La poderosa líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida este miércoles acusada de recibir aportes ilegales de la brasileña Odebrecht, una semana después de que la justicia anulara el indulto a su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

La hija mayor de Alberto Fujimori (1990-2000) quedó detenida preventivamente por un periodo de 10 días después que acudió a declarar ante un juez, señaló su abogada Giuliana Loza, quien calificó de “atropello y abuso” la decisión judicial.

La detención ocurrió a pedido de la fiscalía al final de la audiencia de Keiko, de 43 años, ante el juez Richard Concepción Carhuancho.

“Ella se ha puesto a disposición de la fiscalía”, agregó la abogada tras señalar que la medida los tomó por sorpresa.

La orden de prisión contra la líder del partido Fuerza Popular (derecha populista) incluye a otras 19 personas, entre ellas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, investigados por supuestamente recibir fondos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de Keiko en 2011.

Keiko quedó detenida al acudir a la sede de la Fiscalía tras ser citada para declarar por los aportes recibidos por su partido en la campaña de 2011, ganada por su rival Ollanta Humala. Ella acudió acompañada de su esposo, Mark Vito Villanella.

El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, atribuyó a Keiko el liderar una “organización criminal” al interior de su partido, que domina el Congreso peruano, por recibir aportes ilícitos.

El pedido de detención se basa en nueva información recibida por la fiscalía peruana de su par brasileña, en que se probaría que el partido de Keiko recibió aportes por 1,2 millones de dólares para su campaña de 2011.

“La detención preliminar se produce en una investigación, sin que aún exista proceso, no responde a pruebas, sino a necesidad de realizar actos, investigaciones que solo pueden efectuarse con investigado detenido”, tuiteó el abogado César Naksaki, ex defensor de Alberto Fujimori.

Aporte de cúpula empresarial

Según un exjefe de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, los dirigentes fujimoristas Yoshiyama y Bedoya fueron los intermediarios. Sus viviendas fueron allanadas en marzo por la fiscalía.

Barata confesó además a fiscales peruanos en Sao Paulo que también había hecho aportes a las campañas de otros candidatos en 2011: Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski.

Todos los exmandatarios y Keiko negaron haber recibido dinero de Odebrecht, empresa acusada de entregar dádivas a políticos y funcionarios en diferentes países latinoamericanos.

El exjefe de Odebrecht dijo que además del millón de dólares entregado a Yoshiyama y Bedoya, hizo otro aporte de 200.000 dólares para Keiko a través de la organización de cúpula de los empresarios peruanos, la Confiep.

La cúpula del sector privado, que habría coordinado el aporte de varias empresas para impedir infructuosamente que ganara Humala en 2011, rechazó las declaraciones del exjefe de Odebrecht afirmando que “la Confiep, siendo un gremio empresarial, no apoya campañas ni partidos políticos”.

El patriarca debe volver a prisión

Hace una semana, la Corte Suprema peruana anuló el indulto y ordenó que el expresidente Fujimori vuelva a prisión tras 10 meses de libertad, después de lo cual fue ingresado a una clínica de Lima, donde permanece bajo custodia policial.

A pesar de haber sido condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad y corrupción, Fujimori siguió gozando de gran popularidad en Perú por haber acabado con el terrorismo de Sendero Luminoso y la hiperinflación.

Ese legado político se disputan sus hijos Keiko y Kenji, pues ambos quieren ser presidentes, y no han logrado superar sus profundas diferencias.

El fujimorismo vive un cisma desde junio cuando el partido de Keiko consiguió quitarle su escaño parlamentario a Kenji, quien se opuso a la cruzada de su hermana para destituir al entonces presidente Kuczynski, quien renunció en marzo pasado.

AFP
Luis Jaime
CISNEROS
Lima, Perú
Miércoles 10 octubre 2018.


Carlos Nostre, ex director de contratos de la constructora, reveló presuntos sobornos en los tramos 1 y 2 del metro de Lima

El ex director de contratos de Odebrecht Antonio Carlos Nostre respondió ayer por más de siete horas el interrogatorio del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga los presuntos sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la licitación de la línea 1 del metro de Lima.

Según fuentes de El Comercio, Nostre declaró que por ese proyecto se pagaron sobornos por US$24’386.000 que en las planillas de la empresa se consignaron bajo el rubro de “riesgos adicionales”.

Explicó que en el primer tramo de la obra se desembolsaron US$6’900.000, de los cuales US$1’400.000 fueron entregados al ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo. Además, se entregaron US$400.000 a Edwin Luyo Barrientos y otros US$400.000 a Santiago Chau Novoa. Ambos fueron integrantes del comité de selección.

Sobre el segundo tramo del metro de Lima, Nostre detalló que Odebrecht desembolsó US$17’486.000 en presuntas coimas. Esta vez, Jorge Cuba recibió US$5’000.000; Edwin Luyo US$1’000.000, mientras que Mariela Huerta, presidenta del comité de selección, habría recibido US$400.000 y otros US$400.000 fueron destinados a Santiago Chau. Asimismo, se hizo el pago de US$1’000.000 al comité evaluador que otorgó la buena pro al consorcio Tren Eléctrico, conformado por las empresas Norberto Odebrecht y Graña y Montero.

En total, Nostre entregó en presuntas coimas US$10 millones, pero no pudo precisar el destino del saldo de US$14’386.000. El ex ejecutivo dijo que Jorge Barata es quien conoce esa información. Según las fuentes, al ser repreguntado sobre si los destinatarios de este dinero serían el ex presidente Alan García y el ex ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Enrique Cornejo, Nostre respondió que no podía negar ni corroborar esa afirmación.

También refirió que Graña y Montero habría tenido conocimiento sobre las presuntas coimas pagadas a través del área de Ingeniería y Construcción.

Jorge Cuba fue detenido por haber ofrecido a Odebrecht la adjudicación de contratos de la línea 1 del metro de Lima, tramos 1 y 2, a cambio de presuntos sobornos por US$1,4 millones y US$6,7 millones, respectivamente. Dinero que fue repartido también entre los integrantes del comité de selección. El ex director de contratos de la constructora le dijo al fiscal que Cuba tenía la autoridad de negociar por encargo de Cornejo. Según Nostre, Cuba tenía el manejo de toda la licitación, a pesar de no ser el funcionario competente debido a que era el viceministro de Comunicaciones del MTC, señalaron las mismas fuentes.

Nostre también declaró que él ayudó a Cuba a redactar las bases del concurso a conveniencia de la empresa para que esta ganara, como así sucedió.

Carlos Nostre estuvo encargado del proyecto del metro de Lima entre el 2008 y el 2015. Durante el interrogatorio, afirmó que tuvo mayor relación con Cuba, Cornejo y Oswaldo Plasencia (ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE). Explicó que con Cornejo coordinaba sobre el avance de la obra y solucionaba las dificultades que surgían en la ejecución del proyecto para que esta se culminara en el plazo establecido de 18 meses.

—Sobre Alan García—

El ex ejecutivo de Odebrecht dijo que se reunió con Alan García entre cinco y diez veces, cuando el ex presidente visitaba el proyecto por el interés que tenía de que la obra se culminara antes de terminar su mandato.

En otro momento del interrogatorio, el ex ejecutivo de Odebrecht indicó que no entregó ninguna coima ni a García ni a Cornejo y que era Barata quien tenía una relación cercana con ellos.

—Los descargos—

Erasmo Reyna, abogado de Alan García, dijo a este Diario que en la diligencia que él participó, cuando preguntó si él conocía acerca de algún pago adicional al ex presidente sobre la obra del tren eléctrico, diferente a lo que se había pagado a Jorge Cuba, él respondió que no. “Hay que esperar la transcripción” remarcó.

Dijo además que el mandatario “no ha tenido ninguna reunión ni conversación a solas ni nada por el estilo con Carlos Nostre. […] Fueron visitas que hacía García para supervisar las obras y en esas visitas iba acompañado por personal de Palacio”.

Por su parte, el ex ministro Cornejo negó haber recibido sobornos de la constructora: “Yo no tengo nada que ver con las coimas ni con ningún acto irregular. El señor Cuba tendrá que responder por eso, como las otras personas involucradas. En segundo lugar, efectivamente, yo con el señor Nostre he tenido muchas reuniones de trabajo porque lo conocí cuando ya estaba en ejecución la obra. Por las obras respondo yo, por las coimas no porque no tuve que ver”. Cornejo confirmó que se reunió muchas veces con Barata en su oficina para garantizar que las obras marcharan bien.

En respuesta a lo dicho por el ex ejecutivo de Odebrecht, la empresa Graña y Montero, a través de un comunicado, señaló: “Las actuales declaraciones del testigo Carlos Nostre […] se contradicen con el testimonio de colaboración eficaz que dio el señor Jorge Simões Barata ante los fiscales brasileños en diciembre del año pasado, en el que Barata mencionó que Graña y Montero no conocía del pago de sobornos en el metro de Lima, y que Odebrecht había realizado los pagos solo”.

El Comercio
Graciela Villasís Rojas
Lima, Perú
Viernes 05.10.2018.


Pesquisa preliminar por presuntos aportes de constructora brasileña Odebrecht a campañas incluye a Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y otros


El Ministerio Público informó este domingo que el fiscal José Domingo Pérez inició una investigación preliminar que involucra a tres ex presidentes del Perú, ello en el marco del Caso Odebrecht.

Se trata de tres carpetas fiscales distintas en las que se incluye a Alejandro Toledo y Avraham Dan On; Pedro Pablo Kuczynski y Susana de la Puente; y a Alan García y Luis Alva Castro.

La pesquisa dispuesta esta semana se da a raíz de la declaración que en febrero pasado dio Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, a fiscales peruanos. En el testimonio, el empresario señaló que la constructora brasileña realizó aportes a las organizaciones políticas de los citados ex mandatarios.

“Todas las partes fueron notificadas de las respectivas disposiciones que incluyen la programación de diversas diligencias”, señala el Ministerio Público.

Según señalaron en febrero fuentes de El Comercio, Barata afirmó en su declaración ante fiscales peruanos en Sao Paulo (Brasil) que Odebrecht aportó a la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011. También dio detalles de las contribuciones que la constructora hizo a las campañas del mismo año de Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo; de Alan García del 2006; y habló sobre la campaña contra la revocación de Susana Villarán como alcaldesa de Lima, en el 2013.

Previamente, Barata ya había ratificado que Odebrecht entregó US$3 millones a la campaña de Ollanta Humala del 2011.

Asimismo, consultado por si hubo aportes para partidos políticos que tenían presencia en el Congreso en el marco de las elecciones generales del 2011, respondió: "Todos. Pero le voy a decir. Sí. La respuesta es sí. Entendíamos que el Poder Legislativo también tiene un papel muy fuerte en el proceso de un país, así como el Ejecutivo. Pese a que el Legislativo en el Perú tiene un papel mucho más fiscalizador que promotor, también pretendíamos con las donaciones de campaña tener algún acceso al Legislativo".

el Comercio
Lima, Perú
Lunes 11 de junio de 2018.


El Gobierno de México sanciona e inhabilita a Odebrecht

Ciudad de México. - La Secretaría de la Función Pública (SFP) aseguró que las sanciones impuestas contra la empresa Odebrecht y sus representantes legales fueron conforme a derecho, luego de identificar irregularidades en la ejecución de contratos suscritos por la constructora y sus filiales con Petróleos Mexicanos (Pemex).

En un comunicado, la dependencia dirigida por Arely Gómez informó que en lo que se refiere a "su compromiso y disposición de seguir colaborando con las autoridades mexicanas" para reducir las sanciones, la empresa no entregó elementos de prueba por lo que fueron improcedentes.

La dependencia dijo que en marzo de 2017, Constructora Norberto Odebrecht, S.A. (Odebrecht) presentó un escrito en el que manifestó su intención de "colaborar (confesar) con las autoridades competentes", a efecto de esclarecer los hechos y obtener el beneficio de reducción de sanciones previsto en Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP).

"En respuesta a lo anterior, la SFP le requirió que presentara y precisara los requisitos legales de su cooperación y confesión de responsabilidad y que aportara elementos de prueba en términos de la LFACP".

La dependencia explicó que en abril de 2017 la empresa solamente presentó un escrito sin aportar elementos de prueba que permitieran acreditar su confesión o colaboración respecto de hechos constitutivos de alguna infracción concreta.

En junio de 2017, la SFP le notificó a la constructora que no era procedente su petición de reducción de sanciones, en virtud de no haber aportado los elementos de prueba suficientes para acreditar la infracción.

Empero, la SFP dejó a salvo sus derechos para el momento en que fuera su decisión presentar las pruebas requeridas.

"Ante ello, Odebrecht interpuso Juicio de Amparo, mismo que fue resuelto en favor de la SFP al haber sido declarado improcedente por un Juez Federal, quien en sus consideraciones determinó que la empresa solamente había manifestado su intención de colaborar, sin aportar elementos suficientes que permitieran acreditar la confesión de hechos constitutivos de una infracción".

Odebrecht consideró como "infundadas e improcedentes", las sanciones administrativas en contra de su subsidiaria en México que anunció la Unidad de Responsabilidades de la SFP, que les impide participar en contrataciones públicas federales.

Las sanciones económicas ascienden a 543 millones 488 mil 615 pesos para cada una de las empresas, mientras que los representantes legales recibieron una multa por un millón 262 mil 222 pesos cada uno.

El Gobierno de México sanciona e inhabilita a Odebrecht

Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector regional de la constructora, declaró que dio 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, coordinador internacional de la campaña de Peña Nieto

La constructora brasileña Odebrecht ha sido nuevamente sancionada e inhabilitada para operar en México, esta vez, durante dos años y tres meses, según ha dado a conocer este jueves el periódico Reforma. La Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno mexicano ha decretado el castigo por simulaciones e incumplimientos de un contrato que fue adjudicado en noviembre de 2015 por un monto superior a los 1.800 millones de pesos, más de 105 millones de dólares al tipo de cambio de entonces. Las autoridades han responsabilizado al director de finanzas de la constructora brasileña, Gleiber José de Faria, y a su director en México, Alberto de Meneses Weyll. De Meneses Weyll declaró en Brasil que dio un soborno de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, entonces coordinador internacional de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto y director de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016.

Ningún funcionario mexicano ha pisado la cárcel por el caso Odebrecht, a diferencia de otros países latinoamericanos implicados en la trama de corrupción. La sanción de la SFP, un ministerio dependiente del Ejecutivo que se encarga de vigilar el desempeño del Gobierno mexicano, es la primera contra miembros del consejo directivo de una empresa privada, refiere Reforma. Además de la inhabilitación, Odebrecht deberá pagar una multa de 543,5 millones de pesos (poco menos de 30 millones de dólares).

El contrato que mereció el castigo contemplaba la construcción de accesos y obras externas en la refinería de Tula, en el estado de Hidalgo, en el centro del país. El acuerdo fue adjudicado a Odebrecht el 12 de noviembre de 2015, unos tres meses antes de que Lozoya, uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto y el principal señalado en México por participar en la red de sobornos de la constructora brasileña, dejara Pemex.

La SFP ha dicho que las obligaciones del contrato fueron cedidas a la empresa Construcción Internacional de México para "simular" el cumplimiento, otro de los cargos que se imputan a Odebrecht. La constructora brasileña ya había recibido otras dos inhabilitaciones en diciembre y febrero pasados por un contrato que se firmó en febrero de 2014. La anterior inhabilitación era por cuatro años.

El convenio de 2014 se celebró por 1.465 millones de pesos (unos 108 millones de dólares al tipo de cambio de entonces) y obligaba a Odebrecht a acondicionar el sitio y construir plataformas en la misma refinería de Tula. La multinacional cobró trabajos ya previstos en el acuerdo como actividades extraordinarias y causó daños indirectos a Pemex por 119 millones de pesos (9 millones de dólares), según la prensa mexicana. Otro convenio, firmado a finales de ese año por 1.151 millones de pesos (85 millones de dólares), no ha supuesto sanciones para la empresa brasileña.

Las investigaciones de la SFP son independientes a las pesquisas de la Procuraduría General de la República (PGR, el equivalente a la Fiscalía nacional), encargada de fincar las responsabilidades penales sobre Odebrecht en México. "Donde se está celebrando un acto de corrupción hay dos partes (...) es una sanción incompleta", ha dicho este jueves Rafael Hernández, diputado del opositor Partido de la Revolución Democrática sobre la decisión de la SFP.

Lozoya ya había sido llamado a declarar ante la PGR después de que tres ex directivos de la constructora aseguraran que recibió sobornos entre 2012 y 2016. El exdirector de Pemex ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones y ha logrado retrasar el proceso judicial en su contra con recursos presentados por su defensa.

El papel de la PGR en las investigaciones ha sido fuertemente cuestionado debido a que depende del Ejecutivo. Pese a que ya se aprobó una reforma constitucional que creaba una Fiscalía independiente y un nuevo sistema anticorrupción, las nuevas instituciones no han comenzado a funcionar porque no se han nombrado a sus titulares. El nombramiento de los fiscales independientes provocó el año pasado disputas políticas álgidas en el Legislativo mexicano, pero meses después el tema se ha diluido de la agenda de las campañas presidenciales rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio.

El País
El Universal
Ciudad de México
Lunes 23 de abril de 2018.

 

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