SDR: en 9 años se gastaron 2 mil mdp en seguros agrícolas y lograron 820 mdp en pago de daños

Las actividades primarias de Tlaxcala reportaron una variación anual de 13.9 por ciento en el tercer trimestre de 2019

A partir de este año el gobierno de Puebla canceló la póliza de seguro que contrataron las gestiones del PAN de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad para proteger la superficie agrícola, pues obligó un gasto 2 mil 220 millones de pesos durante nueve años, pero el estado cobró por concepto de indemnizaciones 820 millones de pesos.

Las cifras las proporcionó la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, en mesa de trabajo con diputados del Congreso de Puebla, donde informó que la actual administración de Luis Miguel Barbosa Huerta apoyará a los campesinos que reporten cultivos siniestrados con incentivos para su actividad.

Aseguró que el cambio en el esquema de atención garantizará que los recursos públicos se apliquen en la producción agrícola y no se destinen a otro tipo de acciones que no guardan relación con el campo.

La póliza no se ajustó a las condiciones del estado

Ante la Comisión de Desarrollo Rural del Poder Legislativo, Ana Laura Altamirano explicó que la póliza se contrató de 2011 a 2019 sin ajustarse a las necesidades del estado, pues tuvo una cubertura de 100 por ciento sobre el millón de hectáreas sembradas en Puebla, cuando en promedio se siniestran 40 mil hectáreas al año.

Además, aclaró que Puebla jamás ha hecho frente a una eventualidad que genere afectaciones en toda la superficie que se dedica a la actividad agricultura.

La funcionaria mostró a los legisladores un gráfico del gasto que generó la póliza año con año para probar que el gobierno pagó a la aseguradora una bolsa de “muchos millones de pesos”, cuando el monto de las indemnizaciones siempre se encontró “muy por debajo”.

En 2013 se recuperó únicamente 15% de lo pagado

El peor año para el estado fue 2013 debido a que Puebla recuperó en pago de daños únicamente 15.6 por ciento de los 267.9 millones de pesos que destinó al seguro, es decir, 42.7 millones de pesos.

En tanto, en 2012 la aseguradora entregó indemnizaciones por 44.3 millones, que es equivalente al 20 por ciento del costo que tuvo la póliza ese año; mientras en 2016 pagó 67 millones; en 2017, 87 millones; y en 2015, 111 millones, lo que representó 24.5, 31.1 y 36.6 por ciento de los recursos públicos que recibió del gobierno, respectivamente.

Lo máximo que pudo recuperar el estado fue 70 por ciento del monto invertido, situación que se presentó en 2011 al obtener por indemnizaciones 102.7 millones de pesos de una póliza de 147.7 millones.

Se duplica costo del seguro al quinto año

De acuerdo con la información de la SDR, el costo del seguro se duplicó al quinto año de su contratación, ya que el gobierno de Moreno Valle pagó 147.7 millones de pesos en 2011, cifra que pasó a 304 millones en 2015.

El aumento no tuvo el mismo impacto en los beneficios, pues en 2011 el estado obtuvo por indemnizaciones 102.7 millones de pesos y en 2015, con una póliza 156.2 millones de pesos más cara, el pago de daños tuvo un incremento de 8.6 millones.

Para evitar esas pérdidas, Ana Laura Altamirano anunció que el gobierno realizará inspecciones en las superficies reportadas como dañadas para determinar la magnitud de la afectación y, con base en eso, definir el monto de los apoyos que asignará el estado de manera directa.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho / Puebla
Miércoles 24 de junio 2020.


•    García Luna utilizó red de empresas para transferir 50 mdd a paraísos fiscales


Una red de empresas relacionadas a Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, ocultó más de 50 millones de dólares en paraísos fiscales.

La información, revelada por la cadena Univisión, se basa en dos denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, en la que se asegura que “muy probablemente” dichos recursos provienen de los presuntos sobornos entregados por grupos criminales a García Luna, cuando este era secretario de Seguridad Pública, entre 2006 y 2012.

Al ser entrevistado por dicho medio, Nieto aseguró que cuando García Luna fue detenido en Estados Unidos en diciembre de 2019 ya habían concluido la investigación, y estaban preparando dos denuncias: una ante la Fiscalía General de la República y otra ante la Secretaría de la Función Pública.

Ante ese escenario, la UIF pudo congelar de forma inmediata las cuentas bancarias de García Luna, su esposa y su hermana Esperanza, así como la de sus asociados de negocios Samuel Weinberg, su hijo Alexis Weinberg y José Luis Castilla.

Se congeló también la cuenta de la compañía de seguridad de García Luna, llamada Glac; más tres empresas de los Weinberg: Icit Private Security, Icit Holding y Nunvav.

Dos semanas después, el 24 de diciembre de 2019, la UIF presentó una denuncia penal por lavado de dinero, además de otra ante la Secretaría de la Función Pública.

“Encontramos todo el esquema de lavado de dinero de García Luna. Los gobiernos contrataban empresas fachada. Se hacían las transferencias de los depósitos en las cuentas de las empresas fachada, que después sacaban el dinero en efectivo.

“Una vez depositado el dinero del Estado mexicano en las cuentas de la empresa, la empresa los transfería”, detalló Nieto.

Según la investigación, el dinero en cuestión se movió a cuentas de Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.

La pesquisa halló que el dinero se movió a cuentas de Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.

Nieto aseguró que casi medio año después, las cuentas continúan congeladas.

Genaro García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Texas. Ahora espera juicio en Nueva York, acusado de cargos de narcotráfico por haber recibido sobornos de los carteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, más un tercer cargo de falsedad en declaraciones.

Proceso
Ciudad de México
Martes 19 de mayo de 2020.


El expresidente Felipe Calderón ha insistido en que su gobierno no supo en su momento del fallido operativo “Rápido y furioso”. Por ese motivo, Andrés Manuel López Obrador anunció hoy el envío de una nota diplomática a Estados Unidos, a fin de que se transparenten aquellas acciones. Sin embargo, en 2014 este semanario documentó que las autoridades mexicanas no sólo estuvieron al tanto del programa, sino que incluso cooperaron con el tráfico de armas. Por ser de interés para los lectores, Proceso reproduce el reportaje publicado en el número 1978 del 28 de septiembre de 2014.

Los operativos Rápido y furioso y Receptor abierto -mediante los cuales los gobiernos mexicano y estadunidense traficaron armas que terminaron en manos del crimen organizado, supuestamente con el fin de localizar a los integrantes de la mafia- no sólo fueron ilegales sino que resultaron en un fracaso rotundo: La PGR nunca dio con los delincuentes buscados y, en cambio, fusiles y pistolas sirvieron para cometer decenas de actos criminales, entre ellos la matanza de Villas de Salvárcar. Los procuradores de los dos sexenios panistas siguen alegando ignorancia, pero las evidencias los condenan…

Washington/México. - El gobierno de Felipe Calderón, en particular la Procuraduría General de la Republica (PGR), siempre estuvo al tanto e incluso cooperó en el tráfico de armas de Estados Unidos en operaciones encubiertas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Según John Dodson, agente de la ATF, “el representante de la PGR (Carlos Fernando Luque Ordóñez) estuvo varias veces en las oficinas de la ATF, en Phoenix, Arizona, para ser informado e informar sobre el procedimiento de las operaciones Rápido y furioso y Receptor abierto”, mediante las cuales se enviaron a México unas 2 mil 500 armas largas que acabaron en manos de narcotraficantes.

Luque “incluso ayudaba en el desarrollo de estas operaciones con la notificación y respaldo, según decía, de sus jefes en la Ciudad de México”, añade el agente estadunidense en entrevista telefónica con Proceso.

Este personaje, a quien después del escándalo desatado por Rápido y furioso se le perdió el rastro en Arizona, es hijo del general Carlos Fernando Ordóñez Luna, jefe de inteligencia militar a finales del sexenio de Ernesto Zedillo.

Asignado ahora a la ciudad de Tucson, Arizona, Dodson participó en Rápido y furioso y fue uno de los primeros agentes federales de Estados Unidos en denunciar públicamente, en 2011, este operativo como “ilegal”.

Precisa: “El representante de la PGR en Arizona cooperaba en ambas operaciones con la identificación de personas (en México) a quienes llegarían las armas y proporcionando el número de placas de los automóviles en los cuales se pasarían a México”.

Al señalamiento de Dodson se suman documentos de la propia ATF que revelan el conocimiento y participación de representantes del gobierno de Calderón para la entrega controlada de las armas, que según el gobierno estadunidense tenían el objetivo de rastrear a los cárteles mexicanos.

Ante esas evidencias, la organización no gubernamental Desarma México presentó la semana pasada ante la PGR una denuncia contra funcionarios calderonistas por su “responsabilidad y/o complicidad” en ese tráfico de armas durante ambos operativos, realizados entre 2006 y 2011, iniciados en el gobierno de Vicente Fox y extendidos prácticamente todo el sexenio de Calderón.

La demanda fue anunciada el martes 23 en el Seminario sobre Violencia en México en El Colegio de México. El abogado Gonzalo Aguilar Zinser, de Desarma México y uno de los firmantes de la denuncia, aseguró que ésta se apoya en la figura de víctimas directas, pues a futuro esas armas pueden ser accionadas contra alguna de ellas. “Eso me da derecho para que se investigue y castigue a los que permitieron su entrada”, dijo.

Fuera de control

Las armas ingresaron a México primero a través del operativo Receptor abierto y luego con Rápido y furioso. Éste se inició a finales del gobierno de Vicente Fox, en 2005, cuando era procurador general Daniel Francisco Cabeza de Vaca, ahora integrante del Consejo de la Judicatura Federal a propuesta del guanajuatense.

Las operaciones fueron planeadas por Washington presuntamente para contener el tráfico ilegal de armas a México y detener a los traficantes. La idea era que la ATF supervisara este tráfico ilegal para rastrear el paradero de las armas. Así, la oficina de la ATF en Phoenix contrató a cerca de una treintena de compradores, todos ellos residentes legales o ciudadanos de Estados Unidos.

Con la colaboración de los agentes de la ATF, los compradores hacían adquisiciones múltiples de todo tipo de armas, especialmente fusiles AK-47 y R-15, así como rifles y pistolas semiautomáticas, para luego llevarlas a la frontera con México y de ahí, con sus socios mexicanos, enviarlas a sus destinatarios, en su mayoría narcotraficantes (Proceso 1975).

El flujo se salió del control de los agentes de la ATF en Phoenix y nunca pudieron determinar el paradero de 2 mil 500 armas largas hasta que el 14 de diciembre de 2010 presuntos traficantes de mariguana mataron con un fusil AK-47 -obtenido a través de Rápido y furioso- a Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza estadunidense.

Con el asesinato de este elemento surgió a la luz el escándalo del tráfico ilegal de armas a México supervisado por la ATF, lo que provocó fricciones aparentes en la relación con el gobierno mexicano.

En 2011, cuando detonó el escándalo -producto de una investigación del International Consortium of Investigative Journalists, con sede en Washington-, la PGR, entonces a cargo de Marisela Morales, aseguró que no tenía conocimiento de la operación. Morales es ahora cónsul de México en Milán, Italia.

Dodson sostiene lo contrario: “El agente de caso Hope MacAllister y el representante de la PGR en Arizona trabajaban activamente desde un principio en las operaciones encubiertas de Rápido y furioso para el tráfico de armas, para rastrearlas y supuestamente recuperarlas”.

Tachado de “soplón” desde que en febrero de 2011 denunció los operativos fallidos de sus jefes en Phoenix, insiste: “Yo vi en 2009, en 2010 y en esa noche de febrero de 2011 -cuando por el caso del agente Terry se puso fin a Rápido y furioso en las oficinas de la ATF en Phoenix- al representante de la PGR en Arizona”.

MacAllister, el supervisor de grupo David Voth y el agente especial a cargo de la oficina de la ATF en Phoenix, William Newell, según lo narrado por Dodson, siempre insistieron en que Luque Ordóñez cooperaba y trabajaba en las operaciones, presuntamente cumpliendo las órdenes de su jefe en la Ciudad de México, el entonces procurador general de la Republica Eduardo Medina Mora.

“Es muy grave que en México nunca se haya hecho una investigación a fondo del asunto”, comenta Dodson. “No se han recobrado todas las armas que se traficaron con Rápido y furioso, no han podido resolver el problema de cómo rastrearlas; pero lo más lamentable es que a la gente ya no le importe el caso”, agrega el agente federal, quien no ha podido ser despedido, pero está marginado ahora en Tucson, haciendo trabajo burocrático.

En 2009 y hasta poco después de que se conociera el trasfondo de Rápido y furioso y Receptor abierto, Luque Ordóñez fungía como agregado de la PGR en Arizona. De acuerdo con versiones de varios diplomáticos que en esos años trabajaron en el consulado de México en Phoenix, una vez que se conoció el escándalo de Rápido y furioso, Luque Ordóñez simplemente desapareció del estado de Arizona y nunca más se le volvió a ver en Phoenix. Antes de ser agregado de la PGR en Arizona fue director de delitos de tráfico para el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).

Su registro más reciente como funcionario público data de mayo de 2010, cuando era director adjunto en la Dirección General de Agregadurías en la PGR, a la cual ingresó el sexenio pasado. En el Cenapi, entre 2007 y 2008, su cargo formal fue el de director de Grupos Armados y Terrorismo, encargado de la investigación de delitos federales relacionados con esa área.

Antes, de 2003 a 2007 trabajó en digitalización de información en el Banco de México, y de 2000 a 2002, en el jurídico de la Agencia de Seguridad Estatal en el Estado de México.

Negligencia o injerencia

La participación de otros funcionarios mexicanos también ha quedado demostrada durante la investigación del Congreso estadunidense. En el anexo 20 del documento Rápido y furioso: La anatomía de una operación fallida, elaborado por la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes y la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, se hace referencia al plan operativo del caso, fechado el 26 de septiembre de 2007, según el cual “agentes de la ATF se comunicaron con autoridades mexicanas para organizar una entregada controlada de armas”.

Añade el plan operativo: “La ATF ha trabajado recientemente de manera conjunta con México en el primer intento para tener una entrega controlada de armas traficadas hacia México… Los primeros intentos de estas entregas controladas no han sido exitosos… El agregado de la ATF en la Ciudad de México ha informado sobre este intento de entrega controlada al procurador general”.

El plan era que las autoridades mexicanas vigilaran y siguieran a los traficantes una vez que cruzaran la frontera hasta el punto de entrega de las armas. Pero se sabe que cuando los sospechosos cruzaron la frontera con 19 armas de alto poder, las autoridades mexicanas perdieron la pista, refiere la demanda presentada por Desarma México.

Los denunciantes le piden a la PGR que investigue la colaboración que pudieron tener funcionarios mexicanos, pues inicialmente Rápido y furioso consideraba que las armas que se entregaran a los traficantes tuvieran chip o localizador digital, pero al final se buscó su identificación balística una vez utilizadas o aseguradas. También demandan que determine si funcionarios mexicanos o extranjeros cometieron delitos en territorio mexicano.

En su demanda, Desarma México presume que las autoridades mexicanas enviaban información balística de casos relacionados con esas armas a autoridades estadunidenses o éstas directamente intervinieron en asuntos policiales en territorio mexicano para su rastreo.

En tal caso, dice, los funcionarios del pasado gobierno mexicano necesariamente hubieran tenido que permitirles el libre acceso a escenas del crimen. La PGR debe investigar bajo qué figura jurídica se habría permitido esa presencia o si fue una “absoluta negligencia” de las autoridades mexicanas de entonces, aseguran.

Resultaría más grave si estos posibles delitos hubieran sido perpetrados por miembros del gobierno mexicano encargados de la procuración de justicia o pertenecientes a cuerpos de policía o a las Fuerzas Armadas, exponen los denunciantes.

El tráfico ilegal de armas, a cargo tanto de agencias gubernamentales estadunidenses como presumiblemente mexicanas, resultó en el homicidio, secuestro, extorsión y asalto a mano armada de civiles y policías, añaden.

Uno de esos casos fue el de la matanza de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, en enero de 2010, cuando fueron asesinados 17 adolescentes y 12 resultaron heridos.

“Nuestras autoridades no sólo no cumplieron con su obligación de impedir el tráfico ilegal de armas a nuestro país, sino también, de manera cuestionable e irresponsable, presumiblemente permitieron su introducción”, indica la denuncia firmada por Sergio Aguayo Quezada, Miriam Morales Sanhueza, Gonzalo Aguilar Zinser, Felipe Gómez Mont Landerreche, José Miguel Castillo Hernández, Paulina Arriaga Carrasco, Javier Shütte Ricaud y Daniel Téllez Santana.

La denuncia fue presentada ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR.

“Pedimos que se determine si funcionarios del gobierno de México participaron en el delito del tráfico de armas y en qué medida. Asimismo, exigimos que, en su caso, se les responsabilice de la puesta en peligro de la sociedad al vulnerar la seguridad pública”, sostiene la denuncia.

Frente a las declaraciones de Dodson respecto a la activa participación de Luque Ordóñez en Rápido y furioso y Recepción abierta con la anuencia de la PGR en la Ciudad de México, Proceso buscó al ex procurador Medina Mora, ahora embajador en Washington.

El embajador estaba en Nueva York acompañando al secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade, quien participaba en las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero declinó hacer cualquier comentario respecto a la luz verde que le dio a Luque Ordóñez de colaborar con la ATF en Phoenix.

Proceso
 J. Jesús Esquivel
Jorge Carrasco Araizaga
Viernes 8 de mayo de 2020.


En tres de cuatro municipios se han incorporado ex funcionarios de Chiapas y Tabasco

De origen foráneo son los mandos designados por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para hacerse cargo de la seguridad pública en municipios metropolitanos de Puebla.

Así se advierte en Amozoc, Huejotzingo y San Martín Texmelucan, donde los nuevos funcionarios provienen de Chiapas y Tabasco, estados en los que asumieron cargos relacionados con el área.

En Amozoc quedó al frente Irving de Jesús Jiménez, quien hasta 2018 fue inspector en la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco.

A San Martín Texmelucan llegó en cambio, Jorge Alberto Ramos Cruz, quien en 2019 encabezó la Policía Especializada en Chiapas.

Del mismo estado es Maurilio Vázquez Diego, quien quedó a cargo de la seguridad pública, pero en el municipio de Huejotzingo. Se indicó que él laboró en Sinaloa, Guerrero, Chihuahua y Chiapas.

Esta semana el gobierno del estado informó que ya se habían concretado cambios en Amozoc, Tehuacán y San Martín Texmelucan.

Mientras que en la lista seguirían Juan C. Bonilla, San Andrés Cholula y Huejotzingo, cuyo cambio se notificó hoy.

En el caso se Tehuacán el municipio queda fuera de la metrópoli y se designó a Irán David Díaz Villafañe, quien no es foráneo, pero se le han señalado vínculos con ex funcionarios involucrados en el robo de combustible.

Nuevo comandante en Tehuacán fue chofer de policía huachicolero

El cabildo de Tehuacán tomó protesta este viernes a Irán David Díaz Villafañe como nuevo secretario de seguridad pública.

El nuevo mando policial llega al cargo pese a haber sido acusado de tráfico de influencias y de estar ligado a Marco Antonio Estrada López, ex director de la Policía Estatal de Puebla detenido por robo de combustible.

Según dieron a conocer medios de la región, este día el cabildo le tomó protesta a Díaz Villafañe, quien es licenciado en Seguridad y Protección Ciudadana con el grado de sub inspector y en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tenía el cargo de responsable del Centro de Coordinación Regional.

El nombramiento de David Díaz se da luego de que Francisco Santos presentó su renuncia al cargo de secretario de seguridad pública en Tehuacán, tras haber sido nombrado en el cargo en diciembre del año pasado, en la crisis municipal por la detención del entonces edil Felipe Patjane Martínez.

De acuerdo con información periodística, Díaz Villafañe ha sido acusado de haber ocupado cargos importantes en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, además de que en 2015 se desempeñaba como chofer de Marco Antonio Estrada López, entonces director de la Policía Estatal Preventiva.

En julio de 2015, elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano detuvieron a Marco Antonio Estrada López cuando custodiaba camionetas que llevaban hidrocarburo de procedencia ilícita, por lo que Díaz Villafañe fue citado a declarar en varias ocasiones en ese proceso penal.

Díaz Villafañe nunca fue acusado del mismo delito que Estrada López a pesar de que era su particular y chofer. Y nunca declaró en contra del ex mando que continúa preso por dicho delito, junto con Tomás Méndez Lozano, jefe del extinto Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

e-consulta
Laura Ruiz
Alberto Melchor
Ciudad de Puebla, México
Jueves 02 de abril de 2020.


Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Eukid Castañón, operador político de Rafael Moreno Valle, además de uno de los objetivos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Eukid Castañón ya estaba en la mira del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que el pasado 21 de octubre de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) congeló sus cuentas por presunto lavado de dinero.

Sin embargo, Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla concedió un amparo para que se desbloquearan las cuentas de Eukid Castañón.

El exdiputado federal fungió como pieza clave del morenivallismo, ya que se le ha señalado como uno de los operadores de fideicomisos para la construcción de mega obras como la Estrella de Puebla, el Museo Internacional Barroco y el segundo piso de la carretera Puebla-Veracruz.

A tres semanas de la muerte de Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso, Eukid Castañón anunció su retiro de la vida política. Desde entonces ha mantenido un perfil bajo en Puebla.

Detienen a Eukid Castañón, ex operador de Rafael Moreno Valle

La Fiscalía General del Estado de Puebla guardó hermetismo y prefirió no ha emitido ninguna postura al respecto

Eukid Castañón Herrera, exdiputado panista y principal operador político del extinto Rafael Moreno Valle, fue detenido este miércoles por elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Puebla, al tener pendiente una orden de arresto por el delito de extorsión, según lo revelado por fuentes policiacas.

Sin embargo, las fuentes consultadas se negaron a revelar mayores detalles sobre la aprehensión del ex contralor que en noviembre de 2019 consiguió un amparo luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le congelara sus cuentas bancarias al enfrentar denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En cuanto al arresto del político, hasta las 20:30 horas, la Fiscalía General del Estado de Puebla guardó hermetismo y prefirió no emitir ninguna postura al respecto.

Cabe recordar que Eukid Castañón Herrera fue titular de la Secretaría de la Contraloría en la administración de Rafael Moreno Valle, en el 2014 se convirtió en diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN) y un año más tarde en diputado federal por el mismo partido.

El Popular
El Sol de Puebla
Ciudad de Puebla
Miércoles 18 de marzo de 2020.


Obras caras, mal planeadas y sin permisos halló la ASF en Puebla


La SFP dio a conocer que entre el primero de enero de 2011 y el 20 de enero de 2019 inició 242 auditorías, pero ninguna referente a las del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.


El gobierno de Puebla no ha revisado nueve obras emblemáticas de las administraciones panistas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí fiscalizó y en las que hizo observaciones por 2 mil 43.6 millones de pesos.

En respuesta a una solicitud de información pública, la Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal dio a conocer que entre el primero de enero de 2011 y el 20 de enero de 2019 inició 242 auditorías, pero no se incluyen las obras emblemáticas de la gestión del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Las anomalías que sí encontró la ASF

En la revisión a la cuenta pública 2018, la ASF detectó pagos indebidos por 39 millones de pesos en la construcción de la línea 3 del Metrobús, mientras que en la línea 2 fueron ubicados recursos sin comprobar por 82 millones.

Según se indica en los resultados de la auditoría 1184-DS-GF, la ASF encontró pagos improcedentes por 38 millones 964 mil 400 pesos en la colocación de la carpeta de concreto asfáltico, lo que pone en duda la resistencia del material utilizado en la línea 3.  

En la construcción del Parque del Cerro de Amalucan, la auditoría ubicó recursos sin comprobar por 2.5 millones de pesos por pagos indebidos que se realizaron durante la realización de la obra, relacionados con el vaso regulador.

En cuanto al Museo Internacional Barroco, la ASF informó en 2017 que encontró una diferencia de 100 millones de pesos en el pago de la contraprestación que la empresa La Peninsular recibió como anticipo para la realización de la obra.

Sobre la construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla, el organismo fiscalizador dictaminó recursos sin comprobar por 1 mil 670 millones de pesos en las cuentas públicas 2015 y 2016.

En la revisión a la cuenta pública 2017, la ASF señaló que las obras de la construcción de un parque en la zona arqueológica de Cholula se realizaron sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), además se pagaron 139.4 millones de pesos por un proyecto totalmente distinto a lo establecido en los contratos.

En la remodelación del Estadio Cuauhtémoc, la auditoría detectó anomalías por 10.7 millones de pesos, por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realizado, según la revisión a la cuenta pública de 2017.

Otros dos casos consisten en la remodelación del Auditorio Siglo XXI –hoy Auditorio Metropolitano-, donde la ASF cuestionó el destino de 32.1 millones de pesos, así como el Tren Turístico Puebla-Cholula, en donde el organismo ubicó recursos sin justificar por 15 millones.

Hay que recordar que tras a dar a conocer los montos observados, la ASF establece periodos para que el gobierno subsane las observaciones.

Obras caras, mal planeadas y sin permisos halló la ASF en Puebla

El organismo fiscalizador realiza observaciones al Museo Internacional Barroco, la zona arqueológica de Cholula, el Segundo Piso, la remodelación del estadio y la línea 2 de RUTA

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenció que el gobierno del estado de Puebla realizó obra pública cara, mal planeada y sin los permisos correspondientes durante 2015, según lo asentó en su informe de fiscalización de cuenta pública que este miércoles entregó a la Cámara de Diputados.

Destaca el crecimiento del costo del Museo Internacional Barroco, que desde una primera estimación de 760 millones de pesos para la obra física y equipamiento, al final costó 1 mil 774 millones de pesos, mientras que el pago anual por su mantenimiento pasó de 87.2 a 269 millones.

En el caso de los trabajos en la zona arqueológica de San Pedro y San Andrés Cholula, se advierte que se licitó y pagó un proyecto que no coincide con lo que se hizo, no existe garantía de que se buscó el mejor precio y calidad para los trabajos, además que éstos se realizaron sin permisos del INAH e INBA.

Por lo que toca al Segundo Piso, se revela que el costo del peaje por kilómetro que cada usuario paga es 340 por ciento más caro al que se cobra en la autopista a la Ciudad de México, además quedó 14.5 por ciento arriba de lo que fue acordado en el título de concesión adjudicado a la empresa española OHL.

La ASF realizó 24 auditorías al gobierno del estado por los recursos federales que manejó en 2015.

De sus revisiones, emitió 54 acciones, que se dividen en 24 recomendaciones, 25 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias contra funcionarios, cuatro pliegos de observaciones y una solicitud de aclaración.

Además de la fiscalización a la administración estatal, la ASF realizó 33 auditorías más a 28 municipios y la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla.

A nivel nacional, la ASF realizó observaciones por 165 mil millones de pesos a las entidades federativas y entidades del gobierno federal.

Las irregularidades en el gobierno federal, poderes de la unión y órganos autónomos es superior a los 100 mil millones, mientras que los 65 mil restantes corresponden a los estados.

e-consulta
Patricia Méndez
Puebla, México
Lunes 16 de marzo de 2020.


El exsecretario de Seguridad podría enfrentar una pena de entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que se le acusa


Ciudad de México.- El exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, fue enviado de vuelta a prisión tras una audiencia en la que no se llegó a una decisión sobre si saldría o no en libertad bajo fianza.

"La audiencia de fianza para Genaro García Luna ha terminado. Ha sido enviado de vuelta a la cárcel debido a la confusión sobre quién firmará o no su fianza", tuiteó Alan Feuer, reportero de The New York Times.

Los abogados de García Luna prepararán un nuevo intento para lograr la fianza, a la vez que la Fiscalía buscará bloquearla, de acuerdo con Feurer.

Los defensores del exsecretario cuestionaron los argumentos de la Fiscalía sobre el riesgo fundado de fuga del acusado.

Horas antes, se reveló una carta en la que la Fiscalía pedía al juez Cogan no dejar en libertad a García Luna.

"La combinación de condiciones propuestas por el acusado para su libertad antes del juicio es lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el juez (Brian) Cogan", alegó el Fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue.

"(García Luna) tiene la capacidad de escapar y un sobresaliente incentivo para hacerlo".

El exsecretario podría enfrentar una pena de entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que se le acusa.

"La fuerza de las pruebas del Gobierno se ha incrementado", aseguró Donoghue, pues tendrían nuevos testigos que testificarán sobre su relación con el Cártel de Sinaloa.

"(La Fiscalía) ha identificado a testigos adicionales que testificarán en el juicio sobre cómo el acusado acordó ayudar al Cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos".

Por otra parte, Donoghue argumenta que García Luna tiene "recursos poderosos en México", donde vivió hasta 2012, como "funcionarios corruptos del Gobierno mexicano y miembros del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que nunca sea capturado".

Reforma
The New York Times
Ciudad de México / NY, EU.
Jueves 27 de febrero de 2020.


El expresidente del Instituto Electoral de Puebla no pasó el examen teórico-práctico

 
El expresidente del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, Jacinto Herrera Serrallonga, no pasó el examen teórico-práctico y quedó fuera de la contienda por la Secretaría de Acuerdos de la sala regional del TEPJF.

El exconsejero electoral no figura en la lista de aprobados que publicó el viernes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Solo había tres espacios para competir por la secretaría de la sala regional Ciudad de México y fueron ocupados por aspirantes de otros estados, de entre quienes se elegirá al ganador luego de que sean entrevistados el lunes.

La evaluación que no logró pasar Herrera Serrallonga constaba de dos exámenes, uno teórico y uno práctico. El primero lo realizó el 31 de enero y el segundo el 1 de febrero.

De acuerdo con la convocatoria, en el examen práctico el exconsejero dispuso de hasta seis horas para redactar la parte considerativa de un proyecto de sentencia.

Los rubros que se evaluaron fueron: comprensión del problema; redacción y sintaxis; orden, congruencia y visión integral del caso, así como la argumentación, solidez de los razonamientos y sustento normativo, jurisprudencial y teórico

Arrastra acusaciones de fraude electoral

Herrera Serrallonga buscó un cargo en el TEPJF luego de renunciar el 26 de agosto del año pasado a la presidencia del IEE.

El exconsejero abandonó el órgano local argumentando "motivos estrictamente personales", aunque su salida se dio apenas unos días después del arribo de Miguel Barbosa Huerta a la gubernatura del estado.

En 2018 el ahora gobernador lo acusó de orquestar un fraude electoral a favor de la entonces candidata panista Martha Erika Alonso Hidalgo, fallecida el 24 de diciembre de ese año junto con su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle.

Incluso el hoy mandatario y su partido Morena tramitaron en octubre de 2018 ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un proceso para destituir a Herrera Serrallonga y los otros seis consejeros electorales del IEE, pero a la fecha el recurso sigue sin resolverse y la mitad de los acusados ya no laboran en el organismo.

e-consulta
Ciudad de México
Lunes 23 de febrero de 2020.


María Vanesa Pedraza Madrid fue nombrada apoderada de Nunvav, empresa que utilizó el exsecretario para desviar miles de millones de pesos

Una ex colaboradora de Genaro García Luna es la apoderada general de la empresa Nunvav, Inc., la cual -según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)-, fue utilizada por el exsecretario de Seguridad Pública para desviar 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones de dólares del Gobierno federal.

María Vanesa Pedraza Madrid, quien colaboró en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012, fue nombrada apoderada de Nunvav el 7 de octubre de 2019 en una asamblea extraordinaria de accionistas, la cual fue protocolizada ante el notario público Fabián E. Ruiz, de Panamá, de acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Posteriormente, el 31 de octubre, en otra asamblea, se ampliaron los poderes a la ex colaboradora de García Luna para que represente a la sociedad en cualquier acto legal, laboral o financiero en México, en Panamá o en cualquier otro país donde realice operaciones comerciales.

La exfuncionaria comparte poder general con Jorge Luis Castilla Aguilar, quien desde años antes era representante de la empresa.

Ante el notario, ambos dijeron tener su domicilio en la colonia Potrero del Llano, en Azcapotzalco.

Pedraza estudió la licenciatura en Psicología y una maestría en Psicoterapia en la Universidad Intercontinental.

Entre 2001 y 2008 trabajó en el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social y luego se incorporó a las oficinas centrales de la SSP, en la coordinación de asesores de García Luna.

En esa área se desempeñó durante cuatro años como directora general adjunta y sus funciones principales consistían en supervisar y dar seguimiento a proyectos de la dependencia federal. Le reportaba directamente al secretario, hoy detenido en Estados Unidos, acusado en una corte federal de Nueva York por cargos de tráfico de drogas y corrupción.

Pedraza salió de la SSP junto con García Luna el 30 de noviembre de 2012.

Red de compañías

Nunvav fue constituida el 14 de octubre de 2005 en Panamá, y no en 2011 como afirmó el titular de la UIF el pasado 27 de diciembre.

En el acta constitutiva obtenida por MCCI aparece como presidente de la compañía Natan Wancier, socio de Alexis Weinberg, dueño de la casa que ocupó García Luna en Miami cuando dejó su cargo en el Gobierno federal, según una investigación conjunta publicada el 12 de marzo de 2019 por Peniley Ramírez y Julio Roa en Univisión.

El vicepresidente y tesorero de la compañía era Félix Valencia Maldonado, quien aparece en el Registro Mercantil de Panamá como director de 318 empresas "de papel" (sin empleados ni infraestructura), entre ellas Lurión Trading Inc, que fue utilizada para triangular 6.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht en Colombia a cambio del contrato de concesión de la carretera Ruta del Sol.

En el registro mercantil de Panamá MCCI también localizó el acta de ICIT Holding, Inc. otra empresa vinculada con García Luna, la cual fue creada el 24 de julio de 2012, teniendo como presidente a Winberg y como secretario a Wancier.

En su página en internet aparecía hasta hace poco que la oficina de representación de ICIT en Estados Unidos estaba ubicada en 2980 NE 207 St, suite 507, en Aventura, Florida, que corresponde a un despacho que Genaro García Luna adquirió el 30 de agosto de 2018 a un precio de 1 millón 224 mil dólares.

En la denuncia que en diciembre presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), la UIF vinculó a García Luna tanto con ICIT como con Nunvav; como prueba mencionó que esta última empresa era la que pagaba el ostentoso estilo de vida del exfuncionario.

Lo que no se sabía es que la apoderada general de Nunvav es María Vanesa Pedraza Madrid, quien estaba a las órdenes de García Luna en la SSP, con lo que se refuerza el vínculo entre el exfuncionario y la empresa.

La UIF detectó millonarias transferencias de fondos públicos a Nunvav; 55.1 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda en 2013 y otros 2 mil 623 millones de pesos y 77.4 millones de dólares de 2017 a 2018 del órgano descentralizado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación.

Luego, parte de esos recursos fueron enviados por Nunvav a Israel, Curacao, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos y Barbados.

Nunvav también trianguló a ICIT 9.1 millones de pesos y 309 mil dólares de 2013 a 2015 y otros 6.5 millones de pesos en 2018 a su filial mexicana.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 16 de enero de 2020.


La discrepancia entre las horas de muerte que consignan las actas de defunción de las tres personas que viajaban en el helicóptero en el que fallecieron la gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, abona a las dudas sobre si se practicaron necropsias a las víctimas del fatal percance del 24 de diciembre de 2018.

Como ocurre en los casos de Alonso Hidalgo y Moreno Valle, las actas de defunción de los pilotos de Roberto Coppe Obregón y Marco Antonio Tavera Romero, así como del asistente del senador, Héctor Baltazar Mendoza, registran distintas horas de muerte y aún con un desajuste mayor con respecto a la hora en la que ocurrió la caída del helicóptero.

Tramitadas en el Registro Civil del Estado, el documento que corresponde al piloto Coppe Obregón, inscrito en el Juzgado 1, Libro 6 de 2018, con el número 1,002, asienta que dejó de existir a las 18:20 horas del 24 de diciembre de 2018.

El acta de defunción del copiloto Tavera Romero, igual del juzgado 1, Libro 6, número 1015, registra hora de muerte a las 19.27 horas; mientras que el documento de Baltazar Mendoza, asentado en el Libro 5, con el número 00984, marca las 18:34 horas.

Ya en septiembre se publicó que las actas de defunción de Moreno Valle y Alonso Hidalgo indican que ambos murieron a las 17:25 horas, cuando el registro de las comunicaciones que tuvieron la torre de control y la tripulación de la nave deja en claro que la caída del helicóptero ocurrió entre las 14:35 y las 14:39 horas de ese 24 de diciembre.

El abogado Alberto Peralta Merino, quien ha seguido el caso por la presunta desaparición de pruebas que constituiría la cremación de las víctimas de este percance, señala que, a un año de los hechos, se suman más inconsistencias y dudas sobre las investigaciones y diligencias que se han hecho para esclarecer estos hechos.

Al ser cuestionado en octubre sobre esta contradicción, el secretario general de gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, quien además es cuñado de Moreno Valle, consideró que la hora que aparecía en las actas estaba desfasada de los hechos porque podría corresponder al momento en el cual el Ministerio Público llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos.

Peralta Merino coincidió en que esta diferencia en las horas de muerte de los dos tripulantes y los tres pasajeros, sí podría corresponder a la hora en la que se realizó el protocolo del levantamiento de los cadáveres.

Sin embargo, señaló que esto abona a las sospechas que han prevalecido desde los primeros días de los acontecimientos en torno a si se dispensaron las autopsias de Moreno Valle y Alonso Hidalgo. O en todo caso, agregó, pone en duda la seriedad con la cual se llevaron a cabo esos estudios que son de relevancia en cualquier investigación.

Peralta Merino advirtió que la hora de la muerte no la puede establecer el ministerio público, sino que es el médico forense quien debe determinar ese dato en base a las necropsias que realice a cada uno de los cuerpos y que tendrían que tener, al menos, mayor congruencia con relación a la hora en que ocurrió el percance.

El hecho de que cada uno registre distintas horas de muerte, legalmente expone que las víctimas no murieron en un mismo accidente, indicó el litigante.
Agregó que esta irregularidad se sumaría al hecho que los cinco cuerpos fueron cremados cuando apenas habían transcurrido unas horas de la caída del helicóptero, con lo cual no se podrían ahondar investigaciones.

El 1 de octubre, el periodista Ciro Gómez Leyva aseguró en sus redes sociales tener información de que el entonces secretario general de gobierno, Jesús Rodríguez Almeida se comunicó el día del percance con los familiares de Moreno Valle y de Alonso Hidalgo para ofrecerles si querían que se dispensara la autopsia, cosa que los parientes rechazaron.

Aunque, sostiene que los familiares sí aceptaron el ofrecimiento sobre la cremación de los cuerpos, que igual habría ofrecido el entonces funcionario estatal. Cabe señalar que en ese momento, Rodríguez Almeida no desmintió esta información.

Este lunes, en la víspera del primer aniversario, Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, señaló que el informe final de las causas de la caída del helicóptero aún no está listo, pero adelantó que quedó descartado que se debió a un atentado.

En noviembre, al acudir a comparecer ante el Congreso de la Unión, el secretario reconoció que el gobierno federal no ha tenido acceso a las necropsias que habría practicado la Fiscalía General de Puebla.

“¿Qué pasó con los cuerpos, la necropsia?, esto es una cuestión que no nos compete a nosotros”, dijo.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 27 de diciembre de 2019.

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