En 2014, el agua se privatizó en varios municipios de Puebla para ser operada por una firma asociada a los Hank Rhon. Sin embargo, el servicio no sólo no ha mejorado, sino que elevó las tarifas de manera sustantiva.

Para los habitantes de la ciudad de Puebla los problemas con el agua potable comenzaron con su privatización en 2014. Ese año, los servicios de distribución del líquido se otorgaron a Concesiones Integrales, una firma que se asoció posteriormente a Grupo Hermes –propiedad de los Hank Rhon–, que hoy es la beneficiaria de ese negocio aun cuando ni siquiera participó en la licitación. Ahora, dicen los afectados, Agua de Puebla para Todos, el nombre comercial de la concesionaria, no sólo no ha mejorado el servicio –actualmente se pierde 38% del líquido que extrae–, sino que elevó las tarifas de manera sustantiva.

Puebla.- En mayo de 2014, el entonces gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle entregó a empresas de la familia Hank y de Juan Diego Gutiérrez Cortina una concesión para que operaran durante 30 años el servicio de agua potable en cuatro municipios de la zona conurbada de la capital de la entidad para sus 2 millones de usuarios cautivos, además de una infraestructura hídrica valuada en 5 mil 890 millones de pesos.

Aparte, al hacerse cargo de las instalaciones, el consorcio ganador del contrato –Concesiones Integrales (CI), SA de CV– recibió materiales en almacén por 59 millones de pesos, así como 100 millones que había en caja.

A cambio de todo eso, la concesionaria –en la cual Grupo Hermes, propiedad de la familia Hank aparece como socio mayoritario– pagó sólo una contraprestación inicial de mil 486 millones de pesos; además, la cubrió con un crédito que contrató con Banco Interacciones, actualmente fusionado con Grupo Financiero Banorte, que preside Carlos Hank González, integrante del consejo asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De esta forma, explica la regidora Rosa Márquez, titular de la Comisión del Agua en el cabildo de Puebla, el negocio de operar el servicio de agua de Puebla prácticamente “les salió gratis”, porque ese préstamo –contraído con un banco de ellos mismos– lo pagan con los ingresos que obtienen de los usuarios del servicio.

Más aún, dice, han encontrado que la beneficiaria de la privatización pidió cinco años de gracia para el pago de capital de ese crédito, lo cual generó que en estos años la concesionaria haya pagado a “su banco” más de 500 millones de pesos de intereses. Esos recursos también salieron de las cuotas que aportan los poblanos.

En contraparte, con el apoyo de organizaciones sociales y especialistas, el ayuntamiento de Puebla, donde se ubican más de 75% de los clientes de CI, realizó una evaluación de estos seis años y concluyó que la privatización ha resultado negativa para la ciudadanía.

Según esa evaluación, los usuarios pagan ahora tarifas hasta 500% más caras, amén de afrontar violaciones a derechos humanos por los cortes totales de agua y los múltiples desperfectos en los ductos del drenaje. Peor aún, ni la calidad del servicio ni la cobertura han mejorado.

También precisa que los tandeos se intensificaron. Hoy, las 454 colonias reciben el líquido sólo tres horas a la semana, en otros lugares el abasto llega sólo cada 40 días y 83 colonias están sin suministro.

Todo ello pese a que, durante su campaña, el morenista Miguel Barbosa Huerta ofreció que el agua volvería a ser operada por un ente público. Hasta ahora no ha cumplido.

Revista Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Martes 27 de octubre de 2020.


El exsecretario Salvador Cienfuegos era conocido como "El Padrino" o "Zepeda", y también es acusado de lavado de dinero
    

Washington.- La fiscalía de Estados Unidos acusa al exsecretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, de cuatro delitos, tres de narcotráfico y uno de lavado de dinero, por los que deberá rendir cuentas en un juzgado de Nueva York.

Según el documento judicial revisado por EL UNIVERSAL, los delitos se cometieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, e incluyen manufactura, distribución e importación de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, además de lavado de dinero de todos los beneficios conseguidos con el tráfico ilícito de esas sustancias.

La publicación de esta información se dio a conocer horas antes de la primera comparecencia de Cienfuegos ante un juez de Estados Unidos en el distrito central de California, en Los Ángeles. Ahí se le leerán los delitos que se le imputan y se iniciará el proceso para su traslado a Nueva York, donde reside la acusación.

La audiencia, según confirmaron fuentes del gobierno estadounidense a EL UNIVERSAL, se realizará a la 1 de la tarde hora local (3 de la tarde hora de Ciudad de México), en donde no se permitirá que haya público.

Cienfuegos fue detenido este jueves en el aeropuerto de Los Ángeles, al que llegó con su familia. La orden de aprehensión fue expedida por la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, tal y como pudo confirmar EL UNIVERSAL a través de una portavoz de la institución.

A primera hora de la mañana, el canciller Marcelo Ebrard informaba a través de Twitter que la primera comparecencia de Cienfuegos iba a ser este viernes, pero erró en el horario (dijo a las 2:30 de la tarde hora local) y en el número de delitos que se le iban a imputar (dijo cinco en lugar de cuatro).

El Universal
Víctor Sancho / Corresponsal
Washington DC, Estados Unidos
Viernes 16 de octubre de 2020.


El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que han iniciado procedimientos penales por supuesta corrupción detectada en las gestiones panistas de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, y que se relaciona con la entrega y operación de concesiones del Sistema de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

En rueda de prensa, el mandatario reveló una serie de supuestas irregularidades que se cometieron al crear, concesionar y operar las tres líneas del Metrobús durante los gobiernos que le antecedieron, por las cuales su administración emprenderá acciones para intervenir el servicio y revocar las concesiones.

Ya el miércoles, el gobierno de Puebla notificó a la empresa Conduent Solutions, encargada del sistema de cobro de pasaje, de la rescisión de la concesión, mientras que este jueves se haría los mismo con la empresa Cinco M Dos, la cual tenía a su cargo la concesión de mamparas de publicidad en los paraderos del Metrobús.

“Dondequiera que se escarba se encuentra corrupción, en cada caso de las obras gubernamentales de los gobiernos panistas”, manifestó el mandatario, “(pero) ésta es monstruosa, su cumplimiento, su proyección, su planeación, provoca la anulación del gobierno, entonces vamos a ir a fondo”.

El asesor jurídico del gobierno, Fernando Pérez Cantillo, explicó que el sistema de transporte Ruta se constituyó bajo un modelo de negocio que lo hizo incosteable para el gobierno estatal.

“Creado, desde su inicio, con un gran dolo, con una sobreestimación para poder generar un negocio para unas cuantas personas en contra del erario del estado, con sobreprecios tanto en obra como en operación”, explicó.

Agregó que el gobierno emprendería acciones administrativas, civiles y penales contra empresarios y exfuncionarios que permitieron pagos indebidos en afectación del erario estatal.

Rodolfo Chávez Escudero, director de Carretera de Cuotas, explicó que en los acuerdos de apoyos financieros a los concesionarios de las rutas 1, 2 y 3 del Metrobús de Puebla se acordaron subsidios al pasaje que se actualizan conforme a una fórmula en la que se pondera el tipo de cambio, el precio del diésel, del salario mínimo y la inflación.

Dijo que el acuerdo fue pactado para beneficiar cada vez más al concesionario y afectar los recursos estatales, y ejemplificó que en la actualidad el precio por pasaje, conforme a estos factores, es de 19.50, de los cuales el usuario de Puebla sólo paga 7.50 y el gobierno tiene que cubrir a la empresa los restantes 12 pesos.

En el peor escenario, con los factores que establecieron para ponderar el subsidio, el gobierno del Estado podría acabar pagando al término de las concesiones –a las que aún faltan de 22 a 28 años para concluir– más de 234 mil millones de pesos, lo que afectaría gravemente las finanzas públicas, explicó el funcionario.

Barbosa aseguró que los que aparecen como propietarios de las empresas Sistema de Transportes Metropolitano de Puebla, S.A. de C.V. y Tatpa, S.A. de C.V., titulares de las concesiones de Ruta, son sólo “personeros” de exfuncionarios panistas que ya tienen identificados y contra los cuales procederá penalmente su gobierno.

“¿Cómo pensaban que no nos íbamos a dar cuenta? Por eso hicieron el fraude de 2018, no podían dejar el gobierno”, expresó.

El mandatario dijo que, al rescindir las concesiones, su gobierno se hará cargo del servicio de transporte, para lo cual se entregará la operación a otra empresa, sin precisar cómo se llevará a cabo este proceso.  “Va a haber transporte, no se va a afectar a los usuarios”, afirmó.

Mencionó que el primer convenio para la concesión de la Ruta 1 fue firmado por el fallecido gobernador Rafael Moreno Valle y quienes eran secretarios de Infraestructura, Antonio Gali Fayad; de Gobierno, Fernando Manzanilla; de Finanzas, Roberto Moya Clemente; de Administración, José Cabalan Macari, y de Transportes, Bernando Huerta Couttolenc.

Chávez Escudero indicó que han detectado sobrecostos, pagos indebidos e incumplimiento por parte de la empresa en torno a la inversión que se habían comprometido a hacer.

En el caso de Conduent Solutions, expuso que reportaron que invirtieron 6 millones de dólares en los equipos para cobros a pasajeros, sin embargo, se detectó que inflaron los costos en 2.5 millones de dólares.

En contraparte, el acuerdo firmado con esta empresa le permitía quedarse con el 38 por ciento de los ingresos que obtenía por recaudación de pasajes, lo que consideró un acuerdo “absurdo”.

En el caso de Cinco M Dos, empresa que tenía la concesión de las mamparas de publicidad en los paraderos, informó que invirtió 45.4 millones de pesos y la única contraprestación a la que estaba obligada era otorgar el 10 por ciento de espacios para propaganda del gobierno estatal.

Chávez Escudero indicó que en el contrato firmado se obligaba a esa empresa a proporcionar internet gratuito para los usuarios en todos los paraderos, pero nunca cumplió.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mex.
Viernes 9 de octubre de 2020.


El Congreso de Puebla anuló la entrega de un terreno de 42 hectáreas del parque ecológico Flor del Bosque, con la que se hubiera beneficiado el empresario inmobiliario Carlos Enrique Rafael Haghenbeck Cámara con una ganancia inicial de 750 millones de pesos, tan sólo por el valor del inmueble.

Los dividendos para Haghenbeck, quien es identificado por el gobierno del estado como consuegro del ex mandatario del PAN Antonio Gali Fayad, se hubieran multiplicado de haberse concretado la construcción de un desarrollo urbano en ese lugar, considerado uno últimos pulmones de la zona metropolitana de la entidad federativa.

Durante la discusión de la propuesta, el diputado del Partido Encuentro Social (PES) José Miguel Trujillo de Ita dimensionó los beneficios económicos de la permuta que propuso Antonio Gali a favor de Haghenbeck en 2018 y que autorizó la legislatura pasada del Congreso, bajo el dominio del PAN.

De acuerdo con Trujillo, el gobierno entregaría 42 hectáreas del parque ecológico con un valor de 840 millones de pesos a cambio de las cuales Haghenbeck cedería 46.1 hectáreas de un terreno adyacente valuado en 92.2 millones de pesos, lo que arroja una diferencia favorable al desarrollador inmobiliario de 747.7 millones.

Haghenbeck intentó librar el pago de impuestos

Era una “ventajosa permuta”, sentenció el legislador del PES al tiempo de criticar que la legislatura pasada aceptara la propuesta de Gali, pese a que se trató de un acto “carente de sensibilidad social” que tuvo como fin “beneficiar a un empresario y sus respectivos intereses económicos”, sin importar el daño al medio ambiente que esto hubiera provocado.

Abundó que la permuta nunca se concretó, pese a que el decreto de autorización se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 31 de agosto de 2018, debido a que Haghenbeck se negó a pagar los impuestos generados de la transacción con base en el valor comercial del terreno, superior al catastral.

“Es decir, todavía que iba a realizar un negocio inmobiliario fabuloso, con base en esa permuta, el empresario pretendía pagar el mínimo en impuestos”, reprochó el representante popular, aliado de la bancada mayoritaria de Morena.

La abrogación de la permuta en Flor del Bosque fue aprobada con 21 votos a favor de las bancadas de Morena, el PES y el Partido del Trabajo (PT), a los que se sumaron dos diputadas del PAN: la coordinadora de esa fracción, Mónica Rodríguez Della Vecchia, y Nancy Jiménez Morales.

En tanto, el diputado Oswaldo Jiménez López, sobrino de Antonio Gali votó en abstención junto con 10 representantes populares de las bancadas del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano (MC) y Compromiso por Puebla (CPP).

Gobierno estatal convertirá el parque en área de conservación

La abrogación de la permuta la propuso el gobernador Miguel Barbosa Huerta, como parte de un proyecto que impulsa su administración para convertir el Parque Ecológico Flor del Bosque en un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) con el fin de que sea protegida por el gobierno federal.

El 29 de junio pasado, el Poder Ejecutivo local publicó un decreto en el que se instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) del estado a iniciar el proceso para obtener la certificación de ADVC, con el fin de frenar proyectos urbanísticos que reduzcan la extensión del parque.

Alertó que, de no tomar acciones, esa zona boscosa que se localiza al oriente de la ciudad de Puebla podría desaparecer junto con las especies de flora y fauna silvestre que alberga en riesgo de extinción, ante la “presión urbana” circundante.

De obtener la certificación, el gobierno de Puebla podría gestionar recursos ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para financiar adaptaciones en el parque ante fenómenos y cambios climáticos, programas de aprovechamiento de recursos sustentables y mejoras en la calidad del aire y agua.

La Jornada
de Oriente
Mónica Camacho
Ciudad de Puebla
Jueves 24 de sept. 2020.


Por presunta tentativa de feminicidio, elementos de la Policía Ministerial y de Investigación del estado de Hidalgo detuvieron a Germán Montealegre Salvador, hermano de la diputada local por el distrito XV de Villas del Álamo, Roxana Montealegre.

La captura se realizó este martes en Mineral de la Reforma, segundo municipio conurbado de la zona metropolitana de Pachuca, capital de Hidalgo.

Los Montealegre son integrantes del grupo político de Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), preso en el penal federal del Altiplano por su probable responsabilidad en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos.

A propuesta de este grupo, Germán Montealegre es candidato a síndico por Mineral de la Reforma. En días recientes su hermana acudió al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena para reunirse con el dirigente Alfonso Ramírez Cuellar, quien reconoció que la estructura política de Gerardo Sosa le pidió que respaldara a este personaje tras su detención, el 31 de agosto, al ser parte del partido.

Ahí fue increpada por manifestantes hidalguenses, quienes le recriminaron responder a los intereses de Sosa Castelán y no a los de Regeneración Nacional. En el Congreso, también tuvo confrontaciones públicas con otros legisladores de su misma fracción, quienes le hicieron la misma recriminación.

La Procuraduría de Hidalgo confirmó que el operativo fue por una orden de aprehensión por una denuncia que se sigue en contra de Germán Montealegre por feminicidio en grado de tentativa. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, los agentes lo interceptaron a las 12:20 en la colonia Chacón, frente al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 8.

Posteriormente, la Procuraduría dio a conocer que fue ingresado al penal de Mixquiahuala –municipio en la región del Valle del Mezquital de donde son originarios los Montealegre– a la espera de ser presentado ante el juez de control para la audiencia inicial.

Horas antes, en sesión nocturna del lunes 21, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) dio vista a la Fiscalía Especial en Delitos Electorales (Fepade) para que indague la conducta del esposo de Roxana Montealegre, Alejandro Olvera Mota, representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH), debido a que presentó a destiempo los registros de planillas en nueve municipios –Atlapexco, Yahualica, San Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, Mineral del Chico, Xochicoatlán, Santiago Tulantepec, Juárez Hidalgo y Metztitlán–, con lo que habría violado el derecho de los candidatos. En ninguno de estos encabezaban las planillas miembros de La Sosa Nostra.

Estos tres personajes son una de las familias más cercanas a Sosa Castelán y lo han seguido en su interno de formar un partido político a través de la asociación Proyecto de la Sociedad Hidalguense, después en el PAN, donde Roxana fue candidata a diputada y regidora por Pachuca, y en Movimiento Ciudadano.

El Grupo Universidad, como se identifica también al que lidera Gerardo Sosa, ha acusado una persecución política por parte del gobierno de la entidad y de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano que congeló las cuentas bancarias de la Autónoma de Hidalgo por un requerimiento internacional de la DEA estadunidense por movimientos inusuales de 151 millones de dólares, en febrero de 2019.

Esta es la segunda detención en Hidalgo relacionada, directa o indirectamente, con contendientes en el actual proceso electoral. El 28 de agosto fue aprehendido, cuando aún era presidente municipal de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, cuya esposa, la diputada local con licencia Areli Maya, era la candidata a la alcaldía por Morena.

Camacho, que llegó al cargo por el Partido Acción Nacional (PAN), fue vinculado a proceso y Maya renunció a contender. La Procuraduría local le imputa al exalcalde “agravio a la administración pública municipal”.

Proceso
Áxel Chávez
Ciudad de México
Miércoles 23 de septiembre 2020.


En su denuncia de hechos, Emilio Lozoya informó de presuntas conductas delictivas de altos exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, incluyéndolo a él, al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, según reveló el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Gertz Manero también reveló que Lozoya mencionó una obra a la que se le “dieron una serie de privilegios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas graves”, es decir “Etileno XXI”, una planta ubicada en la zona de Coatzacoalcos, donde las empresas Braskem e Ideas son socias.

Se calcula que ese proyecto de 2 mil 500 millones al año y que funcionaba porque Petróleos Mexicanos le suministraba el etano que requería, a través de condiciones preferenciales, como un precio de hasta 29% menos del que se manejaba originalmente, y la obligación de Pemex de ofrecerle 66 mil barriles diarios a partir de su producción o comprándolo a terceros.

Las negociaciones para dicho contrato tuvieron lugar en febrero de 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, y los términos que ellos decidieron siguieron vigentes al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Además, en 2009 se instalaron mesas de trabajo en Los Pinos para concretar los detalles para Etileno XXI, operadas por Patricia Flores; también hubo mesas de trabajo en la Secretaría de Hacienda y en la de Energía.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que todos los mencionados deberían declarar: Felipe Calderón, Agustín Carstens, Georgina Kessel, Patricia Flores, José Antonio Meade, Jordy Herrera, entre otros.

El periodista Salvador García Soto escribió en su columna para El Universal que la investigación que abrirá la FGR por presuntos hechos de corrupción con Odebrecht que derivaron en “privilegios y daños graves al erario” para la instalación de Etileno XXI será la vía para llevar a Calderón a la barandilla judicial y obligarlo a rendir cuentas de lo que fue un “narcoestado”.

Según escribió, esa fue una de las principales negociaciones con Lozoya, a quien se le otorgaron múltiples beneficios y concesiones como “testigo colaborador”.

“La información adicional que le interesaba a la Fiscalía y al gobierno de López Obrador -dice García Soto- era lo que Emilio Lozoya sabía sobre los tratos y sobornos que Marcelo Odebrecht tuvo con el gobierno de Felipe Calderón, cuando vino a México en el año 2009 para explorar la posibilidad de instalar un complejo petroquímico en la zona petrolera de Coatzacoalcos para venderle a Pemex el etano procesado”, escribió García Soto.

Emilio Lozoya mantenía una cercana amistas con Marcelo Odebrecht, por lo que conocía muy bien los contactos y las negociaciones que éste tuvo con el gobierno de Calderón y con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Polemón
Ciudad de México
Lunes 14 de septiembre de 2020.


Los dueños del agua en Chihuahua son políticos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al abordar el conflicto incitado en esa entidad en contra del Tratado de aguas con Estados Unidos. Y presentó datos de 16 militantes de esos partidos, pero también de uno más de Movimiento Regeneración Nacional.

El primer mandatario mostró dos diapositivas donde exhibe los verdaderos intereses de quienes están detrás de las protestas de campesinos y ejidatarios, que ya han costado la vida a dos personas.

Los priístas

En una de esas diapositivas se observan las fotografías de Fernando Baeza Meléndez, José Reyes Baeza Terrazas y César Duarte, exgobernadores de Chihuahua, así como de Jaime Ramírez Carrasco, alcalde de San Francisco de Conchos; y Héctor Baeza Terrazas, exalcalde de Delicias, en donde se aprecian las conexiones entre esos políticos priístas y el acaparamiento del recurso hídrico.

A Fernando Baeza Terrazas se e identifica de la siguiente manera: “exgobernador de Chihuahua (1986-1992), señalado por corrupción cuando era embajador en Costa Rica; usuario [de aguas] en los Módulos 7 y 8 en el DR [Distrito de Riego] 0005. En 2017 adquirió una propiedad de 7.6900 hectáreas en Saucillo (terreno rústico)”.

A él se le liga con sus sobrinos José Reyes Baeza Terrazas y Héctor Baeza Terrazas. Del primero se apunta: “exgobernador de Chihuahua (2004-210), es usuario en los módulos [de agua] 1 y 2 del DR 005, contacto directo con representantes de módulos, investigado por la FGR por nexos con el Cártel de Juárez”. Mientras que de Héctor Baeza se informa: “exalcalde de Delicias (2001-2004), expresidente de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento con César Duarte”, y se agrega una conexión con este último, pues Héctor fue coordinador de la precampaña de Duarte.

De inmediato se lee la referencia al priísta César Duarte: “exgobernador de Chihuahua (2010-2016), detenido por peculado en Estados Unidos, construyó una presa en uno de sus seis ranchos, con varios pozos en sus propiedades”.

En la gráfica también se señala a Jaime Ramírez Carrasco: “alcalde de San Francisco de Conchos, opositor a la apertura de las presas, especialmente en La Boquilla, apoya el movimiento de agricultores en el estado”.

En su conferencia, López Obrador aseguró: “cuando se trata de corrupción, eso los une porque el manejo del agua tiene que ver con las autoridades municipales. Se sienten los dueños del agua. Todos están vinculados con el agua. Son intereses creados”.

Políticos del PAN

Y es que en la otra diapositiva relativa a políticos del PAN también se observan esos nexos en torno al vital líquido. Ésta inicia con la referencia a Andrés Valles Valles: “presidente del módulo 4 DR [Distrito de Riego] 005, principal incitador de la violencia en las manifestaciones, presunto autor intelectual de la violencia en Delicias”. Y se le vincula con el morenista José Francisco Ramírez Licón, alcalde de Rosales y presidente del módulo de riego 6 DR 005: “se les visto juntos en las protestas violentas y en el bloqueo de Chihuahua capital”.

De éste último se indica el nexo parental con el panista Agustín Jaime Ramírez Licón, su hermano. Otros dos panistas que figuran en la gráfica son Ismael Pérez Pavia, alcalde de Meoqui, y Arturo Zubía Fernández, alcalde de Camargo, quienes se identifica de la siguiente forma: “apoyan el movimiento de los agricultores en el tema del agua”.

Además, figura Eliseo Compeán Fernández, alcalde panista de Delicias: “encabezó el contingente en el 66/o Batallón de Infantería, ante el ataque de campesinos el pasado 8 de septiembre, es opositor activo con el tema del agua en el estado”.

Otros que aparecen mencionados son Velia Aguilar Armendáriz y Jorge Aldana Aguilar. De éste último se apunta que es “nogalero, presidente del módulo 1 Agua Rodada DR 113”, así como que su madre, Velia, “fue diputada federal en 2009 por el PAN”.

También se menciona con dos nexos a Mario Mata Carrasco, diputado federal del PAN. De él se indica: “exalcalde de Delicias (2010-2013), apoyó a César Duarte en su campaña, fue presidente de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de 2016 a 2018, fue acusado de autorizar un proyecto inmobiliario de 700 millones de dólares con lago privado que derrochó millones de litros cuando fue alcalde de Delicias”.

Y en sus nexos están: Salvador Alcántar Ortega, “presidente de UARECH, líder del Movimiento de Productores y Agricultores en el estado”. Y la liga entre ambos se establece porque: “se les ve juntos en la mayoría de los mítines”. El segundo nexo es con Jesús A Valenciano García, “diputado local del PAN, ex regidor de Delicias, ex particular de Mario Mata, dio ultimátum de 24 horas a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para retirarse de las presas”.

Finalmente aparece Álvaro Madero Muñoz: “familiar de Gustavo Madero [senador por el PAN que también ha participado en las protestas pero que no fue incluido en la gráfica más que por esta referencia], tiene tierras en los módulos 3 y 4 en el DR 005 (nogales y alfalfa), su familia tiene contacto directo con los directivos del módulo”.

Contralínea
Ciudad de México
Viernes 11 de septiembre de 2020.


El libro de la periodista Olga Wornat, “Felipe, el oscuro” da cuenta de la difícil relación entre el expresidente Felipe Calderón y su padre, Luis Calderón Vega -uno de los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN).

En el texto, la periodista aborda los seis años de presidencia de Calderón, entre 2006 y 2012, y de su estrategia denominada “guerra contra el narcotráfico”.

Además, en uno de los nueve capítulos del libro, la escritora relata el núcleo familiar de Calderón, para mostrar cómo su infancia fue determinante para las acciones y actitudes que tomó cuando fue Presidente del país.

“Con este libro fui al origen de Felipe Calderón; yo quería ir hasta el fondo, hasta ese Felipe niño. ¿Qué pasó con sus padres?, ¿qué es lo que formó ese carácter tan inestable, tan resentido, tan intolerante, tan autoritario, tan frío? Tanta ausencia de empatía hacia miles de víctimas que dejaba su guerra, a las que nunca les pidió perdón… nunca se hizo una autocrítica”, relató Wornat en entrevista para Infobae México.

En el libro, la periodista relata que, en una noche, ya entrados en copas, Manuel Espino le mencionó a su padre y Calderón respondió: “¡No me hables de ese señor!, ¡no tengo nada que ver con mi papá! (…) Nada de lo que me dicen sobre él es cierto, ¡no le debo nada de lo que soy!

¿Quién fue su padre?

Luis Calderón Vega nació en Michoacán, en febrero de 1911 y murió en diciembre de 1989, a los 78 años. Luego de 10 años de noviazgo, se casó con María del Carmen Hinojosa, en 1953 y tuvieron cinco hijos, de los cuales, Felipe fue el menor.

Según el libro, Luis Calderón habría sido uno de los mejores cronistas del PAN, considerado un hombre culto, bueno, idealista, de gran sentido del humor, excelente orador y escritor que cantaba y tocaba la guitarra.

El matrimonio de Luis y María del Carmen decidió separarse cuando Felipe tenía apenas cinco años; su papá se fue de su casa y los hijos dejaron de verlo, o lo hacían a lo mucho cada quince días.

Según el libro, eso le habría generado a Felipe mucha ira y resentimiento.

Wornat relató a Infobae que la hermana de Felipe, Luisa María, le contó en una entrevista en Michoacán que el expresidente sentía desprecio por su padre.

“Él es un hombre cargado de resentimientos no resueltos. Su hermana me lo dijo (…) Ella me confirmo que sí: que él odiaba a su padre. Odiaba al padre porque el padre había vivido en una situación violenta con su mamá; odiaba al padre porque el padre lo había abandonado; odiaba al padre porque el padre era el hombre bueno del PAN”, indicó.

La escritora agregó que el motivo por el cuál Calderón no quería a su padre es porque lo lleva como un estigma.

“Michoacán es muy conservadora. Una familia en la que se va el padre y en la que además sos pobre y no sos güero y no sos alto, no tienes dinero, sos discriminado. Entonces eso él le reprocha al padre y eso también lo llevó a él a tener el mismo problema que tenía su padre, que es la adicción al alcohol”, explicó.

Además, otras personas entrevistadas coincidieron en que Felipe, contrario a la amabilidad de su padre, es un hombre hosco, autoritario, con arranques de furia que lo llevan a ser grosero y violento, en la mayoría de los casos con el alcohol como denominador.

Es inseguro, colérico, explosivo, insulta a todos, te acusa sin pruebas. Si le das consejos, desconfía (…) toma alcohol y se pone peor, tiene un grave problema con eso. Yo viví varios episodios desagradables”, se lee en el libro, un testimonial de Manuel Espino, quien fuera su amigo.

Wornat también relata en su libro que, personas cercanas a Calderón, le contaron que cuando llegó a Los Pinos, se mandó a construir un bar, al que en ocasiones se iba cuando desaparecía por horas, o lo usaba para reunirse con sus cercanos.

“¿Por qué cuento (esto)? (…), no porque esto sea un chisme. Esto no es un chisme. Esto es algo que los ciudadanos deben saber y tienen derecho a saber, ¿cuál es la salud de un Presidente? Porque un Presidente toma decisiones que afectan a millones de ciudadanos y a veces las puede tomar en mal estado”, explicó.

Polemón
Ciudad de México
Domingo 6 septiembre 2020.


Con el permiso de Grupo Planeta México, Proceso adelanta de manera exclusiva fragmentos del libro “Felipe, el oscuro. Secretos, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México”, de la periodista argentina Olga Wornat. La obra empezará a circular esta semana. Se trata, asegura la autora, de un libro prohibido durante la administración del panista, por ser un retrato sin concesiones del personaje.

Antes de la medianoche del 10 de noviembre de 2011, sonó el teléfono, atendí por inercia.

–Buenas noches, Olga, te llamo desde un celular encriptado, podemos hablar tranquilos…

La voz de Felipe Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el funcionario a cargo de la investigación por las amenazas que recibía desde hacía meses, sonó extrañamente tranquilizadora.

Hablábamos casi todas las noches desde que me vi obligada a salir de México, para escapar de la muerte.

–Amenazaron a mi hija, estoy muy angustiada. Está embarazada, y dicen que la van a matar a ella y a su bebé. Tienen sus datos privados, conocen sus movimientos. Que me amenacen a mí, pero que no se metan con mis hijos. Por favor, necesito saber quiénes son… –le dije, casi sin respirar.

Con angustia y rabia.

–Olga, entiendo lo que estás viviendo, yo también tengo hijos. Tu tema es grave. Nos pusimos en contacto con el Gobierno argentino, con tres funcionarios de alto rango, y le van a poner custodia a tus hijos.

–¿Quiénes son? ¿Es el narco? –Volví a la carga, detrás de una respuesta que no creía recibir.

–No, no son ellos… Esto es de adentro –respondió.

–¿De adentro del Gobierno? ¿Quiénes? –insistí.

–García Luna, de ahí viene –confesó después de un breve silencio. Salí al balcón. La noche se abría angustiante frente a mis ojos.

Felipe Calderón nunca quiso que este libro se publicara. Quería doblegarme y desarticularme, y por eso mandó amenazarme con los sicarios de su Gobierno, con el “superpolicía” que combatía al narcotráfico y los secuestros desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), un antro de la mafia.

Me querían muerta. Tuvieron que pasar muchos años hasta que una fuente pudo confirmármelo. Después de la detención de García Luna en Estados Unidos, algunos se animaron a contarme lo que sabían, y lo que padecieron.

Tenían una carpeta con fotos de mi casa y de mis hijos. Fotos mías tomadas en la calle, en un restaurante, en México y en Estados Unidos. Pero nada de esto me extraña.

No fui la única. Muchos periodistas, mujeres y hombres honestos y luchadores, vivieron lo mismo que yo e incluso cosas mucho peores. Algunos aún están, pero 144 fueron asesinados, y las investigaciones se pierden en un océano de impunidad, sexenio tras sexenio.

El periodista Jesús Blancornelas afirmaba que “las amenazas y los asesinatos de periodistas son ordenados desde el poder y se callan porque son cómplices o protegen a alguien”. El legendario fundador del semanario Zeta de Tijuana, al que tuve el privilegio de conocer hace muchos años, ya exiliado en Estados Unidos y con el cuerpo hecho un colador de los balazos que recibió en un atentado, tenía razón.

“Nos piden pruebas. No tenemos pruebas, pero tenemos indicios y es suficiente. Los periodistas tenemos que ir adelante de la policía y del Gobierno. Que investiguen ellos y aclaren los crímenes y amenazas”, me dijo el maestro.

Fragmento del texto publicado en la edición 2287 de a revista Proceso, ya en circulación.

Proceso
Olga Wornat
Ciudad de México
Sábado 29 de agosto de 2020.


En la denuncia penal que presentó el pasado 11 de agosto ante la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya Austin acusó a 16 políticos y ex altos funcionarios, entre ellos los ex presidentes de la República Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas de participar en distintos hechos de corrupción y tráfico de influencias y de haber causado un daño al patrimonio nacional por sus ilícitos.

También salpicó a Ricardo Anaya y José Antonio Meade, dos ex candidatos presidenciales que contendieron en 2018 contra Andrés Manuel López Obrador.

Señaló además a Peña y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como cabezas de las operaciones de corrupción.

"Entre Peña Nieto y Videgaray existió un acuerdo para implementar un aparato organizado de poder que, desde las más altas esferas del régimen, instrumentó lo necesario para obtener beneficios que afectan la soberanía de México, sometiéndola a personas y grupos, nacionales y extranjeros", dijo en la declaración difundida de manera subrepticia en redes sociales.

La FGR se deslindó de la filtración del documento.

El ex director de Pemex fincó sus principales alegatos en millonarios sobornos provenientes de Odebrecht y su filial Braskem y que fueron entregados a distintos funcionarios de los dos sexenios anteriores.

"Para el 2013 Odebrecht ya tenía al Presidente (Peña) de su lado. En el 2013 la relación entre Odebrecht y el Estado mexicano no era una relación de contratos, sino de poder. Odebrecht sabía de su influencia y sometimiento, por lo que no la iba a perder -ni la quería perder-, ya que participaba de manera activa en la política energética del país", denunció.

Entre 2012 y 2014, Lozoya asegura que los brasileños le hicieron por lo menos tres entregas importantes de dinero, por sumas de 3 millones 150 mil dólares, 5 millones 951 mil dólares y 84 millones de pesos.

La primera entrega sirvió para pagar 1.6 millones de dólares a los consultores electorales de la campaña presidencial de 2012 y el resto para sobornar, por órdenes de Peña y Videgaray, a legisladores panistas para que votaran en favor de las reformas estructurales.

Aunque dice que eso terminó en una "extorsión de los panistas" para obtener más dinero y posiciones de poder.

Según su denuncia, el dinero fue entregado a Ricardo Anaya y su secretario particular, Osiris Hernández; también a los ex senadores Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, estos dos últimos son actualmente Gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente.

Afirma que el ex Secretario de Energía con Felipe Calderón, José Antonio Meade, y José Antonio González Anaya, ex director de Pemex, también recibieron sobornos.

Al ex Presidente Calderón lo señala de concederle a Braskem condiciones inexplicables para que instalara la planta de Etileno XXI en Veracruz, que ocasionaron millonarias pérdidas al patrimonio de la nación.

Ayer Calderón, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, por separado, desmintieron a Lozoya y acusaron al gobierno federal de realizar un manejo ilegal y mediático del caso.

"Es un instrumento de venganza y persecución política", dijo Calderón.

"Voy a demandar por daño moral a Emilio Lozoya.... tengo la certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame", señaló Anaya.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Viernes 21 de agosto de 2020.

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