Jesús Silva-Herzog

El presidente y su secretario de Gobernación han tenido una extraña coincidencia recientemente. Ambos invocaron lo sobrehumano para defender su política. Dejaron a un lado el vocabulario democrático y los argumentos de racionalidad para apelar a las divinidades. Me parece curioso, aunque dudo francamente que tenga importancia. Sabemos bien que no suele haber mucha miga en sus dichos. Ninguno de estos dos priistas se ha distinguido por su elocuencia. Aun así, vale detenerse en sus palabras. Mientras el secretario de Gobernación pidió tener fe en el trabajo de la Procuraduría, el presidente encomendó a la diosa Fortuna el último tramo de su sexenio. Dos rezos por el bien de la república. Digo que tiene gracia y que, tal vez, puede sacarse algo de ahí, no que sea importante. Me queda claro que ninguno llama a misa ni a participar en un rito.

En apariencia podría decirse que hay sintonía entre estas líneas: dos defensas de lo indemostrable, dos invocaciones a los poderes celestiales que nos apartan de los parámetros terrenales. Cada una refleja, sin embargo, una cosmovisión propia. Quien invoca la fe espera y confía sin exigir prueba alguna. El hombre de fe no necesita pruebas para confiar en la bondad infinita de Dios. Quien habla de la fortuna, por el contrario, reconoce lo que escapa del control humano. El azar nos obliga a la prudencia. La idea de la fortuna es un llamado a asumir la responsabilidad que le toca a cada quien en el juego de la historia. La primera es radicalmente incompatible con la dinámica democrática; la segunda indispensable para la salud política. Exploro en esta divagación la diferencia.

La fe, dijo San Agustín, es creer en lo que no ves. Su recompensa será ver lo que crees. La fe que nos pide el secretario de Gobernación es eso: ceguera esperanzada. Una convicción de que las instituciones del gobierno actuarán correctamente, que acatarán la ley puntualmente, que asumirán su responsabilidad. Se trata de una devoción que no pide prenda. Si tomamos en serio la expresión del político, se trataría de una persuasión tan intensa no necesita de garantías, que debe apartarse de todas las decepciones previas y que debe excluir cualquier sospecha. Creer a ciegas.

Muy distinta de la fe es la confianza. La confianza es una relación que se alimenta cotidianamente. Puede ser digno de confianza quien cumple lo que promete, quien habla la verdad, quien respeta la ley y al otro. La confianza está a prueba todo el tiempo precisamente porque no es un acto de fe. Necesita vencer la sospecha. Todo gobierno democrático necesita cultivar la confianza de la ciudanía. En ella se basa la legitimidad. Tendría sentido que el secretario de Gobernación pidiera confianza, pero sería absurdo que la sociedad la otorgara. ¿Por qué habríamos de confiar en la Procuraduría? ¿Habría algún fundamento para creer que cumplirá puntualmente con su deber? Nuestra experiencia, nuestros recuerdos cercanos y los remotos nos impiden otorgar ese voto. Más aún: resulta inaceptable la insinuación de que es un deber cívico el confiar o, en el vocabulario del político, tener fe en las instituciones gubernamentales. La única actitud cívica en estos momentos es precisamente la desconfianza vigilante.

A muchos ha fastidiado la alusión que hizo el presidente de la diosa Fortuna. A mí no. No me parece ofensivo el repentino paganismo presidencial. Me agrada, incluso, la indirecta referencia al más sabio de los pensadores políticos, Maquiavelo, quien habló en repetidas ocasiones de la importancia histórica de la diosa. No hay político, por poderoso, por cultivado que sea, que sujete todos los hilos del poder. Siempre hay imprevistos, siempre hay sorpresas. Nadie puede anticiparlo todo, nadie puede controlarlo todo. Por eso decía Maquiavelo que había que cortejar a la Fortuna con determinación, que había que reaccionar a sus caprichos con agilidad, que había que anticipar el infortunio. Soberbio es el político que descree de la intervención del azar en el mundo.

La fortuna controla la mitad de la historia. Sólo la otra mitad corresponde a la actuación humana. Es esa mitad la que configura el ámbito de la responsabilidad política. La diosa Fortuna no suele cuidar a quienes se desentienden de ella.

Reforma
Jesús Silva-Herzog
Ciudad de México
Martes 25 de julio de 2017.

René Delgado

Por violaciones menores a derechos fundamentales como las cometidas o solapadas por esta administración, más de un gobierno ya habría caído. Tal posibilidad no pasa de ahí porque el país carece de instituciones fuertes y autoridades firmes en los otros poderes, institutos e instancias partidistas que, en una democracia consolidada, servirían al propósito de balancear, apoyar y acotar al Ejecutivo y fortalecer el Estado de derecho.

Sin esa precondición y con una sociedad que no acaba de transformar su enojo en exigencia inteligente y acción organizada, la administración se ríe y burla del malestar social y, por momentos, lo reta a ir más allá de la queja y la crítica. Segura, quizá, que la furia no pasara de la revuelta y, de ser así, podría sofocarla con una mano en la cintura y otra en el tolete. A fin de cuentas, una revuelta -por las acepciones de su significado- es simple alboroto y, a la vez, repetición de vuelta que, justo por eso, no rompe paradigmas ni escapa del punto de partida.

Sólo así se entiende por qué la administración se desinteresa por cerrar bien su gestión y sí, en cambio, se desvive por prevalecer a través de algún integrante de su grupo. Al parecer, el alma de esa codicia no sólo deriva del privilegio de mandar sin obedecer ni atender, sino también del miedo a ser juzgado precisamente por haberlo hecho. Y, sobra decirlo, cuando el miedo hace presa a su víctima, cometer locuras no es algo extraordinario.

La violación de derechos fundamentales no es menor y sí grave.

Desatender a los familiares de personas muertas o desaparecidas. Privilegiar la persecución sobre la prevención del delito. Descuidar el derecho a la vida, la integridad, el patrimonio y la seguridad de las personas. Mantener en la pobreza a millones de seres y aprovechar su rentabilidad política. Dar largas al combate decidido al saqueo de recursos públicos o a la extorsión en el otorgamiento de obras y servicios públicos. Oír sin escuchar. Usar los aparatos y recursos de seguridad para espiar no a quienes atentan contra el Estado de derecho, sino a quienes se empeñan en fortalecerlo. Socavar la democracia, convirtiendo el voto en mercadería sujeta a compra y venta y reduciendo la participación ciudadana al ejercicio electoral sin mucho de dónde escoger. Borrar la frontera entre política y crimen, negando haber pactado. Cubrir bajo el manto de la impunidad a colaboradores directos o no que hacen de la posición, puesto de enriquecimiento y ejercicio de negligencia...

La violación de derechos no es menor y sí grave.

Si sólo el grupo tricolor incurriera en esos vicios, pero no los otros poderes, institutos y partidos, el deterioro político y el malestar social contarían con instrumentos y recursos para contener y acotar las malas prácticas que tienen a México contra la pared. El país no se encontraría en la complicada encrucijada donde se ubica, una situación lamentable donde su rescate día a día se dificulta.

La alternancia en el Legislativo y el Ejecutivo en la escala federal, estatal o municipal no generó una alternativa. Hay políticos y servidores públicos de excepción, hombres y mujeres extraordinarios, pero no integran una fuerza. La alternancia se redujo a turno y, algo peor, la oposición panista y perredista lejos de jalar al priismo a la cultura democrática del ejercicio del poder, fue arrastrada por éste a la subcultura de la simulación y la corrupción, la complicidad con dividendos.

Los dirigentes y cuadros partidistas protagonizan y escenifican ser distintos, pero no marcan diferencia. Son, alguna vez ya se había dicho aquí, muy igualados.

Si esa complicidad -ya no sólo en el grupo priista, sino en el conjunto de la clase dirigente- se limitara al robo de recursos públicos, la extorsión de recursos privados o la transa de puestos y cargos, el país estaría frente a un problema difícil de resolver. La situación, sin embargo, es todavía más complicada.

A la corrupción, se agregó la perversión política. La elaboración y canje de leyes hechas sobre las rodillas que, al aplicarse, resultan un galimatías. (Ahí está la reforma electoral que abominan los partidos, siendo que sus legisladores la elaboraron y designaron por cuota a quienes deberían de aplicarla). El otorgamiento de derechos en las leyes que, luego, se anulan o limitan en su reglamento o instrumentación. La conformación de institutos y sistemas que, en su estructura, dirección o presupuesto, se neutralizan o nulifican.

Pese al propósito declarativo, esos nuevos instrumentos no sólo no se consolidan sino que se reblandecen. Son como el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, tienen vicios en su diseño y estructura que, en el apuro, la clase dirigente atribuye a los encargados -consejeros, magistrados, comisionados y comités- que gustosos aceptaron operarlos. Encargados a quienes, a sabiendas de los defectos de la obra, los entusiasmó el cargo, pero no mucho la función.

Apoyados en el tripié de la corrupción, la transa y la perversión, y afectados por una miopía incorregible y una complicidad irreversible, la clase dirigente se interna en un laberinto. Incurre en la violación de derechos fundamentales, desatiende a la ciudadanía, carece de las instituciones que amortigüen sus desatinos y no halla cómo conservar sus privilegios o, en la derrota, cómo escapar a su propia condena.

En estos días, solo la articulación de los organismos y movimientos ciudadanos que, pese a la adversidad o la perversidad política, van por más o exigen cambios ahora, oxigena la atmósfera enrarecida por la voracidad y el miedo de quienes aún hoy se dicen los profesionales de la política y exhiben su fiasco como una gema.

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Reforma
Sobreaviso
René Delgado
Ciudad de México
Martes 25 de julio de 2017.

El foso

17 Jul 2017

Jesús Silva-Herzog Márquez   

La obra pública es un foso de muerte. No es metáfora. El piso pavimentado es una trampa. Bajo la oblea de concreto recién aplanado, se abre un abismo que puede cazarnos en cualquier momento. No pasaron tres siglos ni los cuarenta años que se ofrecieron como garantía al atajo. Llovió, y de pronto, la calle se tragó a dos hombres. Los servicios de rescate tardaron 9 horas para sacar el coche de la gruta. No murieron por la caída del vehículo sino asfixiados, enterrados vivos. Una segunda negligencia los mató. Tras caer al precipicio, el abandono. Un mal rato, dijo el ministro, sacando la chequera. Así creerá él que se resuelve todo. Así creerá él que se mide todo, así creerá él que se compra todo.

Desde el punto de vista de quien murió o ha sufrido las consecuencias, durante esos minutos el universo se cayó, se derrumbaron los planetas.

Fue una catástrofe cósmica: galaxias desmoronándose, hoyos negros devorando el espacio entero.

He regresado a las líneas que escribió José Emilio Pacheco en 1985, tras el terremoto de septiembre: "Absurda es la materia que se desploma". La sorpresa de la caída súbita, la calle convertida de pronto en lápida. Pero la tragedia que puso fin a la vida de Juan Mena López y de Juan Mena Romero no es recordatorio del absurdo de la materia sino de los crímenes del poder. Esta tragedia tiene marca humana, sólo humana. El caos que nos estrangula es la corrupción. La corrupción asesina. Asfixia niños, envenena ciudades, engaña enfermos, sepulta paseantes. La tragedia reciente no fue una traición del subsuelo, una súbita rebelión de lo fijo. Estas dos muertes son acusación a un gobierno incapaz de garantizar una obra segura y confiable. Estas dos muertes son denuncia de una empresa criminalmente negligente. Colusión letal de gobierno y empresa.

Vale recordar que la obra no era un puente a Hawái. No se abrió un túnel entre océanos. La obra que el propio presidente presumió como ejemplo de su benéfica presidencia era la ampliación de un camino. Un acelerador. Eran menos de 15 kilómetros que se entregaron tarde y con un sobreprecio que duplicó el presupuesto original. Esa fue la obra que pavoneaba el gobierno repitiendo aquello de que lo bueno cuenta y cuenta mucho. Fue una obra que provocó, durante el largo proceso de construcción, más de 250 accidentes y ¡más de 20 muertos! Antes de que la obra fuera inaugurada por el presidente de la república se habían prendido las señales de alarma. Funcionarios de protección civil y vecinos alertaban de las visibles fallas de la obra. En un documento de la Ayudantía Municipal de Chipitlán que se difundió después de la tragedia puede advertirse el convencimiento del peligro: por el mal trabajo realizado en la obra, "el muro que ese levantó está a punto de colapsarse." No es necesario decir que nadie respondió al grito.

El gobierno que hace unas semanas presumía la obra como una catapulta de la competitividad sólo acierta a sacrificar a sus peones. Un funcionario menor, un delegado regional ha sido destituido. El secretario de Comunicaciones y Transportes culpabiliza a la lluvia y la basura. No ha presentado aún su renuncia. El presidente pide que no se apresuren juicios ni condenas. No ha destituido aún al secretario de Comunicaciones. El presidente tiene razón, por supuesto, si se refiere a las responsabilidades penales. Habrán de fincarse porque la muerte de estas dos personas no fue un acontecimiento fortuito. Pero se equivoca el presidente y de manera grave al desentenderse del principio elemental de la responsabilidad política. El secretario de Comunicaciones y Transportes no necesita haber estado en el lugar de la desgracia dando las indicaciones explícitas que provocaron el hundimiento. Era el responsable político de la obra y debe, en consecuencia, asumir las consecuencias de su desatención. Exigir la renuncia del secretario de Comunicaciones no es pedir hoguera para las brujas. Es defender el principio elemental de la legitimidad democrática: un funcionario público es políticamente responsable de lo que ocurre en su esfera de poder. El presidente de la república debe ser el primer interesado en honrar este criterio. No hace falta esperar un segundo más para advertir las funestas consecuencias de la negligencia.

Reforma
Jesús Silva-Herzog
Ciudad de México
Lunes 17 de julio de 2017.


Raymundo Riva Palacio

Las columnas políticas están saturadas con el clamor a que renuncie el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por la tragedia en el Paso Exprés de Cuernavaca, donde la semana pasada dos personas murieron al caer en un hoyo a la mitad de autopista.

Lo absurdo de esta muerte desató la presión contra Ruiz Esparza, quien dijo no me voy hasta que así lo determine mi jefe –a quien le transfirió esa responsabilidad–, el presidente Enrique Peña Nieto, que ha probado ser protector de la incompetencia. Ruiz Esparza debió renunciar, no por culpable sino por responsable, o el presidente darle ese empujón y limitar el daño en él. Al no ser así, el socavón se convirtió en la metáfora de su gobierno, donde todo lo malo que sucede se le pega a él.

¿Por qué Ruiz Esparza debió haber sido cesado o, de manera políticamente responsable, presentado su renuncia? Porque un servidor público debe regirse por la ética institucional. Pero si no bastara el compromiso para el presidente que le encargó una delicada responsabilidad, por mentiroso. El columnista Carlos Puig, lo documentó el viernes pasado en Milenio, al recordar que para presumir la obra de 14 kilómetros y medio que no era nueva, sino era una ampliación del libramiento en Cuernavaca, el staff de propaganda gubernamental grabó un spot donde decía Ruiz Esparza: “El concreto asfáltico que estamos viendo aquí… es sin duda, un material más resistente. No tenían drenaje, entonces tuvimos que hacerles un drenaje para que la carretera en un momento dado tuviera circulación de agua y las casas de al lado pudieran desahogar también los líquidos de sus casas”.

La justificación que dio Ruiz Esparza tras el socavón fue que las lluvias atípicas habían tapado un drenaje que tenía 40 años de viejo. Entonces, ¿dónde quedó el drenaje que construyó su Secretaría? O fue una mentira flagrante, o hay un público caso de corrupción. ¿Cuál es de los dos, secretario? La memoria corta ayuda a salirse por la tangente. Cuando se mostró que las autoridades en Morelos y los vecinos llevan más de ocho meses advirtiendo sistemáticamente sobre la mala obra y los riesgos con el drenaje, cesó al delegado de la SCT en Morelos y a cuando menos siete funcionarios más en las oficinas centrales. La omisión es una violación a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos. El delegado, entonces, incumplió su trabajo. ¿De dónde salió?

El columnista Julio Hernández lo explicó el viernes en La Jornada. Hace ocho años, José Luis Alarcón Ezeta, era director de la escuela de idiomas Harmon Hall, que fundó su padre. Lo nombraron delegado de la SCT por recomendación del gobernador Graco Ramírez, tras haber realizado actividades empresariales con Cuauhtémoc Ochoa. Este hombre, no lo menciona en la columna Hernández, es parte importante del círculo interno del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de quien fue funcionario cuando era gobernador en Hidalgo, y uno de los enclaves políticos de Bucareli en la Secretaría del Medio Ambiente. Sin ningún nexo previo con el gobernador, se puede alegar que su recomendación fue un favor político a Osorio Chong.

Es importante recordar la conexión entre el secretario de Gobernación y los delegados es importante recordar. De acuerdo con funcionarios federales, sobre el 80% de los delegados de la SCT fueron impuestos por la Secretaría de Gobernación. Es decir, ocho de cada 10, como en el caso de Alarcón Ezeta, el secretario Ruiz Esparza no tuvo ni voto ni veto. Los delegados federales son como subsecretarios en los estados donde están comisionados, aunque no todos son tan poderosos como los de la SCT, porque son los responsables de distribuir los recursos para las obras –esa dependencia es la que más gasta–, y repartir los trabajos entre los grupos regionales. Esa racional permitió al gobierno federal repartir las obras entre empresas de todo el país, lo que se modificó en el gobierno de Peña Nieto, donde los beneficiados notoriamente, incluso en tierras muy lejanas de sus orígenes, fueron mexiquenses e hidalguenses.

Cuando se extraña e indigna el presidente de por qué tiene tan mal ánimo y ambiente en todo el país, haber roto la distribución regional de obras es una de las razones que debería de tomar en cuenta. El avasallamiento de los suyos y del secretario de Gobernación sobre los recursos de los contribuyentes es una explicación del porqué en todas las mediciones sobre percepción de corrupción que se hacen en el extranjero, el gobierno de Peña Nieto ha retrocedido significativamente en los rankings globales. En Gobernación, como en Comunicaciones y Transportes, el presidente no ha hecho nada por reparar las anomalías. Qué tanto sabe de lo que se hace en su gobierno, es una incógnita sin resolver.

En todo caso, el socavón es una metáfora continuada del sexenio peñista: un gobierno de cuates, donde el amiguismo se sobrepone a las capacidades; una tibieza en la mano presidencial que le impide sacrificar a quien no dé resultados o que le genere un conflicto innecesario; tortuguismo para tomar decisiones políticas y éticas. El viernes pasado hubo una reunión de gabinete en Los Pinos, donde se revisaron los avances del sexenio y los logros de la reforma energética. Del resto de los temas nada. Por cuanto a incompetencia, corrupción, inseguridad, violencia, ingobernabilidad, desprestigio, los calificativos que se convierten en sustantivos sobre su gobierno, ni una palabra revelada. Otro botón de este sexenio fallido.

Eje Central
Puebl@Media
Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
Ciudad de México
Lunes 17 de julio de 2017.


René Delgado

En meses o semanas, el presidente Enrique Peña Nieto verá su poder aún más disminuido. El reloj sexenal marca casi la hora.

Una gran interrogante es cómo quiere cerrar y entregar su administración, además de cuidarse las espaldas y blindar en lo posible su proyecto que, por su diseño e implementación, no acaba de consolidarse.

***

Apenas se nomine al candidato tricolor, el halo del mandatario perderá intensidad entre los suyos y su margen de maniobra, siempre estrecho, se reducirá aún más ante aquéllos y los demás actores. Ahí, quizá, se explique la contradicción de pretender postergar lo más posible "el destape" y, a la vez, sufrir la tribulación de ver cómo avanzan y cobran ventaja los competidores.

Por su naturaleza, el momento del presidente Peña Nieto es complejo. Reconocer y asumir el agotamiento de un ciclo no es fácil, en la circunstancia, menos. El jefe del Ejecutivo y el partido está a punto de tomar decisiones importantes, al tiempo de encarar múltiples frentes que, de fallar en su atención o usarlos como ariete electoral, podrían multiplicarse y complicar aún más su situación.

Como añadido, en el círculo estrecho de colaboradores, el mandatario no cuenta con un equipo de cuadros capaces, experimentados, confiables y sin ambiciones, dispuesto a acompañarlo y ayudarlo a cerrar la gestión y conducir con inteligencia y cuidado el proceso sucesorio y electoral. Cuenta con uno, pero lo trae lejos.

***

Hacia dentro y fuera de la administración y el partido, las tareas a realizar son varias, si el mandatario no quiere perder el control del proceso sucesorio y el electoral, además del país.

Controlar y disciplinar a los colaboradores o correligionarios que, queriendo la candidatura, no la harán suya. La frustración de ellos, así como la simpatía o antipatía que les suscite el nominado, podría hacerlos tirar en dirección distinta e, incluso, contraria a la que el tricolor requiere para darle un carácter competitivo y no sólo testimonial a su gallo.

Fijar el rol del propio mandatario en el proceso electoral y, de incidir en él, determinar la estrategia a seguir. Si la idea es repetir la experiencia en el Estado de México, esto es, poner al gobierno y al partido detrás del candidato oficial, comprar y coaccionar el voto, impulsar candidatos artificiales a fin de fragmentarlo y suplantar funcionarios de casillas, la revuelta social será una variable que considerar. Si, por el contrario, la intención es preservar la muy relativa estabilidad política y económica a partir de la toma de distancia del candidato y la campaña, la derrota es una probabilidad.

Tener mano izquierda pero firme con los gobernadores. Ahora que la cárcel es posible destino si pierden la comarca, se aplicarán a fondo para asegurar el retiro dorado y no el embarrotado. Hacer gala de la inteligencia y mando para diseñar e instrumentar una política provisional de contención del crimen, la violencia y la inseguridad que puede amenazar al concurso electoral. Esto, desde luego, si no se cae en la tentación de usar ese terrible recurso como ariete.

En medio de ese complicado cuadro, otra tarea es integrar la línea de defensa tanto en el Banco de México como en el Congreso. ¿Cuáles cuadros son los indicados para cubrir esos dos frentes, tanto en defensa de la economía como de las reformas emprendidas, cuando el elenco es reducido?

***

En este último punto, hay un detalle. La insistencia de equiparar el eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador con la gestión del venezolano Nicolás Maduro, puede resultar un boomerang y convertir al presidente Peña Nieto en el autor de la reedición del "error de diciembre".

Esa equiparación, en efecto, puede provocar miedo al electorado. Pero la sobreexplotación del recurso puede acarrear consecuencias económicas, antes de que el propio Ejecutivo concluya su mandato. Y cuidado, quien está avivando la hoguera del populismo es el partido que comanda el mandatario y puede también abrasarlos.

A veces los deseos se cumplen no cuando uno quiere.

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Otra interrogante a resolver cuanto antes por el mandatario es: cuándo llevar a cabo el ajuste en el gabinete con motivo de la designación del candidato oficial, ¿antes o después de su destape?

En esto radica la paradoja ya señalada. El presidente Peña Nieto cuenta con un solo hombre capaz, confiable, leal y, sobre todo, sin ambiciones sucesorias, pero lo trae subiendo y bajándose de aviones, alejado del acontecer nacional. De ser cierto el autodescarte de Luis Videgaray en el juego electoral, su jefe debería valorar dónde le conviene colocarlo, dentro o fuera del país... o en el Congreso.

Dada la incontenible esquizofrenia de Donald Trump, la renegociación del Tratado de Libre Comercio es un albur. Y en el frente exterior, ahí sí, al mandatario no le faltan cuadros. El mismo embajador Gerónimo Gutiérrez goza de la formación, experiencia y trayectoria requerida para encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores y, a la vez, hay diplomáticos con el empaque necesario y suficiente para reemplazarlo en Washington. Asimismo, Ildefonso Guajardo y Juan Carlos Baker en la Secretaría de Economía cuentan con tablas en materia comercial.

Con tanto frente abierto al interior, justo cuando el mandatario está impelido a tomar decisiones importantes, no le sobraría reponderar dónde es más útil Luis Videgaray. La cosa es que esa decisión urge tomarla antes del arranque de la renegociación del Tratado y antes de la nominación del candidato presidencial tricolor.

***

La clave para descifrar el momento presidencial radica en cómo quiere cerrar y entregar su administración, cuidarse las espaldas y blindar su proyecto. Si ese dilema no está en el horizonte del mandatario, ni sentido tiene el planteamiento.

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Reforma
Sobreaviso
René Delgado
Sábado 8 de julio de 2017.

Roberto Fuentes Vivar


•    Una empresa atípica: los trabajadores primero

•    El chairo Colmex, Cultura, Cemex, AP, UGOCP

Veo con tristeza lo que sucede en La Jornada.

Con más tristeza veo cientos de mensajes que se han difundido en redes sobre el caso. En muchos de ellos (de buena o de mala fe) se intenta colocar el conflicto de huelga del periódico fuera de su contexto real.

Como cofundador del diario y del sindicato no puedo más que externar aquí ese doble dolor.

La Jornada, junto con Proceso, son los dos únicos medios de alcance nacional, cuya propiedad conjunta está en manos de periodistas, líderes sociales e intelectuales. Cuando ambos medios nacieron había por lo menos tres cooperativas. Ya desaparecieron.

Hoy, reitero, La Jornada es uno de los pocos medios nacionales que no son empresas con fines de lucro y creo que su supervivencia es necesaria para la vida democrática de un país como el nuestro que requiere voces distintas al mercantilismo puro y obsesionado en acumular ganancias para sus propietarios y sus accionistas.

Por eso me duele que se vea a la directiva del periódico como una parte patronal a ultranza, que busca el enriquecimiento personal a costa incluso de sobreexplotar a sus trabajadores. No es el caso.

Comparto las preocupaciones de los trabajadores en el sentido de que luchen por mantener salario y prestaciones. Lamentablemente, llevar este conflicto a una lucha de clases es lo peor que puede sucederle a La Jornada en estos momentos.

Considero que tomar partido sin entender a fondo la situación es generar una situación que enturbia más la complicada operación de este diario.

Por eso, para tratar de entender lo que sucede, hay que intentar poner en su contexto todos los factores que intervienen en este problema interno, el cual podría desembocar en un final indeseable para la vida democrática de México. Como decía la Rayuela de La Jornada del sábado pasado: “Sólo una pregunta: ¿A quién sirve quien pretende silenciar un medio?”.

La empresa

La Jornada es un diario que tuvo tres momentos fundacionales: el 29 de febrero de 1984, cuando se anunció su construcción en un evento en el Hotel de México y se convocó a la sociedad a financiar el nacimiento del periódico; el 14 de junio de ese mismo año, cuando se fundó Demos (Desarrollo de Medios) y el 19 de septiembre, también de 1984, cuando salió el primer número. Su capital inicial fue de 104 millones aportados por dos mil 138 accionistas entre quienes me incluyo. Las características de la empresa (diseñadas si mal no recuerdo por David Márquez Ayala) especificaban un monto máximo de acciones, para evitar que una persona pudiera concentrar el poder en sus manos. Muchos de los accionistas éramos trabajadores y muchos trabajadores éramos accionistas. La estructura se mantiene. Durante varios años, hubo ganancias y los trabajadores se beneficiaron del reparto anual de utilidades. Los accionistas nunca han recibido un centavo, lo que permite afirmar que no se trata de una empresa (como la mayoría de las emisoras de acciones) que busque beneficiar a los socios, pero sí a los trabajadores. Por el entorno actual se encuentra entre la espada y la pared, es decir entre despedir trabajadores para poder sobrevivir o hacer una reducción generalizada de prestaciones para mantener la fuente de trabajo.

El sindicato

El Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) se creó poco tiempo después del nacimiento del diario. Su objetivo principal era precisamente defender a los empleados. Durante los primeros 25 años, empresa y sindicato trabajaron de la mano. Incluso hubo épocas en que, por dificultades financieras, los trabajadores aceptaron acciones como pago. Gracias a esta labor conjunta de empresa y sindicato se lograron las mejores condiciones laborales del mercado, con cláusulas como la indización automática de los salarios o el pago de prestaciones muy por encima de la ley. El Sindicato es una organización solidaria que ha apoyado a trabajadores en conflicto, incluso de otros medios. También es una institución que en estos momentos se enfrenta la disyuntiva: aceptar una reducción de prestaciones o poner en riesgo la fuente de empleo. Optó por la segunda opción, tal vez sin medir las consecuencias.

El conflicto

Lamentablemente, por el entorno (del que párrafos más adelante se esbozan algunos datos generales), los ingresos del diario mermaron de tal manera que se hizo imposible seguir manteniendo la plantilla laboral, como estaba inscrita en los convenios laborales. La empresa dio a conocer en varias ocasiones que se encontraba ante la disyuntiva de recurrir a despidos (como lo han hecho masivamente otros medios de comunicación) o reducir prestaciones para mantener la totalidad de las fuentes de trabajo. En este sentido, un laudo emitido el 31 de mayo pasado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, dictaminó que el contrato colectivo de trabajo firmado por y el Sitrajor “hace financieramente inviable a la empresa”. La situación había sido expuesta con anterioridad por parte de la empresa a sus empleados periodísticos y administrativos. Ante esta situación el sindicato decidió iniciar la huelga el pasado primero de julio.

El entorno

La Jornada ha sido, en sus 33 años de vida, un diario crítico, por lo que muchos políticos y personajes de poder en México estarían gozosos de que dejara de publicarse. Es además, el único diario mexicano al que le han asesinado dos periodistas en este año. En lo financiero se enfrenta a fuertes problemas, como la mayor parte de los medios impresos. Al respecto, vale la pena escrutar algunos datos recabados en la Encuesta Mensual del Sector Servicios que realiza el INEGI. De 2008 (fecha en que se comenzó a hacer la medición) hasta abril de este año, los ingresos de los medios impresos, muestran un crecimiento nulo. De 100.0 pesos promedio hace nueve años, subieron a 100.8 al cuarto mes de este año, es decir que se han mantenido sin variación en casi 10 años. Sin embargo, sus gastos en el mismo periodo subieron de 100 a 117.4. Por ello, el personal ocupado disminuyó 5.1 por ciento en un año, pero se encuentra 13 por ciento abajo del que mostraba hace nueve años. Las remuneraciones bajaron 15.2 por ciento en abril contra el mismo mes del año pasado y están 39 por ciento debajo del nivel de 2008. Otros sectores mediáticos, como la Programación en Televisión, muestran avances en sus ingresos de tal magnitud que de 100 puntos en 2008 pasaron a 358 puntos en abril de este año, pero el personal ocupado se ha reducido 43 por ciento con respecto a hace nueve años y sus remuneraciones bajaron 13.5 por ciento nada más en el lapso de un año.

La amenaza

Todos estos datos pueden dar una idea de la tragedia que se cierne sobre los medios impresos. En este sentido hay que recordar que hace unas semanas los 200 trabajadores de El Dictamen (el diario decano de la prensa nacional, con 118 años de vida) fueron informados de su despido. El anuncio lo hizo una empresa de Outsourcing  llamada “Tecprover S.A de R.L” que llamó, uno por uno, a los empleados para obligarlos a firmar su liquidación, muy por debajo de la ley, e incluso a plazos.

Llama la atención que muchos de quienes hoy a través de las redes sociales manifiestan su total solidaridad con el Sindicato de la Jornada, no se expresaron de igual manera con los trabajadores de El Dictamen. También extraña que varios sindicatos apoyan irrestrictamente al Sitrajor, pero no hicieron lo mismo, por ejemplo, con la huelga de UnomásUno, que era, entre otras cosas, en contra el gansterismo periodístico ejercido por empresarios mediáticos ligados en aquel entonces al actual presidente Enrique Peña Nieto.

El párrafo anterior da una idea de que detrás de muchas opiniones en contra de la actual administración de La Jornada puede haber mala fe personal o una acción política que teje engranajes para cerrar un diario que no es afín a los intereses de la clase gobernante. Retomo aquí una frase de Blanche Petrich en un artículo sobre su posición en contra de la huelga: “La empresa apuesta por la sobrevivencia de La Jornada, con todo lo que ello implica. Los huelguistas, por lo contrario, por su silencio”.

Es cierto que las tres partes que intervienen en la huelga (empresa, sindicato y autoridades) se encuentran entre la espada y la pared. Pero creo que haber iniciado la huelga en La Jornada, en estos momentos, afila más la espada que apunta directamente al corazón de un diario que necesita sobrevivir por el bien del país. Dice el filósofo del metro: Dice el filósofo del metro: no hay mayor amenaza/ en una sola jornada, / que ver una mano deseosa/ por acercarse a la espada.

Tianguis

El Colegio de México publicó en su Diccionario del Español de México la definición de la palabra “chairo”, cada vez más utilizada en el léxico común de los mexicanos. Se trata, dice el Colegio de una: “persona que defiende causas sociales y políticas en contra de las ideologías de la derecha, pero a la que se atribuye falta de compromiso verdadero con lo que dice defender; persona que se autosatisface con sus actitudes”. Si bien la palabra fue definida luego de “sesudas” investigaciones por parte del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colmex. Se trata de una definición “chaira”, por decir lo menos y con una fuerte carga ideológica, sobre todo por el uso del término “derecha”, lo cual significa que todos los “chairos” son de izquierda. No con ánimo lingüista, pero si con algo de experiencia en la vida diaria, me atrevo a pensar que la definición fue hecha por personajes que poco conocen los términos de hace 50 o 60 años. “Chaira” era un término para definir una “chaqueta”, “puñeta” o simplemente una masturbación. Ese es bien “chairo”, se decía para señalar a alguien aficionado al onanismo. Creo que la palabra derivó en decir ese es bien “chairo” para indicar que alguien se hace “chaquetas” o masturbaciones mentales, ya sea de izquierda o de derecha. Lamentablemente muchos científicos sociales del Colmex desconocen el pasado inmediato y ahora ligan sólo con una actitud contraria al sistema. Ni modo, ellos saben más… Interesante la cuenta satélite del sector cultural que dio a conocer el INEGI hace unos días, en la cual se indica que durante 2015, el Producto Interno Bruto de la cultura alcanzó un monto de 490 mil 446 millones de pesos, que representó el 2.9 por ciento del PIB total del país. A su interior, éste se conformó con 2.1 puntos del valor de los bienes y servicios de mercado, y de las actividades no de mercado que contribuyeron con 0.7 puntos, entre las que se incluye la producción cultural de los hogares.  Por actividad económica, el PIB de la cultura se concentró en la fabricación de bienes culturales (por ejemplo, las artesanías), el comercio, la generación de información en medios masivos y la producción de otros bienes y servicios ofrecidos por los hogares, mismos que en conjunto aportaron el 77.3 por ciento del valor generado por el sector de la cultura… Cemex informó que  una de sus subsidiarias en Estados Unidos cerró la venta de su negocio de materiales de construcción en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos, el cual consiste en operaciones de agregados, asfalto y concreto en Oregon y Washington a Cadman Materials, empresa que forma parte de Lehigh Hanson y es la subsidiaria en Estados Unidos de Heidelberg Cement Group. El monto de la operación fue de 150 millones de dólares y los recursos obtenidos de esta transacción serán utilizados principalmente para reducción de deuda, así como propósitos generales corporativos… Luis Robles Miaja, Presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, participó en el IV Encuentro Empresarial de la XII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico. Ahí señalo que “la Alianza del Pacífico será la sexta economía mundial a mediano plazo, apoyada por su apertura comercial y la aplicación de políticas económicas responsables, por lo que representa una excelente oportunidad para diversificar el comercio y la inversión de México e incluso puede llegar a ser un paso previo en la posible reactivación del llamado Acuerdo Transpacífico (TPP) a futuro”… Luis Gómez Garay, secretario general de la Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP), condenó el asesinato de Meztli Sarabia Reyna, dirigente social en Puebla de manos de un comando armado. Exigió a la Secretaría de Gobernación una investigación profunda de los hechos y señaló al gobierno del estado de Puebla como principal responsable de lo ocurrido. Solicitó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos una investigación profunda de la actitud del gobierno del estado de Puebla en estos lamentables hechos. Meztli Sarabia Reyna, es hija del líder histórico de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, y fue asesinada el pasado 29 de junio, en las oficinas de su organización por un grupo armado de 4 personas encapuchadas.

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Al Momento
Diario Ejecutivo
Roberto Fuentes Vivar
Ciudad de México
Lunes 3 de julio de 2017.

Por Raymundo Riva Palacio

La definición del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto quedó escrita el jueves pasado con una tarde de perros en Jalisco, a propósito de las denuncias de espionaje contra periodistas, abogados de derechos humanos y activistas. En cuestión de horas amenazó a quienes denunciaron que los espiaban con tomar represalias, y reculó su lance intimidatorio al afirmar que respetaba la libertad de quienes, poco antes, amagó con censurar. El Presidente pagó con críticas e insultos en las redes sociales sus señalamientos, en una escena shakesperiana, donde él, solo en el centro del escenario, fue fustigado y linchado sin que nadie de quienes trabajan para él saliera en su defensa.

Un Gobierno completo vio la aniquilación pública de su jefe, sin entenderse cómo permitieron el juicio sumario de la opinión pública, y se escondieran para evitar que la indignación se volteara contra ellos. Una vez más, como tantas veces en el sexenio, Peña Nieto caminó sobre una plancha de fuego que lo consumió, mientras que sus colaboradores, en silencio, observaban el sacrificio. El libreto se repite. El Presidente que los cuida sin que lo protejan, que los defiende sin recibir reciprocidad, sacó la cara y el coraje por quienes debían, como obligación ética ante su jefe, haber sido los que enfrentaran el tsunami de acusaciones.

No era él quien debía haberse metido a la arena pública para hacer una defensa de su Gobierno. Nosotros no espiamos, dijo con una contundencia que sus asesores debían haber evitado y blindarlo del bumerán que significa involucrarse en el tema del espionaje de un gobierno. No lo ayudaron a refinar su discurso ni a atemperar su tono. Fue como si en el Gobierno sólo existiera él, y únicamente él fuera la voz de la administración. ¿Cómo pudo asegurar con tanta convicción que su gobierno no espía salvo a criminales? Su Gobierno es una democracia, dijo sofísticamente, como si las democracias no espiaran a sus ciudadanos. Cuán equivocado está.

Las democracias sí espían, como la Agencia Nacional de Seguridad lo hizo con  miles de personas –incluido él- en aras de la seguridad de los Estados Unidos, país donde un presidente, Richard Nixon, espió a sus adversarios políticos y con ello transgredió la ley que le costó la jefatura de la Casa Blanca. Las democracias espían, la mayor parte de las veces escudadas en la protección de los intereses nacionales, violando la ley. Los asesores y los colaboradores del Presidente nunca debieron haber permitido que hablara sobre este tema, porque lo colocaron en el límite de la legalidad por asegurar cosas que, o no debería conocer, o si los desconoce, no debería de tocar.

Hay ejemplos históricos que enseñan cómo se cuida a un presidente para no incurrir en un probable delito. En Estados Unidos, la más grande democracia, cuando el presidente John F. Kennedy autorizó la Mongoose Operation para derrocar al régimen de Fidel Castro en Cuba, la CIA no le informó que también trataría de asesinarlo, no por saltárselo, sino para evitar que en caso de que le llegaran a preguntar si él había ordenado el crimen, dijera no saber sin cometer perjurio. En México, cuando la subsecretaria de Telecomunicaciones, Purificación Carpinteyro, quiso entregarle al presidente Felipe Calderón un disco con grabaciones ilegalmente realizadas al secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se interpuso e impidió que las recibiera, porque eso llevaría al mandatario a una probable situación de ilegalidad.

Ese tipo de acciones se hacen para darle a los presidentes salidas plausibles, mediante las cuales se les mantiene ignorantes de acciones que realizan sus colaboradores que pueden ser ilegales. Un presidente que no sabe que se comete una ilegalidad, no viola la ley. Un colaborador que por cualquier razón viola la ley, incluso con la intención de salvaguardar la seguridad del Estado, puede ser destituido sin afectar al presidente o al Gobierno. Mantener ajeno al Presidente de esas acciones es una obligación de sus colaboradores. Permitir que Peña Nieto se metiera al tema del espionaje e hiciera afirmaciones tajantes para negarlo, lo dejó sin márgenes de operación y sin puertas de escape, para él y para su Gobierno.

Hasta este momento, todas las evidencias sobre el espionaje señalan a una rama del Gobierno como la responsable, por el hecho aún no controvertido de que el programa Pegaso, utilizado para intervenir la vida privada de 88 personas, sólo se vende a gobiernos. En el caso mexicano, los únicos contratos conocidos fueron para la Secretaría de Gobernación, el Cisen y la PGR. Si el Presidente negó “de manera categórica” que su Gobierno espiaba a personas no vinculadas al crimen organizado o al terrorismo, uno puede asumir que la información se la proporcionaron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador, Raúl Cervantes. Si el Presidente manifestó con firmeza la inocencia de su Gobierno, ¿se puede presumir que conoce quién utiliza fuera del gobierno programas para espiar?

El Presidente nunca debió haberse referido al tema del espionaje por lo delicado del tema en sí mismo. Pero igualmente, es injusto para Peña Nieto que su equipo lo haya abandonado en la arena pública en la batalla legal y política. Es inconcebible que nadie de sus colaboradores saliera a pararse frente a la opinión pública y defenderlo. La estrechez de miras, o lo timorato, o lo perverso del gabinete y el staff presidencial, o todas ellas juntas, quedó expuesta en esa tarde de perros que vivió su jefe y que sigue pagando.

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Eje Central
Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México
Lunes 26 de junio de 2017.


Jesús Silva-Herzog Márquez

Hace unos días el New York Times publicó una lista de las mentiras del presidente Trump. Todas sus mentiras cubriendo la sábana completa del diario. Con letra pequeñita, una breve descripción del engaño y su refutación. Resulta que no ha habido día, desde que llegó a la Casa Blanca, en que no haya mentido. El hombre tiene una seria aversión a la verdad. Miente cada que abre la boca. Los defensores de Trump no se esfuerzan ya en desmentir a la prensa. Han sugerido, es cierto, que ellos tienen "hechos alternativos" que no necesitan comprobación. Pero recientemente han esgrimido un nuevo argumento: las palabras del Presidente son irrelevantes frente a las acciones del Presidente. Hablemos de lo que hace el gobierno, no lo de lo que dice el gobernante. La prensa se obsesiona con los dichos para olvidarse de los hechos. Esto es lo que debe importar: lo que el gobernante hace, lo que decide, lo que provoca. No lo que grita en un discurso o lo que tuitea a la mitad de la noche.

Sugerir que el discurso es políticamente irrelevante implica que puede trazarse una frontera clara entre el hacer y el decir. Que en política lo dicho corre por un camino distinto a lo hecho. Que la expresión pública es un insignificante entretenimiento de palabras, mientras que la acción política es cosa seria: un hacer que produce efectos. A diferencia de lo que sucede en la mecánica: la palabra es parte esencial del oficio político. Quien repara el coche puede ser un profesional extraordinariamente competente y, al mismo tiempo, muy incapaz de comunicarle al cliente la naturaleza del desperfecto y las complejidades de la compostura. Su labor es reparar el coche y ya. Los remiendos de la política son otra cosa porque exigen comunicación. No puede haber reparación sin justificación; no importa solo el acto, es necesario comprender el sentido del acto. En la correspondencia entre palabra y acción se cimienta la confianza. La palabra es el gran recurso del poder: convoca, orienta, castiga, intimida. Se manda con palabras. Por eso importa lo que el político dice.

Importa lo que dice Trump. En la cortedad de su vocabulario, en sus insultos y en su narcisismo, en su desprecio por los hechos y la ciencia, en la simpleza de su maniqueísmo se condensa su autoritarismo. Importa también lo que dice Enrique Peña Nieto. Lo que dijo hace unos días, reaccionando a las acusaciones de que su gobierno espía periodistas, dirigentes de organismos de la sociedad civil y activistas de derechos es preocupante. No puede ser pasado por alto, así haya habido una retractación. Su oficina nos pide que no prestemos atención a lo que dijo porque hay ocasiones en que se aparta de sus tarjetas y puede ser impreciso.

El error, la improvisación misma son reveladores. Ante un hecho grave, el Presidente reacciona tarde y descuidadamente. Haberse permitido la improvisación indica que no concede al escándalo del espionaje gubernamental la importancia que tiene. En asuntos delicados, el Presidente cuida sus palabras. Sabe bien que la elocuencia no es lo suyo. Pero en la torpeza del arranque reciente hay sinceridad. Desde hace tres años su gobierno perdió el libreto de sus reformas y ha estado a la deriva desde entonces. En su discurso de Lagos de Moreno escenificó ese ofuscamiento. Al apartarse de su parlamento, el Presidente dio tumbos. Así nos contó que una mujer le dio un beso y salió corriendo. Él, por supuesto, se comprometió con el desarrollo de la región. Al aventurarse en un discurso sin ensayo, el Presidente se mostró de cuerpo entero. Su indignación se dirigió espontáneamente a las víctimas del espionaje. El espionaje le parece un asunto trivial, la denuncia del espionaje, no. Por eso soltó que la ley debía aplicarse contra los difamadores, no contra los espías. Al Presidente no le parece grave la invasión de la privacidad. Todos padecemos el espionaje, dice. El Presidente hace bromas para advertir que él mismo ha sido espiado. Y que, por ello mismo, se cuida mucho. Se adelanta para afirmar que su gobierno no espía, aunque, por lo que dice, de hacerlo sería irrelevante porque nadie ha cambiado su vida por esas intervenciones.

Que la amenaza no fue tal, dicen los voceros presidenciales. Lo que parece incuestionable, además de creer que el espionaje es una nimiedad, es la ausencia de brújula.
 
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

Reforma
Jesús Silva Herzog-Márquez
Ciudad de México
Lunes 26 de junio de 2017.

Luis Pablo Beauregard

¿A qué aspira un Gobierno esquizofrénico que un día condena la violencia contra la prensa y el otro espía a periodistas?

En la campaña electoral para el Estado de México, Alfredo del Mazo, el candidato del PRI, publicó un desafortunado spot. Con audífonos sobre los oídos y oculto en una cámara de Gesell, espiaba a los ciudadanos para saber qué opinaban de él y su partido. Hoy sabemos que aquello no solo era un terrible error de marketing del PRI. Peor aún: no era ficción.

México se ha convertido en sinónimo de violencia contra la prensa. Pero el cuerpo de un reportero asesinado en un charco de sangre no es la única forma de ilustrar el peligro que corren en este país los periodistas. Esta mañana un grupo de informadores y defensores de derechos humanos ha denunciado una operación sistemática de vigilancia orquestada por la Administración de Enrique Peña Nieto. ¿A qué tipo de democracia aspira un Gobierno esquizofrénico que un día condena la violencia contra los comunicadores y el otro los espía para saber sus secretos?

La investigación, adelantada por The New York Times e integrada en el informe Gobierno espía de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, documenta 88 casos en los que se intentó infectar móviles con malware. Es ingenuo pensar que solo los periodistas críticos son objeto de espionaje. Lo demuestra que el hijo de la propia Carmen Aristegui, un menor de edad, haya sido también objeto de los intentos de infección de este software para robar información personal. Esto puede ser solamente la punta del iceberg. La escuela de espionaje político creada por el PRI en los años 50 y perfeccionada por este mismo régimen la década de los 70 funciona bajo un solo principio: no existe información que sobre.

Esa tradición de juego sucio ha hecho del secretario de Gobernación, quien controla los aparatos de inteligencia, un candidato natural en el relevo presidencial. La información a la que tiene acceso el ministro del Interior lo hace un candidato sólido en una campaña. Es el caso de Miguel Ángel Osorio Chong, quien es considerado uno de los hombres fuertes del PRI rumbo a las presidenciales del próximo año. Hoy el secretario y el Gobierno mexicano deben aclarar, explicar y convencer a la opinión pública del papel que tuvieron o no en este escándalo.

En 2006, La vida de los otros mostró cómo la Stasi, la policía secreta de Alemania oriental, espiaba a los ciudadanos en busca de ilícitos o traición al comunismo. Los secretos de los ciudadanos tienen valor para los gobernantes. Lo que se ha dado a conocer esta mañana en México no es producto de ninguna ficción y tendría que ser inadmisible en una democracia plena del siglo XXI. Una democracia que no puede existir sin una prensa libre que exija al poder, a cualquier clase de poder, que rinda cuentas.

El País
Luis Pablo Beauregard
Ciudad de México
Lunes 19 de junio de 2017.


Jesús Silva-Herzog Márquez

"Si el presidente es honesto los gobernadores van a ser honestos. Los presidentes municipales. Y todo el pueblo...". Esa es la convicción de Andrés Manuel López Obrador. Así se lo planteó a Ciro Gómez Leyva en una entrevista reciente. Basta con que él llegue a la Presidencia para que la corrupción desaparezca. Ni siquiera hay que esperar 15 minutos. El efecto será instantáneo. El ejemplo impondrá su ley en todos los ámbitos de la administración pública, en todos los rincones del país. Los deshonestos vivirán una experiencia mística: al llegar la pureza a la Presidencia de México se darán cuenta que han vivido en el error y cuidarán los recursos públicos con escrúpulo impecable. La redención moral saldrá, por supuesto, de las oficinas públicas para cubrir todos los rincones de la República. Andrés Manuel López Obrador nos trasmite también esa nueva: cuando llegue a la Presidencia no habrá robos en México. Así: "Nadie va a robar (...) porque nadie tendrá necesidad de robar".

La lucha contra la corrupción es, sin duda, una de las principales banderas de López Obrador. Si su discurso es persuasivo es, precisamente, porque proyecta una imagen de austeridad que contrasta con la ofensiva ostentación del resto de la clase política. Lo que llama la atención es la ausencia de propuestas concretas para combatir un problema tan complejo. No hay aparición pública en la que López Obrador olvide la perversión moral de la política. Pero, al aludir a esta crisis pone de manifiesto su desprecio a todo esfuerzo institucional por combatir la corrupción; revela su desinterés por las experiencias de fuera y exhibe su ignorancia de las normas vigentes. En el intenso debate sobre el Sistema Nacional Anticorrupción López Obrador calló. No dijo nada porque no cree que las reglas, los procedimientos o las instituciones cuenten. De la rica experiencia internacional que forma un abanico de opciones para combatir la corrupción, no parece haberse enterado el tabasqueño. Y el hombre que ha dedicado buena parte de su vida política a denunciar una corrupción que se fomenta desde la Presidencia de la República desconoce las reglas de su régimen. López Obrador no está al tanto de las disposiciones que regulan la protección constitucional del Presidente ni le interesa conocerlas.

Las instituciones no son, ya nos lo ha advertido, nuestras. Son de ellos y las usan en nuestra contra. Pero, más allá de la parcialidad institucional (que no es, por supuesto, invento lopezobradorista) lo que parece notable es la convicción de su irrelevancia. No se advierte en el dirigente ningún bosquejo de reordenación institucional para cerrarle el paso a los abusos. Su victoria basta. El fundador de Morena no exagera al advertir la complicidad de los partidos que se han alternado en el poder desde hace un par de décadas. Tampoco es infundada su crítica a las instituciones dedicadas a prevenir y combatir la corrupción. Lo que llama la atención es que lo que López Obrador propone para combatir la corrupción es incienso de López Obrador. Don Andrés Manuel está convencido de que respirar su prédica limpiará el aire de México, que acompasar el ritmo de nuestros pulmones a la cadencia de su discurso depurará el espíritu de la República. La corrupción no terminará en un clic. Terminará con un Ooom.

La fe que López Obrador tiene en López Obrador explica su tenacidad, su resistencia, su hermetismo, su coherencia, su sectarismo. Su intransigencia (y la activa colaboración de sus adversarios) lo mantiene políticamente vivo y con buenas probabilidades de conseguir la Presidencia. El personaje es predecible y confiable para sus seguidores porque sigue el mismo dictado. La terquedad puede bloquear su crecimiento pero anima a sus leales. Si repite mil veces la misma frase es porque se acerca al mundo a partir de un breve paquete de fórmulas. El universo conspiratorio que habita le permite caminar con plena inocencia: él ha padecido mil injusticias pero no se ha equivocado una sola vez. Por eso no tiene necesidad de reinventarse ni de examinar el sentido de sus decisiones previas. Como buen sectario está dispuesto a subordinar el cálculo estratégico a la fidelidad. Sería inmoral negociar. Quien se me resiste es un traidor; quien se entrega a mí es un patriota. Sólo la pleitesía al bendito dignifica.

http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

Proceso
Ciudad de México
Lunes 19 de junio de 2017.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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