La falta de independencia e imparcialidad en las investigaciones sobre casos de tortura en México es el principal problema que permite la impunidad en el país, consideró Juan Méndez, ex relator especial de la ONU sobre esta práctica.

"El Gobierno quería que yo dijera que (la tortura) era recurrente (en vez de generalizada) y a mí me parece que no correspondía con la realidad"

Sin embargo, advirtió que acabar con la impunidad en casos de tortura pasa por la voluntad política.

"La impunidad se puede corregir al interior del Estado mexicano promoviendo mejores formas de investigación, imparcial e independiente, y si no se hace a nivel nacional va a ser necesario implementar alguna otra forma", respondió al ser cuestionado sobre la viabilidad de que la comunidad internacional tenga que intervenir en el País.

"En el fondo es un problema de voluntad política; si realmente hay voluntad política de romper el ciclo de la impunidad se puede hacer de una u otra manera", afirmó.

En entrevista, Méndez dijo que la elección presidencial de 2018 puede abrir una ventana de oportunidad para impulsar este cambio de voluntad política, pero haría falta que el tema se ponga como prioritario y que los políticos lo retomen en sus discursos.

Mientras se llega al 2018, advirtió que se pueden dar pasos en sentido contrario con leyes como la de seguridad interior.

Víctima de tortura, cuando en la Argentina de 1975 fue detenido arbitrariamente y sometido por tres días a sesiones de descargas eléctricas, Méndez urgió a aprobar la Ley General contra la Tortura, que se analiza en la Cámara de Diputados.

Experto también del tema migratorio, advirtió que el reto principal que enfrenta actualmente México es el tránsito de ser un país exportador de personas a ser también un lugar de destino.

"Hasta ahora venía siendo el caso que México actuaba para impedir la migración a Estados Unidos, capturaba y deportaba para que no llegaran a la frontera norte", comentó el también ex relator de la CIDH para trabajadores migrantes.

"Ahora, con el cambio de política estadounidense hacia la inmigración en general, se abre un signo de interrogación sobre qué va a hacer México; no creo que sea el caso de abrir las puertas y que pasen todos, pero tampoco tiene mucho sentido que México siga siendo el vigilante que impide el acceso de migrantes".

Juan Méndez se anda con cuidado al hablar del Estatuto de Roma, el que define la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar y sancionar a personas concretas de un Gobierno por crímenes de lesa humanidad.

Y es que el ex relator especial de la ONU sobre Tortura aseguró que, tras calificar esta práctica como generalizada en México, él pudo comprobar la preocupación real de autoridades mexicanas de que se pudiera acudir a la CPI, en La Haya.

"El Gobierno quería que yo dijera que (la tortura) era recurrente (en vez de generalizada) y a mí me parece que no correspondía con la realidad que yo había visto", comentó.

Por lo pronto, en su informe de seguimiento sobre México, que elaboró este año antes de dejar el cargo, el argentino reiteró que la tortura en el País es generalizada, y se niega a retractarse si no le demuestran lo contrario.

Reforma
César Martínez
Ciudad de México
Martes 21 de marzo de 2017.


El ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, inició un litigo por la cuenta pública de 2013, con el que obliga al Congreso estatal y a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a emitir el estatus de su procedimiento.

Manifestó que los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de la ASE debieron sesionar y emitir un dictamen a partir de las pruebas documentales que entregó, pero mantuvieron su caso sin ningún avance.

Rivera señaló que a través del expediente 553/2017-IV, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil Administrativo de Trabajo y Juicios Federales, ordenó al Poder Legislativo que presente un informe acerca del estado del procedimiento y, en segundo término, lo convoca a una audiencia para el 25 de abril.

Rivera explicó que la autoridad competente no cumplió con el plazo de 30 días que establece el artículo 78 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para resolver en definitiva este tipo de casos.

Por eso, dijo, recurrió a la justicia federal, que admitió su juicio de amparo para conocer el estado del análisis de la información contable que presentó.

"Lo que ha indicado la autoridad federal al Congreso y a la Auditoría es que tiene un plazo de 15 días hábiles para acudir ante el juez federal y contestar la demanda de amparo a través de un informe, y el 25 de abril a la audiencia de pruebas y alegatos", explicó Rivera.

"Son ellos (los diputados y la Auditoría) los que se brincaron la ley, son ellos los que tenían 30 días para resolver conforme a la ley y no lo hicieron, vamos a ver qué resuelven, pero, reitero, he solventado absolutamente todo por lo que el congreso debiera darme la razón".

El ex Alcalde advirtió que no se va a quedar callado y reprobó que el Congreso estatal y la ASE usen los tiempos legales a su conveniencia.

El 6 de enero, el Congreso local aprobó el inicio de un procedimiento de responsabilidades en contra del Ex edil por presunto daño patrimonial por 400 millones de pesos, correspondientes a la cuenta pública del 2013.

El 20 de enero, un par de semanas después, se llevó a cabo una audiencia en las instalaciones de la ASE, en la que Rivera entregó documentos para comprobar el destino de los recursos.

Ahora, mencionó Rivera, el Congreso estatal estará obligado a sesionar de manera extraordinaria para avanzar en su caso y resolver, en definitiva, para responder al juzgado federal.

Reforma
Francisco Rivas
Puebla, México
Viernes 17 de marzo de 2017.


Acusa PRD presiones en del gobierno de Gali en Atzitzintla

Luego de la detención del Edil José Isaías Velázquez por su presunta vinculación con el homicidio de tres policías, en sesión de Cabildo, los regidores de Atzitzintla nombraron a Leticia Larracilla de Rosas como encargada de despacho del Ayuntamiento.

Así lo informaron la Secretaría General de Gobierno (SGG), y Socorro Quezada, lideresa del PRD.

Quezada explicó que Leticia Larracilla estará como encargada de la Presidencia municipal durante un lapso de 30 días.

Precisó que debido a que todavía no se suspenden los derechos políticos al Edil Isaías Velázquez, preso en el penal de Tepexi de Rodríguez, esperan que emita su solicitud de licencia para separarse del cargo.

Cuando suceda eso, dijo, entonces el Cabildo llamará al Presidente municipal suplente, Higinio Cuevas de los Santos, para que asuma la titularidad de la Alcaldía.

"Por el momento sí se cumplió el proceso con legalidad, lo importante es que no se vulneró la autonomía del Ayuntamiento", pronunció Quezada.

"Pero seguimos en la idea de que para evitar una imposición de un Presidente municipal, vamos a ver que el Alcalde (preso) presente su licencia y su suplente sea quien asuma el puesto, y no quede en manos del Congreso".

Acusa PRD presiones en Atzitzintla

La detención del Alcalde de Atzitzintla, Isaías Velázquez Reyes, desató un conflicto político en el Municipio por el control del Ayuntamiento, acusó la presidenta estatal del PRD, Socorro Quezada.

La dirigente partidista pidió a respeto a la Ley Orgánica Municipal en Atzitzintla para que el Edil suplente, Higinio Cuevas de los Santos, asuma el cargo en sustitución de Velázquez Reyes, preso por el caso de agentes de la Fiscalía General del Estado ejecutados.

Quezada acusó que existe la intención del Gobierno estatal, del Congreso local y de grupos afines al PAN en el Municipio para impedir que un integrante de la planilla que ganó las elecciones quede a cargo del Ayuntamiento.

En conferencia, Quezada aseguró que oficialmente todavía no existe ninguna propuesta de parte de las autoridades pero sostuvo que en Atzitzintla hay grupos que quieren pasar por alto la legislación.

Refirió que intentan declarar la ausencia definitiva del Presidente Municipal y evitar que asuman el Alcalde suplente o el regidor de Gobernación, para que la decisión recaiga en el Poder Legislativo.

Incluso, aseguró, grupos opositores a la actual Administración Municipal pretendieron mantener cerrado el Palacio Municipal para acusar ingobernabilidad y pedir al Congreso del Estado su intervención.

Afirmó que es la Secretaría General de Gobierno (SGG) la que busca concretar esa acción para imponer a un Edil a modo.

"No quieren que quede el suplente, quieren que quede alguien a modo, tan es así que el día de ayer que fui a Atzitzintla nos dijeron que los panistas estaban haciendo reuniones para tomar la Presidencia y decir al Gobierno que hay ingobernabilidad", refirió.

"Con eso pedirían la intervención para tener esta plaza, por eso platicamos con los regidores y nos preguntamos ¿Tiene sellos la Presidencia? No; ¿Hay alguna orden donde diga que está incautada la Presidencia? No; entonces abrieron la Presidencia", añadió.

El pasado 9 de marzo elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) que realizaban labores de inteligencia antisecuestros en la región del denominado Triángulo Rojo del robo de combustible, fueron levantados, ejecutados y sus cuerpos abandonados en Veracruz.

En respuesta, el Gobierno estatal y corporaciones ferales emprendieron un operativo con 500 elementos en el que detuvieron a 87 personas, entre ellas al Presidente a Municipal de Atzitzintla, además del aseguramiento de armas y vehículos.

Acusa chivo expiatorio

Socorro Quezada también presumió que la detención del Alcalde de Atzitzintla, Isaías Velázquez, es un chivo expiatorio para tapar el fracaso del denominado Operativo Encrucijada.

Refirió que en esa acción gubernamental, a partir de la coordinación de corporaciones de seguridad, el objetivo era la detención del líder de la banda delincuenciales, Roberto N., "El Bukanas", pero escapó.

"No detuvieron a los culpables y tenían que buscar a quién culpar. Así está el hecho, con un megaoperativo de 500 elementos y un vehículo incendiado en la Autopista no podían evidenciarse sin detenciones", criticó.

"Era demasiado operativo para decir: No capturamos a nadie, a puro paisano, a puro albañil, a puro trabajador, a niños", dijo.

Reforma
Francisco Rivas
Puebla, México
Martes 14 de marzo de 2017.


“Pobre de Giles, qué papel tan lastimoso, es como el perro de rancho, en las fiestas lo amarran y en las broncas lo sueltan y ahí va el muy pendejo”.


Con fabricación de pruebas y falsificación de firmas, es como el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN pretende expulsar a quienes considera sus “enemigos políticos”, sentenció la expanista Ana Teresa Aranda Orozco.

Después de que el actual dirigente estatal, Jesús Giles Carmona, confirmó que el partido inició procesos de sanción a 73 militantes por apoyar a Aranda Orozco en la pasada elección a la gubernatura, la excandidata independiente señaló que la obtención de sus nombres vulneró la protección de datos personales.

Los panistas a quienes se pretende sancionar son aquellos que firmaron la cédula de respaldo a la candidatura de Aranda, información que fue entregada al Instituto Electoral del Estado como requisito para su registro.

Ella agregó que Giles Carmona tiene una actitud hipócrita con la militancia, a la cual durante los seis años de gobierno de Rafael Moreno Valle no se le permitió elegir a sus candidatos para la alcaldía de Puebla en 2013 y para la gubernatura en 2016.

“Esa actitud tan hipócrita de Giles, ahora Martha Erika resulta que no aparece. La que aparece en todo y la protagonista de la película ahora se hace a un lado. Pobre de Giles, qué papel tan lastimoso, es como el perro de rancho, en las fiestas lo amarran y en las broncas lo sueltan y ahí va el muy pendejo. De verdad es increíble el papelón que está haciendo Giles, en las fiestas no sale, no está, no aparece y ahora que se trata de morder a los panistas ahí va, es verdaderamente triste, pero sobre todo es muy hipócrita la actitud”.

Acompañada por su abogado Víctor León Rueda, la expanista advirtió que Acción Nacional utiliza al Instituto Electoral del Estado (IEE) para fabricar pruebas y para manipular las cédulas de apoyo ciudadano que presentó para obtener la postulación como candidata independiente.

Respecto a la falsificación de su firma, Aranda Orozco precisó que la rúbrica que aparece en los oficios de nombramientos de los ciudadanos que fungieron como sus representantes generales en las casillas es falsa.

Ampliarán ante la Fepade denuncia contra consejeros

La entrega de datos personales que el IEE hizo al Comité Directivo Estatal del PAN, es otro agravante que se incluirá en la denuncia en contra de los consejeros electorales y que se encuentra en la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).

León Rueda, asesor jurídico de Aranda Orozco, precisó que la filtración sobre la información de los ciudadanos que respaldaron a la expanista, vulnera la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

En septiembre de 2016 Aranda Orozco presentó una denuncia penal ante la Fepade en contra de los integrantes del Consejo General del IEE, la secretaria ejecutiva, Dahlel Lara Gómez; y la directora de Prerrogativas y Partidos Políticos, Amalia Oswelia Varela Serrano.

La exdirectora del Sistema Nacional DIF denunció a los consejeros electoral por violencia política de género; a Lara Gómez por el delito de peculado, debido a que autorizó el uso de casi 3 millones de pesos para la validación en campo de las firmas de apoyo ciudadano.

Además, a la secretaria ejecutiva y Varela Serrano se les acusó por la falsificación de firmas.

e-consulta
María Pineda
Ciudad de Puebla
Lunes 13 de marzo de 2017.


El PAN de Puebla informó que inició procedimientos de sanción en contra de 73 alifiados que otorgaron su apoyo a Ana Teresa Aranda Orozco, para que lograra su registro como candidata independiente a la gubernatura en los comicios de 2016.

El dirigente estatal del partido, Jesús Giles Carmona, y el representante ante el Instituto Estatal Electoral, Óscar Pérez Córdoba, informaron que los nombres de los militantes que firmaron cédulas de apoyo a favor de la ex panista, fueron obtenidos a través de una solicitud de transparencia.

Aunque fueron cuestionados sobre si el acceso a esta información violenta la ley, al ser datos personales, Pérez Córdoba aseguró que como representante del PAN ante el IEE estaba en posibilidades de pedir esa documentación que respaldó el registro de Aranda como candidata.

Sin precisar los nombres de los 73 panistas, Giles Carmona confirmó que en la lista se encuentran colaboradores del exdirigente estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, así como del exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

Indicó que esos militantes tendrán que acudir ahora a una audiencia ante la Comisión de Orden que se llevará a cabo este mes y servirá para elaborar el expediente que se remitirá a la Comisión Nacional de Orden.

Agregó que será el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) -por medio de la Comisión Nacional de Orden- el que determine si esta presunta falta de los panistas amerita la expulsión del partido.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Domingo 12 de marzo de 2017.


Ciudad de México.- La asociación “Juntos Podemos”, que encabeza Josefina Vázquez Mota, sí recibió recursos públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación.

Entrevistado tras participar en el Primer Encuentro Internacional Anticorrupción, señaló la posibilidad de elaborar una nueva auditoría relacionada con el uso de los recursos que se otorgaron recientemente.

Dijo que la del año pasado fue una auditoría a los procedimientos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, pues es difícil dar seguimiento a los recursos ejercidos en Estados Unidos a través de las organizaciones apoyadas por la agrupación “Juntos podemos”.

Sin embargo, se está buscando la manera de hacer otra auditoría este año a los recursos ejercidos a través de los consulados de México en Estados Unidos.

Se le preguntó específicamente si la asociación que encabeza la candidata panista al Gobierno del Estado de México recibió recursos públicos y aseguró que sí los recibió de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Incluso aseguró que primero eran pocos recursos y después se recibió una ampliación presupuestal que incrementó las cifras originales.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recordó que hasta el momento se tiene revisado el procedimiento que siguió el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para dispersar los recursos de apoyos educativos entregados en Estados Unidos.

Esto es diferente a la revisión específica de quién recibió, cuánto dinero y cómo lo ejerció en Estados Unidos. Sin embargo, sí se podrá realizar en este año una nueva revisión con otro carácter, precisó.

Notimex
Ciudad de México
Martes 7 de marzo de 2017.


Ana Teresa Aranda Orozco y los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) promovieron recursos de apelación en contra del acuerdo con el que el Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la destitución de los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE).

Los recursos que promovieron la excandidata independiente a la gubernatura, PRI y PRD los estudiarán los magistrados de la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El viernes pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral desechó los procesos de destitución de los consejeros electorales, los cuales fueron interpuestos por PRI, PRD, Morena y Aranda Orozco.

A consideración de los miembros del INE los acuerdos tomados por los integrantes del IEE durante la pasada campaña electoral a la gubernatura-los cuales fueron corregidos por el TEPJF-  no fueron una muestra  de una conducta negligente de los consejeros locales.

“Esta autoridad considera que no se desprende una conducta negligente o descuido de los consejeros denunciados, porque, si bien los acuerdos y determinaciones fueron, modificadas y/o revocadas (…) por la Sala Superior y por el Tribunal local, ello no puede servir de base para crear un juicio de reprochabilidad en contra de los consejeros que aprobaron cada uno de los mencionados acuerdos y resoluciones”, señala el proyecto aprobado en el INE por unanimidad.

Entre abril y mayo de 2016 Aranda Orozco, PRI y PRD solicitaron al INE la destitución de los consejeros locales al referir que los acuerdos aprobados por el Consejo General del IEE fueron  una “vulneración sistemática a los principios rectores y fundamentales del Derecho Electoral, así como la reiterada realización de infracciones graves en su actuación”.

e-consulta
María Pineda
Ciudad de Puebla
Sábado 4 de marzo de 2017.


El costo por suministro de agua potable, no debe ser superior al 3% de los ingresos de una familia, según lo establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Puebla.- El diputado federal del PRI, Alejandro Armenta, alertó que la intención de privatizar el suministro de agua potable en el estado de Puebla, afectaría la economía de las familias pues esa disposición prevé incrementos de hasta 300 por ciento, como ya ocurre en los 25 municipios donde el servicio lo brinda una empresa privada.

Agregó que un incremento de esta magnitud, viola el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se incumple con la obligación del Estado de garantizar este derecho humano, toda vez que el costo final para el usuario sobrepasaría las normas internacionales en el cobro del suministro.

Explicó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el costo por el suministro de agua potable, no debe superar el tres por ciento de los ingresos de una familia.

En conferencia de prensa, el legislador por el estado de Puebla, dijo que la privatización en el suministro del vital líquido, inició en el año 2013, con una clara intención del gobierno para beneficiar a la empresa Concesiones Integrales, S.A. de C.V., quien otorga el servicio a la capital del estado y a 24 municipios más.

El diputado detalló que el contrato se otorgó a dicha empresa por 30 años y que el consorcio recuperó la inversión, requerida en el convenio, por mil 726 millones de pesos, pagados al gobierno estatal, recursos de los que se desconoce su destino.

“En Puebla, a partir de que el servicio de agua se privatizó, algunos usuarios han documentado que el cobro del servicio se disparó a más de 300 por ciento, afectando a 475 mil usuarios, que representan 98 por ciento del total registrado en Puebla”, afirmó Armenta Mier.

Por lo anterior, presentó una propuesta de decreto con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a los 217 ayuntamientos del estado de Puebla para que, en el marco de sus funciones constitucionales autónomas en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, establezcan bandos de coordinación con el gobierno estatal, que garanticen el derecho constitucional de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible por las instancias estatales y municipales, sin que esto implique su privatización.

El punto de acuerdo señala que la cámara baja también exhorte al gobierno de Puebla para que transparente las bases y modalidades, por las cuales llevó a cabo el proceso de privatización en 25 municipios en 2013 a favor de la empresa Concesiones Integrales.

Contrastes de Puebla
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 3 de marzo de 2017.


Fernando Morales Martínez, hijo del exgobernador Melquiades Morales Flores y actual funcionario del gobierno de Antonio Gali Fayad, fue expulsado del PRI.

El proceso de expulsión de quien también formó parte del gabinete de Rafael Moreno Valle inició después de que participó de manera activa en la campaña del propio Gali Fayad, quien fue postulado a la gubernatura por PAN, Panal, Compromiso por Puebla y PT.

Al asumir como gobernador, Gali Fayad nombró a Morales Martínez, quien fue dirigente estatal del PRI, coordinador de Vinculación Interinstitucional y Participación Ciudadana, y ya antes con el gobierno de Moreno Valle había ocupado la Subsecretaría de Desarrollo Político y Participación Ciudadana.

El ahora expriista fue considerado por analistas políticos como uno de los operadores de Moreno Valle al interior del PRI, partido que, a pesar de ser oposición, aprobó todas las reformas que propuso el ahora exmandatario estatal y se distinguió, en ese sexenio, por la ausencia de una postura crítica.

Cabe señalar que Morales Martínez es hijo del exgobernador Melquiades Morales, en cuyo periodo Moreno Valle fue secretario de Finanzas del Estado y de Desarrollo Social.

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI determinó que la expulsión de Morales Martínez como militante era procedente con basea una solicitud que fue presentada por el presidente del Comité Directivo Estatal, Jorge Estefan Chidiac.

La resolución señala que Morales Martínez será borrado del padrón de militantes y quedará sin los derechos enunciados en los artículos 57 y 58 de los estatutos de este instituto político, “además de que por ningún motivo podrá reafiliarse al partido”.

Apenas el 28 de febrero, el hijo de Melquiades Morales aseguró que mantendría una defensa legal para evitar su expulsión del PRI.

El también exdirigente priista rechazó haber traicionado a su partido, aunque en la campaña electoral de 2016 fue ubicado como uno de los operadores de la campaña de Gali Fayad.

“Yo sí tengo clara mi visión de priista, pero lo que no me gusta es quién dirige al PRI y quién gobierna al PRI”, declaró, y reviró que “el PRI me traicionó a mí”.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Viernes 3 de marzo de 2017.


La investigación en Brasil sobre los sobornos que el gigante de la construcción Odebrecht para obtener contratos millonarios, conocido como caso “Lava Jato” alcanzó al expresidente Felipe Calderón, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).


Ciudad de México. - La investigación que lleva a cabo la justicia de Brasil sobre los sobornos que el gigante de la construcción Odebrecht repartió en América Latina y dos países africanos para obtener contratos millonarios, conocido como caso “Lava Jato” alcanzó al expresidente Felipe Calderón, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Según un reportaje realizado por los periodistas Raúl Olmos y Daniel Lizárraga, una de las evidencias que involucra a México es un correo electrónico entre dos ejecutivos de Odebrecht: Roberto Prisco Ramos y Alexandro Alencar, quienes gestionaron una reunión entre Calderón y el entonces presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva como parte de su estrategia de negocios en Pemex.

El mensaje, que forma parte del expediente al que MCCI ha tenido acceso, está fechado el 8 de diciembre de 2009, justo a la mitad del gobierno calderonista y cuando estaba por cerrar un negocio con Braskem, filial de Odebrecht, que le dejaría ventas estimadas en dos mil millones de dólares anuales: la planta Etileno XXI, que se encuentra en Coatzacoalcos, Veracruz.

Pemex le cedió a Braskem y a la compañía mexicana IDESA la construcción de la planta Etileno XXI. A cambio de esta inversión, México dejaría de importar polietileno y habría empleos, según las estimaciones oficiales.

Además, Pemex canceló tres proyectos de infraestructura propios, para no competir con la inversión de Odebrecht. A partir de 2010 la empresa dejó de invertir nueve mil 644 millones de pesos, para darle prioridad al proyecto Etileno XXI.

El mensaje entre Prisco y Alencar y que involucra a Calderón en el caso dice textual:

“Querido tricolor.
Necesito tu ayuda con respecto a este tema:
Hacer un esfuerzo para que LILS acepte una invitación especial de Calderón de ir a México a principios de febrero.
Cuando puedas, me llamas, para hablar al respecto.
Abrazo
R.”

“LILS”, es el acrónimo del expresidente Lula y era utilizado frecuentemente en los correos recuperados para el caso “Lava Jato”. Roberto Prisco Ramos, quien envió este mensaje y firmó como “R”, en ese momento era director de Braskem, la filial de Odebrecht que estaba por cerrar el negocio por la planta de Etileno XXI, en Veracruz.

Las relaciones políticas de Odebrecht en México le facilitaron llegar hasta la residencia oficial de Los Pinos.

El 23 de febrero del 2010, Calderón y Lula tuvieron un encuentro privado en México dentro de la Cumbre de la Unidad Latina y del Caribe organizada en Quintana Roo. Habían pasado dos meses y medio del correo entre Roberto Prisco Ramos y Alexandro Alencar quienes buscaban esa reunión.

Al final de la reunión los entonces mandatarios emitieron un comunicado en el que se felicitaron por la inversión de dos mil 500 millones de dólares que realizaría el grupo mexicano IDESA y la brasileña Braskem para la construcción de un complejo petroquímico en Veracruz.

Ese no fue todo el apoyo que recibió Odebrecht durante el gobierno de Calderón. Dos bancas de desarrollo otorgaron créditos a Braskem: Nacional Financiera (Nafin) les prestó 280 millones de dólares y el Banco Nacional de Comercio Exterior(Bancomext) otros 120 millones de dólares.

Para la edificación del complejo petroquímico de Etanol XXI, el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, hizo una gira de trabajo a Sao Paulo, Brasil, durante la cual tuvo reuniones con Marcelo Odebrecht.

De acuerdo con los testimonios de ejecutivos de Odebrecht difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos –de quienes no se conocen sus nombres-, los sobornos en México por 10.5 millones de dólares se repartieron en dos momentos distintos.

Primero fueron 4.5 millones de dólares entre los años 2010 y el 2012, en el último tramo del gobierno calderonista y posteriormente entregaron seis millones de dólares, entre 2013 y el 2014, ya con Enrique Peña Nieto habitando Los Pinos.

En octubre de 2011, un año y medio después de la reunión en la Riviera Maya, el entonces director de Odebrecht fue invitado a comer a la residencia oficial de Los Pinos.

Calderón encabezó una reunión del Consejo de Administración de la división petroquímica de Odebrecht, que en forma excepcional se realizaba fuera de Brasil. Ahí, el expresidente pidió que se investigara el papel que jugó Odebrecht en México durante su gobierno y aseguró que sus reuniones con los ejecutivos de este consorcio fueron parte de la agenda habitual de Los Pinos con inversionistas extranjeros, sin que ello implicara “compromisos indebidos”.

En aquella reunión, Odebrecht le compartió a Calderón los avances en Etileno XXI, proyecto que es señalado en el juicio que se lleva en Brasil, como resultado de un posible tráfico de influencias que involucra al expresidente Lula da Silva, según un comunicado de Los Pinos y el expediente del caso “Lava Jato”.

Calderón estuvo acompañado en esa uno de sus colaboradores de mayor confianza: Jordy Herrera Flores, quien en distintas etapas fue su secretario particular, y ya instalado en la presidencia, Calderón lo colocó como director de Pemex Gas y Petroquímica Básica en 2010. Luego lo nombró Secretario de Energía, y con esa investidura acudió a una reunión con Marcelo Odebrecht en octubre de 2011.

En febrero de 2010, los entonces presidentes de Brasil y de México, Lula da Silva y Felipe Calderón, atestiguaron la firma del convenio de Pemex con la división petroquímica de Odebrecht.

Los sobornos

Según la investigación de MCCI, Roberto Prisco Ramos, uno de los personajes mencionados en el intercambio de correos que involucraban a Lula, también negoció años después el pago de sobornos desde México.

La Policía Federal de Brasil tuvo acceso a los correos electrónicos en los que Prisco Ramos le pedía a un ejecutivo de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho (a quien llama ‘Tío Bel’), la entrega de más de 50 ‘acarajés’, que es el nombre coloquial con el que llamaban a los sobornos, y que hace referencia a unos panecillos típicos de Brasil, elaborados con frijol y rellenos de distintos ingredientes.

“Tío Bel, ¿puede usted conseguirme más de 50 acarajés el día 4 (de febrero) por la tarde (alrededor de las 15 horas) en la oficina de OOG en Río?”, preguntó Prisco en un mensaje enviado el 27 de enero de 2014, a las 14:33 horas. “Estoy en México, pero vuelvo por la mañana del día cuatro”.

“OK programado. Sus acarajés llegaron calientes”, respondió el ‘Tío Bel’.

Prisco Ramos estaba de visita en México en la supervisión de la planta Etileno XXI, construida y operada por la empresa Braskem, en la que él era directivo.

A partir de los mensajes que envió desde México, la Policía Federal de Brasil inició la ‘Operación Acarajé’, enfocada a detectar el pago de sobornos.

Otros dos de los principales personajes de la mayor trama de corrupción de Latinoamérica, actualmente presos en Brasil, extendieron su red de operaciones a México, según expedientes judiciales del caso consultados por MCCI.

Glauco Colepicolo Legatti, quien durante 35 años trabajó para Petrobras –la empresa petrolera de Brasil-, confesó que intervino como gestor de la empresa Odebrecht ante autoridades mexicanas.

En su declaración rendida el 9 de noviembre de 2016 ante la Policía Federal brasileña, reveló que había recibido siete millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014 de parte de Odebrecht, a cambio de contratos, asesoría e información privilegiada. Y al menos uno de sus servicios consistió en recomendar a Odebrecht en México, aunque no reveló el pago recibido esa vez ni los funcionarios mexicanos a los que contactó.

La obra en México a la que hizo referencia Legatti en su declaración, al parecer es Etileno XXI, la planta petroquímica que Odebrecht opera en Veracruz gracias a un contrato de suministro de gas etano a 20 años firmado con Pemex el 23 de febrero de 2010, ante los entonces presidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa, y Luiz Inacio Lula, de Brasil.

La planta fue inaugurada en junio del año pasado, con una capacidad anual de un millón de toneladas de petroquímicos, con la que se proyecta sustituir el 40% de las importaciones totales de polietilenos.

La meta anual de ventas propuesta era de dos mil millones de dólares y para alcanzarla Pemex debía suministrar 66 mil barriles diarios de gas etano a “precios preferenciales”, canalizados a la planta Etileno XXI.

Sin embargo, desde aquellos años el precio del gas etano es un secreto y así permanecerá por 20 años con posibilidad de prorrogarse por cinco más, al haberse clasificado como “información reservada”, según una respuesta oficial de Pemex ante una solicitud de acceso a la información hecha por MCCI.

El argumento para mantener en secreto la fórmula del precio del etano, es que si se hace público se causaría un daño comercial a Odebrecht y a su socia mexicana.

Además, un juzgado de distrito emitió sentencias, en las que concedió amparo a favor de Braskem e IDESA, para que se mantenga en secreto la información contenida en el contrato de suministro de etano suscrito con Pemex, y la fórmula del precio del gas.

Y en otro juicio promovido por la filial de Odebrecht, también se otorgó suspensión definitiva para que el IFAI se abstenga de requerir a Pemex a entregar información sobre el contrato y el precio del etano.

Tras una serie de solicitudes de acceso a la información, señaló MCCI, Pemex elaboró una versión pública del contrato, pero censuró toda la información sobre el precio al que vende el gas a Odebrecht, así como el volumen que suministra, las condiciones y características de las entregas programadas, el pago de costos, los términos de pago, y las obligaciones de compra-venta.

Proceso
Ciudad de México
Jueves 2 de marzo de 2017.

Página 1 de 22

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Síguenos en Twitter