruta del dinero, se recorrieron comunidades en las tres cuencas petroleras de Veracruz, se analizaron las bases de datos de recursos públicos, licitaciones, contratos de obras, auditorías, las bases estadísticas petroleras y se realizaron 26 solicitudes de información al gobierno estatal y federal sobre el uso de estos dos fondos.

Entre 2015 y 2016, cuando Javier Duarte, ex gobernador del estado hoy en preso por corrupción, controló los recursos, más de 1.000 millones de pesos quedaron sin que se comprobara su destino. En esta investigación además se encontraron obras abandonadas, con sobrecostos y fallas de construcción graves que suman más de 42 millones de pesos.

Con el nuevo gobierno panista de Miguel Ángel Yunes, las irregularidades continuaron con el uso discrecional de recursos con fines políticos- electorales en municipios donde ni siquiera hay extracción petrolera, lo que violentó la normatividad federal precisamente destinada para favorecer a comunidades petroleras.

El dinero fue controlado por la Secretaría de Infraestructura de Obras Públicas (SIOP) del estado, que concentró el 90 por ciento de los recursos en obras de pavimentación que fueron entregadas a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a grupos empresariales privilegiados.

Las irregularidades se repiten a nivel federal, en el Consejo de Administración de Pemex se decidió distribuir más de 1.800 millones de pesos en donativos y donaciones de dinero en efectivo sin mecanismos de fiscalización. Parte de estos recursos han sido desviados o manipulados por el gobierno estatal y municipal.

Además, la petrolera ha utilizado esquemas como el Programa de Apoyo a las Comunidades y Medio Ambiente (Pacma), cuyos fondos se originan del impuesto cobrado a empresas extranjeras y nacionales, para pagar obras y proyectos que están subutilizados, con fallas de operación y con graves acusaciones de corrupción.

Veracruz reparte a discreción fondo petrolero

Sub agente municipal de Reforma Escolín, en Papantla, Veracruz. Tiene 18 años solicitando un sistema de agua para las comunidades de la sierra.

Las comunidades indígenas de la sierra norte de Veracruz son un ejemplo de las fallas sistemáticas en la aplicación de estos fondos.

Hace 68 años, los pozos petroleros invadieron el territorio de cuatro de sus comunidades. Entre las parcelas de naranja y maíz de Escolín, Nueva Reforma, Ojital y Rancho Nuevo, se estableció el campo Escolín con más de 200 pozos, pero el boom no fue suficiente para cumplir la principal demanda de los habitantes: tener agua potable.

Pastora García, subagente municipal, recuerda que los manantiales se secaron cuando Pemex hizo exploraciones con detonaciones de dinamita en varias parcelas en busca de más petróleo.

Hace casi una década, unos 3.000 habitantes integraron un comité para conseguir el sistema de agua. Desde entonces han ido y venido con decenas de planos y proyectos, han conseguido permisos y comprado terrenos para la instalación de tanques que no llegan.

García recuerda que la única temporada cuando tuvieron agua fue gracias a una conexión clandestina que hicieron con los tubos que Pemex utiliza para enviar líquido hacia los pozos. Cuando estos fueron taponeados, el acceso al agua también se acabó.

El sistema que aliviaría a las comunidades tiene un costo de 18 millones de pesos. Si se construyera, las familias dejarían de pagar pipas para abastecerse que van desde los 150 pesos a los 300 pesos.

García y otros de sus compañeros fueron el año pasado al ayuntamiento de Papantla y allí les dieron la respuesta de siempre: no hay dinero, el proyecto fue rechazado y les pidieron un nuevo estudio de factibilidad, que deberá ser pagado con dinero de los habitantes de las comunidades.

García dice que a veces quisiera regresar el tiempo, cuando en su pueblo todo era bonito. “Había arroyos, peces, camarones, teníamos de dónde tomar agua y comer, pero las redes que tendió Pemex por las parcelas acabaron con todo”.

En 2011, indignados por la falta de respuestas, los pobladores bloquearon por dos días la vialidad principal en reclamo del sistema de agua y también de mejoras en los caminos, pero no obtuvieron ni lo uno ni lo otro, sino demandas judiciales federales de Pemex.

A la comunidad de Reforma Escolín los pozos petroleros llegaron hace 68 años, pero eso no bastó para tener agua potable

Pastora vivió escondida dos semanas para evitar ir a la cárcel. Al final tuvo que pagar una fianza de 41 mil pesos y durante dos años ir a firmar al penal cada domingo.

“No tengo miedo, porque exigimos algo justo, pero me da coraje porque estamos como coladera de Pemex, por tantos pozos, y para el agua tenemos que comprar, llenar cubetas, tinas, y seguimos aquí, nos han engañado tantas veces y nos dicen una y otra vez que no hay dinero para el agua”, se queja.

Su historia se repite en otras comunidades petroleras en Veracruz donde los beneficios de la reforma energética y los recursos que Pemex destina para paliar daños, no llegan a quienes necesitan asistencia o se utilizan discrecionalmente.

La comunidad de García forma parte de la cuenca petrolera Tampico-Misantla, la de mayor reserva de crudo del país. La zona fue asignada en agosto del 2014, a Pemex en la ronda cero para extracción de gas y aceite por 20 años como parte del campo Poza Rica dentro del proceso de reforma energética adelantado por Peña Nieto.

Esto, en teoría, colocó a su comunidad automáticamente entre las que pueden beneficiarse del FEFMPP destinado precisamente para asumir los pasivos sociales causados por la explotación petrolera y que han creado rezago.

Pero mientras a Pastora y al comité del que forma parte les niegan recursos para su pequeña obra, el gobierno de Veracruz ha invertido más de 1.300 millones de pesos en pavimentaciones y rehabilitaciones de asfalto en municipios donde no hay un solo pozo y la vocación petrolera es mínima, según se estableció en la presente investigación.

Fallas en el uso del millonario recurso fueron detectadas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando advirtió que la falta de vigilancia y control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resultaba en un incumplimiento de las reglas de operación, pues el dinero se usaba a conveniencia del mandatario en turno.

El FEFMPH es alimentado por el impuesto que deben pagar las empresas públicas y privadas que realizan actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con base en la extensión de las áreas contractuales y de asignación en áreas marítimas y terrestres.

Las reglas de operación obligan a los estados a transferir al menos el 20 por ciento de sus recursos a los municipios. El dinero puede dirigirse a tipos de obras que están descritas en las normas. Se pueden construir sistemas para almacenar y distribuir agua potable o para tratar las residuales; para rehabilitar ríos, arroyos y riachuelos; para para disponer de residuos sólidos; para proteger áreas naturales; para mejorar la iluminación pública y la protección civil; para reconstruir estructuras afectadas por desastres naturales o para mejorar la vialidad y la movilidad de las comunidades.

En Veracruz, sin embargo, 98 por ciento del fondo se ha invertido en más de 900 obras de pavimentación o de ampliación y reconstrucción de caminos. Apenas 28 obras han sido de equipamiento urbano, 26 de agua y saneamiento, 6 de preservación y protección ecológica y 1 de electrificación.

Las obras de pavimentación que han concentrado el uso de los fondos se han entregado a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Un grupo selecto de empresarios pertenecientes a la cúpula de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción han sido beneficiados con contratos directos por más de 800 millones de pesos, equivalentes a 40 millones de dólares.

Las principales fallas en la aplicación del fondo en 2016 persistieron en los siguientes años. De acuerdo con el análisis de las obras reportadas en la plataforma transparencia presupuestaría, 40 por ciento de los 3. 400 millones de pesos invertidos han sido distribuidos a seis municipios que están lejos de tener una vocación petrolera. Es un monto de aproximadamente 170 millones de dólares, que generaría alivio en otros lugares donde la industria ha provocado estragos.

El FEFMPH además no contempla mecanismos de participación para las poblaciones que habitan zonas impactadas, lo que genera inequidades. Así fue establecido en una investigación del Centro de Investigación y Análisis (Fundar), que se publicó en el anuario 2017 “Las actividades extractivas en México. Minería e Hidrocarburos hacia el fin de sexenio”.

Veracruz es el estado con mayor superficie destinada a la extracción de hidrocarburo con 47.300 kilómetros y hay serias dudas del porqué municipios sin áreas de asignación o contratación, reciben recursos de este fondo, lo cual constituye una irregularidad a los lineamientos de la legislación y la normatividad.

“Además resulta llamativo que estados o municipios donde la superficie afectada por asignaciones es menor reciban mayores montos que los que tienen superficie más comprometida”, señala Carla Flores, integrante de Carto Crítica, quien colaboró en la edición del anuario.

La investigadora coincide en que el escaso control de la aplicación del fondo deja la puerta abierta para que los gobiernos usen el dinero de manera discrecional o, incluso, para que se desvíe a otros fines o a bolsillos a los que no debería llegar.

Veracruz es claro ejemplo de esto. Mientras los bastiones electorales del PAN, partido del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, recibieron obras por casi 500 millones de pesos, otros tradicionalmente petroleros como Tihuatlán, Coatzintla, y Pánuco, suman apenas 157 millones de pesos en inversión.

Incluso el municipio de Molocán, donde se encuentra Villa Cuichapa, cuya área contractual fue entregada a la empresa Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México desde el 2016 en la ronda 2, y que produce alrededor de 2 mil barriles diarios de aceite y gas, tiene una inversión del fondo de apenas 12 millones de pesos, todos destinado a pavimentación.

El bulevar de Veracruz fue rehabilitado con una inversión de 7.5 millones de dólares, el dinero fue del Fondo de entidades productoras, aun cuando aquí no hay asignaciones petroleras.

Las obras se repartieron entre panistas y constructores favoritos

Apenas el sol da tregua en el Puerto de Veracruz y la tarde cae, los juegos recién instalados en el bulevar se llenan de paseantes que se refrescan con la brisa del mar.

La obra fue inaugurada en el último día de gobierno de Miguel Ángel Yunes como una de sus contribuciones más importantes, pues aseguró es uno de los bulevares más bellos y moderno del país. La inversión es millonaria: 149 millones de pesos para rehabilitar 10 kilómetros de paseo. Junto a la obra, se construirán tres hoteles privados de cadenas internacionales, una plaza comercial y un conjunto habitacional de lujo.

La obra es realizada con recursos del FEFMPH. Según la auditoría a la cuenta pública 2017, construyó esta obra con sobre costos, y sin la supervisión técnica adecuada.

Los municipios panistas recibieron fondos petroleros por casi 25 millones de dólares aun cuando no tienen asignaciones petroleras importantes.
Aunque el Puerto de Veracruz, gobernado por Fernando Yunes Márquez, hijo del gobernador, apenas tiene unos kilómetros de áreas de asignación, suma en dos años junto a Boca del Río, municipio colindante y también bastión panista, inversiones por 455 millones de pesos.

El dinero de este fondo fue controlado en su mayoría por la SIOP, dirigida por Julen Rementería, ex alcalde de Veracruz, ex diputado, ex candidato y ahora senador por el PAN.

Con Rementería al mando, la SIOP se convirtió en la cuarta secretaría más poderosa en el gobierno de Yunes. De tener un presupuesto de 468 millones de pesos, recibió ampliaciones presupuestales por 1.935 millones de pesos, la mayoría procedente del FEFMPH.

El aumento del presupuesto le permitió lanzarse como candidato al senado por la alianza PAN-PRD con un lema de campaña que no fue elegido al azar: “Manos a la obra”.

Durante su encargo, gran parte de la obra del fondo fue asignada vía adjudicación directa o con invitación restringida a tres personas. Pero Rementería se defiende y asegura que los recursos se repartieron conforme a ley, sin favoritismos y que se asignaron las obras a los empresarios más competitivos.

El Fondo petrolero fue controlado por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, a cargo del ahora senador Julen Rementería del Puerto. Las obras se entregaron por adjudicación directa y un sector de empresarios concentró el 30 % del fondo.

Este modus operandi lo detectó la ASF en 2016 cuando revisó por primera vez el fondo. Entonces alertó que había proyectos que excedían los montos para adjudicarse de forma directa, había disparidad en las inversiones aprobadas y ejercidas, y existían falta de comprobación y proyectos que no cumplían con objetivo principal del fondo.

Las mismas prácticas continuaron en los años siguientes. Al revisar la lista de proyectos aprobados en Veracruz a través de transparencia presupuestaria, se comprobó que la SIOP otorgó al menos 250 obras vía adjudicación directa e invitaciones restringidas.

Apenas en octubre pasado, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), sancionó y ordenó una investigación contra funcionarios de SIOP, porque detectó que en la cuenta pública 2017, se habían adjudicado obras de forma directa sin justificación y excediendo los montos establecidos por ley. Además, se detectaron deficiencias en la construcción.

Un análisis de las licitaciones realizado para este trabajo reveló que 15 grupos constructores se repartieron 811 millones de pesos de obras, lo que equivalió al 30 por ciento del fondo petrolero en Veracruz, es decir más de 40 millones de dólares.

De este grupo, diez empresas constructoras pertenecen a empresarios que integran el primer círculo de poder de la CMIC. En conjunto, recibieron 311 millones de pesos en asignaciones, 90 por ciento de las cuales fueron por vía de adjudicación directa. Los otros 500 millones de pesos fueron repartidos bajo el mismo esquema de adjudicación directa entre otros cinco grupos constructores.

Adicionalmente las empresas de esta lista fueron privilegiadas con obras de otros fondos federales durante el gobierno de Duarte y Miguel Ángel Yunes.

Algunos empresarios recibieron entre cuatro y cinco contratos relacionados con el FEFMPH, a través de varias empresas donde son socios o apoderados legales. Un caso destaca: el de Ramón Montano Hernández, vicepresidente de Infraestructura y Obras Públicas de CMIC, quien recibió seis contratos vía adjudicación directa por 28.9 millones de pesos. Esto a pesar de que un año antes, el Organismo de Fiscalización del Estado, le había hecho señalamientos por la mala calidad en una de las obras, que tuvo que ser suspendida.

En 2017 una acusación anónima prendió los focos rojos al interior de la CMIC, cámara de construcción. Según ella, las grandes obras se quedaban entre los miembros del comité directivo. El entonces presidente, Pedro Medina Amador negó la acusación.

Esta reportera buscó la opinión del actual Presidente de la cámara de la construcción en Veracruz, sin embargo, al cierre de este trabajo no respondió la petición de entrevista.

Gobernador decidió obras de los fondos petroleros

En entrevista, el ex funcionario y ahora senador aseguró que no repartió las obras a modo, pero reconoció que el gobernador Miguel Ángel Yunes decidió cómo y dónde se repartían los fondos petroleros.

Entrevistado sobre los cuestionamientos de esta investigación, Rementería expresó lo siguiente: “No era vamos a repartir, si no era un juego de cartas, no hubo favoritos”

Rementería reconoce que concentrar el cuarto presupuesto más grande del gobierno le sirvió para impulsar su candidatura. “Todo suma”, admite, pero niega que existiera discrecionalidad a la hora de aplicar el fondo de entidades productoras de hidrocarburos.

Alega que para realizar la asignación de obra se consultó una lista de municipios y que si el lugar tiene un ducto o alguna instalación petrolera era susceptible de ser beneficiado. Sin embargo, las reglas de operación son estrictas y dicen lo contrario: el fondo solo se aplica a las áreas con asignaciones o contratos de exploración y explotación, lo cual se incumplió para Veracruz.

Rementería dice que ha sido tanta la mala fama del gobierno, que cuesta creer que las cosas se hagan bien. “No hay truco, simplemente es hacer el proyecto, validarlo técnicamente y ocúpate de tener el dinero y haz el contrato bien a una buena empresa, y la obra sale”.

Cuestionado sobre el criterio utilizado para destinar recursos por casi 500 millones de pesos a Veracruz y Boca del Río, contra Papantla con 51 millones de pesos, señaló que las reglas operación no establecen monto a otorgar, por lo que fue el propio gobernador Yunes quien decidió cuáles son las prioridades del estado y las obras a realizarse. Ver Diario Oficial de la Federación

También justifica que la mayor parte del fondo se dirigiera a pavimentación: afirma que esa es la principal solicitud de los alcaldes: “Es la demanda número uno, incluso por encima del agua potable o la electrificación”.

Hay un grupo de constructores que concentran las obras, se le cuestionó.

“Hay grupos de empresarios que se agruparon para hacer consorcios. Es una situación natural de la competencia, se puso el piso parejo para todos, ganaron los que eran más competitivos”, respondió.

Rementería también justifica que una gran parte de los contratos se realizaran por vía adjudicación directa, pues está permitido en Ley.

“Las cámaras me dijeron ´ ¿Cuántas obras nos va a dar?’. Respondí ni una, ve y participa, gánatela, no voy a impedir que participes, esa fue la política, y eso nos sirvió”, relata.

Rementería cuenta que cuando llegó a la secretaría en diciembre del 2016, lo recibieron con una buena noticia: había casi 100 millones de pesos disponibles para gastar como parte del remanente del FEFMPH, la única condición era gastarlo antes del 31 de diciembre.

La obra se repartió vía adjudicación directa, pero cuando se iba a ejercer, las malas noticias llegaron porque se enteraron que el gobierno de Javier Duarte solo había dejado el dinero en papel, la caja estaba vacía. Las obras se tuvieron que cancelar, y con recursos del 2017 se volvieron a licitar, lo que duplicó el costo de la infraestructura.

Desvíos, obras sin operar y con sobrecostos

Esto es parte del desorden administrativo que la propia ASF documentó en 2016, cuando alertó que de los 1.030 millones de pesos que le correspondían a Veracruz por los fondos de entidades productoras, el gobierno de Duarte solo comprobó la entrega del 10 por ciento, unos 103 millones de pesos. Lo demás desapareció y nadie atina a saber dónde está o en qué se utilizó.

Veracruz no entregó información de la comprobación de las transferencias y, por tal situación, se solicitó la intervención de las contralorías para investigar y determinar responsabilidades a los funcionarios implicados, sin embargo, a la fecha no hay reporte de las sanciones.

La auditoría cuestionó que en general el fondo se aplica con escasa supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En algunas obras el monto aprobado y el ejercido no tienen correspondencia y, en general, no se entregan reportes del gasto.

La falta de control ha derivado principalmente en que los proyectos incumplen el propósito de resarcir las afectaciones al entorno social y ecológico en las comunidades de donde se extrae el petróleo, el gas y el aceite.

Otro de los hallazgos fue que algunas obras se licitaron y adjudicaron por lo menos dos veces. Entre 2014 y 2016, el Orfis también documentó desvíos por 42 millones de pesos en el uso del fondo.

El patrón fue común: proyectos abandonados, sin terminar, bitácoras de obra inexistentes, entrega de anticipos a empresas sin factura de comprobación, deficiencias en los proyectos ejecutivos y sobrecostos en la construcción.

En la cuenta pública 2016 del ORFIS, se emitieron 34 observaciones al gasto del FEFMPH, la mayoría a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas por mala calidad en la obra, e irregularidades en los contratos. Ver documento

Los desvíos duplicaron el monto de las obras, que estaban presupuestadas para 2016, y tuvieron que volverse a etiquetar para el presupuesto 2017 y 2018.

Por ejemplo, en el municipio de Papantla se detectaron desvíos por 6.6 millones de pesos.

La auditoría observó un desvío de 1.9 millones de pesos que se dio como anticipo para la rehabilitación de pavimento de una avenida. Para justificar la obra se enviaron fotografías y documentación que avalaban un supuesto avance físico. Sin embargo, cuando los auditores realizaron las visitas de inspección, se encontraron con que ni siquiera estaba iniciada.

En un paquete de 17 obras revisadas, la auditoría reveló que no existen bitácoras, ni se presentaron proyectos de obra, por lo cual se generaron atrasos, deficiente control y modificaciones a los términos contractuales.

En las visitas a las obras, los auditores revelaron irregularidades en Papantla, Tantoyuca, Chicontepec, Ayahualuco, Zongolica, Atzcan, Altotonga, San Juan Evangelista, San Andrés Tuxtla, Villa Azueta, Martínez de la Torre, Coatepec, Veracruz, Córdoba, Coscomatepec y Emiliano Zapata.

Los auditores también acusaron que la SIOP durante el gobierno de Duarte tenía deficiencias en el procedimiento de contratación. Las invitaciones se hicieron solo a un número reducido de empresarios, las adjudicaciones directas se realizaron sin dictámenes que justificaran y algunas empresas ni siquiera eran parte del padrón de proveedores del gobierno estatal, por lo que hubo irregularidades en su contratación.

Pemex, los recursos sin control

Cuando el alcalde de Castillo de Teayo – al norte de Veracruz-, Enrique Isidro Limas inauguró la construcción del sistema de agua potable en las localidades de Nuevo Naranjal y Teayo, hubo fiesta con cohetes y comida.

Era 2014 y la obra se realizaba con un donativo en efectivo de 7 millones de pesos de Pemex al municipio, donde se concentran 6 campos petroleros, algunos parte del ATG.

Pero la obra nunca funcionó correctamente porque el pozo de abastecimiento se colocó a escasos metros de donde escurren aguas residuales, lo que contaminó el tanque, que ahora es inservible.

El Orfis observó en la cuenta pública 2014, que la obra estaba concluida pero no operaba, porque además le faltaba un medidor, la validación de la Comisión Federal de Electricidad y las pruebas sanitarias según la normatividad.

No era la primera vez que ocurría algo así. En 2011 el entonces alcalde no comprobó el uso de 3 millones de pesos para apoyar la “Rehabilitación del Parque Central La Pirámide”.

Otro caso es el ayuntamiento de Papantla, que en 2014 recibió 2.5 millones de pesos en efectivo para la construcción del sistema de drenaje en la localidad de La Grandeza.

La promesa era que el sistema de agua podría abastecer a otras 13 comunidades indígenas de la región, sin embargo, las irregularidades en el proceso de construcción hicieron la obra inservible, que no soportó la presión y terminó por romperse.

En la cuenca petrolera del sureste la situación es la misma. El alcalde de Las Choapas, Renato Tronco, recibió en 2010, 4.6 millones de pesos en asfalto y combustible, que originalmente serían para reconstruir el mercado municipal Bicentenario Miguel Hidalgo y la carretera El Mulato-Ignacio Zaragoza, también conocida como “Tronconada”.

Pero el alcalde lo desvió para pavimentar el camino de la Cordobesa, para renovar el piso del salón de usos múltiples "El Titanic” y para el camino del Aserradero a Río Playas, donde tiene varias de sus propiedades.

Pemex interpuso una denuncia en contra del ayuntamiento y busca que le regrese el dinero. El litigió ya cumplió media década y ahora la nueva administración municipal pretende que el Congreso Local convierta este desvío en una deuda pública del ayuntamiento.

En Veracruz, Pemex ha repartido del 2013 al 2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de los cuales 113 millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en gasolina, diesel y asfalto. Las auditorías han revelado que los recursos se reparten sin control.
Con el sistema de donaciones y donativos, Pemex busca conseguir la licencia social en comunidades y municipios impactados por la explotación y extracción.

El fin es contribuir con el mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades localizadas en zonas petroleras, pero el objetivo dista mucho de cumplirse.

En Veracruz, la empresa ha repartido del 2013 al 2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de los cuales 113 millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en gasolina, diesel y asfalto.

Desde el consejo de administración general de Pemex, presidido por el entonces director, Emilio Lozoya Austin, ahora acusado en el caso de corrupción de Odebrecht, se decidieron los recursos y los proyectos que serían favorecidos con estos recursos.

Sin embargo, el dinero ha sido utilizado por el gobierno estatal y los propios municipios sin un control por parte de la empresa petrolera.

En 2013, durante el gobierno de Duarte, Pemex entregó por ejemplo en 2013, recursos millonarios en efectivo para generalidades como apoyar la realización de proyectos de asistencia social, salud, protección civil, desarrollo agropecuario, desarrollo social e infraestructura social, pero sin comprobar las obras.

En 2016, el último año de gobierno de Javier Duarte, la ASF detectó que, de los 259 millones de pesos donados a Veracruz, la mitad 110.7 millones de pesos, no fueron aplicados correctamente. También se detectaron anomalías en la entrega de combustible.
Revisiones a los recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación en 2010 y luego en 2016, revelaron que se carecen de los mecanismos para controlar el otorgamiento y la aplicación de los recursos.

Aroa Fuente, investigadora de Fundar quien ha seguido la pista de estas donaciones, revela que existen vacíos normativos. “Esto deja un amplio margen de discrecionalidad y dificulta el control de los mismos. De esta manera, estos lineamientos no presentan regulación sobre los plazos para la aplicación y comprobación de los donativos y donaciones otorgados, ni sobre la periodicidad y plazos de los reportes de aplicación de los mismos que deben entregar los beneficiarios”.

Además, alerta que Pemex no realiza un seguimiento de los acuerdos de autorización ni verifica la aplicación de los recursos y bienes para los fines otorgados.

“El hecho de que PEMEX no comprobara el uso final que los beneficiarios dieron a los recursos y bienes entregados impide que se conozca si los mismos fueron utilizados para los fines establecidos y si cumplieron con los correspondientes objetivos de desarrollo social para los que fueron entregados”, señala en el documento “Donativos y donaciones de Pemex: deficiencias e irregularidades”

Aunque los beneficiarios están obligados a entregar un reporte de la aplicación del dinero, estos no se realizan y pese a ello en algunas ocasiones Pemex sigue otorgando recursos.

La ASF observó en dos ocasiones que aun cuando tiene un manual de organización interna que vigila estos recursos, no está actualizado, por lo que es inexistente un marco normativo para cuidar la buena aplicación.

En 2013 el Consejo de Administración aprobó el Manual de Organización de la Gerencia de Desarrollo Social, pero este fue reconocido como legal hasta 2015, dos años después de acordado.

Para la auditoría 2016, la irregularidad existe pues apenas el 1 de marzo del 2017 se publicó el documento normativo para distribuir estos recursos.

Ejemplos de corrupción hay muchos: De los 259 millones de pesos, 12.9 millones de dólares, donados a Veracruz en 2016, que consistieron en gasolina, diesel y asfalto, se detectó un daño patrimonial de 110.7 millones de pesos, 5 millones de dólares, por la falta de comprobación en el uso y aplicación de los recursos. VER AUDITORÍA

También se detectó que los vehículos del gobierno eran de 80 litros, pero funcionarios reportaba el llenado de hasta 150 litros diarios.

La petrolera señaló que, ante la falta de comprobación de los recursos, era probable que el gobierno hubiera revendido el combustible o incluso lo desviara a otras actividades.

Por estas irregularidades y la falta de supervisión, la ASF ordenó a Pemex iniciar procedimientos administrativos en contra de los funcionarios omisos.

Para esta investigación se solicitó vía transparencia a Petróleos Mexicanos, la comprobación del uso de donativos y donaciones en Veracruz desde el 2013 a la fecha. También se le consultó si había irregularidades en sus gastos de parte de gobierno o municipios. La respuesta fue que tenía cero seguimiento al dinero y no sabía cómo y en qué se habían ejercido.

El argumento que utilizaron fue que cinco años después de entregados los recursos continuaban con la integración de la documentación, pues la normatividad había cambiado.

Pemex tampoco quiso informar si había denuncias penales o procesos administrativos sancionatorios en contra de funcionarios por la falta de comprobación en el uso de dinero en efectivo, combustible y asfalto.

La distribución de los donativos y donaciones también se realiza de forma discrecional en Veracruz, los recursos en efectivo y especie los concentra el Gobierno estatal y municipios como Coatzacoalcos o Minatitlán donde hay escasos pozos petroleros, pero sí refinerías, han recibido recursos millonarios por más de 150 millones de pesos. Lo que contradice el objetivo de este apoyo, que es contribuir al mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades localizadas en las zonas petroleras.

El PACMA, las migajas de PEMEX

Es la hora de la comida, y el comedor comunitario de Emiliano Zapata en Papantla, luce vacío y la razón es simple: el menú no le gusta a nadie. Huevo en polvo, carne enlatada, crema de zanahoria en bolsa, chilorio embotellado, son cosas que la gente en este lugar no está acostumbrada a comer.

“No vamos a comer eso, cuando en la parcela hay maíz y en los gallineros huevo fresco”, cuenta Felipe campesino del lugar.

La cuota de recuperación para la ración de comida es de 7 pesos, que sirven para la operación general del comedor, sin embargo, la gente de las comunidades petroleras integrada por campesinos, pescadores y ganaderos no acude a estos comedores.

Pemex lo inauguró como parte del Pacma y su alianza con la Secretaría de Desarrollo Social cuando el gobierno federal lanzó el programa Cruzada contra el Hambre.

Pero en la comunidad nunca preguntaron si eso era necesario.

La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que el programa de comedores opera con el 90 por ciento de deficiencias, pues no se demostró abatir la carencia alimentaria en las comunidades de alta marginación.

En Veracruz se han invertido más de 190 millones de pesos en obras como casas de salud, escuelas, domos y comedores en comunidades petroleras. Los campesinos dicen que son migajas en comparación con lo que las petroleras extraen de sus tierras.
El Pacma es un programa que busca obtener, ampliar y consolidar la licencia social para operar a través de programas, obras y acciones, que impulsen el desarrollo sustentable en las comunidades de las áreas de influencia de las empresas petroleras. Obliga al contratista a aportar un monto mínimo del 2 por ciento del contrato que tengan en las comunidades.

En Veracruz se han invertido 196 millones de pesos en obras de infraestructura financiada por 30 empresas nacionales y extranjeras, como Perfolat de México, Weatherford, Dowell Schlumberger, entre otras.

Bajo este programa, Pemex construyó en las comunidades petroleras, casa de salud, bachilleratos, secundarias y primarias, dotó de ambulancias, domos para escuelas y salones sociales, y apoyó la instalación de cientos de comedores comunitarios.

Pero algunas obras se realizaron sin preguntar a la gente si en realidad eran necesarias, ejemplo claro son los comedores comunitarios, cada uno fue construido con una inversión de 650 mil pesos, en total se invirtieron 42 millones de pesos en Veracruz.

Otro apoyo del Pacma fueron las casas de salud, pero la mayoría opera sin doctor ni medicamentos, por lo que la comunidad es quien tiene que pagar el servicio y mantenimiento del lugar.

Pero, además, los recursos que ejerce Pemex están bajo la lupa de esquemas graves de corrupción.

El programa ha sido objeto de señalamientos, el primero en 2013, cuando reportes periodísticos, indicaron que la Secretaría de la Función Pública había detectado diversas irregularidades en el ejercicio de recursos del fondo.

La dependencia guardó en secrecía el documento “Diagnóstico de los contratos de obra pública con contenido de Responsabilidad Social” que revelaba el desvío. En agosto de ese año, la entonces paraestatal emitió un comunicado en el que reconoció que hacían “falta soportes documentales vinculado a las obras, acciones y programas.”

Luego de esto, el programa fue relanzado en 2013, previo a la Reforma Energética, esta vez de la mano de la organización Transparencia Mexicana.

Pero en 2014, una investigación del periódico Reforma desató un nuevo escándalo: gestores ofrecían a gobiernos locales priístas negociar donativos a cambio de regresar el 20 por ciento para financiar campañas del PRI.

Sobre el tema, Bernardo Bosch Hernández, entonces titular de la Gerencia y Coordinador General del Pacma aseguró que el programa contaba con diversos candados a efecto de evitar este tipo de prácticas, ya que el programa realiza su gestión directamente con la empresa obligada.

Este reportaje fue realizado por Flavia Morales para AVC Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

AVC Noticias
Flavia Morales
Ciudad de México
Miércoles 13 de noviembre de 2019.


Tres constructoras investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera tienen direcciones inexistentes o inexactas en la ciudad de Puebla

Más de 741.6 millones de pesos captaron en los últimos siete años tres constructoras que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda relacionó con el ex diputado locales y federal Eukid Castañón Herrera, a quien solicitó congelar sus cuentas bancarias por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, las empresas tienen direcciones inexistentes o inexactas, según constató e-consulta a través de un recorrido realizado este martes.

Entre los contratos ubicados destacan la supervisión de obra y el aseguramiento de infraestructura de la segunda línea del Metrobús, así como del camino perimetral de la armadora Audi, en San José Chiapa, además del peritaje de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan.

Las empresas investigadas por Hacienda son Laboratorio de Ingeniería, Losflo Infraestructura y Geotecnia, Desarrollo e Infraestructura, ligadas además a dos particulares: Juan Fernando Márquez Vega y Octavio Inocente Márquez Vega.

Logran múltiples contratos

De acuerdo con una revisión en la plataforma pública Compranet, las tres constructoras lograron 46 contratos con el gobierno de Puebla y con la administración federal, entre 2012 y 2018, los cuales representan 741 millones 622 mil 66 pesos.

La empresa Laboratorio de Ingeniería S.A. de C.V. es la que registra el mayor monto, con 420 millones 441 mil 640 pesos.

Posteriormente sobresale la firma Geotecnia, Desarrollo e Infraestructura S.A. de C.V, con 262 millones 993 mil 616 pesos, y en tercer sitio Losflo Infraestructura S.A. de C.V., con 58 millones 186 mil 810 pesos.

Desconocen en dirección a empresa

Laboratorio de Ingeniería S.A. de C.V., que registra 20 contratos por 420.4 millones de pesos, tiene como domicilio fiscal la 22 Sur 3510, en la colonia El Mirador de la capital de Puebla, sin embargo, en esa dirección no reconocen a la empresa.

La tarde de este martes, e-consulta acudió al sitio que tiene la fachada de un domicilio particular, con cámaras de seguridad en su acceso, pero la persona que atendió la puerta indicó que desconocía alguna actividad comercial.

Entre los contratos que logró Laboratorio de Ingeniería se encuentran la supervisión y control de obra de la segunda línea del Metrobús, por 12 millones 34 mil pesos. El proyecto fue puesto en marcha durante la administración de Rafael Moreno Valle con más de dos meses de retraso.

Por 22 millones de pesos también sobresale la construcción de un centro de salud en la comunidad de Alcomunga en el municipio de Ajalpan. Así como colectores sanitarios en la barranca San Diego en la capital del estado, también por 22 millones.

Aunque el costo fue menor, pues este alcanzó 3.6 millones de pesos, destaca la supervisión del camino perimetral de Audi.

La empresa también se hizo de siete contratos con Caminos y Puentes Federales (Capufe) que representaron 259.1 millones de pesos. Algunos de estos se realizaron en las autopistas Ciudad Mendoza-Córdoba, Cuernavaca-Acapulco, Tijuana-Ensenada y México-Puebla.

La dirección no existe

Geotecnia, Desarrollo e Infraestructura S.A. de C.V. reporta obras por 262.9 millones de pesos. Su domicilio fiscal se reporta en la privada 14 Poniente A 5510, pero este es inexistente.

El contrato más alto que obtuvo la empresa fue para la remodelación del Estadio de Béisbol Hermanos Serdán, que costó 67.7 millones de pesos.

Entre las contrataciones estatales también destaca la sustitución del hospital comunitario de 12 camas que se encuentra en el kilómetro 12.5 de la carretera Amozoc-Oriental, por 36.1 millones de pesos.

En el ámbito federal, destaca una contratación por 53.5 millones de pesos para construir el paso superior vehicular del Libramiento Poniente de Tampico, contrato que estuvo a cargo de Capufe.

Realiza mantenimiento de centros de salud

En el caso de Losflo Infraestructura S.A. de C.V., logró 20 contratos por 58.1 millones de pesos. Su dirección está en avenida Moratilla 2 en Moratilla, pero como ocurrió en el primer caso, en el sitio desconocen su actividad.

Entre sus contratos destaca uno por 18.7 millones de pesos para dar mantenimiento a centros de salud en San Salvador El Verde, San Nicolás de los Ranchos, Tepatlaxco, San Martín Texmelucan y Juan C. Bonilla.

Al acudir a una cuarta empresa, Solución Total Consultores, en la 9 poniente 2921, se aseguró que las tres empresas no son propiedad de Castañón, sino de Juan Fernando Márquez Vega y Octavio Inocente Márquez Vega, quienes tienen una relación de amistad con el ex diputado panista.  

Las cuentas de Castañón aún permanecen bloqueadas

De acuerdo con el equipo del también exdiputado federal, sus cuentas bancarias sí fueron bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y hasta este martes permanecían en ese estatus, pese a la suspensión definitiva que le otorgó el Juzgado Cuarto de Distrito, el pasado 31 de octubre.

e-consulta
Patricia Méndez
Ciudad de Puebla
Martes, Noviembre 5, 2019.


El ex diputado panista califica de infundadas las acusaciones en su contra


El Congreso de Puebla alista un procedimiento contra Jorge Aguilar Chedraui por un presunto desfalco de 10 millones de pesos cuando presidió la pasada legislatura. En redes sociales el panista se defendió y negó las acusaciones.

El ahora presidente del Poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla (de Morena), denunció posible desvío de recursos, compras “fantasma” y amaño en la adjudicación de contratos.

En entrevista este miércoles aseguró que esto se detectó por medio de una auditoría que apenas lleva un avance del 40 por ciento.

Con ello advirtió que al concluir la auditoría las irregularidades podrían alcanzar un monto mayor.

Por este motivo adelantó que se podría iniciar un proceso administrativo y de responsabilidades contra el exdiputado local.

Esta investigación se suma a la anunciada desde el mes de junio por Biestro Medinilla, para investigar la gestión del panista cuando fue secretario de Salud del exgobernador Rafael Moreno Valle.

Aguilar niega acusaciones

A través de sus redes sociales, Aguilar Chedraui negó las acusaciones y las calificó de infundadas.

Con dos imágenes de documentos afirmó que sus cuentas públicas 2016 y 2017 (durante el cual presidió el Congreso), fueron aprobadas e incluso presumió certificaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Acusaciones infundadas. Mi gestión en @CongresoPue fue transparente: Compras avaladas por Comité de Adquisiciones (7 diputados de varios partidos), cuentas públicas 2016 y 2017 AUDITADAS y APROBADAS, certificaciones ISO en adquisiciones y reconocimiento en transparencia por OEA”, escribió en su cuenta de Twitter.

Jorge Aguilar Chedraui
@JACHPuebla
 Acusaciones infundadas. Mi gestión en @CongresoPue fue transparente: Compras avaladas por Comité de Adquisiciones (7 diputados de varios partidos), cuentas públicas 2016 y 2017 AUDITADAS y APROBADAS, certificaciones ISO en adquisiciones y reconocimiento en transparencia por OEA.

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14:08 - 30 oct. 2019
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En cuanto al proceso de adquisiciones, Aguilar Chedraui puntualizó a través de un comunicado que el Poder Legislativo fue certificado en calidad ISO 9001 para transparentar las compras realizadas en su periodo, mismas que también fueron avaladas por el Comité de Adquisiciones, conformado entonces por siete legisladores de diversos partidos políticos, “Yo estoy tranquilo pues existen todos los documentos y expedientes que dan legalidad de que realizamos un trabajo transparente”.

Finalmente señaló que las acusaciones vertidas en diversos medios son producto del “golpeteo político, es la segunda vez que se me señala con información falsa, la anterior fue por mi trabajo en la Secretaría de Salud, pero las auditorías aprobadas ahí están, son públicas, entregué resultados y buenas cuentas”.

e-consulta
Héctor Llorame
Miércoles 30 de octubre de 2019.


Fue el viernes cuando la Comisión Inspectora del Poder Legislativo pidió a la ASE que audite una treintena de proyectos


Más de 21 mil 834 millones de pesos representan las 32 obras de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad que el Congreso local pidió auditar ante la presunción de irregularidades en su ejecución.

Fue el viernes cuando la Comisión Inspectora del Poder Legislativo pidió a la Auditoría Superior del Estado (ASE) una nueva revisión toda vez que el 60.3 por ciento de los proyectos realizados en esas gestiones no fueron auditados.

Los diputados indicaron que los casos se concentran en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT).

Revisarán obras millonarias

La suma de recursos invertidos en esos proyectos asciende a 21 mil 834 millones de pesos, cantidad que equivale a la cuarta parte del presupuesto estatal para 2019, que asciende a 90 mil millones.

El Museo Internacional Barroco fue el proyecto más caro construido durante el sexenio de Rafael Moreno Valle a través de un esquema de Asociación Público Privada (APP), el cual compromete al estado a pagar 7 mil 280 millones de pesos a lo largo de 23 años.

Las plataformas de la armadora Audi en San José Chiapa costaron 5 mil 79 millones 315 mil 613 pesos. El proyecto se pactó desde el 30 de noviembre de 2012, con un periodo de pago de 180 meses, por lo que concluye en el 2028.

Para la segunda línea del Metrobús se destinaron 1 mil 565 millones de pesos y para la Ciudad Modelo de Audi otros 1 mil 500 millones.

Con mil millones de pesos destaca el Tren Turístico Puebla-Cholula, que incluyó también la rehabilitación de monumentos históricos y vialidades.

Las ciclovías que fueron construidas durante el gobierno de Moreno Valle en los bulevares Esteban de Antuñano, Hermanos Serdán, Atlixcáyotl, así como la que va de Ciudad Universitaria al Centro Histórico de la capital, requirieron 808 millones de pesos.

Los diputados también revisarán los arcos de seguridad instalados en Altepexi, Atlixco, Cuapiaxtla de Madero, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Palmar de Bravo, con un presupuesto de 681.9 millones de pesos.

La auditoría también contempla la remodelación del Estadio Cuauhtémoc, la Estrella de Puebla y el Teleférico, en los que el gobierno de Moreno Valle invirtió 566.5, 400 y 531 millones respectivamente.

En materia de salud destacan tres hospitales del Niño Poblano, de la Mujer y de Cholula, que representaron 408, 204 y 496 millones de pesos.

Con menor presupuesto está el Ecoparque Metropolitano, por 157 millones de pesos; el Museo de la Evolución de Tehuacán, por 114 millones; así como una galería en el exhospital psiquiátrico de Cholula, a la que se destinaron 107 millones.

De la gestión de Gali Fayad, sobresale la remodelación de la Avenida Juárez, que tuvo un costo de 107.3 millones de pesos.

e-consulta
Patricia Méndez
Domingo 8 de septiembre de 2019.


Al descubierto la corrupción e impunidad para instalar a Audi

Investigación da cuenta de compras opacas de tierra, adjudicaciones directas de obras, creación de ventajosos esquemas financieros y atropello de derechos de cinco municipios

Una expropiación y compra opaca de más de 1 mil 600 hectáreas de tierra, la adjudicación directa de obras, la creación de un fideicomiso privado para el manejo de recursos y el atropello de derechos de municipios, forman parte de un proyecto envuelto en corrupción e impunidad para la instalación de la armadora Audi en San José Chiapa.

Así lo revelan Sergio Mastretta Guzmán y María Eugenia Silva Celma, a través de su investigación “La trama Audi. Componendas de un gobierno autoritario”, que será presentada este martes respaldada por el organismo “Puebla contra la corrupción y la impunidad”.

En un adelanto del documento pueden apreciarse los cinco capítulos en que se dividió la investigación, y que advierte que el proyecto sirvió como marco para proyectar las aspiraciones económicas y políticas del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

En primer lugar, se destaca la expropiación y compra de 1 mil 667 hectáreas de tierra ejidal y privada a través del “poco transparente” Banco Estatal de Tierra y validada por el Registro Agrario Nacional.

Además, se detalla el “Contrato de Trabajo” firmado entre el gobierno de Puebla y la empresa automotriz alemana.

La construcción de la plataforma Audi, los esquemas de operación de los mecanismos financieros conocidos como proyectos de prestación de servicios (PPS) y Asociación Público-Privada (APP) desarrollados en alianza con “poderes fácticos nacionales” como Pedro Aspe Armella, la adjudicación de obra pública a particulares por miles de millones de pesos en adjudicaciones directas y operaciones blindadas al escrutinio público, y la radical transformación de la realidad de la región rural de San José Chiapa.

La creación de un nuevo centro de población al margen de las poblaciones existentes, con un gasto superior a los 2 mil 200 millones de pesos y con la creación del Organismo Público Descentralizado (OPD) Ciudad Modelo controlado por el gobierno estatal para la administración regional, que pasa por encima de los derechos y obligaciones constitucionales de cinco municipios.

La existencia del clúster automotriz en la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala y su vinculación con el proceso propio de la armadora Audi, con el interrogante último sobre el sentido que tuvo su instalación en San José Chiapa, un municipio apartado del clúster ya existente.

Finalmente se presentan conclusiones que muestran cómo un proyecto estatal de esta envergadura tuvo finalmente consecuencias trascendentales para la región y el estado, con costos y beneficios, y deja ver procesos de corrupción e impunidad que envolvieron este proyecto gubernamental.

Todos estos movimientos involucraron una gran variedad de actores y le permitieron a Rafael Moreno Valle conformar una compleja red de intereses económicos y políticos locales, regionales, nacionales e internacionales para su propio proyecto político.

e-consulta
Puebla, México
Domingo 1 de septiembre de 2019.


El secretario Jorge Humberto Uribe señala que hay una instrucción clara del gobernador para indagar actos al margen de la ley


El secretario de Salud en Puebla, Jorge Humberto Uribe Téllez, reveló que ya cuenta con un diagnóstico preliminar sobre actos de corrupción en ese sector, sin embargo, pidió calma para ahondar en el mismo y hacer señalamientos concretos y con fundamento.

El funcionario estatal confirmó que hay una instrucción clara del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para indagar actos al margen de la ley actuales o pasados a fin de sancionarlos, tal y como lo anunció en su discurso tras rendir protesta al cargo.

Cuestionado sobre el tema en el marco de su asistencia a la gira de este viernes del presidente Andrés Manuel López Obrador a Xicotepec, Uribe insistió en que los señalamientos de corrupción son delicados por lo que pidió paciencia para indagar en los casos y que la información sea firme cuando esta se haga pública.

“Ya hay un –diagnóstico- preliminar y nosotros tenemos un encargo muy particular del señor gobernador, en donde nosotros vamos a poner toda nuestra atención y ya estamos trabajando en esto para identificar focos rojos y poderlos atender”, puntualizó el funcionario.

El secretario pidió esperar a consolidar el informe para señalar casos concretos, pues indicó que es necesario contar con todos los elementos para darlos a conocer

Hay que recordar que en junio pasado, el líder de Congreso local Gabriel Biestro Medinilla anunció que se revisarían las finanzas del panista Jorge Aguilar Chedraui, quien durante el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle se desempeñó como secretario de Salud, al denunciar un posible desfalco de mil millones de pesos en ese sector.

e-consulta
Patricia Méndez
Viernes 2 de agosto de 2019.


Una empresa oaxaqueña acusó de fraude a Juan Carlos Alonso Hidalgo, hermano de la fallecida gobernadora Martha Erika, debido a que en 2008 obtuvo un préstamo por casi 3 millones de pesos que luego se negó a pagar.

El préstamo que se hizo a Alonso Hidalgo y a Óscar Gonzalo Zoletto Cabrera, su socio, fue con ahorros de los habitantes de Huautla de Jiménez, comunidad indígena mazateca localizada en el estado de Oaxaca.

Según la carpeta de investigación 14674/2019/Zona Centro, radicada en la Fiscalía General del estado de Puebla, el pasado 26 de julio el abogado y apoderado legal de la sociedad mercantil denominada Finahcred, también acusó al cuñado de Moreno Valle y a su socio de usar una empresa fantasma para obtener ese crédito.

De acuerdo con la denuncia, Alonso Hidalgo y Zoletto se presentaron ante Finahcred como representantes de la empresa Altepec S.A. de C.V. y solicitaron un préstamo con la promesa de que lo pagarían en un mes, con un interés de 3.5%.

Además, aseguraron a los directivos de la caja de ahorros que en pocos meses podían hacer crecer a Finahpred, porque su empresa, Altepec, supuestamente suministraba materiales al gobierno de Puebla y tenían relaciones políticas.

El apoderado legal de Finahcred expuso que la sociedad mercantil logró reunir 2 millones 985 mil pesos que entregó, a través de un cheque, a Alonso Hidalgo y a Zoletto. La operación se realizó en una cafetería ubicada sobre la avenida 31 Oriente y Bulevar 5 de Mayo, en la capital poblana, el 27 de septiembre de 2008.

El 28 de diciembre del mismo año venció el plazo para el pago del monto prestado, pero los supuestos empresarios no cumplieron. Desde ese entonces, la caja de ahorros hizo múltiples requerimientos sin obtener respuesta, y en 2010 interpuso una demanda mercantil en el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, que quedó asentada en el expediente 1280/2010.

El 19 de abril de 2012 se dictó una sentencia definitiva a favor de Finahcred, y en marzo de 2013 se determinó que Altepec, que aparecía como deudora del préstamo, debía pagar 7 millones 467 mil pesos.

Sin embargo, al buscar a la empresa para requerirle el cumplimiento de la sentencia, se comprobó que no existe, pues no hay rastro de ella en el Registro Catastral de Puebla y tampoco en la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que se pidió fincar responsabilidades en contra de Alonso Hidalgo y de su socio.

A través del representante legal de Finahpred, identificado como Sergio N, los pobladores de Huautla de Jiménez han tratado de recuperar sus ahorros sin éxito, por lo que decidieron hacer público su caso.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 30 de julio de 2019.


Pillaje, abuso de poder, corrupción, incapacidad administrativa, las constantes en el periodo de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali


El número de expedientes reservados por las unidades de transparencia del gobierno del estado de Puebla se disparó de 94 a 3 mil 381, de 2015 a la fecha, lo que significa un incremento del 3 mil 350 por ciento, según se desprende de decenas de solicitudes de información hechas por e-consulta.

El Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) es la instancia que más expedientes de reserva tiene vigentes, con 3 mil 291, correspondientes a obras educativas revisadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las cuales datan del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.

Documentos de este tipo que están vigentes en otras dependencias son los contratos con la armadora y la construcción de las plataformas de Audi, las bitácoras de helicópteros en los que volaron Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, documentación de la Línea 1 y el proyecto de la Línea 3 de RUTA, la auditoría al predio vendido de Puebla Comunicaciones y la ubicación de los terrenos comprados por el Organismo Descentralizado Ciudad Modelo, entre otros también relacionados con las dos anteriores administraciones estatales.

El Capcee reserva más de 3 mil documentos

De mayo de 2017, aún en el gobierno de José Antonio Gali, a enero de 2019 el Capcee clasificó 3 mil 381 documentos relacionados con obras educativas en proceso de auditoría, algunas de las cuales se relacionan con la reconstrucción por el terremoto de septiembre de 2017.

Las obras datan de los años 2015 y 2016, los últimos dos de Rafael Moreno Valle, así como de 2017 y 2018, correspondientes al periodo de Gali Fayad.

En marzo de 2016, e-consulta publicó que el gobierno del estado tenía pendiente la solventación del gasto de 83.4 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) e incurrió en un posible daño a la Hacienda Pública Federal por no aplicar este recurso correctamente.

La ASF requirió a la administración estatal esclarecer el destino del dinero, mientras que la Contraloría del estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos e integró varios expedientes entre estos el CPCE 005/2015, el cual se encuentra en la lista de los miles de reservas de información que acordó el organismo.

Otra obra auditada por la federación y cuyo contenido se encuentra reservado es la correspondiente al expediente CAPCEE-ARREND-003/2017-FED, relacionado con la construcción de aulas móviles para atender a escuelas afectadas por el sismo de 2017 en el municipio de San Jerónimo Tecuanipan.

Los más de 3 mil expedientes reservados por periodo de cinco años entre 2017 y 2018 corresponden a las gestiones de los ex directores del organismo, Diego Corona Cremean, Jesús Rodolfo Coronel García de León, Jorge Benito Cruz Bermúdez, hoy magistrado del Tribunal Superior de justicia y Gustavo Guzmán Fernández.

El Capcee cuenta con el mayor número de reservas de información en los últimos cuatro años respecto a cualquier dependencia del gobierno estatal.

En 2015 el número de documentos reservados en toda la administración estatal alcanzaba los 94 y un año antes fueron 56.

El número total de expedientes de reserva vigentes hasta junio de este año alcanza los 3 mil 381, es decir se incrementó más de 3 mil por ciento en los últimos cuatro años.

Proyectos controvertidos de RMV bajo llave

Las obras clave y polémicas del sexenio de Rafael Moreno Valle también fueron reservadas entre 2017 y 2018 por un periodo de cinco años.

Por ejemplo, de los 18 expedientes de reserva con los que cuenta la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT) destacan los relacionados con la construcción de las Plataformas de Audi, obra que se hizo bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP), con un costo de 5 mil millones de pesos a pagarse en 5 años.

Para el pago de estas obligaciones financieras están comprometidos los recursos del Fideicomiso del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, mejor conocido como ISN.

Reservan información sobre predio de Puebla Comunicaciones

Asimismo, entre los cinco expedientes de reserva de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) destaca la auditoría al predio que fue vendido de manera irregular a un particular en las instalaciones de Puebla Comunicaciones, así como las bitácoras de vuelo de los helicópteros en los que viajaba el ex mandatario.

También está reservada la información relacionada con la póliza del Seguro contra Desastres Naturales, contratada en aquel sexenio.

Por su parte, el Organismo Descentralizado Carreteras de Cuota Puebla (CCP) reservó cuatro expedientes por periodos que van de dos a cinco años, entre los que destacan los documentos de la Línea 1 de la Red Urbana y de Transporte Articulado (RUTA).

Bajo llave se encuentra el aforo vehicular en el Segundo Piso de la autopista México-Puebla y los pormenores de la licitación del Tren turístico a Cholula, obra que ya opera de manera gratuita.

Reservan predios de Ciudad Modelo, contratos con Audi y Agua de Puebla

El Organismo Público Descentralizado Ciudad Modelo, que administra un “pueblo fantasma” y cuya creación fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los municipios de Soltepec y Mazapiltepec, reservó dos expedientes por cinco años.

El primero se relaciona con los estudios de factibilidad para convertir a Ciudad Modelo en una nueva zona económica, y el segundo tiene que ver con la ubicación de predios adquiridos por el OPD.

En tanto la Secretaría del Trabajo, Competitividad y Desarrollo Económico (Secotrade) clasificó por cinco años los contratos de desarrollo entre el gobierno estatal y las armadoras alemanas Audi y Volkswagen.

En la opacidad se encuentra el contrato celebrado entre el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla y la empresa Agua de Puebla para el cobro del servicio.

Asimismo, una reserva por cinco años hecha por el organismo Convenciones y Parques está vigente y se relaciona con la documentación de las franquicias de cafeterías y restaurantes adquiridas por el organismo.

Obras de Gali opacas

Las obras emblemáticas y polémicas del periodo de 22 meses de José Antonio Gali que fueron el proyecto de la Línea 3 de RUTA y la construcción del Parque del Cerro de Amalucan fueron reservadas por la SIMT por cinco años.

Ese mismo periodo de reserva mantienen las obras de mejoramiento de la Avenida Juárez, las cuales tras su inauguración se inundaron en marzo de 2018.

Reservados expedientes de seguridad y contratos con empresa de espectáculos

La Secretaría de Seguridad Pública cuenta con 17 expedientes de reserva por un periodo de cinco años relacionados con el número de policías, de bomberos y patrullas con los que cuenta la corporación estatal.

También está reservado el número de custodios en los penales del estado y el número de agentes adscritos a la seguridad privada de ex funcionarios.

En los expedientes revisados destacan los contratos que hicieron la Secretaría de Desarrollo Social, Puebla Comunicaciones y la Secretaría de Cultura y Turismo con la empresa Proveedor Creatividad y Espectáculos SA de CV.

Según la información consultada, en total son 24 las secretarías o dependencias en el estado que cuentan con al menos un expediente de reserva vigente.

e-consulta
Efraín Núñez
Domingo 28 de julio de 2019.


La mentalidad abusiva de Moreno Valle, nunca contempló el agua como un bien social, sino como como un bien susceptible de apropiárselo.


La regidora Patricia Montaño alertó que la serie de auditorías que se solicitaron también incluyen la revisión de la conformación legal de la empresa.

La conformación de la empresa Concesiones Integrales SA de CV, previo a la emisión del fallo de la concesión para operar el servicio de agua potable en Puebla y la cesión de derechos a su favor por parte de las compañías que la crearon, abren la puerta a la revocación del contrato.

El artículo 441 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla establece una presunta irregularidad en la acción efectuada el 26 de diciembre por Agua de México SA de CV, EPCCOR Servicios SA de CV y Tecnología Intercontinental SAPI de CV.

El apartado indica que las concesiones “no podrán ser objeto en todo o en parte” de sub concesión, arrendamiento, comodato, gravamen o cualquier acto jurídico por el que una persona distinta al que la posee, goce de los derechos de la misma.

En caso de que así suceda, se constata en el segundo párrafo del artículo de referencia que la concesión “será nula de pleno derecho y el concesionario perderá en favor del municipio”.

Agua de México SA de CV, EPCCOR Servicios SA de CV y Tecnología Intercontinental SAPI de CV crearon Concesiones Integrales SA de CV el 5 de diciembre de 2013, 21 días antes de que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), emitiera el falló para adjudicar la concesión, según consta en el acta pública de ingreso al Registro Público del Comercio.

En el documento, en poder de El Popular, diario imparcial de Puebla, esas tres compañías aparecen como integrantes de la sociedad.

En ese mismo registro queda asentada la fecha “05/12/13” como dato de creación de la sociedad, aunque su ingreso al Registro Público de la Propiedad ocurrió hasta el 9 de enero de 2014.

Incluso, en el rubro de “objeto social principal” se especificó a la autoridad que la empresa se creó para operar la concesión, resultado del proceso de licitación SOAPAP-LPIC-001/2013, pese a que su fundación ocurrió antes de que el SOAPAP reconociera a las tres firmas como ganadoras del concurso.

El 26 de diciembre, Agua de México SA de CV, EPCCOR Servicios SA de CV y Tecnología Intercontinental SAPI de CV, cedieron los derechos a Concesiones Integrales contrario a lo dispuesto en el artículo 441 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla.

El equipo de la regidora del PAN, Augusta Díaz de Rivera, detectó que la acción de las ganadoras del contrato contraviene la legislación y advirtió un probable razonamiento para revocar.

“No obstante, existe la duda razonable respecto a la constitución de la persona moral Concesiones Integrales, SA de CV, toda vez que, a pesar de haber sido creada para el cumplimiento del objeto específico respecto a la operación de la concesión (…), es cierto que a la fecha de su constitución no había sido emitido el fallo a favor del consorcio de empresas,” se explicó.

“Existen dudas razonables respecto a la cesión de los derechos del fallo de la licitación por no poder comprobar que dicho consorcio y Concesiones Integrales se tratan de la misma persona jurídica,” se añadió.

Igualmente alertaron que no hay documentación disponible que permita determinar si Concesiones Integrales es la misma persona legal que obtuvo la concesión o diferente a las participantes.

La regidora Patricia Montaño alertó que la serie de auditorías que se solicitaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también incluyen la revisión de la conformación legal de la empresa que actualmente opera la concesión.

De acuerdo con el acta inscrita en el Registro Público del Comercio de fecha 30 de abril de 2014, en asamblea efectuada el 23 del mismo mes, los integrantes de Concesiones Integrales decidieron modificar el tipo social de la misma.

Así en menos de un año pasó de funcionar como Sociedad Anónima de Capital Variable a Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (SAPI de CV).

De acuerdo con consultas hechas a especialistas en finanzas y empresas, este tipo de sociedad constituye un paso previo para colocar a la compañía en la Bolsa Mexicana de Valores.

Además, permite a la empresa recibir fondos de capital privado, pero con medidas de protección para la misma.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política Gabriel Biestro Medenilla declaró que el título de concesión de Agua de Puebla puede ser cancelado sin que el gobierno estatal tenga que pagar por la revocación del mismo.

El Popular
Francisco Rivas
Martes 23 de julio de 2019.

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