Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Eukid Castañón, operador político de Rafael Moreno Valle, además de uno de los objetivos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Eukid Castañón ya estaba en la mira del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que el pasado 21 de octubre de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) congeló sus cuentas por presunto lavado de dinero.

Sin embargo, Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla concedió un amparo para que se desbloquearan las cuentas de Eukid Castañón.

El exdiputado federal fungió como pieza clave del morenivallismo, ya que se le ha señalado como uno de los operadores de fideicomisos para la construcción de mega obras como la Estrella de Puebla, el Museo Internacional Barroco y el segundo piso de la carretera Puebla-Veracruz.

A tres semanas de la muerte de Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso, Eukid Castañón anunció su retiro de la vida política. Desde entonces ha mantenido un perfil bajo en Puebla.

Detienen a Eukid Castañón, ex operador de Rafael Moreno Valle

La Fiscalía General del Estado de Puebla guardó hermetismo y prefirió no ha emitido ninguna postura al respecto

Eukid Castañón Herrera, exdiputado panista y principal operador político del extinto Rafael Moreno Valle, fue detenido este miércoles por elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Puebla, al tener pendiente una orden de arresto por el delito de extorsión, según lo revelado por fuentes policiacas.

Sin embargo, las fuentes consultadas se negaron a revelar mayores detalles sobre la aprehensión del ex contralor que en noviembre de 2019 consiguió un amparo luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le congelara sus cuentas bancarias al enfrentar denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En cuanto al arresto del político, hasta las 20:30 horas, la Fiscalía General del Estado de Puebla guardó hermetismo y prefirió no emitir ninguna postura al respecto.

Cabe recordar que Eukid Castañón Herrera fue titular de la Secretaría de la Contraloría en la administración de Rafael Moreno Valle, en el 2014 se convirtió en diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN) y un año más tarde en diputado federal por el mismo partido.

El Popular
El Sol de Puebla
Ciudad de Puebla
Miércoles 18 de marzo de 2020.


Obras caras, mal planeadas y sin permisos halló la ASF en Puebla


La SFP dio a conocer que entre el primero de enero de 2011 y el 20 de enero de 2019 inició 242 auditorías, pero ninguna referente a las del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.


El gobierno de Puebla no ha revisado nueve obras emblemáticas de las administraciones panistas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí fiscalizó y en las que hizo observaciones por 2 mil 43.6 millones de pesos.

En respuesta a una solicitud de información pública, la Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal dio a conocer que entre el primero de enero de 2011 y el 20 de enero de 2019 inició 242 auditorías, pero no se incluyen las obras emblemáticas de la gestión del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Las anomalías que sí encontró la ASF

En la revisión a la cuenta pública 2018, la ASF detectó pagos indebidos por 39 millones de pesos en la construcción de la línea 3 del Metrobús, mientras que en la línea 2 fueron ubicados recursos sin comprobar por 82 millones.

Según se indica en los resultados de la auditoría 1184-DS-GF, la ASF encontró pagos improcedentes por 38 millones 964 mil 400 pesos en la colocación de la carpeta de concreto asfáltico, lo que pone en duda la resistencia del material utilizado en la línea 3.  

En la construcción del Parque del Cerro de Amalucan, la auditoría ubicó recursos sin comprobar por 2.5 millones de pesos por pagos indebidos que se realizaron durante la realización de la obra, relacionados con el vaso regulador.

En cuanto al Museo Internacional Barroco, la ASF informó en 2017 que encontró una diferencia de 100 millones de pesos en el pago de la contraprestación que la empresa La Peninsular recibió como anticipo para la realización de la obra.

Sobre la construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla, el organismo fiscalizador dictaminó recursos sin comprobar por 1 mil 670 millones de pesos en las cuentas públicas 2015 y 2016.

En la revisión a la cuenta pública 2017, la ASF señaló que las obras de la construcción de un parque en la zona arqueológica de Cholula se realizaron sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), además se pagaron 139.4 millones de pesos por un proyecto totalmente distinto a lo establecido en los contratos.

En la remodelación del Estadio Cuauhtémoc, la auditoría detectó anomalías por 10.7 millones de pesos, por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realizado, según la revisión a la cuenta pública de 2017.

Otros dos casos consisten en la remodelación del Auditorio Siglo XXI –hoy Auditorio Metropolitano-, donde la ASF cuestionó el destino de 32.1 millones de pesos, así como el Tren Turístico Puebla-Cholula, en donde el organismo ubicó recursos sin justificar por 15 millones.

Hay que recordar que tras a dar a conocer los montos observados, la ASF establece periodos para que el gobierno subsane las observaciones.

Obras caras, mal planeadas y sin permisos halló la ASF en Puebla

El organismo fiscalizador realiza observaciones al Museo Internacional Barroco, la zona arqueológica de Cholula, el Segundo Piso, la remodelación del estadio y la línea 2 de RUTA

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenció que el gobierno del estado de Puebla realizó obra pública cara, mal planeada y sin los permisos correspondientes durante 2015, según lo asentó en su informe de fiscalización de cuenta pública que este miércoles entregó a la Cámara de Diputados.

Destaca el crecimiento del costo del Museo Internacional Barroco, que desde una primera estimación de 760 millones de pesos para la obra física y equipamiento, al final costó 1 mil 774 millones de pesos, mientras que el pago anual por su mantenimiento pasó de 87.2 a 269 millones.

En el caso de los trabajos en la zona arqueológica de San Pedro y San Andrés Cholula, se advierte que se licitó y pagó un proyecto que no coincide con lo que se hizo, no existe garantía de que se buscó el mejor precio y calidad para los trabajos, además que éstos se realizaron sin permisos del INAH e INBA.

Por lo que toca al Segundo Piso, se revela que el costo del peaje por kilómetro que cada usuario paga es 340 por ciento más caro al que se cobra en la autopista a la Ciudad de México, además quedó 14.5 por ciento arriba de lo que fue acordado en el título de concesión adjudicado a la empresa española OHL.

La ASF realizó 24 auditorías al gobierno del estado por los recursos federales que manejó en 2015.

De sus revisiones, emitió 54 acciones, que se dividen en 24 recomendaciones, 25 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias contra funcionarios, cuatro pliegos de observaciones y una solicitud de aclaración.

Además de la fiscalización a la administración estatal, la ASF realizó 33 auditorías más a 28 municipios y la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla.

A nivel nacional, la ASF realizó observaciones por 165 mil millones de pesos a las entidades federativas y entidades del gobierno federal.

Las irregularidades en el gobierno federal, poderes de la unión y órganos autónomos es superior a los 100 mil millones, mientras que los 65 mil restantes corresponden a los estados.

e-consulta
Patricia Méndez
Puebla, México
Lunes 16 de marzo de 2020.


El exsecretario de Seguridad podría enfrentar una pena de entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que se le acusa


Ciudad de México.- El exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, fue enviado de vuelta a prisión tras una audiencia en la que no se llegó a una decisión sobre si saldría o no en libertad bajo fianza.

"La audiencia de fianza para Genaro García Luna ha terminado. Ha sido enviado de vuelta a la cárcel debido a la confusión sobre quién firmará o no su fianza", tuiteó Alan Feuer, reportero de The New York Times.

Los abogados de García Luna prepararán un nuevo intento para lograr la fianza, a la vez que la Fiscalía buscará bloquearla, de acuerdo con Feurer.

Los defensores del exsecretario cuestionaron los argumentos de la Fiscalía sobre el riesgo fundado de fuga del acusado.

Horas antes, se reveló una carta en la que la Fiscalía pedía al juez Cogan no dejar en libertad a García Luna.

"La combinación de condiciones propuestas por el acusado para su libertad antes del juicio es lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el juez (Brian) Cogan", alegó el Fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue.

"(García Luna) tiene la capacidad de escapar y un sobresaliente incentivo para hacerlo".

El exsecretario podría enfrentar una pena de entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que se le acusa.

"La fuerza de las pruebas del Gobierno se ha incrementado", aseguró Donoghue, pues tendrían nuevos testigos que testificarán sobre su relación con el Cártel de Sinaloa.

"(La Fiscalía) ha identificado a testigos adicionales que testificarán en el juicio sobre cómo el acusado acordó ayudar al Cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos".

Por otra parte, Donoghue argumenta que García Luna tiene "recursos poderosos en México", donde vivió hasta 2012, como "funcionarios corruptos del Gobierno mexicano y miembros del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que nunca sea capturado".

Reforma
The New York Times
Ciudad de México / NY, EU.
Jueves 27 de febrero de 2020.


El expresidente del Instituto Electoral de Puebla no pasó el examen teórico-práctico

 
El expresidente del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, Jacinto Herrera Serrallonga, no pasó el examen teórico-práctico y quedó fuera de la contienda por la Secretaría de Acuerdos de la sala regional del TEPJF.

El exconsejero electoral no figura en la lista de aprobados que publicó el viernes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Solo había tres espacios para competir por la secretaría de la sala regional Ciudad de México y fueron ocupados por aspirantes de otros estados, de entre quienes se elegirá al ganador luego de que sean entrevistados el lunes.

La evaluación que no logró pasar Herrera Serrallonga constaba de dos exámenes, uno teórico y uno práctico. El primero lo realizó el 31 de enero y el segundo el 1 de febrero.

De acuerdo con la convocatoria, en el examen práctico el exconsejero dispuso de hasta seis horas para redactar la parte considerativa de un proyecto de sentencia.

Los rubros que se evaluaron fueron: comprensión del problema; redacción y sintaxis; orden, congruencia y visión integral del caso, así como la argumentación, solidez de los razonamientos y sustento normativo, jurisprudencial y teórico

Arrastra acusaciones de fraude electoral

Herrera Serrallonga buscó un cargo en el TEPJF luego de renunciar el 26 de agosto del año pasado a la presidencia del IEE.

El exconsejero abandonó el órgano local argumentando "motivos estrictamente personales", aunque su salida se dio apenas unos días después del arribo de Miguel Barbosa Huerta a la gubernatura del estado.

En 2018 el ahora gobernador lo acusó de orquestar un fraude electoral a favor de la entonces candidata panista Martha Erika Alonso Hidalgo, fallecida el 24 de diciembre de ese año junto con su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle.

Incluso el hoy mandatario y su partido Morena tramitaron en octubre de 2018 ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un proceso para destituir a Herrera Serrallonga y los otros seis consejeros electorales del IEE, pero a la fecha el recurso sigue sin resolverse y la mitad de los acusados ya no laboran en el organismo.

e-consulta
Ciudad de México
Lunes 23 de febrero de 2020.


María Vanesa Pedraza Madrid fue nombrada apoderada de Nunvav, empresa que utilizó el exsecretario para desviar miles de millones de pesos

Una ex colaboradora de Genaro García Luna es la apoderada general de la empresa Nunvav, Inc., la cual -según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)-, fue utilizada por el exsecretario de Seguridad Pública para desviar 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones de dólares del Gobierno federal.

María Vanesa Pedraza Madrid, quien colaboró en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012, fue nombrada apoderada de Nunvav el 7 de octubre de 2019 en una asamblea extraordinaria de accionistas, la cual fue protocolizada ante el notario público Fabián E. Ruiz, de Panamá, de acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Posteriormente, el 31 de octubre, en otra asamblea, se ampliaron los poderes a la ex colaboradora de García Luna para que represente a la sociedad en cualquier acto legal, laboral o financiero en México, en Panamá o en cualquier otro país donde realice operaciones comerciales.

La exfuncionaria comparte poder general con Jorge Luis Castilla Aguilar, quien desde años antes era representante de la empresa.

Ante el notario, ambos dijeron tener su domicilio en la colonia Potrero del Llano, en Azcapotzalco.

Pedraza estudió la licenciatura en Psicología y una maestría en Psicoterapia en la Universidad Intercontinental.

Entre 2001 y 2008 trabajó en el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social y luego se incorporó a las oficinas centrales de la SSP, en la coordinación de asesores de García Luna.

En esa área se desempeñó durante cuatro años como directora general adjunta y sus funciones principales consistían en supervisar y dar seguimiento a proyectos de la dependencia federal. Le reportaba directamente al secretario, hoy detenido en Estados Unidos, acusado en una corte federal de Nueva York por cargos de tráfico de drogas y corrupción.

Pedraza salió de la SSP junto con García Luna el 30 de noviembre de 2012.

Red de compañías

Nunvav fue constituida el 14 de octubre de 2005 en Panamá, y no en 2011 como afirmó el titular de la UIF el pasado 27 de diciembre.

En el acta constitutiva obtenida por MCCI aparece como presidente de la compañía Natan Wancier, socio de Alexis Weinberg, dueño de la casa que ocupó García Luna en Miami cuando dejó su cargo en el Gobierno federal, según una investigación conjunta publicada el 12 de marzo de 2019 por Peniley Ramírez y Julio Roa en Univisión.

El vicepresidente y tesorero de la compañía era Félix Valencia Maldonado, quien aparece en el Registro Mercantil de Panamá como director de 318 empresas "de papel" (sin empleados ni infraestructura), entre ellas Lurión Trading Inc, que fue utilizada para triangular 6.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht en Colombia a cambio del contrato de concesión de la carretera Ruta del Sol.

En el registro mercantil de Panamá MCCI también localizó el acta de ICIT Holding, Inc. otra empresa vinculada con García Luna, la cual fue creada el 24 de julio de 2012, teniendo como presidente a Winberg y como secretario a Wancier.

En su página en internet aparecía hasta hace poco que la oficina de representación de ICIT en Estados Unidos estaba ubicada en 2980 NE 207 St, suite 507, en Aventura, Florida, que corresponde a un despacho que Genaro García Luna adquirió el 30 de agosto de 2018 a un precio de 1 millón 224 mil dólares.

En la denuncia que en diciembre presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), la UIF vinculó a García Luna tanto con ICIT como con Nunvav; como prueba mencionó que esta última empresa era la que pagaba el ostentoso estilo de vida del exfuncionario.

Lo que no se sabía es que la apoderada general de Nunvav es María Vanesa Pedraza Madrid, quien estaba a las órdenes de García Luna en la SSP, con lo que se refuerza el vínculo entre el exfuncionario y la empresa.

La UIF detectó millonarias transferencias de fondos públicos a Nunvav; 55.1 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda en 2013 y otros 2 mil 623 millones de pesos y 77.4 millones de dólares de 2017 a 2018 del órgano descentralizado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación.

Luego, parte de esos recursos fueron enviados por Nunvav a Israel, Curacao, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos y Barbados.

Nunvav también trianguló a ICIT 9.1 millones de pesos y 309 mil dólares de 2013 a 2015 y otros 6.5 millones de pesos en 2018 a su filial mexicana.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 16 de enero de 2020.


La discrepancia entre las horas de muerte que consignan las actas de defunción de las tres personas que viajaban en el helicóptero en el que fallecieron la gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, abona a las dudas sobre si se practicaron necropsias a las víctimas del fatal percance del 24 de diciembre de 2018.

Como ocurre en los casos de Alonso Hidalgo y Moreno Valle, las actas de defunción de los pilotos de Roberto Coppe Obregón y Marco Antonio Tavera Romero, así como del asistente del senador, Héctor Baltazar Mendoza, registran distintas horas de muerte y aún con un desajuste mayor con respecto a la hora en la que ocurrió la caída del helicóptero.

Tramitadas en el Registro Civil del Estado, el documento que corresponde al piloto Coppe Obregón, inscrito en el Juzgado 1, Libro 6 de 2018, con el número 1,002, asienta que dejó de existir a las 18:20 horas del 24 de diciembre de 2018.

El acta de defunción del copiloto Tavera Romero, igual del juzgado 1, Libro 6, número 1015, registra hora de muerte a las 19.27 horas; mientras que el documento de Baltazar Mendoza, asentado en el Libro 5, con el número 00984, marca las 18:34 horas.

Ya en septiembre se publicó que las actas de defunción de Moreno Valle y Alonso Hidalgo indican que ambos murieron a las 17:25 horas, cuando el registro de las comunicaciones que tuvieron la torre de control y la tripulación de la nave deja en claro que la caída del helicóptero ocurrió entre las 14:35 y las 14:39 horas de ese 24 de diciembre.

El abogado Alberto Peralta Merino, quien ha seguido el caso por la presunta desaparición de pruebas que constituiría la cremación de las víctimas de este percance, señala que, a un año de los hechos, se suman más inconsistencias y dudas sobre las investigaciones y diligencias que se han hecho para esclarecer estos hechos.

Al ser cuestionado en octubre sobre esta contradicción, el secretario general de gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, quien además es cuñado de Moreno Valle, consideró que la hora que aparecía en las actas estaba desfasada de los hechos porque podría corresponder al momento en el cual el Ministerio Público llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos.

Peralta Merino coincidió en que esta diferencia en las horas de muerte de los dos tripulantes y los tres pasajeros, sí podría corresponder a la hora en la que se realizó el protocolo del levantamiento de los cadáveres.

Sin embargo, señaló que esto abona a las sospechas que han prevalecido desde los primeros días de los acontecimientos en torno a si se dispensaron las autopsias de Moreno Valle y Alonso Hidalgo. O en todo caso, agregó, pone en duda la seriedad con la cual se llevaron a cabo esos estudios que son de relevancia en cualquier investigación.

Peralta Merino advirtió que la hora de la muerte no la puede establecer el ministerio público, sino que es el médico forense quien debe determinar ese dato en base a las necropsias que realice a cada uno de los cuerpos y que tendrían que tener, al menos, mayor congruencia con relación a la hora en que ocurrió el percance.

El hecho de que cada uno registre distintas horas de muerte, legalmente expone que las víctimas no murieron en un mismo accidente, indicó el litigante.
Agregó que esta irregularidad se sumaría al hecho que los cinco cuerpos fueron cremados cuando apenas habían transcurrido unas horas de la caída del helicóptero, con lo cual no se podrían ahondar investigaciones.

El 1 de octubre, el periodista Ciro Gómez Leyva aseguró en sus redes sociales tener información de que el entonces secretario general de gobierno, Jesús Rodríguez Almeida se comunicó el día del percance con los familiares de Moreno Valle y de Alonso Hidalgo para ofrecerles si querían que se dispensara la autopsia, cosa que los parientes rechazaron.

Aunque, sostiene que los familiares sí aceptaron el ofrecimiento sobre la cremación de los cuerpos, que igual habría ofrecido el entonces funcionario estatal. Cabe señalar que en ese momento, Rodríguez Almeida no desmintió esta información.

Este lunes, en la víspera del primer aniversario, Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, señaló que el informe final de las causas de la caída del helicóptero aún no está listo, pero adelantó que quedó descartado que se debió a un atentado.

En noviembre, al acudir a comparecer ante el Congreso de la Unión, el secretario reconoció que el gobierno federal no ha tenido acceso a las necropsias que habría practicado la Fiscalía General de Puebla.

“¿Qué pasó con los cuerpos, la necropsia?, esto es una cuestión que no nos compete a nosotros”, dijo.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 27 de diciembre de 2019.


La Auditoría Superior del Estado (ASE) recibió un centenar de denuncias de actos de corrupción que pesan sobre los gobiernos del PAN que encabezaron Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad, principalmente por compras que se soportaron en facturas apócrifas.

El nuevo titular de la ASE, Francisco José Romero Serrano, anunció una auditoría especial de ambas gestiones y de constatar las irregularidades propondrá al Congreso de Puebla la imposición de sanciones contra los funcionarios responsables, aunque ya no formen parte de la administración pública estatal.  

En entrevista, explicó que existe un periodo de prescripción de cinco años, por lo que todavía son sancionables conductas cometidas a partir de 2015.

El responsable de la fiscalización de recursos públicos en el estado abundó que la ASE también revisará el costo de la infraestructura detonada por los gobiernos albiazules bajo el esquema de proyectos para la prestación de servicios, para verificar si se encuentran dentro de los márgenes razonables y aceptables.

De acuerdo con el auditor, en la mira se encuentra el Museo Internacional del Barroco (MIB), las plataformas Audi y el Centro Integral de Servicios que se erigió en la zona de Angelópolis.

Remueven a 20 aviadores de la ASE

A tres semanas de rendir protesta de cargo, Francisco Romero Serrano dio a conocer que encontró 20 aviadores en la estructura administrativa de la ASE que le heredó su antecesor en el cargo, David Villanueva Lomelí.

Detalló que los trabajadores se encontraban asignados a áreas para las cuales carecían de perfil, por lo que ordenó su cese.

La existencia de aviadores la adelantó Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidente de la Comisión Inspectora del Congreso de Puebla, en entrevista el 22 de noviembre pasado.

La representante popular, integrante del grupo parlamentario del partido Morena, señaló que el chofer de Villanueva Lomelí se encontraría entre ellos, según versiones extraoficiales.

David Villanueva dejó el órgano fiscalizador del estado el 30 de abril pasado para rendir protesta de cargo como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), posición en la que se mantendrá hasta 2023.

Encabezó la ASE desde 2011 y en los ocho años que estuvo en el cargo enfrentó acusaciones de la oposición de proteger a los gobiernos del PAN en la fiscalización de recursos públicos.

La Jornada de Oriente
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 19 diciembre 2019.


La captura de Genaro García Luna, el estratega del combate contra el tráfico de drogas entre 2006 y 2012, promete un juicio de alto voltaje por sus repercusiones políticas


Hace once años, por estas fechas, México despertó con decenas de mensajes del narcotráfico colgando de puentes y farolas en puntos clave de seis Estados del norte y sur del país. Era una de las formas de comunicación de la delincuencia organizada: “Genaro García Luna es el narcotraficante con más poder, él y su grupo de sicarios que están en la Policía Federal Preventiva… son sicarios al servicio del Cartel de Sinaloa”, decía una pancarta supuestamente firmada por el cartel del Golfo de 15 metros de ancho por cinco de alto que colgaba sobre el mercado principal de la capital de Oaxaca. Agentes de policía ocultaron el texto y nadie le dio demasiada importancia. Era el enésimo intento de los criminales por manchar la reputación del todopoderoso secretario (ministro) de Seguridad del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, el gran estratega del combate a los carteles entre 2006 y 2012.

Esta semana una acusación similar sobresaltó al país que suma más de 200.000 muertos y 40.000 desaparecidos por la violencia. Esta vez no fue anónima. Estados Unidos detuvo el domingo 8 de diciembre en Texas a García Luna, un ex espía y supe policía de 51 años que gustaba de las Harley Davidson y los Mustang y reconocido por crear en 2001 la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el FBI mexicano. La Fiscalía que sentó al capo Joaquín El Chapo Guzmán en el banquillo de los acusados para lograr tras cuatro meses de juicio una sentencia de cadena perpetua acusa ahora al exministro de haber recibido “decenas de millones de dólares en sobornos durante varios años” para brindar protección al cartel que lideraba El Chapo, el de Sinaloa, una de las organizaciones que debía combatir. Las autoridades también lo acusan de planear la entrada de varios kilos de cocaína en el país.

La caída de este Ícaro de altos vuelos en el mundo del espionaje y la seguridad es especialmente dura. El poderoso golpe que ha cortado las alas de García Luna fue asestado por las mismas manos que durante años lo avalaron: el Gobierno de Estados Unidos. La guerra mexicana contra el narco tiene su mito fundacional en el Operativo Michoacán, la decisión de Calderón, en diciembre de 2006, de enviar a 6.000 efectivos a un Estado que cerraba aquel año con más de 600 asesinatos. México, sin embargo, se encontraba en ese momento con la cifra más baja de homicidios de su historia moderna.

Otra versión indica que el inicio de la guerra ocurrió un par de meses antes en Cuernavaca, cerca de la capital mexicana. Karen Tandy, la administradora general de la Agencia Antidrogas de Washington, la DEA, y su encargado para América del Norte y Centroamérica, David Gaddis, se reunieron en octubre con García Luna y Eduardo Medina, los pilares de la política de seguridad del Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). El académico Luis Astorga considera en “¿Qué quería que hiciera?” (2015) este momento como uno de los que forjaron el combate al narco. Con Calderón, García Luna se ocuparía de la Secretaría de Seguridad y Medina Mora de la Fiscalía General. Los dos desarrollarían los designios de la DEA, que alertaba de la descomposición de algunas regiones de México. Ambos exfuncionarios viven hoy horas muy bajas. El primero espera su juicio en Estados Unidos. El segundo abandonó, en medio de un escándalo, su cargo de 15 años como miembro del Tribunal Constitucional después de que llegaran a conocimiento público depósitos millonarios en sus cuentas bancarias.

Tras la reunión en Cuernavaca, García Luna amasó más poder y se convirtió en un influyente instrumento. En enero de 2008 pasó varios días en Washington convenciendo a funcionarios y legisladores de que aprobaran un paquete millonario de ayudas. En su viaje, el señor de la guerra al narco se reunió con miembros del Gabinete de George W. Bush, el FBI y el Servicio Secreto. La presión funcionó y el grifo se abrió. 400 millones de dólares fueron transferidos en la polémica Iniciativa Mérida, destinada a mejorar la profesionalización de su cuerpo policíaco, la Policía Federal, que creció bajo su tutela de 5.000 elementos a más de 35.000. A finales de 2008, el veterano general Barry McCaffrey, encargado de escribir un informe sobre la situación mexicana, defendió la inversión, que aumentaría hasta los 1.400 millones en los años siguientes. “El gasto propuesto en apoyo del Gobierno de México es una gota en un cubo en comparación con lo que se ha gastado en las guerras de Irak y Afganistán, que han consumido 700.000 millones de dólares. Lo que está en juego en México es enorme. No podemos permitirnos tener un narcoestado como vecino”, escribió el militar a coroneles de la academia de West Point.

La buena relación de García Luna con sus contrapartes estadounidenses continuó. En 2009 se reunió con Hillary Clinton, secretaria de Estado. Era confidente de los embajadores de Washington. En 2011 viajó al norte para presentar su libro Para entender: el nuevo modelo de seguridad para México a pesar de tener poco que celebrar. El país había pasado de 10.000 homicidios en 2006 a 27.000 en 2011. Al concluir el Gobierno de Calderón, García Luna se mudó junto a su esposa a Miami, a la lujosa zona de Golden Beach. Soñó con un retiro dorado y el año pasado comenzó los trámites para convertirse en estadounidense. Ignoraba que su anfitrión llevaba años investigándolo. “Las autoridades obtuvieron informes financieros relacionados con el acusado que reflejan que, al momento de su llegada a Estados Unidos, en 2012, había amasado una fortuna personal que era incompatible con el salario de un funcionario público en México”, asegura la acusación del distrito Este de Nueva York.

Las señales estuvieron siempre allí para quienes quisieran verlas. “Era un secreto a voces que García Luna estaba involucrado con la delincuencia”, asegura el ex comisario de la Policía Federal Javier Herrera Valles. Este policía de 64 años fue la gran voz crítica a los operativos “sin dirección ni trabajo de inteligencia” que orquestó la cúpula de García Luna desde el Ministerio de Seguridad. La decepción de operaciones pobremente planeadas, que buscaban principalmente tener eco en los medios de comunicación, lo llevó a detallar la situación a Felipe Calderón. “Pensé ingenuamente que no estaba informado”, señala. Herrera describió al presidente la situación de la policía en dos cartas, en febrero y mayo de 2008. “Lo más preocupante para la seguridad pública de nuestro país es que el ingeniero García Luna continúa sin dirección en la policía, mintiéndole a usted y a la sociedad haciéndole creer de una coordinación que no existe”, asegura un largo texto que documenta diversas irregularidades protagonizadas por los seis hombres de confianza del secretario.

La única respuesta que Herrera Valles recibió entonces llegó seis meses después, cuando fue detenido y golpeado por agentes de la Fiscalía. Los supuestos testimonios de un testigo protegido lo mantuvieron en prisión tres años, diez meses y veintiún días. El mensaje fue claro. “García Luna tuvo una protección institucional durante dos sexenios y contaba con el cobijo de la Fiscalía General. El presidente Calderón estaba coludido”, añade Herrera. Ahora, más de una década después, el expresidente Calderón ha dado respuesta pública a las quejas de Herrera Valles. En Twitter, dijo que los textos no hacen ninguna acusación específica respecto al vínculo de García Luna con Sinaloa. “No tenía conocimientos de los hechos de los que es acusado”, reiteró Calderón.

El juicio a García Luna comenzará en 2020. No será tan mediático como el de El Chapo, pero en México será de alto voltaje. Su sentencia será también la de una estrategia de seguridad que ha dejado centenares de miles de víctimas y que tiene dos rostros públicos: el de García Luna y el propio Calderón.

El País
Luis Pablo Beauregard
Ciudad de México / Madrid
Domingo 15 de diciembre de 2019.


El ex Comisario de la Policía Federal Preventiva durante el sexenio de Felipe Calderón afirmó que, desde el 2008, le informó a través de dos cartas al exmandatario sobre la corrupción del entonces secretario de seguridad federal, Genaro García Luna, y de otros miembros del círculo cercano presidencial.


El expresidente Felipe Calderón supo de los vínculos de su Secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, con el crimen organizado, reveló Javier Herrera Valles, quien fungió como Comisario General de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el sexenio calderonista.

En entrevista con Aristegui en Vivo, Herrera Valles, quien fungió como Comisario general de la PFP del 2006 al 2008 durante el gobierno de Calderón, dijo que él denunció a García Luna a través de dos cartas que le envió al entonces presidente en febrero y en mayo del 2008.

García Luna fue detenido este martes por autoridades estadounidenses en la localidad de Grapevine, en Texas, acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York de haber recibido “sobornos multimillonarios” del Cártel de Sinaloa.

Los fiscales imputaron a García Luna tres cargos por conspirar con organizaciones criminales para llevar cocaína a Estados Unidos y uno más por mentir a las agencias de migración de ese país para obtener la ciudadanía.

Por su parte, Herrera Valles dijo que la primera carta, enviada en febrero a Calderón, le fue entregada a García Luna por “una traición” del entonces Secretario de Turismo federal, Rodolfo Elizondo, a quien Herrera Valles le había entregado una copia.

Sin embargo, esa primera misiva también le fue entregada a Calderón, a través de César Nava, entonces secretario particular del Presidente, aseguró el ex mando policíaco.

Luego, Herrera Valles sostuvo que envió en mayo una segunda carta a Calderón, con evidencia de los presuntos vínculos entre García Luna y grupos del crimen organizado.

“En mayo le mando una nueva carta el presidente con anexos en donde pruebo mis dichos, no nada más son señalamientos sin fundamento, y no pone atención, realmente el presidente sí estuvo enterado desde el 2008 de todas las irregularidades en que estaba incurriendo esta gente, y de los hechos posibles constitutivos de delito en que estuvo metida toda su gente”, dijo el ex funcionario federal.

Entre los funcionarios denunciados en sus misivas por el entonces mando policíaco de la PFP por presuntos vínculos con el crimen organizado estaban altos funcionarios de la Secretaria de Seguridad Pública federal como Luis Cárdenas Palomino, Víctor Garay Cadena, Armando Espinosa de Benito y Facundo Rosas.

“Genaro García Luna protegió a todo su equipo, a toda su camarilla y obviamente con el visto bueno del presidente, y con la complicidad de Eduardo Medina Mora (entonces Procurador General de la República) que se prestó para fincarme cargos de delincuencia organizada, de lo que yo estaba acusando a Genaro García Luna y a su gente”, dijo el ex Comisario.

Tras sus denuncias, Herrera Valles fue detenido en noviembre de 2008 acusado de estar vinculado con el Cártel de Sinaloa. Fue sentenciado en diciembre del 2011 a 10 años y tres días de prisión por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Herrera Valles fue absuelto en septiembre del 2012 del delito de delincuencia organizada por un Juez de Nayarit, tras considerar que los elementos con los cuales fue acusado por el Ministerio Público Federal no tenían sustento.

En la entrevista, el ex Comisario añadió que también Marisela Morales, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), “se prestó” para proteger a García Luna.

Herrera Valles recordó que, otra de las razones por las que escribió la primera carta a Calderón fue que los operativos y retenes federales se realizaban sin estrategia ni capacitación.

Sin embargo, esto ocasionó su despido como jefe de la División de Seguridad Regional, así como una persecución en su contra.

Ante esto, el ex policía envió la segunda carta en mayo del mismo año, pero tampoco obtuvo una respuesta.

“El presidente Calderón estaba debidamente enterado, no nada más de las irregularidades administrativas sino de los delitos en los que estaba inmiscuido este personal, desde que venía de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), con Genaro García Luna. Traían problemas de ventas de plazas, secuestros, homicidios, narcotráfico, protección a delincuencia organizada, entre otros”, recalcó.

El ex funcionario dijo que, a pesar de que entregó copia de la segunda carta a la Procuraduría Federal de la República, a la Secretaría de la Función Pública, a las Comisiones de Seguridad del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solo la diputada Layda Sansores y algunos legisladores cercanos a ella lo apoyaron.

“Posteriormente fui detenido el 17 de noviembre de 2008 y me presentaron cargos de delincuencia organizada, con testimonios de un delincuente, de un secuestrador”.

Sobre la aprehensión de García Luna en Estados Unidos Herrera Valles lamentó que sean las autoridades de Estados Unidos las que juzguen al ex secretario de Seguridad y no las mexicanas.

Tras destacar que durante su gestión como secretario de Seguridad en Nayarit se logró fortalecer la seguridad, comentó que hay elementos muy comprometidos y muy capacitados para hacer frente a la delincuencia, tanto común como organizada.

“Hay muchos policías comprometidos que es cuestión de estimularlos, darles el sueldo correcto, los estímulos, la preparación, la capacitación y ellos saben hacer las cosas”, afirmó.

Aristegui noticias
Ciudad de México
Viernes 13 de diciembre 2019.


Genaro García Luna ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, tiene cargos por conspiración de tráfico de cocaína, así como falsedad de declaraciones ante la justicia de EE.UU, según el Departamento de Justicia.

El exfuncionario mexicano fue señalado de recibir sobornos millonarios del narcotráfico, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.


Las autoridades estadounidenses detuvieron el lunes a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, por presuntos vínculos con el narcotráfico y haber recibido millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa entre 2006 y 2012.

El Departamento de Justicia informó que presentó tres cargos por conspiración de tráfico de cocaína contra García Luna, así como falsedad de declaraciones ante la justicia de EE.UU., según un comunicado emitido por la fiscalía de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

"A cambio de sobornos multimillonarios, el acusado supuestamente permitió que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en México. García Luna fue arrestado ayer por agentes federales en Dallas, Texas, y el Gobierno buscará su traslado al Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos", explica el texto.

Richard P. Donoghue, fiscal de los EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, dijo que el arresto demuestra la determinación de "llevar ante la justicia a quienes ayudan a los carteles a infligir un daño devastador en los EE.UU. y México, independientemente de las posiciones que sostuvieron mientras cometían sus crímenes".

De acuerdo a la Fiscalía, en dos ocasiones "el Cartel entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines que contenían entre tres y cinco millones de dólares. Además, según los registros financieros obtenidos por las autoridades, cuando García Luna se mudó a los EE.UU., en 2012, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares".

De ser hallado culpable por los delitos que se le imputan, García Luna podría alcanzar una condena de entre 10 años de prisión y cadena perpetua, según el Departamento de Justicia.

La reacción de Calderón

Tras enterarse de la detención, el expresidente Felipe Calderón señaló que su postura "será siempre en favor de la justicia y la ley".

"Estoy conociendo por redes sociales la versión del presunto arresto de Genaro García Luna. Desconozco detalles y estoy pendiente de la información que confirme el hecho, como de los cargos que, en su caso, se le imputen. Mi postura será siempre en favor de la justicia y la ley", dijo en un tuit.

García Luna fue el principal encargado de desarrollar la estrategia de la llamada "guerra contra el narcotráfico", que decretó el expresidente Calderón a partir de diciembre de 2006, que provocó un aumento significativo de la violencia en ese país.

Un negro historial

Los vínculos entre García Luna y el narcotráfico fueron documentados por la periodistaAnabel Hernández en su libro 'Los señores del narco', además de orquestar una conspiración en su contra para asesinarla por develar dicha información.

"A finales de 2010, una persona que trabajaba cerca del círculo del jefe policiaco me informó que había un plan para asesinarme. Esa advertencia fue precedida por varios atentados contra mi familia, fuentes de información, contra mí, contra mi casa. Un infierno. Hace pocos meses un funcionario del gobierno americano me dijo que ellos habían confirmado que García Luna y su gente habían hechoun complot para matarme", escribió Hernández en su más reciente libro, 'El traidor'.

Durante el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York, un testigo de la fiscalía, Jesús 'el Rey' Zambada, quien era el contador del Cártel de Sinaloa, aseguró que la organización criminal creó un fondo de 50 millones de dólares para Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el mandato del presidente mexicano Felipe Calderón.

El 'Rey' Zambada informó también que, en 2005, le entregó personalmente a García Luna tres millones de dólares en un maletín cuando el funcionario estaba a cargo de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

A lo largo de su gestión al frente de la política de seguridad mexicana, el exfuncionario fue señalado de crear un montaje televisivo durante la detención de la francesa Florence Cassez, que detonó una crisis diplomática entre México y Francia durante el sexenio de Calderón.

En octubre de 2019, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, admitió que la administración del expresidente Felipe Calderón lo presionó durante la resolución judicial que decretó la liberación de Cassez, quien fue acusada de narcotráfico con pruebas manipuladas por la secretaría encabezada por García Luna.

Tras dejar su cargo, al término del mandato de Calderón, García Luna se fue a vivir a un millonario complejo habitacional en Miami, Florida, en una casa propiedad del empresario de seguridad Mauricio Samuel Weinberg,quien obtuvo millonarios contratos con el Gobierno mexicano en la venta de equipo de seguridad durante la gestión de García Luna.

RT
AFP
Alfredo Estrella
Washington, EU
Martes 10 de diciembre de 2019.

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