Pablo Gómez

Algunos portavoces de las oposiciones dicen que Morena quiere eliminar a los organismos electorales de las entidades federativas y empezar a nombrar nuevos consejeros del INE con el fin de apoderarse de todo el andamiaje. Es fácil entender que piensan como antes y creen que los demás son como ellos eran.

Vale, entonces, empezar a poner los puntos sobre las íes. El INE cuenta con un órgano de gobierno que es el Consejo General, integrado por once personas designadas por la Cámara de Diputados. Casi todos los partidos han tenido y/o tienen uno o varios consejeros con voto porque negociaron los nombramientos. No es el caso de Morena, quien no tiene absolutamente a nadie, su registro es el más reciente entre los partidos que hoy están presentes en el INE. Mal haría, por tanto, como nuevo partido gobernante, en buscar la reproducción de los vicios del viejo sistema.

La existencia de un Consejo General con representantes virtuales de los partidos fue considerado necesario como instrumento de equilibrio y escenario de negociaciones entre los contendientes en sede administrativa electoral. Si acaso ese órgano fue alguna vez útil, ahora ya es innecesario: ningún partido debe tener agentes con voto en el INE.

Parte de la solución consiste en desaparecer el Consejo General y conformar la Junta General Ejecutiva como instancia exclusivamente técnica y profesional. Las autoridades electorales no deben ser políticos disfrazados sino especialistas imparciales.

La Junta tendría que seleccionarse, mediante concursos, entre los técnicos más capacitados y probos. Se acabaría así el reparto de lugares entre algunos partidos con los consiguientes compromisos que afectan la imparcialidad.

Además, es preciso señalar que la mayoría de los acuerdos del Consejo General sobre temas relevantes son resueltos finalmente en el Tribunal Electoral. Cualquier resolución o acción de los integrantes de la Junta o de toda ella como cuerpo colegiado seguiría siendo ventilada en sede jurisdiccional. Esto quiere decir que ya no es necesaria una instancia política para el supuesto diálogo entre los contendientes.

En este marco, resulta también innecesario que las entidades federativas cuenten con organismos electorales cuyos integrantes son ahora designados por los consejeros electorales del INE, los cuales a su vez negocian entre sí y en función de sus querencias partidistas. Los nombramientos de los miembros de los llamados Oples han sido eminentemente políticos y, por tanto, estrictamente negociados.

En el mismo sentido carece de trascendencia práctica la existencia de los tribunales locales electorales, cuyos magistrados son designados con el mismo sistema que opera para los magistrados federales y cuyas resoluciones siempre son recurridas ante el Tribunal Electoral.

El INE (antes IFE) es una institución que ha envejecido porque no ha logrado superar sus traumas de origen y sus artritis adquiridas. Una de estas es que los resultados completos se conocen hasta cuarto días después de la elección. México es uno de los países más lentos en esta materia. El INE da resultados calculados sobre una muestra de casillas a las 11 o 12 de la noche pero sólo con porcentajes y con rangos de mínimo y máximo de más de tres puntos de diferencia, es decir, tira escopetazo pero no brinda información verificada.

Con frecuencia, el INE agrega detalles normativos en la víspera de la elección, rompiendo con ese principio constitucional de que las reglas sólo pueden cambiarse un año antes.

La majestad política con la que han sido investidos los consejeros y consejeras electorales les ha llevado con mucha frecuencia a legislar en la práctica, sentar criterios, dar cátedras, controvertirse con los partidos adversarios al suyo y favorecer al propio, rechazar toda clase de críticas, derrochar fondos en asuntos irrelevantes o personales. Recién han llegado al extremo de combatir en sedes judiciales la aplicación del artículo 127 de la Constitución que les impide ganar más que el presidente de la República, a pesar de haber protestado cumplir y hacer cumplir la Carta Magna.

Esas artritis no sólo son producto de las personas que tienen voto en la "Herradura de la Democracia", sino del carácter eminentemente político del órgano de dirección del INE.
En muchos otros países las autoridades electorales son exclusivamente técnicas, son discretas, no hacen o admiten debates y se encuentran sujetas a confiables controles jurisdiccionales. Los partidos pueden negociar lo que quieran y llegar a acuerdos, pero la autoridad es quien aplica las normas y da cuenta de sus actos, sin discursos ni mentiras.

Al tiempo de la desaparición del Consejo General, también habría que eliminar las 300 juntas distritales que casi no trabajan cuando no hay procesos electorales. En casi todo el mundo, los cuerpos ejecutivos distritales se integran cuando se acercan los comicios. A juzgar por el inmenso aparato electoral con el que cuenta México, aquí habría procesos electorales abiertos durante todos los días de todos los años.

Es preciso en paralelo avanzar hacia un registro que no sea electoral sino de las personas, ciudadanos y menores de edad. La CURP ya está integrada en el padrón, el cual seguiría existiendo y siendo supervisado por las autoridades electorales que lo usan para varios propósitos. Un organismo profesional independiente en sus decisiones tendría que hacerse cargo del registro y de emitir la credencial de identificación plena para todo uso. La existencia de un padrón exclusivamente electoral fue algo necesario durante un tiempo pero ya no lo es.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, fue a la Cámara de Diputados, no propuso nada pero habló de proposiciones "malintencionadas". No añadió más al respecto. Tal vez las anteriores sean vistas de esa forma. Como sea, entre los consejeros electorales predomina la idea de que todo va muy bien, por lo cual no surgirá de ahí ninguna plataforma de reformas para curar las artritis que padece el INE. Pero al menos esos consejeros no son quienes votan en el Congreso, sino que son de aquellos poderosos que no tuvieron que pasar por el tamiz del voto popular, pero tienen fuertes agarraderas en los partidos que los ungieron en el cargo. Eso sigue siendo preocupante por ser ancla del conservadurismo.

Habría que buscar, en cambio, un consenso político que permita un rejuvenecimiento, una actualización, una modernización del aparato electoral del país. El objetivo no debe ser el de disminuir gastos, los cuales ahora son inmensos e injustificados, sino contar con una autoridad que no juegue en el terreno de la lucha política y aprenda a hacer, ante todo, las cosas muy bien con probidad y austeridad.

Puebl@Media
Pablo Gómez
Ciudad de México
Sábado 15 de junio de 2019.


René Delgado
 
    
Forzado, con prisa y a empujones, pero se dio un paso fundamental -transformador, diría ya saben quién- en el ámbito laboral. Ahora, dirigentes obreros y patronales deberán mostrar voluntad e inteligencia ante la modernidad y la competitividad, sin apoyar anhelos e intereses en el lomo del asalariado.

Como anillo al dedo le vino al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el compromiso laboral adquirido en el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). De ratificarse aquel, habrán matado dos pájaros de un tiro: preservar el comercio trilateral y replantear, a partir de la liberación y democratización, la vida al interior de los sindicatos, así como su relación con los patrones.

Bajo presión y en el afán de no perder al principal socio comercial, el ex secretario de Economía Ildefonso Guajardo y el hoy subsecretario de América del Norte, Jesús Seade, le pusieron la mesa a la Cuarta Transformación en el capítulo laboral. En la implementación y administración de las nuevas reglas se cifrará hacer de ellas una gran oportunidad o un menudo problema.

***

Naturalmente, el sólo cambio de reglas provocará tropiezos, jaloneos y turbulencias y no faltarán -de hecho, ya hay- quienes se escandalicen. Sin embargo, el gran desafío estará en gobernar y moderar el tránsito al nuevo estadio laboral sobre todo en tres rubros.

Uno. Evitar que la liberación y la democratización de la vida sindical derive en voracidad por parte de dirigentes obreros. En la nueva circunstancia, obvio, los dirigentes buscarán reposicionarse en el ánimo de asegurar la hegemonía de su organización y, en el intento, pueden generar inestabilidad en vez de certidumbre. Si el reajuste desemboca en una guerra sorda por arrebatar agremiados de modo clientelar y acaparar la titularidad del mayor número de contratos laborales existentes, la perversión de los nuevos instrumentos estará a la vuelta de la esquina. En el área de los partidos frecuentemente ocurre eso: las nuevas formaciones no crean y crecen la base militante sumando ciudadanos, no, se nutren de militantes que consiguen restar a algún otro partido.

Dos. Fincar la competitividad en factores distintos a la mano de obra barata. El empresariado ahí tiene un reto enorme de no muy fácil solución y estará obligado a salir de la zona de confort, donde se acomodó por años, gracias a los sindicatos blancos, fantasmas o de protección y la connivencia de las autoridades laborales.

Tres. Entender los efectos de la internacionalización de la fuerza laboral en la región comprendida por el nuevo tratado de comercio y advertir sus consecuencias. Al emparejarse las condiciones organizativas y económicas de la fuerza laboral en la zona, sobrevendrán ajustes en los sindicatos que, con sede en países distintos, tienen un mismo patrón. Descuidar esa vertiente, podría generar efectos colaterales no deseados. En ese aspecto, quizá, sólo los dirigentes Napoleón Gómez Urrutia y Francisco Hernández Juárez comprenden la dimensión del asunto. Durante su estancia en Canadá, el líder de los mineros tejió una red de relaciones con sindicatos extranjeros, adquiriendo presencia más allá de las fronteras, no en vano la confederación recién creada por él incluye el ingrediente "internacional". A su vez, el carácter de la industria e, incluso, de la empresa, donde Hernández Juárez encabeza el sindicato implica un sesgo transnacional.

Ahí radica otra clave para descifrar el porvenir de la reforma laboral.

***

Ya en anterior Sobreaviso (13 de abril, "Historia sin aviso"), se resaltaba la importancia de la reforma laboral finalmente aprobada y, visto el atorón de la reforma educativa, hoy no es aventurado decir que el paso dado es, quizá, la más importante transformación registrada en lo que va del sexenio.

El mérito no es acreditable a la propia administración, pero no puede minusvalorarse algo: si, desde el curso de las negociaciones del T-MEC, Andrés Manuel López Obrador vio venir el doble efecto, no resta más que reconocer el instinto o el colmillo político mostrado.

Ahora, junto con su secretaria Luisa María Alcalde, el mandatario está obligado a administrar con esmero el tránsito a la nueva circunstancia. Navegar entre los vientos desatados por el cambio podría conducir no a un clima despejado, sino a un huracán y, en el desconcierto, quedar a la deriva.

***

Hay una paradoja en esto. Envueltos en la bandera del nacionalismo, algunos dirigentes obreros y patronales califican la reforma laboral como una imposición foránea que vulnera la soberanía. En el contraste, algunos dirigentes políticos de rancia formación nacionalista saludan como globalifílicos la situación derivada del acuerdo trilateral.

Lo importante será determinar si la nueva legislación laboral se fijó al centro de la exigencia formulada por los demócratas fundamentalistas, encarnados por la representante Nancy Pelosi, o si fue más allá de lo establecido por la propia legislación laboral estadounidense.

En el límite y el horizonte de esa reforma se cifran también sus bondades y maldades.

***

Sin querer o adrede, se ha dado un paso que constituirá una transformación. Si se administra bien el tránsito a esa nueva situación laboral, podrá decirse ¡enhorabuena!

APUNTES
Tergiversar el significado de las palabras tiene costos. Ante el asalto de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero al edificio del Congreso de esa entidad, ninguna autoridad municipal, estatal o nacional movió un dedo. Trastocado el significado del uso legítimo de la fuerza del Estado, podría interpretarse como un acto de represión. Increíble.

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Reforma
René Delgado
Ciudad de México
Sábado 04 de mayo de 2019.


Jorge Zepeda Patterson       


“Nos parece injusto y muy poco presidenciable, por decir lo menos. Un jefe de Estado tendría que tener la piel más dura y dejar de subir al ring a quienes le critican”. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

Rectifico. En más de una ocasión escribí en este espacio que Andrés Manuel López Obrador cometía un error al cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco. Y así lo creía no porque yo fuera simpatizante del enorme y fastuoso proyecto, sino por la reacción que provocaría y la factura política a pagar. Pensé que convenía mejor guardar las batallas con el sector empresarial para otras causas, ahorrarse el dinero de las compensaciones que requería clausurarlo y ofrecer a la I.P que lo terminasen ellos y ahorrar así dinero del erario. Fue muy costoso políticamente para AMLO echar para atrás un proyecto que llevaba ya un 30 por ciento de avance, a cambio de una propuesta (Santa Lucía) que parecía resultado más de un capricho que de una investigación financiera, ambiental y aeronáutica profunda.

Sobre lo de Santa Lucía sigo teniendo dudas, pero la información que este viernes escuchamos sobre las tripas del NAIM, le dan la razón al Presidente. Los responsables del proyecto, ahora lo sabemos, ocultaron el verdadero costo (que habría ascendido a 17 mil millones de dólares en lugar de 13 mil, sólo para la primera etapa que ampliaba por muy poco la capacidad del actual aeropuerto), carecían de una solución para financiar esa ampliación de presupuesto, ofrecieron contratos leoninos a favor de diseñadores y constructores con cargo al erario. El abuso, la desmesura, el ocultamiento doloso y el castigo a las finanzas públicas fue sistemático y de proporciones mayúsculas. Al Gobierno de AMLO le costó 3 mil millones de dólares recomprar bonos en manos de tenedores y resolver o disolver más de 500 contratos, pero a pesar de este costo se salvó de cargar con una inversión adicional de casi 20 mil millones de dólares que habría costado el proyecto, más todas las obras de acceso y servicios públicos que no se habían contemplado.

Y aquí permítaseme un paréntesis. También hemos criticado la obsesión de López Obrador con lo que él llama la prensa fifí y en particular su aversión al diario Reforma. Nos parece injusto y muy poco presidenciable, por decir lo menos. Un jefe de Estado tendría que tener la piel más dura y dejar de subir al ring a quienes le critican. Pero también habría que tomar registro del sesgo de muchos medios, que le dieron escasa importancia a las explosivas revelaciones que deja el reporte sobre el NAIM. Durante meses la cancelación del nuevo aeropuerto ocupó titulares y ríos de tinta en columnas y notas de prensa; la decisión de AMLO fue ridiculizada y desacreditada en todos los tonos posibles. Hoy que el dato duro muestra de manera contundente que el NAIM era insostenible técnica y financieramente, es decir, que el Presidente tenía razón, la noticia fue minimizada por muchos de estos medios.

Algo similar sucede con la guerra en contra del huachicol. Los errores y las precipitaciones cometidas, el desabasto momentáneo, las pérdidas en vidas humanas fueron exhibidas ad nauseam, y no podía ser de otra manera. Trastocó la vida de muchos ciudadanos. Pero el reporte sobre los primeros resultados de esta campaña también merecía una difusión infinitamente mayor de la que tuvieron a bien concederle los medios. En noviembre pasado se robaban 81 mil barriles diarios de combustible, en marzo el promedio por día descendió a 8 mil barriles y en lo que va de abril a 4 mil. El huachicol está lejos de haber sido derrotado, pero a juzgar por los resultados constituiría la primera gran victoria en muchos años de un Gobierno mexicano en contra del crimen organizado. El tema, sin embargo, apenas ha merecido menciones marginales en la mayoría de los medios de comunicación.
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Está claro que el Gobierno de López Obrador se encuentra en una complicada curva de aprendizaje. Hay claroscuros a todo lo largo de estos primeros cinco meses. Aciertos que sus seguidores convierten en motivo de adoración y desaciertos que sus detractores usan para exacerbar el odio y la descalificación. La prensa profesional, los columnistas, los líderes de opinión, tendríamos que actuar en beneficio de un espacio público más sano, en el cual se cuestionen los errores y se registren los logros. Si a AMLO le va mal, le irá mal a todo el país porque no debemos olvidar que le quedan 5 años y medio a este sexenio. No se trata de aplaudirle incondicionalmente, pero tampoco de descarrilarlo. Hacerle hoyos a la lancha y hundirnos sólo para demostrar que la embarcación no era navegable resulta absurdo.

Habrá que apuntar responsable y profesionalmente los errores y desviaciones del soberano con el ánimo de que advierta el costo de sus desaciertos, pero también habría que reconocerle aquello que funciona y puede contribuir a aliviar los graves problemas que aquejan a México.

@jorgezepedap

www.jorge.zepeda.net

SinEmbargo
Jorge Zepeda Patterson
Ciudad de México
Domingo 28 de abril de 2019.


Era más inteligente que el promedio de quienes se dedican a hacer política en Perú, con bastantes lecturas, y un orador fuera de lo común. Ha tenido un gran protagonismo público en los últimos treinta años


Lo conocí durante la campaña electoral de 1985, por Manuel Checa Solari, un amigo común que se había empeñado en presentarnos y que nos dejó solos toda la noche. Era inteligente y simpático, pero algo en él me alarmó y al día siguiente fui a la televisión a decir que no votaría por Alan García sino por Luis Bedoya Reyes. No era rencoroso pues, elegido presidente, me ofreció la embajada en España, que no acepté.

Su primer Gobierno (1985-1990) fue un desastre económico y la inflación llegó a 7.000%. Intentó nacionalizar los bancos, las compañías de seguros y todas las instituciones financieras, una medida que no sólo habría acabado de arruinar al Perú sino eternizado en el poder a su partido, el APRA, pero lo impedimos en una gran movilización popular hostil a la medida, que lo obligó a dar marcha atrás. Su apoyo fue decisivo para que ganara la próxima elección presidencial, en 1990, Alberto Fujimori, quien, dos años después, dio un golpe de Estado. Alan García tuvo que exiliarse. Su siguiente Gobierno (2006-2011) fue mucho mejor que el primero, aunque, por desgracia, estropeado por la corrupción, sobre todo asociada a la empresa brasileña de Odebrecht que ganó licitaciones de obras públicas muy importantes corrompiendo a altos funcionarios gubernamentales. La fiscalía lo estaba investigando a él mismo sobre este asunto y había decretado su detención preliminar de diez días, cuando decidió suicidarse. Algún tiempo antes había intentado pedir asilo en Uruguay, alegando que era víctima de una persecución injusta, pero el Gobierno uruguayo desestimó su pedido por considerar —con toda justicia— que en el Perú actual el poder judicial es independiente del Gobierno y nadie es acosado por sus ideas y convicciones políticas.

Durante su segundo Gobierno lo vi varias veces. La primera, cuando el fujimorismo quiso impedir que se abriera el Lugar de la Memoria, en el que se daría cuenta de sus muchos crímenes políticos con el pretexto de la lucha antiterrorista, y, a su pedido, acepté presidir la comisión que puso en marcha ese proyecto que es ahora —felizmente— una realidad. Cuando el Nobel de Literatura, me llamó para felicitarme y me dio una cena en Palacio de Gobierno, en la que quiso animarme para que fuera candidato a la presidencia. “Creí que nos habíamos amistado”, le bromeé. Me parece que lo vi una última vez en una obra en la que yo actuaba, Las mil noches y una noche.

Pero he seguido de muy cerca toda su trayectoria política y el protagonismo que ha tenido en los últimos treinta años de la vida pública del Perú. Era más inteligente que el promedio de quienes en mi país se dedican a hacer política, con bastantes lecturas, y un orador fuera de lo común. Alguna vez le oí decir que era lamentable que la Academia de la Lengua sólo incorporara escritores, cerrando la puerta a los “oradores”, que, a su juicio, no eran menos originales y creadores que aquellos (me imagino que lo decía en serio).

La fiscalía lo estaba investigando por una concesión a Odebrecht, cuando decidió suicidarse

Cuando asumió la jefatura del partido que fundó Haya de la Torre, el APRA estaba dividida y, probablemente, en un proceso largo de extinción. Él la resucitó, la volvió muy popular y la llevó al poder, algo que nunca consiguió Haya, su maestro y modelo. Y uno de sus mejores méritos fue el haber aprendido la lección de su desastroso primer Gobierno, en el que sus planes intervencionistas y nacionalizadores destruyeron la economía y empobrecieron al país mucho más de lo que estaba.

Advirtió que el estatismo y el colectivismo eran absolutamente incompatibles con el desarrollo económico de un país y, en su segundo mandato, alentó las inversiones extranjeras, la empresa privada, la economía de mercado. Si, al mismo tiempo, hubiera combatido con la misma energía la corrupción, habría hecho una magnífica gestión. Pero en este campo, en vez de progresar, retrocedimos, aunque sin duda no al extremo vertiginoso de los robos y pillerías de Fujimori y Montesinos que, me parece, sentaron un tope inalcanzable para los gobiernos corruptos de América Latina.

¿Fue un político honesto, comparable a un José Luis Bustamante y Rivero o a Fernando Belaúnde Terry, dos presidentes que salieron de Palacio de Gobierno más pobres de lo que entraron? Yo creo sinceramente que no. Lo digo con tristeza porque, pese a que fuimos adversarios, no hay duda que había en él rasgos excepcionales como su carisma y energía a prueba de fuego. Pero mucho me temo que participaba de esa falta de escrúpulos, de esa tolerancia con los abusos y excesos tan extendidos entre los dirigentes políticos de América Latina que llegan al poder y se sienten autorizados a disponer de los bienes públicos como si fueran suyos, o, lo que es mucho peor, a hacer negocios privados aunque con ello violenten las leyes y traicionen la confianza depositada en ellos por los electores.

En su segundo mandato, alentó las inversiones extranjeras, la empresa privada, el mercado

¿No es verdaderamente escandaloso, una vergüenza sin excusas, que los últimos cinco presidentes del Perú estén investigados por supuestos robos, coimas y negociados, cometidos durante el ejercicio de su mandato? Esta tradición viene de lejos y es uno de los mayores obstáculos para que la democracia funcione en América Latina y los latinoamericanos crean que las instituciones están allí para servirlos y no para que los altos funcionarios se llenen los bolsillos saqueándolas.

El pistoletazo con el que Alan García se voló los sesos pudiera querer decir que se sentía injustamente asediado por la justicia, pero, también, que quería que aquel estruendo y la sangre derramada corrigieran un pasado que lo atormentaba y que volvía para tomarle cuentas. Los indicios, por lo demás, son sumamente inquietantes: las cuentas abiertas en Andorra por sus colaboradores más cercanos, los millones de dólares entregados por Odebrecht al que fue secretario general de la Presidencia, ahora detenido, y a otro allegado muy próximo, sus propios niveles de vida tan por encima de quien declaró, al prestar juramento sobre sus bienes al acceder a la primera presidencia: “Mi patrimonio es este reloj”.

En el Perú, desde hace algún tiempo, hay un grupo de jueces y fiscales que ha sorprendido a todo el mundo por el coraje con el que han venido actuando para combatir la corrupción, sin dejarse amedrentar por la hostilidad desatada contra ellos desde la misma esfera del poder al que se enfrentan, investigando, sacando a la luz a los culpables, denunciando los malos manejos de los poderosos. Y, afortunadamente, pese al silencio cobarde de tantos medios de información, hay también un puñado de periodistas que sostienen la labor de aquellos funcionarios heroicos. Este es un proceso que no puede ni debe detenerse porque de él depende que el país salga por fin del subdesarrollo y se fortalezcan las bases de la cultura democrática, para la cual la existencia de un poder judicial independiente y honesto es esencial. Sería trágico que en la comprensible emoción que ha causado el suicidio de Alan García, la labor de aquellos jueces y fiscales se viera interrumpida o saboteada, y los contados periodistas que los apoyan fueran silenciados.

El País
Mario Vargas Llosa
Madrid / Lima / México
Sábado 20 de abril de 2019.


Rolando Cordera Campos

Este viernes, convocados por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nos reunimos en la Feria Internacional del Libro de Minería algunos de los autores del número 46 de ECONOMÍAunam, para comentarlo y promover su lectura. Gracias a la iniciativa de David Ibarra, quien preside su consejo editorial, 26 mexicanos ofrecieron sus ideas y experiencia para hacer de este volumen de la revista una auténtica Revista-Libro lleno de ideas y reflexiones valiosas sobre nuestro presente y porvenir. (Intervenimos en la FIL-Minería, David Ibarra, Francisco Suárez Dávila, Ramón Carlos Torres, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y quien esto escribe).

Reunidos bajo del retador título de Los retos de México, los autores abordaron algunos de los temas obligados de nuestra vapuleada economía política, del lento crecimiento de la economía por más de 30 años, a la perenne desigualdad que, junto con la pobreza y la vulnerabilidad masivas, define nuestra imagen y pinta nuestro futuro. Crecer más y mejor, con empleos dignos y un ambiente cuidado y protegido, sería así uno de los retos principales que los mexicanos de hoy encaran. La traída y llevada” Cuarta Transformación” tendrá que vérselas con estos retos primigenios y asumirlos como criterios de evaluación insoslayables.

Una de las virtudes de la revista, es haber podido atraer colaboraciones no económicas sin las cuales el inventario de retos y reflexiones sobre la realidad y su perspectiva quedaría trunco. Las incursiones de Julia Carabias, Diego Valadés, Sergio García Ramírez y José Woldenberg sobre y desde sus respectivas querencias y especialidades, dan cuenta de las complejidades y promesas que una economía política como la que se quiere practicar en ECONOMÍAunam tiene por delante.

La desigualdad y su persistencia, junto con la falta evidente de movilidad social, cruzan el panorama trazado en los diferentes artículos. Junto con la falta de un crecimiento económico socialmente satisfactorio por su capacidad incluyente y redistributiva, estos son los principales testigos de cargo contra la gran transformación de nuestra economía política intentada a fines del siglo pasado. También ponen en aprietos a la democracia y el pluralismo logrados en el mismo periodo, implantados, sin duda, en la ciudadanía emergente, como se mostró en la última elección del pasado mes de julio, pero hasta ahora incapaces de generar formas de gobierno y deliberación sensibles y responsables ante la injusticia social flagrante y el crecimiento económico mediocre que nos aquejan.

De esto y más tienen que hacerse cargo de la 4 T y el discurso renovador enarbolado por sus abanderados. La amenaza de una caída económica, que nos lleve a una recesión abierta, está con nosotros y a entender sus dimensiones y alcances debería abocarse el flamante consejo instalado el lunes pasado, dedicado a promover la inversión, el crecimiento y el empleo. Las variables cruciales de un desarrollo efectivo y promisorio.

ECONOMÍAunam y otras iniciativas similares deben servir para desatar una deliberación urgente sobre nuestra economía política y, como lo ha propuesto el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo también de la UNAM, sobre un cambio en la orientación de la política económica prevaleciente. La economía y la política económica no son entelequias ni abstracciones privativas de minorías selectas. Son procesos sociales y políticos que nos involucran a todos, lo sepamos o no.

Que la mayoría se entere y haga cargo de sus dolorosas cargas, sobre todo cuando éstas se deciden por minorías, forma parte del encargo democrático en que nos hemos comprometido y el nuevo gobierno debe encabezar, ilustrar y promover. La economía no puede seguir en la impunidad que le permiten el enclaustramiento y la opacidad a los que se le ha remitido.

La Jornada
Rolando Cordera Campos
Ciudad de México
Lunes 15 de abril de 2019.

 
Jesús Silva Herzog Márquez

Andrés Manuel López Obrador conoce su Maquiavelo. Lo conoce, pero no es claro que lo entienda. Lo invoca, pero no puede decirse que haya aprendido lo que es verdaderamente central en su obra: la política como un arte de audacia y de prudencia. A pesar de que el presidente se describe como el moralista empeñado en derrotar al cinismo de la burda ambición, las ideas o, más bien, las expresiones del renacentista maldito aparecen reiteradamente en su discurso. Lo ha mencionado directamente en alguna de sus conferencias de prensa. Celebrando hace poco que la suerte le favorecía, defendió, con el autor de El príncipe, la relevancia del azar. "Decía Maquiavelo que se necesitaba virtud y fortuna para la política." Es imposible pensar una política a salvo de lo impredecible. No es el político un territorio de regularidad que pueda eliminar la sorpresa. Por eso el conspiratismo que el propio presidente alimenta sea, de tan coherente, absurdo. López Obrador ha invocado también al florentino cuando ha trazado como emblema de su ambición histórica nada menos que la "gloria". Como lo pensaba Maquiavelo, la política no consiste en la administración del poder, sino en su utilización para refundar la nacionalidad, para rehacer la historia. Nada menos. También puede escucharse un eco maquiavélico cuando se escucha al presidente advertir que en el gobierno hay que elegir entre inconvenientes. No suele presentársele al gobernante el dilema entre un bien nítido y un mal ostentoso. Las fronteras entre ellos son confusas y, en ocasiones, la única posibilidad es evitar el mal mayor. Entender que hay que elegir entre inconvenientes es una buena advertencia al propio López Obrador quien habita el mundo del simplismo moral. El presidente no suele hacerse cargo de esa invitación a la madurez moral que hay en el humanismo maquiaveliano.

López Obrador parece tropezar con una de las piedras más peligrosas en la política: el éxito. Quien ha conquistado el poder llega a la persuasión de que debe continuar el camino que emprendió para lograrlo. Cree que lo que funcionó antes, funcionará después. Tiene lógica y parecería absurdo recomendar otra cosa. Si una estrategia ha funcionado, lo más sensato sería insistir. ¿Por qué habría de ensayarse algo distinto si lo que se ha hecho anteriormente ha funcionado? Quien ha derrotado enemigos poderosos, quien ha remontado mil adversidades, quien ha trepado hasta la cima del poder, pensará que debe ser fiel a su estilo y a su actuar. Si así pudo vencer a los enemigos de antes, vencerá a los de ahora.

El problema es que las circunstancias cambian, que los desafíos se transforman constantemente, que la historia es más azar que rutina. Por eso advierte Maquiavelo que lo que ayer encumbró al ambicioso, mañana arruina al poderoso. Esa es, tal vez, la mayor dificultad que enfrenta el gobernante: ser capaz de soltar los emblemas de su triunfo, desprenderse de las medallas de su orgullo. El político suele esclavizarse a sus prácticas y a sus rutinas. Se convence de que la reiteración es la única política digna y eficaz. Empieza a actuar mecánicamente sin prestar atención al flujo de los acontecimientos y al impacto de sus decisiones. Cree que tarde o temprano la realidad cederá a sus deseos. Se ata a sus manías como si fueran el mármol de su identidad pública. Detenido en los logros de su pasado, cree que la repetición es la única forma de ser auténtico. Quien fuera osado se niega entonces al riesgo de la innovación. El opositor tenaz se convierte en un gobernante obsesionado con sus pleitos de antes, sus diagnósticos de antes, sus recetas de antes. Cualquier intento de repensar la estrategia es sentido como una traición. Remebrar los éxitos del pasado es una forma de cerrar los ojos a los frescos desafíos del presente. Es el engaño del éxito.

El terco es enemigo del ágil. Quien, como Andrés Manuel López Obrador, conquistó el poder gracias a una tenacidad extraordinaria corre el riesgo de quedar congelado en un éxito pretérito. Al comenzar su sexenio, su política parece ya entumecida y miope. Una política decidida a repetir sus cantaletas, pero indispuesta a dialogar con las circunstancias.

Reforma
Jesús Silva-Herzog
Lunes 15 de abril de 2019.


Jorge Zepeda Patterson
 
    
Me cuesta trabajo empatar al mandatario que oímos durante la toma de posesión, con el que hemos escuchado los últimos días. Hace cuatro meses Andrés Manuel López Obrador afirmó que deseaba ser un buen presidente para todos los mexicanos, para los que habían votado por él y para los que no habían votado por él; su ejemplo era Benito Juárez, dijo, y aspiraba como el benemérito a convertirse en un verdadero estadista.

Pero no veo cómo un estadista cometería la bravuconería de mandar de nuevo los mismos doce candidatos para un comité de regulación que los senadores ya rechazaron porque sus perfiles carecían de experiencia mínima o de la imparcialidad requerida. Un acto que entenderíamos en Donald Trump, pero no en un jefe de estado que aseguró que gobernaría con todas las fuerzas políticas.

Tampoco veo a Benito Juárez llamando mascotas o animalitos a los pobres que necesitan ayuda. Hay razones morales, humanas y políticas para trabajar a favor de los que más necesitan, pero ningún político que se precie recurriría a las razones que se desprenden de las palabras del presidente. Me recuerda el exabrupto de Vicente Fox cuando se refirió a las mujeres como lavadoras de dos patas en supuesta alusión meritoria a su laboriosidad, sin darse cuenta de la descalificación grosera que su frase entrañaba. Es obvio que López Obrador no pretendió ofender a los pobres, pero terminó haciéndolo. En Vicente Fox, un empresario lenguaraz metido a la política no extraña la falta de oficio. Pero resulta inexplicable que alguien que durante tantos años ha hablado de los pobres cometa un desliz tan absurdo. La compasión por los animalitos a la que se refiere nace del sentido de responsabilidad que debemos experimentar frente a un ser que de alguna manera es inferior a nosotros. Un lenguaje similar al que esgrimían los misioneros en la Colonia para proteger a los indígenas.

Y a propósito de la Colonia, tampoco me parece lógico que un mandatario tan comprometido con los profundos problemas que padece México, tan consiente de las enormes dificultades que tiene por delante, se desgaste en infiernillos con el pleito gratuito que significa exigir públicamente una disculpa al Vaticano y a la corona española por las atrocidades cometidas en contra de las sociedades prehispánicas hace 500 años. Lázaro Cárdenas, otro de sus referentes, expropió el petróleo en respuesta al abuso de las transnacionales, pero no se metió en pleitos verbales innecesarios solo para darse la frívola satisfacción de enardecer a la tribuna.

Este sábado en un mitin sometió a consulta pública, mediante mano alzada, si debía o no contestar a Donald Trump, quien amenazó con cerrar la frontera en caso de que México no haga algo para detener las marchas de centroamericanos. Es un tema complejo y delicado que exige a nuestro mandatario a actuar con responsabilidad y prudencia. Por lo mismo resulta inquietante, por decir lo menos, que aborde el asunto entre chacoteos con tres o cuatro mil simpatizantes en una plaza de Poza Rica.

López Obrador fue un líder opositor responsable y leal a sus causas más profundas a lo largo de varias décadas. Se puede estar en desacuerdo con algunas de sus ideas o sus métodos, pero nadie le puede regatear una profunda entrega a sus causas y convicciones. Es desconcertante este súbito engolosinamiento con el poder que le lleva a exhibir arranques altaneros y perder el olfato político que siempre le caracterizó.

Durante muchos años habíamos estado esperando a que llegase a la presidencia una fuerza política capaz de dar prioridad al combate a la pobreza, a la desigualdad y la injusticia social. No tengo duda de que esas son las pulsiones fundamentales que han impulsado a López Obrador a lo largo de su carrera. Tomó posesión asegurando que tenía prisa por atacar estos problemas y convocó a todos los actores y fuerzas sociales y políticas a sumarse a la causa de México. Nos exhortó a creer que la 4T era posible porque haría un gobierno generoso y propositivo.

¿Por qué ahora este afán pendenciero, esta calificación de fifí a los que no piensan como o él, esta burla machacona, frívola y triunfalista cuando se había autodefinido como siervo de la Nación?

Durante treinta años López Obrador vio lo que el poder hizo con gobernadores y presidentes, quienes terminaron creyendo que la única verdad era el aplauso de sus públicos cautivos. Espero que esté en condiciones de reconocer las primera señales de lo que el poder pueda provocar en él y en contra de la oportunidad histórica que tiene en sus manos.

No necesariamente coincidía en todo lo que planteó aquél 1 de diciembre, pero extraño al presidente de las primeras 24 horas y ciertamente no me enorgullezco del presidente de los últimos días.

@jorgezepedap

www.jorgezepeda.net

El País
Ciudad de México
Jorge Zepeda Patterson
Domingo 31 de marzo 2019.


Raymundo Riva Palacio


Primero fue Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien dijo que él no creía en la teoría del “asesino solitario” en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994. Luego el Presidente Andrés Manuel López Obrador añadió a la especulación. Se dice -dijo el Presidente-, que cuando se trata de “crímenes de Estado” siempre hay complicaciones para conocer la verdad, pero hay que indagar e insistir para que el crimen no quede impune. Legalmente no quedó impune. El 31 de octubre de 1994, un juez condenó a Mario Aburto de homicidio con premeditación y alevosía. La investigación no cesó hasta el año 2000, cuando el último fiscal del Caso Colosio, Luis Raúl González Pérez, entregó su informe final. Aburto sí había actuado solo y sí había disparado mortalmente contra Colosio, concluyó.

González Pérez fue el último fiscal del Caso Colosio, y su investigación incluyó una auditoría sobre lo que habían realizado sus antecesores. Todos llegaron a la misma conclusión. No fue un “crimen de Estado”, ni tampoco hubo políticos involucrados. No participó el narcotráfico, ni fue la “nomenclatura”, como el presidente Carlos Salinas deslizó meses después del crimen. “Yo no sé si había uno o muchos políticos que querían matarlo, pero si fue así, se les adelantó Aburto”, le comentó al reportero Miguel Montes, el primer fiscal.

La investigación de González Pérez incluyó la revisión de alrededor de cinco mil fotografías de Lomas Taurinas, antes del crimen, durante la confusión por el asesinato y después de él. Se declaró a las cerca de 200 personas que fueron identificadas cerca de Colosio en el momento de los disparos y se les investigó ampliamente. Igual se revisó el patrimonio y depósitos de Aburto y su familia, que vivía en San Pedro, California, antes y mucho tiempo después del asesinato, sin encontrar anomalía alguna salvo una creciente pobreza. Hasta ese momento, con toda la información al alcance, y mientras no hubiera más evidencia de lo contrario, la teoría del “asesino solitario” se mantenía, dijo González Pérez.

Una amplia mayoría de mexicanos, como el propio Salinas en agosto de 1994 reconoció en una charla en Los Pinos, no lo creía. “Hay demasiadas coincidencias para que sean coincidencias, y en la política no hay coincidencias”, dijo. ¿Evidencia? Ninguna, respondió. Varios factores contribuyeron a la duda. Primero El Universal, que tituló en su titular principal que Colosio había sido “víctima de un complot”, a partir de la declaración que recogieron sus corresponsales de una priista en Tijuana.

Después, los mismos corresponsales reportaron que el Aburto de Lomas Taurinas, donde se dio el crimen, había sido cambiado, con el apoyo de dos fotografías de Aburto en la primera plana de El Universal. En una tenía una especie de lunar en el cachete y en la otra estaba limpio. La primera, tomada poco después del asesinato, mostraba esa mancha que era de sangre; en la segunda, ya lo habían limpiado. Finalmente, para cimentar la teoría del complot, los primeros peritos locales que revisaron la escena del crimen, se equivocaron de puntos cardinales en la ubicación del cuerpo, por lo cual no se entendía cómo le podría haber disparado dos veces Aburto.

En el imaginario colectivo no había cabida para un asesino solitario. El crimen se había dado en medio de una crisis en la campaña de Colosio, incapaz de organizar una estrategia que lo posicionara, y frente al protagonismo de Manuel Camacho, que se había ofrecido como negociador para la paz en Chiapas con el EZLN, que le había arrebatado la atención de la opinión pública. Pero nada había logrado cuajar judicialmente hasta que llegó Pablo Chapa Bezanilla, quien asumió la fiscalía del Caso Colosio el 16 de diciembre de 1994. Chapa Bezanilla le dijo días antes de asumir al reportero: “Voy a meter a la cárcel a Carlos Salinas y a José Córdoba”. ¿Al ex presidente y su poderoso coordinador de asesores? “Se oye bien”, le comentó el reportero. “¿Hay pruebas?”. El fiscal respondió: “No, pero las obtendré”.

Chapa Bezanilla no pensó en la conspiración por generación espontánea. Quien le incubó la idea fue Alfonso Durazo, apestado políticamente en ese momento, y que había sido secretario particular de Colosio cuando fue titular de Desarrollo Social, y en la campaña. Durazo estaba convencido de que Colosio había sido asesinado por órdenes de Salinas. En esa misma línea de pensamiento, este sábado en su cuenta de Twitter, el hoy alto funcionario federal escribió: “El asesinato de Luis Donaldo no puede entenderse al margen de la tensión entre renovación y continuidad que caracterizó, desde el poder, a la disputa por la sucesión presidencial de 1994”.

Esa declaración evoca el conflicto entre Colosio y Camacho -a quien cuando acudió a la funeraria, Durazo le negó la entrada-, y sugirió que el asesinato obedeció a que el candidato asesinado representaba la renovación, que sin decirlo deja entrever que Salinas estaba arrepentido de candidato, y Camacho era la “continuidad”. Sin especificarlo, Durazo afirma que el asesinato de Colosio fue un “crimen de Estado”, a lo cual se sumó el Presidente López Obrador. Camacho, que luchó del brazo de López Obrador durante una década, está muerto. Salinas vive en Londres y ya se verá si le da rango de interlocutor y le responde.

Pero la verdad siempre la escriben los vencedores, sin importar los hechos, y dictan para la historia lo que es importante, lo que es real, y lo que va a pasar. ¿Qué viene? Una nueva investigación sobre el Caso Colosio, bañada en política y vestida con el traje que le hizo Durazo a Chapa Bezanilla hace 25 años.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / twitter: @rivapa

Eje Central
Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México
Lunes 25 de marzo de 2019.


Jesús Silva Herzog Márquez


La economía parece negada a la autocrítica. Parece negarse también a discutir con legos, pero su condición de autoridad tiene que ser analizada críticamente. Desde hace décadas ha ocupado un lugar privilegiado en la discusión pública y se ha instalado como la única vía racional de intervención en la realidad. Por eso nos corresponde a todos examinar sus pretensiones de supremacía intelectual. Fernando Escalante publicó en el 2016 un libro breve en el que examina su estatuto. Se supone que es ciencia. Reflexiones sobre la nueva economía, es su título. Lo publicó El Colegio de México. Ahí resalta la arrogancia profesional y el aislamiento de una disciplina. Por esa estrecha altanería ha sido incapaz de percibir sus miopías, sus cegueras, sus obsesiones. Ha resultado incapaz de reconocer, por ejemplo, su responsabilidad en la devastadora crisis del 2008. "La crisis de 2008 tendría que haber tenido consecuencias serias, no sé si catastróficas, para la economía como disciplina académica (para la versión dominante, al menos). No ha tenido prácticamente ninguna". Poco sucedió después de la crisis. Tal vez algún remordimiento, alguna confesión. Pero la prédica se mantiene intacta: se enseña lo mismo, se publica lo mismo, se hacen las mismas recomendaciones. Como si el 2008 no hubiera pasado. Es que la crisis no fue solamente una crisis económica sino una crisis de la ciencia económica. La crisis de una disciplina académica. Una crisis que apenas algunos reconocieron como tal. Paul Krugman, unos meses después de haber ganado el Premio "Nobel", se preguntaba en un ensayo en la revista dominical del New York Times, ¿cómo era posible que los economistas se hubieran equivocado tanto? La crisis era oportunidad para repensar los fundamentos de una disciplina. Se trataba del momento propicio para hacer una profunda reflexión intelectual.  "Según lo veo, decía ahí, la profesión económica erró el camino porque los economistas, en conjunto, confundieron la belleza-vestida con unas matemáticas impresionantes-con la verdad." Fareed Zakaria, el acreditado internacionalista, escribe en la edición más reciente de Foreign Policy que la economía había ejercido una especie de hegemonía intelectual ("The End of Economics?", invierno de 2019). Si durante la guerra fría las tensiones eran esencialmente ideológicas y geopolíticas, el conocimiento más apreciado era histórico, cultural, político. Eran los diplomáticos con una larga perspectiva histórica quienes ofrecían claves para entender los conflictos del día. Al terminar la guerra fría, esas consideraciones pasaron a un segundo plano. La economía parecía la herramienta racional de la integración. Una ciencia rigurosa abriría los caminos del progreso. De ahí nacía su autoridad pública. Era una hermana de la física. Ahí estaba la llave de la prosperidad. Lo notable es que se presentaba como un conocimiento al que solamente algunos podían acceder. Una ciencia, pues, que no podía ser moneda común. Por ello en la economía se deja entrever una utopía antiilustrada. Su saber nos hará prósperos, pero no todos tendremos acceso a ese saber. Habremos de confiar en los expertos, aquellos iniciados que han podido descifrar sus secretos.

La autoridad indisputada de la disciplina marcó una era. En la cuenta de Zakaria son tres décadas de imperio intelectual. En sus fórmulas y modelos se quiso ver el lente más preciso para observar el mundo. En sus herramientas, el saber más útil y más confiable. Esa hegemonía, dice Zakaria, ha muerto. La voz de la disciplina no es la más atendida ni la más persuasiva. Sobre los asuntos más candentes del mundo (las identidades y las nostalgias, las ansiedades colectivas, la fe política, las pasiones públicas) simplemente, tiene poco que decir. Si seguimos pensando que la lógica económica es la única prueba de racionalidad, seguiremos tachando a medio mundo de imbécil. Hay razones humanas que la razón económica desprecia. Cuando un ministro británico gritó su hartazgo de los expertos quiso ponerle un hasta aquí a esa racionalidad que se pretende única.

Que la economía haya caído del pedestal no significa, desde luego, que resulte irrelevante. Frente a la demagogia, la plomada del economista será siempre valiosa. Lo que advierte el fin de esa hegemonía es que la complejidad requiere de más enfoques y menos encierros.

Reforma
Jesús Silva-Herzog
Ciudad de México
Lunes 25 de marzo de 2019.


Jesús Silva-Herzog  
 

La política del actual gobierno nos ofrece, mañana tarde y noche, dulces envenenados. El oficialismo celebra el celofán con que envuelve sus decisiones, pero se desentiende de las sustancias tóxicas que oculta bajo el caramelo.

Se celebra, por ejemplo, que se ha aumentado el catálogo de delitos graves. Qué gran cambio, festeja el presidente. Hemos terminado con la permisividad neoliberal que trivializaba el horror de la corrupción, del fraude, del feminicidio. Hemos cambiado la ley para considerarlos delitos graves. Lo que no dice el presidente es que la palabra "grave" no designa, como en el lenguaje común, la dimensión de la ofensa sino el tratamiento procesal del acusado. ¿En algo ayuda esta reforma para combatir la impunidad? En nada. Absolutamente en nada. Lo reconoce incluso la el dictamen de la Cámara de Senadores: lo que aprobaremos "no resuelve per se el problema de inseguridad ni es en sí una medida dilatoria (sic) de la comisión de delitos". Aún reconociendo la inutilidad de la medida, la aprobaron. Y no es una mera frivolidad. Siendo inequívocamente ineficaz es una reforma nociva. La reforma dará nuevos permisos para atropellar la presunción de inocencia. Y favorecerá la criminalización de la pobreza. Así lo ha advertido la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero, al parecer, no importan las consecuencias de las reformas. Importa su envoltura. Que puedan venderse, por supuesto, como un clavo más sobre el ataúd del neoliberalismo.

Propone la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados una iniciativa para reducir a la mitad el financiamiento a los partidos políticos. ¡Todos a festejar! Finalmente, alguien se decide a quitarle el dinero a las entidades más abominables. ¿Quién podría oponerse a tan magnífica propuesta? La iniciativa tiene apariencia benefactora, pero sería un golpe severísimo, tal vez mortal, al ya agónico sistema de partidos. Con los resultados de la elección reciente, el partido del gobierno sería el único beneficiario de la medida. José Woldenberg ha hecho el cálculo de lo que significaría la aprobación de esta propuesta: Morena aumentaría en un 89% sus recursos, mientras que las oposiciones más importantes perderían entre 50 y 60% de sus ingresos. Si el financiamiento público ha de prevalecer, es importante que aliente razonablemente la equidad. El pluripartidismo no es gratis. Los ahorros que nos quieren vender como medida admirable son, en realidad, un tiro de gracia. ¿De veras queremos vivir sin el fastidio de la pluralidad?

Lo más grave, sin duda, es la reforma constitucional que está en el aire. Se nos ofrece como un paso democrático: poder quitar, mediante el voto a un presidente impopular. El arreglo institucional de la revocación es extraordinariamente delicado. De él depende, no solamente la estabilidad de los gobiernos futuros, sino también su capacidad para poner en marcha reformas y su corpulencia para resistir los embates de los adversarios. Alterar el periodo fijo de gobierno modifica sustancialmente los equilibrios tradicionales del presidencialismo. No digo que ese esquema deba permanecer inalterado. Simplemente advierto que, para modificarlo, hay que examinar cuidadosamente las alternativas. Sin embargo, en la conducta de los diputados se han impuesto tres vicios graves y preocupantes. Por una parte, el sometimiento irreflexivo al deseo presidencial. Si el presidente lo quiere, nosotros se lo daremos. Se trata de una sumisión que, además, actúa como si estuviéramos ante una urgencia. Reformas de ese calado no pueden definirse con prisa. Pero los morenistas en la Cámara de Diputados no quieren perder el tiempo en argumentos. Finalmente, los oficialistas legislan como si su condición fuera perpetua. Legislan para López Obrador y para el presente. Quieren abrir un camino para lo inmediato sin detenerse a considerar lo que puede venir. Olvidan la norma elemental de la prudencia institucional: las reglas que diseñas deben servir para contener a tu peor enemigo. La rueda de la fortuna pondrá en tu sitio a quienes más temes. Al diseñar instituciones hay que imaginarse con la responsabilidad del poder y también en la condición de minoría. La actuación del partido gobernante refleja la convicción contraria: hay que legislar para el instante y para el jefe. Después de Amlo, el diluvio.

Reforma
Jesús Silva-Herzog
Ciudad de México / Mx.
Lunes 18 de marzo de 2019.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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