Ciudad de México.- La brasileña Odebrecht ofreció al Estado mexicano pagar una reparación de 18 millones de dólares -menos de la tercera parte de las multas impuestas en México- y dar información sobre casos de sobornos en el País, a cambio de poder celebrar otra vez contratos de obras públicas, según un borrador del acuerdo visto por Reuters.

En la propuesta presentada a la Procuraduría General de la República hace unas semanas, que fue rechazada por el Gobierno de México, Odebrecht pedía que el trato se mantuviera confidencial y que, tanto la PGR como la Secretaría de la Función Pública (SFP), desistieran de iniciar futuras acciones en su contra.

La SFP ha multado desde fines del año pasado a dos filiales de Odebrecht en México con casi 57 millones de dólares por sospechas de corrupción y las inhabilitó hasta por cuatro años para participar en contratos públicos.

Las pesquisas penales se encuentran estancadas en México ya que la PGR no ha podido acceder a los documentos que reposan en Brasil y que contienen detalles del caso mexicano.

A principios de octubre, el subprocurador especializado en la Investigación de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz, dijo, sin explicar el motivo, que desde Brasil se habían negado "en diversas ocasiones" a darle los documentos.

En algunos países donde Odebrecht confesó haber repartido millones de dólares en sobornos, las investigaciones avanzaron gracias a acuerdos similares al que la empresa con sede en San Salvador de Bahía ofreció a las autoridades mexicanas.

Odebrecht confesó a fines del 2016 en una corte de Estados Unidos que pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para conseguir contratos de obras públicas entre el 2010 y 2014.

En un video aparecido en medios locales, un ex funcionario de Odebrecht señaló al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, de ser uno de los destinatarios de parte del dinero. Lozoya, quien se encuentra libre en México, ha negado reiteradamente las acusaciones y Pemex ha dicho que se encuentra investigando los contratos bajo sospechas de corrupción.

En el mismo documento en el que pedía que se levanten las multas y sanciones en su contra, la firma proponía que la autoridad tributaria en México (SAT) no le ejecutara cuentas por cobrar que tiene con la petrolera estatal Pemex, de donde la SFP dijo que se cobraría parte de los 56.8 millones de dólares que adeuda Odebrecht al erario en multas.

Un portavoz de la PGR confirmó, sin dar detalles del borrador, que no se llegó a un acuerdo con Odebrecht. Una fuente de la SFP dijo que "no se está valorando ningún acuerdo reparatorio (ya que) es un tema del ámbito penal que no corresponde revisar a la Secretaría de la Función Pública".

Sin pormenorizar, Odebrecht dijo a Reuters en un correo electrónico que en los últimos meses hubo reuniones entre sus representantes y autoridades mexicanas, pero "las negociaciones no avanzaron hasta la formalización de un acuerdo".

"(Odebrecht se compromete a) cooperar y colaborar con las autoridades mexicanas competentes con la finalidad de aportar información y datos de corroboración requeridos para aclarar los hechos y reparar los posibles daños que hayan sido causados al Estado mexicano", dice el borrador presentado a la PGR.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 24 octubre 2018.


En su comparecencia, senadores reprocharon al titular de Segob el repunte histórico de la violencia y la impunidad en casos como Odebrecht.


Senadores reprocharon al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el repunte histórico de los homicidios dolosos durante el sexenio, las violaciones a derechos humanos y la falta de sanción en casos emblemáticos como Odebrecht.

También criticaron el recorte de recursos al Programa Nacional de Prevención, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el recrudecimiento de desapariciones y feminicidios, y la debilidad de las Policías a pesar de la inversión de miles de millones en ese rubro.

El senador Emilio Álvarez Icaza recriminó que en materia de derechos humanos se han presentado violaciones gravísimas como la desaparición de los 43 normalistas, la existencia de cientos de ciudadanos torturados, y el registro de más de 200 mil personas ejecutadas.

"Y su espejo de personas sin identificar que llenan los servicios forenses y las fosas comunes y el camposanto con fosas clandestinas en cada pedacito de la patria; este sexenio deja una estela de violaciones a derechos.

"Su insensibilidad ante la crisis humanitaria ha sido una fábrica de víctimas y, además, recrudecida entre los más pobres", sentenció Álvarez Icaza, quien cuestionó a Navarrete Prida sobre qué esperan para detener al ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte.

El ex Ombudsman capitalino expuso que si bien hubo expectativas al inicio, por ejemplo, con la aprobación de la Ley de Víctimas y el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno federal se traicionó a sí mismo y a la confianza depositada en él, debido a una crisis ética.

"La verdad es que este sexenio tuvo un quebranto ético en dos de los ejes icónicos más importantes de la vida pública: derechos humanos y corrupción, ahí estuvo el quiebre que llevó a una caída precipitada en la confianza y en la credibilidad en este Gobierno", comentó.

María Guadalupe Murguía, del PAN, estimó que México atraviesa por una grave crisis de violencia, con cifras históricas en ilícitos como homicidios dolosos, robo de combustible, narcotráfico y secuestro.

Subrayó que se requiere de una instancia especializada para combatir la violencia, a fin de que el Estado asuma su obligación de brindar seguridad desde un enfoque de la prevención, derechos humanos y atención prioritaria de los delitos que más lastiman a la sociedad.

La senadora Eunice Renata Romo Molina, de Encuentro Social, aseveró que la conducta que imperó en la administración federal fue aprovechar los espacios del servicio público para impulsar intereses personales.

"Aún siendo de conocimiento popular los implicados en escándalos de corrupción no enfrentaron las consecuencia políticas y legales de sus actos; el sistema (anticorrupción) de nada sirvió, pues enfrentó la resistencia de los legisladores del partido en el poder.

"Se ha entorpecido el avance de la investigación sobre uno de los casos de corrupción más grandes e importantes en la historia de América Latina, el caso Odebrecht, además de los de los ex Gobernadores de Veracruz, Chihuahua, Veracruz y Nayarit", apuntó.

Juan Zepeda, senador del PRD, sostuvo que el Gobierno federal no se ha hecho cargo de su responsabilidad de reducir el número "escalofriante" de homicidios dolosos ni de encontrar solución a los problemas de desaparición de personas, feminicidios y violencia de género.

"El gran déficit es el tema de la seguridad", opinó Zepeda, quien propuso un minuto de silencio en memoria de las víctimas de homicidios, desapariciones y feminicidios.

Alejandra del Carmen León, del PT, criticó que el Gobierno federal haya dado continuidad a una estrategia que no permitió alcanzar la paz mínima y acusó que no sólo renunció a su responsabilidad de mejorar las Policías, sino también intentó imponer a un "fiscal carnal".

Reforma
Claudia Rivero
Antonio Baranda
Ciudad de México
Martes 17 de octubre 2018.


En el caso mexicano Odebrecht confesó el pago de 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014.

Lozoya, que en 2012 trabajaba en la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó siempre haber recibido sobornos. Pero en las mencionadas grabaciones los ejecutivos de la empresa brasileña explicaban con detalle cómo el mexicano los ayudó a conseguir contratos y cómo le pagaron por sus gestiones.


Río de Janeiro. - La información que podría aclarar el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la fiscalía mexicana no quiere firmar un acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos.

El ministerio público brasileño explicó en un escrito enviado a The Associated Press que rubricar ese documento es “obligatorio” para que México pueda utilizar la información aportada por ejecutivos de Odebrecht o testigos del caso bajo los acuerdos de colaboración suscritos con esa fiscalía.

La constructora reconoció ante la justicia estadounidense a fines de 2016 haber hecho pagos millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos, lo que provocó la apertura de investigaciones contra numerosas autoridades, incluidos presidentes y expresidentes, en una decena de naciones de la región.

La gran mayoría de estos países tuvieron que suscribir con Brasil documentos similares al exigido a México y, con esa información como base, consiguieron procesar a muchos de los implicados.

México y Venezuela, sin embargo, no han acusado formalmente a nadie.

En el caso mexicano Odebrecht confesó el pago de 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014.

El escándalo creció con la divulgación de una serie de videos de supuestos testimonios judiciales de exejecutivos de la constructora -como el exdirector en México Luis de Meneses-, que involucraban directamente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Lozoya, que en 2012 trabajaba en la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó siempre haber recibido sobornos. Pero en las mencionadas grabaciones los ejecutivos de la empresa brasileña explicaban con detalle cómo el mexicano los ayudó a conseguir contratos y cómo le pagaron por sus gestiones.

Pese a estas evidencias la fiscalía mexicana no ha dado a conocer avance alguno en la investigación a pesar de que la entidad mexicana que vela por el acceso a la información le pidió divulgar los datos disponibles. La Procuraduría General de la República insiste en que sigue esperando que Brasil le proporcione los documentos necesarios.

En varios comunicados sobre el tema la Procuraduría solo indicó que ha tomado declaración a 10 funcionarios y nueve exfuncionarios de Pemex y a más de tres directivos de la constructora, entre ellos, Marcelo Bahía Odebrecht.

La fiscalía brasileña, por su parte, recordó que los países interesados en los datos de este expediente “deben respetar reglas como la prohibición de uso de dicha información en contra de los colaboradores”. Pero México no ha aceptado esta condición ni ha explicado las razones de su negativa, con lo que Brasil “no está en posición de facilitar la información requerida”, agregó la respuesta de las autoridades brasileñas.

Por otra parte, Brasil también se quejó de que México no ha corregido unos documentos para el intercambio de información que ellos devolvieron en julio porque “no cumplían con los parámetros o criterios legales para ser procesados”.

La AP solicitó a la Procuraduría General de la República aclaraciones sobre el tema, pero no obtuvo ningún comentario.

En una nota del 13 de agosto de 2017, la Procuraduría indicó que representantes de la empresa ofrecieron “un acuerdo reparatorio, mismo que no ha sido aceptado” pero no está claro si tiene algo que ver con el que bloquea la entrega de documentos por parte de Brasil.

Associated Press
Rio de Janeiro, Brasil
Miércoles 10 octubre 2018.


En 2013 y 2014, Petróleos Mexicanos (Pemex) asignó un contrato por mil 436 millones de pesos a Odebrecht, al tiempo que se registró la transferencia de cinco presuntos sobornos por cinco millones de dólares de la empresa brasileña a la dirigida en ese entonces por Emilio Lozoya.

En un cotejo de documentos realizado por el reportero Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre la carpeta de investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PGR) -reservada hasta el año 2021-, se revela:
 
Al día siguiente de que Pemex recibió la propuesta de Odebrecht para el contrato de la modernización de la refinería de Tula, el departamento de sobornos de la constructora brasileña transfirió desde el Meinl Bank de Antigua un millón de dólares a una cuenta en el Neue Bank AG, en Liechtenstein, a nombre de la empresa offshore Zecapan SA, que según los delatores en Brasil, estaba ligada a Emilio Lozoya, lo cual él ha negado reiteradamente.

Según la investigación de MCCI, la brasileña Odebrecht presentó su propuesta a Pemex el 2 de diciembre de 2013 y la transferencia del soborno se realizó un día después.

Ocho días después, el 10 de diciembre, la dirección de Pemex refinación avaló la excepción a la licitación pública, y ese mismo día una empresa offshore de la oficina de sobornos transfirió 480 mil dólares a la misma cuenta en el Neue Bank de Liechtenstein.

El fallo a favor de Odebrecht lo emitió Pemex a los tres días.

En los meses siguientes fluyeron más sobornos, que coincidieron con la formalización del contrato, de acuerdo con los documentos checados por MCCI.

El 27 de enero de 2014, el Consejo de Administración de Pemex, que presidía Emilio Lozoya, aprobó los términos y condiciones del contrato y al día siguiente la subdirección de proyectos del área de refinación, a cargo de Jesús Lozano Peña, elaboró el dictamen de adjudicación directa para otorgar a Odebrecht el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula.

El contrato fue firmado finalmente el sábado 15 de febrero de 2014, y en los siguientes días el operador de la oficina de sobornos, identificado como “Gigolino” (identidad de Olivio Rodriguez Júnior) ordenó tres transferencias a la cuenta de Zecapan SA en el Neue Bank de Liechtenstein:

Un depósito por un millón 350 mil dólares fue ordenado el 21 de febrero (a los seis días de la firma); otro el 11 de marzo por un millón de dólares y uno más el 17 de marzo por un millón 170 mil dólares.

Según el cotejo de documentos, en noviembre de 2014 hubo otras transferencias que coincidieron con dos ampliaciones consecutivas al contrato en Tula por 879 millones de pesos.

Pemex reservó hasta el año 2021 cualquier documento relacionado con la asignación directa del contrato de la refinería de Tula a Odebrecht, con el argumento de que forma parte de las investigaciones que realiza la PGR.

Los documentos reservados

MCCI obtuvo algunos de los documentos reservados, uno de ellos corresponde al acta de una reunión del Consejo de Administración de Pemex-Refinación, en las que se aprobaron las condiciones del contrato, con el aval de funcionarios de la petrolera y de la Secretaría de Energía.

Entre los asistentes a aquella reunión, realizada el 27 de enero de 2014 en el piso 44 de la Torre Ejecutiva de Pemex, estaban Miguel Tame, director de Refinación; Carlos Murrieta Cummings, director de operaciones; Mario Alberto Beauregard Álvarez, director de finanzas; Marco Antonio de la Peña Sánchez, director jurídico; Leonardo Cornejo Serrano, coordinador de proyectos de modernización y Jesús Lozano Peña, subdirector de proyectos, y quien firmó el contrato con Odebrecht.

También acudieron a la sesión dos cercanos colaboradores de Emilio Lozoya: Froylán Gracia Galicia, su coordinador ejecutivo, y Carlos Roa Rodríguez, su coordinador de asesores.

En la sesión del consejo se tomó el acuerdo CAPR-004/2014 para asignar sin licitación el contrato para “el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería”.

También los consejeros aprobaron incluir en el contrato una cláusula anticorrupción, en la que el contratista se comprometía a que, durante la ejecución de la obra, ni él, ni sus subcontratistas o empleados ofrecerían o darían dinero o cualquier otra dádiva a servidores públicos.

Sin embargo, ya para entonces Odebrecht había pagado una primera tanda de sobornos, de acuerdo con los documentos obtenidos por MCCI.

Los consejeros argumentaron que la asignación directa evitaría incrementos en el costo de la obra.

“La estrategia de contratación que se propone, permitirá adjudicar los trabajos a una propuesta que asegure el cumplimiento de los requerimientos técnicos y de programación para el desarrollo de las obras, evitando con ello pérdidas o costos adicionales importantes (…) con lo que se justifica el procedimiento mediante excepción a la licitación pública”, fue el argumento que quedó por escrito.

El Consejo de Administración acordó que el monto del contrato sería por hasta 165 millones de dólares, equivalentes a 2 mil 225 millones de pesos, al tipo de cambio de entonces, con un plazo de ejecución de 540 días naturales.

No obstante, el contrato se firmó por mil 436 millones de pesos, aunque luego se elevó a dos mil 315 millones de pesos a través de dos convenios modificatorios realizados en el transcurso de la obra.

La información de MCCI da cuenta que en la reunión del 27 de enero, los consejeros acordaron que, para obtener la oferta más conveniente, Pemex-Refinación haría una investigación de mercado para identificar potenciales contratistas que contaran con atributos de trayectoria, cumplimiento, capacidad y soporte financiero.

Una vez identificadas las potenciales empresas, se acordó que Pemex les solicitaría su propuesta técnica y económica para analizarla y decidir la mejor alternativa.

Sin embargo, ese procedimiento era una simulación, pues desde un mes antes –el 13 de diciembre de 2013- Pemex había evaluado la propuesta de Odebrecht y ese mismo día había elaborado el fallo que sirvió como base para asignarle el contrato.

Es decir, el contrato ya estaba apalabrado. Prueba de ello es que al día siguiente de la sesión del consejo, el 28 de enero de 2014, la Subdirección de Proyectos de Pemex-Refinación elaboró el dictamen de adjudicación directa a Odebrecht.

“El procedimiento de adjudicación directa es el único esquema de contratación que permite el cumplimiento de las fechas clave” para las obras asociadas al proyecto de aprovechamiento de residuales en Tula, argumentó la petrolera estatal.

A la sesión del 27 de enero de 2014, tanto el director de la petrolera, Emilio Lozoya, como el subsecretario de Hidrocarburos, Enrique Ochoa Reza, no se presentaron a la reunión.

Lozoya tenía el cargo de presidente del Consejo, posición que tuvo que ser ocupada en aquella reunión por su suplente, Víctor Díaz Solís, en ese entonces director corporativo de Administración de Pemex, según consta en la lista de asistencia, obtenida por MCCI.

Ochoa Reza, por su lado, era consejero propietario del Consejo, y su lugar fue ocupado ese día por su suplente, Daniel Guerrero Rodríguez, director de transformación industrial de hidrocarburos de la Secretaría de Energía.

Tampoco se presentaron a la reunión otros dos consejeros propietarios: Leonardo Beltrán Rodríguez, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Energía y Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda.

De los 23 funcionarios de Pemex y de la Secretaría de Energía que acudieron a la reunión, sólo cuatro permanecen en sus cargos.

Proceso
Ciudad de México
Viernes 18 de mayo de 2018.


Ciudad de México. - Con el argumento de que se trata de información reservada, la Procuraduría General de la República (PGR) evadió informar al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el estado que guarda la investigación sobre el caso Odebrecht.

La PGR, informó el secretario ejecutivo del SNA, Ricardo Salgado, sostuvo que al expediente sólo pueden tener acceso la víctima y el imputado y, en razón de ello, estaba impedida legalmente para detallar el contenido de la indagatoria.

El 15 de enero pasado, el Comité Coordinador del SNA aprobó emitir un exhorto a la PGR para que informara el estado que guarda la carpeta de investigación, si ésta está abierta o ya fue concluida y, en caso de que ocurriese lo primero, cuánto tiempo estimaba que pudiera demorar en terminar la investigación.

Durante la sesión del Comité de este martes, Salgado informó a los miembros integrantes del pleno que la PGR remitió a los boletines de prensa que ha emitido para señalar que, cómo se desprende de ellos, la indagatoria sigue abierta.

En cuanto al tiempo que pudiera tener el cierre de la investigación, la dependencia expuso que éste no es estimable debido a que aún faltan actuaciones por llevar a cabo y muchas de ellas no están bajo el control del Ministerio Público, sino que dependen de otras autoridades tanto nacionales como internacionales.

Odebrecht es una empresa brasileña que desde diciembre de 2016 aceptó que pagó sobornos en México por 10.5 millones de dólares para obtener contratos de Pemex y dos de sus directivos acusaron al ex director de la empresa productiva del estado, Emilio Lozoya, de haber recibido las coimas.

En la mayoría de los países donde operó el mismo esquema de corrupción ha habido funcionarios sancionados penalmente, salvo en México, de ahí que el SNA requirió a la PGR informar el estado procesal que guarda el caso.

Reforma
Ciudad de México
Martes 17 de abril 2018.


Ciudad de México— El caso Odebrecht salpica a una colaboradora cercana al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Nuvia Mayorga Delgado está señalada en las investigaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por las presuntas aportaciones de la petrolera brasileña a la campaña del PRI en el 2012.

En septiembre pasado, la Fiscalía solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la información de todos los movimientos financieros de la funcionaria hidalguense y de varias cuentas aparentemente administradas por su persona en el año electoral, según información del Gobierno Federal.

Los oficios de petición se hicieron como parte de la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017, iniciada el 16 de agosto por una denuncia de la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, y el secretario de Asuntos Electorales, Octavio Martínez.

De 52 años y contadora de profesión, Mayorga fue secretaria de Finanzas durante la gubernatura de Osorio Chong en Hidalgo y repitió en el cargo en la Administración de Francisco Olvera (2011-2016).

En el 2012 renunció a la Secretaría para convertirse en presidenta de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Nacional del PRI, precisamente cuando el hoy titular de Gobernación asumió la secretaría de Organización del tricolor.

Las investigaciones en Brasil señalan que en 2012 Odebrecht depositó 3 millones 140 mil dólares a una cuenta de la empresa Latin America Asia Capital, en Islas Vírgenes, que supuestamente está relacionada con Emilio Lozoya.

Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, declaró ante autoridades brasileñas, que el monto que pactaron transferir era de 4 millones de dólares.

El exdirector de Pemex, en ese entonces coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, ha rechazado estar vinculado con dicha cuenta y con la compañía off shore.

Información del Gobierno Federal indica que los pedidos de información a la CNBV sobre Mayorga están encaminados a probar o descartar si el dinero fue triangulado desde el paraíso fiscal a las cuentas que ella administraba.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 1 febrero 2018.


En un video hasta ahora inédito, un ex directivo de la empresa brasileña confesó cómo Emilio Lozoya le pidió que Odebrecht contribuyera a la campaña presidencial de Peña Nieto.

Emilio Lozoya Austin pidió al gigante brasileño Odebrecht una "contribución" millonaria a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto para posicionarse dentro del grupo de quien ocuparía la titularidad del Ejecutivo federal de México, según confesó Alberto Meneses Weyll, director superintendente de Odebrecht en México, el 16 de diciembre de 2016 en la sede de la Procuraduría General de la República, en Sao Paulo, Brasil.

La organización periodística Quinto Elemento Lab tuvo acceso y difundió un video de la confesión del exdirectivo de la constructora brasileña. Lozoya fue Coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña Nieto de 2012.

En la grabación se escucha decir a Meneses Weyll que cuando Lozoya ya estaba posicionado en el comité de la campaña presidencial, él le planteó que sería muy importante para que Odebrecht pudiera contribuir con algo en la campaña. El confesor precisó que venían trabajando con Lozoya de 2009 y que era la única persona que conocían en la campaña.

Meneses indicó que ya que no había habido “un reconocimiento” de Lozoya por las contribuciones a los planes de la empresa, consideró atender la solicitud y ante todo porque él era parte del equipo de un candidato de un partido que lideraba las encuestas. “Decidí invertir y materializar en algo que venía ocurriendo en los últimos años principalmente para posicionarnos ante una eventual victoria y ante un eventual posicionamiento de él en el futuro gobierno”.

“Él solicitó un reconocimiento de 5 millones de dólares. Consulté a mi líder y le indiqué el potencial que Lozoya podría representar. Le sugería a mi líder que aprobáramos una buena cantidad para reconocer la actividad que se estaba desarrollando y así lo hicimos”, dijo. El exdirectivo precisó que posteriormente se reunió con Lozoya y le indicó que le darían 4 millones de dólares, algo que el mexicano aceptó. Unos días después, Emilio Lozoya le brindó a Meneses los datos de cuentas de en el extranjero en las que se depositarían las “contribuciones”, según el testimonio.

Las confesiones de directivos de Odebrecht ante la justicia brasileña indican que una vez que Lozoya Austin llegó a la Dirección General de Pemex, los directivos del gigante brasileño lo buscaron y le pidieron ayuda para ganar contratos, una petición a la que él accedió. De esta manera, según la misma información, se acordaron otros pagos por un total de 6 millones de dólares. De este monto, 4 millones estaban condicionados por un contrato de uno de los proyectos de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

Cuando Odebrecht obtuvo el contrato en Hidalgo, se llevaron a cabo transferencias a cuentas de empresas offshore proporcionadas por el mismo Emilio Lozoya. Esto empezó el 3 de diciembre de 2013, unos días después de la asignación del contrato, según la misma información. Las transferencias siguieron en diciembre de 2013 y en varios meses de 2014: algunas de un millón 350 mil dólares, otras de 1 millón 170,000 dólares y varias más, hasta sumar 5 millones de dólares.

Newsweek
Ciudad de México
Martes 5 de diciembre de 2017.


Odebrecht acompañó al PRI y a Peña Nieto en toda la campaña presidencial, revela delator

Ciudad de México. - La filial petroquímica de Odebrecht, Braskem, acompañó “de tiempo completo” la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, de acuerdo con Carlos Fadigas, en ese tiempo director de la compañía y hoy delator ante la justicia brasileña para esclarecer el gigantesco caso de corrupción internacional conocido como Lava Jato.

“Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI, del partido PRI, y del actual presidente Enrique Peña Nieto. No sólo de él, sino también de su equipo”, expresó Fadigas en una reunión privada con inversionistas realizada en febrero de 2013, según consta en la transcripción del encuentro.

De acuerdo con nuevos documentos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Braskem intervino durante los días de la campaña presidencial con tres transferencias por 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes, que ha sido vinculada por delatores o testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya Austin, entonces coordinador de Vinculación Internacional del candidato del PRI.

Lozoya ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con esa empresa y ha asegurado que demandará a los delatores por dañar su honor. Braskem, por su lado, se ha deslindado de actos ilícitos cometidos por Odebrecht en sus operaciones en México.

El pasado 14 de agosto, MCCI publicó que en plena contienda electoral de 2012, la constructora Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares en siete depósitos a la empresa ligada por los delatores a Lozoya, en pago por supuestos favores.

Con los nuevos documentos, ahora se sabe que tres de esas transferencias por 1.5 millones provenían de Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht, que en aquellos días construía la planta Etileno XXI en el estado de Veracruz, en alianza con la empresa mexicana Idesa.

Los documentos revelados por MCCI –que incluyen estados de cuenta de transferencias desde el Meinl Bank- fueron integrados a la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 que tiene abierta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Esta no es la primera vez que Braskem es investigada por financiamiento de campañas electorales. En la pesquisa del caso Lava Jato, se descubrió que la firma petroquímica financió a candidatos y partidos políticos en Brasil, mientras que en Argentina aportó dinero para la campaña del actual presidente Mauricio Macri.

Reuniones, desde 2010

De acuerdo con la información de MCCI, el seguimiento de Braskem y de Odebrecht a la trayectoria de Peña Nieto se dio desde antes de que éste fuera candidato a la Presidencia.

En la primera semana de abril de 2010, el entonces gobernador del Estado de México viajó a Brasil para reunirse con Marcelo Odebrecht y luego, en octubre de 2011 –cuando ya se perfilaba como candidato presidencial-, se agendó otra cita de ambos personajes en Toluca.

Esta es la primera vez que se conoce de este segundo encuentro, el cual es mencionado en una cadena de correos electrónicos interceptados por la Policía Federal de Brasil como parte de la investigación del caso Lava Jato.

Según estos correos –de los que MCCI tiene copia-, el 25 de octubre de 2011 Marcelo Odebrecht agendó un encuentro de dos horas con Peña Nieto; ese mismo día voló de Toluca a Xalapa para reunirse con el entonces gobernador Javier Duarte, y por la noche acudiría a la entrega de un reconocimiento que una fundación presidida por Cuauhtémoc Cárdenas le otorgó al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva. El día anterior visitó en Los Pinos al presidente Felipe Calderón, en compañía de Carlos Fadigas, el director de Braskem. En dos días, Odebrecht se reunió con personajes de tres partidos (PRI, PAN y PRD).

Peña Nieto se volvió a encontrar con Marcelo Odebrecht en la ciudad de Querétaro el 12 de noviembre de 2012, a unos días de tomar protesta, de acuerdo con otra cadena de correos obtenida para esta investigación. Por esos mismos días habló con Carlos Fadigas sobre el proyecto Etileno XXI, según relató el director de Braskem en otra reunión con inversionistas efectuada el 9 de noviembre de 2012, de cuya transcripción MCCI también tiene copia.

“Tenemos el pleno apoyo (para el proyecto Etileno XXI), no sólo del actual presidente Calderón, sino que también hemos tenido contacto con el presidente electo, Enrique Peña Nieto. Conoce el proyecto. Lo hemos discutido con él, y también apoya 100%”, aseguró Fadigas en aquella reunión.

Apenas asumió la Presidencia, dice MCCI, Peña Nieto se reunió de nuevo con Fadigas, quien actualmente está procesado en Brasil por corrupción.

“Ya hemos tenido conversaciones con el gobierno de México, no sólo con el presidente Enrique Peña Nieto, también con Emilio Lozoya, actual presidente de Pemex, y me parece que la dirección en la que quieren ir es muy coherente con la campaña”, dijo Fadigas a inversionistas en febrero de 2013 en la reunión en la que reveló que Braskem había acompañado “de tiempo completo” al candidato priista.

En octubre de 2013, Peña tuvo una cuarta reunión privada con Marcelo Odebrecht en la residencia oficial de Los Pinos.

De Braskem a Latin America Asia Capital

Las planillas de pagos de Braskem a la empresa ligada a Lozoya aparecen en un expediente que forma parte de la investigación del caso Lava Jato.

En esas planillas se detalla que un primer pago de Braskem a Latin America Asia Capital se efectuó el 23 de mayo de 2012 por 500 mil dólares a través del Meinl Bank de Antigua; a los siete días (el 30 de mayo) hubo otra transferencia por 490 mil dólares y una semana después (el 8 de junio) una más por 510 mil dólares. En suma, 1.5 millones en dos semanas.

Las fechas en que se hicieron estos pagos coinciden con los días en que transcurría la campaña del entonces candidato a la Presidencia por el PRI, Enrique Peña Nieto.

En cada transacción aparece la clave o código con el que se identifica al supuesto operador de los pagos o sobornos.

En el caso de la empresa ligada a Lozoya, aparece la clave “Salvador”, mientras que en las de sobornos pagados en Petrobras el código es “Volley” y “Competitivo”, que era la identidad oculta de Bernardo Freiburghaus, operador de Odebrecht en Suiza y Alexandrino Alencar, exdirector de Braskem.

La cercanía con la campaña de Peña

Luis Alberto de Meneses Weyll, quien durante siete años se desempeñó como director de Odebrecht en México, confirmó en su delación premiada rendida el 16 de diciembre de 2016 ante autoridades de justicia de Brasil, que la empresa había seguido la campaña presidencial de 2012, y que su trato había sido con Emilio Lozoya, quien se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional.

“A principios de 2012, constaté que Emilio Lozoya había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en el país (el PRI), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito en las encuestas”, dijo Weyll a los fiscales brasileños, de acuerdo con el expediente revelado el pasado 13 de agosto por la organización El Quinto Elemento Lab.

“Lozoya se había convertido en uno de los líderes del comité de campaña, por lo que probablemente se convertiría en una persona influyente en la administración pública del país”, añade el expediente.

Según el expediente citado, Weyll concertó un par de citas con Lozoya en marzo de 2012, justo cuando iniciaba la contienda electoral.

De acuerdo con el delator, en una de las reuniones se acordó transferir cuatro millones de dólares a Lozoya, quien en aquel entonces no desempeñaba ningún cargo público y sólo colaboraba en la campaña. Los depósitos se harían a dos empresas: Latin America Asia Capital Holding y Zecapan SA, ambas afincadas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.

Rodrigo Tacla, quien trabajó en el Departamento de sobornos de Odebrecht, declaró al diario El País de España el pasado 28 de julio que la compañía brasileña le había apostado a futuro a Lozoya, a quien veían como futuro presidente, y confesó que una práctica común era invertir en las campañas en Latinoamérica para después conseguir contratos gubernamentales.

“El primer contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos. (…) La constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno”, declaró Tacla, quien está en libertad provisional en España acusado de soborno y lavado de dinero.

Se deslinda Emilio Lozoya

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, deslindó a su cliente de cualquier transferencia realizada a favor de la empresa Latin American Asia Capital Holding, en Islas Vírgenes.

“Esa cuenta no pertenece al señor Emilio Lozoya Austin y no tiene relación con ese dinero a que hace referencia”, expresó al preguntársele sobre las transferencias realizadas por Braskem entre mayo y junio de 2012.

“Hasta el momento la PGR no ha hecho del conocimiento información alguna que se obtuviera de la Fiscalía de Brasil, siguiendo en espera de la misma para poder ejercer el debido derecho de defensa”, añadió.

Proceso
Reforma
Raúl Olmos
Lunes 23/10/2017.


Emilio Lozoya exigió que lo exoneraran y una disculpa pública por el ‘caso Odebrecht’

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, presionó para que se le declarara inocente y se le ofreciera una disculpa pública. Así lo asegura Santiago Nieto, el fiscal especializado en delitos electorales, en una entrevista publicada este martes por el periódico Reforma. Lozoya había sido señalado en agosto pasado por supuestamente recibir 10 millones de dólares en sobornos, según el testimonio de tres ex directivos de Odebrecht a la Justicia brasileña. Nieto investiga si parte de ese dinero terminó en la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, en la que Lozoya participaba como jefe de asuntos internacionales.

"Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en donde estudió. Nunca entendí esta parte", relata Nieto. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) abrió el expediente sobre Lozoya en agosto, el mismo mes que los reportes periodísticos lo acusaban de corrupción.

"Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que 'soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar'. Esto es lo que me parecía particularmente grave", recoge Reforma. Lozoya, uno de los hombres de confianza de Peña Nieto, desmintió en su momento las acusaciones y negó que existieran evidencias en su contra. "Mi consciencia está tranquila", dijo Lozoya, quien dejó la dirección de Pemex en 2016. "Es falso. En ningún momento se pide impunidad, se pide aclaración o se pide que lo liberen. Solamente se pide que lo citen para que se aclare lo que la Fiscalía imputó", ha dicho a El Financiero Javier Coello Trejo, el abogado de Lozoya, sobre los dichos de Nieto.

Nieto afirma que hay indicios de un supuesto financiamiento de Odebrecht a campañas del Partido Revolucionario Institucional y que prepara una denuncia contra los responsables. Reforma cita como elementos de la investigación cuentas bancarias ligadas a Lozoya y Odebrecht en las islas Caimán, Suiza y Brasil.

Raúl Cervantes, extitular de la Procuraduría General de la República (el equivalente a la Fiscalía nacional), dijo tras presentar su renuncia este lunes que había concluido "las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se hayan visto".

El titular de la FEPADE, ocupado de la deriva electoral del caso, ha optado por la cautela y no ha dado más detalles sobre la pesquisa en curso. "Es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas", sentenció Nieto.

El País
Reforma
Ciudad de México
Miércoles 18 de octubre de 2017.


La PGR indaga a 13 empresas que tuvieron algún tipo de relación con Odebrecht en los contratos que le fueron adjudicados por Pemex de 2010 a la fecha, entre ellas la Cooperativa La Cruz Azul.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales solicitó a los Registros Públicos de la Propiedad de diversas entidades los informes de dichas compañías, la mayoría subcontratadas por el gigante constructor brasileño y su filial del ramo energético.

Destacan Azul Concretos y Premezclados de la Cooperativa La Cruz Azul y Construcciones Industriales Tapia (Citapia), empresa del hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, que fue subcontratada por Odebrecht y que también conformó con OHL el consorcio ganador del contrato de la planta de hidrógeno y el gasoducto de la refinería de Cadereyta, en 2013.

Entre las empresas hidalguenses sobre las que se rastrean informes están Grupo Rellca, Grupo Constructor Tulancingo y Soluciones Integrales Tollan, registradas en las localidades de Mixquihuala, Tulancingo y Tula. También Argmon's, S.A. de C.V., una distribuidora de materiales en Pachuca.

De acuerdo con información del Gobierno federal, las compañías en cuestión fueron subcontratadas en los cuatro convenios que Pemex adjudicó a Odebrecht y Braskem en los últimos siete años.

Refirma
Abel Barajas
Ciudad de México
Jueves 04 octubre 2017.

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