El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, de 94 años, fue hospitalizado ayer debido a una infección renal, y su condición médica es "delicada" al cabo de cinco recaídas, dijo su asistente personal, Luz Marina Acosta, citada por medios locales.

Cardenal se encuentra internado en el Hospital Vivian Pellas, confirmó Acosta, quien admitió que le preocupa "la gravedad" del poeta y exministro de Cultura, quien repetidas veces ha dicho que está "listo para partir". "Los que no estamos listos somos nosotros. Ojalá no se nos vaya aún", externó la asistente, en declaraciones difundidas por el portal digital del diario La Prensa.

"Él ha sido fuerte, y esta es la quinta vez en los últimos meses que se interna. Yo ruego a Dios que salga", apuntó, en referencia a que entre 2018 y lo que va de 2019, Cardenal ha sufrido cinco recaídas, y en las cuatro anteriores fue llevado a cuidados intensivos.

El 20 de enero, el poeta festejó su cumpleaños 94 con sus amigos y con la firma de su nuevo libro Hijos de las estrellas, recordó Acosta. "Él no está en (cuidado) intensivo, no está grave, está en una pieza. No te puedo decir que se muere o que se está muriendo", comentó Acosta.

Recordó que a su edad todo es más difícil, por lo que no puede crear falsas esperanzas o expectativas, y añadió que cualquier cosa a su edad es grave.

Cardenal ha sido galardonado con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda (2009), Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2012), entre otros.

Notimex
Managua, Nicaragua
Jueves 14 de febrero 2019.


Las instalaciones del canal de televisión nicaragüense 100% Noticias fueron allanadas por la Policía y su director, Miguel Mora, fue detenido, denunciaron este viernes periodistas de esa empresa.

Agentes antimotines ingresaron al edificio, sacaron del aire la transmisión del canal 100% Noticias y detuvieron a Mora, denunció a través de un mensaje de Whatsapp la jefa de Prensa Lucía Pineda.

La periodista se encontraba en el canal al momento del allanamiento y tras hacer pública la situación se perdió contacto con ella, denunciaron otros trabajadores.

La policía cerró un tramo de la avenida Bolívar, en el antiguo centro de Managua, donde esta ubicado la televisora e impedía el acceso hacia sus oficinas. Las autoridades no se han pronunciado en torno al operativo en ese medio de comunicación.

El canal 100% Noticias, que transmite en señal por cable, ha encabezado la cobertura de las protestas antigubernamentales que iniciaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, que luego se transformó en una demanda para la renuncia del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Tras el estallido de las protestas, 100% Noticias fue censurado durante seis días y en las últimas semanas Mora y otros trabajadores denunciaron que eran hostigados y detenidos por algunas horas por la policía.

La policía allanó y ocupó hace ocho días la redacción del diario digital Confidencial y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, propiedad del periodista Carlos Fernando Chamorro.

AFP
Managua, Nicaragua
Sábado 22 diciembre 2018.


Una semana después de que la policía asaltase la redacción del 'Confidencial', los agentes allanan el canal 100% Noticias y detienen a su director, Miguel Mora, su esposa, Verónica Chávez, y la jefa de información, Lucía Pineda Ubau

La policía de Nicaragua, bajo el control del presidente Daniel Ortega, asaltó la noche del viernes las instalaciones del canal 100% Noticias, uno de los más críticos con el Gobierno que dirige el líder sandinista. En el asalto fueron detenidos su director, Miguel Mora, su esposa, Verónica Chávez, y la jefa de información, la periodista Lucía Pineda Ubau. El ataque al canal es el segundo que se produce en Nicaragua tras la ocupación de la redacción del diario Confidencial la semana pasada. Este periódico es dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Chamorro.

Oficiales de la policía ocuparon las instalaciones del canal, cuya emisión fue interrumpida por las autoridades. Telcor, el ente regulador de las comunicaciones de Nicaragua, emitió un comunicado la noche del viernes en el que informa que a partir de las 21.00 hora local “queda sin autorización de transmitir en el sistema la entidad jurídica Primicias S. A.”, el nombre legal del canal, a nombre de Mora. La entidad no da explicaciones sobre la cancelación del permiso y tampoco se conocen los motivos del asalto policial a la redacción.

El canal 100% Noticias es uno de los medios más críticos contra el Gobierno de Ortega en Nicaragua. Desde el 18 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones contra el presidente, el medio de comunicación mantuvo una programación de 24 horas continuas informando sobre las protestas y la respuesta violenta del Gobierno. Varios de sus reporteros y cámaras fueron agredidos en la cobertura de las manifestaciones y su director, Miguel Mora, denunció el asedio en su contra, su familia y vivienda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió medidas cautelares a favor de Mora y varios integrantes de su equipo como forma de protección.

Este medio de comunicación mantuvo este viernes una cobertura intensa sobre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA, que presentaron en Washington un demoledor informe sobre la represión de las protestas en Nicaragua, en el que acusan al presidente Ortega de cometer delitos de lesa humanidad y recomienda una investigación contra el mandatario y altos funcionarios de la Policía Nacional.

El asalto al canal se dio horas después de que se conociera ese informe, que debió ser presentado el jueves en Managua, pero que tuvo que ser pospuesto porque Ortega expulsó el miércoles del país a los integrantes del GIEI y a los representantes de la CIDH que reunían denuncias de los familiares de las víctimas de la represión.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la patronal nicaragüense, se pronunció la madrugada del sábado sobre el asalto al canal. A través de Twitter el COSEP repudió lo que denominó como un "allanamiento ilegal" a las instalaciones de la cadena y la detención arbitraria de su director. Además, dijo que "representa un claro atropello a la libertad de prensa, el libre ejercicio de las actividades empresariales y un irrespeto a la propiedad privada". También exigió "la inmediata liberación de Miguel Mora y el restablecimiento a la señal de 100% Noticias" y afirmó que "es indispensable y urgente que cese el Estado policial y se respeten los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses".

La policía nicaragüense asaltó la semana pasada la redacción del diario Confidencial, el medio de periodismo de investigación más reconocido del país. Su director, Carlos Chamorro, puso una denuncia contra la policía por “crimen organizado”. La redacción de este periódico sigue ocupada por agentes de la policía, mientas que los periodistas mantienen viva la publicación en un hotel capitalino y los programas Esta Semana y Esta Noche, dirigidos también por Chamorro, se graban desde el estudio del Canal 12, que los ha prestado para ese fin.

Ortega cumplirá en enero 12 años gobernando Nicaragua con mano dura, controlando las instituciones del Estado, las cortes y la Policía Nacional.

El País
C. S. Maldonado
Managua, Nicaragua
Sábado 22 de diciembre de 2018.


El presidente de Nicaragua ordena la salida del país de la comisión de la OEA y del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI)

Daniel Ortega ha ordenado este miércoles la expulsión de Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ha denunciado graves violaciones de parte del régimen contra quienes desde abril se han manifestado para exigir la renuncia del presidente tras 11 años en el poder. El líder sandinista también ha decretado este miércoles la expulsión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), también nombrado por la OEA, que tenía previsto presentar el jueves el resultado de sus investigaciones de los hechos violentos ocurridos desde el 18 de abril, cuando comenzaron las protestas.

La CIDH ha documentado minuciosamente las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua a través del denominado Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), conformado por un equipo técnico que llegó a Managua en junio y que debería quedarse “mientras la situación lo requiera”, como había advertido el organismo en un comunicado. Esta organización presentó a mediados de año un amplio informe en el que documentaba minuciosamente las violaciones a los derechos humanos y en el que alertaba sobre posibles ejecuciones extrajudiciales tras el uso de francotiradores durante la represión de las manifestaciones.

El Gobierno sandinista argumentó que la CIDH, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) son una "plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país", señaló el canciller Denis Moncada.

En la misma también acusó al Secretario General de la OEA Luis Almagro de participar "en la escalada criminal, injerencista, promoviendo acciones terroristas en el orden político, económico y militar que viola los derechos humanos del pueblo nicaragüense". Las intervenciones de Almagro "demuestran que las acciones realizadas por los organismos de la OEA y la ONU responden a la estrategia de asfixiar al pueblo de Nicaragua", denunció Moncada.

En el informe redactado por la CIDH y que ha irritado al gobierno de Ortega, el organismo afirmó que escuchó “centenares” de testimonios y reunió información documental y audiovisual. Según esos testimonios la represión “estuvo a cargo de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, que actuarían con el apoyo de agentes estatales”. Desde junio el Meseni ha seguido recabando denuncias de ciudadanos nicaragüenses. Este miércoles publicó un nuevo informe en el que alertaba del “agravamiento de la represión” y el cierre de espacios democráticos en Nicaragua.

En este último informe la CIDH advierte que la política represiva puesta en marcha por el Gobierno en el país centroamericano ha tenido “cuatro etapas”. La primera de ellas está relacionada con el “uso arbitrario de la fuerza, incluida la fuerza letal, por agentes de la policía y grupos parapoliciales para disuadir las protestas; la negación de atención médica y obstrucción del trabajo humanitario para ayudar a los heridos durante los actos de violencia; detenciones arbitrarias; violencia y ataques contra periodistas y medios de comunicación, entre otros”, según el informe.

La segunda etapa de esa represión se desató con la denominada “Operación Limpieza”, cuando fueron “desplegados por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales para desmantelar los tranques y barricadas en todo el país lo que aumentaría el número total de muertos registrados desde el comienzo de las protestas”. En todo el país se levantaron más de 200 barricadas, que obstaculizaron el tránsito a 6.000 camiones de carga con mercancías centroamericana, generando pérdidas de más de 70 millones de dólares.

Para los nicaragüenses esas barricadas no solo eran una forma de protestas, sino también de protección. Una de las ciudades más asediadas por los grupos armados por el régimen de Ortega fue Masaya, bastión de la resistencia. Ahí las calles fueron bloqueadas por decenas de barricadas y los vecinos se organizaron para garantizar la seguridad y recolectar alimentos para los jóvenes que cuidaban las trincheras. Los grupos paramilitares asaltaron la ciudad y derribaron las barricadas, dejando a su paso una estela de muerte en el marco de la “Operación Limpieza”.

La CIDH también alertó una tercera fase de la represión, “consistente principalmente en la persecución y criminalización selectiva y masiva de manifestantes, defensores de los derechos humanos, estudiantes, líderes sociales y opositores del gobierno”. Y la cuarta fase está enfocada, según el organismo, “por el incremento de actos de agresión y hostigamiento contra periodistas”.

El pasado fin de semana, la Policía asaltó la redacción del periódico Confidencial, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, una de las voces más críticas contra el régimen. La redacción sigue ocupada al día de hoy, cuando Chamorro interpuso una denuncia contra la Policía, acusándola de “crimen organizado”. Dado que Daniel Ortega también controla la Fiscalía, es poco probable que se logre llevar a cabo una investigación seria sobre lo ocurrido contra la redacción del diario.

Activistas de derechos humanos reaccionaron contra la decisión de Ortega de expulsar a los técnicos de la CIDH de Nicaragua. “Es una decisión que representa el desprecio a cualquier expresión de razonamiento humano, es la barbarie contra la civilización, un retroceso a la era cavernaria”, dijo Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organización a la que Ortega retiró su personalidad jurídica y cuya sede también fue asaltada por la Policía. “Una familia [la de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que también es vicepresidenta] dispuesta a arruinar nuestro país, el poder los atrapó y no se conciben sin él”, agregó el defensor de derechos humanos.

Fuentes de la CIDH dijeron que aunque el Gobierno los expulse continuarán su trabajo de fiscalización d ella situación de Nicaragua desde fuera del país. “El hecho de que el Meseni no esté en el país no significa que la CIDH dejará de monitorear la situación. Se instalará en otro lado”, advirtieron.

El País
Carlos Salinas
Managua, Nicaragua
Miércoles 19 de diciembre de 2018.


El presidente del país centroamericano amenaza con enjuiciar a quienes organicen nuevas manifestaciones

Manifestarse en Nicaragua ya es un delito. El Gobierno que dirige, con mano dura, el sandinista Daniel Ortega ha informado este viernes a través de un comunicado emitido por la Policía Nacional de la prohibición de las protestas que exigen el fin del régimen. Y amenaza, también, con enjuiciar a quienes organicen nuevas manifestaciones.

Para las autoridades del país centroamericano, inmerso en su peor crisis política desde el fin de la guerra civil de la década de los ochenta, las protestas son “ilegales” y una amenaza a la paz y la seguridad. En los últimos meses, la violencia se ha cobrado la vida de 326 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La mayoría de ellos son civiles que murieron por la represión desatada desde el Estado.

“La Policía Nacional reitera que ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales”, se lee en la nota emitida por la Policía y enviada a los corresponsales extranjeros por la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Este último movimiento es un intento desesperado del régimen por frenar el movimiento social que desde abril exige el punto final a 11 años de gobierno autoritario, en los que Ortega se ha hecho con el control de los poderes e instituciones del Estado y ha instaurado un régimen familiar con el objetivo de conformar una nueva dinastía en Nicaragua. Hay un precedente: el somocismo, que gobernó el país latinoamericano durante más de 40 años y que cayó con la revolución sandinista de la que Ortega formó parte. El régimen de Ortega parece seguir los pasos de aquella dictadura, que en 1979 ilegalizó las manifestaciones en un país en plena efervescencia. Aquel año, Somoza también declaró ilegales los paros y las huelgas.

El pasado sábado Ortega alertó a los empresarios de que enviaría a la policía para mantener abiertos a las fuerzas los negocios que decidan sumarse a un nuevo paro nacional. El mandatario acusa a la iniciativa privada de imponer un “terrorismo económico” en este país.

La advertencia de la Policía se da un día después de que se anunciaran nuevas manifestaciones para el fin de semana en Nicaragua, entre ellas una protesta denominada “Nicaragua en Rebeldía”. El Gobierno ha ordenado a sus simpatizantes y a los trabajadores del Estado mantener una movilización permanente como forma de intimidación a los opositores que desde abril protestan en Managua y en varias ciudades del interior del país. Una de las últimas manifestaciones opositoras fue violentamente reprimida el pasado sábado. En el ataque de grupos armados leales al Gobierno murió un adolescente de 16 años y otras seis personas resultaron heridas, entre ellas el periodista Winston Potosme, que recibió un disparo en el brazo derecho. Está por ver si el anuncio de la Policía de este viernes logrará desmovilizar las próximas protestas.

El viernes por la tarde, la Policía también allanó las oficinas del Instituto Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), un centro de pensamiento enfocado en temas de seguridad y transparencia pública. El Ejecutivo de Ortega ha señalado al IEEPP y a su director, Félix Maradiaga, de financiar actos de “terrorismo” para desestabilizar al Ejecutivo sandinista. La Policía decomisó documentos y ordenadores de las oficinas del IEEPP, localizadas en el céntrico Reparto San Juan de Managua.

Las autoridades ya habían girado una orden de captura contra Maradiaga, exiliado en Estados Unidos. “El de la Policía es un comunicado inconstitucional, en directo atropello a las normas más básicas del Estado de derecho. Es una posición torpe del régimen, que quiso mantener cierta normalidad, pero que con este comunicado lo que hace es oficializar un modelo dictatorial”, dijo Maradiaga a EL PAÍS, en conversación telefónica desde el país norteamericano. El experto calificó, además, el allanamiento de las oficinas del IEEPP de "un atropello más a la sociedad civil" nicaragüense.

Maradiaga participó a primeros de septiembre en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que, por solicitud de Estados Unidos, se discutió por primera vez la crisis nicaragüense. En ese foro, el ex secretario del Ministerio de Defensa, bajo la Administración de Enrique Bolaños (2002-2007), denunció en esa ocasión las violaciones a los derechos humanos y la criminalización de las protestas por parte de Ortega.

A mediados de julio, el Parlamento nicaragüense –controlado por Ortega– aprobó una controvertida ley contra el lavado de activos, la financiación al terrorismo y la “proliferación de armas de destrucción masiva” que fue calificada por organizaciones de derechos humanos como un instrumento del régimen para criminalizar a sus críticos. La ONU advirtió en esa ocasión que "el texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera como terroristas a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta”.

Desde entonces han sido detenidas –según cifras oficiales– más de 200 personas acusadas de “terrorismo”. Las organizaciones de derechos humanos creen que la cifra de detenidos en las cárceles del país podría superar los 300, la mayoría por protestar contra el régimen. El miércoles, la CIDH recomendó al Gobierno "suprimir" las detenciones ilegales y "reconsiderar" las acusaciones por terrorismo contra los ciudadanos que protestan contra el régimen.

El País
Carlos Salinas
Managua, Nicaragua
Sábado 29 de septiembre 2018.


México y los 12 países que firmaron la Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua, condenan los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en esa nación y que ha dejado más de 300 muertos, aseveró el canciller Luis Videgaray Caso.

"Los países firmantes de esta declaración especial condenamos los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos", indicó en su cuenta de Twitter @LVidegaray.

Ante la situación que se vive en esa nación, la declaración fue emitida la víspera por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Oriental del Uruguay.

En ella expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo, la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.

Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense, y el desmantelamiento de los grupos paramilitares.

Además, instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en el país y el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en ese país.

Los 13 países firmantes apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses.

También agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas que realiza a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas, y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Finalmente, llaman al gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país.

Esto, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.

La UNAM se solidariza con el pueblo de Nicaragua

La Universidad Nacional Autónoma de México expresa su profunda preocupación por las circunstancias por las que atraviesa el pueblo de Nicaragua y por la ocupación de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua por fuerzas paramilitares.

La UNAM hace votos por el restablecimiento de la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos en ese país centroamericano, con el que nos une una amistad histórica y se manifiesta a favor de la pronta reapertura de la Universidad y del respeto a su autonomía.

Notimex
Ciudad de México
Martes 17 de julio de 2018.


Tras pasar siete años en prisión, Ortega luchó contra el dictador Anastasio Somoza y tomó Managua en 1979 para convertirse en un héroe de la izquierda, una especie de Che Guevara centroamericano sin carisma

"Hemos logrado finalmente ir venciendo el odio". Daniel Ortega reapareció el viernes en la caravana bautizada como el 'repliegue por la paz' para disparar sus llamadas a la reconciliación. Vestía cazadora y gorra azul -pese a que los colores del sandinismo son el rojo y el negro y pese a que usa el blanco de forma reiterada- como si se tratara de un pastor evangélico intentando conducir a la fuerza un inmenso rebaño de seis millones de nicaragüenses. Un rebaño que ya no le quiere. "Retomemos el camino de la paz, el único que nos dará tranquilidad. ¡Qué viva Nicaragua bendita y siempre libre!". Las palabras del presidente centroamericano, de 72 años, contrastaban una vez más con la realidad: a esa misma hora sus tropas policiales y sus huestes paramilitares comenzaban un nuevo ataque despiadado contra los rebeldes.

El aparato oficialista de propaganda, que cuenta con la generosa ayuda de periodistas venezolanos y medios chavistas, no puede ocultar una realidad que salta a la vista entre represión, asesinatos y torturas. Por mucho que se empeñen, nada queda del guerrillero Daniel Ortega, aquel revolucionario que, tras pasar siete años en prisión, luchó contra el dictador Anastasio Somoza y tomó Managua en 1979 para convertirse en un héroe de la izquierda continental, una especie de Che Guevara centroamericano sin carisma, pero respaldado por un gesta.

Un Che Guevara sin carisma

Los papeles han cambiado hoy. La epopeya de los sandinistas del siglo XX la protagonizan ahora los jóvenes rebeldes que resisten en las calles con el apoyo de obispos valientes, que recuerdan a Monseñor Óscar Romero o a los jesuitas españoles de Ignacio Ellacuría. En cambio, Daniel Ortega, envejecido por el tiempo y el poder, cada día se parece más al dictador que derribó. El otoño del patriarca sandinista manchado por la sangre de las más de 300 víctimas mortales que arroja la rebelión de abril. El fracaso del hombre empeñado en pasar a la Historia como un Fidel Castro de los primeros tiempos y que hoy lucha con todas sus fuerzas para que no le comparen con el rey haitiano Henri Christophe, retratado por Alejo Carpentier como un tirano enloquecido.

Mucho se ha escrito sobre el líder sin brillo que se mantuvo al frente del sandinismo durante una década, primero como hombre fuerte y después como presidente, mientras que su vicepresidente, el escritor Sergio Ramírez, intentaba cambiar la vida diaria de uno de los países más pobres del continente.

La sorprendente derrota electoral en 1990 frente a Violeta Chamorro obligó al caudillo a iniciar una larga travesía de 17 años en el desierto político, de la que salió con la lección aprendida y en la que soltó tanto lastre que a su lado solo queda uno de los comandantes sandinistas triunfantes en la guerra civil.

Acusado de violación

Fueron años de sucesivas derrotas electorales y de acusaciones, no solo por la rapiña que dirigentes sandinistas llevaron a cabo antes de abandonar el poder. La sombra de su hijastra, Zoilamérica Narváez, persigue a Ortega desde entonces. La hija de la vicepresidenta Rosario Murillo denunció al mundo que su padrastro abusó sexualmente de ella desde los 11 años. El sumario del caso, que se mantuvo durante años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, describe aberraciones de tal dimensión que provocarían de forma automática el fin de cualquier político. Menos el de Daniel Ortega, un superviviente que ya suma 22 años en el poder y varias operaciones a corazón abierto. El escándalo no impidió que el aliado de los Castro y de Hugo Chávez se mantuviera en primera línea, gestando acuerdos en la sombra con antiguos enemigos, ya fuera la Iglesia o los empresarios.

El bisturí legislativo acondicionó las leyes electorales a su medida, lo que facilitó su regreso al poder en 2007.Desde entonces Nicaragua vive una nueva época, bajo el control autoritario del aparato de poder sandinista. Los petrodólares del chavismo mejoraban la economía local mientras Ortega hacía suya la hoja de ruta de Chávez y Maduro: control de todos los poderes públicos y persecución de la oposición.

Las polémicas elecciones presidenciales de 2016, similares a las vividas este año en Venezuela, atornillaron a la fuerza a la pareja presidencial y a sus ocho hijos. Hasta que la inesperada rebelión de abril situó al líder máximo frente a su espejo más grotesco, el que le iguala con el dictador que tanto odió. Como ese cartel, pegado en las paredes de Managua, que grita 'Ortega y Somoza, la misma cosa', y en el que ambos, ensangrentados, parecen el mismo.

El Mundo
Daniel Lozano
Managua / Madrid
Domingo 15 julio de 2018.


Managua.- Con tiroteos y bloqueos de calles, la situación en Nicaragua se deteriora en medio de la ola de violencia que deja 145 muertos en casi dos meses, mientras el presidente Daniel Ortega aún no da señales que permitan retomar el diálogo nacional.

La expectativa se mantiene el martes, luego de que la noche del lunes se escucharan disparos y detonaciones en barrios de Managua y otras ciudades, donde los pobladores acumulan alimentos por temor al desabastecimiento ante el bloqueo de las principales carreteras.

Los obispos católicos presentaron el jueves pasado una propuesta de democratización a Ortega y le pidieron responder por escrito en dos días para decidir si retoman el diálogo con la oposición para salir de la crisis que vive el país, pero el plazo se venció sin respuesta del mandatario.

La embajada de Estados Unidos reveló en un comunicado que Ortega y otros participantes en el diálogo tuvieron un encuentro con Caleb McCarry, representante del senador republicano Bob Corker, enviado a Managua el sábado para "abordar la severa crisis democrática" en este país.

Pero su visita hizo poco por cambiar la situación, y la capital continúa semiparalizada por falta de transporte y el temor de los ciudadanos a quedar atrapados en el fuego cruzado en los bloqueos.

Fuerzas del orden y grupos de choque arremetieron en los últimos días contra los bloqueos, levantados para presionar al gobierno a dialogar.

"El objetivo es tener control de la vía Panamericana y dejar en esos lugares de forma indefinida a gente del gobierno para que no se vuelvan a levantar los bloqueos" opositores, dijo una dirigente de los manifestantes, que no se identificó.

Los ataques a manifestantes atrincherados en Sébaco, 90 kilómetros al norte de Managua, dejaron el domingo un muerto y daños en la unidad de policía, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y las autoridades.

Las protestas contra el gobierno estallaron el 18 de abril contra una fallida reforma al sistema de pensiones, pero se extendieron en medio de una represión que ha dejado 145 muertos y más de 1.000 heridos, según el Cenidh.

- Transporte paralizado -

El bloqueo de casi 70% de las vías busca proteger a las ciudades de ataques de grupos paramilitares y presionar al gobierno para que acepte negociar una agenda para democratizar al país, según dirigentes del movimiento opositor.

Unos 6.000 furgones de carga de países de Centroamérica que están en tránsito por Nicaragua quedaron atrapados con mercadería en las carreteras del país, lo que genera pérdidas económicas, según transportistas de la región.

La operación contra los bloqueos comenzó la madrugada del lunes en la capital, donde pobladores colocaron barricadas de adoquines para protegerse de paramilitares que se desplazan en camionetas y disparan por las noches a todo lo que se mueve.

"¡No disparen, aquí hay niños!", "quieren quitar las barricadas a punta de balas", denunciaron en un video pobladores del barrio María Auxiliadora, uno de los siete lugares de la capital con presencia de antimotines.

La aerolínea estadounidense American Airlines canceló sus vuelos a Nicaragua programados para el lunes y martes por razones de seguridad debido a "los disturbios civiles" en el país centroamericano, según la web oficial de la compañía.

En tanto la panameña Copa ofreció -por las mismas causas- a los pasajeros con boletos no utilizados facilidades para pedir un reembolso o cambiar la fecha de viaje sin penalidad, sin llegar a suspender vuelos.

La organización Pen Nicaragua reportó que al menos dos periodistas de medios internacionales fueron despojados de su equipo de trabajo mientras cubrían los incidentes, y un reportero nicaragüense fue asaltado en su casa después de recibir amenazas.

- Lejos de la realidad -

El ataque a un puesto policial en una comunidad de El Caribe por una banda de hombres armados, dejó tres muertos, entre ellos dos agentes y uno de los atacantes, además de cuatro heridos, informó la institución.

En León, 90 km al noroeste de Managua, grupos cívicos convocaron a un paro escolar y de labores por 24 horas para denunciar la escalada represiva del gobierno.

Entre jueves y domingo se reportaron seis muertos en Managua, Masaya, Sébaco, Jinotega y Mulukuku (región del Caribe norte) durante ataques de grupos irregulares y fuerzas antimotines a posiciones de pobladores atrincherados, según organismos de derechos humanos.

Las acciones represivas han continuado con igual o más intensidad luego del encuentro entre la jerarquía católica y Ortega.

Según el obispo Silvio José Báez, en esa cita le dijo al mandatario: "Usando solo el lenguaje de la represión en Nicaragua, se aleja cada vez más de la realidad, agrava la crisis política, el dolor del pueblo y se esfuerza en destruir el diálogo nacional".

AFP
Managua, Nicaragua
Martes 12 de junio de 2018.


La gigantesca manifestación que pedía la salida del presidente fue fuertemente reprimida. Hay decenas de heridos. “Aquí nos quedamos todos”, afirma Ortega

El presidente Daniel Ortega mostró su rostro más brutal la tarde del miércoles en Nicaragua, tras ordenar el ataque a una gigantesca manifestación encabezada por las madres de las víctimas de la represión de abril en este país.

Numerosos testigos informaron que seguidores del Frente Sandinista, grupos parapoliciales y oficiales antidisturbios dispararon contra los manifestantes, que marchaban desarmados por la céntrica Carretera a Masaya de Managua.

También se produjeron hechos de violencia en otras ciudades. En total, la represión dejó 15 muertos en el país, entre ellos un adolescente de 15 años, y 79 heridos, según el recuento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

La Conferencia Episcopal de Nicaragua condenó lo que llamó “hechos violentos perpetrados por grupos armados afines al Gobierno” y aseguró que no se puede reanudar el Diálogo Nacional –del que la Iglesia es mediadora– “mientras al pueblo se le siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado”.

Ortega pretendía que el diálogo, en el que se pretende hallar una salida a la crisis, se reanudara la próxima semana, después de un impasse tras la intransigencia del Gobierno de no querer discutir temas relacionados a reformas que garanticen la democratización del país, que pasan por un adelanto de elecciones. Ortega pretende otorgar algunas concesiones mientras se le permita mantenerse en el poder hasta 2021. La matanza del miércoles complica cada vez más los planes del mandatario.

Escenas de pánico se vivieron a partir de las 17.00, hora local, cuando los manifestantes caminaban hacia la Universidad Centroamericana (UCA), donde la manifestación terminaría con un evento cultural. A esa hora comenzaron a estallar disparos desde el Estadio Nacional localizado a unos metros de distancia. Los testigos informaron que varias personas comenzaron a caer heridas sobre el pavimento. Grupos de paramédicos y ambulancias se movilizaron hacia la zona, aunque algunos heridos tuvieron que ser trasladados en motocicletas a varios hospitales de la capital. Las autoridades de la UCA abrieron el campus para que la gente pudiera refugiarse en su interior. También hubo ataques al canal 100% Noticias, que en abril fue censurado por Ortega, y a la Radio Ya, afín al Gobierno.

La violencia se desató minutos después de que el presidente, Daniel Ortega, diera un discurso en una marcha que había sido convocada por el Gobierno en otro punto de la ciudad, con la que el mandatario pretendía demostrar la estabilidad del Ejecutivo. Ortega reaccionó a las críticas hechas por la cúpula empresarial, que exigió la noche del martes un cambio de Gobierno y el cese de la represión. “Nicaragua no es propiedad privada de nadie”, dijo Ortega. “Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos”, afirmó el mandatario, en clara referencia a la exigencia de que deje el poder. De esta manera, Ortega –asediado desde hace 43 días por una insurrección popular que exige el fin del régimen– se enrosca en la violencia para mantenerse en la Presidencia.

La manifestación de las madres había comenzado a las 14.00 (hora local) en la céntrica rotonda Jean Paul Genie de la capital. Allí se vivía un ambiente de fiesta, a pesar del dolor. El cantautor Carlos Mejía Godoy inauguró el evento con su célebre “Ay, Nicaragua, Nicaragüita”, que la gente coreó como si se tratara del himno de este país. Las madres de las víctimas de la represión portaban las imágenes de sus hijos asesinados en los días más cruentos de la violencia, en abril, cuando comenzaron las manifestaciones contra una reforma a la Seguridad Social impuesta por Ortega.

Portando además cruces, listones negros y ramos de flores, estas mujeres comenzaron a marchar exigiendo justicia para sus hijos y la salida de Ortega. “Nos duele estar aquí, con todas estas madres compartiendo este dolor. No es justo lo que hizo Ortega a estos muchachos, principalmente a mi hijo”, dijo a EL PAÍS Jessica Rivas, madre de uno de los jóvenes asesinados, Jesner, de apenas 16 años. “Después de todo esto que hizo exigimos que se vaya de Nicaragua, que aquí no lo queremos. Si aquí hubiera pena de muerte eso pidiéramos para él. Lo que queremos ahora es ayuda internacional para encontrar justicia, porque aquí en Nicaragua no se respetan las leyes”, dijo Rivas.

La manifestación ocupó 3,9 kilómetros de la céntrica Carretera a Masaya, punto neurálgico de la economía de la capital. Centenares de miles marcharon de forma pacífica, decían consignas contra el Gobierno y en apoyo a los estudiantes, que son los principales protagonistas de esta rebelión ciudadana, que acumula ya más de 80 muertos. Entre ellos estaba el escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez, para quien la manifestación era “una demostración de fe en el futuro”. Ramírez afirmó a este diario que “en Nicaragua, a pesar de la tragedia que hemos vivido y los crímenes masivos que se han cometido, el pueblo tiene fe en que la paz vendrá y la única manera de que venga la paz es la democracia”.

Una hora después, sin embargo, la manifestación era reventada con violencia. Ya lo había advertido el escritor mientras marchaba: “Ortega tiene que convencerse de que cualesquiera que sean los mecanismos que se acuerden, esta solución (su salida) tiene que darse a corto plazo, si no el conflicto va a seguir, el riesgo de enfrentamientos, de más muertes. Hay que hacer un llamado a su propia conciencia de que tiene que apartarse él y su esposa para que el país pueda encontrar un cauce democrático”. El mandatario, sin embargo, se aferra a la violencia. Al atacar una manifestación que lloraba a decenas de muertos, que son vistos ya como héroes en Nicaragua, Ortega mostró el miércoles su rostro más brutal.

El País
Carlos Salinas
Managua, Nicaragua
Jueves 31 mayo 2018.


La cifra oficial aún es de 10 víctimas. Un periodista falleció mientras transmitía las protestas.

Managua. - Al menos 27 personas han muerto, entre ellos un policía y un periodista, en las protestas contra la reforma a la seguridad social que comenzaron el miércoles pasado, informaron este domingo organismos de derechos humanos de Nicaragua.

Los últimos datos del Gobierno, correspondientes al viernes, fijaron en al menos 10 los muertos. Sin embargo, las protestas se han recrudecido desde entonces y continúan los enfrentamientos y actos vandálicos, incluidos saqueos.

El periodista nicaragüense Ángel Ganoa falleció anoche de un disparo en la ciudad de Bluefields, Región Autónoma Caribe Sur (RACS) mientras transmitía en vivo las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, confirmó el noticiero El Meridiano, para el que trabajaba la víctima.

Por su lado, la Policía Nacional informó que una de sus agentes se encuentra entre la vida y la muerte en un centro asistencial tras recibir casi a final de medianoche un disparo en la cabeza cerca de la rotonda Cristo Rey, en Managua.

Soldados del Ejército de Nicaragua se mantienen desplegados en varias ciudades por segundo día tras una noche de enfrentamientos, que se recrudece cada día.

Este domingo, en el quinto día de protestas, también amaneció con saqueos de tiendas y supermercados en Managua y otras ciudades del interior del país.

En imágenes divulgadas este domingo por medios y redes sociales se ve a personas cargando objetos producto de saqueos en tiendas y supermercados de Managua.

"Grupos de vándalos de la derecha están saqueando esta madrugada las sucursales de los supermercados Palí en Linda Vista y en el sector de Santa Ana y el Arbolito", reportó el portal gubernamental El 19 Digital, que divulga fotografías y en la que no hay presencia policial.

En tanto, organizaciones que están contra las reformas a la seguridad social denunciaron que se trata de grupos afines al Gobierno quienes están saqueando los centros de compras y buscan confundir a la población en un intento de deslegitimar su lucha. Estudiantes convocaron este domingo a una nueva concentración en la Universidad Politécnica (Upoli), en Managua, que ha sido uno de los centros de referencia de las protestas contra el Gobierno.

El presidente Ortega culpó el sábado a "pequeños grupos de la oposición", cuyo nombre no especificó, de ser los causantes de las revueltas. Durante una comparecencia en cadena obligada de radio y televisión, Ortega, que estuvo acompañado por los responsables de la jefatura militar y policial, en ningún momento se refirió al número de muertos y heridos durante los enfrentamientos.

El papa Francisco dijo este domingo estar "preocupado" por la situación en Nicaragua y, tras el rezo del Regina Coeli ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro, pidió el "fin de la violencia" en el país centroamericano.

Las protestas en Nicaragua se mantienen pese a que el presidente Ortega anunció este mismo sábado su disposición al diálogo con la empresa privada para buscar una alternativa a la reforma a la seguridad social, que desencadenó las protestas más fuertes vistas en los últimos 11 años de Gobierno sandinista.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) condicionó el diálogo con el Gobierno a que cese la "represión" contra los manifestantes, una posición que también asumió la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham)

EFE
Managua, Nicaragua
Domingo 22 de abril de 2018.

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