Presuntamente fue a cambio de la refinería de Tula, Hidalgo


Ciudad de México. - Nuevos documentos del caso Odebrecht revelan que hubo un beneficiario distinto a Emilio Lozoya en los sobornos pagados, presuntamente, a cambio de obras en la refinería de Tula, Hidalgo.

En un sistema secreto llamado Drousys, la constructora brasileña asignaba a cada beneficiario de los sobornos un "codinome" o código secreto para ocultar su identidad. A Emilio Lozoya, por ejemplo, se le identificaba con el código "Salvador", según consta en múltiples documentos del expediente de Brasil.

Sin embargo, de los 10 millones 387 mil dólares que el departamento de sobornos destinó a México entre 2012 y 2014, sólo 3 millones 150 mil dólares identifican como destinatario a "Salvador", presunta clave secreta de Lozoya.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien está preso en España esperando juicio de extradición, ha negado el haber recibido sobornos de la empresa sudamericana.

Otros 5 millones 620 mil dólares se asignaron a otro personaje aún sin identificar al que en el sistema Drousys se le dio el código de "Latino", mientras que de un millón 617 mil dólares no se precisa quién fue el destinatario.

En los documentos consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) no aparece la identidad de "Latino". Sólo los ex directivos de la constructora brasileña saben a qué persona del Gobierno de Enrique Peña Nieto o del propio Odebrecht correspondía ese apelativo.

Una posibilidad es que ese apelativo corresponda a Rodrigo Tacla Durán, un abogado brasileño que era utilizado por Odebrecht como intermediario de pagos de sobornos en el extranjero. Pero en un cuestionario enviado a Tacla, él negó conocer los pagos ilegales realizados a Pemex.

Los documentos secretos a los que tuvo acceso MCCI forman parte de "División de Sobornos", una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en Inglés).

Esos documentos fueron extraídos por las autoridades de Brasil del sistema secreto Drousys, el cual --según ha declarado el fiscal del caso Lava Jato, Orlando Martelo-- registraba exclusivamente pagos ilícitos y era utilizado para ocultar sobornos o financiamiento electoral.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht ha confesado que la División de Operaciones Estructuradas "funcionó efectivamente como un departamento de sobornos".

Y esa área fue la que desarrolló y manejó la plataforma Drousys, a la que tuvo acceso MCCI.

Correos interceptados

Entre los más de 13 mil documentos secretos revisados por MCCI hay correos electrónicos, órdenes de pago y estados de cuenta bancarios que detallan las fechas de los sobornos y las obras que Odebrecht obtuvo a cambio en todo el continente.

Por ejemplo, se localizó un correo enviado por "Tumaine", que era la identidad secreta de Angela Ferreira Palmeira, la contadora del departamento de sobornos de Odebrecht, en el que ordena realizar 11 pagos entre el 28 de mayo y el 6 de junio de 2012, uno de ellos por 510 mil dólares a la empresa Latin America Asia Capital Holding, vinculada con Lozoya.

El correo con el título "Pagos Urgentes" lo dirigió a "Giginho" y a "Gigo", que eran los códigos secretos asignados a los hermanos Marcelo y Olivio Rodrigues Junior, dos de los operadores financieros encubiertos de la división de sobornos de Odebrecht.

"Gigo", a su vez, envió otro correo a un empleado que usaba el código "Feeling", para que concretara la transferencia.

El 13 de junio de 2012, "Tumaine" le volvió a escribir a "Gigo" y a "Giginho" para enviarles dos documentos en formato PDF, con el siguiente mensaje: "Señores, anexo archivos 276 y 277. Observaciones: Los pendientes financieros son grandes. Después de recibir, dar de baja".

Uno de los anexos contenía la orden de pagar 400 mil dólares a través de la empresa Latin America Asia Capital Holding a un beneficiario identificado como "Salvador", que presuntamente era el código secreto de Lozoya.

En el mensaje aparecen las siglas "DS LW", que significan "Director Superintendente Luis Weyll", el hombre de los sobornos de Odebrecht en México.

Estos pagos se realizaron cuando estaba en curso la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en la que Lozoya fungía como coordinador de vinculación internacional.

Pagos por refinería

Posteriormente, en 2014 el sistema encriptado Droufys registró el pago de más sobornos vinculados con México. Y es entonces cuando aparece el personaje identificado con la clave "Latino".

Según las bases de datos consultadas por MCCI, el departamento de sobornos de Odebrecht reportó tres pagos por 3 millones 520 mil dólares realizados el 21 de febrero, 10 y 17 de marzo de 2014, para un proyecto en México que identificó como "Mercado". En los documentos disponibles no se precisa a qué obra o contrato corresponde ese proyecto.

El receptor de esos sobornos fue el enigmático "Latino" y las transferencias fueron realizadas a través de Zecapan SA, una empresa fachada creada en Islas Vírgenes Británicas y que la Fiscalía General de la República (FGR) ha vinculado con Lozoya.

En el sistema encriptado aparecen otras dos transferencias por 2 millones 100 mil dólares, efectuadas el 22 de septiembre y el 24 de octubre de 2014, para lo que se identificó como el "Proyecto Tula", en aparente referencia a la refinería ubicada en Hidalgo.

Como beneficiario de esas transferencias se anotó nuevamente a "Latino". Pero en esta ocasión el dinero fue triangulado a través de dos empresas fachada desconocidas hasta ahora: Mext Trading Corp. y ZB International.

El intermediario

En documentos judiciales de Brasil se menciona que ambas empresas eran utilizadas para encubrir sobornos y que eran operadas por el abogado brasileño Rodrigo Tacla Durán.

Una investigación publicada el 8 de septiembre de 2017 por la organización El Quinto Elemento Lab menciona que Tacla Durán --hoy en libertad provisional en España-- era el contacto con los beneficiarios de los sobornos en cada país en los que Odebrecht corrompió a funcionarios.

"Él entraba en contacto con los beneficiarios y negociaba la gestión de los recursos como su financial advisor (asesor financiero)", explicó Hilberto Mascarenhas, jefe del departamento de sobornos de Odebrecht, en una grabación ante las autoridades brasileñas que fue obtenida por El Quinto Elemento.

El testimonio menciona que en los primeros días de noviembre de 2014 Mascarenhas le presentó a Lozoya a Tacla para que recibiera los sobornos en su nombre.

"Esa cuenta fue abierta en el HSBC de Mónaco. Esa información la conozco porque yo estaba con Rodrigo y participé en la reunión que ocurrió el día siguiente a mi reunión en Pemex", indica la grabación difundida por los periodistas Alejandra Xanic e Ignacio Rodríguez Reyna.

"Luis (Weyll, ex director de Odebrecht), yo y Rodrigo fuimos a casa de Emilio Lozoya en la Ciudad de México, y en esa ida le presenté a Rodrigo, tomamos un café en la mañana en la casa de él".

Tacla niega todo

En marzo de 2018, con la intermediación del diario El Confidencial de España, MCCI envió a Rodrigo Tacla un cuestionario, en el que negó haber intervenido en los pagos de sobornos a Lozoya, como acusó Hilberto Mascarenhas ante las autoridades de Brasil.

- ¿Sabe Rodrigo Tacla Durán si se hizo algún movimiento financiero o transferencia de dinero desde el Meinl Bank a cuentas en México o relacionadas con México?

No.

- ¿Sabe a qué personas se pudo transferir ese dinero?

No.

- ¿Supo de una empresa offshore que transfirió dinero a una cuenta del banco HSBC en Mónaco relacionada con México?

No.

- ¿Qué significado tenía que Odebrecht mirara a Emilio Lozoya como un personaje importante dentro del entonces nuevo Gobierno de Enrique Peña Nieto?

No sé.

- ¿Sabe Rodrigo Tacla si hubo pago de sobornos en Pemex? ¿Para qué y a quiénes?

No.

- ¿Sabe Rodrigo Tacla si hubo financiamiento de campañas políticas en México? ¿Para quiénes habría sido ese apoyo?

No.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 2 de marzo de 2020.



La investigación por presunto lavado de activos y otros delitos a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.


Lima.- El equipo especial Lava Jato del Ministerio Público allana el local partidario de Fuerza Popular en la cuadra 9 de la avenida 9 de Diciembre (ex Av. Paseo Colón), en el Cercado de Lima. La medida, autorizada por el juez Víctor Zúñiga, tiene como objetivo la incautación de información sobre la campaña electoral del 2016.

La resolución judicial, a la que tuvo acceso El Comercio, autoriza al despacho del fiscal José Domingo Pérez incautar en un plazo de 48 horas información financiera contable de los años 2015 y 2016, en especial: el libro de inventarios y balances y de caja; así como los registros de compras, ventas e ingresos y gastos.

El documento también indica que Pérez está autorizado para decomisar voucher, contratos y cualquier tipo de documentos vinculada a la investigación por presunto lavado de activos y otros delitos a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. En esta pesquisa está incluido el partido naranja como persona jurídica.

El fiscal José Domingo Pérez, en declaraciones a la prensa, precisó que en el primer allanamiento en el local fujimorista, que fue el 7 de diciembre de 2017, solo fue para incautar documentos relacionados a la campaña de 2011. Agregó que la actual diligencia, inicialmente, era para tener acceso a información sobre las elecciones de 2016.

“Hemos solicitado información de la campaña de 2016, ha habido oposición o rechazo a entregar la documentación que se estaba solicitando a los representantes de la persona jurídica de Fuerza Popular. Y en ese sentido, hemos solicitado la autorización judicial para hacer el registro correspondiente”, remarcó.

El fiscal también dijo que ha encontrado “documentación relevante”, pero que corresponde al 2011.

“Es por ese motivo que estoy regresando a la oficial fiscal para solicitar la ampliación al señor juez, es información de 2011 que no había sido exhibida o no había sido ubicada”, refirió.

El Comercio
Lima, Perú
Miércoles 5 de febrero de 2020.


Etapa de instrucción por apartar a fiscales del equipo Lava Jato y pedir información reservada sobre acuerdo con Odebrecht durará 90 días

Sentado en el banquillo de los acusados, el fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos escuchó ayer la resolución que ordenó la apertura de un proceso penal en su contra por el presunto delito de encubrimiento real en agravio del Estado.

La investigación fue dispuesta por el juez supremo instructor Hugo Núñez Julca, tras una audiencia en la que la fiscalía presentó los cargos contra Chávarry, a raíz de la denuncia de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Al fiscal supremo se le atribuyen dos hechos: la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial, a pocos días de suscribirse el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, así como el pedido de información sobre el convenio con la constructora, que tenía carácter de reservado durante su negociación.

Para el juez, hay indicios suficientes para determinar la existencia del delito de encubrimiento real, el único de los que se imputaban a Chávarry y que fue aprobado por el Congreso, y el que representa una menor sanción penal, comparado con otros delitos que le atribuyó la fiscalía.

El delito de encubrimiento real sanciona a la persona que dificulta la acción de la justicia con la desaparición u ocultamiento de la prueba del delito. Se castiga con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Chávarry Vallejos afrontará el proceso con comparecencia simple. El juez Núñez Julca sostuvo que la fiscalía no solicitó ninguna medida coercitiva contra el fiscal supremo.

—Procedimiento—

El caso por encubrimiento real se tramita bajo los lineamientos del Código de Procedimientos Penales de 1940. El delito imputado a Chávarry no está incluido en la ley que dispuso el adelanto de la entrada en vigencia del nuevo código.

Así, el proceso penal incluye dos etapas: la instrucción o período de investigación y el juicio.

El juez resolvió que para el caso de Chávarry se iniciará un proceso penal sumario, que tendrá como plazo 90 días.

“Es sumario en el entendido de que el delito no es grave y el plazo de la instrucción es un plazo breve, a diferencia del proceso ordinario, que se prolonga por más tiempo”, explicó el abogado penalista Luis Lamas Puccio a El Comercio.

El juez Núñez Julca, a cargo de la investigación, será el mismo que emitirá la sentencia, tras el juicio.

En el proceso, el magistrado realizará las diligencias que considere pertinentes. Durante la audiencia de ayer, tanto la fiscalía como la defensa, plantearon actos de investigación, que el juez tomó en cuenta.

Determinó que la primera declaración que recogerá será la de Pedro Chávarry. También la de los fiscales del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, para que aporten información sobre las investigaciones que se habrían visto afectadas o qué riesgos se encontraron tras los actos que se le imputan al fiscal supremo.

Otra declaración que será considerada es la del exsecretario de Chávarry, Aldo León Patiño. Todas estas a pedido del Ministerio Público.

A solicitud de la defensa, el juez tomará el testimonio de los congresistas Rosa Bartra, en calidad de presidenta de la comisión parlamentaria del Caso Lava Jato, Yesenia Ponce y Luis López Vilela, por el presunto pedido de información a Chávarry sobre los procesos a cargo del equipo especial.

Además, declararán los fiscales Frank Almanza y Marcial Páucar, quienes fueron designados por Pedro Chávarry para reemplazar a Vela y Pérez, respectivamente, el pasado 31 de diciembre.

Culminado este período de investigación, el juez enviará el expediente del caso a la fiscalía, que decidirá, mediante un dictamen, si se archiva el proceso o presenta una acusación contra Chávarry, explicó la abogada penalista Romy Chang a este Diario.

Si se presenta el segundo escenario y la fiscalía se ratifica en su denuncia, se convocará a audiencia con las partes y el juez Núñez Julca emitirá un fallo condenatorio o absolutorio en el caso de Chávarry.

El Comercio
María Isabel Álvarez
Lima, Perú
Jueves 22 de agosto de 2019.


Tribunal de Brasil ordena ex Presidente Michel Temer vuelva a prisión tras haber sido arrestado en marzo en marco de Operación Lava Jato.


Un tribunal de segunda instancia determinó este miércoles que el ex Presidente brasileño Michel Temer (2016-2018) vuelva a ingresar a prisión, donde pasó un día encarcelado el pasado mes de marzo por sospechas de corrupción.

El Tribunal Regional Federal de la Segunda Región de Río de Janeiro determinó hoy por 2 votos a 1 el regreso a prisión de Temer, quien se había visto beneficiado por un hábeas corpus tras pasar una noche detenido en una sala especial de la sede de la Policía Federal.

El ex Mandatario y el ex Ministro Moreira Franco fueron arrestados preventivamente el pasado 21 de marzo, en la Operación descontaminación, pero fueron liberados cuatro días después, por decisión de Ivan Athié, del Tribunal Regional Federal de la Segunda Región.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 8 de mayo de 2019.

   
El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski salió este miércoles de su casa en Lima detenido por la Policía Nacional en cumplimiento a una orden de detención preliminar por diez días, a raíz de una investigación por presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

Kuczynski, de 80 años, salió de la cochera de su casa en un automóvil manejado por oficiales de la Policía Nacional rumbo a la sede de Medicina Legal y posteriormente será trasladado a la oficina de la Prefectura de la Policía en Lima.

Mientras era trasladado a las oficinas de la Policía, Kuczynski publicó en su cuenta de Twitter que hoy miércoles recibió la disposición del Poder Judicial de "detenerme preliminarmente por diez días".

"Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades judiciales", anotó.

"Nunca rehuí de la justicia", remarcó el exgobernante, que fue elegido a la Presidencia de Perú en 2016 y renunció en 2018 por sus presuntos vínculos con Odebrecht.

"Me allané absolutamente a todas las investigaciones. Nunca me opuse ni opongo a ninguna investigación", agregó a raíz de las pesquisas iniciadas por las obras adjudicadas durante el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), en el que fue primer ministro y titular de Economía.

Kuczynski admitió que es "un momento muy duro para mí pero lo afrontaré con la entereza de quien solo tuvo el anhelo de tener un mejor país".

Su defensa ha anunciado que apelará la medida porque el exmandatario siempre ha colaborado con las investigaciones de la Fiscalía y ha aceptado el impedimento de salida del país dictado tras su renuncia a la Presidencia de Perú.

De acuerdo a la resolución publicada por medios locales, el juez Jorge Luis Chávez señala que el Ministerio Público presentó como "hecho precedente" los "actos de blanqueo de capital en los que ha incurrido" el expresidente como consecuencia de "su intervención en presuntos actos de corrupción" vinculados a dos proyectos que fueron concesionados a Odebrecht.

Los proyectos son la Carretera Interoceánica tramos 2 y 3, y el proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos, adjudicados en el Gobierno de Toledo, prófugo de la justicia por un millonario soborno entregado por Odebrecht y con pedido de detención.

La resolución de detención preliminar del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a solicitud del fiscal José Domingo Pérez, agregó que la misma medida se extiende a su exsecretaria Gloria Kisic y a su asistente José Luis Bernaola.

Asimismo, el juez ordenó el allanamiento e incautación en los inmuebles de Kuczynski, Kisic y Bernaola, así como de la oficina del exmandatario.

El objetivo de los allanamientos es la "detención y la incautación de cosas relevantes para la citada investigación (vouchers de cuentas bancarias, depósitos electrónicos, documentos de compra venta de bienes muebles, escrituras públicas, entre otros objetos del delito)", señaló la resolución judicial.

Kuczynski renunció a la Presidencia de Perú en marzo de 2018, debido a los vínculos que mantuvo con Odebrecht, durante su paso por el Gobierno de Toledo y a su salida de este, a través de sus empresas de asesoría financiera.

El Congreso, dominado por el fujimorismo, promovió dos pedidos de destitución contra Kuczynski, uno de los cuales fue superado con el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel, pero que reveló una presunta compra de votos de legisladores por parte del Gobierno.

EFE
LIMA, PERÚ
Miércoles 10 de abril 2019.


El ex mandatario peruano presentó este pedido horas después de que se dicte su impedimento de salida del país por 18 meses

El ex presidente Alan García solicitó asilo a la embajada de Uruguay anoche, según informó el embajador de ese país al Ministerio de Relaciones Exteriores.

"El ex presidente ha solicitado asilo a ese país, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay", informó la cancillería mediante un comunicado.

La cancillería detalló que el embajador de Uruguay le comunicó que Alan García ingresó anoche a su residencia.

Cancillería Perú??

@CancilleriaPeru
 La @CancilleriaPeru hace de conocimiento de la opinión pública que el Embajador de la República Oriental del Uruguay le comunicó esta mañana que el ex presidente del Perú @AlanGarciaPeru ingresó en horas de la noche de ayer a su residencia.

►https://bit.ly/2Beo4Jx

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12:33 - 18 nov. 2018
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La solicitud, como indica la citada convención, deberá ser evaluada por el gobierno uruguayo. El Perú, por su parte, tendrá que presentar información a las autoridades uruguayas de acuerdo al artículo IX de la Convención sobre Asilo.

Cabe resaltar que el Poder Judicial dictó ayer 18 meses de impedimento de salida contra García.

El expresidente peruano Alan García pide asilo político a Uruguay en su embajada en Lima

La justicia había ordenado el arraigo en Perú por 18 meses para ser investigado por lavado de activos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha informado este domingo de que el expresidente Alan García Pérez ha solicitado asilo político a Uruguay. El dos veces exmandatario peruano (1985-1990 y 2006-2011) ingresó la noche del sábado a la residencia del embajador uruguayo en Lima para pedir protección. Eso sucedió horas después de que un juez impidiera abandonar el país al líder del Partido Aprista por 18 meses para permitir diligencias fiscales en una investigación por colusión, lavado de dinero y tráfico de influencias ligadas a la concesión de la Línea 1 del Metro a la constructora brasileña Odebrecht, que ha obligado a abrir varias causas por corrupción en varios países de América Latina.

García dijo ayer por la tarde, después de que se hiciera pública la resolución judicial, que "no es un ningún castigo ni deshonor estar 18 meses en el Perú" y que estaría "a disposición para presentar las contrapruebas". La decisión judicial impide al expresidente regresar a Madrid, ciudad en la que residía desde hace meses. "Es una triquiñuela para ganar espectacularidad. Necesitan hacer una hoguera y quemar como una vieja bruja a Alan García”, dijo el exmandatario sobre la orden de arraigo.

En la década de los 90, Alan García permaneció asilado en Colombia nueve años mientras era investigado por corrupción en la obra del tren eléctrico. Regresó a Perú en 2001 cuando prescribieron los cargos en su contra por enriquecimiento ilícito, cohecho y colusión.

El jueves, el fiscal provincial José Domingo Pérez –que integra el equipo especial Lava Jato en el Ministerio Público– solicitó el impedimento de salida de García al magistrado especializado en corrupción de funcionarios, Juan Carlos Sánchez, debido a nuevas pruebas respecto del expresidente.

En una audiencia realizada la tarde de este sábado, Pérez sostuvo que Odebrecht proporcionó a la Fiscalía mensajes –de julio de 2012- de su sistema de comunicación encriptada llamado Drousys, en los cuales el área de sobornos de la empresa le pedía a un abogado externo firmar un contrato con una fecha anterior –mayo 2012– y transferir 100.000 dólares a la cuenta bancaria de García como pago por una conferencia realizada en mayo en São Paulo.

El abogado José Américo Spinola, identificado con el pseudónimo de Joe en el sistema Drousys del Sector de Operaciones no Estructuradas (el área de sobornos), recibía 15.000 dólares de la transnacional brasileña por gestionar el pago al político peruano como si fuera a nombre de la Federación Industrial del Estado de São Paulo (FIESP), lugar donde fue la conferencia. Spinola preguntó si podría pagar vía una firma offshore desde Nevis en el Caribe para ahorrar, pero el área rechazó ese canal. “El pago tiene que ser hecho en Brasil, de la empresa que intermedió la invitación”, respondió el administrador de la caja paralela de la constructora, Marcos Grillo.

El fiscal Pérez explicó que en 2009 el entonces presidente Alan García firmó cinco decretos de urgencia y dos decretos supremos para modificar el marco legal a favor de la constructora brasileña Odebrecht, y que la concesión de la línea 1 del metro de Lima pasara de la municipalidad de Lima al Ministerio de Transportes. Tres exfuncionarios de ese ministerio están presos por haber recibido dinero de Odebrecht en paraísos fiscales: uno de ellos mantuvo una cuenta por siete millones de dólares.

El representante del Ministerio Público aseguró que en varias oportunidades citó a García para diligencias y este se excusó debido a “actividades en Madrid”. “Otros se venden, yo no”, ha repetido García desde que en enero de 2017 fueron detenidos exfuncionarios de su Administración por este caso. Sin embargo, el pasado viernes dijo que podría haber recibido dinero de Odebrecht como otras entidades en Lima. “¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”, escribió en Twitter. Su versión en el pasado había sido que el gremio empresarial paulista le había pagado la conferencia.

El ex procurador anticorrupción Iván Meini refirió a EL PAÍS que ninguna norma prohíbe a expresidentes contratar con una empresa que fue proveedor del Estado durante su gestión, pero aludió a una práctica corrupta en esa situación.

“Para funcionarios de primer nivel no hay imposibilidad legal, pero hay que notar que los casos de corrupción pretendan ser camuflados y que cuando el funcionario público deja de serlo recién se le paga la contraprestación o el soborno. Esa es una buena forma de complicar la actividad probatoria del fiscal. En este caso, los decretos de urgencia –a favor de la empresa– fueron un mecanismo excepcional en el derecho peruano. Por otro lado, el valor de las conferencias de 100.000 dólares es sospechoso, ni Bill Clinton ni Bill Gates cobran así”, comentó el abogado penalista Meini a este diario.

El País
El Comercio
Jacqueline Fowks
Lima, Perú / España
Domingo 18 noviembre de 2018.


     LIMA, 21 mar (Xinhua) -- Pedro Pablo Kuczynski renunció hoy miércoles como presidente de Perú arrastrado por el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

     Kuczynski, economista con amplia experiencia en cargos públicos, dejó el cargo un día antes de la sesión en el Congreso donde se debatiría y votaría sobre su destitución.

     Kuczynski cuenta con estudios en la Universidad de Oxford en Reino Unido y una maestría en Economía en la Universidad de Princeton en Estados Unidos.

     Con 77 años de edad, el hoy ex presidente fue el más longevo en asumir la Presidencia en el país sudamericano, al suceder en el cargo a Ollanta Humala, quien gobernó los pasados cinco años (2011-2016).

     Kuczynski es hijo de inmigrantes. Su padre fue un médico alemán, Máxime Kuczynski, quien trabajó en zonas pobres del país, y su madre una maestra franco-suiza, una mujer culta y amante de la cultura milenaria del país.

     Uno de sus primeros cargos públicos fue asumido en 1966, al ser designado por el entonces presidente Fernando Belaunde Terry (1963-1968 y 1980-1985), como asesor, y luego nombrado gerente del Banco Central de Reserva (BCR).

     Tras el golpe militar del general Juan Velasco Alvarado en 1968, Kuczynski huyó de Perú al ser acusado por las autoridades de presuntamente pagar ilegalmente 115 millones de dólares a favor de la empresa estadounidense Internacional Petroleum Company (IPC).

     Durante una larga temporada en Estados Unidos y otros países, desempeñó trabajos en diversos consorcios internacionales como Magma Copper, Toyota Motors Corporation, CS First Boston y el Banco Mundial (BM), entre otros.

     En 1980, regresó a Perú convocado por el entonces presidente Belaunde, quien fue elegido para un segundo mandato, y fue nombrado ministro de Energía y Minas, cargo en que fomentó la explotación minera y petrolera.

     Como parte de su extensa experiencia, figuró también la cartera de Economía en el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) en 2001.

     Fue duramente criticado entonces por la oposición, debido a un acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para alcanzar las metas del gobierno, por lo que finalmente renunció en 2002.

     El ex presidente Toledo lo volvió a convocar en 2004 para formar parte de su gobierno, al nombrarlo nuevamente ministro de Economía, y posteriormente presidente del Consejo de Ministros, cargo que ostentó hasta julio de 2006.

     Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente de Perú el pasado 5 de junio en una reñida segunda vuelta electoral, en la que logró 51,12 por ciento de los votos frente a su cercana competidora, la ex candidata Keiko Fujimori, quien alcanzó el 49,88 por ciento.

     Este miércoles, Kuczynski renunció al cargo en medio de una crisis política por la divulgación de videos que mostraban una supuesta "compra de votos" para evitar la destitución.

Xinhua
Lima, Perú
Miércoles 21 marzo 2018.


El fiscal general suizo, Michael Lauber, admitió que su país tampoco pretende quedarse con esos dineros que presuntamente son producto de sobornos y “lavado” de capitales

La Fiscalía General de Suiza reveló en Panamá a fiscales y procuradores americanos que en cuentas bancarias suizas hay mil millones de dólares congelados por la trama de sobornos y blanqueo de capitales de las compañías brasileñas de la constructora Odebrecht y de la petrolera Petrobras.

La revelación fue hecha por el fiscal general de Suiza, Michael Lauber, en una cita que sostuvo este lunes en la capital panameña con un grupo de fiscales y procuradores de América Latina, entre ellos el subprocurador mexicano Felipe de Jesús Muñoz.

Las naciones de América Latina y el Caribe envueltas en el escándalo buscan información en Suiza para desenmarañar los sofisticados esquemas financieros utilizados para perderle el rastro al dinero ilícito, confirmó el fiscal suizo.

Tras aclarar que Suiza tampoco se opone a que los países de América Latina y el Caribe implicados en los escándalos Odebrecht y Petrobras traten de recuperar el dinero que les corresponde, Lauber anunció que “no tenemos la intención de quedarnos con ningún fondo ilícito”.

“No tenemos intención de quedarnos con ellos, tenemos que encontrar la fórmula de repatriar estos dineros a nuestros colegas”, subrayó.

Sin embargo, advirtió que es necesario que las naciones interesadas cumplan con los debidos procesos y los requisitos para liberar los recursos, así como respetar las leyes.

Según el fiscal suizo, una primera vía es determinar si los países reclamantes tienen pactos con Suiza para repatriación de esos dineros. De lo contrario, explicó, es necesario someterse a los términos de un convenio multilateral de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de lucha contra la corrupción que también debe estar ratificado por la nación que pide la devolución del dinero.

Otra ruta es negociar un acuerdo con Suiza, afirmó.

Odebrecht está involucrada en uno de los más graves escándalos de corrupción política para el enriquecimiento ilícito mediante una red de sobornos para ganar multimillonarios contratos de construcción de obras públicas que traspasó las fronteras de Brasil y penetró poderosos estratos estatales, gubernamentales, políticos y económicos en 10 países de América Latina y el Caribe, con intensas operaciones de lavado de dineros.

La cifra inicial de coimas pagadas por la mega—constructora fue establecida en diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de EU en al menos 788 millones de dólares en Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela (además de Angola y Mozambique). Washington aseguró que es el “mayor escándalo” de sobornos en el extranjero de la historia.

Petrobras está inmersa en un gigantesco entramado de corrupción descubierto en marzo de 2014 con la denominada “Operación Lava Jato” de sobornos a políticos y empresarios para el blanqueo de recursos de la poderosa petrolera estatal brasileña.

Los dos escándalos, que están interrelacionadas, involucran una serie de otros delitos que están en proceso de investigación judicial en los países implicados en la trama.

Criminales. Sin entrar en detalles sobre el caso de cada país con respecto al dinero en cuentas suizas, Lauber relató que “el punto no es que en Suiza encuentren obstáculos el resto de las Fiscalías, sino hallar la forma para ayudar en las investigaciones criminales de las contrapartes”.

“Suiza no es el policía del mundo, solo queremos mantener la cooperación y apoyar los esfuerzos que hacen nuestros colegas que llevan investigaciones criminales”, alegó.

Las leyes suizas e internacionales “cuando se trata de intercambio de información en estos esquemas tan complicados de lavado de dinero toma tiempo”, puntualizó, al destacar que es esencial acoplar las jurisdicciones nacionales y resolver las diferencias y reclamos, sin ignorar a los abogados defensores.

Acuerdo. En su reunión de un día en Panamá, los representantes de las fiscalías o procuradurías de varias naciones americanas con los de Suiza y Portugal se comprometieron a luchar con firmeza en contra de la corrupción.

También decidieron estrechar la cooperación internacional con intercambio de información, abogaron por fortalecer los procesos de recuperación y repatriación de activos ilícitos y pidieron que, para investigar y atacar la corrupción, las fiscalías generales y las procuradurías sean autónomas para que actúen con libertad sin presiones externas.

El Universal
José Meléndez
Ciudad de México
Martes 31 octubre 2017.


Odebrecht acompañó al PRI y a Peña Nieto en toda la campaña presidencial, revela delator

Ciudad de México. - La filial petroquímica de Odebrecht, Braskem, acompañó “de tiempo completo” la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, de acuerdo con Carlos Fadigas, en ese tiempo director de la compañía y hoy delator ante la justicia brasileña para esclarecer el gigantesco caso de corrupción internacional conocido como Lava Jato.

“Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI, del partido PRI, y del actual presidente Enrique Peña Nieto. No sólo de él, sino también de su equipo”, expresó Fadigas en una reunión privada con inversionistas realizada en febrero de 2013, según consta en la transcripción del encuentro.

De acuerdo con nuevos documentos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Braskem intervino durante los días de la campaña presidencial con tres transferencias por 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes, que ha sido vinculada por delatores o testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya Austin, entonces coordinador de Vinculación Internacional del candidato del PRI.

Lozoya ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con esa empresa y ha asegurado que demandará a los delatores por dañar su honor. Braskem, por su lado, se ha deslindado de actos ilícitos cometidos por Odebrecht en sus operaciones en México.

El pasado 14 de agosto, MCCI publicó que en plena contienda electoral de 2012, la constructora Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares en siete depósitos a la empresa ligada por los delatores a Lozoya, en pago por supuestos favores.

Con los nuevos documentos, ahora se sabe que tres de esas transferencias por 1.5 millones provenían de Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht, que en aquellos días construía la planta Etileno XXI en el estado de Veracruz, en alianza con la empresa mexicana Idesa.

Los documentos revelados por MCCI –que incluyen estados de cuenta de transferencias desde el Meinl Bank- fueron integrados a la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 que tiene abierta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Esta no es la primera vez que Braskem es investigada por financiamiento de campañas electorales. En la pesquisa del caso Lava Jato, se descubrió que la firma petroquímica financió a candidatos y partidos políticos en Brasil, mientras que en Argentina aportó dinero para la campaña del actual presidente Mauricio Macri.

Reuniones, desde 2010

De acuerdo con la información de MCCI, el seguimiento de Braskem y de Odebrecht a la trayectoria de Peña Nieto se dio desde antes de que éste fuera candidato a la Presidencia.

En la primera semana de abril de 2010, el entonces gobernador del Estado de México viajó a Brasil para reunirse con Marcelo Odebrecht y luego, en octubre de 2011 –cuando ya se perfilaba como candidato presidencial-, se agendó otra cita de ambos personajes en Toluca.

Esta es la primera vez que se conoce de este segundo encuentro, el cual es mencionado en una cadena de correos electrónicos interceptados por la Policía Federal de Brasil como parte de la investigación del caso Lava Jato.

Según estos correos –de los que MCCI tiene copia-, el 25 de octubre de 2011 Marcelo Odebrecht agendó un encuentro de dos horas con Peña Nieto; ese mismo día voló de Toluca a Xalapa para reunirse con el entonces gobernador Javier Duarte, y por la noche acudiría a la entrega de un reconocimiento que una fundación presidida por Cuauhtémoc Cárdenas le otorgó al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva. El día anterior visitó en Los Pinos al presidente Felipe Calderón, en compañía de Carlos Fadigas, el director de Braskem. En dos días, Odebrecht se reunió con personajes de tres partidos (PRI, PAN y PRD).

Peña Nieto se volvió a encontrar con Marcelo Odebrecht en la ciudad de Querétaro el 12 de noviembre de 2012, a unos días de tomar protesta, de acuerdo con otra cadena de correos obtenida para esta investigación. Por esos mismos días habló con Carlos Fadigas sobre el proyecto Etileno XXI, según relató el director de Braskem en otra reunión con inversionistas efectuada el 9 de noviembre de 2012, de cuya transcripción MCCI también tiene copia.

“Tenemos el pleno apoyo (para el proyecto Etileno XXI), no sólo del actual presidente Calderón, sino que también hemos tenido contacto con el presidente electo, Enrique Peña Nieto. Conoce el proyecto. Lo hemos discutido con él, y también apoya 100%”, aseguró Fadigas en aquella reunión.

Apenas asumió la Presidencia, dice MCCI, Peña Nieto se reunió de nuevo con Fadigas, quien actualmente está procesado en Brasil por corrupción.

“Ya hemos tenido conversaciones con el gobierno de México, no sólo con el presidente Enrique Peña Nieto, también con Emilio Lozoya, actual presidente de Pemex, y me parece que la dirección en la que quieren ir es muy coherente con la campaña”, dijo Fadigas a inversionistas en febrero de 2013 en la reunión en la que reveló que Braskem había acompañado “de tiempo completo” al candidato priista.

En octubre de 2013, Peña tuvo una cuarta reunión privada con Marcelo Odebrecht en la residencia oficial de Los Pinos.

De Braskem a Latin America Asia Capital

Las planillas de pagos de Braskem a la empresa ligada a Lozoya aparecen en un expediente que forma parte de la investigación del caso Lava Jato.

En esas planillas se detalla que un primer pago de Braskem a Latin America Asia Capital se efectuó el 23 de mayo de 2012 por 500 mil dólares a través del Meinl Bank de Antigua; a los siete días (el 30 de mayo) hubo otra transferencia por 490 mil dólares y una semana después (el 8 de junio) una más por 510 mil dólares. En suma, 1.5 millones en dos semanas.

Las fechas en que se hicieron estos pagos coinciden con los días en que transcurría la campaña del entonces candidato a la Presidencia por el PRI, Enrique Peña Nieto.

En cada transacción aparece la clave o código con el que se identifica al supuesto operador de los pagos o sobornos.

En el caso de la empresa ligada a Lozoya, aparece la clave “Salvador”, mientras que en las de sobornos pagados en Petrobras el código es “Volley” y “Competitivo”, que era la identidad oculta de Bernardo Freiburghaus, operador de Odebrecht en Suiza y Alexandrino Alencar, exdirector de Braskem.

La cercanía con la campaña de Peña

Luis Alberto de Meneses Weyll, quien durante siete años se desempeñó como director de Odebrecht en México, confirmó en su delación premiada rendida el 16 de diciembre de 2016 ante autoridades de justicia de Brasil, que la empresa había seguido la campaña presidencial de 2012, y que su trato había sido con Emilio Lozoya, quien se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional.

“A principios de 2012, constaté que Emilio Lozoya había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en el país (el PRI), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito en las encuestas”, dijo Weyll a los fiscales brasileños, de acuerdo con el expediente revelado el pasado 13 de agosto por la organización El Quinto Elemento Lab.

“Lozoya se había convertido en uno de los líderes del comité de campaña, por lo que probablemente se convertiría en una persona influyente en la administración pública del país”, añade el expediente.

Según el expediente citado, Weyll concertó un par de citas con Lozoya en marzo de 2012, justo cuando iniciaba la contienda electoral.

De acuerdo con el delator, en una de las reuniones se acordó transferir cuatro millones de dólares a Lozoya, quien en aquel entonces no desempeñaba ningún cargo público y sólo colaboraba en la campaña. Los depósitos se harían a dos empresas: Latin America Asia Capital Holding y Zecapan SA, ambas afincadas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.

Rodrigo Tacla, quien trabajó en el Departamento de sobornos de Odebrecht, declaró al diario El País de España el pasado 28 de julio que la compañía brasileña le había apostado a futuro a Lozoya, a quien veían como futuro presidente, y confesó que una práctica común era invertir en las campañas en Latinoamérica para después conseguir contratos gubernamentales.

“El primer contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos. (…) La constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno”, declaró Tacla, quien está en libertad provisional en España acusado de soborno y lavado de dinero.

Se deslinda Emilio Lozoya

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, deslindó a su cliente de cualquier transferencia realizada a favor de la empresa Latin American Asia Capital Holding, en Islas Vírgenes.

“Esa cuenta no pertenece al señor Emilio Lozoya Austin y no tiene relación con ese dinero a que hace referencia”, expresó al preguntársele sobre las transferencias realizadas por Braskem entre mayo y junio de 2012.

“Hasta el momento la PGR no ha hecho del conocimiento información alguna que se obtuviera de la Fiscalía de Brasil, siguiendo en espera de la misma para poder ejercer el debido derecho de defensa”, añadió.

Proceso
Reforma
Raúl Olmos
Lunes 23/10/2017.


La petición está registrada con el número 839/2017 en el Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal

Un informe oficial indica que, por pedido de la PGR, también la Secretaría de la Función Pública le abrió una investigación de evolución patrimonial

Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, interpuso una solicitud de amparo en contra de actuaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

En diciembre del año pasado Estados Unidos dio a conocer que la firma brasileña Odebrecht repartió sobornos millonarios en distintos países para obtener contratos de obra pública, entre ellos México.

Según las acusaciones de directivos de la empresa, le fueron entregados 10.5 millones de dólares al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien ha respondido que las imputaciones son falsas y difamatorias.

La Fepade indaga si parte de estos recursos fueron usados como financiamiento ilegal en la elección de 2012.

La solicitud de amparo está radicada en el Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México bajo el número 839/2017, y se argumenta que Lozoya no ha tenido acceso a la averiguación, y tampoco se le ha solicitado rendir declaración.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 11/10/2017.

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