Un juez federal dictamina que Gilda Margarita Austin estará bajo arraigo domiciliario debido a su edad


Luego de nueve horas de audiencia, un juez federal decidió vincular a proceso a Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.  

Sin embargo, como Gilda Austin tiene 71 años de edad, el juzgador también decidió que la acusada llevará su proceso bajo arraigo domiciliario. Durante la audiencia la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que la mamá de Emilio Lozoya recibió en una cuenta bancaria de al menos 185 mil dólares provenientes de los presuntos sobornos que la compañía brasileña Odebrecht entregaba al ex director de Pemex a cambio de obtener contratos.  

Las autoridades indicaron que los 185 mil dólares, que fueron depositados el 26 de noviembre del 2015, no podían ser justificados con el sueldo de maestra particular que percibía la mamá del ex funcionario.  

La FGR también apuntó que si bien por ahora sólo se acusó a Gilda Austin por este depósito, hay otras transacciones anormales ocurridas entre el 2010 y 2015, y que seguirán siendo investigadas para fincar o deslindar responsabilidades.

Indagan más pagos sospechosos a Lozoya Austin

'Usaron cuenta de Gilda Austin para transferir sobornos de Odebrecht'


Señalan que recibieron al menos 185 mil dólares entre 2010 y 2015

La situación de Emilio Lozoya Austin tiende a empeorar: ahora la Unidad de Inteligencia Financiera lo investiga por un oscuro pago –uno más– que habría recibido de OHL, luego de una complicada triangulación financiera que implica a la constructora española, a la empresa Infoglobal, al exdirector de Pemex y hasta a algún miembro de su familia.

Se complica cada día más la situación de Emilio Lozoya Austin ante las autoridades mexicanas y españolas. Ahora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda indaga un pago que habría recibido entre 2011 y 2012 de la firma española OHL y otros que habría realizado desde una de sus cuentas en Suiza hacia otra empresa de España: Infoglobal.

De los documentos en poder de Proceso, pareciera que una gran suma de dinero salió de OHL-México, pasó por Suiza con empresas presuntamente ligadas con Emilio Lozoya y terminó en Infoglobal.

Ambas empresas han estado ligadas al gobierno del Estado de México desde que Arturo Montiel fue gobernador, pero con mayor fuerza y recursos económicos durante el paso de Enrique Peña Nieto por el ejecutivo estatal. Lozoya Austin fue consejero de ambas empresas en los años mencionados.

Los documentos de la UIF no establecen en calidad de qué se realizaron los pagos directos de OHL a Lozoya, ni de los movimientos bancarios que pasaron por Suiza y recayeron en España nuevamente.

Al haber sido Lozoya consejero de OHL y de Infloglobal, bien pudo tratarse de un pago de utilidades. Para despejar las dudas de por qué se entrecruzan los movimientos bancarios y ante la serie de acusaciones que tuvo en su momento OHL de haber sobornado a funcionarios federales para obtener obras durante la administración de Peña Nieto, es que la UIF realiza la investigación.

Por otro lado, en España se le sigue la pista al dinero relacionado con presuntos sobornos para la ejecución de obras en México y adjudicadas a la empresa Infoglobal, SA, de la que es accionista Javier López Madrid, yerno del accionista mayoritario de OHL, Juan Miguel Villar Mir, según reveló el portal español Vozpopuli el pasado 18 de septiembre.

'Usaron cuenta de Gilda Austin para transferir sobornos de Odebrecht'

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), los delitos por los cuales se le acusa y también la autoridad pidió que se le vincule a proceso.

La FGR señaló que una cuenta bancaria de Gilda Lozoya fue utilizada para recibir dinero de presuntos sobornos que la empresa brasileña Odebrecht hacía a Emilio Lozoya durante su gestión como director de Pemex. Se señaló que Gilda Lozoya recibió al menos 185 mil dólares entre el 2010 y el 2015.

El juez que está llevando el proceso en los juzgados del Reclusorio Norte mandó a un receso de 45 minutos. Después de que el tiempo se agote, será el turno de Gilda Lozoya y de sus abogados para exponer su defensa.

A Gilda Austin se le acusa de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Será en unas horas cuando se sepa si el juez vincula a proceso a la mamá del exdirector de Pemex, y si es así la manera en que llevaría el proceso.

Proceso
El Universal,
Jesusa Cervantes
Ciudad de México
Sábado 2 noviembre 2019.


El Ministerio Público de Perú informó que "el exmandatario se encuentra en su primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas".

El expresidente peruano Alejandro Toledo Manrique fue arrestado la mañana de este martes en EE.UU., por pedido de Perú, que lo ha solicitado en extradición.

El Ministerio Público de Perú informó que "el exmandatario se encuentra en su primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas", como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país.

Ministerio Público

@FiscaliaPeru


 #Urgente | El Ministerio Público, a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, informa que el expresidente, Alejandro Toledo Manrique, fue arrestado esta mañana por mandato de extradición, en Estados Unidos.

Toledo se encuentra prófugo de la Justicia peruana, donde está acusado por los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.

En abril de 2017, un juez ordenó "prisión preventiva" para Toledo y su esposa Eliane Karp. Meses antes, se había librado una primera orden de captura para el exmandatario, tras ser acusado de recibir un soborno de 20 millones de dólares por parte de Odebrecht durante su mandato (2001-2006), a cambio de obras como el Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil.

El empresario de Odebrecht, Jorge Barata, durante una entrevista con AFP, el 18 de septiembre del 2015. Los presuntos sobornos de Odebrecht a expresidentes de Perú explicados por su antiguo director
Antes de hacerse efectiva su captura, el expresidente huyó a EE.UU., y reside en California desde entonces. En mayo de 2018, el Gobierno peruano pidió oficialmente a EE.UU. su extradición.

Además de este caso de Odebrecht, en junio pasado, el fiscal superior Rafael Vela formalizó su acusación, con fines de extradición, contra Toledo y Karp, esta vez por el caso Ecoteva.

En este caso se le juzga por las costosas adquisiciones de inmuebles a nombre de su suegra Eva Fernenbug a través de Ecoteva Consuting Group.

Ecoteva es una empresa fundada en Costa Rica por Fernenbug, presuntamente a pedido del expresidente. En esa firma se usaron dos cuentas en el banco ScotiaBank de Costa Rica, en el que presuntamente se movilizó dinero que recibió de Odebrechet.

RT
Washington/Lima
Martes 16 de julio de 2019.


Dos mil millones de dólares es el valor de las adiciones a los contratos que Odebrecht tiene en República Dominicana. ¿Cómo logró la brasilera casi un 50 por ciento más de lo presupuestado durante cuatro gobiernos nacionales diferentes? Estos son los secretos de la cuestionada constructora, en el país desde el que coordinó el mayor pago de sobornos del que se tiene registro en América Latina.


La Constructora Norberto Odebrecht aterrizó en República Dominicana en el año 2002 con una obra para abastecer agua potable a cinco provincias. Así, bajo el entonces gobierno del presidente Hipólito Mejía se le otorgó la licitación del Acueducto Línea Noroeste en 2002, permitiéndole a la gigante brasileña sentar las bases para constituirse en la constructora favorita del Estado dominicano para la ejecución de obras públicas: 18 contratos por un monto de 4,540 millones dólares en 12 años, que incluyen una obra adjudicada bajo la administración de Fernández que no figura ni en los registros del Ministerio Público dominicano ni en las delaciones de los exejecutivos de Odebrecht, enjuiciados en Brasil por el caso Lava Jato.

Esta investigación realizada por la periodista dominicana Hogla Enecia Pérez para Diario Libre, muestra cómo, bajo la administración de Mejía y los dos presidentes que lo sucedieron, Leonel Fernández (que fue reelecto) y Danilo Medina, 15 de estos contratos costaron 1,951 millones de dólares más de lo estipulado en el presupuesto inicial, teniendo un costo final de 6,491 millones. Aunque el sobrecosto en una obra adjudicada no necesariamente significa que todo ese monto sean fondos para la corrupción, en el caso de Odebrecht si se ha constituido en una poderosa señal de alerta pues el mismo empresario brasilero al mando de la constructora, Marcelo Odebrecht, expuso ante la justicia que la mecánica corrupta de la empresa sí consistía en recolectar dinero de los sobrecostos para poder pagar los sobornos que se pagaban en varios países de la región.

Así lo demuestran, además, las recientes revelaciones de la investigación periodística trasnacional titulada “División de Sobornos” liderada por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) y que en República Dominicana contó como aliado local con el programa El Informe, con Alicia Ortega. En sus hallazgos se evidencia cómo desde el ‘Departamento de Operaciones Estructuradas’ (Vea nota sobre el funcionamiento de esta dependencia), una división de Odebrecht creada con el objetivo de manejar los sobornos que otorgaba la empresa para ganar contratos de obras en toda la región, que operó por un tiempo en República Dominicana,  se habrían pagado aún más sobornos que los que ya Odebrecht ha reconocido haber girado en procesos ante la justicia de Estados Unidos, Brasil y República Dominicana.

A partir de una filtración que permitió acceder al sistema Drousys, un mecanismo de comunicaciones encriptado usado para llevar la información del pago de sobornos, la investigación transnacional revela que los sobornos no solo a políticos, sino a “destacadas figuras y enormes proyectos de obras públicas” (Ver División de Sobornos del ICIJ). Con lo relacionado a las obras realizadas en República Dominicana, la investigación muestra que se encontraron más de 39 millones de dólares en pagos secretos asociados con la gigante central termoeléctrica de carbón de Punta Catalina, luego de que dos investigaciones oficiales de este país declararon que no habían encontrado irregularidades en este proceso. (Ver nota US$39.5 millones en pagos asociados a Termoeléctrica Punta Catalina, de NoticiasSin).

Todo indica que aún falta mucho por salir a la luz. Ante la Justicia brasilera ya habían dado detalles de las operaciones corruptas el exgerente de la empresa para República Dominicana, Marco Vasconcelos Cruz, y el exdirector de la División de Operaciones Estructuradas, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho. Las coimas, dijo Alves da Silva Filho, eran posibles gracias al 22 por ciento extra que se agregaba a cada obra. Si se sigue ese cálculo riguroso, dominicana habría aportado unos 294 millones de dólares a ese departamento de sobornos. Es por eso que se hacía necesaria una investigación enfocada en seguir el rastro de los sobrecostos de las obras de la constructora, como esta, de la periodista dominicana Hogla Enecia Pérez para Diario Libre, en el marco de la iniciativa para el periodismo de investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Gracias a estas adjudicaciones, República Dominicana está en el top tres del ranking latinoamericano de incrementos presupuestales en obras otorgadas a Odebrecht. La mayoría de los incrementos fueron por obras adicionales y alteraciones de ingeniería, que no pasaron por concursos públicos y se mantuvieron en manos de la constructora brasileña y sus socias mediante reiteradas modificaciones a los contratos.

Esta investigación rastreó los contratos de obras adjudicadas, las adendas, relación de pagos y cubicaciones de las concluidas y en construcción, y desarrolló una herramienta que muestra por primera vez los sobrecostos de Odebrecht en República Dominicana. De las 18 obras adjudicadas, 10 sobrepasaron el umbral del 25 por ciento de aumento presupuestal permitido por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. Además, contravinieron la ley: 11 fueron sin licitación y cuatro se adjudicaron sin contraparte dominicana.

Todo empezó bajo el gobierno del Presidente Hipólito Mejía donde obtuvo dos obras por 293 millones de dólares, en la época que Odebrecht gozaba de buena reputación y comenzaba a consolidarse en la región. La primera fue el Acueducto Línea Noroeste, por licitación, para abastecer de agua potable a cinco provincias del noroeste del país por 161 millones de dólares. Siete meses después, le adjudicaron de manera directa la hidroeléctrica Pinalito por 131 millones.

Para conseguir que la brasilera se quedara con el Acueducto, primero se revocó el contrato de adjudicación directa a la constructora Andrade Gutiérrez, que ya lo tenía, para dárselo a Odebrecht en consorcio con la dominicana Amina. Pero Odebrecht no pudo conseguir financiamiento con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), así que tuvo que buscar de nuevo a Andrade Gutiérrez y su contraparte dominicana, Hidráulica Agrícola Civil (Haycivilca), para aprovechar el financiamiento que le había aprobado el BNDES a Andrade. La obra se adjudicó el 7 de marzo de 2002 al Consorcio Acueducto Línea Noroeste, integrado por Andrade Gutiérrez, Hidráulica Agrícola Civil, Constructora Norberto Odebrecht y Amina.

La firma del contrato para hacer la hidroeléctrica Pinalito ahorró la burocracia: se la adjudicó a Odebrecht de manera directa el 30 de octubre del 2002, sin contraparte dominicana. Después de firmado el contrato, la multinacional convirtió a Constructora Polanco en su socia local. Pinalito es una de las dos con mayor porcentaje de sobrecostos: 226 millones más, lo que representa un 172 por ciento de incremento. Pero el mérito de la suba fue bajo la administración del presidente Leonel Fernández, donde se hicieron modificaciones al contrato que dispararon el presupuesto.

De hecho, para Odebrecht los platos fuertes fueron durante las dos presidencias de Fernández. Político tradicional que ya había sido presidente de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) entre 1996 y 2000, cuando asumió el segundo de sus tres mandatos, el 16 de mayo de 2004, quería convertir a la capital dominicana en un “Nueva York Chiquito” y pensaba que la construcción era un camino para lograrlo.

Metro, carreteras, elevados y túneles. Durante este periodo se asignaron 14 obras a la multinacional por 2,219 millones de dólares, convirtiéndola en la principal contratista del Estado. La herramienta desarrollada para esta investigación muestra que al final de sus dos mandatos, en el año 2012, terminaron costando 3,201millones de dólares: un aumento presupuestal de más de 982 millones de dólares. Nueve de esas obras sobrepasaron el umbral de 25 por ciento de aumento permitido por la Ley de Compras y Contrataciones.

Las que más sobrecostos tuvieron fueron el Acueducto de Samaná y Hermanas Mirabal, con el 172 por ciento y la hidroeléctrica Palomino, con 165 por ciento. Palomino fue adjudicada en abril de 2005 de manera directa sin tener, al momento de otorgarla, una contraparte dominicana. Para subsanar la falta legal, un año y dos meses después de la adjudicación, el 6 junio 2006, Odebrecht se alió con Consultores & Contratistas Amiro Santana (hoy Conamsa), propiedad del entonces enlace comercial de Odebrecht para Santo Domingo, Ángel Rondón. La sociedad se disolvió 15 noviembre 2007, cuando Amiro transfirió todos sus derechos a Odebrecht.

Otra de las obras adjudicada bajo la administración de Fernández con uno de los índices más altos de sobreprecio es la Autopista del Coral y Circunvalación La Romana, con una diferencia de 148 por ciento entre lo presupuestado y lo que finalmente costó. Los aumentos no solo fueron mediante modificaciones al contrato: a esa obra, bajo la administración de Danilo Medina se autorizaron pagos por 113 millones de dólares fuera de lo contemplado en la adenda de la Circunvalación.

Un proyecto que acaparó la atención durante el segundo gobierno de Fernández fue la construcción de la Autovía del Este, que incluía la carretera San Pedro de Macorís y la administración del Peaje de la Autopista Las Américas. Las obras se adjudicaron bajo la administración de Hipólito Mejía a la Compañía Concesionaria Dominicana de Autopistas (Codacsa) el 21 de noviembre del 2001, sin embargo, en septiembre del 2009 el Ministerio de Obras Públicas rescindió el contrato alegando incumplimiento. Por esa decisión Codacsa demandó al Estado ante un tribunal arbitral y ganó. Roberto García, consejero delegado de Codacsa, denunció, en esa época, que, por sugerencia del ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, escucharon una oferta económica que le hizo Odebrecht para adquirir el proyecto, pero ellos no aceptaron. Bajo la administración de Danilo Medina es que finalmente se le da por contratación directa a Odebrecht, el 26 de noviembre del 2012, la construcción de la Carretera San Pedro de Macorís. Costó un 27 por ciento más de lo presupuestado.

Hay otra obra adjudicada bajo la administración de Fernández, pero no figura en los registros del Ministerio Público dominicano ni en las delaciones de los exejecutivos de Odebrecht, enjuiciados en Brasil por el caso Lava Jato. En el marco de esta investigación se constató que la compañía extranjera rehabilitó la hidroeléctrica Jigüey-Aguacate, pero no declaró a la Fiscalía que fue la responsable de hacerlo, en principio, por 10 millones de dólares, ni que el contrato fuera firmado en el 2012 por la empresa CPBO Dominicana de Marco Vasconcelos, quien al mismo tiempo era gerente de Odebrecht. Fue sin licitación y amparado en un decreto de declaratoria de emergencia emitido en el año 2007. Costó un 80 por ciento más de lo acordado: 19 millones.

En 2012 asumió el poder al actual presidente Danilo Medina, un hombre pragmático de las filas del partido de Liberación Dominicana. La suerte de la gigante de Brasil no cambió:  bajo esta nueva administración obtuvo dos contratos por 2,027 millones de dólares, que terminaron costando 358 millones más.

El más jugoso fue el de la Termoeléctrica Punta Catalina por 1,945 millones de dólares, que obtuvo mediante licitación junto a Ingeniería Estrella. La obra que está en ejecución, pero ya tiene un aumento en su presupuesto del 17 por ciento por ciento, fue cuestionada tanto por la sociedad civil como por empresas que participaron y otras que querían participar en la licitación. Hubo denuncias de irregularidades, fraudes y favoritismos. Odebrecht declaró a las autoridades judiciales dominicanas que lograron esa obra gracias al pago de sobornos y las buenas gestiones de Ángel Rondón, su enlace comercial.

Eso no fue lo único. El consultor internacional Rodolfo Cabello, quien junto a la firma internacional Stanley Consultants dirigió el proceso de licitación pública internacional, es actualmente miembro del Consejo de Administración del Grupo Estrella. En su momento este grupo empresarial remitió una comunicación a medios de comunicación local diciendo que esta relación de ninguna manera influyó en los resultados de la licitación (Ver nota Rodolfo Cabello y Grupo Estrella).

Si a las dos obras que bajo la administración de Medina adjudicó a Odebrecht se suman las modificaciones a cuatro de las seis dejadas sin concluir por el presidente anterior, resulta que bajo la actual presidencia se han aprobado a Odebrecht aumentos de 742 millones de dólares: casi el 50 por ciento de ese monto fue después de que estalló el escándalo Lava Jato. El 17 de septiembre del 2018 se inyectó 336 millones a Punta Catalina.

A través de Griselle Genao, Gerente de Comunicaciones del Grupo Estrella, esta investigación consultó sobre los mayores valores asignados a los proyectos en los que participó con Odebrecht y su respuesta fue que “no tiene conocimiento ni constancia de que existan sobrecostos en las empresas que ha participado”. “Hemos sido consorciados y subcontratistas en 4 de las 17 obras contratadas a Odebrecht”, aclaran en su comunicado, “así como suplidores de hormigón y acero en otras”.

De las 18 obras, seis no están terminadas. En un recorrido por los proyectos se observó que algunas no parecen haber cumplido los fines prometidos. Un ejemplo es el Acueducto de la Línea Noroeste: no abastece de agua a comunidades como Cerro Gordo, Peña Arranchadero, algunos sectores de El Pocito, La Caída, entre muchas otras más de los municipios Mao y Montecristi, que figuraban en el proyecto inicial. Los elevados del Corredor Duarte no han mejorado el tránsito como estaba previsto: cada día hay más tapones. También las hidroeléctricas Pinalito y Palomino no han generado la energía eléctrica prevista.

Al momento de ser adjudicadas no se sabía, pero cuando en 2014 estalló el Caso Lava Jato en Brasil se supo que la especial inclinación del Estado dominicano para contratar a Odebrecht estaba avalada por la experiencia, las facilidades de financiamiento en el mercado internacional y los pagos de altas sumas de dinero en sobornos a políticos y empresarios.

La multinacional admitió ante el Ministerio Público dominicano haber pagado 92 millones de dólares entre el 2001 y el 2014 a cambio de jugosos contratos. La confesión llevó a un acuerdo de colaboración ratificado por los tribunales, que obligó a Odebrecht a retribuir 184 millones de dólares al Estado, o sea, el tres por ciento del monto global de sus 18 contratos.

En República Dominicana quien repartía el dinero que garantizaba la adjudicación de proyectos, aprobación de financiamientos en el Congreso Nacional y liberación de fondos, era Ángel Rondón Rijo, un próspero empresario dominicano con inversiones en diversos sectores de la economía nacional e internacional y enlace comercial de Odebrecht con el Estado dominicano, según dijo Marco Vasconcelos, exgerente de la empresa brasileña.

Pero las estrategias de Odebrecht no se enfocaron únicamente hacia quienes le adjudicaron las obras: encantó también a las grandes empresas constructoras del país, convirtiéndolas en socias locales. Si bien no tuvo un socio local para rehabilitar el Complejo Hidroeléctrico Jigüey-Aguacate ni construir las carreteras Casabito-Constanza, Rehabilitación de Casabito-Constanza y Río-Jarabacoa, como ordena la Ley 322 para las empresas de capital extranjero, en las otras 14 obras sí tuvo.

La socia preferida fue Ingeniería Estrella, con quien se conformaron tres consorcios para cuatro obras adjudicadas mediante licitación. Además, el Grupo Estrella también fue subcontratado para otras tres obras ejecutadas por Odebrecht, según explican en su portal web; Hidroeléctrica Pinalito, Hidroeléctrica Palomino, Acueducto de Samaná.

El Ministerio Público no investigó la obra de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Jigüey-Aguacate. De enero del año 2017 a julio 2018, incluyó en sus averiguaciones 17 obras. A solicitud del procurador general, Jean Alain Rodríguez, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana desde hace casi dos años se encuentra realizando una auditoría forense a los proyectos ejecutados por Odebrecht.

A pesar del escándalo internacional y la admisión de culpabilidad de Odebrecht, la empresa en República Dominicana únicamente fue inhabilitada provisionalmente del Registro de Proveedor del Estado hasta tanto el Ministerio Público finalice la investigación y presente acto conclusivo. El artículo 6 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones en este país establece que el soborno es una de las cuestiones que se tomarán en cuenta para la inhabilitación por un período de hasta cinco años o permanentemente.

Odebrecht respondió a esta investigación diciendo que “rechaza categóricamente la existencia de sobrecostos y desconoce cualquier información o referencias de autoridades, de especialistas o auditores privados que indique sobrecostos en nuestras obras”. Según la constructora a través de un mensaje de su representante Claudio Castro, “todas las informaciones solicitadas por las autoridades fueron entregadas por Odebrecht de forma amplia e irrestricta en el marco del acuerdo de colaboración firmado con la Procuraduría General de la República y homologado por la justicia”. Concluye diciendo que siguen “en la disposición de colaborar con las autoridades de República Dominicana, si así fuera solicitado”. Una labor que, a la luz de las nuevas revelaciones, se esperaría que se volviera a activar.

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Diario Libre
Hogla Enecia Pérez
República Dominicana
Viernes 28 de junio de 2019.


Tras cuatro años de investigación, la fiscalía formalizó pedido de 20 años de prisión para el ex presidente y 26 años y 6 meses para la ex primera dama. Se les imputa lavado de activos agravado.


El fiscal del equipo especial Lava Jato Germán Juárez Atoche solicitó ayer 20 años de prisión para el ex presidente Ollanta Humala, y 26 años y 6 meses para su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia. El magistrado formalizó la acusación contra la ex pareja presidencial por el presunto delito de lavado de activos agravado en el ámbito de la Ley de Crimen Organizado.

La acusación, que se presentó ante el despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, tiene 1.500 folios. A ello se le suman 160 tomos del expediente principal y otros 388 cuadernos auxiliares a la investigación fiscal que contienen informes de cooperación internacional de otros países, informes de levantamiento de secreto de las comunicaciones y secreto bancario, según informó el fiscal Juárez Atoche.

1-    Odebrecht y el dinero venezolano

Según la acusación fiscal, el delito de lavado de activos agravado se habría configurado a través del ingreso del dinero del Gobierno Venezolano para la campaña electoral de Humala en el 2006.
Este dinero, de acuerdo con la fiscalía, fue lavado a través de contratos simulados con la empresa Apoyo Total y contratos con el diario venezolano “The Daily Journal” por un total de US$215 mil.

Otro monto de dinero ilícito que habrían recibido serían los US$3 millones de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña electoral del 2011.

2-    Las imputaciones directas contra Humala y Heredia

Según la acusación del fiscal Juárez, a Humala se le sindica como coautor de dos actos de lavado de activos: participar en la “conversión” del presunto dinero ilícito, tanto en la campaña electoral del 2006 como en la del 2011. Por ello, la pena que solicitó la fiscalía es de 20 años. “El dinero fue introducido en el circuito económico en las campañas electorales”, sostuvo el fiscal.

En el caso de Heredia Alarcón, quien también fue considerada coautora, se le imputan tres actos ilícitos: su participación en la “conversión” del dinero para las campañas del 2006 y del 2011 y el “ocultamiento” del mismo a través de la compra de inmuebles y otros actos. Por ello, bajo el concurso real de delitos, la pena solicitada para ella se elevó a 26 años y 6 meses.

Juárez anunció que se encuentra evaluando solicitar alguna medida restrictiva, entre ellas la prisión preventiva, con la finalidad de asegurar la permanencia de Humala y Heredia en el proceso.

 Ollanta Humala

3- Disolución del partido. Belaunde Lossio y otros acusados

El fiscal también incluyó como responsables al Partido Nacionalista Peruano (PNP) y a la empresa Todo Graph, para los que solicitó su disolución y liquidación. Según Juárez “el Partido Nacionalista fue instrumentalizado por los investigados Ollanta Humala y Nadine Heredia Alarcón”.

En la acusación también se comprendió a Rocío Calderón, amiga de Heredia, para quien se pide 26 años y 6 meses de cárcel. Ella habría intervenido en ocultar el presunto dinero ilícito de la campaña electoral del 2006 y, luego, habría adquirido con este joyas y otros bienes. También habría ayudado a ocultar el dinero que ingresó a la campaña del 2011.

La acusación comprende además a Martín Belaunde Lossio, Antonia Alarcón Cubas (madre de Heredia), Ilan Heredia (hermano de Heredia), Eladio Mego, Santiago Gastañaduí, Maribel Vela, Julio Torres y Carlos Arenas.

4- El juez Concepción efectuará el control de la acusación

La abogada penalista Sophia Icaza, del estudio Linares Abogados, sostuvo que lo que sigue una vez formalizada la acusación es que el juez Concepción Carhuancho deberá analizar los requisitos formales, declararlos admitidos y señalar fecha para una audiencia de control.

En esta sesión, se analizará la base de los elementos de convicción, la participación de los acusados, excepciones y medios probatorios. “Si hay un error, se puede observar y el fiscal puede subsanarlo”, dijo.

Según el ex fiscal superior Pedro Angulo, existe un plazo de 20 días para que el juez fije la fecha para el inicio de la audiencia de control de acusación.

Esta etapa, denominada intermedia, podría tomar algunos meses teniendo en cuenta que el caso es complejo.

Por ello, indicó que recién a finales de año podría estarse iniciando el juicio oral. Este proceso ya no estará a cargo del juez Concepción Carhuancho, sino de un órgano colegiado integrado por tres magistrados.

5- La defensa rechaza pruebas

César Nakazaki, abogado de Humala y Heredia, dijo que solo aceptarán “que el fiscal acuse con pruebas producidas en la etapa de investigación preparatoria” y no con documentos o testimonios introducidos después de cerrarse la misma.

Julio Espinoza, abogado de Heredia, estimó que el caso podría tardar hasta tres años para llegar hasta la última instancia en la Corte Suprema. “El gran dilema jurídico será decidir si un aporte para una campaña política es un delito de lavado de activos y nosotros tenemos desarrollada toda una teoría de que ello no es posible”, dijo.

El Comercio
Karem Barboza Quiroz
Lima, Perú
Miércoles 08.05.2019.


El juez Jorge Chávez considera probado que el exmandatario peruano cometió actos de conversión de activos y ocultó información, además de ofrecer datos falsos.

La Justicia de Perú dictó este viernes 3 años de prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de dinero en agravio del Estado relacionado con el caso Odebrecht, informa la agencia Andina.

En cuanto a su secretaria personal y su chofer, Gloria Kisic y José Luis Bernaola, respectivamente, se desestimó la solicitud de prisión preventiva que el ministerio público había solicitado.

El juez Jorge Chávez considera que el exmandatario peruano, que se halla ingresado en una clínica de Lima por una afección cardíaca, cometió actos de conversión de activos y ocultó información, además de ofrecer datos falsos. Por otro lado, defendió la decisión judicial argumentando que no cuenta con arraigo en el país, pues su esposa y familia residen en EE.UU.

Cuatro expresidentes de Perú han sido objeto de investigación en los últimos años por supuestos delitos de corrupción, soborno o lavado de activos, vinculados a una trama de irregularidades en contratos con la constructora brasileña Odebrecht: Alejandro Toledo (2001-2006); Alan García (2006-2011), que se suicidó este miércoles dispararándose cuando iba a ser detenido; Ollanta Humala (2011-2016) y Kuczynski (2016-2018).

RT
Lima, Perú
Viernes 19 de abril de 2019.

   
El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski salió este miércoles de su casa en Lima detenido por la Policía Nacional en cumplimiento a una orden de detención preliminar por diez días, a raíz de una investigación por presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

Kuczynski, de 80 años, salió de la cochera de su casa en un automóvil manejado por oficiales de la Policía Nacional rumbo a la sede de Medicina Legal y posteriormente será trasladado a la oficina de la Prefectura de la Policía en Lima.

Mientras era trasladado a las oficinas de la Policía, Kuczynski publicó en su cuenta de Twitter que hoy miércoles recibió la disposición del Poder Judicial de "detenerme preliminarmente por diez días".

"Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades judiciales", anotó.

"Nunca rehuí de la justicia", remarcó el exgobernante, que fue elegido a la Presidencia de Perú en 2016 y renunció en 2018 por sus presuntos vínculos con Odebrecht.

"Me allané absolutamente a todas las investigaciones. Nunca me opuse ni opongo a ninguna investigación", agregó a raíz de las pesquisas iniciadas por las obras adjudicadas durante el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), en el que fue primer ministro y titular de Economía.

Kuczynski admitió que es "un momento muy duro para mí pero lo afrontaré con la entereza de quien solo tuvo el anhelo de tener un mejor país".

Su defensa ha anunciado que apelará la medida porque el exmandatario siempre ha colaborado con las investigaciones de la Fiscalía y ha aceptado el impedimento de salida del país dictado tras su renuncia a la Presidencia de Perú.

De acuerdo a la resolución publicada por medios locales, el juez Jorge Luis Chávez señala que el Ministerio Público presentó como "hecho precedente" los "actos de blanqueo de capital en los que ha incurrido" el expresidente como consecuencia de "su intervención en presuntos actos de corrupción" vinculados a dos proyectos que fueron concesionados a Odebrecht.

Los proyectos son la Carretera Interoceánica tramos 2 y 3, y el proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos, adjudicados en el Gobierno de Toledo, prófugo de la justicia por un millonario soborno entregado por Odebrecht y con pedido de detención.

La resolución de detención preliminar del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a solicitud del fiscal José Domingo Pérez, agregó que la misma medida se extiende a su exsecretaria Gloria Kisic y a su asistente José Luis Bernaola.

Asimismo, el juez ordenó el allanamiento e incautación en los inmuebles de Kuczynski, Kisic y Bernaola, así como de la oficina del exmandatario.

El objetivo de los allanamientos es la "detención y la incautación de cosas relevantes para la citada investigación (vouchers de cuentas bancarias, depósitos electrónicos, documentos de compra venta de bienes muebles, escrituras públicas, entre otros objetos del delito)", señaló la resolución judicial.

Kuczynski renunció a la Presidencia de Perú en marzo de 2018, debido a los vínculos que mantuvo con Odebrecht, durante su paso por el Gobierno de Toledo y a su salida de este, a través de sus empresas de asesoría financiera.

El Congreso, dominado por el fujimorismo, promovió dos pedidos de destitución contra Kuczynski, uno de los cuales fue superado con el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel, pero que reveló una presunta compra de votos de legisladores por parte del Gobierno.

EFE
LIMA, PERÚ
Miércoles 10 de abril 2019.


     BOGOTA,27 dic (Xinhua) -- Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Colombia encontraron hoy sin vida el cuerpo de Rafael Merchán, quien había sido llamado como testigo en el caso Odebrecht en el país.

     Merchán fue citado por la defensa  del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, involucrado en este caso de corrupción.

     Andrade abandonó el país el pasado sábado rumbo a Estados Unidos señalando que sentía temor  por su vida.

     Sin embargo, aseguró que seguirá respondiendo ante la justicia.

     El pasado 8 de noviembre murió por aparente infarto el  tambien testigo en el proceso de Odebrecht, Jorge Enrique Pizano.

     Tres días después de su muerte, su hijo Alejandro murió tras beber de una botella con agua envenenada con cianuro que encontró en el escritorio de su padre.

     Merchán de 43 años, era politólogo, y tenía especializaciones en derecho administrativo y en derecho económico.

     Trabajó en la Secretaría de Transparencia en el Gobierno de Juan Manuel Santos y participó activamente en el Comité Antisoborno Trasnacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

     Las autoridades aseguraron que desde ya iniciaron la investigación para determinar las causas de la muerte del exfuncionario.

 


El ex mandatario peruano presentó este pedido horas después de que se dicte su impedimento de salida del país por 18 meses

El ex presidente Alan García solicitó asilo a la embajada de Uruguay anoche, según informó el embajador de ese país al Ministerio de Relaciones Exteriores.

"El ex presidente ha solicitado asilo a ese país, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay", informó la cancillería mediante un comunicado.

La cancillería detalló que el embajador de Uruguay le comunicó que Alan García ingresó anoche a su residencia.

Cancillería Perú??

@CancilleriaPeru
 La @CancilleriaPeru hace de conocimiento de la opinión pública que el Embajador de la República Oriental del Uruguay le comunicó esta mañana que el ex presidente del Perú @AlanGarciaPeru ingresó en horas de la noche de ayer a su residencia.

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12:33 - 18 nov. 2018
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La solicitud, como indica la citada convención, deberá ser evaluada por el gobierno uruguayo. El Perú, por su parte, tendrá que presentar información a las autoridades uruguayas de acuerdo al artículo IX de la Convención sobre Asilo.

Cabe resaltar que el Poder Judicial dictó ayer 18 meses de impedimento de salida contra García.

El expresidente peruano Alan García pide asilo político a Uruguay en su embajada en Lima

La justicia había ordenado el arraigo en Perú por 18 meses para ser investigado por lavado de activos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha informado este domingo de que el expresidente Alan García Pérez ha solicitado asilo político a Uruguay. El dos veces exmandatario peruano (1985-1990 y 2006-2011) ingresó la noche del sábado a la residencia del embajador uruguayo en Lima para pedir protección. Eso sucedió horas después de que un juez impidiera abandonar el país al líder del Partido Aprista por 18 meses para permitir diligencias fiscales en una investigación por colusión, lavado de dinero y tráfico de influencias ligadas a la concesión de la Línea 1 del Metro a la constructora brasileña Odebrecht, que ha obligado a abrir varias causas por corrupción en varios países de América Latina.

García dijo ayer por la tarde, después de que se hiciera pública la resolución judicial, que "no es un ningún castigo ni deshonor estar 18 meses en el Perú" y que estaría "a disposición para presentar las contrapruebas". La decisión judicial impide al expresidente regresar a Madrid, ciudad en la que residía desde hace meses. "Es una triquiñuela para ganar espectacularidad. Necesitan hacer una hoguera y quemar como una vieja bruja a Alan García”, dijo el exmandatario sobre la orden de arraigo.

En la década de los 90, Alan García permaneció asilado en Colombia nueve años mientras era investigado por corrupción en la obra del tren eléctrico. Regresó a Perú en 2001 cuando prescribieron los cargos en su contra por enriquecimiento ilícito, cohecho y colusión.

El jueves, el fiscal provincial José Domingo Pérez –que integra el equipo especial Lava Jato en el Ministerio Público– solicitó el impedimento de salida de García al magistrado especializado en corrupción de funcionarios, Juan Carlos Sánchez, debido a nuevas pruebas respecto del expresidente.

En una audiencia realizada la tarde de este sábado, Pérez sostuvo que Odebrecht proporcionó a la Fiscalía mensajes –de julio de 2012- de su sistema de comunicación encriptada llamado Drousys, en los cuales el área de sobornos de la empresa le pedía a un abogado externo firmar un contrato con una fecha anterior –mayo 2012– y transferir 100.000 dólares a la cuenta bancaria de García como pago por una conferencia realizada en mayo en São Paulo.

El abogado José Américo Spinola, identificado con el pseudónimo de Joe en el sistema Drousys del Sector de Operaciones no Estructuradas (el área de sobornos), recibía 15.000 dólares de la transnacional brasileña por gestionar el pago al político peruano como si fuera a nombre de la Federación Industrial del Estado de São Paulo (FIESP), lugar donde fue la conferencia. Spinola preguntó si podría pagar vía una firma offshore desde Nevis en el Caribe para ahorrar, pero el área rechazó ese canal. “El pago tiene que ser hecho en Brasil, de la empresa que intermedió la invitación”, respondió el administrador de la caja paralela de la constructora, Marcos Grillo.

El fiscal Pérez explicó que en 2009 el entonces presidente Alan García firmó cinco decretos de urgencia y dos decretos supremos para modificar el marco legal a favor de la constructora brasileña Odebrecht, y que la concesión de la línea 1 del metro de Lima pasara de la municipalidad de Lima al Ministerio de Transportes. Tres exfuncionarios de ese ministerio están presos por haber recibido dinero de Odebrecht en paraísos fiscales: uno de ellos mantuvo una cuenta por siete millones de dólares.

El representante del Ministerio Público aseguró que en varias oportunidades citó a García para diligencias y este se excusó debido a “actividades en Madrid”. “Otros se venden, yo no”, ha repetido García desde que en enero de 2017 fueron detenidos exfuncionarios de su Administración por este caso. Sin embargo, el pasado viernes dijo que podría haber recibido dinero de Odebrecht como otras entidades en Lima. “¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”, escribió en Twitter. Su versión en el pasado había sido que el gremio empresarial paulista le había pagado la conferencia.

El ex procurador anticorrupción Iván Meini refirió a EL PAÍS que ninguna norma prohíbe a expresidentes contratar con una empresa que fue proveedor del Estado durante su gestión, pero aludió a una práctica corrupta en esa situación.

“Para funcionarios de primer nivel no hay imposibilidad legal, pero hay que notar que los casos de corrupción pretendan ser camuflados y que cuando el funcionario público deja de serlo recién se le paga la contraprestación o el soborno. Esa es una buena forma de complicar la actividad probatoria del fiscal. En este caso, los decretos de urgencia –a favor de la empresa– fueron un mecanismo excepcional en el derecho peruano. Por otro lado, el valor de las conferencias de 100.000 dólares es sospechoso, ni Bill Clinton ni Bill Gates cobran así”, comentó el abogado penalista Meini a este diario.

El País
El Comercio
Jacqueline Fowks
Lima, Perú / España
Domingo 18 noviembre de 2018.


La poderosa líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida este miércoles acusada de recibir aportes ilegales de la brasileña Odebrecht, una semana después de que la justicia anulara el indulto a su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

La hija mayor de Alberto Fujimori (1990-2000) quedó detenida preventivamente por un periodo de 10 días después que acudió a declarar ante un juez, señaló su abogada Giuliana Loza, quien calificó de “atropello y abuso” la decisión judicial.

La detención ocurrió a pedido de la fiscalía al final de la audiencia de Keiko, de 43 años, ante el juez Richard Concepción Carhuancho.

“Ella se ha puesto a disposición de la fiscalía”, agregó la abogada tras señalar que la medida los tomó por sorpresa.

La orden de prisión contra la líder del partido Fuerza Popular (derecha populista) incluye a otras 19 personas, entre ellas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, investigados por supuestamente recibir fondos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de Keiko en 2011.

Keiko quedó detenida al acudir a la sede de la Fiscalía tras ser citada para declarar por los aportes recibidos por su partido en la campaña de 2011, ganada por su rival Ollanta Humala. Ella acudió acompañada de su esposo, Mark Vito Villanella.

El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, atribuyó a Keiko el liderar una “organización criminal” al interior de su partido, que domina el Congreso peruano, por recibir aportes ilícitos.

El pedido de detención se basa en nueva información recibida por la fiscalía peruana de su par brasileña, en que se probaría que el partido de Keiko recibió aportes por 1,2 millones de dólares para su campaña de 2011.

“La detención preliminar se produce en una investigación, sin que aún exista proceso, no responde a pruebas, sino a necesidad de realizar actos, investigaciones que solo pueden efectuarse con investigado detenido”, tuiteó el abogado César Naksaki, ex defensor de Alberto Fujimori.

Aporte de cúpula empresarial

Según un exjefe de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, los dirigentes fujimoristas Yoshiyama y Bedoya fueron los intermediarios. Sus viviendas fueron allanadas en marzo por la fiscalía.

Barata confesó además a fiscales peruanos en Sao Paulo que también había hecho aportes a las campañas de otros candidatos en 2011: Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski.

Todos los exmandatarios y Keiko negaron haber recibido dinero de Odebrecht, empresa acusada de entregar dádivas a políticos y funcionarios en diferentes países latinoamericanos.

El exjefe de Odebrecht dijo que además del millón de dólares entregado a Yoshiyama y Bedoya, hizo otro aporte de 200.000 dólares para Keiko a través de la organización de cúpula de los empresarios peruanos, la Confiep.

La cúpula del sector privado, que habría coordinado el aporte de varias empresas para impedir infructuosamente que ganara Humala en 2011, rechazó las declaraciones del exjefe de Odebrecht afirmando que “la Confiep, siendo un gremio empresarial, no apoya campañas ni partidos políticos”.

El patriarca debe volver a prisión

Hace una semana, la Corte Suprema peruana anuló el indulto y ordenó que el expresidente Fujimori vuelva a prisión tras 10 meses de libertad, después de lo cual fue ingresado a una clínica de Lima, donde permanece bajo custodia policial.

A pesar de haber sido condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad y corrupción, Fujimori siguió gozando de gran popularidad en Perú por haber acabado con el terrorismo de Sendero Luminoso y la hiperinflación.

Ese legado político se disputan sus hijos Keiko y Kenji, pues ambos quieren ser presidentes, y no han logrado superar sus profundas diferencias.

El fujimorismo vive un cisma desde junio cuando el partido de Keiko consiguió quitarle su escaño parlamentario a Kenji, quien se opuso a la cruzada de su hermana para destituir al entonces presidente Kuczynski, quien renunció en marzo pasado.

AFP
Luis Jaime
CISNEROS
Lima, Perú
Miércoles 10 octubre 2018.


Carlos Nostre, ex director de contratos de la constructora, reveló presuntos sobornos en los tramos 1 y 2 del metro de Lima

El ex director de contratos de Odebrecht Antonio Carlos Nostre respondió ayer por más de siete horas el interrogatorio del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga los presuntos sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la licitación de la línea 1 del metro de Lima.

Según fuentes de El Comercio, Nostre declaró que por ese proyecto se pagaron sobornos por US$24’386.000 que en las planillas de la empresa se consignaron bajo el rubro de “riesgos adicionales”.

Explicó que en el primer tramo de la obra se desembolsaron US$6’900.000, de los cuales US$1’400.000 fueron entregados al ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo. Además, se entregaron US$400.000 a Edwin Luyo Barrientos y otros US$400.000 a Santiago Chau Novoa. Ambos fueron integrantes del comité de selección.

Sobre el segundo tramo del metro de Lima, Nostre detalló que Odebrecht desembolsó US$17’486.000 en presuntas coimas. Esta vez, Jorge Cuba recibió US$5’000.000; Edwin Luyo US$1’000.000, mientras que Mariela Huerta, presidenta del comité de selección, habría recibido US$400.000 y otros US$400.000 fueron destinados a Santiago Chau. Asimismo, se hizo el pago de US$1’000.000 al comité evaluador que otorgó la buena pro al consorcio Tren Eléctrico, conformado por las empresas Norberto Odebrecht y Graña y Montero.

En total, Nostre entregó en presuntas coimas US$10 millones, pero no pudo precisar el destino del saldo de US$14’386.000. El ex ejecutivo dijo que Jorge Barata es quien conoce esa información. Según las fuentes, al ser repreguntado sobre si los destinatarios de este dinero serían el ex presidente Alan García y el ex ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Enrique Cornejo, Nostre respondió que no podía negar ni corroborar esa afirmación.

También refirió que Graña y Montero habría tenido conocimiento sobre las presuntas coimas pagadas a través del área de Ingeniería y Construcción.

Jorge Cuba fue detenido por haber ofrecido a Odebrecht la adjudicación de contratos de la línea 1 del metro de Lima, tramos 1 y 2, a cambio de presuntos sobornos por US$1,4 millones y US$6,7 millones, respectivamente. Dinero que fue repartido también entre los integrantes del comité de selección. El ex director de contratos de la constructora le dijo al fiscal que Cuba tenía la autoridad de negociar por encargo de Cornejo. Según Nostre, Cuba tenía el manejo de toda la licitación, a pesar de no ser el funcionario competente debido a que era el viceministro de Comunicaciones del MTC, señalaron las mismas fuentes.

Nostre también declaró que él ayudó a Cuba a redactar las bases del concurso a conveniencia de la empresa para que esta ganara, como así sucedió.

Carlos Nostre estuvo encargado del proyecto del metro de Lima entre el 2008 y el 2015. Durante el interrogatorio, afirmó que tuvo mayor relación con Cuba, Cornejo y Oswaldo Plasencia (ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE). Explicó que con Cornejo coordinaba sobre el avance de la obra y solucionaba las dificultades que surgían en la ejecución del proyecto para que esta se culminara en el plazo establecido de 18 meses.

—Sobre Alan García—

El ex ejecutivo de Odebrecht dijo que se reunió con Alan García entre cinco y diez veces, cuando el ex presidente visitaba el proyecto por el interés que tenía de que la obra se culminara antes de terminar su mandato.

En otro momento del interrogatorio, el ex ejecutivo de Odebrecht indicó que no entregó ninguna coima ni a García ni a Cornejo y que era Barata quien tenía una relación cercana con ellos.

—Los descargos—

Erasmo Reyna, abogado de Alan García, dijo a este Diario que en la diligencia que él participó, cuando preguntó si él conocía acerca de algún pago adicional al ex presidente sobre la obra del tren eléctrico, diferente a lo que se había pagado a Jorge Cuba, él respondió que no. “Hay que esperar la transcripción” remarcó.

Dijo además que el mandatario “no ha tenido ninguna reunión ni conversación a solas ni nada por el estilo con Carlos Nostre. […] Fueron visitas que hacía García para supervisar las obras y en esas visitas iba acompañado por personal de Palacio”.

Por su parte, el ex ministro Cornejo negó haber recibido sobornos de la constructora: “Yo no tengo nada que ver con las coimas ni con ningún acto irregular. El señor Cuba tendrá que responder por eso, como las otras personas involucradas. En segundo lugar, efectivamente, yo con el señor Nostre he tenido muchas reuniones de trabajo porque lo conocí cuando ya estaba en ejecución la obra. Por las obras respondo yo, por las coimas no porque no tuve que ver”. Cornejo confirmó que se reunió muchas veces con Barata en su oficina para garantizar que las obras marcharan bien.

En respuesta a lo dicho por el ex ejecutivo de Odebrecht, la empresa Graña y Montero, a través de un comunicado, señaló: “Las actuales declaraciones del testigo Carlos Nostre […] se contradicen con el testimonio de colaboración eficaz que dio el señor Jorge Simões Barata ante los fiscales brasileños en diciembre del año pasado, en el que Barata mencionó que Graña y Montero no conocía del pago de sobornos en el metro de Lima, y que Odebrecht había realizado los pagos solo”.

El Comercio
Graciela Villasís Rojas
Lima, Perú
Viernes 05.10.2018.

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