Piden a embajada de Alemania que investigue posible implicación de Audi en actos de corrupción en Puebla

Los ciudadanos Guillermo Medina Álvarez y Carlos Meza Gutiérrez pidieron a la embajada alemana en México que dé seguimiento a la denuncia presentada ante el Congreso local por presuntos actos de corrupción cometidos durante la instalación de la planta automotriz Audi en la entidad.

En un escrito dirigido al embajador alemán Peter Tempel, los denunciantes piden su participación para que la denuncia “se siga con plena sujeción a la ley”.

 “De suerte y manera tal que, de encontrarse la firma automotriz alemana Audi libre de toda conducta ilícita, pueda gozar plenamente del buen nombre que le asiste, o bien, en caso contrario, se tomen medidas que al efecto se establecen en la legislación alemana tendientes a sancionar las prácticas fuera de la ley de las firmas germanas en el extranjero”, expone el oficio.

La denuncia, presentada la semana pasada en el Congreso local, se refiere a supuestos actos de corrupción cometidos por el exgobernador Antonio Gali Fayad en el tiempo que se desempeñó como secretario de Infraestructura en la administración del fallecido Rafael Moreno Valle.

El abogado constitucionalista Alberto Peralta Merino, quien representa a los ciudadanos demandantes, explicó que en noviembre de 2012, cuando Gali Fayad era secretario de Infraestructura, se asignó por adjudicación directa la construcción de la plataforma donde se instaló la automotriz Audi, en el municipio de San José Chiapa, por un monto de mil 800 millones de pesos.

De acuerdo con la denuncia, Gali simuló un concurso de licitación, que se declaró desierto, para después adjudicar directamente la obra a la empresa Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe SA de CV (Codesa), que estuvo representada por Eduardo Álvarez Rodríguez, quien resultó ser chofer de tráiler.

Peralta Merino indicó que en violación a lo que establece la legislación poblana en la materia, la primera licitación para la construcción de la plataforma, pese al elevado monto de la inversión, se realizó por invitación a tres empresas constructoras, y finalmente ese procedimiento se declaró desierto.

Inmediatamente después, agregó, el gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Infraestructura, asignó la obra de manera directa a Codesa, en una decisión amañada y corrupta, pues además de ser un proceso ilegal, la empresa era desconocida para el gremio de constructores de la entidad.

Además, indicó, en el contrato firmado por el gobierno estatal y la contratista no se incluye el domicilio de la empresa, que después se supo radicaba en Querétaro, antes de llegar a Puebla, en el gobierno de Moreno Valle.

Codesa fue la contratista de la primera mega obra realizada por el gobierno de Moreno Valle, el Viaducto Zaragoza –que requirió una inversión de 550 millones de pesos–, además de otro puente elevado en el Boulevard Valsequillo, en el que se gastaron 311 millones de pesos.

Esas dos obras presentaron problemas porque se vinieron abajo en el proceso de construcción. Y la empresa fue denunciada por sus trabajadores en 2013, ya que despidió alrededor de 400 personas sin pagar las prestaciones de ley.

En ese momento los despedidos denunciaron que durante el tiempo que laboraron en la plataforma Audi, se cometieron violaciones a sus derechos laborales porque no estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y eran sometidos a horarios infrahumanos, maltratos y humillaciones, que incluso ocasionaron muertes en la zona de trabajo.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Domingo 16 de junio de 2019.


La derecha busca reagrupar a los “Enanos del Tapanco” de Moreno Valle

Buscan violentar la elección Eukid y el alcalde de Atlixco, acusa Morena

Señalan a líder de La Acocota de intentar “reventar” cierre de campaña de Miguel Barbosa


El equipo del candidato a gobernador por Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, acusó al exdiputado federal del PAN, Eukid Castañón Herrera, y al edil de Atlixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez, de intentar boicotear con violencia la elección del 2 de junio.

A una semana de los comicios, Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de campaña del abanderado de Morena, PT y PVEM, denunció que los panistas planean repetir el robo y quema de urnas del año pasado.

En rueda de prensa este lunes aseguró que la semana pasada llegaron operadores políticos de Veracruz y a los que se entregó un millón de pesos, a cada uno, para organizar los disturbios para el próximo domingo.

Sostuvo incluso que este grupo de personas se hospeda en un hotel de Atlixco ubicado en la calle 5 Poniente, entre la 5 y 7 Sur.

El también presidente del Congreso del estado afirmó que en esa reunión el hermano de Velázquez Gutiérrez dio la orden de que “no importaba si se tenía que robar o quemar urnas” con tal de que el PAN no pierda en ese municipio.

Aunque Castañón Herrera dijo retirarse de la política hace unos meses, Biestro Medinilla aseguró que citó a los alcaldes de Tianguismanalco, San Diego la Mesa, Tochimilco, Atzizihuacán y Santa Isabel Cholula para ordenarles que sean omisos ante los hechos violentos que se susciten y a la vez colaboren.

Biestro sostuvo que tiene información de que en estos hechos también hay injerencia de los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, que también han operado la campaña negra contra Barbosa Huerta.

Prensa Barbosa
@Prensa_Barbosa
 Como parte de esos intentos de violencia, operada por Eukid Castañón y el candidato del PAN Enrique Cárdenas, ayer la policía logró la detención de un cómplice de “El Grillo", quienes pretendían llegar al cierre de campaña con camisetas de Morena. Iban armados, señala @Biestro pic.twitter.com/Eirz7BNFM1

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9:33 - 27 may. 2019
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Acusa intento de reventar cierre de Barbosa

El también coordinador parlamentario de Morena señaló que a estos actos se agrega la detención de Julio César Ramos Conde, líder de comerciantes del mercado la Acocota, a quien acusó de intentar reventar el cierre de campaña de Barbosa Huerta.

Recordó que el domingo fue aprehendido en inmediaciones de Los Fuertes porque se dirigía al evento de campaña del exsenador en la Plaza de La Victoria para alterar el orden con un grupo de “alborotadores”.

Mencionó que la policía detuvo al comerciante por vínculos con narcomenudeo y otros delitos, pero se sabe que pretendía “reventar” el mitin mediante personas infiltradas, ya que fue detenido portando una playera de Morena, igual que las personas que lo acompañaban.

Responsabilidad a Cárdenas

El exdirigente estatal de Morena aseveró que de todo esto tiene conocimiento Enrique Cárdenas Sánchez, postulado en candidatura común por el PAN, PRD y MC, ya que pretende “victimizarse” y acusar una elección de estado.

Al afirmar que el académico ya no tiene forma de revertir el triunfo de Barbosa Huerta, dijo que su estrategia ahora es desestabilizar la jornada electoral para restarle legitimidad.

Exigen seguridad

Los voceros Carlos Figueroa Ibarra y David Méndez Márquez exigieron al gobierno estatal interino de Guillermo Pacheco Pulido tomar medidas de seguridad e impedir que se concrete el boicot de la elección.

Demandaron que no se repitan las omisiones del año pasado y que se investiguen desde ahora los hechos señalados.

e-consulta
Héctor Llorame
Puebla, México
Lunes 27 de mayo de 2019.


El candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Cárdenas Sánchez, realizó un contrato privado de compraventa con un menor de edad, identificado como Leonardo Tepétl Bravo, a quien presuntamente vendió el predio localizado a un costado de la pirámide de Cholula.

Dicho terreno se encuentra escriturado a nombre del ex rector de la Udlap y que no fue declarado en su #3de3.

Lo anterior con base a los documentos que publicó Cárdenas Sánchez a través de su portal web enriquecardenassanchez.mx, en donde intentó dar respuesta a cada uno de los escándalos en los que se ha visto envuelto desde el inicio de la campaña electoral.

El predio ubicado en la Diagonal 2 Sur, número 715, de San Pedro Cholula, fue comprado por Enrique Cárdenas y su esposa, María González de Cossío, en agosto de 2003, según el acta verificada por el notario público Mario Alberto Montero Serrano.

Sin embargo en enero del año pasado comenzó un proceso de compraventa bajo un contrato de promesa, ofertando el terreno de 180 metros cuadrados en 375 mil pesos.

El beneficiado del terreno fue Leonardo Tepétl Bravo, un menor de edad que carece de capacidad jurídica para fungir como prominente comprador del terreno, aunque el nombre de su padre, Diego Leonardo Tépetl Zenteno, aparece bajo el mismo título dentro del calendario de pagos.

Pese a que Enrique Cárdenas se escudó con que había vendido el terreno,por lo que no fue declarado dentro de su declaración de #3de3, el contrato señala dentro de la Cláusula de 3 que

“El PROMINENTE VENDEDOR otorgará la posesión material del inmueble en forma, a partir de la firma de las escrituras definitivas de compraventa, trámite que deberá de ser celebrado y protocolizado ante un Notario Público”.

Pese a que los pagos finalizaron el pasado mes de enero, la propiedad no ha sido escriturada a favor de la familia Tepétl, por lo que Cárdenas tenía la obligación de transparentarla dentro de su declaración patrimonial, y mencionar que estaba en proceso de escrituración.

Puebla 321
Ciudad de Puebla
Miércoles 22 de mayo de 2019.


El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo pública la carta que le envió el expanista Felipe Calderón Hinojosa luego de que asumiera la Presidencia de la República, en la que le solicita mantener como privilegio sus guardaespaldas con cargo al erario porque no tiene dinero para pagarlos.

“Es posible que algunos expresidentes estén en una situación de solvencia económica que no tengan ningún problema para hacerlo. No es mi caso. Contrario a lo que pudiera decirse, nunca robé ni me enriquecí en el desempeño del cargo, y mis ingresos actuales, que son variables e inciertos, no me permiten pagar los servicios de seguridad que, dada la dimensión del riesgo, mi familia y yo requerimos” (sic), asegura quien costeara financieramente la campaña de su esposa Margarita Zavala a la Presidencia.

En la misiva, fechada el 11 de enero de 2018 y no de 2019, quien ocupara la Presidencia de la República entre 2006 y 2012 solicita encarecidamente a López Obrador que no le retire la seguridad. Según él, porque se enfrentó a las organizaciones criminales más peligrosas del mundo y éstas lo mantienen bajo amenaza. Lo que finalmente hizo López Obrador, al restablecerle la seguridad militar.

“Como Usted sabe, en el desempeño del cargo de Presidente de la República se asumen tareas y se toman decisiones extremadamente complejas. Entre las más delicadas se encuentran, a mi juicio, las que tienen que ver con la responsabilidad de ‘Cumplir y Hacer Cumplir’ la Constitución y la Ley, tal y como obliga la Protesta Constitucional que se rinde al asumir el cargo.

En el cumplimiento de ese deber de aplicar la ley, que implicó el procurar recuperar para las familias mexicanas la Seguridad vulnerada por la criminalidad, me tocó enfrentar organizaciones delincuencia les, algunas de las cuales hay quien las considera entre las más peligrosas del mundo” [sic].

Calderón agrega que “como consecuencia de ello, en diversas ocasiones fui objeto de distintas amenazas, algunas públicas, otras directas, y tuve conocimiento a través de labores de inteligencia del Estado de acciones que se encaminarían a atentar contra un servidor o contra la vida o la libertad de algún miembro de mi familia. A pesar de todo y al igual que Usted, estoy seguro, considero un altísimo honor haber podido servir al país en asuntos tan sensibles e importantes. Atenuaba en cierta forma tales riesgos el saber que contaba mientras durasen tales amenazas con la protección del Estado Mexicano a través de una de las instituciones más calificadas para ello: el Estado Mayor Presidencial” (sic).

El exmandatario advierte que, por la “respetable” decisión que tomó López Obrador de retirar toda protección tomada al inicio de su administración, “súbitamente mi familia ha quedado desprotegida y en consecuencia vulnerable a potenciales actos retaliatorios por parte de quienes atentan contra la Seguridad de las familias mexicanas y a quienes mi gobierno combatió, tal y como era mi deber” (sic).

Luego Calderón reconoce: “Sé perfectamente que ha habido abusos en esta materia, pero éste no era el caso. Sé que en muchas ocasiones se ha otorgado protección del Estado a quien no lo necesitaba o lo ameritaba legalmente. En mi caso, dicha protección la necesito y se justifica plenamente dados los riesgos asociados al desempeño del cargo, por lo que lo que respetuosamente le solicito encuadra perfectamente en el concepto definido por la propia Constitución como ‘servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado’”.

Supuestamente, el expanista entiende que, para algunos mexicanos, los expresidentes deben contratar por su cuenta tal protección, pero es en ese punto en el que argumenta no tener dinero para pagar sus guardaespaldas.

Agrega: “Como sabe tengo hijos y, al igual que Usted, uno de ellos menor de edad. Es cierto que las convicciones propias nos llevan a algunos a asumir en lo personal cualquier consecuencia derivada del cumplimiento del deber. Pero es terriblemente injusto que los hijos, las personas que más se quiere, queden en estado de indefensión por razones políticas completamente ajenas a su voluntad, y en circunstancias de riesgo que son claramente evitables a través de medidas de protección que son, por lo demás, razonablemente obligadas de proveer a las personas que, por razones inusuales, las padecen.

“Le pido de manera atenta y respetuosa, que autorice a quien corresponda el que se restituya a mi familia un nivel mínimo de Protección, acorde a los riesgos generados por el desempeño de tareas sensibles en materia de Seguridad en el cumplimiento del cargo de Presidente de la República” (sic).

Finalmente, Calderón dice: “independientemente de nuestras mútiples [sic]  diferencias de opinión, sepa Usted que siempre para mí el interés de México estará por encima de cualquier otro, y que por lo mismo estaré siempre a su disposición en lo que estime conveniente o cuando considere que mi opinión, dadas las buenas y malas experiencias vividas en tan delicado cargo, le puedan ser de utilidad, sea directamente o a través de quien Usted designe”.

Contralínea
Ciudad de México
Martes 21 de mayo de 2019.


Sólo por ‘buena imagen’ Moreno Valle dilapidó 66.6 millones de pesos en “remodelación” de Casa Puebla

Según la información desclasificada, las obras fueron realizadas por cuatro constructoras por adjudicación directa por un monto de 66.6 millones de pesos

Para proyectar “buena imagen” y por motivos de seguridad del Ejecutivo se justificaron las obras de remodelación en la residencia oficial del gobierno del estado, Casa Puebla, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, según se desprende de una solicitud de información hecha por e-consulta.

En la respuesta otorgada por la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (Simt) se revela que seis acciones en total, así como el proyecto ejecutivo sumaron en total 66.6 millones de pesos.

Los trabajos los realizaron las empresas Ingeniería Orca SA de CV, M&P Constructores SA de CV, Constructora Platse SA de CV y Partenalia SA de CV, algunas de las cuales fueron favorecidas con otras obras durante dicho sexenio.

La información sobre estos trabajos se mantuvo reservada durante el sexenio de Moreno Valle y la administración de su sucesor José Antonio Gali Fayad.

RMV quería proyectar “buena imagen”

La justificación para remodelar la casa de visitas de Casa Puebla, según los documentos desclasificados por la actual administración, fue que “de esos trabajos dependía en gran medida la imagen que quería proyectar el titular de Ejecutivo para el estado.

“Al recibir a distinguidas personalidades de los ámbitos económico, político y cultural en un ambiente agradable, armonioso a los sentidos y de tranquilidad, esto conlleva a la toma de decisiones inherentes a la inversión, apoyos económicos y fomento en todos los aspectos”.

Desde la perspectiva del ex gobernador lo anterior redundaba en beneficios para el estado, derivado de “infinidad de estudios de mercadotecnia” donde se establece el factor visual como el aspecto imprescindible en el impacto personal para la promoción y difusión de cualquier producto.

También destacó en su justificación la relevancia en la seguridad del Ejecutivo estatal, ya que en dicho inmueble despachaba los asuntos relativos a sus funciones, lo que debía implicar una “ausencia de riesgo”.

La obra por 3.64 millones de pesos se adjudicó que manera directa a la empresa M&P Constructores SA de CV bajo el criterio de “garantizar la seguridad del titular del Ejecutivo”, razón por la cual no se podía abrir una licitación pública.

M&P realizó al menos otras dos obras en el sexenio anterior, es decir, el Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Municipales en la Magdalena Cuayucatepec y la Construcción de Techado en local de Usos Múltiples en la localidad de La Victoria en Zacapala por un monto de 834 mil pesos.

Remodelación de salón y oficinas por imagen y seguridad

Las obras más caras relacionadas con el recinto fueron la remodelación del Salón de Usos Múltiples, con 21.95 millones de pesos y de las oficinas por 13.37 millones de pesos, ambas adjudicadas de manera directa a Ingeniería Orca SA de CV.

“Independientemente de que estos trabajos representan una mejor imagen para el estado, la seguridad del Ejecutivo es prioritaria, considerando que en este recinto despacha asuntos relativos a sus funciones, lo que debe implicar una ausencia de riesgo”, establecen ambos dictámenes de adjudicación a los que tuvo acceso este medio de comunicación.

Rehabilitación de la cancha de tenis, alberca y palapa también por imagen

Con el argumento de proyectar “buena imagen” se adjudicó la remodelación de la palapa, alberca y obra exterior por un monto de 13.8 millones de pesos a la empresa M&P Constructores SA de CV.

“Recibir distintas personalidades de los ámbitos económico, político y cultural en un ambiente agradable y armonioso a los sentidos”, establece parte de la argumentación.

Con un argumento idéntico se adjudicó la rehabilitación de la cancha de tenis a la empresa Partenalia SA de CV, por un monto de 574 mil 188 pesos.

Obras de helipuerto adjudicada a empresa sin domicilio fiscal

Respecto al dictamen de adjudicación directa para las obras relacionadas con la remodelación del helipuerto aprobado en 2011, la SIMT justificó que se requería tenerlo en las “mejores condiciones operativas”.

Asimismo, argumentó que se requería con un helipuerto seguro, habilitado y confiable, pues “de ello depende en gran medida la operatividad del estado, la coordinación con diversas dependencias del gobierno federal como la presidencia de la República”.

Asimismo, se justificó la adjudicación por un monto de 3.17 millones de pesos de la obra a Constructora Platse SA de CV, debido a que comprobó que contaba con los requisitos técnicos para realizar la obra.

Adicionalmente esta empresa fue la titular de los contratos de obra de la pista BMX y el campo de tiro junto al velódromo “Salomón Jauli Dávila” en Cuautlancingo, mismas que el empresario Tonantzin Fernández Suárez reclamó como suyas y que no le pagó el ex director del Instituto Poblano del Deporte, Manuel Youshimatz Sotomayor, a quien en un video le propinó unas cachetadas.

e-consulta
Efraín Núñez
Ciudad de Puebla
Lunes 20 de mayo de 2019.


La campaña de Enrique Cárdenas, candidato externo al gobierno de Puebla, postulado por PAN-PRD-MC, difundió un documento firmado por más de 200 personas para exigir “a las autoridades estatales y federales no usar las instituciones de procuración de justicia o de cualquier índole para influir en las campañas electorales”.

Los firmantes rechazan la campaña mediática que forma parte de la “guerra sucia” y pretende inventar una supuesta “defraudación fiscal” por parte del candidato Enrique Cárdenas,cuando era director del CEEY.

Según el documento, la acusación ha sido propagada con el apoyo de un despacho de relaciones públicas y medios. No obstante, ya fue refutada también por el propio CEEY en un comunicado donde se precisa el fundamento legal y la información para desmentir la supuesta defraudación fiscal.

Agrega que el uso de las instituciones fue revelado por una grabación donde “el presidente municipal de Cholula, de Morena, corre a una servidora pública por haber participado en un acto de campaña del Dr. Cárdenas realizado en fin de semana y fuera del horario de trabajo”.

En la grabación,el alcalde reconoce que está presionado por el secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla, quien también ha amenazado a otros alcaldes de quitarles recursos y de impedir la aprobación de su cuenta pública si no apoyan a Miguel Barbosa, sin importar el uso ilegal de recursos públicos y las instituciones en la contienda.

El documento también pide al INE actuar para enfrentar el sesgo informativo de los medios electrónicos de comunicación en Puebla, como lo muestra el monitoreo del propio INE que realiza cada semana la UNAM y que muestra el acceso “inequitativo” al tiempo en los espacios de noticias, y el sesgo de los comentarios negativos contra Enrique Cárdenas.

Los denunciantes aseguraron que, para evitar un conflicto postelectoral es indispensable que el gobierno de Puebla, y en especial la Secretaría de Gobierno, “dejen de actuar al margen de la ley, con sus presiones a los medios de comunicación y a las autoridades locales”. También pidieron “cancha pareja” y equidad en la elección.

Además, adelantaron que este domingo 19, el INE organiza el debate oficial entre los contendientes,y hasta el momento no se ha confirmado que será televisado por las dos principales televisoras con concesiones de señal abierta.

Entre las personas que firman el documento están académicos, dirigentes de sociedad civil y activistas como Sergio Aguayo, Federico Reyes Heroles, Jacqueline Peschard, María Amparo Casar, Anheles Mastretta, María Elena Morera, Mauricio Merino, Sergio López Ayllón, Jacobo Dayán, Jorge G. Castañeda, Carlos Heredia, Emilio ÁlvarezI caza, Blanca Heredia, Armando Santa Cruz y Claudio X. González.

Proceso
Puebla, México
Sábado 18 de mayo de 2019.


El 40 por ciento de las mil 792 cámaras de seguridad instaladas en la capital del estado, como parte del programa “Ventanas Ciudadanas”, no sirve debido a que carecen de un servicio adecuado de internet.

Así lo reconoció la regidora Ana Laura Martínez Escobar, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Cabildo de Puebla, quien adelantó que en próximos días la comuna lanzará un concurso de licitación para contratar a una nueva empresa que brinde el servicio.

Esto ocurre pese a que a finales de febrero pasado –hace casi dos meses– la administración municipal contrató, sin concurso de por medio, a la empresa Rightsource Bussiness Solutions S.A. de C.V. para operar las cámaras, después de que terminó el contrato de la compañía Genetec, que originalmente estaba a cargo del sistema.

“Falla internet porque los vecinos ven Netflix”

Durante la sesión de Cabildo que los regidores realizaron este martes, Martínez aseguró que la nueva empresa no es la responsable de la deficiente operación del servicio, sino los ciudadanos que están a cargo de las cámaras, debido a que consumen el internet con el que estas operan viendo series de “Netflix”, pues son ellos quienes que lo pagan.

“La mayoría –de las deficiencias en las cámaras– es porque el internet tiene que ser dedicado, es decir, tiene que ser específicamente para las cámaras”, puntualizó la regidora.

Cabe señalar que dentro de este programa, el ayuntamiento proporcionó los equipos a cambio de que los vecinos pagaran el internet para conectarlos a las corporaciones de seguridad.

Sin embargo, el regidor panista Enrique Guevara Montiel refutó el argumento y señaló que ha dialogado con los vecinos a cargo de los equipos de grabación, quienes le aseguraron que estos tienen fallas que no están relacionadas con un mal uso del internet.

Guevara criticó que los desperfectos se presenten apenas dos meses después de que la comuna decidió cambiar al proveedor y responsabilizó de ello a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

En ese sentido, la regidora puntualizó que en un plazo de dos meses se lanzará un nuevo concurso de licitación para elegir a una empresa que brinde servicio de internet para mil cámaras en una primera etapa y posteriormente se emitirá un nuevo procedimiento para el resto de los equipos.

El programa “ventanas ciudadanas” inició en febrero de 2018, durante la gestión del exalcalde Luis Banck Serrato, y este contempla la instalación de cámaras en distintos puntos del municipio capitalino, incluidas juntas auxiliares.

e-consulta
Patricia Méndez
Ciudad de Puebla
Martes 01 de mayo de 2019.


El exrector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) aseguró que se continúan con las mismas viejas prácticas políticas.


Enrique Cárdenas Sánchez, candidato a la gubernatura de Puebla por Movimiento Ciudadano (MC), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), reprochó que Luis Barbosa Huerta, aspirante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) utiliza recursos del erario para su campaña y paga por “acarreos”.

“El dinero que nos pertenece a todos se lo están gastando en acarreos. Nos debe de indignar que nuestro dinero se lo gasten en acarreos que nada tienen que ver. ¿No les da coraje?”, expresó.

El exrector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) aseguró que se continúan con las mismas viejas prácticas políticas.

Luego de que se diera a conocer que tiene una cuenta en el banco Lloyds en Reino Unido por un monto de más de 100 mil libras, que equivale a 2 millones 533 mil pesos, Cárdenas Sánchez justificó que dicha suma corresponde a la época de cuando fue profesor en la Universidad de Oxford.

En entrevista previa a sostener un encuentro con miembros del Club Rotario, el exrector señaló que durante su estancia en dicho país tuvo que abrir una cuenta para poder percibir su sueldo, puesto que a través de cheques no era posible.

Luego de la reunión que la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta, sostuvo con el priista Enrique Doger Guerrero el candidato del PAN-MC-PRD aseguró que no se siente desprotegido puesto que los partidos que representa han hecho su trabajo. “¿Por qué creen que no han visto spots de Barbosa? Porque los partidos están haciendo su chamba,” apuntó.

La mañana de ayer 3 de abril se dio a conocer a través de la plataforma del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) la riqueza total del exrector de la  UDLAP; cuenta con una fortuna que asciende a 25 millones 169 mil pesos.

De la misma forma, el académico de la Universidad Iberoamericana tiene un sueldo al año de un millón 930 mil pesos, los cuales obtiene de las clases que imparte en las instituciones, mientras que su esposa, María González de Cossío, percibe 360 mil pesos anuales.

El Popular
oskua ESPEJO
Ciudad de Puebla
Jueves 4 de abril de 2019.


Con el argumento de que la candidatura de Enrique Cárdenas Sánchez a la gubernatura de Puebla viola la invitación hecha por el PAN a militantes y ciudadanos, el ex aspirante Suplicio Marcelino Perea Marín impugnó su designación por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

En las próximas horas un grupo de consejeros panistas también atacará la decisión del CEN, con la intención de impedir el registro del académico antes del 24 de marzo.

“Hubo violaciones al procedimiento”

En entrevista vía telefónica, Suplicio Perea Marín afirmó que hubo violaciones a la invitación del PAN para el proceso interno, y subrayó que en su opinión Enrique Cárdenas incumplió los requisitos, no participó en las entrevistas y tampoco se registró en alguna lista, argumentos que hizo valer en la impugnaciónSUP-JDC-52/2019, que será resuelta por el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

“Nos violaron nuestros derechos humanos. No fue parejo el procedimiento. No se nos notificó nada al respecto de la mecánica”.

Perea Marín afirmó que el recurso que presenta es a título personal, por lo que desconoce si haya otras impugnaciones de consejeros panistas, al tiempo de recordar que él no es militante del PAN.

El registro de Perea Marín fue aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional, junto con el de Ana Teresa Aranda Orozco y se sumaron ambos a la terna aprobada por la Comisión Política Estatal, conformada por Guillermo Velázquez Gutiérrez, Francisco Fraile García y Blanca Jiménez Castillo.

Suplicio Perea Marín es un abogado y empresario de origen poblano, quien además aspiraba a una candidatura independiente a gobernador de Puebla.

“Soy Sulpicio Perea Marín. Ser candidato independiente a gobernador de Puebla es un privilegio que pocos nos podemos dar. Te invito a que formes parte de este gran proyecto. Con base en la justicia social. Es mejor ser cabeza de ratón y no cola de león”, señalaba en unos de sus promocionales.

Se perfilan más impugnaciones

En las próximas horas se presentarán otras impugnaciones de consejeros panistas, quienes argumentarán que en la invitación emitida por el PAN se establece que los ciudadanos que no sean militantes y estén interesados en solicitar el registro como precandidatos “deberán presentar una solicitud” para participar en el proceso ante el Comité Ejecutivo Nacional, lo que supuestamente omitió Enrique Cárdenas.

Subrayan que la invitación también señalaba que el pasado 2 de marzo se daría a conocer la procedencia o improcedencia de aquellos que solicitaron el registro, además de que se autorizó la participación de ciudadanos no militantes, es decir, Suplicio Marcelino Perea Marín y Ana Teresa Aranda Orozco.

Sin embargo en este listado no se observa el registro de Enrique Cárdenas, pese a lo cual el CEN autorizó su candidatura por el gobierno del Puebla a través del acuerdo CPN/SG/014/2018.

En la opinión de los inconformes la determinación de la dirigencia nacional “viola flagrantemente” las reglas establecidas en la invitación, ya que no realizó el trámite previo al registro.

Asimismo, agregan que el CEN debió observar las reglas establecidas en la invitación que emitió para designar al candidato, ya que las autoridades no pueden revocar sus propias determinaciones, como principio básico del derecho.

e-consulta
Efraín Núñez
Ciudad de Puebla
Lunes 11 de marzo 2019.


Al cierre del período de registros, cinco aspirantes a la candidatura a gobernador por el PAN acudieron ante la Comisión Organizadora Electoral en esta entidad, mientras que trascendió que Ana Teresa Aranda Orozco, lo hizo ante el Comité Ejecutivo Nacional en la Ciudad de México.

A las instalaciones panistas de Puebla, acudieron a registrar su precandidatura el ex dirigente panista, Francisco Fraile García; el ex alcalde de Puebla, Luis Paredes Moctezuma; el ex alcalde de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce; el actual alcalde de Atlixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez y la ex diputada federal, Blanca Jiménez Castillo.

En los medios locales trascendió que la ex funcionaria federal, Ana Teresa Aranda y quien habría renunciado al PAN tras enfrentamientos con el ahora fallecido ex Gobernador Rafael Moreno Valle, acudió ante el CEN para pedir su registro. Sin embargo, hasta la noche, la ex panista no lo había confirmado en sus redes sociales.

No había información si otros aspirantes a la candidatura habrán acudido ante el CEN para anotarse en el proceso interno que se definirá por asignación directa.

Cabe señalar que el ex edil de Tecamachalco, quien pidió su registro, fue en reiteradas ocasiones acusado por misoginia por regidoras que durante su período lo acusaron de violencia de género.

De acuerdo a la convocatoria publicada hoy, el registro de aspirantes a la candidatura a gobernador por el PAN estaba abierto para ciudadanos externos al partido.

La Comisión Organizadora Electoral tendrá que emitir este mismo viernes el fallo sobre la procedencia de los registros que se presenten.

Mientras que la Comisión Permanente del Consejo Político del PAN se reunirá el sábado por la mañana para validar los registros, pero quienes cumplan con los requisitos no podrán realizar precampaña en los días que restan a esta etapa del proceso, pues la convocatoria lo prohíbe.

En el capítulo cuarto de la convocatoria, en el punto dos, se establece claramente: “Los precandidatos no podrán realizar actividades de precampaña”.

En el documento no se detalla la fecha en la que se tomará la determinación sobre quién será el candidato, el cual se definirá por designación directa del CEN, pero de acuerdo a versiones de algunos dirigentes la postulación se dará a conocer entre el 3 y 4 de marzo.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 1 de marzo de 2019.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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