El exdirector de Pemex llevaba documentación falsa y asegura que llegó a España “hace dos días"

El que fuera director de Pemex se suma a un grupo de antiguos funcionarios cercanos al exmandatario que son investigados por corrupción

La caída de Emilio Lozoya se suma a los esfuerzos de la cruzada anticorrupción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lograda por policías españoles este miércoles en Málaga es un argumento que rompe con la sospecha del supuesto pacto de impunidad que el actual Ejecutivo mantenía con sus antecesores. Lozoya aguarda su extradición a México para sumarse a un coro de exfuncionarios y personajes muy cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto que son investigados por lavado de dinero y desvío de recursos.

Aunque la Fiscalía aún tiene que sustentar las acusaciones que penden sobre Lozoya en los tribunales, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ya ha dado una narrativa al caso. “Yo lo considero como algo que está vinculado a una forma de abusar del poder y de los bienes de la nación. Esto se tiene que entender como parte de un todo”, dijo Gertz al diario La Jornada. El todo al que hace referencia el funcionario es la estructura de poder que cobijaba al exdirectivo de Pemex durante su gestión, de 2012 a 2016.

Lozoya fue capturado en Europa en cumplimiento de dos órdenes de arresto emitidas por jueces mexicanos. Una de ellas le acusa de recibir al menos 9,1 millones de dólares en sobornos pagados por Odebrecht para asegurar contratos una vez que el político fuera nombrado director de la petrolera pública. Tres exdirectivos de la constructora brasileña afirmaron en declaraciones judiciales juramentadas en 2017 que el pago de mordidas comenzó en abril de 2012, cuando Lozoya era director de la campaña internacional de Peña Nieto. Los sobornos continuaron hasta 2016, cuando el exfuncionario habría cobrado cuatro millones de dólares en una transferencia. La Fiscalía mexicana conecta uno de estos depósitos con la compra en 2013 de una lujosa residencia en el balneario de Ixtapa, en el Pacífico mexicano, con valor de 1,9 millones de dólares. Lozoya desmintió estas acusaciones en una rueda de prensa en agosto de 2017.

Las investigaciones periodísticas sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por la cúpula de Pemex también han salpicado al expresidente. Mexicanos contra la Corrupción, una organización civil que documenta los abusos del poder, reveló en 2017 que un exdirector de Braskem, una filial petroquímica de Odebrecht, presumía de haber acompañado a "tiempo completo” la campaña presidencial del PRI. Este acompañamiento se habría hecho con cuantiosos depósitos mientras Braskem construía una planta de polietileno en el Estado de Veracruz.

El constructor Marcelo Odebrecht, quien reveló el mayor escándalo de corrupción de América Latina, se entrevistó cuatro veces en privado con Enrique Peña Nieto. El primer encuentro se dio en 2010 en Brasil, cuando el político mexicano hizo una gira al país sudamericano como gobernador del Estado de México. El segundo fue en la capital de ese Estado, Toluca, en octubre de 2011, cuando Peña Nieto aún preparaba su asalto presidencial. En noviembre de 2012, ya siendo ganador de las elecciones y presidente electo, ambos se reunieron en el Estado de Querétaro. El último encuentro se llevó a cabo en octubre de 2013 en Los Pinos, la residencia oficial del mandatario.

El procedimiento contra Lozoya se suma al que ya se lleva a cabo en contra de Rosario Robles, quien ocupó dos ministerios en la Administración de Peña Nieto. La extitular de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es investigada por su participación en el desfalco de más de 7.700 millones de pesos (420 millones de dólares) de dinero público desviados a través de universidades públicas y Pemex. Lozoya también ha negado haber formado parte de esta trama de corrupción, conocida popularmente como estafa maestra, a pesar de que parte de los desvíos se hicieron mientras ocupaba la dirección general. Juan Collado, el letrado de Peña Nieto, también está tras las rejas acusado de lavado de dinero. El abogado, que ha defendido a altos perfiles del PRI, movió más de 120 millones de dólares entre 2006 y 2015 en Andorra, un país protegido por el secreto bancario hasta 2017.

Los astilleros gallegos

Uno de los encargados de sustentar la investigación en contra de Lozoya ha dejado caer que el antiguo responsable de Pemex también es investigado por el fiasco que protagonizó la petrolera con el astillero gallego Barreras y Navantia. “Nosotros todavía seguimos investigando el caso de un astillero en España donde hay pérdidas por 50 millones de euros”, ha dicho Santiago Nieto, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera del ministerio de Hacienda y responsable del congelamiento de las cuentas bancarias del exdirectivo. Este caso aún tiene que ser justificado ante un juez para que dicte la orden de aprehensión.

En noviembre de 2013 el consejo de administración de Pemex, a propuesta de Lozoya, aprobó la compra del 51% de las acciones del astillero privado Hijos de J. Barreras cuando estaba cerca de la quiebra. La operación fue aplaudida por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien había llevado las negociaciones, como un resurgimiento de la industria naval gallega, agobiada por la crisis. Sin embargo, la empresa pública mexicana nunca se involucró en la gestión de esta sociedad a pesar de haber desembolsado 5,1 millones de euros (5,5 millones de dólares) por ella. Tres años después, en 2016, la mala administración generó pérdidas al astillero de 5,5 millones de euros (casi seis millones de dólares). En octubre de 2019 Barreras solicitó el preconcurso de acreedores.

El exdirector de Pemex llevaba documentación falsa y asegura que llegó a España “hace dos día

La Audiencia Nacional envía a prisión al ejecutivo, detenido en una urbanización de lujo de Málaga, por riesgo de fuga

La decisión de Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, apenas ha tardado 24 horas en llegar. El magistrado ha acordado este mismo jueves mandar a prisión a Emilio Lozoya, el ex director general de la petrolera estatal mexicana Pemex señalado en el caso Odebrecht y detenido el miércoles en una lujosa urbanización de Benahavís (Málaga). Tras tomarle declaración por videoconferencia desde los juzgados de Marbella, Moreno ha dictado su ingreso en la cárcel al apreciar un "fundado" riesgo de fuga. Lozoya, reclamado por su país, estaba en paradero desconocido desde hace casi un año.

El juez instructor ha adoptado esta medida, solicitada por la Fiscalía, tras considerar que Lozoya no tiene arraigo laboral y domicilio en España; además de que se ha evidenciado "su intención de sustraerse a la acción de la justicia". Según ha escrito en un auto, cuando fue arrestado, portaba una licencia de conducir mexicana falsificada: tenía su fotografía, pero estaba a nombre de un tal Jonathan Solís Fuentes. Además, el magistrado también destaca que el delito por el que se le reclama —similar al blanqueo de capitales— lleva aparejada una pena de hasta 15 años de cárcel.

El ejecutivo, que ha ingresado en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) sobre las siete de la tarde, dice que llegó al país hace "solo dos días". Pero su versión no coincide con la de la Policía, que lo sitúa en Málaga desde mucho antes. La investigación final para arrestarle arrancó a principios de 2020, cuando se recabaron los primeros indicios de que podía ocultarse en la Costa del Sol. La Fiscalía mexicana había lanzado en mayo de 2019 una orden de detención internacional tras conocerse la fuga del director general de la petrolera Pemex, pero su "alto poder adquisitivo y sus lazos internacionales complicaban su localización", según admitió este miércoles el Ministerio del Interior.

Es más, los investigadores creían que pasó por Alemania antes de aterrizar en España. Entre otros motivos, porque su esposa es nacional de ese país; la madre de Lozoya, Gilda Austin, fue detenida allí el pasado julio. Y porque, desde la clandestinidad, Lozoya se defendió de las acusaciones a través del diario alemán Süddeutsche Zeitung, el conglomerado de medios suizo Tamedia, y Quinto Elemento Lab, de México. "Todo esto es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia. En ningún momento, como funcionario público, ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción", dijo entonces en respuesta a los periodistas.

Pese a esas pistas, los agentes españoles fijaron la diana en La Zagaleta, una urbanización de lujo cercana a Marbella. Estaban seguros de que Lozoya, uno de los hombres de confianza del presidente Enrique Peña Nieto durante su mandato, se ocultaba en una de sus villas. Pero apenas salía. Por lo que decidieron retrasar el arresto hasta este miércoles, cuando lo cazaron al aprovechar que abandonó el complejo residencial en un vehículo que había acudido a recogerlo. Según fuentes policiales, no opuso resistencia durante su detención.

Los agentes sospechan, además, que detrás de Lozoya iba su guardia pretoriana, un séquito de "personal de seguridad ruso" que le ha dado cobertura durante su estancia en España. Los investigadores creen incluso que Lozoya —un avezado economista de 45 años, con estudios en Harvard— podía estar blanqueando dinero para alguna organización mafiosa procedente de ese país, según fuentes próximas a la investigación.

Fuentes del residencial de lujo aseguran que en sus registros no aparece el nombre de Jonathan Solis que consta en el carné falso intervenido. Ni tampoco el de Emilio Lozoya. "Si ha accedido al interior de la urbanización ha sido con documentación falsa y como invitado de residentes", explican desde la gerencia, donde subrayan que el mexicano no tiene ni ha tenido "jamás" vivienda en propiedad o alquiler.

Los investigadores españoles también analizan si, frente a la sospecha inicial de que Lozoya había pasado por Alemania antes de llegar a España, hubiese ido directamente a Rusia, a San Petersburgo, y desde allí volado a la Península. En tal caso, el empresario mexicano, que lideró la campaña internacional de Peña Nieto en sus últimas elecciones por sus grandes contactos con empresas y políticos a escala mundial, habría simulado que tomaba un vuelo con destino a Frankfurt en el que realmente nunca se habría subido.

Las acusaciones

Lozoya, que ha sido inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años en su país, está acusado de fraude a gran escala y corrupción en 2012 y 2013. Según la documentación enviada a España, el antiguo director de la petrolera adjudicó supuestamente contratos públicos a cambio de sobornos millonarios. Las autoridades mexicanas cifran el fraude en 280 millones de dólares (257 millones de euros). Por su parte, la Audiencia Nacional destaca que supuestamente adquirió una vivienda en México con dinero "procedente de una actividad ilícita" tras diseñar un entramado financiero para ocular el origen de esos fondos.

Entre otras pruebas recabadas contra el exdirector general de Pemex se encuentra el testimonio de tres exdirectivos de la constructora brasileña que aseguran que recibió más de 10 millones de dólares en sobornos para ayudar en la firma de contratos. También una reconstrucción realizada por la justicia brasileña con decenas de documentos —copias de las transferencias electrónicas, órdenes de pago de los bancos, vídeos…— vincula a Lozoya con varias operaciones irregulares. Según esta investigación, Odebrecht le pagó para asegurarse el favor de alguien cercano a Peña Nieto.

Moreno ha abierto ahora un plazo de 45 días para que las autoridades mexicanas entreguen toda la documentación que sustente la extradición. Eso sí, la decisión de enviar a Lozoya no es firme y el exdirectivo de Pemex puede recurrirla ante el propio juez y ante la Sala de lo Penal de la Audiencia.

El País
Luis Pablo Beauregard
J. J. Gálvez/ Nacho Sánchez
Ciudad de México/Madrid/Málaga
Viernes 14 de febrero de 2020.


Desde la prisión el exdirector de Pemex encarará el proceso de extradición solicitado por el gobierno de México ante cargos de asociación delictuosa y cohecho


Ciudad de México.- El juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, ordenó dar prisión provisional comunicada a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, señalado en el caso Odebrecht.

El titular de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional dio a conocer su decisión tras tomarle declaración a Lozoya a través de videoconferencia desde los juzgados de Marbella.

La determinación se dio con base en que el inculpado no cuenta con domicilio en España, además, para evitar un posible riesgo de fuga. Trascendió que al memento de ser detenido presentó una licencia falsa a nombre de Jonathan Solis Fuentes.

Exhiben licencia de Lozoya, detenido en Málaga, España

La detención de Lozoya ocurrió en la ciudad española de Málaga, en la región sureña de Andalucía, según informó en México el fiscal general, Alejandro Gertz, y confirmó a la AFP un portavoz de la Policía Nacional de España.

La policía española amplió luego la información a través de su cuenta oficial de Twitter:

Detenido en las inmediaciones de una urbanización de #Málaga un exdirector general de una petrolera mexicana, gracias a la excelente relación entre la Fiscalía Mexicana y la Policía Nacional".

Había urdido junto a algunos familiares un sistema para defraudar dinero público", añadió la institución.

Por su parte, el fiscal Gertz detalló que la orden de detención, expedida por un juez mexicano, fue ejecutada con el apoyo de Interpol y de la policía española, y tiene como objetivo su extradición a México.

En este momento lo que va a ocurrir es que ya queda sujeto ya al proceso de extradición (...) Ahora vamos a comenzar el litigio específicamente para traerlo a México" dijo Gertz.

Excélsior
Ciudad de México
Jueves 13 de febrero de 2020.



Pesquisas de las autoridades mexicanas apuntan a que el exdirector de Pemex adquirió con dinero de sobornos un inmueble en el lujoso barrio de Las Lomas

Una clave de la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en México está en una casa en la zona residencial de Las Lomas. La edificación, de 1.165 metros cuadrados, fue adquirida por Emilio Lozoya a finales de 2012 con dinero que las autoridades investigan como parte de los sobornos pagados por Odebrecht. En esa vivienda, además, se negociaron las condiciones en las que se asignó un contrato millonario a la compañía brasileña en la refinería de Tula (Hidalgo), de acuerdo al testimonio de Luis Weyll, exdirector de Odebrecht en México, quien confesó que la obra se obtuvo mediante coimas.

La casa de las Lomas era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas, esposa de Carlos Enrique Valenzuela Dosal, miembro del Consejo de Administración del Grupo Financiero Intercam.

Las pesquisas oficiales, a las que ha tenido acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), siguieron la ruta del dinero pagado por Odebrecht y se toparon con dos transferencias realizadas a México el 1 de diciembre de 2012 desde una cuenta en Suiza de la que Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana fueron identificados por las autoridades como los beneficiarios.

El monto transferido aquel día fue de 2,58 millones de francos suizos que, al tipo de cambio de entonces, equivale a 38 millones de pesos (2,9 millones de dólares). Esa es justo la cantidad que Lozoya pactó con la señora Ampudia Cárdenas para adquirir su vivienda.

Las autoridades identificaron que el mayor de los traspasos desde Suiza fue depositado a la cuenta 00101419489 en Intercam Casa de Bolsa, que se atribuye a la señora Ampudia.

Uno de los pagos refería como domicilio del beneficiario la calle Ladera número 20, en el exclusivo fraccionamiento residencial Lomas de Bezares. Esta era la casa que ocupaba el directivo de Intercam y su esposa, que fue vendida a Lozoya.

Ante los indicios de que la residencia fue adquirida con dinero de sobornos de Odebrecht, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó este lunes (27 de mayo de 2019) congelar las cuentas bancarias de Lozoya, su hermana Gilda Susana y la señora Ampudia.

El inmueble se ubica en un condominio habitacional denominado Residencial La Retama, que forma parte de Lomas de Bezares, entre Bosques de las Lomas y Santa Fe, en la alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México.

En diciembre de 2016, Luis Weyll, exdirector de Odebrecht en México dijo varias veces a las autoridades de justicia brasileña que se había reunido con Lozoya en su casa de Santa Fe para negociar sobornos a cambio del contrato de la refinería de Tula. En realidad, la vivienda está en la zona de Las Lomas, sobre Prolongación Paseo de la Reforma, cerca de Santa Fe.

Las reuniones que se efectuaron en esa casa, según Weyll, tenían que ver con el pago de otros seis millones de dólares en sobornos a cambio de contratos en la planta del Estado de Hidalgo.

En total, el exdirectivo de Odebrecht confesó que pagó diez millones de dólares a Lozoya. Cuatro en 2012 y seis más entre 2013 y 2014. Lozoya siempre ha negado estas acusaciones.

Vínculos en las Islas Vírgenes

Estas nuevas investigaciones, realizadas en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya han detectado un vínculo entre Emilio Lozoya y una empresa afincada en las Islas Vírgenes Británicas a la que el departamento de sobornos de Odebrecht transfirió 3,1 millones de dólares en 2012, equivalentes a 40 millones de pesos al tipo de cambio de aquel año.

Una hermana del exdirector de Pemex era la beneficiaria de esa cuenta, según han encontrado las autoridades. Por ello también han ordenado el congelamiento de sus activos.

En un testimonio rendido el 16 de diciembre de 2016 ante las autoridades de justicia de Brasil, Luis Weyll aseguró que en marzo de 2012 se reunió con Emilio Lozoya. En ese encuentro acordó con el entonces coordinador de vinculación internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto el pago de cuatro millones de dólares en retribución por haberlo auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz, donde Odebrecht asentó su base de operaciones y donde tiene su principal negocio, la planta de Etileno XXI, de su subsidiaria Braskem.

Según el delator, Lozoya le solicitó que los depósitos los hicieran en una cuenta en el banco suizo Gonet & Cie a nombre de la empresa Latin America Asia Capital Holding.

MCCI corroboró que la mencionada empresa de papel o de gaveta fue creada el 10 de septiembre de 2008 en la diminuta ciudad de Road Town, de la isla Tórtola, la mayor de las Islas Vírgenes Británicas, en el Océano Atlántico, uno de los más opacos paraísos fiscales del mundo.

MCCI ha encontrado nuevos registros que establecen que la empresa se creó en el despacho de TMF Services, perteneciente a TMF Group, una firma multinacional de servicios fiscales y legales especializada en crear empresas offshore.

En su momento, TMF Group tuvo como uno de sus principales competidores al despacho panameño Mossack Fonseca, que administró activos de políticos y personalidades de todo el mundo y cuyos archivos filtrados dieron lugar en 2016 al escándalo conocido como Panama Papers.

Luis Weyll liga a Emilio Lozoya y a su hermana con una empresa offshore que recibió 3.1 millones de dólares en siete depósitos

Mediante peticiones de colaboración, las autoridades mexicanas han identificado que TMF Group era el administrador de la empresa Latin America Asia Capital Holding LTD, que los delatores de Odebrecht atribuían a Emilio Lozoya, pero que las investigaciones apuntan a que la beneficiaria de la misma es Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex.

Las autoridades también tuvieron acceso a estados de cuenta del Meinl Bank de Antigua y confirmaron la información revelada por MCCI el 14 de agosto de 2017, acerca de cómo fluyó el dinero del departamento de sobornos de Odebrecht en plena campaña presidencial de 2012 a favor de la empresa ligada a Lozoya.

El dinero fue enviado al banco Gonet & Cie de Suiza desde la cuenta 244006 del Meinl Bank de Antigua, que estaba a nombre de la compañía fachada Innovation Research Engineering and Development Ltd. (IRED), la cual era utilizada por Odebrecht para ocultar el pago de sobornos a políticos latinoamericanos.

Una primera transferencia a la cuenta de Latin America Asia Capital, por 250.000 dólares, se realizó el 20 de abril de 2012, a tres semanas de haber iniciado la campaña presidencial en México, según los estados de cuenta obtenidos desde 2017 por MCCI y de los que ahora han obtenido copia las autoridades mexicanas.

El 25 y 27 de abril de 2012 hubo otros dos depósitos por un millón de dólares. El 23 de mayo, se transfirieron 500.000 dólares y el 31 de ese mes otros 490.000 dólares. En junio, hubo dos depósitos. Uno el día 8 por 510.000 dólares y el día 18 por 400.000 dólares. En suma, las transferencias a la empresa que el testimonio de Luis Weyll liga a Emilio Lozoya, y donde las autoridades mexicanas ubican a su hermana, sumaron 3.150.000 dólares, en siete depósitos.

Una nueva cuenta identificada

No existieron más transferencias en favor de Latin America Asia Capital Holding porque la cuenta fue cancelada en noviembre de 2012.

Las pesquisas del Gobierno de López Obrador han identificado que los fondos del banco suizo Gonet & Cie fueron transferidos a una nueva cuenta, a nombre de la empresa Tochos Holding Limited, la cual también fue creada en el despacho TMF de la isla de Tórtola, según consta en un documento gestionado por MCCI.

Las autoridades han encontrado en su rastreo financiero que los beneficiarios de esta empresa eran Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana, y como administrador, el despacho TMF.

En el análisis de movimientos de la cuenta 0240880974, se identificaron dos traspasos de Suiza a México el 1 de diciembre de 2012, el día en que Peña Nieto tomó protesta como presidente de México.

Una transferencia fue por 1.500.000 francos suizos a una cuenta de Intercam Casa de Bolsa. Otro pago fue por 1.080.000 francos. Al tipo de cambio de aquel entonces, el monto de las dos transferencias, 2.580.000 francos, coincide con el precio acordado por la residencia de Lomas de Bezares (alrededor de 38 millones de pesos).

El mismo día se identificó un traspaso por 39.000 dólares de la cuenta de Tochos Holding al despacho de servicios legales Plan B Asesoría y Estrategia, del que ha sido representante Andrés Constantin Antonius González, que en 2012 colaboró como coordinador de estrategia en el equipo de transición de Peña Nieto.

Consultado por MCCI este martes (28 de mayo 2019) vía telefónica, Antonius reconoció que existe el despacho Plan B, pero dijo no recordar haber hecho una operación en esa fecha y dijo que él nunca brindó servicio alguno a Emilio Lozoya. Sin embargo, pidió tiempo para revisar la eventualidad de que, sin su conocimiento, alguien de su despacho haya realizado la operación.

En su primera declaración patrimonial, a inicios del sexenio de Peña Nieto, Lozoya reportó que el 14 de noviembre de 2012 había adquirido de contado, al precio de 38.175.000 pesos, una casa con una superficie de 1.165 metros cuadrados. En el reporte que hizo público, no reveló la ubicación del inmueble ni el folio real con el que fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

MCCI obtuvo copia del contrato de compraventa, el cual se formalizó ante el notario Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, hermano de la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El precio coincide con el de la declaración patrimonial.

La vivienda ubicada en el conjunto La Retama había sido vendida dos años y cuatro meses antes, en julio de 2010, en 2.950.000 dólares.

Las medidas de congelamiento de activos a Lozoya, anunciadas el lunes, se sumaron a la inhabilitación por 10 años determinada por la Secretaría de la Función Pública el 22 de mayo por el ocultamiento de cuentas como las que las autoridades han descubierto en Suiza. (Miércoles 29 Mayo 2019)

El País
Raúl Olmos
Mexicanos contra la
corrupcion e impuidad
Ciudad de México /Madrid.
Miércoles 12 de febrero de 2020.


El exdirector de Pemex se hizo 'accionista mayoritario' en plena campaña presidencial de 2012

 
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien está prófugo de la Justicia, ocultó en su declaración de bienes su participación en una empresa de divisas ubicada en Londres, reveló este lunes una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

"El hallazgo de una nueva empresa en un lujoso edificio en Londres pone en duda la declaración patrimonial de Emilio Lozoya Austin", expresó la organización civil en un comunicado.

De acuerdo con MCCI, Lozoya se hizo "accionista mayoritario" de Royal Exchange (TEG Capital) Limited en plena campaña presidencial de 2012, cuando era coordinador de vinculación internacional del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, quien se convirtió en presidente (2012-2018).

Cuando Peña Nieto nombró a Lozoya como director de Pemex en diciembre de 2012, este declaró ser cofundador de JF Holding, afincada en Luxemburgo, y poseer títulos en tres organizaciones privadas de las cuales no aportó los nombres.

Según MCCI, Lozoya participó en tres empresas afincadas en Alemania, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) le atribuye otra en las Islas Vígrenes, que habría sido utilizada para triangular sobornos.

En colaboración con el consorcio internacional de periodistas Organized Crime and Corruption Reporting Project, MCCI reveló que Lozoya se convirtió en 2012 en poseedor de 84,825 acciones de la empresa afincada en Londres y de la que no se sabía su vinculación hasta ahora.

Esta cifra es considerablemente mayor a la aportada por Lozoya cuando asumió la dirección de la petrolera estatal mexicana y dijo poseer 4,151 títulos de tres organizaciones privadas.

"La investigación identificó que la compañía en Londres tenía como domicilio el primer piso del Royal Exchange, el edificio de la antigua bolsa de comercio británica, construido en 1565, y que hoy es uno de los centros comerciales más lujosos del Reino Unido", informó la ONG.

La empresa fue fundada el 8 de agosto de 2011, pero fue el 6 de junio de 2012 cuando Lozoya adquirió el 84 % de las 100,000 acciones de la compañía, con un valor total de solo 100 libras, unos 2,100 pesos mexicanos de la época.

Emilio Lozoya, director de Pemex entre 2012 y 2016, está en paradero desconocido después de que la Fiscalía lo acusara de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de haber participado en la compraventa irregular de un planta de fertilizantes, por lo que se emitió una orden de captura contra él.

EFE
Ciudad de México
Lunes 09 de diciembre 2019.


Un juez federal dictamina que Gilda Margarita Austin estará bajo arraigo domiciliario debido a su edad


Luego de nueve horas de audiencia, un juez federal decidió vincular a proceso a Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.  

Sin embargo, como Gilda Austin tiene 71 años de edad, el juzgador también decidió que la acusada llevará su proceso bajo arraigo domiciliario. Durante la audiencia la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que la mamá de Emilio Lozoya recibió en una cuenta bancaria de al menos 185 mil dólares provenientes de los presuntos sobornos que la compañía brasileña Odebrecht entregaba al ex director de Pemex a cambio de obtener contratos.  

Las autoridades indicaron que los 185 mil dólares, que fueron depositados el 26 de noviembre del 2015, no podían ser justificados con el sueldo de maestra particular que percibía la mamá del ex funcionario.  

La FGR también apuntó que si bien por ahora sólo se acusó a Gilda Austin por este depósito, hay otras transacciones anormales ocurridas entre el 2010 y 2015, y que seguirán siendo investigadas para fincar o deslindar responsabilidades.

Indagan más pagos sospechosos a Lozoya Austin

'Usaron cuenta de Gilda Austin para transferir sobornos de Odebrecht'


Señalan que recibieron al menos 185 mil dólares entre 2010 y 2015

La situación de Emilio Lozoya Austin tiende a empeorar: ahora la Unidad de Inteligencia Financiera lo investiga por un oscuro pago –uno más– que habría recibido de OHL, luego de una complicada triangulación financiera que implica a la constructora española, a la empresa Infoglobal, al exdirector de Pemex y hasta a algún miembro de su familia.

Se complica cada día más la situación de Emilio Lozoya Austin ante las autoridades mexicanas y españolas. Ahora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda indaga un pago que habría recibido entre 2011 y 2012 de la firma española OHL y otros que habría realizado desde una de sus cuentas en Suiza hacia otra empresa de España: Infoglobal.

De los documentos en poder de Proceso, pareciera que una gran suma de dinero salió de OHL-México, pasó por Suiza con empresas presuntamente ligadas con Emilio Lozoya y terminó en Infoglobal.

Ambas empresas han estado ligadas al gobierno del Estado de México desde que Arturo Montiel fue gobernador, pero con mayor fuerza y recursos económicos durante el paso de Enrique Peña Nieto por el ejecutivo estatal. Lozoya Austin fue consejero de ambas empresas en los años mencionados.

Los documentos de la UIF no establecen en calidad de qué se realizaron los pagos directos de OHL a Lozoya, ni de los movimientos bancarios que pasaron por Suiza y recayeron en España nuevamente.

Al haber sido Lozoya consejero de OHL y de Infloglobal, bien pudo tratarse de un pago de utilidades. Para despejar las dudas de por qué se entrecruzan los movimientos bancarios y ante la serie de acusaciones que tuvo en su momento OHL de haber sobornado a funcionarios federales para obtener obras durante la administración de Peña Nieto, es que la UIF realiza la investigación.

Por otro lado, en España se le sigue la pista al dinero relacionado con presuntos sobornos para la ejecución de obras en México y adjudicadas a la empresa Infoglobal, SA, de la que es accionista Javier López Madrid, yerno del accionista mayoritario de OHL, Juan Miguel Villar Mir, según reveló el portal español Vozpopuli el pasado 18 de septiembre.

'Usaron cuenta de Gilda Austin para transferir sobornos de Odebrecht'

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), los delitos por los cuales se le acusa y también la autoridad pidió que se le vincule a proceso.

La FGR señaló que una cuenta bancaria de Gilda Lozoya fue utilizada para recibir dinero de presuntos sobornos que la empresa brasileña Odebrecht hacía a Emilio Lozoya durante su gestión como director de Pemex. Se señaló que Gilda Lozoya recibió al menos 185 mil dólares entre el 2010 y el 2015.

El juez que está llevando el proceso en los juzgados del Reclusorio Norte mandó a un receso de 45 minutos. Después de que el tiempo se agote, será el turno de Gilda Lozoya y de sus abogados para exponer su defensa.

A Gilda Austin se le acusa de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Será en unas horas cuando se sepa si el juez vincula a proceso a la mamá del exdirector de Pemex, y si es así la manera en que llevaría el proceso.

Proceso
El Universal,
Jesusa Cervantes
Ciudad de México
Sábado 2 noviembre 2019.


Van también contra su esposa, Marielle; su mamá Gilda; su hermana Gilda, y Nelly, por presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht


Este viernes por la mañana, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión solicitadas en el caso Odebrecht en contra de Emilio Lozoya, ex director de Pemex; su esposa, Marielle; su mamá Gilda; su hermana Gilda, y Nelly, por presuntos sobornos de la constructora brasileña.

A través de una tarjeta informativa, la institución informó que los imputados cuentan con ficha roja de la Interpol, con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado y que involucra a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Lozoya pide ser testigo protegido para colaborar en indagación

Resaltó que después de que se inició, en 2017, la investigación por el caso Odebrecht en México, y que durante años no obtuvo judicialización, hoy se lograron las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados.

La FGR señaló que presentó ante el juez de control todos los elementos de probanza necesaria para obtener el resultado legal favorable a los intereses de la Federación en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado "en forma tan criticable".

"La Fiscalía General de la República cumplió con lo ofrecido en el sentido de que en menos de 60 días se realizaría la judicialización correspondiente", indicó.

El Universal
Ciudad de México
Viernes 5 de julio de 2018.


Pemex reveló los nombres de funcionarios que participaron en la suscripción de tres contratos otorgados a la empresa brasileña Odebrecht.

Pemex reveló los nombres de los funcionarios que participaron en la suscripción de tres contratos otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, acusada de sobornar a los altos mandos de la empresa para ganar dichos convenios durante la gestión de Emilio Lozoya.

El lunes el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que llevará ante los tribunales el caso Odebrecht en un máximo de 60 días, y señaló que podría ser judicializado por el delito de delincuencia organizada, el cual impide la libertad provisional a los procesados.

Entre los contratos polémicos otorgados por Pemex a la empresa brasileña figura el PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 por mil 436 millones de pesos para distintas obras del proyecto de aprovechamiento de aguas residuales en la refinería en Tula, Hidalgo, que adjudicado de manera directa y avalado por siete funcionarios.

Se trata de Jesús Lozano Peña, ex subdirector de Proyectos de Pemex Refinación y quien promovió un amparo en contra de Pemex Transformación Industrial en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa desde marzo de 2018.

También Armando García Espinosa ex subdirector de Desarrollo de Negocios para Transformación Industrial; Leonardo Cornejo Serrano, ex coordinador de Proyectos de Modernización; Aarón Marrufo Ruíz, ex gerente de Procura; Conrado Claudio Cristian Nava Aguilar ex gerente de Contratos de Obra Pública; e Hiram Hinojosa González, subgerente de Ingeniería Legal y Normativa.

Además, se enlista a José Samuel Sánchez Reyes, ex gerente Jurídico de Convenio y Contratos y actual subdirector jurídico de Operaciones Regionales.

Los funcionarios que figuran en el contrato DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, fue adjudicado menos de tres meses antes de la salida de Emilio Lozoya de la dirección general de Pemex, también para obras en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

En enero la constructora brasileña Odebrecht demandó a Pemex el pago de mil 878 millones de pesos por la rescisión de ese contrato. En ella reclama trabajos realizados no pagados, más daños, perjuicios y gastos financieros por la rescisión del contrato adjudicado directamente en noviembre de 2015 por mil 811 millones de pesos.

Aquí se enlistan otra vez a Leonardo Cornejo e Hinojosa González, y se citan además a Gustavo Escobar Carré ex subdirector de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción; André Arthur Glorieux González, administrador del proyecto; José Luis Gómez Góngora; ex subdirector de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial y Sylvia Uribe Arredondo Cepeda, de la Gerencia Jurídica de Contratos.

Para el contrato DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14, para el desarrollo de la Fase I del Proyecto conversión de residuales de la Refinería de Salamanca aparecen también Escobar Carré, Hinojosa González, Nava Aguilar, Cornejo Serrano y Sánchez Reyes, además de Carlos Vinicio Morales Azpiroz, gerente de Proyectos de Ampliación.

Algunos de estos funcionarios figuran en la investigación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR por su presunta participación en los contratos entre Pemex y Odebrecht; hecho que se deriva de la investigación contra el ex director Emilio Lozoya por lavado de dinero y cohecho en la carpeta FED/SEIDF/CG-I-CDMX/117/2017.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 8 de mayo de 2019.


El INAI ordenó a la PGR revelar los nombres de los servidores públicos y ex funcionarios de Pemex investigados en el caso de Odebrecht.


El Pleno de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR) debe dar a conocer los nombres de los investigados en el caso de Odebrecht.

Al resolver un recurso de revisión, en el que la PGR se negó a revelar la identidad de los presuntos implicados, la comisionada Blanca Lilia Ibarra, consideró que es un tema que es de interés de la sociedad, pues se trata de un caso de cohecho y enriquecimiento ilícito.

"En la carpeta de investigación iniciada en México obran declaraciones de servidores públicos y ex funcionarios de Pemex, que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública, asignados al conglomerado brasileño, así como a directivos de dicha empresa, incluido su ex presidente", señaló.

La funcionaria recordó que se trata de un caso de corrupción que ha sido investigado en cerca de 20 países en los que la firma brasileña pagó sobornos para obtener contratos.

"La única forma que tiene la sociedad de constatar los avances de la investigación y de quiénes son las personas involucradas es mediante el conocimiento de dicha información, en este caso, los nombres de los funcionarios y ex servidores públicos presuntamente implicados", indicó.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 12 diciembre 2018.


Ciudad de México.- La brasileña Odebrecht ofreció al Estado mexicano pagar una reparación de 18 millones de dólares -menos de la tercera parte de las multas impuestas en México- y dar información sobre casos de sobornos en el País, a cambio de poder celebrar otra vez contratos de obras públicas, según un borrador del acuerdo visto por Reuters.

En la propuesta presentada a la Procuraduría General de la República hace unas semanas, que fue rechazada por el Gobierno de México, Odebrecht pedía que el trato se mantuviera confidencial y que, tanto la PGR como la Secretaría de la Función Pública (SFP), desistieran de iniciar futuras acciones en su contra.

La SFP ha multado desde fines del año pasado a dos filiales de Odebrecht en México con casi 57 millones de dólares por sospechas de corrupción y las inhabilitó hasta por cuatro años para participar en contratos públicos.

Las pesquisas penales se encuentran estancadas en México ya que la PGR no ha podido acceder a los documentos que reposan en Brasil y que contienen detalles del caso mexicano.

A principios de octubre, el subprocurador especializado en la Investigación de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz, dijo, sin explicar el motivo, que desde Brasil se habían negado "en diversas ocasiones" a darle los documentos.

En algunos países donde Odebrecht confesó haber repartido millones de dólares en sobornos, las investigaciones avanzaron gracias a acuerdos similares al que la empresa con sede en San Salvador de Bahía ofreció a las autoridades mexicanas.

Odebrecht confesó a fines del 2016 en una corte de Estados Unidos que pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para conseguir contratos de obras públicas entre el 2010 y 2014.

En un video aparecido en medios locales, un ex funcionario de Odebrecht señaló al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, de ser uno de los destinatarios de parte del dinero. Lozoya, quien se encuentra libre en México, ha negado reiteradamente las acusaciones y Pemex ha dicho que se encuentra investigando los contratos bajo sospechas de corrupción.

En el mismo documento en el que pedía que se levanten las multas y sanciones en su contra, la firma proponía que la autoridad tributaria en México (SAT) no le ejecutara cuentas por cobrar que tiene con la petrolera estatal Pemex, de donde la SFP dijo que se cobraría parte de los 56.8 millones de dólares que adeuda Odebrecht al erario en multas.

Un portavoz de la PGR confirmó, sin dar detalles del borrador, que no se llegó a un acuerdo con Odebrecht. Una fuente de la SFP dijo que "no se está valorando ningún acuerdo reparatorio (ya que) es un tema del ámbito penal que no corresponde revisar a la Secretaría de la Función Pública".

Sin pormenorizar, Odebrecht dijo a Reuters en un correo electrónico que en los últimos meses hubo reuniones entre sus representantes y autoridades mexicanas, pero "las negociaciones no avanzaron hasta la formalización de un acuerdo".

"(Odebrecht se compromete a) cooperar y colaborar con las autoridades mexicanas competentes con la finalidad de aportar información y datos de corroboración requeridos para aclarar los hechos y reparar los posibles daños que hayan sido causados al Estado mexicano", dice el borrador presentado a la PGR.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 24 octubre 2018.


En su comparecencia, senadores reprocharon al titular de Segob el repunte histórico de la violencia y la impunidad en casos como Odebrecht.


Senadores reprocharon al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el repunte histórico de los homicidios dolosos durante el sexenio, las violaciones a derechos humanos y la falta de sanción en casos emblemáticos como Odebrecht.

También criticaron el recorte de recursos al Programa Nacional de Prevención, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el recrudecimiento de desapariciones y feminicidios, y la debilidad de las Policías a pesar de la inversión de miles de millones en ese rubro.

El senador Emilio Álvarez Icaza recriminó que en materia de derechos humanos se han presentado violaciones gravísimas como la desaparición de los 43 normalistas, la existencia de cientos de ciudadanos torturados, y el registro de más de 200 mil personas ejecutadas.

"Y su espejo de personas sin identificar que llenan los servicios forenses y las fosas comunes y el camposanto con fosas clandestinas en cada pedacito de la patria; este sexenio deja una estela de violaciones a derechos.

"Su insensibilidad ante la crisis humanitaria ha sido una fábrica de víctimas y, además, recrudecida entre los más pobres", sentenció Álvarez Icaza, quien cuestionó a Navarrete Prida sobre qué esperan para detener al ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte.

El ex Ombudsman capitalino expuso que si bien hubo expectativas al inicio, por ejemplo, con la aprobación de la Ley de Víctimas y el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno federal se traicionó a sí mismo y a la confianza depositada en él, debido a una crisis ética.

"La verdad es que este sexenio tuvo un quebranto ético en dos de los ejes icónicos más importantes de la vida pública: derechos humanos y corrupción, ahí estuvo el quiebre que llevó a una caída precipitada en la confianza y en la credibilidad en este Gobierno", comentó.

María Guadalupe Murguía, del PAN, estimó que México atraviesa por una grave crisis de violencia, con cifras históricas en ilícitos como homicidios dolosos, robo de combustible, narcotráfico y secuestro.

Subrayó que se requiere de una instancia especializada para combatir la violencia, a fin de que el Estado asuma su obligación de brindar seguridad desde un enfoque de la prevención, derechos humanos y atención prioritaria de los delitos que más lastiman a la sociedad.

La senadora Eunice Renata Romo Molina, de Encuentro Social, aseveró que la conducta que imperó en la administración federal fue aprovechar los espacios del servicio público para impulsar intereses personales.

"Aún siendo de conocimiento popular los implicados en escándalos de corrupción no enfrentaron las consecuencia políticas y legales de sus actos; el sistema (anticorrupción) de nada sirvió, pues enfrentó la resistencia de los legisladores del partido en el poder.

"Se ha entorpecido el avance de la investigación sobre uno de los casos de corrupción más grandes e importantes en la historia de América Latina, el caso Odebrecht, además de los de los ex Gobernadores de Veracruz, Chihuahua, Veracruz y Nayarit", apuntó.

Juan Zepeda, senador del PRD, sostuvo que el Gobierno federal no se ha hecho cargo de su responsabilidad de reducir el número "escalofriante" de homicidios dolosos ni de encontrar solución a los problemas de desaparición de personas, feminicidios y violencia de género.

"El gran déficit es el tema de la seguridad", opinó Zepeda, quien propuso un minuto de silencio en memoria de las víctimas de homicidios, desapariciones y feminicidios.

Alejandra del Carmen León, del PT, criticó que el Gobierno federal haya dado continuidad a una estrategia que no permitió alcanzar la paz mínima y acusó que no sólo renunció a su responsabilidad de mejorar las Policías, sino también intentó imponer a un "fiscal carnal".

Reforma
Claudia Rivero
Antonio Baranda
Ciudad de México
Martes 17 de octubre 2018.

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